lunes, 10 de abril de 2023

Los nazis de la OTAN


En mayo de 1945, el Institut français d’opinion publique reveló que el 57 por ciento de los franceses entendían que la Unión Soviética había sido la potencia que había derrotado a la Alemania de Hitler. Sólo el 20 por ciento consideraba que se debía a la intervención de Estados Unidos. Para 2004, los franceses pensaban exactamente lo contrario: sólo el 20 por ciento atribuían un rol relevante a los soviéticos y sus 27 millones de muertos. 
 El caso de los alemanes no es muy distinto. Aunque Alemania enfrentó la historia del nazismo con más coraje y más éxito que lo hicieron los estadounidenses con la esclavitud, la Confederación y la Guerra Civil, también pecó de amnesia programada con respecto al rol jugado por la Unión Soviética en su liberación.
 En marzo de 1952, el malo y exaliado de Gran Bretaña y Estados Unidos, Joseph Stalin, le envió a Washington, Paris y Londres una propuesta para resolver la nueva escalada militarista.
 La propuesta consistía en unificar Alemania, no obligando que la parte occidental se convirtiese al comunismo sino que la Alemania comunista adoptase el sistema de democracia liberal de la Alemania capitalista. A cambio, Stalin proponía el retiro inmediato de todas las fuerzas de ocupación de la nueva Alemania unificada, el establecimiento de un ejército propio, independiente, pero neutral y libre de alianzas. El acuerdo de paz también aliviaría a una Unión Soviética degastada por la guerra y con desventaja militar. La propuesta fracasó cuando Bonn y Washington aceptaron el regalo de la Alemania comunista pero no lo que demandaba Moscú a cambio, es decir, la neutralidad de la Alemania unificada y el enfriamiento de la escalada armamentista. El Plan A de Occidente era integrar a la Alemania occidental al sistema militar del bloque capitalista antes de cualquier otra negociación. A lo largo de ese año, Stalin envió tres propuestas más, con el mismo resultado. 
 En los años 80s, los archivos desclasificados mostraron que las propuestas de Stalin iban en serio, pero en 1952 se acusó a Moscú de proponer un imposible con fines propagandísticos. El más que razonable plan de paz del mayor aliado de Occidente contra los nazis pocos años antes, fracasó. El objetivo de Washington, Bonn y Londres era continuar expandiendo su maquinaria militar a cualquier precio. Todo en nombre de la democracia y la libertad. 
 En 1961, la OTAN nombró al general Adolf Bruno Heusinger como jefe de su poderoso Comité Militar en Washington. Heusinger había sido uno de los más cercanos oficiales de Hitler (el tercero en la línea de mando) que nunca fueron condenados por las potencias vencedoras de Occidente, sino todo lo contrario: como fue el caso de otros miles de nazis menos conocidos, fueron premiados a cambio de su pasión y conocimiento en “la lucha contra el comunismo”. El nombramiento de Heusinger se produjo cuando la Unión Soviética lo reclamó para ser juzgado por sus crímenes de guerra, sobre todo durante la invasión nazi a los países de la Europa del Este y de la misma Rusia a comienzos de la Segunda Guerra Mundial.
 Aparte de su nombramiento como jefe militar de la OTAN, Heusinger fue condecorado por Estados Unidos con la medalla Legion of Merit, creada por Franklin D. Roosevelt. Heusinger la colgó junto con la Cruz de Hierro y la Cruz Nazi al Mérito de Guerra, otorgadas por Hitler, entre otros ornamentos que los militares importantes se cuelgan en las fiestas de sociedad. En 1971, Johannes Steinhoff, también honrado con una Cruz de Hierro nazi, fue nombrado jefe militar de la OTAN. Ernst Ferber, condecorado con la Cruz de Hierro fue nombrado jefe de las Fuerzas Aliadas de Europa Central de la OTAN en 1973. Karl Schnell también recibió la Cruz de Hierro nazi y también sucedió al General Ferber como como jefe de las Fuerzas Aliadas de la OTAN en Europa Central en 1975. Franz Joseph Schulze también recibió una Cruz de Hierro nazi y fue nombrado jefe de las Fuerzas Aliadas de Europa Central de la OTAN en 1977. Entre otros… 
 Nada de esto debe sorprender si consideramos que la misma idea de una OTAN había surgido en la Alemania nazi como una forma de alianza con el bloque capitalista contra los soviéticos. Alianza que, a nivel empresarial, político y económico, ya existía mucho antes de que estallara la guerra. Heinrich Himmler, uno de los principales organizadores del ahora llamado Holocausto judío, fue uno de los primeros en proponer esta idea. Reinhard Gehlen, Hans Speidel, Albert Schnez y Johannes Steinhoff, otros de los militares nazis más poderosos, protegidos y premiados por Occidente, tuvieron más suerte y fueron empleados por Washington y la CIA, todos unidos por un nuevo enemigo común (el exaliado en tiempos de guerra) y con un plan claro de alianza militar que se llamó OTAN. 
 Existían dos razones a la luz del día para la negativa de las potencias occidentales a la propuesta de Stalin de 1952. Como desarrollamos en otros libros, las palabras crean la realidad que creemos es independiente de las palabras. La primara razón era puramente militarista, resumida en lo que el presidente Eisenhower consideró uno de los mayores peligros para la democracia y, en 1961, llamó el “complejo industrial militar”. La segunda razón también procede de las profundidades de la historia: en solo treinta años, la Unión Soviética había realizado una de las proezas económicas y sociales más impresionantes de la historia moderna, todo a pesar de haber sido el país que más sufrió, social y económicamente, en su lucha contra el nazismo. 
 El objetivo era, a cualquier precio, evitar el mal ejemplo del éxito ajeno. Aunque la propaganda de “los medios libres” insistieran en lo contario, la inteligencia de los países occidentales no veían ninguna posibilidad de alguna invasión militar soviética. Que Stalin confirmase dichos informes con una propuesta que apuntaba a reducir la tensión belicista del mundo capitalista era inaceptable. 
 Cuando la Unión Soviética cometió suicidio en 1991 (en condiciones mucho peores, Cuba mantuvo su sistema comunista), Rusia cayó en una crisis económica y social al mejor estilo capitalista, empeorando casi todos los indicadores sociales; una especie de regreso a la Rusia zarista, pero los poderosos medios lo vendieron como una “salida de la crisis” festejando la apertura de un gigante McDonald’s en Moscú como símbolo de libertad y de alimentación democrática. 
 Toda esta historia, como otros casos, fue olvidada. Según Stephane Grimaldi, director del Museo Caen Memorial: “En 1945, el gran aliado era Stalin y la Unión Soviética; su papel estaba absolutamente claro para los franceses”. Pero el efecto Guerra Fría y la masiva propaganda cultural de Hollywood, el mayor creador de mitos modernos del siglo XX, dio vuelta el juicio sobre un hecho relevante del pasado. Lo mismo hizo Hollywood con la mitificación de la guerra contra México en 1845 con películas como The Alamo. Lo mismo con el lavado moral del rol de la Confederación en la Guerra Civil. Más recientemente, lo mismo hizo con la invención de un triunfo moral (similar al del Sur durante la “reconstrucción”) en la Guerra de Vietnam con innumerables películas, aparte de libros, del apoyo de una prensa funcional y un periodismo mayoritariamente obediente. 
 Ahora que Rusia no es más comunista, queda clara la paranoia calvinista por mantener al resto de la humanidad bajo control moral y productivo, a cualquier precio y en nombre de la libertad y la democracia. 

 Jorge Majfud | 08/04/2023

"Es la punta de lanza en la criminalización de la protesta" // Entrevista a Arakaki y "Rayu" Alaniz

domingo, 9 de abril de 2023

Inseguridad, ajuste y entrega


Panorama político. 

 El asesinato en La Matanza del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, desató una conmoción entre los colectiveros. Ya había ocurrido otro tanto hace cinco años, cuando Leandro Alcaraz, conductor de la misma empresa, murió en un episodio similar de inseguridad. 
 Hartos de exponer su vida arriba de las unidades, y de la falta de una respuesta por parte los distintos gobiernos, choferes de distintas formaciones de la zona Oeste declararon el paro -al que se sumaron también otras líneas- e iniciaron un piquete en la General Paz. La llegada al lugar del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, uno de los responsables de las promesas incumplidas, encendió la furia. El resultado es conocido: Berni fue golpeado y debió ser sacado del lugar por la Policía de la Ciudad. 
 El gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio, lo mismo que los “libertarios”, solo atinan a proponer un mayor despliegue de móviles y efectivos policiales. Pero el problema de la inseguridad, como lo muestra la situación de Rosario, parte precisamente de la connivencia entre las fuerzas de seguridad y el delito. Son esas fuerzas las que liberan las zonas y organizan las bandas. 
 Una salida al drama de la inseguridad, que golpea cotidianamente a la clase trabajadora y la población en los barrios, debe partir de un desmantelamiento de ese aparato, como plantea Pablo Giachello en su artículo sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. 
 La izquierda no debe guardar silencio ante el debate sobre la inseguridad, como si fuera un problema ajeno; debe intervenir con un planteo propio, para evitar que la crisis sea capitalizada por la derecha con sus políticas de “bala” y “mano dura”.
 Antes que dar una solución al urgente reclamo de los choferes, Berni denunció en la justicia a los trabajadores. Dos choferes de la empresa Almafuerte fueron detenidos. Un paro logró su liberación el mismo día, pero la causa continúa abierta.
 Así como a los choferes de Almafuerte, los gobiernos están atacando otras expresiones de la protesta social. Después de las detenciones de Martín Rodríguez y Lorena Torres, referentes del Polo Obrero mendocino, ahora es el gobierno de Córdoba, liderado por Juan Schiaretti, el que avanza en imputaciones contra referentes de la Unidad Piquetera que estuvieron al frente de la última jornada de movilizaciones en la provincia mediterránea por trabajo genuino y contra el recorte en los planes Potenciar Trabajo, que la ministra de desarrollo social, Victoria Tolosa Paz, instrumenta para hacer buena letra ante el FMI. 
 La movilización en Córdoba fue parte de una jornada nacional, que en lugares como Salta, incluyó el reclamo ante problemas perentorios como el aumento en los casos de dengue. Otros sectores también salen a la lucha, como la Conadu Histórica, que se prepara para una semana de paro en reclamo de la reapertura de la paritaria. La inflación (que según el Relevamiento de Expectativas del Banco Central volvería a superar el 100% anual) hace estragos en el bolsillo de los trabajadores. 
 Los estatales paran el 12, mientras los químicos de Synthon de Santa Fe fueron a la huelga ante un despido. 
 El gobierno, mientras tanto, sigue el libreto del Fondo, que volvió a reclamar una profundización de las medidas de ajuste. Y el ministro Sergio Massa volvió a favorecer a las patronales rurales con la reedición del dólar agro. 
 Hay que terminar con esta situación. Fuera los políticos capitalistas. Por un gobierno de los trabajadores y la izquierda. 

 Gustavo Montenegro

Epidemia americana


Los tiroteos son una plaga constante que los sucesivos gobiernos estadounidenses han sido incapaces de erradicar 

 Los vidrios estallaron. Audrey Elizabeth Hale se agachó y pasó por el hueco que había hecho en la puerta de entrada de la Escuela Covenant de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. Empuñaba un rifle semiautomático, llevaba otro colgado de un brazo, una pistola y gran cantidad de municiones.
 Mientras recorría los pasillos del colegio y subía escaleras, abría fuego contra quien tuviera enfrente. Asesinó a tres menores de apenas nueve años y a tres adultos. Posteriormente fue abatida por la Policía, la cual le encontró planos del centro escolar en los que había marcado la ubicación de los accesos, así como de las cámaras de seguridad. 
 En las distintas coberturas de esta noticia fue visible una coincidencia. Las informaciones de periódicos, los reportes en radio y televisión, los análisis por parte de especialistas, mencionaron la posibilidad de que Audrey padecía algún rasgo de trastorno mental.
 También hicieron referencia a que era transgénero, como queriendo insinuar la falsa idea de que su identidad genérica habría influido en la decisión y, a la vez, hacerle olvidar a la gente que la matanza se hizo con armas accesibles en las tiendas de su nación. 
 Alguien que comete un crimen contra pequeños es una persona mentalmente insana. Pero esa no es la causa principal de las más de 130 balaceras masivas reportadas este año en Estados Unidos. Los ataques responden a la facilidad que existe para comprar pistolas, armas automáticas de alto poder y cualquier otro tipo de armamento. 
 Los tiroteos resultan una plaga constante que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de erradicar. Los ciudadanos de este país se matan entre sí 25 veces más que en otros lugares desarrollados, señaló el centro Brady Campaign to Prevent Gun Violence. 
 La razón más citada por los que adquieren armas de fuego es la defensa individual, pero investigaciones de los últimos años confirman que en los hogares con estos artilugios se incrementa de tres a cinco veces el riesgo de homicidio y suicidio. Se calcula que hay más de esos equipos en manos privadas que población en el país norteño. 
 Hacer referencia como causa principal de las masacres en Estados Unidos al estado de salud mental de alguien es un intento por defender la cultura de las armas, legitimada en la Segunda Enmienda de su Constitución. Al igual que con Audrey, y cientos más, el problema no es que estén obsesivos por matar, sino que se les permita hacerlo. 

 Amaya Rubio

Otra gran jornada de lucha en Francia


Mientras las direcciones sindicales y políticas buscan imponer una “tregua”. Hoy, jueves 6 de abril, centenares de miles de obreros y estudiantes volvieron a tomar las calles en Francia contra el decreto-ley que impone el aumento de la edad de jubilación, de 62 a 64 años. Las manifestaciones son respaldadas por huelgas en el sistema ferroviario y en refinerías de petróleo, así como en un amplio sector de la industria y el comercio. “La tasa de huelguistas en el sector privado es la más alta de la historia”, relata la corresponsal de Clarín, y promedia un 20 por ciento en la pequeña industria. 
 La Jornada de lucha de este jueves tiene lugar luego de un intento de “mediación” de la burocracia de las centrales sindicales con la primera ministra Elizabeth Borne. Terminó en un rotundo fracaso, como estaba descontado. El sentido político de la “mediación” ha sido dejar sentado que las direcciones sindicales no tienen en vista la caída del gobierno sino una salida dentro de “las instituciones”. La consigna del peronismo: “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”. En la agenda de la reunión estuvo ausente el aumento de 40 a 42 años del período de aportes a la Seguridad Social. No es muy conocido el hecho de que el trabajador francés se jubila con una remuneración del 50 al 60 % del salario al cese de su vida laboral.
 Antes de la reunión, Laurent Berger, el secretario general de la CFDT, dejó en claro que de no mediar el retiro del decreto-ley queda la alternativa de “discutir el decreto reglamentario”, o sea la implementación de la norma, lo que calificó, de acuerdo a la corresponsal citada, como “de suma importancia”. Se trata de una capitulación que no se esconde con pretextos. Macron ha anunciado que esa implementación tendrá lugar entre septiembre y fin de año. Berger, previsor, adelantó que “no habrá una protesta por semana en los próximos seis meses”. 
 Otra de las centrales sindicales, la CGT, realizó su 38° Congreso. En el cuadro de huelgas parciales combativas y numerosas manifestaciones, la dirección saliente sufrió una derrota política al no poder imponer el sucesor al actual secretario general, Philippe Martínez. La nueva secretaria, Sophie Binet, es una feminista consecuente, pues aborda la lucha sindical, no desde la lucha de clases sino de una perspectiva de género. Estrenó su flamante cargo acompañando a sus colegas de las otras centrales a la reunión con Bornet, para obtener una “mediación”. Los delegados de las federaciones de la CGT que se encuentran impulsando las luchas en sus empresas o sindicatos, quedaron confundidos dentro del bloque de la dirección saliente. Las movidas de Berger y Binet expresan una movida hacia la derecha en el contexto de una radicalización de las luchas. La burocracia se ha valido de los paros activos aislados, por semana o, como el de hoy, después de diez días del anterior, para probar su capacidad de contención de las huelgas. Ahora se propone consolidar su posición mediante una tregua. 
 El viernes 14 se debe reunir el Consejo Constitucional. Está encargado de supervisar que las leyes y los decretos se ciñan a una Constitución caracterizada por la arbitrariedad. Aunque la burocracia sindical no tiene la expectativa de que el Consejo deslegitime el decreto-ley de Macron, espera que autorice la convocatoria a un referendo, que tendría lugar en los seis meses en que Berger prometió que dejarían de haber Jornadas semanales y que Macron espera tomarse para implementar el aumento de la edad jubilatoria. Para detener las luchas el Estado apela a todos sus recursos ‘institucionales’, aun sabiendo que ninguna tregua es suficiente para resolver la crisis del régimen político. Para quienes en la izquierda sostienen que la clase obrera está lejos de agotar su experiencia con el régimen representativo, el referendo podría convertirse en un pretexto para movilizarse por el No al decreto-ley, una vez que obtenga las firmas que se requieren para la convocatoria. Para el día previo a la reunión del Consejo Constitucional, la dirección de la Intersindical tiene prevista la convocatoria a una nueva Jornada. 
 Desde que Rosa Luxemburgo introdujera a “la huelga de masas” como una premisa hacia una revolución proletaria, el llamado a la huelga general y la formación de comités de huelga se convirtió en el método de acción que han impulsado los partidos revolucionarios. Las huelgas de 1920 en Italia y 1936 en Francia incorporaron la ocupación de las fábricas y los comités de enlace de las fábricas ocupadas. La huelga de masas no puede ser dictada; nace de la fuerza elemental de las masas, que se convierte en “una acción histórica independiente”. La fuerza desde abajo es estimulada y a la vez potenciada por una asimilación revolucionaria de la experiencia pasada de la clase. El partido revolucionario es, en resumen, la corporización de esa experiencia histórica. 
 En el momento actual, existe en Francia una irrupción de la fuerza elemental de los trabajadores y el desafío de superar las numerosas experiencias históricas precedentes. Como ocurre en la mayoría de los países, las organizaciones obreras forman parte de un entramado de estatización semi-corporativa, y la mayor parte de la izquierda se encuentra asociada al Estado bajo un sistema parlamentario. La crisis de poder que se ha planteado implica la explosión de todas las contradicciones acumuladas; todas las clases sociales coinciden en que ‘el estado actual de las cosas’ no puede continuar. Esto no significa que la cuestión del poder pueda ser llevada a las masas en forma de ultimátum, tipo todo o nada (advertencia de León Trotsky en la huelga general británica de 1926). Los trabajadores llegarán a la conclusión de que tienen planteada una lucha por el poder a través de la experiencia que desarrollarán en esta lucha, o sea construyendo sus comités y organizaciones de poder. 
 Cuando en julio de 1975, la clase obrera de Argentina desbarató la peor ofensiva en su contra -el rodrigazo- e impuso su reivindicación de aumento de salarios, además de la caída de López Rega, Política Obrera concluyó que nada de eso representaba una victoria, porque se había perdido lo fundamental: el desarrollo de las Coordinadoras Obreras que se habían constituido en todo el país alrededor de la huelga general. El desarme político causado por la disolución de las Coordinadoras abrió el camino al golpe militar del 76. La derrota de la reforma jubilatoria de Macron, no por medio de procesos constitucionales o mediaciones, sino por medio de la huelga general y el desarrollo de comités obreros, abrirá una crisis revolucionaria. 
 La lucha de clases en Francia forma parte de una crisis capitalista mundial que se desarrollará en forma más violenta, política y socialmente, y confronta, objetivamente, con una guerra a la que la OTAN le ha dado un carácter mundial. La crisis de poder en Francia consiste en la oposición irreconciliable entre un régimen que se organiza para una guerra mundial, de un lado, y una clase obrera que mina las bases de esa guerra mediante una lucha de clases masiva. 

 Jorge Altamira 
 06/04/2023

sábado, 8 de abril de 2023

“Dólar agro”: una devaluación encubierta que premia a los sojeros a costa de las mayorías


Sergio Massa durante el anuncio del nuevo dólar agro. Ministerio de Economía. 

Se trata de un tipo de cambio preferencial a $300 para las exportaciones de soja y de productos de las economías regionales. En medio de la agudización de la crisis de reservas del Banco Central, el gobierno avanza a tropezones con una devaluación encubierta, cuyas consecuencias vamos a pagar los trabajadores. Massa acaba de anunciar un nuevo tipo cambio preferencial para el agro: será de $300 pesos para las exportaciones de soja y de productos pertenecientes a las denominadas economías regionales. El gobierno solo se ocupa de amortiguar los efectos que tiene la sequía sobre los capitalistas, pero no los daños que le genera al bolsillo popular al encarecerse los alimentos. Por el contrario, esta medida recalentará aún más los precios locales. 
 El dólar agro para la soja tendrá vigencia desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo, y, para las “economías regionales” (producción vitivinícola, frutícola, etc.), se extenderá hasta el 30 de agosto. Su lanzamiento responde al objetivo de paliar las consecuencias de la sequía sobre el capital agrario, y, a su vez, estimular que el sector venda su cosecha para recomponer las alicaídas reservas. Los exportadores recibirán con este tipo de cambio $88,7 adicionales por cada dólar que liquiden. Con esto, el gobierno espera que ingresen alrededor de U$S 6.000 millones. 
 Al Banco Central esta prerrogativa le costará una emisión extra de aproximadamente $532.200 millones, lo cual agravará el espiral inflacionario. A su turno, los exportadores buscarán replicar en el mercado interno los beneficios que obtienen por sus ventas al exterior, encareciendo aún más los alimentos en las góndolas criollas. Como vemos, las concesiones al campo las pagamos los trabajadores con más carestía. 
 Finalmente, el trato que que le da el gobierno a los capitalistas del campo dista mucho del que reciben los sectores populares, sobre los cuales recae el ajuste en asistencia social (como el recorte del Potenciar Trabajo), los aumentos salariales a la baja, la precarización laboral y las jubilaciones de indigencia. El Frente de Todos, que prometió gobernar para “los de abajo”, terminó haciendo lo contrario. 
 Con esta iniciativa, el oficialismo busca desesperadamente revertir el drenaje de reservas. En el primer trimestre del año, el BCRA tuvo un saldo negativo de U$S 5.538 millones, no solo a causa de la sequía sino como resultado de malvender divisas para contener los tipos de cambio paralelos -lo que no es otra cosa que financiar la corrida cambiaria- y pagar vencimientos de deuda, otro mecanismo de fuga. En ese período, el ingreso del sector “Oleaginosas y Cereales” cayó 74% interanual, pero también se gastaron U$S 3.000 millones en el mercado de cambios y U$S 1.600 millones para pagar títulos públicos del Tesoro. 
 El gobierno, en lugar de detener esta sangría, deja intacta la fuga de capitales y opta por reciclar medidas que ya fracasaron y que son muy costosas para el país. Basta con recordar cuáles fueron los resultados de las anteriores versiones del dólar soja para concluir que se trata de “pan para hoy, hambre para mañana” porque en cuanto finaliza el beneficio, los sojeros vuelven a sus prácticas de acopio para presionar por una devaluación. Consiste incluso en un desdoblamiento cambiario que agudiza las expectativas devaluatorias. Es en definitiva una nueva improvisación de Massa para poder llegar a octubre. 
 Al gobierno lo apremian fundamentalmente las dificultades para cumplir con las metas del FMI, tanto de acumulación de reservas como en materia fiscal. No olvidemos que en el primer trimestre del año la recaudación vía retenciones retrocedió 48,5% en términos interanuales debido a la sequía. Así las cosas, para complacer al Fondo nos veremos obligados a soportar mayor inflación en alimentos. 
 Los anuncios oficiales también incluyeron sanciones para quienes no cumplieron con la liquidación de divisas pactada en las anteriores ediciones del dólar soja, y, a su vez, la obligación de adherirse a Precios Justos y no despedir trabajadores para aquellos que gocen de este nuevo dólar agro. Ahora bien, la docilidad con las patronales que caracteriza a este gobierno vuelve poco creíble la implementación efectiva de esas condiciones. Sin ir más lejos, el programa Precios Justos es incumplido hoy en día por la mayoría de las empresas. 
 De nuevo, el gobierno premia a los poderosos en detrimento de las mayorías populares. Es hora de que los trabajadores impongamos nuestra propia salida para no seguir pagando la factura de la crisis. 

 Sofía Hart

Chile: ante la Constituyente trucha y reaccionaria, voto nulo


Gabriel Boric, presidente de Chile Impulsemos la lucha por nuestras reivindicaciones. 

 El próximo 7 de mayo estamos convocados a votar por quienes integrarán el Consejo Constitucional, el único órgano del nuevo proceso constituyente cuyos miembros son elegidos-digitados mediante el sufragio. Ello no le otorga ni un ápice de democracia a un proceso diseñado con todas las ataduras posibles por los partidos guardianes del statu quo del régimen. Lo que se pretende es la legitimación de este plato cocinado a espaldas del pueblo, con la participación activa del oficialismo, incluido el PC. Desde marzo se encuentra sesionando la “Comisión de Expertos” designada por los partidos con presencia en el Congreso que redactará un anteproyecto de Constitución sobre el cual debe trabajar el Consejo Constitucional. A su vez, el contenido de la nueva Constitución está determinado de antemano por “bases constitucionales” pactadas por los partidos el año pasado que, como se ha señalado suficientemente, es el cerco de la discusión constituyente que tiene como su guardián al “Comité Técnico de Admisibilidad”, organismo encargado de que nada se salga de esos márgenes. Dichas “bases” resguardan al Estado capitalista, su simbología, sus fuerzas represivas, la propiedad privada, la libertad de enseñanza y de culto que no es otra cosa que la protección a las iglesias y los negociados con la educación y el derecho a la vida, es decir, la prohibición del aborto. En definitiva, que todo el régimen reaccionario y explotador siga igual. 
 Mientras oficialismo y oposición siguen bailando la música que le pone la burguesía, las y los trabajadores estamos soportando la peor crisis en décadas. No sólo siguen vigentes todas las demandas por las cuales en el 2019 millones nos levantamos contra los responsables políticos de una vida condenada a la miseria, la pobreza y las deudas, sino que están actualizadas por efecto de las alzas generalizadas. A tres años de la rebelión que puso contra las cuerdas al régimen político heredado por la dictadura, está aún más lejana la posibilidad de acceder a una vivienda, a educación y salud de calidad. El trabajo precarizado es la regla y los sueldos y jubilaciones están muy por detrás del costo de la vida. Sigue la estafa de las AFPs y el saqueo de los recursos estratégicos como el cobre y el litio. El norte y el sur del país militarizado. También somos víctimas del crimen organizado que se tomó los barrios al amparo del Estado y sus fuerzas represivas.
 En este cuadro, el itinerario constituyente en curso pretende cerrar el ciclo político que abrió la rebelión y el relanzamiento del régimen social y político vigente en los últimos 50 años que la misma hizo tambalear. El operativo de restablecimiento del modelo en parte ha logrado su objetivo; Sebastián Piñera culminó su mandato y la rabia popular, con sus masivas y combativas movilizaciones, fue canalizada por fuera de las calles. Sin embargo, esa rabia no desapareció. Con una Constitución “nueva” que recicle el modelo con la firma de Gabriel Boric estampada, pretenden cerrar el ciclo de grandes movilizaciones populares, que en el 2019 alcanza su punto más álgido. No podemos ser parte de este operativo, lo rechazamos y llamamos a anular el voto en los comicios del 7 de mayo y a organizarnos para retomar el camino de la acción directa para conquistar las respuestas que necesitamos a las urgencias de las familias trabajadoras. 

 Sobre la Asamblea Constituyente 

Frente al fraude constituyente al que somos convocados a legitimar con el voto, desde sectores de izquierda que se han pronunciado por el voto nulo están reclamando… una nueva Asamblea Constituyente, incluso en algunos casos le agregan los adjetivos de “Libre y Soberana”. Es el caso del espacio “Yo Anulo” en cuya declaración -suscrita por el PTR, el MST, la Lista del Pueblo, el Partido Igualdad, entre otros espacios políticos, podemos leer: “…Ante este escenario llamamos a enfrentar este fraude constitucional, planteando la necesidad de retomar el camino de la movilización en pos de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin trabas ni ataduras que pueda cuestionarlo todo, pero a su vez por un programa que parta de lo más mínimo y urgente…”. Se trata de un planteo constitucionalista, no de la búsqueda de una movilización revolucionaria para destituir al régimen burgués imperante. El PTR, en una nota de debate con “Coordinadora Nacional contra el Fraude”, precisa: “Pero no se trata de que todas las organizaciones deben compartir cada punto de balance de los últimos 3 años de acontecer político en Chile. De lo que se trata es de algo más simple: si todas y todos estamos de acuerdo que debemos reposicionar la bandera de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, entonces es imposible pararse sobre el Acuerdo por la Paz, para oponerlo al ‘Acuerdo por Chile’, como si la Convención Constitucional hubiese sido una Asamblea Constituyente”. 
 Es decir, vuelven a encarar la lucha por una Asamblea Constituyente, pero en la actualidad sin plantear la destitución del gobierno burgués de Boric, como sí se había planteado en el caso de Piñera. Pero una asamblea que coexiste con el poder de turno es una asamblea amañada por más que proclamen lo contrario sus promotores. La consigna de Asamblea Constituyente libre y soberana estaba asociada al “Fuera Piñera” en directa conexión, directa e íntima con la rebelión popular que se estaba abriendo paso y que puso sobre la mesa la cuestión del poder político. Al margen y divorciada de una irrupción popular -que actualmente se encuentra en reflujo- es un planteo que no sale de los confines del orden social imperante. 
 Una Constituyente soberana significa que se transforma en el poder político transicional y no lo comparte con el gobierno burgués instalado. Pero el alcance de la cuestión es aún mayor. No se puede soslayar que la convocatoria actual a una constituyente es una maniobra para desviar el descontento popular (con menores posibilidades de éxito que el anterior, eso sí). Hacer girar la agenda de discusión en torno a la emergencia de una nueva Constitución es una cortina de humo para neutralizar la lucha por las demandas apremiantes y que siguen sin resolución. La izquierda no debe sumarse a este distraccionismo. Hacer pasar la acción directa de las masas por el embudo constitucional es señal de una profunda deriva democratizante y parlamentarista. 
 Es necesario que las masas tomen nuevamente en sus manos, a través de la acción directa, sus reclamos sociales y democráticos. Las mujeres, la lucha por el derecho al aborto, enfrentando las maniobras de cooptación del régimen -aliado de las iglesias- con sus propuestas demagógicas y superficiales. Lxs trabajadorxs y jubiladxs, volver a poner en pie la movilización por el “No + AFP”, enfrentando la reforma previsional trucha de Boric que busca preservar el esquema privado y el mercado de capitales, en detrimento de millones de jubiladxs. Por una jubilación estatal única financiada por la clase patronal. Las y los estudiantes, por la gratuidad total de la educación en todos los niveles, la condonación incondicional de las deudas contraídas para acceder al derecho a la educación. Todxs por un sistema de salud estatal, único y totalmente gratuito para terminar con las rifas, para que las y los pobres podamos recibir tratamientos médicos/quirúrgicos. Por un plan de lucha por todos los derechos sistemáticamente negados. Que los sindicatos y las centrales obreras rompan con la subordinación al gobierno gatopardista, declarando su independencia política, poniéndose a la cabeza de la campaña por el voto nulo contra el acuerdo de Boric/PC y la derecha. Y, por sobre todo, por la organización de la lucha por todas las reivindicaciones del pueblo trabajador sumido en la pobreza. La campaña por el voto nulo debe servir para impulsar la deliberación obrera en esta dirección. 

 Fuerza 18 de Octubre

Dengue en Tucumán: el gobierno oculta la catástrofe sanitaria


Ya son más de 100 mil los contagiados. El Ministerio de Salud de la provincia ha declarado que los casos de personas contagiadas por dengue suman 9.600. Es una cifra mentirosa, que nadie cree. Los hospitales, los centros de atención primarias, los sanatorios privados, todos los días están abarrotadas por vecinos que van a confirmar si tienen dengue, pues ya tienen los síntomas que caracteriza a esta enfermedad viral. Frente a este cuadro, muchas personas no asisten a un centro de salud, otros son diagnosticados sin que se les realice el examen de laboratorio y en el mejor de los casos se los monitorea telefónicamente. O sea que hay un subregistro de casos que, ante la explosión de contagios, el gobierno ha tenido que reconocer. (En la primera nota sobre el dengue que escribí este año ya denuncié este tema) 
 Giselle Rodríguez, investigadora del Instituto Superior de Entomología del Instituto Lillo, destaca que aproximadamente el 75 % de los enfermos son asintomáticos. Algunos epidemiólogos hacen esta estimación: hay que multiplicar por 10 cada caso que se notifica. Ese cálculo nos daría que en Tucumán ya hay 96.000 infectados con dengue este año. 
 Por su lado, la directora de Epidemiología, Romina Cuezzo, admite que hay un número desconocido de casos, pero asegura que “esto es algo esperable en el contexto de la gran epidemia que tiene Tucumán. El número de casos notificados corresponde a los detectados a través de la vigilancia epidemiológica, a partir de pacientes asistidos principalmente en efectores de salud públicos”. Sin embargo, justifica que “en contexto de una epidemia de gran impacto no es posible tener el registro total de los casos…. Se estima que un porcentaje de la población podría cursar la enfermedad de modo oligo-sintomático (síntomas leves) o incluso asintomático; sin embargo, estos no se contabilizan si no tuvieron contacto con un efector de salud”. 
 “Los números actuales registrados de la epidemia de dengue ya superaron el brote más importante que había tenido Tucumán, en 2020, cuando se notificaron 7.806 casos. Ese número estuvo muy alejado de la realidad, según un estudio que se conoció dos años después y que demostró que el 10,7 % de los tucumanos (aproximadamente 171.000 habitantes) había tenido dengue. El trabajo, que se publicó en la revista Journal of Clinical Virology y es el primer estudio sobre la prevalencia del dengue en las zonas del país donde habita el mosquito Aedes aegypti, se hizo en base a muestras aportadas por una docena de bancos de sangre (La Gaceta 5-04-23). 
 Pero no se trata solo de estadísticas. La cuestión es que centenares de miles de personas han tenido la enfermedad y muchos más se van a contagiar en las próximas semanas sin que lo sepan y quedan expuestos a reinfectarse en una nueva epidemia y desarrollar dengue grave. 
 La otra cuestión tiene que ver con la propagación de la enfermedad. Las personas que están contagiadas y no tienen síntomas (el 75 %) se mueven muchas veces sin protección y van infectando mosquitos, y así se forma el círculo de transmisión: cuando el insecto se alimenta de sangre de un humano infectado, el virus comienza a replicarse dentro del mosquito. Luego, puede propagarse a otra persona que el mosquito pique días después. 
 “La cantidad de infecciones ocultas vinculadas a un lugar, o los casos de personas infectadas que no muestran síntomas, son indicadores claves del riesgo de contagios masivos de dengue, según comprobaron investigadores de la Universidad de Emory, en Atlanta, Estados Unidos” (La Gaceta ídem). 
 Mientras tanto ya son cuatro los fallecidos registrados en la provincia y hay más de 100 pacientes graves internados. Mientras la epidemia avanza sin control, los directores de los hospitales se quejan por la escasez de personal porque el mismo personal de salud también se contagia. En paralelo el gobierno no ha tomado ninguna medida de emergencia para erradicar los basurales que a cielo abierto pululan en todas las ciudades de la provincia y mucho menos los derrames de agua y cloacales, tampoco para asegurar la provisión gratuita de repelentes y el testeo de todos los que han tenido síntomas o viven en zonas saturadas por contagios y adoptar las medidas para evitar a futuro las posibles reinfecciones. 
 Es necesario autoconvocatorias de vecinos reclamando medidas de higiene urbana, y unir la lucha contra el dengue con la lucha en curso de los trabajadores de la salud que desde hace meses vienen reclamando por el salario y las condiciones de trabajo. 

 Daniel Blanco
 06/04/2023

El momento de ajustar cuentas


Dos fallos adversos contra la Argentina se precipitaron en las últimas dos semanas. Uno, vinculado a la ´expropiación´ de YPF y otro, referido a las manipulaciones estadísticas de Guillermo Moreno en el INDEC. Estimaciones ubican los montos en litigio, en distintas demandas, en USD 30.000 millones. 

 YPF 

Primero se conoció el dictamen de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó al Estado argentino a pagar indemnizaciones de entre US$ 7.000 millones y US$ 19.800 millones, a los demandantes Burford Capital y Eton Park, dos buffetes de abogados que compraron el derecho a litigar contra la Argentina y contra YPF. Aunque hay dos instancias de apelación por delante, Argentina igualmente deberá pagar una garantía. 
 La demanda se origina en las acciones de YPF que estaban en manos del grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazy, al momento de la ´nacionalización´ del 51 % de la compañía, en 2012. Eskenazy había ingresado como accionista de la compañía a partir de un ´arreglo´ sellado personalmente por Néstor Kirchner con Repsol, por el cual el empresario argentino ingresaría como accionista pagando su participación con los dividendos de la compañía. Este esquema fraudulento funcionó entre 2008 y 2011, hasta el que el vaciamiento de YPF dejó al país al borde del colapso energético y el gobierno ordenó frenar la liquidación de dividendos, que se habían elevado 140 % respecto de la media anual desde la privatización, en 1999, en lo que constituyó el paso previo a la ´expropiación´ de la empresa. Eskenazy había llegado a reunir el 25 % de sus acciones. 
El fallo de la jueza Preska recoge el planteo de que el Estado, de acuerdo al estatuto de la empresa, debería haber presentado, primero, una oferta por el 100 % de las acciones de la empresa. El kirchnerismo desconoció el acuerdo con Eskenazy y pactó con Repsol una indemnización de USD 5.000 millones de dólares a cambio del control accionario. Luego Petersen vendió el derecho a litigar a Burford, pero se sospecha que los verdaderos interesados detrás de la demanda son los mismos Eskenazy.Un clásico kirchnerista. 
 El fallo de Prieska, sin embargo, deja a resguardo a los accionistas de YPF. Su dictamen “reconoce que la compañía no tuvo responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Por lo tanto, sus activos están fuera de riesgo” (Urgente 24, 31/3). Apenas 20 días antes de conocerse el fallo, YPF ´celebró´ 30 años de presencia en la Bolsa de Nueva York. “La petrolera obtuvo durante 2022 una ganancia récord con Ebitda [beneficio bruto] de casi US$5.000 millones, 27 % por encima de los números del año anterior y el tercero más alto en la historia de la compañía. Adicionalmente, registró una ganancia neta récord de más de 2.200 millones de dólares” (Urgente 24, 9/3). La producción de YPF viene en ascenso y sus balances arrojan números positivos. Los accionistas están de parabienes. La ´expropiación´ resultó un gran negocio –fue el punto de partida de una ´re-privatización´ completa. Casi al mismo tiempo que el fallo de Prieska, se conocía que el gobierno argentino había llegado a un acuerdo extrajudicial con el Estado de New Jersey por USD 300 millones para cerrar una demanda de USD 15.000 por contaminación de una empresa subsidiaria de YPF, Maxus. Otro ´aporte´ de los contribuyentes argentinos para mejorar la performance financiera de la compañía que se celebra en Manhattan. 

 INDEC 

El otro fallo desfavorable a la Argentina se dictó en un tribunal de Londres. El Estado argentino deberá pagar USD 1.5000 millones a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, poseedores del 48 % de los bonos con cupón PBI. Los demandantes se declararon perjudicados por los cambios en la medición de estadísticas introducidos por Kicillof en 2013. El cupón PBI fue la ´estrella´ del megacanje que pilotearon Néstor Kirchner y Roberto Lavagna: la ´quita hstórica´ sobre bonos que valían literalmente nada se convirtió en uno de los negocios del siglo gracias al plus que gatillaban en caso de que el producto bruto interno se ubicara por encima del 3 % anual. Los bonistas no sólo se beneficiaron con el crecimiento ´a tasas chinas´ que favoreció a los K como resultado de la devaluación del peso y el alto precio de las materias primas, sino también por manipulación del índice de inflación que ejecutó Guillermo Moreno en el INDEC, entre 2006 y 2013, que dieron como resultado una sobreestimación del crecimiento del producto. Kicillof ´corrigió el método de medición y estos fondos se declararon perjudicados por ello. El Tribunal Superior de Londres les dio la razón.

 Conclusiones 

Los economistas de JxC Alfonso Prat-Gay y Luciano Laspina estiman que la factura legada por los K asciende a USD 33.724 millones, sumados los desaguisados de YPF, los fondos buitres, el Club de Paris y las demandas en el Ciadi, entre otros. Hay estimaciones que incluso duplican ese monto (La Nación, 6/4). 
 Este “ajuste de cuentas” se precipita en vísperas de un cambio de régimen, cuando el país sobrevuela la cesación de pagos. Pocos días atrás, Kicillof advirtió sobre “los buitres” que retornan a escena en un año electoral, recordando los arreglos que hicieron los Macri-Preat-Gay por USD 13.000 millones, en 2015-2019, con los fondos que no ingresaron al canje. Los K, más allá de la verborragia, no hicieron más que patear hacia adelante la factura de estos enjuagues, sin pretender alterar el régimen jurídico que los ampara ni cuestionar el fuero donde se dirimen –las cortes de Nueva York y de Londres, en estos casos. 
 Los buitres consideran que ha llegado la hora de cobrar y colocan la factura sobre la mesa. 

 Jacyn 
 06/04/2023

miércoles, 5 de abril de 2023

#AltamiraResponde "¿Podría explicar cuál es la causa de la inflación en la Argentina?"

"Las medidas que se están tomando están dictadas en Whashington" // Néstor Pitrola en C5N

La FIFA, el referí de la OTAN


Sobre la eliminación de Indonesia del mundial de fútbol sub 20. 

 Hace unos días, la noticia futbolística de que Argentina iba a ser sede del Mundial sub 20 de fútbol fue toda una sorpresa. La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, decidió bajar de la organización, meses antes de que comience el certamen, al anfitrión Indonesia “debido a las circunstancias actuales del país”.
 Indonesia es el país con más cantidad de musulmanes de todo el mundo –más de 240 millones, 86 % de la población. Para el pueblo indonesio, la causa del pueblo palestino es sagrada. Por su parte, el gobierno no reconoce a Israel como Estado y no tiene relaciones diplomáticas con el mismo. Este sentimiento nacional pro Palestina colisiona de lleno con la primera participación en la historia de la selección israelí en un mundial sub 20. Haciendo un paréntesis, vale recordar que Israel, desde 1991, no compite en la Federación Asiática de Fútbol, sino en la Unión Europea de Fútbol Asociado, debido a la negativa de varias de las federaciones vecinas de enfrentarse con Israel por los actos de guerra a Palestina y otros países de la región. 
 La crisis empezó cuando, días antes de la fecha en la que sería el sorteo de la fase de grupos, el 20 de marzo, decenas de personas marcharon en Yakarta para protestar contra la participación de su selección en la competición, en boicot a Israel y en apoyo a la causa palestina. Debido a esto se debió postergar el mismo 15 días más adelante, con la amenaza seria de la cancelación de la competencia. A esta situación se le sumó el pedido de Wayan Koster, gobernador de la isla turística de Bali -una de las sedes y uno de los lugares a ser promocionado el turismo del país- solicitando que se le prohibiera a Israel competir en la mencionada provincia. A la solicitud se sumó el gobernador de la región de Java. Analistas políticos hacen referencia a que, tanto el gobernador de Bali como el de Java, del mismo partido político del gobierno nacional, pero de facción enfrentada, con las críticas a Israel se busca cosechar consenso de cara a las elecciones previstas para febrero de 2024. Por su parte, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, apeló al público en un discurso televisado donde reiteró el apoyo a los palestinos, pero también destacando que el país debe seguir las normas de la FIFA. 
 La crisis abierta buscó ser arbitrada por el multimillonario accionista del Inter de Milán y socio minoritario de la franquicia de la NBA, Philadelphia 76ers -entre otros “emprendimientos” deportivos- Erick Thohir, presidente de la Federación Indonesia de Fútbol. Debido a que no había una vuelta atrás por parte de la gobernación de Bali y por miedo que las movilizaciones anti Israel se multipliquen y se cuelen de lleno en el certamen, Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA, decidió bajar a Indonesia de la organización del mundial y la descalificación de su selección del certamen. 
 No es la primera vez, en el último tiempo, que la FIFA actúa así. El año pasado, tras la invasión rusa a Ucrania, se dictaminó descalificar a Rusia del mundial de Qatar 2022 y con ello se ayudó en la clasificación a Polonia, otro ariete de la OTAN en el este europeo. Naturalmente, estas decisiones no son arbitrarias, son políticas. En otros momentos de la historia no se ha condenado a otras selecciones. Por lo mismo, Estados Unidos no fue sancionado en 1990 por invadir Irak o Inglaterra en 1982 por invadir Malvinas. Es decir, lo que muestra la “tarjeta roja” a Rusia e Indonesia —en una defensa a la selección del Estado genocida— es que la FIFA sea alineada con la propaganda imperialista de la OTAN, en el campo deportivo. 

 Mauri Colón 
 04/04/2023

De la rebelión de los choferes a la rebelión popular


La reacción de los choferes ante el asesinato de su compañero Daniel Barrientos marca el retiro del respirador al cadáver insepulto del gobierno kirchnerista. 
 Lo advirtieron enseguida las decenas de líneas que interrumpieron los servicios mediante una huelga, y un sector considerable de la ciudadanía. 
 En sólo un par de días, llovieron sobre el gobierno los índices descomunales de pobreza, en especial entre los niños; la muerte de bebés por la desatención de la salud en CABA, Santiago del Estero y Salta; una flexibilidad y una precariedad laborales sin precedentes; la conexión de policías, políticos y especuladores inmobiliarios con el narcotráfico en Santa Fe, y la inseguridad en todas las barriadas populares. 
 El repudio violento contra la presencia de ‘Rambo’ Berni es la manifestación de una bronca incontenible que no encuentra todavía una expresión política alternativa. 
 Lo advirtieron de inmediato desde la burocracia sindical hasta los medios de comunicación –desde los macristas hasta los oficialistas.
 La burocracia de UTA levantó enseguida el paro para evitar una generalización de la huelga, incluso más allá del transporte de colectivos. 
 Desde TN a C5N bajó la orden de sacarle cualquier connotación de rebelión popular a la reacción de los choferes. No faltó, desde el macrismo, la advertencia de que una crisis precipitada podría descontrolar el proceso político y perjudicar los intereses de esa cofradía de entregadores seriales.
 Es el proceso político que busca salvar por sobre todo el FMI, que abrió la canilla de un par de dólares para Massa, a cambio de mayores ajustes a jubilados y a los gastos sociales. 
 El FMI y un número creciente de economistas de derecha celebran la decisión de Sergio Massa de apropiarse de los bonos en dólares en los organismos públicos para venderlos al 20 % de su valor a especuladores privados. Así como celebran el otorgamiento de un dólar a 300 pesos a las cerealeras –una devaluación del 50 por ciento.
 En el informe más reciente, el FMI reclama reducir el ingreso a los jubilados para, textual, “garantizar las obras de infraestructura”, o sea el gasoducto de Techint y otras obras en beneficio de los explotadores de Vaca Muerta. 
 Pretende que “la quiebra de la cadena de pagos”, unos 40 mil millones de dólares, sea rescatada destruyendo aún más los ingresos de los sectores populares. 
 Argentina atraviesa el vampirismo social: el desangre del mundo del trabajo para satisfacer la codicia del capital que, por otra parte, recurre al Estado en todo el mundo para evitar la bancarrota. 
 Nos encontramos ante un inminente punto de inflexión. Llamamos a los trabajadores a arrebatar a los partidos patronales la iniciativa para dar la salida de ellos a la crisis, y reunirnos en plenarios, asambleas, autoconvocatorias y un Congreso de Trabajadores para impulsar una huelga general, por la satisfacción de las reivindicaciones que todos conocemos. 
 Aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones; salario y jubilación mínimo igual al costo de la canasta familiar; reconocimiento de la relación laboral de los trabajadores no registrados y defensa de la jornada de ocho horas y las cuarenta horas semanales. Reparto de las horas de trabajo. 
 Para que los grandes capitalistas paguen la crisis, planteamos el cese del pago a la deuda pública usuraria e indexada, y un impuesto progresivo a los altos ingresos hasta una alícuota confiscatoria de las grandes fortunas. 
 Argentina enfrenta una crisis de poder: o la destrucción del tejido social del trabajo con gobiernos capitalistas, o la reorganización socialista con un gobierno de trabajadores. 

 Nota de tapa de Política Obrera N°67 edición impresa.

martes, 4 de abril de 2023

La imputación de Trump


La Fiscalía de Manhattan anunció la imputación del expresidente Donald Trump en la causa que se le sigue por el pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, con el propósito de ocultar una vieja relación sentimental entre ambos. Según la justicia, el magnate disimuló el desembolso falsificando comprobantes de una de sus empresas. No es la única causa que tiene abierta Trump y, en rigor, ni siquiera la más importante: es investigado también por la toma del Capitolio en enero de 2021 y por la supuesta sustracción de material clasificado. Además, su emporio empresario fue condenado por fraude fiscal. 
 Si bien la imputación no impide a Trump competir en las elecciones presidenciales de 2024, un juicio por la causa Stormers coincidiría aproximadamente con la campaña electoral. De acuerdo a los tiempos judiciales, debería llevarse a cabo poco antes o después de los comicios y, por tanto, se transformaría en un hito de la elección. 
 Es indudable que para un Biden debilitado por la crisis económica, el peregrinaje de Trump por los tribunales y la polarización con el magnate es una tentación política. Teniendo poco y nada que ofrecer a los trabajadores norteamericanos, el actual presidente podría tratar de cimentar una eventual campaña por su reelección bajo el eje de impedir un regreso del magnate golpista a la Casa Blanca. 
 A Trump tampoco le desagrada la polarización con Biden. Considera que le sirve para posicionarse en la interna republicana, donde enfrenta al gobernador de Florida, Ron de Santis, uno de los que salió más favorecido de las elecciones de medio término. 
 El expresidente denuncia una persecución política y aprovecha la crisis económica para potenciar su agitación contra el gobierno: habla de la “crisis bancaria de Biden” y de la inflación más alta en décadas. Es un planteo demagógico, ya que él no ofrece ninguna perspectiva a los trabajadores. Su gestión, de hecho, estuvo marcada por un manejo calamitoso de la pandemia, que tuvo en Estados Unidos el mayor número de víctimas en el mundo. En medio de ese desastre, Trump se concentró en defender los negocios de la clase capitalista, vía subsidios y oponiéndose a las medidas de aislamiento social. En 2020, el malestar acumulado condujo a una rebelión popular, desencadenada por el crimen de George Floyd.
 Frente a este escenario económico, Biden ha presentado un proyecto de presupuesto 2024 que instituye un impuesto a los billonarios e incrementa el impuesto a las sociedades, con el declarado objetivo de fortalecer una red de asistencia social y sanitaria. De paso, se contempla también un notable aumento del presupuesto militar y nuevas partidas para auxiliar al régimen ucraniano.
 Este plan, según los medios, es solo una plataforma electoral, ya que no superaría la votación en la Cámara de Representantes, que quedó bajo control republicano tras las últimas elecciones legislativas. 
 Así las cosas, la crisis augura un panorama difícil para los demócratas, con los republicanos tratando de explotar en las urnas el malestar popular.
 Frente al nuevo circo político que proponen demócratas y republicanos con la imputación de Trump -quien debería declarar en las próximas semanas en la causa- es necesario que los trabajadores se abran paso con su propia agenda política y reivindicativa. 

 Gustavo Montenegro

Devaluación, más tarifazos y restringir el derecho a jubilarse: las exigencias del FMI

El gobierno es un peón del Fondo, y redobla el ajuste para cumplir con un programa inviable. 

 El Fondo Monetario Internacional presentó un informe donde desplegó una serie de medidas severas para que el gobierno argentino lleve adelante. Entre ellas se encuentra una devaluación de un 25% del dólar oficial, limitaciones a la moratoria del régimen de pensiones y jubilaciones que se aprobó recientemente en el Congreso y una resolución inmediata para avanzar en el aumento de tarifas. Un escándalo que muestra el sometimiento del gobierno a los intereses capital financiero y el imperialismo, el cual exige redoblar el ajuste.
 El oficialismo se comprometió a elaborar para junio un calendario con las “condiciones básicas” para avanzar con la liberación del mercado cambiario, lo que vaticina una depreciación brusca del peso. En paralelo el gobierno anunciará nuevos beneficios cambiarios para el agro como anzuelo para que el sector liquide divisas, lo que va a recrudecer la inflación en alimentos, pan, frutas y hasta en carnes por el encarecimiento de la comida del ganado. Está claro que las exigencias del capital financiero la seguirán pagando solamente los trabajadores de su bolsillo, no los capitalistas, mucho menos aquellos que detentan el control del comercio exterior y extorsionan al Estado a gusto y piaccere. 
 En tanto, el organismo aceptó flexibilizar la meta trimestral de reservas netas: para fin de marzo, el stock exigido bajó en U$ 3.500 millones. Esto constituye una manifestación de la inviabilidad de cumplir con el programa, pero se mantienen inamovibles las metas anuales. Es el caso, por ejemplo, de la meta de déficit primario de 1,9% del PBI para este año, la cual se mantuvo a pesar incluso de las pérdidas de recaudación generadas por los menores ingresos de retenciones y de que sea este un año electoral, donde se prevé una mayor erogación fiscal. 
 Gita Gopinath, la subdirectora Gerente del FMI, sostuvo puntualmente que el costo fiscal de la nueva moratoria previsional deberá “mitigarse” permitiendo la entrada “solo a aquellos con mayor necesidad”, es decir que los 800 mil trabajadores (de 1.200.000 trabajadores que no pueden jubilarse) que podrían jubilarse solo mediante una miserable moratoria probablemente tampoco puedan acceder a ella. 
 Con respecto a los planes sociales, el organismo exigió más recortes en la asistencia en medio de una acuciante crisis social y de un crecimiento constante de la pobreza. También estableció que 400 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo sean incorporados al mercado laboral, la confesión de que serían utilizados como mano de obra precarizada. 
 En cuanto a los niveles de inflación, la proyección anual es subestimada por el FMI, el cual la ubica en un 80%, pero el organismo reconoce que las expectativas se mantienen en un 100%, ambos números por encima del 60% que proyectó el gobierno en el Presupuesto 2023. Esto da cuenta que están utilizando la inflación para licuar gastos fiscales y así cumplir con la meta de déficit fiscal que impone el acuerdo. Sobre este punto, el Fondo advirtió que deberán garantizarse mayores ingresos fiscales, lo que podría traducirse en una mayor carga impositiva que los capitalistas buscarán trasladarle a los trabajadores. En lo que respecta al cronograma de aumentos de tarifas, se mantendrán los que siguen para los próximos meses. 
 Queda claro que el capital financiero internacional maneja los hilos del gobierno, perpetuando el saqueo de los recursos nacionales y el carácter colonial del país. Los políticos capitalistas son incapaces de sacárselo de encima y son los trabajadores los continúan pagando esta confiscación con un sinfin de penurias.
 Hay que echarlos a todos, desconocer la deuda usuraria y romper con el FMI para poner la economía del país al servicio de las necesidades populares, una tarea que solo puede llevar adelante una clase social, la clase obrera. 

 Camila García

lunes, 3 de abril de 2023

Hudson: los humedales, los barrios privados y la reserva natural


Cómo una calle le abrió camino al negocio que atenta contra el medio ambiente y el bienestar popular.

 La cuestión de la reserva natural y la lucha de fondo. Era abundante la biodiversidad que uno podía observar hace años en los humedales ubicados a ambos lados de la calle de tierra que llevaba hacia la costa del Río de la Plata en Hudson, Berazategui. En estos grandes reservorios de agua con alto valor ecosistémico podían observarse multitud de aves, insectos y flora nativa de la región. Llegando a la costa, los humedales daban paso al bosque ribereño, parte de la selva marginal que en tiempos muy remotos supo extenderse desde el Amazonas hasta esas tierras. 
 Ahora, a ambos lados de la otrora calle de tierra pavimentada en el 2010 (calle 63) con fondos nacionales, lo que antes era un exuberante paisaje verde hoy son árboles secos y quemados, terreno removido y rellenado. Los humedales y el bosque ribereño son reemplazados por los exclusivos barrios privados en avanzada construcción. Junto a los mojones, índices de concreto que marcan el futuro avance sobre lo poco que queda de este ecosistema, trazan la pintura decadente que anuncia la pantomima de “vida natural” que pretenden desarrollar allí. 
 Es el ideal al que aspira el mandamás local Juan Jose Mussi y su tropa de funcionarios “populares” para la localidad de Hudson, y que en buena medida se ha materializado. Es interesante, porque al parecer, en sus cabezas, no existe ninguna contradicción entre auto adjudicarse el mote de “nacionales y populares” y la constante enajenación de tierras públicas para levantar estos mega emprendimientos privados que de popular solo tienen el ejército de trabajadores precarizados que día y noche atraviesan sus perímetros para cuidar niños, limpiar casas o cortar el césped. Pero al margen de lo que suceda en sus cabezas, el resultado de esta política iniciada en los 90’ dista de empalmar armoniosamente con el auto adjudicado mote hipócrita. Es una política antipopular, antiobrera.
 El costo socioambiental está a la vista. Mientras en estos barrios privados la ola de calor se pudo atravesar apaciblemente (abundan las casas con pileta), tanto en el centro como en el resto de los barrios de Berazategui, durante la última ola de calor, un hilo de agua era lo único que se podía esperar cuando se abría la canilla. Es el resultado que la mayor demanda tiene sobre una red que, pese a los treinta y tantos pozos que el municipio dice tener en funcionamiento, es completamente ineficiente. 
 Ni qué decir del costo que implica el hecho de que los espacios de esparcimiento se vean cercenados por perímetros a diestra y siniestra. Lo que antes eran tierras públicas que podían ser destinadas a parques, hoy se ocultan celosamente tras los muros y alambres. La población trabajadora, que podía utilizar tales tierras para disfrute y distensión, se debe conformar con salir a caminar por las veredas lindantes al perímetro; siempre acompañados, claro, por una moto de seguridad que del otro lado observa e informa hasta el más mínimo de sus movimientos. 
 En cuanto a lo ambiental, suelo se remueve, se rellena y su biodiversidad se destruye. La flora autóctona es reemplazada por árboles y arbustos ajenos y dañinos para el ecosistema en el que se introducen. La fauna es expulsada por la destrucción de su medio y la ausencia de la mentada flora autóctona. Con las lluvias, producto de haber levantado el nivel de estos terrenos y de haber construido un perímetro más alto alrededor que evita que el agua baje hacia los mismos, esta corre hacia suelos más bajos amenazando con inundarlos. 
 Estas consecuencias se ciernen actualmente sobre Hudson. Los humedales y el bosque ribereño están a un paso de su devastación por el lucro privado en connivencia con el gobierno municipal.

 Todo comenzó con una calle 

El orígen de esta situación se remonta al 2011. Todo comenzó con una calle. Permitir un mejor acceso de los vecinos de Berazategui a la costa del río fue la excusa perfecta para abrirle paso a su privatización. Poco tiempo después, las tierras enmarcadas dentro de una zona de reserva sólo destinadas para uso rural y recreativo, fueron rezonificadas por ordenanzas municipales (como la 4933/13) viabilizando de esta manera la construcción de los barrios privados.
 Luego comenzó el movimiento del suelo, aparecieron los mojones y las casas que estos anunciaban. Hoy, el megacomplejo de cuatro barrios privados “Pueblos del Plata”, que tiene como principal desarrollador a la empresa Caputo Hnos., se encuentra en avanzado desarrollo. No es, sin embargo, el único complejo en construcción. Crystal Lagoon, del otro lado de la calle 63, es otro de los mega emprendimientos en desarrollo (900 hectáreas). 

 La organización

 Ante tal atropello, surgieron organizaciones vecinales y ambientales para dar batalla a esta política. Son las organizaciones que ante los incendios del 2020 en los humedales tomaron la decisión de cortar la autopista para visibilizar el reclamo; y que con vecinos autoconvocados se le plantaron a los funcionarios en la audiencia pública del 2022, farsa vestida de proceso “democrático”, donde se buscó validar popularmente un proyecto de paseo costero que buscaba conectar la rotonda y playón de estacionamiento construidos en el 2011 con el barrio privado en construcción Puerto Nizuc (ex Puerto Trinidad) a unos pocos kilómetros de distancia por la costa del río. La oposición fue tajante, la municipalidad reculó y el proyecto fue momentáneamente parado.
 En febrero se le dio fuego nuevamente a los humedales. El precedente inmediato remite, como se dijo, al 2020. Pero esta vez los focos de incendio fueron muchos más y la ola de calor dificultó enormemente la tarea de los brigadistas. Los bomberos estuvieron batallando semanas, y no fue hasta las recientes lluvias que los focos terminaron de apagarse. 
 Esto deja una enseñanza vital para el movimiento ambientalista: si ellos no logran imponer su negocio mediante la farsa democrática, entonces lo impondrán mediante el fuego. Hace la excusa perfecta porque, ¿qué ecosistema puede defenderse si fue arrasado y por ende ya no existe como tal? 
 Es la misma excusa a la que en el último tiempo viene recurriendo el ejecutivo de Ensenada luego de intentar avanzar sobre los campos que se ubican a ambos lados de la ex ruta 19, entre la autopista Bs. As. - La Plata y la costa del río en Punta Lara. Declarada zona de amortiguación de la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra Iraola (desfinanciado y atacado sistemáticamente por los gobiernos provinciales -allí también avizoran un negocio-), la ruta que por allí pasaba, hoy destruida, quiere ser reconstruida para “renovar y poner en valor el camino que une las localidades de Punta Lara con Villa Elisa” (Info Blanco sobre Negro, 01/05/22). Justamente por eso comenzaron por llevar topadoras y tirar abajo árboles y arbustos. ¡Vaya manera de reconstruir una calle! Allí también hubo organización: un campamento se instaló por días y noches y logró frenar el avance de las topadoras. Antes, el concejo deliberante de Ensenada había expresado la necesidad e interés público para reconstruir la calle, tanto con votos oficialistas como macristas. El intento de avanzar sobre la zona de amortiguación del parque y privatizarlas es oficial. En Berazategui todo comenzó con una calle… 

 La cuestión de la reserva natural 

Todos estos incansables avances desde el Estado y las empresas privadas deben clarificar la lucha que se emprende desde las organizaciones. La destrucción del medio ambiente no terminará si no se termina antes con la necesidad vital del capital de mantener y acrecentar su ganancia, necesidad que lleva a devorar la naturaleza hasta extraer de ella la última gota de ganancia posible. Es por esto que la pretensión de reserva natural que muchas organizaciones levantan como reivindicación para los humedales en Hudson no conducirá a nada si se limita a plantearse dentro de los límites de una ordenanza o alguna iniciativa por el estilo. En el concejo deliberante no está la respuesta. Recordemos que esas tierras estaban protegidas por una ordenanza y luego otra la rezonificó y abrió la posibilidad legal a su privatización. 
 La lucha por una reserva natural en los humedales de Hudson es la lucha contra el capital inmobiliario y el Estado municipal. Solo la organización obrera contra el saqueo a sus vidas y al medio ambiente en el que ésta se desarrolla y del que ésta tanto necesita logrará tal pretensión. De otro modo, el proyecto de reserva naufragará como lo hace la Ley de Humedales en el congreso nacional. 
 Las organizaciones ambientalistas de la zona convocan el próximo sábado primero de abril a una movilización por el bosque ribereño y los humedales de Hudson y contra los incendios intencionales del pasado febrero. Política Obrera se hará presente señalando que la lucha contra la destrucción de los humedales y el bosque ribereño debe ser, en el fondo, una lucha contra el capital y su Estado. 
 ¡Abajo los negocios capitalistas en los humedales de Hudson!

 Facundo Perales Noya 
 01/04/2023

Del COVID-19 al dengue


Según el boletín epidemiológico que confecciona el Ministerio de Salud, en el último parte se registró un incremento del 95 por ciento en relación a los casos de dengue reportados en los siete días previos (4.828) y ya se notificó un total de 9.388 infecciones. Por su parte el boletín registra un leve aumento de los casos de COVID-19 de 800 casos a 1600. Se teme que esto sea una tendencia.
 “El aumento de casos de dengue, por lo general, es estacional. Durante febrero, marzo y abril la región de las Américas registra elevaciones que alcanzan picos a partir de la presencia del vector. Este incremento se correlaciona directamente con el mosquito y presencia de personas que tienen dengue”, explica Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud. (Página/12, 26/3). 
 A la fecha, de los 9388 casos, 8.504 no tienen antecedentes de viaje, 582 se encuentran en investigación y 302 fueron importados. Esto da cuenta que la circulación del virus que transmite el mosquito Aedes aegypti se dio a una velocidad mayor a nivel local que hace tres años. El virus tiene presencia en 13 jurisdicciones y ha provocado tres fallecimientos, dos en Salta y uno en Santa Fe. Particularmente en el caso de la ciudad de Buenos Aires (CABA), ya alcanza niveles significativamente superiores a los registrados en la temporada récord de 2020. Para la semana epidemiológica 10, la cantidad de casos autóctonos confirmados y en investigación era de 180 hace tres años, mientras que ahora llega -según los últimos datos oficiales disponibles- a 323. Esto es casi un 80 por ciento más. Esto llevó a que el barrio de Mataderos, donde se registra la mayor cantidad de casos, cambie el criterio epidemiológico, considerando a quiénes presenten los mismos síntomas como casos confirmados. 
 Paralelamente al crecimiento de casos de casos de dengue, que, a diferencia del COVID-19, no se transmite persona a persona, los registros de la última semana según el boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, dan cuenta de que la pandemia del COVID-19 no ha terminado. Luego de haber registrado el piso histórico de contagios durante la primera semana de marzo, en la última semana se registraron 1600 casos, mostrando un leve aumento. Esto en el marco de la decisión del gobierno de dejar sin funcionamiento el monitor de datos que actualizaba las cifras de nuevos casos y fallecimientos por COVID, incorporándose al Boletín Epidemiológico que se emite cada semana, con los informes de otras patologías en el país, incluyendo la viruela del mono, la gripe aviar y el cólera.
 El leve aumento de casos puede estar relacionado a una acumulación de datos (información sobre casos confirmados anteriores que recién impactan esta semana) o podría revelar un presunto cambio de tendencia. De darse la segunda opción, el posible rebrote -que el clima más frío del otoño podría potenciar- conviviría esta vez con una curva de dengue en crecimiento provocando el riesgo de la coinfección. Las consecuencias de ese combo actuando al mismo tiempo no son demasiado claras. La literatura científica ha hablado hasta el momento de dos escenarios: uno inocuo y otro de cuadros de mayor gravedad (Clarín, 27/3).
 Mientras la OPS (PAHO por sus siglas en inglés) sostiene que hay que seguir manteniendo el alerta por la pandemia de COVID-19 y no bajar la guardia, la epidemia del dengue se instala con fuerza y empieza a causar estragos en la población del país. La depredación capitalista del medio ambiente, consecuencia de las olas de calor, sequias e incendios, no hace más que provocar nuevas pandemias y epidemias. 

 Soledad Domínguez 
 30/03/2023

Covid-19: Argentina tuvo un “exceso de mortalidad” del 18,2% entre 2020 y 2021


Un informe emitido por el Ministerio de la Salud de la Nación (14/3) arroja datos acerca del exceso de mortalidad durante los años 2020 y 2021. El exceso de mortalidad compara el número total de muertes esperadas, de acuerdo a un promedio de años anteriores (en el caso de Argentina, 2015-2019), con las muertes efectivas que ocurren durante una crisis (epidemia, pandemia, catástrofe) en un período y lugar determinado. Si las muertes contabilizadas resultan más que las muertes esperadas se considera que hubo exceso de mortalidad; cuanto mayor sea este índice, más grave puede considerarse el impacto de la pandemia. (Argentina.gob.ar 14/3). Esto incluye tanto a las muertes por COVID-19 como aquellas que se vinculan directamente con la pandemia, como por ejemplo, por desborde del sistema de salud, problemas de acceso a la prevención y tratamientos de otras condiciones de salud, etc.
 Según este informe, en 2021, el exceso de mortalidad alcanzó el 26,3%, registrándose 89.895 fallecimientos por encima de lo esperado, 16,1 puntos porcentuales más que el año previo. El mayor exceso de mortalidad tiene lugar en el primer semestre, cuando se produce la segunda ola de COVID-19 por la introducción de variantes de mayor transmisibilidad y gravedad (principalmente Gamma), continúa el informe. Este número es superior a los de Chile y Estados Unidos, que en ese año fueron de 21,5 y 17,8 (Clarín, 21/03/2023). La diferencia en los números radicaría en que Chile y Estados Unidos fueron dos de los primeros países en aplicar las vacunas de ARN mensajero, como la Moderna o Pfizer, que demostraron ser más eficaces. ´
Por su parte entre los años 2021 y 2020 el promedio es del 18,2%, siendo superior al de Chile (17,3%) y más bajo que el alcanzado por otros países de Latinoamérica como Brasil (24,3%), Paraguay (31,8%), Colombia (32,9%), México (41,1%), Ecuador (43,9%), Bolivia (50,1%) y Perú (55,3%)”. 
 También, el informe arroja que el COVID-19 fue la primera causa de mortalidad en los grupos de edad de 25 a 74 años, a pesar de que en términos absolutos el número de fallecidos fue bajo en las franjas etarias más jóvenes” (Argentina.gob.ar). Además, se identifica al SARS-CoV-2 como segunda causa de muerte en las personas mayores de 74 años (por detrás de las enfermedades cardiovasculares), siendo que, en relación a la tasa de mortalidad, “las muertes por COVID-19 afectaron a los grupos etarios de edad más avanzada, registrándose el mayor número de muertes en las personas mayores de 55 años”.

 América, una de las regiones más afectadas por la pandemia

 La Organización Mundial de la Salud en su análisis de exceso de mortalidad, publicó los 25 países con mayor exceso registrado durante 2020-2021, correspondiendo muchos de ellos a países de América, dentro de los cuáles se encuentran: Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, México, Brasil, Chile, Estados Unidos. Esto ubica a la región como una de la más afectada por la pandemia. A tres años del comienzo de la pandemia de Coronavirus, las consecuencias sobre la población, siguen saliendo a la vista. 

 Soledad Domínguez 
 31/03/2023

Cristina 2023, Casación 2024


La inhabilitación para ejercer cargos públicos no es constitucional. 

 Con un llamativo elogio al ´timing´ político del tribunal, La Nación informa que la Cámara de Casación trasladó a 2024 su definición sobre la condena a Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad. 
 La manipulación de los plazos hasta el primer semestre del año próximo tendría como objetivo evitar que la Vice utilice la audiencia de Casación como tribuna en medio del proceso electoral. “Esta audiencia puede ser reemplazada por la presentación de un escrito. Pero, en otras ocasiones, Cristina Kirchner utilizó esta instancia para exponer oralmente ella misma sus argumentos y denostar a la Justicia. Por prudencia y ´timing¨ político, señalan fuentes de los tribunales, es muy improbable que los jueces fijen audiencia en agosto y en los meses subsiguientes, ya que las PASO son el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre” (LN, 26/3). 
 El kirchnerismo, embarcado en un supuesto clamor por la candidatura de su jefa, no ha dicho nada respecto a la postergación de los plazos; da por hecho que la condena será ratificada por todas las instancias subsiguientes. Entretanto, podría recurrir a los fueros institucionales en caso de que CFK se postule y sea electa en algún cargo. La dilación tampoco fue denunciada por el macrismo, embadurnado como está por los casos de Lago Escondido. El juez Marcelo Di Giorgi viene alentando el rechazo a la causa Cuadernos, en la cual está involucrado el 90 % de la patronal nacional. El poder judicial está administrando los tiempos y causas del llamado “lawfare”, en el intento de contribuir a azuzar el estallido económico y la hiperinflación y, por lo tanto, un derrumbe político preelectoral. 
 Cristina Fernández fue condenada, en primera instancia, a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Tanto los fiscales como la defensa han anunciado que apelarán la sentencia, en el caso de los primeros por no haber obtenido la condena por “asociación ilícita”. Los jueces del tribunal oral establecieron un plazo de 30 días hábiles al fiscal Diego Luciani y a los abogados de los condenados para ejercer la apelación. “Es un plazo excepcional, dada la extensión de la sentencia y la complejidad del caso” (LN, ídem). El tribunal de alzada, a su vez, también amplió los plazos, invocando la misma justificación. Recién una vez resuelta esta instancia quedará habilitado el recurso a la Corte Suprema, que no tiene plazos para definir. Hay una maniobra política para darle largas al asunto y para mantener una extorsión política sobre la Vice.
 Pero esto no es todo. La Cámara de Casación también tiene entre manos decidir si reabre las causas de Hotesur y del Memorando con Irán. Se descuenta que los abogados de CFK protagonizarán un festival de recusaciones. La sala IV que atiende el caso de Vialidad está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Hornos y Borinsky fueron los camaristas que ratificaron al juez Giménez Uriburu -cuando CFK lo recusó junto al fiscal Luciani por jugar al fútbol con Mauricio Macri- y al juez Gorini por dos reuniones con Patricia Bullrich cuando esta era ministra de Seguridad. Se trata de los jueces y el fiscal que impusieron su condena en Vialidad. Por otra parte, además, ambos camaristas ya habían sido recusados por Cristina Fernández en la causa por espionaje ilegal, donde ella se presentó como querellante. Les endilgó haberse reunido con Macri en la Quinta de Olivos. En el caso del juez Carbajo, se le podría atribuir prejuzgamiento por su intervención en la causa “Ruta del Dinero”: durante la revisión de la condena de Báez, el camarista sostuvo que el delito precedente al lavado de dinero era la obra pública y no la evasión fiscal como lo sostuvieron sus pares. 
 A lo que perseguidores y perseguidos no han hecho mención es que la Constitución nacional no dice nada sobre las condiciones que deben reunir los candidatos a presidente y senadores, fuera de la ciudadanía argentina y la edad mínima de 30 años. La inhabilitación para ejercer cargos públicos no se encuentra en el texto de la Constitución. Sí está planteada en la ley de partidos políticos, pero una ley no tiene status equiparable o superior a la Constitución. En estas condiciones, un fallo de prisión a un candidato a presidente, dado el conflicto que plantea, debería ser dirimido por la Corte Suprema. La sentencia del Tribunal Oral en el caso de Vialidad es inconstitucional. 

 Jacyn
 03/04/2023

sábado, 1 de abril de 2023

Empobrecimiento del trabajo, enriquecimiento del capital


El anuncio de una pobreza del 39,2%, subiendo más de dos puntos porcentuales en un año, sólo llamó la atención por un motivo: ese aumento -que lleva el número de pobres a 18 millones- tuvo lugar en un año en que el crecimiento de la “economía” (PBI) superó al 5%, y la industria, el 6,3%. Para encontrar otra circunstancia similar -más actividad económica y más pobreza- hay que remontarse al año 1996, es decir, al menemato. Los Fernández-Massa, por lo tanto, han logrado una ´hazaña´ que no tenía lugar desde hacía 28 años. Pero en una comparación más rigurosa, la situación se agrava, porque en el período 1996-1997, según nos recuerda el Centro de Estudios Laborales de la Universidad de La Plata, se perdieron 500.000 puestos de trabajo. En cambio, en 2023, de acuerdo a las estadísticas laborales oficiales, 600.000 personas se incorporaron al mercado de trabajo. O sea que con más de medio millón de argentinos percibiendo un ingreso laboral, sus familias terminaron el 2022 más pobres. 
 Para que esto ocurra, tiene que haberse producido una degradación fenomenal de las condiciones salariales y laborales del conjunto de la clase obrera, registrada y “no registrada”. Por empezar, hay que destacar que, de los 600.000 nuevos ocupados en 2022, casi la mitad -294.000 trabajadores- fueron contratados como “monotributistas”, representando un crecimiento del 11% de esta modalidad para ese año. El trabajo formal, en cambio, creció sólo un 3,2%. Los informes laborales identifican al monotributo como “empleo independiente”, cuando en la abrumadora mayoría de los casos es una relación de dependencia encubierta, que le permite al patrón evitarse el pago de aportes patronales, obra social y despedir al trabajador en cualquier momento. Ni qué decir que es el trabajo con “factura”, que habilita al desconocimiento de los salarios y condiciones laborales de convenio. Los monotributas ya representan un universo de 3 millones, el 23% de toda la fuerza de trabajo “registrada” en el país”. (Nótese que las estadísticas han metido al monotributismo en el empleo “registrado”, oficializando así al fraude laboral). 
 Pero la pauperización “en crecimiento” no sólo puede explicarse por la precarización del trabajo. Se ha operado también un descenso sostenido de los salarios formales, colocando a un número cada vez más importante de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. En noviembre de 2022, cuando la canasta de pobreza del INDEC ascendía a 140.000 pesos, el promedio del salario bruto de la mitad inferior de la escala salarial estaba en 155.000 pesos – unos 130.000 netos. En otras palabras: la mitad de los trabajadores “registrados” perciben un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Pero, ¿a cuánto se eleva esa cifra incorporando a los “no registrados” –changuistas, subocupados? No menos de otro 10 o 15% de la fuerza laboral. La pobreza se ha convertido así en la condición ´natural´ del 60 o 65% de la clase obrera en Argentina. 
 Naturalmente, la estadística de la “línea de pobreza” no representa una visión de conjunto sobre la pauperización, la cual debe incluir aspectos no salariales, como el hacinamiento habitacional y las carencias de atención a la salud. La extensión de las jornadas laborales y el desconocimiento de los convenios colectivos consumen aceleradamente la salud y las reservas vitales de la clase obrera.

 Velorio y fiesta 

 El "crecimiento" estadístico y de los resultados empresariales suele ser festejado por funcionarios como De Mendiguren – sin decir nunca que su contraparte necesaria es un aumento histórico en la tasa de explotación de la clase obrera. La indexación de los precios ha incrementado los beneficios del capital agrario e industrial. Fijan los precios de acuerdo a la cotización del dólar paralelo, mientras los costos de importación se determinan en el mercado oficial, que está un 50% abajo. De otro lado, los acreedores de la deuda pública tienen indexado su valor a la inflación o al dólar, el que fuera más alto. El aumento de tarifas, para que el usuario financie de antemano las inversiones que prometen los dueños, y por sobre todo el giro de ganancias al exterior, desvaloriza el ingreso de los trabajadores y revaloriza las ganancias de las patronales. La coalición armada en 2019, sus gobernadores, burócratas sindicales y dirigentes “sociales”, le han prestado un apreciado servicio al capital y a las patronales. 

 Marcelo Ramal 
 31/03/2023

La desvalorización de la fuerza de trabajo, ariete de la euforia capitalista


La pobreza incentiva la actividad y la ganancia del capital. 

 Un viejo aforismo de los economistas dice que las estadísticas muestran lo accesorio y ocultan lo fundamental. Nunca más cierto esto que con el informe del Indec que muestra un crecimiento de los índices de pobreza e indigencia en 2022, cuando el producto bruto de Argentina registró un aumento del 5,6%, uno de los más elevados en el concierto mundial. 
 ¿En qué consiste el ocultamiento? En que la suba del PBI anual obedeció, precisamente a la caída de los ingresos de la población trabajadora. Esto mismo ha ocurrido en la mayor parte de los países. El aumento de la tasa de beneficios y del monto de las ganancias incentivó al capital a poner en movimiento la capacidad instalada de las empresas e incluso a atreverse a realizar nuevas inversiones. En resumen: la pobreza no aumentó a pesar del aumento de la creación de riqueza, sino que el crecimiento de esta riqueza obedece fundamentalmente a la fuerte desvalorización de la fuerza de trabajo. Las patronales han demandado más fuerza de trabajo, porque el trabajo precario (no registrado, monotributista, facturero, economía popular); el trabajo flexible (extensión de la jornada laboral, aumento de los ritmos de trabajo, cláusulas que atan el salario al rendimiento laboral); y la inflación (precios que crecen por encima de los salarios); todo esto incrementó la tasa de explotación de la fuerza de trabajo y el monto total de las ganancias empresarias. Cuando Néstor Kirchner convocó a sus funcionarios a crear trabajo “como sea”, tuvo en cuenta esta finalidad: asentar la salida a la crisis de 2001/2 en la generalización del trabajo precario y de la flexibilización laboral. El aumento enorme de los ingresos de la soja ayudó a ‘lubricar’ esta desvalorización relativa de la fuerza de trabajo mediante una recuperación parcial de los salarios. Las crisis internacionales licuaron el lubricante y dejaron en pie un reforzamiento extraordinario de la capacidad del capital para extraer valor de la fuerza de trabajo. 
 La caída del valor de la fuerza de trabajo explica la recuperación de la tasa de empleo; al mismo tiempo, un número mayor de trabajadores compensa el derrumbe del consumo que causa la caída de los ingresos familiares. La pandemia fue un factor poderoso para impulsar esta tendencia, porque le dio al capital un medio para reforzar la caída de los salarios, por medio de la inflación, mientras el Estado lanzaba un enorme operativo de subsidios a las patronales, financiado por el gasto fiscal y la emisión del Banco Central. Los subsidios al capital han provocado un auge de la inflación a nivel internacional. No hay un solo medio de prensa financiero que no destaque que la inflación otorga un poder de fijación de precios abultados a los monopolios económicos. El conflicto, por caso, entre supermercados, monopolios de la alimentación y capital agrario está extremadamente vivo en Estados Unidos. 
 Desde el punto de vista político, la burocracia de los sindicatos aportó una enorme colaboración al derrumbe del valor de la fuerza de trabajo, primero mediante la renuncia a actualizar los convenios, bajo la cuarentena, luego mediante la firma de paritarias inferiores a la inflación. Por sobre todas las cosas, la burocracia colaboró, sin distinciones de color político, en la firma de convenios de flexibilidad laboral. La desvalorización de los salarios indujo a numerosos trabajadores a compensar la caída de ingresos mediante el alargamiento de la jornada y la semana laborales, y a la aceptación de cláusulas de ‘productividad’. 
 Todo esto explica una segunda ‘anomalía’ – el inquebrantable apoyo de la burguesía, incluso la internacional, al gobierno de los Fernández, en medio de una cesación de pagos de la deuda pública, circunstancias de crisis políticas a repetición, luchas faccionales y hasta picos de ingobernabilidad. Explica asimismo la crisis que asola a la llamada ‘oposición’, a pesar de sus triunfos electorales de medio término. La expansión artificial del mercado local de capitales es una expresión del retroceso social aplicado a los trabajadores. Circula una deuda que se acerca al equivalente de 100 mil millones de dólares, que todo el ‘mercado’ sabe a ciencia cierta que será defaulteada. 
 Un aspecto fundamental que ha movido la concentración de ingresos en manos del capital y el empobrecimiento de las masas ha sido la política impositiva. La suspensión de las exenciones impositivas a los importadores, que el gobierno acaba de anunciar, ha sido calculada en un billón de pesos, el equivalente a 25 mil millones de dólares, al tipo de cambio paralelo, y a 50 mil millones, al oficial. Es entre el cinco y el diez por ciento del PBI. El déficit fiscal, apuntado como el responsable de todos los males de Argentina, no supera el 2,5% del PBI. Esas exenciones no incluyen a las que reciben las petroleras de Vaca Muerta, ni a un sinnúmero de empresas cartelizadas. Con un montón de gastos fiscales superfluos, Argentina podría tener un holgado superávit, sólo con anular los subsidios al capital. Los Fernández y Massa han ido, en cambio, contra los jubilados, los trabajadores del estado y los gastos sociales.
 La ‘bonanza’ de 2022 parece haberse acabado: las previsiones para 2023 anuncian un estancamiento o caída de la actividad económica. Pero se trata de un pronóstico controversial, porque hay quienes sostienen lo contrario – seguirá el “crecimiento”, aunque menguado. La razón para un panorama adverso sería el llamado desequilibrio “macroeconómico”, o sea la dificultad para financiar importaciones para la producción. El reequilibrio de cuentas externas por medio de una devaluación masiva o megadevaluación, se encuentra relativamente bloqueado por el temor a que produzca el estallido del conjunto de las relaciones económicas y sociales. Argentina tampoco tiene mucho para exportar, debido a la sequía, y tiene mucho para pagar: giros de dividendos e intereses al exterior y amortización e intereses de la deuda pública. No son limitaciones particulares de la economía de Argentina, sino del conjunto de la economía mundial. Las rebeliones populares y las huelgas en Alemania, Francia, España, Portugal y Grecia obedecen a la misma combinación de desvalorización de la fuerza de trabajo por medio de la inflación, de un lado, y de la precarización y flexibilización laborales, del otro.

 Jorge Altamira 
 31/03/2023

"Crecimiento del capital, degradacion del trabajo" Editorial de Marcelo Ramal

#AltamiraResponde "¿Crees que China le va a dar armas a Rusia?"