jueves, 26 de noviembre de 2020
miércoles, 25 de noviembre de 2020
Jornada por la libertad del fotógrafo argentino detenido en Bolivia
Este martes 24 se realizó una concentración frente a la embajada boliviana y seguidamente una movilización a la Cancillería en reclamo de la liberación de Facundo Molares, fotógrafo que lleva alrededor de un año detenido en el país hermano.
Molares se encontraba en Santa Cruz de la Sierra cuando debió ser hospitalizado en el Hospital Japonés debido a una descompensación, en noviembre de 2019 -mes en que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. Aún en terapia intensiva, Molares fue imputado en una causa fabricada por el gobierno golpista, que lo acusó de incitación a la violencia por su presunta participación en un bloqueo en el puente La Amistad. A fines de noviembre, fue trasladado al penal de Palmasola y posteriormente al de Chonchocoro en La Paz.
Recientemente, Molares contrajo Covid-19 y debió ser trasladado a un hospital. El ensañamiento de la justicia boliviana se revela en que fue esposado a su cama.
Todo el proceso se caracteriza por serias irregularidades. El padre de Facundo, Hugo, juez de Paz en Trevelin (Chubut), viajó en noviembre pasado y apenas le permitieron ver a su hijo. Fue maltratado y amenazado de muerte.
Por estos días, circulan versiones de negociaciones entre el gobierno argentino y el nuevo gobierno boliviano a efectos de lograr la libertad de Molares.
En la actividad realizada en Buenos Aires participó una delegación de la Agrupación de Trabajadores Bolivianos (Atrabol), el Partido Obrero, Quebracho, la CTD Aníbal Verón y la Coordinadora de Unidad Barrial (Cuba), entre otras organizaciones.
Reclamamos la libertad inmediata y la repatriación para Facundo Molares. Juicio y castigo a todos los responsables del golpe.
Prensa Obrera
El presupuesto de Larreta, Tinelli y Costa Salguero
El presupuesto 2021 que acaba de presentar Larreta demuestra la concepción “particular” de la autonomía porteña que tienen los partidos que gobiernan o gobernaron la Ciudad.
La ´soberanía´ distrital siempre se ha esgrimido para el remate de tierras públicas, negociados con la renta del suelo, impuestazos contra los vecinos y creación de cuerpos burocráticos propios – policía, justicia. En cambio, los “límites” de esa autonomía aparecieron siempre a la hora de consagrar derechos a quienes trabajan o viven en la CABA – por caso, un salario o jubilación mínimas que cubran el costo de la canasta familiar en el distrito, o un régimen de impuestos especiales al capital financiero o comercial radicado en la Ciudad. “No podemos discriminar a las empresas instaladas en el distrito”, dijeron sin grietas los macristas o kirchneristas, sin atender a la renta extraordinaria que perciben los capitales por encontrarse radicados en el centro económico del país.
Pero ahora, los mismos que no querían ´castigar a los bancos´ han resuelto castigar a los usuarios de los bancos, es decir, a los trabajadores que cuentan con tarjetas de crédito emitidas en el distrito.
Larreta ha restaurado también un impuesto a la tenencia de Leliqs, que también lo terminará pagando el Banco Central -y por esa vía toda la población- cuando el banco eleve los intereses de las Letras , o produzca las mismas consecuencias en caso de que no las renueve a su vencimiento.
Larreta, además, continúa con la indexación del ABL, en defensa de la recaudación estatista que denigra cuando la usa un rival. También lo hace con otros tributos–como el de ingresos brutos- que se trasladan a los precios. A pesar de estos mazazos, los gastos previstos en la Ciudad para el 2021 serán -en términos reales- un 15% inferiores a los del año que pasó. La obra pública -que involucra a hospitales y escuelas- ha sido reducida brutalmente, y los salarios volverán a ajustarse por debajo de la inflación.
Aún así, el plan de ingresos y gastos presentado para el 2021 es, más que nunca, una impostura. Larreta lo reconoce, pero sólo parcialmente, al anunciarlo como “presupuesto de contingencia”. Hace referencia al juicio contra el “egreso” de fondos por el recorte a la coparticipación federal por parte del gobierno nacional, que está en manos de la Corte. De lo que no habla, en cambio es de los ingresos “contingentes” asociados a las operaciones inmobiliarias, como la que se pergeña ahora en Costa Salguero, cuya rezonificación –para la erección de torres de altura- se encuentra bajo trámite legislativo. El mismo destino correrá el predio recuperado por el club San Lorenzo, si todo sale bien. “La vuelta a Boedo”, que se le vende a la hinchada, contrabandea una vasta “puesta en valor” de tierras en beneficio del clan Lammens- Tinelli, o de los asociados al emprendimiento. El presupuesto 2021 nada dice del dinero a ingresar por las subastas de tierras. La población seguirá siendo confiscada del derecho al aire y a los espacios públicos, y del derecho a la vivienda.
“No vas a perder nada”, dicen que le dijo Alberto Fernández a Larreta, el día que anunció el recorte de los fondos nacionales a la Ciudad. Sabía porqué lo decía.
Pero los médicos y enfermeras, que “pierden” todos los días, están en una enérgica movilización por su salario. La población desocupada de los barrios sale a la lucha por asistencia alimentaria y el derecho al trabajo. La docencia y la juventud, por sacarse de encima a una ministra bolsonarista. Sirvámonos de la oposición al presupuesto 2021 para enlazar a todos estos movimientos de lucha; inmediato aumento de salarios; ningún impuestazo; reconocimiento de derechos a enfermeras y enfermeros; duplicación del presupuesto de salud; abajo la privatización de tierras públicas, urbanización de las villas y barrios, dirigida por sus habitantes.
Marcelo Ramal
24/11/2020
“Plan de los 1.000 días”: mucho ruido y poca plata
El gobierno nacional, junto con el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo, envió una Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.
La “ley de los 1.000 días” apunta, dice, a "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
El plan “está pensado con asignaciones, derechos y ampliaciones de beneficios que ya existían y que no alcanzaban a trabajadoras y trabajadores en la informalidad, o en la economía social o popular", según explicó la ministra de Mujeres y Género Gómez Alcorta (Télam, 17/11).
Más claro: se excluye de beneficio adicional o específico a las trabajadoras en relación de dependencia. Para ellas no ha mil días. Aunque “la mitad de los salarios del sector formal de la economía argentina están por debajo de la línea de pobreza” (Infobae, 22/11).
Pero aún en el caso de las trabajadoras precarizadas o desocupadas, los beneficios son apenas una módica ampliación de lo que ya reciben. Quienes cobran la AUH recibirán la asignación por nacimiento y adopción que hasta ahora no cobraban ($3.540 por única vez). La Asignación Universal por Embarazo ($3.540) pasa de seis mensualidades a nueve. Y las madres de hijos menores de tres años recibirán una vez al año la “asignación por Cuidado de Salud Integral, equivalente a una AUH” ($3.540) por cada hijo.
El Programa anuncia la “provisión gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia”. Entre los “insumos”, se mencionan “medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez”. La provisión gratuita de medicamentos esenciales ya está prevista por el Plan Remediar sin límite de edad, del mismo modo que las vacunas que integran el Plan Nacional de Vacunación. Nada nuevo bajo el sol. El programa establece mecanismos para facilitar la documentación del recién nacido -unos 10.000 niños por año no son inscriptos, explica- y de chicos indocumentados. Y garantiza que “se informe a las mujeres y otras personas gestantes, sobre su derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, obstétrica e institucional y que se les brinde información sobre los dispositivos de atención y denuncia existentes” (sic). ¡Se informe!
En la Argentina, según Unicef, el 62,9 % de los menores de 14 años son pobres. Más de 8 millones de chicos. Y de éstos, 2.400.000 viven en hogares indigentes, su familia no alcanza a comprar los alimentos básicos. Pasan hambre (Página/12, 5/8).
“Una persona embarazada podrá cobrar un total de $31.860 que se dividiría en los pagos mensuales y el pago a fin de año con la presentación de la Libreta Nacional de la Seguridad Social (El Cronista, 18/11). Los recursos que “articula” el plan de los mil días, como se ve, no llegan muy lejos.
La exigencia de una maternidad y una infancia saludables bajo el capitalismo va ligada a que la madre -y el padre- tengan un trabajo bajo convenio, un salario sobre la línea de pobreza y una vivienda decente, con agua potable. Que las escuelas tengan vacantes, espacio suficiente y docentes bien pagos. Que el sistema de salud funcione. El derecho a interrumpir un embarazo o a no tener hijos es indisociable del derecho a la maternidad y a que el peso de la crianza no recaiga exclusivamente sobre la madre de familia. Más claro: que el Estado garantice la salud, la educación, la vivienda y la recreación de los chicos. Brutales utopías para un régimen social que se desmorona y que destina todos sus recursos al salvataje del capital.
La proliferación de las tomas, las nutridas movilizaciones del movimiento de desocupados -que integran mayoritariamente mujeres- y la lucha por el salario en toda la geografía nacional muestran que la familia obrera sabe perfectamente qué necesita. Nada de eso entra en los planes de un gobierno signado por el derrumbe económico, impotente ante la crisis humanitaria y social.
Olga Cristóbal
24/11/2020
martes, 24 de noviembre de 2020
Acuña, la buena alumna del Banco Mundial
Diagnósticos clasistas sobre el cuerpo docente
Bárbara Bruns y Javier Luque, del Grupo del BM, en un estudio de 2014 titulado “Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, se preguntan: “¿Qué sabemos acerca de las características y el desempeño de los profesores en América Latina y el Caribe?”, a lo cual responden: “los datos disponibles muestran un panorama inquietante”.
Los puntos que despliegan como “alarmantes” son que el cuerpo docente está conformado “En su mayoría mujeres, de posición socioeconómica relativamente baja”. Al mismo tiempo sostienen que “Los datos sobre ingreso a las universidades muestran que los estudiantes que cursan carreras relacionadas con la educación son de condición socioeconómica más baja y tienen más probabilidades de pertenecer a la primera generación de sus familias que tiene estudios universitarios, que quienes ingresan en otras carreras (…) y, en consecuencia, tiene aspiraciones académicas más limitadas”.
El ´diagnóstico´ de los banqueros asegura que “...en la mayor parte de América Latina, el cuerpo docente está envejeciendo”. Para completar el cuadro, plantea que los docentes latinoamericanos tienen “elevados niveles de educación formal, pero escasas capacidades cognitivas” A esta última afirmación llegan mediante la valoración de los resultados obtenidos en las evaluaciones estandarizadas, digitadas por el mismo BM, como las evaluaciones PISA que se realizan desde el año 2000 en Argentina.
Las reformas educativas basadas en evaluaciones censales, externas y estandarizadas vienen siendo impulsadas y aplicadas desde hace más de 20 años en gran parte de América Latina. El BM es su principal ideólogo y los diferentes gobiernos de la región su brazo ejecutor como quedó en evidencia en las reformas implementadas en México, Perú y Chile que derivaron actualmente en rebeliones populares, con la juventud trabajadora excluida de la educación pública a la cabeza, que están poniendo en jaque a los regímenes políticos de la región.
Acuña repitió la lección del BM al pie de la letra aunque no se animó a decir que el hecho de que el cuerpo docente sea altamente feminizado representa un problema. Evidentemente no quiere que la marea verde se sume al “Fuera Acuña” y se la lleve puesta. Pero Acuñña es una ´alumna ejemplar´ que se suma a la cadena de gobiernos que atacaron a la docencia para avanzar en el vaciamiento de la educación pública argentina. Cristina Fernadez, el 1° de marzo de 2012, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y en medio de las negociaciones salariales, dijo que los docentes trabajaban "cuatro horas" y tenían "tres meses de vacaciones", ocultando el hecho de que la docencia tiene que trabajar hasta dos o tres cargos para llegar a fin de mes y que estatutariamente le corresponden 30 días hábiles de vacaciones. Las leyes educativas del kirchnerismo abrevan en la misma fuente que la ministra.
Los gobiernos apuntan sus cañones contra la docencia y desligan al Estado de la responsabilidad en la degradación educativa para intentar avanzar con un plan que les es común a todos: la privatización del sistema público, un avance de la injerencia empresarial en políticas educativas para ligar la educación al mundo del trabajo flexibilizado y la formación en “habilidades blandas” de sujetos “empleables”. Esteban Bullrich, cuando ocupó la cartera educativa nacional, en el llamado “mini” Davos, presentaba esta concepción de la educación ligada a la productividad de estudiantes y docentes y proponía el “Plan Maestro” para profundizar los aspectos más regresivos de la Ley de Educación Nacional legislada bajo el gobierno kIrchenerista que asentó las bases para, por ejemplo, intentar avanzar en “prácticas profesionalizantes” precarizadas y compulsivas en las escuelas técnicas en el marco de “la Secundaria del Futuro” y liquidar las escuelas de Educación especial.
Sindicatos
El estudio del BM sostiene que “En comparación con parámetros internacionales, los sindicatos docentes de América Latina y el Caribe se consideran especialmente poderosos”. Para poder minar este poder de resistencia que resulta una traba para los planes de contrarreforma, el organismo propone que “los líderes políticos pueden establecer alianzas eficaces a favor de la reforma entre directivos de empresas y la sociedad civil mediante campañas de comunicación que muestren de manera convincente las falencias actuales del sistema educativo y la importancia de contar con una mejor educación para acceder a la competitividad económica. Si se unen adecuadamente dos lados del triángulo de partes interesadas (sociedad civil y Gobierno) en diálogo con la tercera parte (las organizaciones docentes), se puede crear el espacio político para la adopción de reformas, incluidas tres que desafían los intereses de los sindicatos (evaluación del desempeño individual de los profesores, pago diferenciado por desempeño y pérdida de la estabilidad laboral)”.
Cuando Acuña llama a las familias a la delación y sostiene que su gobierno va a limitar la injerencia de los sindicatos en políticas educativas se está desplegando al pie de la letra la estrategia del BM para debilitar a las organizaciones obreras y las conquistas del gremio – por ejemplo, la liquidación de las Juntas de clasificación fue la base para avanzar sobre los actos públicos o para impulsar una mayor precarización laboral con el objetivo de atar el salario y la estabilidad laboral al ´desempeño´.
Se torna de primer orden luchar por fortalecer una estrategia de fortalecimiento de la unidad docentes-familias y por sindicatos independientes, en defensa de la educación pública y de los derechos estatutarios de los trabajadores de la educación.
Ana Belinco
24/11/2020
La “escuela de verano” de Soledad Acuña
Cruzada del gobierno porteño contra docentes, familias y escuela pública.
La ministra Acuña anunció el lanzamiento del programa “escuela de verano”, a desarrollarse entre el 4 de enero y el 5 de febrero de 2021, en el que se ofrecerían actividades deportivas, recreativas y escolares. Esta escuela “de verano” tendría, como espacio físico, la propia institución escolar (116 primarias y 15 secundarias) y algunos polideportivos de la Ciudad - más un refuerzo virtual.
Sin ninguna comunicación oficial dirigida a los/as docente porteños, el gobierno de Larreta sigue sosteniendo una puesta en escena, en un contexto epidemiológico incierto.
Desarmando el discurso
“Vacaciones en la escuela” es un programa de Escuela Abierta y, según informes del GCBA, en los últimos años ha contado con la concurrencia de aproximadamente 11.500 niños/as de entre 4 y 12 años. El programa se sostiene con el trabajo de personal contratado, con salarios magros (que se cobran meses después) y con contratos precarizados, impidiendo la posibilidad de tomarse licencias (en contexto de pandemia, esto es aún más problemático). En un gran porcentaje, quienes trabajan en el programa son estudiantes de profesorado y docentes de programas socioeducativos (por fuera del estatuto, no perciben salario durante el receso vacacional), pero también docentes titulares, suplentes e internos que se ven forzados a trabajar también en vacaciones para paliar la situación de cobrar un salario de pobreza. Para la edición “Verano 2021”, los requisitos de inscripción ya han sido publicados en la web oficial del GCBA (https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelaabierta/vacaciones-en-la-escuela/inscripcion-docentes-y-administrativos), sin ninguna aclaración respecto a la cuestión salarial.
La inscripción ya está abierta. Según las declaraciones de Acuña, la escuela de verano, en esta ocasión, estaría dirigida a los/as estudiantes cuya valoración pedagógica los coloque “en proceso” (lo que implica la promoción al año siguiente en forma de “promoción acompañada”) para “cumplimentar el aprendizaje de los contenidos priorizados por el ministerio” desde un enfoque “lúdico-recreativo, deportivo y cultural”. A su vez, la ministra volvió a colocar la necesidad de calificar a los/as estudiantes de los últimos años de nivel primario y secundario con escala numérica.
Pero en la Ciudad de Buenos Aires (y en todo el país), la famosa “continuidad pedagógica” (y el abordaje de los contenidos priorizados) fue sostenida por los y las docentes, con sus propios recursos y sin ninguna respuesta por parte del gobierno porteño a los reiterados reclamos para resolver los problemas de conectividad en los barrios y la falta de acceso a las PC por parte de los estudiantes. Docentes y familias se vincularon -no sin dificultades- por diversas redes, incluido el WhatsApp y clases virtuales, además de la entrega de alimentos y materiales pedagógicos presenciales en las escuelas, cada 15 días.
La calificación y la “escuela en verano” son el resultado de una política de gobierno que intenta disciplinar y regimentar al conjunto de docentes y familias que han enfrentado, de conjunto, la política aperturista que condena al contagio en plena pandemia. Prueba de esto es el bajo porcentaje de asistencia a las burbujas que se vienen desarrollando en las escuelas en el presente ciclo lectivo (alrededor de un 2% de los convocados, por ejemplo, en el nivel primario).
Esta política del gobierno se inscribe en la ya anticipada vuelta a clases del ciclo lectivo 2021, y tiene por objetivo, también, sentar las condiciones del regreso en febrero.
La escuela: “construir futuro”
Tal como ocurrió con los protocolos de las “burbujas”, la escuela de verano no tiene ningún fundamento pedagógico real que amerite que cientos de niños/as de la Ciudad deben asistir a clases en el período vacacional. Las escuelas, como espacio físico, no cuentan con las condiciones necesarias para alojar a estudiantes en verano y, a su vez, la situación pandémica sigue presente en la cotidianeidad de las familias trabajadoras de la Ciudad, incluyendo a los y las docentes.
La ministra, por su parte, recogió también el guante sobre las repercusiones que generaron sus dichos respecto al trabajo docente, la formación de los trabajadores de la educación y el rol de los sindicatos. Intentó soslayar este ataque profuso a la educación pública colocándose en el lugar de la defensora de la escuela como “construcción de futuro”. Acuña, y el régimen social que defiende, son partidarios de una educación que reproduzca la cultura dominante para perpetuar el orden establecido. La construcción de futuro a la que hace alusión la ministra tiene de ninguna manera tiene que ver con garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y adolescentes de la Ciudad. Mucho menos, con la protección de su salud integral.
Sigue en manos de la docencia la necesidad de profundizar las instancias de deliberación y organización en defensa de nuestra salud y condiciones laborales, incluido el inicio del ciclo lectivo próximo.
Rechazamos la escuela de verano “edición 2021”. No a la presencialidad en pandemia.
Flor Palombo
24/11/2020
La Corte Suprema dijo no a la prisión preventiva de César Arakaki
La Corte Suprema de Justicia puso fin a la pretensión del Ministerio Fiscal Federal de revocar la libertad de César Arakaki, militante del Partido Obrero que fue detenido y acusado de lesiones, intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, por los hechos acontecidos durante la movilización del 18 de diciembre del 2017 en la marcha en contra de la reforma previsional macrista.
La Cámara de Apelación Federal había resuelto revocar las excarcelaciones que había concedido el entonces juez federal Sergio Torres. Las defensa de Apel (Asociación Profesionales en Lucha) de los compañeros Arakaki y Ponce apelamos ante la Casación y los jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa hicieron lugar al planteo y resolvieron mantener su libertad a la espera del juicio oral.
En ese momento el tribunal criticó que al dejarlos presos “se omitió toda referencia a las condiciones personales y de arraigo de los imputados y no se ponderó la conducta durante el proceso. Los encartados se encuentran debidamente documentados y cuentan con sus respectivos grupos familiares. Al haber tomado conocimiento de su detención, ambos se presentaron a estar de derecho”.
La fiscalía General a través del fiscal Plee, interpuso ante esta resolución Recurso Extraordinario, que fue rechazado por Casación, por lo cual en una insistencia inusitada interpuso el Recurso de Queja ante la misma Corte Suprema de la Nación, que rechazó la misma por considerar que el recurso extraordinario, cuya denegación había dado origen a la queja era inadmisible. Cerrando así, en forma definitiva la posibilidad de que le sea revocada la libertad de Cesar Arakaki y a Dimas Ponce antes de una condena.
El juicio contra Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, por estos hechos se han realizado durante todo el año, con excepción de un periodo paralizado por la pandemia. Dimas Ponce aceptó una probation que está cumpliendo, aunque la fiscalía ha apelado y casación debe expedirse sobre su pertinencia.
En las audiencias del juicio en curso, ya ha quedado claro que César Arakaki fue totalmente ajeno a las lesiones graves del oficial Escobar que le fueron imputadas, y la fiscalía lejos está de acreditar la intimidación pública que pretende sostener. A pesar de ello el ahínco del ministerio fiscal por condenar se expresa en el aumento de fiscales que participan en el juicio para acusar, que ya suman tres.
Por la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, militantes populares contra la reforma previsional macrista.
Claudia Ferrero
APeL
lunes, 23 de noviembre de 2020
Tucumán: pandemia y narcomafia en el sistema de salud
A pesar que ha declinado el nivel de contagios, la provincia se mantiene en una meseta alta de 500 a 600 casos diarios, lo que hace posible nuevos rebrotes y picos de contagios, en la misma medida que el gobierno ha liberalizado casi por completo la actividad productiva, comercial y el transporte.
Los trabajadores de la salud, son unos de los sectores más castigados por la pandemia. Los contagiados superan los 5.000 y las muertes llegaron a 80. A pesar de ellos, las denuncias sobre los bajos salarios, el sobre trabajo por la falta de personal, la falta de insumos y atropellos de todo tipo por parte de las autoridades ha sido una constante. Esto explica que el proceso de lucha se esté generalizando y profundizando. En las últimas dos semanas, el SITAS que se encontraba completamente paralizado, ante un proceso creciente de pronunciamiento y acciones autoconvocadas se vio obligada a convocar a una interhospitalaria, regimentada, a pesar de ello se vieron obligados a convocar a una caravana y para el miércoles 25 a una marcha de antorcha. En paralelo, por medio de autoconvocatoria, este viernes se ha producido una importante movilización conmemorando el día de la enfermería y en homenaje a todo el personal fallecido en la lucha contra el Covid 19.
En este escenario, salió a luz una organización narcomafiosa en el SIPROSA. A raíz de la detención de una pareja en Santiago del Estero, se descubrió que transportaban 150 kilos de marihuana para ser distribuida en Tucumán. Uno de los detenidos, Busto, trabajaba en el área de la salud, “Tucumán te Cuida”, que se ocupa precisamente de controlar la salud de quien ingresa a la provincia. Esta fue la punta de ovillo a partir de la cual se puso al descubierto la existencia de una banda que ingresaba marihuana desde Corrientes y cocaína desde Bolivia, la que era depositada en los galpones del Departamento de Operativos Móviles del SIPROSA. Luego, en muchos casos, usando las propias ambulancias del sistema, se realizaba la distribución abasteciendo a media docena de bandas narco que comercializaban la droga en barrios de la capital y las principales ciudades del interior. Hay varios imputados, todos ellos vinculados al concejal del PJ José Luis Coronel y al legislador del PJ, René Ramírez, quien es a su vez el secretario general de ATSA, el gremio de la salud más numeroso. Coronel también integra la directiva y todos los imputados han jugado el papel de delegados o integraron patotas del gremio y han participado de las campañas electorales de los acoples de Ramírez y Coronel.
Todos los imputados tienen antecedentes por amenazas, robos, y otros delitos, a pesar de lo cual, a la hora de ingresar al sistema de salud, presentaron antecedentes intachables emitidos por la policía, lo que muestra el entrelazamiento de la policía con la banda y las autoridades del SIPROSA. En referencia a todo el caso, cuando Busto fue detenido, el director del SIPROSA, Luis Medina Ruiz, sostuvo que era un trabajador temporario desde hacía 6 meses. Luego se descubrió que trabaja en el sistema desde hace cuatro años en áreas bien sensibles y estratégicas para el accionar de la banda.
Las instalaciones del Departamento de Operativos Móviles del SIPROSA que era usado como depósito de la droga, a pesar que era una repartición del estado provincial, tenía un sistema de vigilancia que no estaba a cargo de la policía, sino de una agencia de seguridad privada, que pertenecería a “Feto” Soria, un ex miembro del Comando Atila, una banda parapolicial que protagonizó acciones resonantes en la década del 90.
Ahora que se destapó la olla, se supo que la investigación sobre esta banda se viene realizando desde 2016 y que en mayo de 2019 el juez federal Bejas desistió de realizar una serie de allanamientos por “la falta de elementos probatorios” y que se debía profundizar la investigación. Luego de ello, a partir del cambio de gobierno a nivel nacional, el personal que estaba a cargo de la investigación fue destinado a otras provincias o pasaron a retiro.
Frente a todos estos hechos, Manzur ha guardado silencio. Es que la ministra de Salud, Chahla, a quien postula como candidata para el año que viene, es también la responsable del SIPROSA. La crisis y descomposición del sistema de salud provincial no lo va a resolver un gobierno entrelazado con las mafias y con todos tipos de negociados.
Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de lucha contra el covid 19, que se contagian y mueren en esa lucha, pero que también se autoconvocan, se organizan y luchan por sus derechos, tienen que tomar carta en este asunto.
Daniel Blanco
21/11/2020
Acuña representa una política educativa
En los últimos días ha tenido gran repercusión los dichos de Soledad Acuña sobre la docencia y la formación docente. Ha recibido el repudio de las comunidades educativas y sindicatos, que se han expresado en pronunciamientos, cartas y un paro con movilización al Ministerio de Educación, impulsado por Ademys, reclamando la renuncia inmediata de la ministra. En consecuencia, y a dos años de la aprobación entre palos y gases, de la creación de la UniCABA; la CET y el CESGE convocan el martes 24, a una nueva movilización a la legislatura porteña contra el avance de la ´universidad de formación docente´ y por la renuncia de Acuña.
Según Acuña, “cuando nos va mal en las evaluaciones, no hay que mirar a los estudiantes sino a los que enseñan y cómo se aprende a enseñar”. No es casual que la ministra se haya metido de lleno con expresiones de ataque a la docencia y estudiantes del nivel superior: estamos en la antesala del inicio de la primera cohorte de la UniCABA.
A principios de este mes, el rector designado a dedo, Mariano Palamidessi, ha presentado en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña las primeras cuatro carreras de la universidad para el 2021, entre ellas, el Profesorado universitario de Educación Primaria que competirá directamente con la oferta ya existente en los actuales profesorados, diluyendo la tan mentada ‘co-existencia’ que el movimiento educativo ha caracterizado desde el inicio como una maniobra. Queda de manifiesto que las declaraciones de la ministra están enmarcadas en los lineamientos de los organismos de crédito internacional a cargo de las evaluaciones externas, que apuntan a la definitiva liquidación de los profesorados de la Ciudad. Es en realidad, la verbalización de los múltiples intentos de avances del “núcleo duro” de las reformas educativas en la ciudad. La Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente -que depende directamente de Acuña- se encarga de coordinar y supervisar a los institutos superiores, y de la elaboración de políticas y evaluación de los 29 profesorados, antes nucleados en la desmantelada Dirección de Formación Docente.
Los dichos de la ministra ´bolsonarista´ sobre “la edad elevada de los ingresantes (a la carrera docente), que ya han fracasado en otras carreras y traen un bajo capital cultural que se desprende de su bajo nivel socio-económico” (sic) son calcados del informe del Banco Mundial “Profesores Excelentes: cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, donde se impulsa que se intensifique una selectividad rigurosa en el ingreso a la carrera de manera tal de recortar la matrícula y la cantidad de institutos ya que, una cantidad ´excesiva´ de graduados docentes provoca “una desviación de recursos públicos”, según las aves rapaces de la economía mundial. Por lo que proponen, al estilo Finlandia o Singapur, acotar a unas pocas instituciones de formación que, a través de planes de estudios cortos y digitados por el Ministerio de Educación, apunten a la formación de un número mínimo de docentes que puedan adaptarse dócilmente a una educación al servicio del mercado con salarios diferenciados. Por lo que la evaluación de los institutos es parte de la receta del Banco Mundial que ha apuntado desde siempre a oficiar de transición entre los profesorados y la universidad de la Ciudad.
La implementación de la UniCABA ha chocado una y otra vez con la decidida unidad de docentes y estudiantes para frenar esta política anti-educativa. Y será este otro de los puntos que intentarán quebrar a través de planes de estudios con un gran porcentaje de sus cursadas de forma virtual, con docentes que oficiarán más bien de tutores sin ningún tipo de debate e intercambio, fragmentando el encuentro y la construcción colectiva de aprendizajes que propicia el aula. La educación virtualizada, a la que nos vimos forzados debido a la pandemia y el decreto de aislamiento, es utilizado por el ministerio como prueba de que sí se puede “educar” de forma remota y no sólo eso, también se puede formar a educadores que ´enseñarán y no militarán´, en un claro ataque a la libertad de cátedra y expresión. Esto cuando el Estado no ha destinado ni un solo peso a garantizar la virtualidad de docentes y estudiantes para sostener las cursadas y sí ha tenido una política de espionaje de las mismas colocando, de forma inconsulta, observadores virtuales de la Unidad de Coordinación en las plataformas de los profesorados, gracias al acceso que les otorgó el Ministerio de Educación Nacional.
La Unidad de coordinación y la UniCABA vienen también a reforzar la injerencia, vigilancia y el control ideológico en la formación docente y en todas las aulas. La invitación de Soledad Acuña a la delación por parte de las familias de ´aquellos docentes politizados que bajen línea´ es una expresión más de la política reaccionaria que vienen desarrollando con la venia del ministerio nacional y que ha llegado tarde en su propósito, la lucha de familias y docentes en defensa de la vida y contra la política de aperturas de escuelas ha consolidado una firme unidad de la comunidad educativa, que no es otra que la unidad de los trabajadores ante la catástrofe social y los desafíos que nos impone.
La lucha contra la UniCABA hoy requiere que los profesorados, docentes, centros de estudiantes deliberen y resuelvan los pasos a seguir, apoyados en la experiencia de estos tres años, para derrotar los avances en la implementación del profesorado universitario de educación primaria, contra el cierre de los postítulos docentes y de las evaluaciones a los 29IFD.
No a la UniCABA.
Fuera Acuña.
Gisela Dorado
23/11/2020
domingo, 22 de noviembre de 2020
CABA: el Presupuesto 2021 viene con impuestazos y más ajuste
De la primera lectura del Presupuesto 2021 enviado por Larreta a la Legislatura queda claro que estamos ante un ajuste recargado, que contiene impuestazos, rebajas salariales y parálisis de la obra pública en cuestiones muy sensibles. Un destaque especial merece el anuncio de la creación de un nuevo impuesto sobre el consumo de tarjetas de crédito, que representará el 1,2% sobre el total de los gastos realizados. Según lo dispuesto, se aplicará sobre todas las tarjetas emitidas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual puede alcanzar también a personas de otros distritos. El impacto de este impuesto será costeado por los consumidores, encareciendo las compras y también los intereses que se pagan por las tarjetas. De ese modo se refuerza el carácter regresivo del sistema impositivo, que tiene por basamento los impuestos al consumo que afectan especialmente a los trabajadores, ya que todos pagan el mismo porcentaje con independencia del nivel de ingresos.
Junto con este nuevo impuesto al consumo, el Presupuesto seguirá encareciendo el pago del inmobiliario ABL y de Patentes. Ambos se actualizarán por inflación, lo cual impone un principio diferencial, pues los salarios de los trabajadores no seguirán ese mismo parámetro. Así, el peso relativo de estos dos impuestos sobre los ingresos de las familias será mayor al del pasado.
El gobierno de Larreta también anunció que eliminará la eximición del pago de Ingresos Brutos sobre las leliq y los pases bancarios. Este anuncio podría tener un carácter progresivo, en la medida que se garantice que los bancos no pidan compensarlo con una suba la tasa que paga el Banco Central y/o trasladen el pago del impuesto a sus clientes mediante una suba de las tasas de interés que cobran por sus créditos o servicios. Para eso se debería abrir los libros de los bancos y establecer un control directo, algo que está lejos del horizonte del gobierno local.
El ajuste del Presupuesto no viene solo por el lado de los ingresos que busca reforzar con impuestazos, sino también por la poda de los gastos. En relación a los trabajadores de la Ciudad establece que los aumentos paritarios estarán por debajo de la inflación, algo que ya sucede en el año en curso, en el que las paritarias han implicado una pérdida del nivel adquisitivo del salario del orden del 15 al 20%. La pérdida para el año entrante puede ser aún mayor, pues prevé aumentos del 27% cuando la inflación que pronostica el Banco Central se encuentra en el 51,8%. Así, solo en dos años, los trabajadores podrían tener una pérdida del 40% de sus ingresos. Es muy probable que junto con la reducción salarial se apliquen despidos masivos, como sucedió este año en varias dependencias públicas. Estos despidos se aplican dando de baja las locaciones de servicios, una modalidad precarizadora con la que están contratados miles de trabajadores del estado porteño.
En materia de obras el Presupuesto de Larreta anuncia una parálisis generalizada, que alcanza a obras de hospitales, subterráneos, ciclovías, escuelas, recorte del servicio de recolección de basura, urbanización de villas e incluso inversión en seguridad. Estos recortes deberán ser estudiados con mucho detenimiento, porque seguramente se aplicará con un criterio social definido. Es muy probable, por ejemplo, que el hospital de Lugano Cecilia Grierson sea más afectado que obras vinculadas a las marquesinas en la zona norte. O la infraestructura escolar que los subsidios a la educación confesional. En relación al subterráneo la suspensión de compra de material rodante es doblemente grave, ya que en la actualidad no solo funcionan trenes obsoletos sino también con material contaminante como el asbesto.
Larreta justifica este ajuste invocando el recorte de la coparticipación federal dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de un ajuste secuencial: el gobierno nacional ajusta a la Ciudad y Larreta traslada ese ajuste a los trabajadores que viven, trabajan y consumen en ella. La salida debiera ser la opuesta: por un lado rechazar el recorte de la coparticipación y por el otro establecer impuestos progresivos al gran capital bancario, inmobiliario, del juego, etc. mediante una reforma impositiva integral. El bloque del Partido Obrero presentó un proyecto integral en esa dirección, que sirve como bandera de lucha ante este nuevo ataque.
El Partido Obrero denuncia el ajuste combinado del gobierno nacional y de la Ciudad y llama a movilizarse para rechazar su aprobación.
Gabriel Solano
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