El último anuncio de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en noviembre de 2025, fue la creación de un organismo autónomo, para “combatir el narcoterrorismo y los nuevos delitos”, la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), reconvertida, a comienzos de 2026, en Agencia de Seguridad Migratoria (ASM). La creación de la agencia antinmigratoria estuvo precedida por la visita al país, en julio de 2025, de Kristi Noem, ex secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, conocida como la “caza inmigrantes” por su dura política en materia migratoria que llevó adelante mientras era funcionaria trumpista.
La ASM libertaria fue proyectada para transformar el control de los flujos migratorios de un carácter puramente administrativo a un perfil enfocado en la “seguridad nacional y el combate del crimen organizado”. En su momento la ASM fue presentada por el gobierno como un instrumento para el “blindaje territorial”, al que se arribaría con la creación de una policía fronteriza, adaptando el modelo de control de la US Border Patrol (Patrulla Fronteriza de los EE.UU.). Entre las principales “funciones” de la ASM se encuentran el “combate del crimen transnacional”, los cruces de las bases de datos y la identificación de perfiles. Todo este andamiaje tiene como corolario la profundización de las deportaciones.
Los liberticidas, al pasar del ámbito civil al de seguridad la cuestión migratoria, sumaron un nuevo engranaje al aparato represivo, lo que se tradujo en redadas en el AMBA, en los que agentes de la Policía Federal escoltan a los civiles de migración, llevando adelante una lógica de “frontera interna”.
El “programa integral de formación” a cargo del ICE estará dirigido a agentes encubiertos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En su alocución en la Casa Rosada, Ravier precisó que los contenidos operativos fueron evaluados y certificados por el Homeland Security Investigations (HSI), la rama investigativa del ICE, y que el plan académico y práctico busca fortalecer los recursos técnicos del personal abocado a tareas de infiltración e investigación en el marco de la Ley 27.319 de Delitos Complejos (Border, 20/10).
Según han dejado trascender desde el gobierno, la instrucción contemplará módulos específicos sobre negociación táctica, tiro defensivo en situaciones de riesgo, supervivencia operativa, manipulación y neutralización de explosivos, identificación de armamento utilizado por células terroristas y doctrina de contrainteligencia para repeler actividades de inteligencia hostiles (ídem). A simple vista se puede observar que el entrenamiento se encuentra al servicio de los objetivos estratégicos de EE.UU. en la región, que utiliza la cantinela del “narcoterrorismo” para intervenir abiertamente en América Latina.
Entre las novedades operativas se encuentra la instrumentación de un nuevo protocolo estandarizado de extracción de agentes encubiertos que actúen en terreno, cuando estos se encuentren en escenarios de peligro inminente o ante una posible vulneración de la identidad.
La colonización de las fuerzas de seguridad federales es camuflada por el gobierno como una simple intervención del ICE que se limitará a la auditoría y certificación técnica del programa académico llevado a cabo por HSI. Desde el Ejecutivo se encargaron de precisar que la capacitación del ICE no altera la cadena de mando de las fuerzas de seguridad nacionales.
Dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, durante el segundo gobierno de Trump, el ICE se convirtió en uno de los pilares claves de la represión interna.
El ICE es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una de las piezas fundamentales en el plan del trumpismo para llevar adelante una de sus promesas electorales: las deportaciones masivas. Sus oficiales, integrados en la unidad de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (EDC), han llevado adelante razzias masivas centradas, en especial, en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Pero las masivas protestas y la oposición social forzaron al gobierno federal a una recalibración en sus planes, pasando a un “enfoque silencioso”, bajo la dirección de DHS, lo que llevó a una disminución en la participación del ICE, siendo derivado a detenciones en oficinas de control migratorio, aeropuertos y otras dependencias. Pese a la menor visibilidad mediática de las grandes razzias callejeras, los arrestos aumentaron. Un informe del Migration Policy Institute (MPI) reveló que los arrestos en el interior del país pasaron de representar el 28% de las deportaciones en 2025 al 39% para julio de 2026, alcanzando picos de casi 50.000 detenciones mensuales.
Según un informe de la CNN de febrero de este año, los agentes del ICE reciben mucho menos entrenamiento que casi cualquier otro funcionario federal que porta una placa y un arma, incluso menos que el personal encargado de investigar el contrabando de animales exóticos y el fraude de odómetros (modificación intencional del kilometraje de un vehículo). Esto se da cuando los límites de edad y otros requisitos para convertirse en funcionarios de la banda antimigración se han reducido, lo que se traduce en un mayor despliegue y con mayor rapidez (CNN, 26/2).
La brutalidad que históricamente ha caracterizado a las fuerzas represivas argentinas se va a ver reforzada con los métodos brutales utilizados por el ICE en los EE.UU. contra los trabajadores migrantes.
Lucas Giannetti
27/10/2026
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