La decisión de la Corte Suprema de este viernes por la mañana de reponer las restricciones a los extranjeros para acceder a la compra de tierras es un evidente recule. Restituyó la vigencia de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 2024 que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 (el que deroga la ley de tierras que estaba vigente antes de asumir Milei), que la semana pasada había rechazado; ahora lo hizo –en un cuadro de crisis interna- a través de una “medida cautelar interina” que revierte su fallo anterior.
Evidentemente la Corte tomó nota de la profunda agitación popular creada en torno al tema, que ya se había expresado en una masiva movilización el pasado 6 de agosto, obligando al gobierno a eliminar la pretensión de habilitar sin restricciones la compra de tierras a extranjeros del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Ahora esa agitación se iba a hacer presente el próximo jueves 15 frente al Congreso, empalmando con la marcha federal en defensa del presupuesto universitario. La Corte sintió el temor a la movilización popular que preocupa al gobierno y sus cómplices y decidió recular. En ese sentido, es un logro anticipado de la movilización del 15.
No se nos escapa también que la Corte, con su “inoportuno” fallo de la semana pasada, puso en el centro el DNU 70/23, que es la piedra angular del feroz ataque a los trabajadores con que Milei inauguró su gobierno. Es claro que el DNU 70/23 es un patrimonio que la clase capitalista defiende; por eso en la Cámara de Diputados –incluso cuando el mileísmo tenía unos escasos 37 diputados- nunca se lo rechazó. Como el Senado sí lo había hecho, bastaba una sesión para liquidar ese decreto que, entre otras “virtudes”, liberó las tasas de interés –que los bancos, fintech, etc. usan para tener endeudado a medio país-, las prepagas, la educación privada, los alquileres e introdujo reformas en el régimen de trabajo, entre otras. La “medida cautelar interina” que la Corte resolvió este viernes alivió sobre todo a la oposición patronal –y fundamentalmente- al peronismo, que tenía que salir a defenderlo, ya sea abiertamente o no dando quórum para la sesión especial convocada para el jueves 15.
La decisión de la Corte suspende por ahora la resolución sobre la constitucionalidad del DNU 70/23 –el problema de fondo-, mientras el gobierno por decreto habilita a extranjeros a comprar la ciudadanía argentina por U$S 350.000 como única condición. Como reza el dicho: “hecha la ley, hecha la trampa”.
El temor a la movilización que obligó a la Corte a recular desmiente a la burocracia sindical y a todos los que argumentan que el pueblo argentino está “muy quieto” y no quiere luchar, para cubrir que defienden el rumbo estratégico del gobierno, que es el mandato de la clase capitalista.
A redoblar la movilización. Vamos con todo el 15 para que el “recule” sea completo, en todos los aspectos. Vamos por la huelga general para derrotar a Milei y sus cómplices.
Eduardo Salas
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