Un trabajo sobre las ‘implicancias fiscales’ del Régimen para Grandes Inversores (RIGI) ha desatado una polémica entre el Gobierno y su redactora, la economista Marina Dal Poggetto. ¿Qué revela este trabajo?
Para los proyectos que ya ingresaron en ese régimen de incentivos excepcionales, por inversiones estimadas en unos 51.000 millones de dólares, el RIGI implicará una reducción de impuestos de 8.500 millones de dólares en una década. Si esas mismas inversiones se realizaran bajo el régimen general de impuestos, calcula Dal Poggeto, aportarían 26.000 millones de u$s al fisco; pero bajo el RIGI, sólo desembolsarán 17.500. En la jerga presupuestaria, ese subsidio lleva el nombre de “gasto tributario”, es decir, un ingreso que el Tesoro deja de percibir. Los voceros del gobierno salieron a atacar ferozmente el informe, con el previsible argumento de que “sin el RIGI no hubieran invertido nada”- o sea, es el Estado el que se hubiera perdido de recaudar 17.500 millones de u$s-. Pero Dal Poggetto pone en cuestión esta afirmación, aunque sin ahondar demasiado. Simplemente “conjetura” en torno de qué pasaría si “al menos una parte” de los proyectos subsidiados se hubiera llevado adelante igual si no existiera el RIGI. A partir de los números presentados, señala que, si al menos un tercio de los proyectos estuviera en esa condición, el saldo fiscal sería “negativo”.
La suspicacia de Dal Poggetto tiene sus razones, al observar la lista de inversiones aprobadas para el RIGI. De la inversión total, el 30 % corresponde a un solo proyecto: la licuefacción de gas natural proveniente de Vaca Muerta, que tendrá lugar a través de un sistema de barcos flotantes de las firmas PAE (Bulgheroni y British Petroleum) y un socio internacional. El proyecto contará con generosos incentivos fiscales, pero su derrotero estará sujeto a los vaivenes del mercado energético mundial. Por eso mismo, la versión inicial -una planta “fija” de licuefacción- terminó siendo reemplazada por el esquema de buques “golondrina”. Varios otros proyectos que lideran el ranking del RIGI están asociados a yacimientos ya existentes en Vaca Muerta, es decir, a financiar su previsible expansión o la salida del producto a través de oleoductos. En el caso de la minería, proyectos como Vicuña (San Juan) o Salar del Rincón (Salta) estaban largamente previstos cuando recibieron el RIGI. Dal Poggetto ha sugerido, sin decirlo, la existencia de un gigantesco subsidio al capital.
Pero el cálculo de la economista es generoso para las empresas. Contabiliza los beneficios fiscales del RIGI, pero no los de la llamada “flexibilidad cambiaria”, que permite liquidar solamente el 20 % de las divisas obtenidas entre los dos y los cuatro primeros años del proyecto. El Estado, de este modo, renuncia a ingresar las divisas provenientes de inversiones excepcionalmente abaratadas por los beneficios fiscales.
Provincias
El trabajo de Dal Poggetto aporta otro dato significativo. Al comparar lo que resignan y recaudan el Estado nacional, por un lado, y las provincias, del otro, llega a la siguiente conclusión: mientras el Tesoro central resigna el 63 % de lo que debería recaudar bajo un régimen general de impuestos, las provincias receptoras de los proyectos sólo pierden el 21 % -esto, por el mayor peso de los tributos nacionales en el esquema de beneficios-. La economista presenta a esos distritos como los “grandes ganadores” del RIGI. Dal Poggetto, que tiene sus propios “sponsors”, advierte sobre los capitales que “no tienen el RIGI”, así como las provincias que no cuentan con proyectos en ese Régimen. El capital excluido reclama por la “discriminación”. No denuncia el gigantesco subsidio a los beneficiarios, sino que reclama su “universalización”, algo que requeriría redoblar el ajuste. Otra forma de “RIGI generalizado” sería una devaluación monetaria, en torno de la cual se ha desatado otra disputa feroz.
La coalición "de hecho” que se ha tejido en torno de los beneficios del RIGI tiene implicancias políticas. Es con las gobernaciones mineras y petroleras que Milei intenta armar un acuerdo que arranque, en lo inmediato, con la aprobación de una reforma política -un “RIGI electoral”- que suprima las PASO, reduzca el escenario de la representación política a cuatro o cinco partidos y restrinja el financiamiento de “la política” a las corporaciones capitalistas. La moneda de pago a los gobernadores son las inversiones subsidiadas. Pero esta zanahoria viene envenenada, pues se encuentra asociada a un cambio estratégico: Milei, Caputo y Sturzenegger quieren alterar, incluso constitucionalmente, al régimen nacional de coparticipación de impuestos. El propósito final es que los tributos nacionales queden reservados para el pago de la deuda pública, y cada provincia se financie a través de sus propios arreglos con grupos capitalistas y acentuando, naturalmente, la exacción a sus trabajadores.
Por un lado, Milei-Caputo ofrecen la conversión del país en una gran zona franca, con amplias libertades para remitir los dólares al exterior o gastarlos en importaciones también subsidiadas. Por el otro, prometen pagar la gigantesca deuda pública con la “montaña de dólares” que supuestamente aportarían esas mismas inversiones. La discusión en torno del RIGI pone de relieve el impasse mortal del régimen liberticida.
Marcelo Ramal
12/10/2026
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