lunes, 7 de diciembre de 2020

Con Alberto Fernández, Syngenta anunció la venta de 1,2 millones de toneladas de soja a China


Respaldo presidencial a los pulpos de los agrotóxicos. 

 Alberto Fernández participó del anuncio que el pulpo Syngenta realizó desde su planta de la localidad santafesina de Venado Tuerto, acerca de la exportación de China de 1,2 millones de toneladas de soja. Es más que un gesto sobre la política económica del gobierno en favor de los pulpos de los agronegocios, basados en los transgénicos y los agrotóxicos. 
 La empresa Syngenta comunicó que lanzará Agri Value Chain (Cadena Integrada de Valor en Agro), una iniciativa conjunta con la empresa estatal china Sinograin Oils Corporation en la que ambas compañías garantizan la venta de 1,2 millones de toneladas de soja al país asiático por un monto superior a los 500 millones de dólares, en base a los granos que produce en Argentina y Uruguay.
 Creada en el año 2000 tras la fusión de Astra y Zeneca, de origen suizo y capitales chinos, Syngenta brindó detalles sobre su plan de inversiones en el país por más de 25 millones de dólares hasta el año 2022, con el objetivo de mejorar los procesos productivos, y anunció la iniciación como exportadora con un ingreso de 1.500 a 2.000 millones de dólares. 
 El pulpo forma parte del reducido universo de las empresas productoras de transgénicos, agroquímicos y semillas comerciales, que tiene una concentración tal que cuatro empresas dominan alrededor del 70% del comercio mundial. Es el resultado de un proceso de concentraciones de empresas que se aceleró en los últimos años. 
 En 2016 Bayer compró a Monsanto por 66.000 millones de dólares. En 2017 Dow Chemical compró Du Pont por 59.000 millones de dólares y formó Corteva. En ese mismo año Syngenta se fusionó con ChemChina (China National Chemical Corp) por 43.000 millones, y en enero de este año con la compra China Sinochem pasó a formar Syngenta Group. La cuarta empresa es Basf. Todas tienen una actuación preponderante en Argentina.
 Con 20 años de actuación en el país, desde siempre ha optado por un mensaje cuidadoso del medio ambiente, sobre la sustentabilidad, como gran defensor de la actividad apícola. Pero a nadie escapa que factura, según Forbes, unos 750 millones de dólares anuales en la producción de semillas transgénicas y agrotóxicos muy peligrosos para las abejas, como ya está comprobado. Al comprar Nidera en 2018, llevó su liderazgo en agrotóxicos (tiene el 20% del mercado) al mercado de las semillas. Hoy es la primera productora de girasol, segunda en maíz detrás de Dekalb (de Bayer) y segunda también en soja detrás de la argentina Don Mario.
 El grupo es responsable de la inscripción de once eventos transgénicos autorizados en el país, de los 61 totales. Tiene nueve eventos de maíz con resistencias a distintos insectos y tolerancias a glifosato y a glufosinato de amonio; uno de soja con tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima p–hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD); y uno de algodón con protección contra insectos. 
 En Argentina produce los agrotóxicos ametrina, atrazina, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat, tiametoxam. La gran mayoría de ellos están prohibidos en Europa, pero son de venta libre en nuestro país. Atrazina, inventada por Geigy en 1958, es comercializada solamente en América del Sur, siendo el cuarto agrotóxico de mayor uso en Argentina. Syngenta está sindicada internacionalmente como la mayor empresa exportadora de agrotóxicos prohibidos en el viejo continente, los cuales comercializa fundamentalmente en Sudamérica. 
 El respaldo presencial que otorgó Alberto Fernández se inscribe en una política de reprimarización de la economía nacional y de incentivos al gran capital agrario, incluyendo estos pulpos multinacionales depredadores, en el marco del plan que delinea con el Fondo Monetario Internacional para garantizar el repago de la deuda externa. Mientras confisca las jubilaciones, ajusta los salarios y elimina el IFE,el gobierno promete una batería de exenciones impositivas para estimular las exportaciones, de las cuales la parte del león se la llevan las empresas como Syngenta, que solo dejan al país contaminación, enfermedades y destrucción de los suelos. 
 Este apoyo incondicional del gobierno nacional a las empresas productoras de agrotóxicos también se aprecia en los estímulos al crecimiento de las superficies sembradas con transgénicos, como el supuesto plan del Ministerio de Agricultura para llegar las 200 millones de toneladas, la carta blanca para que continúe la deforestación, o la aprobación del cultivo de trigo transgénico HB4. No es sino una profundización del régimen de saqueo y hambre que sufrimos hace décadas.

 Raúl Stevani

Falleció el expresidente uruguayo Tabaré Vazquez, símbolo del Frente Amplio


El expresidente uruguayo Tabaré Vazquez falleció este domingo a los 80 años tras una larga enfermedad. 

 El fallecimiento este domingo del expresidente uruguayo, Tabaré Vazquez, fue confirmada por la cuenta de Twitter del Frente Amplio.
 "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor", se lee en el hilo de tuit, en el que también se envía la solidaridad a su familia. Vázquez había anunciado en agosto de 2019, cuando todavía era presidente, que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" y que podía tratarse de "un proceso maligno". 
 Cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno, aunque tras un tratamiento médico, en principio se dio a conocer que estaba curado. Vázquez fue el primer miembro de la coalición reformista del Frente Amplio en llegar a la presidencia de Uruguay, y ocupó la jefatura del Estado durante dos mandatos no consecutivos: de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020. 

 Símbolo del Frente Amplio 

Con la muerte de Tabaré Vázquez se va un símbolo por excelencia de el Frente Amplio posdictadura. Un Frente Amplio que luego del pacto del club naval, y el fin de la dictadura, se volvió responsable y confiable para la burguesía y comenzó a ocupar un lugar en el sistema de partidos del régimen político uruguayo. 
 El derrotero político de Tabaré Vázquez es inseparable del camino del Frente Amplio; con su triunfo en las elecciones para la Intendencia de Montevideo en el año 1989 y su acceso a la presidencia del país en el 2004 fue el primer político izquierdista en lograr cargos de relevancia en el país. Médico de profesión, provenía de una familia de origen obrero de la zona del barrio La Teja. 
Hasta comienzos de los años 80 no tuvo militancia política, a diferencia de su hermano, Jorge “ perro” Vázquez, quien fue militante de la OPR-33 y estuvo preso 14 años durante la dictadura. Tabaré desarrolló parte de su vida profesional con un buen relacionamiento con el régimen militar, ocupando cargos de confianza y siendo docente en la Universidad intervenida. 
 También es conocida la carta en la que saluda la asunción del “Goyo” Álvarez, además de sus éxitos como empresario en emprendimientos vinculados a la medicina que comenzaron con apoyo oficial durante la propia dictadura. 

 Su carrera política 

A mediados de los 80 ingresa al Partido Socialista para terminar siendo elegido como candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo. Hasta ese momento nunca un político de izquierda había logrado llegar a cargos de relevancia, por lo cual el triunfo en las elecciones del 89 fue un acontecimiento político.
 El Frente Amplio había levantado desde su fundación en los años 70 un programa que incluía medidas radicales y de cambios estructurales (nacionalización de la banca, reforma agraria, condena del imperialismo, etc.) y sus militantes fueron duramente perseguidos durante la dictadura; por lo cual el triunfo en las elecciones municipales generó expectativas de una gestión distinta a la de los partidos tradicionales. 
 Sin embargo y de la mano de Tabaré, el Frente pronto mostró ser una fuerza política “confiable” y moderada, apostando más a una gestión prolija y eficiente que a cambios estructurales. Fue así como durante su gobierno se avanzó en la tercerización y privatización de servicios municipales e incluso se reprimieron vendedores ambulantes que reclamaban en la avenida 18 de Julio por trabajo.
 A mediados de los 90 fue impulsor del llamado Encuentro Progresista, apuntando a ampliar la coalición hacia el centro político y confirmando que no se proponía ningún cambio profundo. 
 Luego de la renuncia a la presidencia del Frente Amplio del general Líber Seregni, producto del desgaste de su figura ante cuestionamientos internos, Tabaré se erige como el líder indiscutido de la izquierda.
 En el año 99 vuelve a perder por escaso margen la elección, y luego de mostrar otra vez lealtad institucional durante la crisis del 2002, finalmente llega a la presidencia en las elecciones del 2004. 

 Tabaré presidente

 Lo que Vázquez había insinuado desde su rol de intendente de Montevideo se pudo corroborar con la llegada al gobierno nacional.
 Lejos ya de aquel Frente Amplio de los 70, que al menos en los discursos se presentaba como radical y cuestionador, Tabaré se erigió como una figura totalmente integrada al régimen político uruguayo, siendo reconocido como tal por los organismos internacionales representes del imperialismo y los sectores empresariales del país. 
 En sus dos mandatos; y también en el de Mujica, se mantuvieron los pilares del régimen económico del Uruguay post dictadura, avanzando con la extranjerización de la tierra a niveles nunca vistos, y profundizando el ingreso de las multinacionales atraídas por las facilidades que daba el país para la inversión extranjera. 
 En este afán por captar inversiones no tuvo ningún problema en fomentar industrias contaminantes. Siendo presidente, y ante el conflicto con Argentina por la instalación de la planta de Botnia, pidió ayuda al presidente de Estados Unidos; un gesto que hizo recordar cuando en 1990 y siendo intendente de Montevideo le entregó las llaves de la ciudad a George Bush padre. 
 Tabaré mostró también su veta más autoritaria y antidemocrática cuando vetó la ley despenalización del aborto en 2008 violando la voluntad popular y lo votado por el parlamento. Con su “nunca más uruguayos contra uruguayos” intentó dar un cierre al tema de las violaciones de los derechos humanos, buscando consolidar la impunidad desde una perspectiva que instalaba la teoría de “los dos demonios”.
 De su segundo mandato, en el que se continúo con el sendero que se venía transitando desde 2005 aunque en un contexto de menor crecimiento económico y mayor austeridad, también podemos recordar sus decretos de esencialidad en el conflicto de la educación y la ley antipiquetes, medidas con las que marcó su posición en relación a la movilización popular y los reclamos de los trabajadores. 
 Con la muerte de Tabaré Vázquez es innegable que la coalición de izquierdas pierde a un referente y líder indiscutido que marcó la historia política del país al lograr quebrar el bipartidismo tradicional y colocar al Frente Amplio como uno de los pilares del régimen político.

La Izquierda Diario

🩺 Médico muere reclamando salario digno

domingo, 6 de diciembre de 2020

44,2% de pobreza

Según la medición que fue difundida el jueves pasado realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre los meses de julio y octubre últimos, el índice de pobreza subió al 44,2%, lo que equivale a que más de 20 millones de argentinos se encuentran en situación de pobreza si se tiene en cuenta tanto a la población urbana (18 millones de pobres) y a la población rural. Esto significa un aumento significativo con respecto al 2019, cuando la medición había arrojado un porcentaje de 40,8. 
 Según el informe sobre los ingresos que elaboró el Observatorio, en condición de pobreza se encuentra un 34,1% de la población mientras que en condición de indigencia (lo que significa que no pueden cubrir la canasta alimentaria básica) se encuentra el 10,1% de personas.
 El índice de indigencia subió 1,2% con respecto a 2019, lo que es equivalente a más de 4,5 millones de personas si se incluye al sector rural. También sostiene que en el período julio-octubre el desempleo llegaba al 14,2%, lo que equivale a aproximadamente 2,7 millones de personas desocupadas lo que significa una suba de 3,6% con respecto a 2019.
 El análisis etario arroja “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”. La pobreza entre los menores de 17 años se elevó del 59,5% al 64,1% . Más de 7,5 millones de chicos y adolescentes viven en hogares con carencias básicas. Dentro de este rango etario la indigencia subió del 14,8 al 16%. 
 El organismo sostiene que este aumento en los niveles de pobreza se disparó en el marco de la pandemia de coronavirus que tuvo un fuerte impacto sobre la actividad económica. También sostiene que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana.
 Pero el paupérrimo IFE, equivalente a $10.000 por bimestre que se pagó sólo tres veces a lo largo del período de Aislamiento Social Obligatorio (y que ahora en la etapa de Distanciamiento Social Preventivo el gobierno Nacional ha decidido suspender), representó solamente un cuarto de los gastos que tuvo el Estado durante la gestión de la pandemia. Los otros tres cuartos de los gastos fueron subsidios estatales, que de manera directa e indirecta, fueron destinados a rescatar al capital industrial, bancario y comercial. Esta política, desplegada desde el mismo Estado, significó una transferencia enorme de recursos de la clase trabajadora en favor de la clase capitalista. 
 Queda en evidencia que la decisión del Gobierno Nacional del Frente de Todos de suspender el pago del IFE va contra una realidad de pauperización social creciente y responde a las exigencias de ajuste fiscal del FMI para garantizar un acuerdo de mayor endeudamiento lo que trae aparejado una mayor dominación política y económica a costas del pueblo trabajador y la juventud. Se abre un enorme horizonte de lucha por subsidios para todos los trabajadores desocupados con un ingreso equivalente al 80% de la canasta familiar, por trabajo genuino y pase a planta de todos los trabajadores bajo subsidios estatales, por asistencia a los comedores populares, por atención sanitaria y un plan de obras públicas, vivienda y urbanización en los barrios que permita cubrir las necesidades de hábitat, saneamiento y trabajo así como alquileres que no superen el 10% del ingreso familiar.

   Ana Belinco
 05/12/2020

Kicillof manotea $8.000 millones de IOMA para pagar la deuda

El ejecutivo bonaerense pretende quedarse con el superávit de IOMA -la obra social de la provincia- incluyéndolo en los fondos del presupuesto provincial.
 El bloque oficialista del FDT desempolvo el artículo 66 que en 2017 había creado Vidal para hacer uso del dinero de la obra social, que reporta actualmente un superávit de 8.000 millones de pesos, y lo incluyó en el presupuesto 2021 enviado a la legislatura provincial. 
 Desde junio de este año, por otra decisión del ejecutivo, 400 millones mensuales del IOMA fueron destinados a las clínicas privadas para paliar la crisis del sector. De esta manera, para cuando termine el 2020, serán 2.800 millones de pesos de los afiliados que el IOMA destina a subsidiar a las clínicas privadas, más estos 8.000 millones que ahora pretende apropiarse el gobierno de Kicillof. 
 Este superávit, asimismo, está manchado con la sangre de los afiliados que murieron por falta de atención. El directorio del IOMA usó de excusa la pandemia para cortar y limitar prestaciones, y así fabricarse un excedente. Todo con la complicidad de los vocales que pertenecen a los sindicatos. Durante el ASPO, muchos afiliados debieron deambular buscando una clínica cubriera el hisopado después de esperar días sin lograr conseguir respuesta del 0800. El IOMA dejó de cubrir los kit de seguridad de los dentistas, pero sigue limitándolos a atender a sólo doce afiliados por mes y a una sola atención mensual por paciente. En La Plata, hay clínicas donde los afiliados tienen que pagar su propia anestesia y en toda la provincia inventaron nuevos trámites para hacer más burocrática la entrega de pastillas anticonceptivas. Llevan un año de atraso en el pago de las prestaciones a médicos, acompañantes terapéuticos y cuidadores. No hay superávit, es un robo a mano armada a los aportes de los afiliados y a los sueldos de los trabajadores de la salud que no reciben su pago en tiempo y forma.
 Kicillof necesita fondos para la deuda externa y no tiene una máquina para emitir billetes. Durante todo el año estuvo prorrogando la firma del acuerdo con los acreedores internacionales porque no tiene los dólares para pagar. En estos días se vence, nuevamente, el canje de más de 7.000 millones de dólares. En respuesta a este saqueo, el miércoles 9 de diciembre se va a realizar una concentración y una radio abierta a las 10 hs. en las puertas del IOMA central en La Plata, organizado por la Comisión IOMA abandonó a Gaby en conjunto con otras organizaciones sindicales y políticas, exigiendo: 
 -¡Basta de vaciamiento!
 ¡Basta de retrasos y rechazos!
 ¡Basta de copagos! 
Libre elección de las autoridades del IOMA!
 ¡Fuera Homero Giles! 
-Control de los libros contables por parte de los afiliados y trabajadores. 
 Pago inmediato a todos los prestadores, trabajadores de la salud.

 Luciana Diaz 
 05/12/2020

La “bi-modalidad”, una vuelta a las aulas

Macristas y kirchneristas están sólidamente unidos en la cruzada por la vuelta a las aulas. Este “frente único” ha sido reforzado por la colaboración de toda la burocracia sindical docente desde Ctera a Sadop. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la dirección Celeste del Suteba convocó, la semana pasada, a reuniones de delegados con el único objetivo de convencer a los delegados de que había que volver a las aulas en forma “segura”, por supuesto. 
 Un aspecto poco discutido en la pelea por preservar la salud de docentes y familias y la pretensión del Estado de abrir los establecimientos educativos, en el contexto de una pandemia histórica y de una crisis edilicia también histórica, es la cuestión del trabajo bi-modal: virtualidad y presencialidad. Uno de los ejes del “Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases Presenciales” es la implementación de la bi-modalidad del trabajo docente. Esto significa que el docente trabajará frente al curso y en la virtualidad, todo por el mismo salario. La propuesta del gobierno es volver a la presencialidad “de a poco”. Primero volverían a las aulas los alumnos sin conectividad. O sea, el docente trabaja con un grupo de alumnos en el aula y luego con otro grupo en las plataformas virtuales. En este escenario la jornada de trabajo docente se extenderá, en los hechos, más allá de lo estipulado en el contrato de trabajo. La única solución para no súper-explotar al trabajador docente poner que cada docente disponga de una pareja pedagógica para distribuir la sobre carga laboral. Es claro que nada de está planteado en el “Plan Jurisdiccional” porque el gobierno nacional está embarcado en un plan de ajuste a la medida del FMI y no en un aumento de la masa salarial docente. La crisis de una deuda externa recientemente “reestructurada” se expresa por todos los poros de la sociedad (recortes en jubilaciones, salud, educación, obra pública, etc.). De acuerdo a una reciente encuesta realizada por Ctera, la jornada de trabajo en la virtualidad se extendió más allá de los límites que regían en la presencialidad. En efecto, el 80% de los docentes encuestados afirma que trabaja más horas en la virtualidad que en la presencialidad. La misma encuesta señala que la intensidad en el uso de la fuerza de trabajo docente aumentó tremendamente porque el trabajo virtual es más demandante e intensivo que el trabajo presencial (ver cetera.org.ar, “Salud y condiciones de trabajo docente en tiempos de emergencia sanitaria COVID19”). 
 Todo proceso de trabajo, independientemente de la forma social al cual está subsumido, tiene un objeto sobre el cual recae el trabajo, medios y un fin. Ese proceso de trabajo opera sobre una determinada cantidad de tiempo y espacio y esto ello constituye la jornada laboral. El capital en su funcionamiento intenta mitigar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia por medio de la extensión de la jornada de trabajo, la rebaja de salario y el aumento de la productividad. Aquí radica la importancia para la lucha de la clase trabajadora el control del proceso de trabajo y poner límite a la jornada de trabajo. 
 Los trabajadores de la educación tenemos que denunciar este intento del gobierno nacional y provinciales por imponer de facto una prolongación de la jornada de trabajo y una mayor súper-explotación de los trabajadores docentes. Esta súper-explotación redundará en el deterioro de la salud física y psíquica del trabajador y ello impactará negativamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Promovamos reuniones y asambleas en todos los colegios para rechazar el “Plan de Regreso a las Clases Presenciales” que está hecho a la medida de las patronales y los banqueros nacionales e internacionales que chupan las finanzas públicas de la nación en detrimento de la educación pública.

 Mercedes Colou 
 05/12/2020

El fenómeno Maradona. Entrevista con Christian Castillo

Venezuela, en las vísperas de las elecciones legislativas


Este domingo 6 se desarrollarán en Venezuela las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo del oficialismo es retomar el control de ese organismo, que fue conquistado por la oposición en 2015. 
 El autoproclamado presidente Juan Guaidó y otros sectores enfrentados al chavismo boicotean el comicio y promueven, a partir del sábado 5, una consulta de una semana (en la que se podrá participar tanto en forma presencial como a través del canal Telegram) que pregunta a los electores si rechazan la “usurpación de Maduro” y si están a favor de acudir a la “comunidad internacional” para “rescatar a la democracia”. 
 La mayor parte de la oposición derechista rechaza el proceso electoral. Inclusive el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien se había mostrado inicialmente proclive a participar, se terminó retirando de la contienda. Capriles exploró su presentación como una alternativa a la política de Guaidó, debilitado tras el fracaso de dos intentonas golpistas sucesivas, y lo hizo en sintonía con la Unión Europea, que solicitó a Maduro una postergación de los comicios para preparar una misión observadora. Como estas tratativas fracasaron, la UE -y también Estados Unidos- optó por cuestionar la validez de la jornada y ratificó su aval a Guaidó.
 Aunque el sector más representativo de la oposición derechista no participa de la elección, sí se presentan los partidos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional (en negociaciones con Maduro). 
 Al mismo tiempo, el gobierno intervino una gran cantidad de partidos (entre ellos, Acción Democrática y Voluntad Popular), con el propósito de que sus sellos figuren en el cuarto oscuro y darle así a una mayor legitimidad a la convocatoria. 
 También se presenta la Alianza Popular Revolucionaria (APR), que es un desprendimiento del oficialismo integrado por el Partido Comunista, Patria Para Todos y Tupamaro, entre otros. A estas dos últimas fuerzas, sin embargo, Maduro también las intervino, por lo que sus sellos estarán en las boletas del Gran Polo Patriótico, liderado por el oficialista PSUV.
 La APR no expresa una ruptura de fondo, toda vez que se mantiene en los marcos del chavismo, pero su presentación por fuera del gobierno es un indicativo de la erosión de Maduro, al calor de una profunda crisis económica. 
 La elección, en la que participa más de una docena de listas opositoras, se encuentra dominada (y amañada) por el gobierno, quien controla el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los medios dan por descontado que se asegurará la mayoría en la futura Asamblea Nacional. Las dudas están puestas más que nada en qué capacidad de movilización electoral exhibirá el oficialismo. 

 Derrumbe económico y entrega 

 Venezuela llega a la elección en un cuadro de derrumbe económico. La inflación mensual de los últimos meses bordea el 70%. El bolívar se devaluó un 100% solo en noviembre. La producción petrolera se ha desplomado a cerca de 400 mil barriles diarios, en los niveles de la década del ’30. El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido pulverizado: el salario mínimo equivale a alrededor de 40 centavos de dólar (es de 400 mil bolívares, mientras la cotización de la divisa norteamericana supera el millón de unidades de la moneda nacional). 
 Aunque el gobierno venezolano ha logrado resistir la embestida golpista de Guaidó y ha conservado el apoyo crucial de las Fuerzas Armadas, las sanciones económicas hacen sentir su efecto, a lo que se añade la propia crisis capitalista mundial y una administración estatal que está puesta al servicio no del desarrollo nacional sino del enriquecimiento de una “boliburguesía”. 
 El gobierno se enfrenta a la crisis con una política de ajuste y de entrega; tratando de mantener en pie un amplio aparato asistencial; y recostándose aún más sobre Rusia, China y ahora también Irán. 
 En el último mes se vendieron cuatro compañías del sector agroindustrial y una del sector turístico. Lo más relevante, sin embargo, es la apertura en el sector petrolero. En octubre, la Asamblea Nacional Constituyente (dominada por el oficialismo) aprobó la llamada Ley Antibloqueo, que habilita a avanzar en la privatización del sector a través de acuerdos reservados, esto con el argumento de evadir las sanciones norteamericanas. Rusia y China aprovecharían esta norma para ganar posiciones en la región. Paralelamente, el gobierno empezó a recortar los subsidios en la perspectiva de “avanzar más temprano que tarde al cobro de la gasolina al precio internacional”, según Maduro. 
 En el mismo sentido que la Ley Antibloqueo, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del mandatario, ha dicho a los medios que en caso de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, se revisará la ley de hidrocarburos para facilitar las privatizaciones (El Pitazo, 4/12).
¿Cuál será la política Joe Biden hacia Venezuela? Frente al fracaso de la línea de Trump, hay quienes mencionan que apuntará a una transición ordenada que desemboque en la salida de Maduro, por medio de negociaciones internacionales que incluyan a China, Cuba e incluso los gobiernos mexicano y argentino (Clarín, 27/11). 

 La clase obrera 

 El gobierno de Maduro ha adoptado un curso de entrega y ajuste que sólo cierra con represión hacia los sectores más explotados. Este miércoles 3, docentes, trabajadores de la salud, estatales y otros sectores reclamaron en Caracas por el salario y la liberación de todos los trabajadores presos. Uno de los casos más icónicos es el de los petroleros. Eudis Girot, director ejecutivo de la FUTPV, se encuentra detenido junto a otros trabajadores y será sometido a juicio con falsas acusaciones, como represalia por denunciar la corrupción en Pdvsa y la violación a los derechos laborales en el sector. 
 Las luchas reivindicativas, en medio del cuadro hiperinflacionario, así como la pelea por la libertad de los trabajadores presos, tienen una gran importancia.
 Es necesario que la clase obrera emerja como un factor autónomo en la situación venezolana, frente a la derecha golpista y el gobierno hambreador y ajustador. 

Gustavo Montenegro

El laboratorio Pfizer anunció que fabricará la mitad de las dosis prometidas para 2020


La carrera por la vacuna se intensifica.

 Mientras los gobiernos del mundo discuten de qué manera será la distribución de las vacunas en cada uno de los países, las empresas y laboratorios encargados de su producción anuncian los retrasos que podrían estar relacionados a la llegada de estas. El laboratorio Pfizer, de origen estadounidense, ya anunció que su producción será menor a la esperada: 50 millones por sobre las 100 millones de dosis que se habían prometido en un primer momento, algo que sin duda afectará a Argentina con su millón y medio de dosis compradas. 

 La carrera

 Esto se debe a que hubo fallas en los primeros lotes de producción y en la dificultad de conseguir materia prima, que proviene de tanto de EE.UU. como de Europa. Sin dudas, los tiempos de producción acelerados (hace solo 10 meses que se está desarrollando) y la desesperación por conseguir una vacuna rápidamente forman parte de la ecuación que complica a Pfizer para entregar las dosis. De la mano de esto, los países se preparan para una nueva batalla por ver quién será beneficiario de las primeras dosis y cuantas. Sucede que la mayoría de los gobiernos tienen la esperanza de que las economías del mundo se reactiven cuando se obtenga la vacuna. Tal es así que al momento de anunciarse los porcentajes de efectividad de las mismas las bolsas del mundo se dispararon. Lo vimos particularmente con Pfizer también, que a principio de noviembre comunicó que su dosis poseía un 90% de efectividad; no solo fue festejado por el mismísimo Trump, sino que además provocó la suba de las bolsas norteamericanas. Evidentemente el desarrollo de una vacuna efectiva y segura no es algo que solo se espera para que la población se encuentre protegida frente al virus; la esperanza se abona en las mayores reaperturas que podría traer consigo y los consecuentes supuestos beneficios para las economías en una era donde la recesión es la regla. Pero las reaperturas, de hecho, ya suceden en Argentina y en el mundo. Son contados los países que tienen un aislamiento total, la mayoría cuenta con aperturas escalonadas si no es que ya liberaron el conjunto de las actividades. En los sectores donde hubo mayor presión patronal, nunca se detuvieron. La presión del capital financiero fue brutal, y lo es ahora también con los tiempos de producción de una vacuna. En los países donde volvieron algunas restricciones, como es el caso de los europeos, se espera que este último trimestre del año vuelvan a registrar un crecimiento económico negativo, lo que abona a dicha presión. 
También hay presiones respecto a quiénes serán los primeros grupos en ser vacunados. Lo lógico sería que se vacune en primera instancia a aquellas personas de riesgo y destinar todos los recursos posibles a que las dosis lleguen de manera correcta. Pero también está en discusión. Gran Bretaña con Boris Johnson a la cabeza anunció en un primer momento que no iba a ser así, pero tuvo que volver para atrás y prometerle la vacuna a grupos de riesgo y profesionales de la salud. No es casualidad que sea el primer país que aprobó el uso de la de Pfizer, incluso antes que EE.UU. y el resto de Europa, cuando acaban de salir de un segundo aislamiento de cuatro semanas. «Es la protección de las vacunas lo que finalmente nos devolverá a nuestras vidas y hará que la economía se mueva de nuevo», dijo en Twitter mientras le guiñaba el ojo a los mercados. 
 Dubai le siguió los pasos y hoy se convirtió en el segundo país en autorizar el uso de emergencia. Trump no se quiso quedar afuera y pidió que autoricen el uso en Estados Unidos. En algunas regiones de dicho país también hay dudas con respecto a la futura distribución: en Nevada, donde el turismo es la actividad principal, los ancianos se encuentran recién en la tercera fase de vacunación. 
 Responden a las necesidades de los grupos económicos y corren detrás de una vacuna aún en etapa experimental, comprando masivamente y haciendo acuerdos millonarios ante la desesperación de una economía que no parece que vaya a recuperarse, con o sin vacuna. 

 ¿Y Argentina? 

Después de los prometedores anuncios de Alberto Fernández donde afirmó que habría millones de argentinos vacunados a mitad de diciembre, el gobierno tuvo que recular y actuar con precaución. Esta vez en el reporte matutino aseguraron que no hay una fecha exacta para su distribución y aplicación, sin dar estimativos.
 Luego de que Gran Bretaña anunciara la aprobación, los laboratorios corrieron a pedirle a la Anmat la autorización para tener rápido acceso a la vacuna. Hay también otros acuerdos en marcha, como el que tiene con Oxford-AztraZeneca. Pero lo que iba a ser una vacunación masiva entre finales de diciembre y principios de enero con la mencionada vacuna terminó en que podría estar para febrero, quizás. La carrera en la práctica. 
 Mientras la curva de casos baja, vemos la experiencia europea con el rebrote y lo que podría ser Argentina en unos meses si no se toman las medidas necesarias. Abogar todas las esperanzas en una vacuna que aún no está aprobada parece ser la política del gobierno, mientras el Presupuesto 2021 ajusta a la salud declarando finalizada la pandemia, y sigue la lucha de los trabajadores del sistema sanitario que denuncian los salarios de miseria con los que transitaron toda la crisis sanitaria. 

 Una vacuna al servicio de la clase obrera 

En vez de poner el desarrollo científico en favor de las necesidades de la población, discutiendo con los trabajadores cuáles deberían ser los destinos de las vacunas y su distribución, las deciden en base a las exigencias del capital. Lo mismo sucedió con las aperturas. Argentina dio cuenta de ello con la flexibilización que se impuso a pocas semanas de iniciada la cuarentena, con trabajadores volviendo a sus puestos de trabajo sin protocolos de protección. 
 Y mostró sus limitaciones. La cuarentena bajo control de los capitalistas fue un fracaso. Así como era necesario un control popular sobre esta y la centralización del sistema de salud, planteamos la necesidad de una producción farmacéutica bajo dirección de los trabajadores y el control sobre la distribución de las dosis que ingresen al país para obrar bajo criterios sanitarios y sociales. La lucha ahora es por obtener la mejor vacuna posible que el desarrollo tecnológico nos permita, sin que las presiones de los grupos económicos dominantes nos marquen la agenda de lo prioritario. Que, finalmente, sea una vacuna al servicio de la clase obrera y sus necesidades. 

 Lucía Miguez

sábado, 5 de diciembre de 2020

✋🏼 Chubut contra la megaminería

Catamarca: estudiantazo contra los abusos en colegios confesionales

Bajo la consigna "basta de abusadores en las aulas, no nos callamos más" un centenar de estudiantes secundarixs se manifestaron frente al CEF (Centro de Educación Franciscana) Quintana.
 Todo comenzó con la denuncia de un joven contra un profesor de religión por grooming, por hechos ocurridos en el 2018, disparó una ola de denuncias y testimonios de estudiantes sobre situaciones de acoso y abusos en colegios católicos. 
 A raíz de esta denuncia los compañeros del afectado se solidarizaron y decidieron hacer pública la situación. Los estudiantes crearon un grupo de WhatsApp y distintas cuentas en redes sociales con la función de recolectar testimonios de más estudiantes de la institución para respaldar el reclamo y convocar a una manifestación en las puertas del colegio el día que las autoridades se reunían a discutir el tema. En los días siguientes al escrache público se sumaron nuevas denuncias por parte de estudiantes al mismo docente. 
 El caso se viralizó a tal punto que a las denuncias en el CEF Quintana se sumaron también las de estudiantes de otros colegios confesionales como Cristo Rey, Guadalupe e incluso estudiantes de CEF de otras provincias.
 Las autoridades del colegio emitieron un comunicado informando sobre la renuncia del docente acusado, poniéndose a disposición de las estudiantes y sus familias. Las medidas de "protección" a las víctimas llegan recién después de un escrache público y un escándalo provincial. Anteriormente, otros estudiantes relataron que el modus operandi del colegio con los abusadores es el mismo que el de la Iglesia con los curas pedófilos – se los traslada de una a otra localidad donde continúan abusando de menores impunemente. Un ejemplo es el caso de Sebastián Sotelo, un fraile jujeño acusado por abusos de menores, que fue trasladado a los CEF de Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, sucesivamente, cada vez que surgieron rumores sobre su conducta. 
 En la manifestación, los adolescentes colgaron en la puerta del colegio remeras del uniforme con inscripciones y denunciaron la complicidad y el encubrimiento por parte de las instituciones.
 Las y los estudiantes secundarios que protagonizaron la marea verde, impulsados por el ascenso de la lucha del movimiento de mujeres a nivel mundial, decidieron romper el silencio y tomar en sus manos la iniciativa en la lucha por infancias y adolescencias plenas, libres de abusos y violencia.
 Para dar otro paso en este sentido es necesario organizar asambleas en cada colegio y lugar de estudio. Para romper con el encubrimiento de las instituciones vamos por comités de lucha, conformados por estudiantes y activistas, que reciban y acompañen las denuncias y establezcan sus reclamos. La lucha por ESI científica y laica es central como herramienta para identificar abusos en niños y adolescentes. En el caso de los colegios católicos, sus autoridades se valen del artículo °5 de la Ley de Educación Sexual para meter contenido oscurantista disfrazado de “Educación Para el Amor” en las currículas.
 ¡Viva la lucha estudiantil! Basta de abusadores en las aulas. 

 Maga Maza 
 26/11/2020

Costa Salguero: crisis ecológica, habitacional y política

Este miércoles arrancó la cuarta audiencia pública por la privatización de los terrenos de Costa Salguero. Se trata de un predio de 333.515 metros cuadrados para construir edificios de hasta 29 metros de altura y un denso centro comercial, prometiendo el metro cuadrado más caro del país. En la última audiencia, expusieron unas 200 personas. En total se anotaron unos 7.000 expositores de esta instancia del debate, la gran mayoría rechazando el proyecto. “El eje central fue la denuncia de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que aseguraron que el Gobierno porteño destina tierras privatizadas a favorecer los ‘negocios privados de los más ricos’ y no viviendas para quienes ‘realmente lo necesitan’” (Perfil, 2/11). El proceso de audiencias continuará recién el 14 de diciembre próximo. 
 La crisis habitacional que atraviesa el país es catastrófica y la pandemia la expuso con el desalojo de Guernica y con la situación en todas las villas del país que tienen elevados índices de muertos y contagios, causados por el hacinamiento y la falta de acceso a servicios esenciales. La gestión capitalista del suelo llevó a un proceso de inquilinización creciente, y la pérdida de 4 millones de empleos hizo que la mayoría de los inquilinos no puedan pagar los alquileres por la brecha entre la valorización del suelo y los ingresos, convirtiéndolos en víctimas de desalojos y abusos. 
El proyecto es un bloqueo entre la ciudad y el derecho a la costa y al disfrute de esos espacios – a veces el único recreo de cientos de miles de trabajadores. El proyecto fue votado como ley en octubre por el oficialismo y los bloques aliados de la UCR y el socialismo, donde dieron una primera sanción – se trata de una ley de doble lectura. La audiencia pública que recibió una histórica cantidad de inscripciones para rechazarlo es no vinculante, o sea sin capacidad de decisión. 
 El proyecto viola el artículo 8 y el 27 de la Constitución de la Ciudad que establece que la Costanera debe ser un gran parque público y contar con libre acceso. Las tierras públicas no pueden enajenarse para uso privado según la Constitución Nacional. 
 La audiencia pública sobre este proyecto se ha convertido en un gran foro de denuncias ciudadanas. En ese ámbito fue cuestionada la enajenación para uso privado de los playones ferroviarios de Liniers, Caballito, Villa Urquiza y Colegiales, votados en común por macristas y kirchneristas, como la enajenación de tierras de la villa 31. También se reclamó que se disuelva la Administración de Bienes del Estado, creada por Cristina Fernández en 2012, junto con toda la venta de tierras públicas desde su creación por ser ilegítimas, ilegales e inconstitucionales. Se pidió la renuncia de la ministra de Planeamiento Urbano y que las audiencias sean vinculantes. 
 Por nuestro lado denunciamos el ataque a los trabajadores por parte del gobierno de la Ciudad y Nacional, destacando el que sufren los trabajadores de la Salud y Educación. “Acá hay una política sobre el tema de las tierras urbanas y rurales para sacarle más renta. En la rural se queman tierras, humedales, bosques. En la ciudad está el concepto de ´ciudad compactada´. Acá el gobierno y todos los partidos están en función de los negocios. El planteo alternativo se manifiesta en el elevadísimo número de 7.000 personas que se anotaron para la audiencia. Los trabajadores del subte lograron las 6 horas del subte con una gran movilización a las puertas de la Legislatura y con una huelga general. Es el camino.
La movilización es importantísima y eso lo aprendimos en el 2001 con las Asambleas Populares”.
 En nuestra intervención sobre otro proyecto de enajenación de terrenos de la villa 31, señalamos: “La Villa 31 juega un rol estratégico, el complejo edilicio que está en carpeta implica el desalojo violento de la villa como hizo Cacciatore [intendente de facto]. Acá estamos viendo un acuerdo político entre los partidos. No olvidemos que Alberto Fernández fue legislador de Cavallo. Acá no hay grieta, hay acuerdo político para repartirse los bienes inmobiliarios. Se reparten la ciudad y el país. Acá tenemos que movilizarnos en defensa de la tierra y los bienes públicos”. Concluyó diciendo: “Acá hay un ataque frontal a los trabajadores, a la población, y a todo aquel que tenga el derecho a vivir como se debe vivir”.
 Aparte de violar artículos de la Constitución de la Ciudad, este martes se conoció el informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que rechazó el emplazamiento del desarrollo inmobiliario con las alturas proyectadas. La iniciativa indicaba que la construcción de edificaciones en ese predio debía contar con la aprobación de la máxima autoridad aeronáutica, que en su dictamen sostuvo que se “vulneran los límites de altura establecidos por la superficie de ascenso en el despegue a pista 13”, entre otras impactos negativos sobre los que advirtió (Página/12, 2/12). Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano dijeron que van a “adaptar el proyecto”. 
 El peronismo porteño dice que pretende bloquear de manera judicial el proyecto; palabras. Carlos Pagni, en La Nación, señala los vasos comunicantes de la dirigencia pejotaK con Larreta. “La venta de tierras nacionales fue llevada adelante a través de la ´Agencia de Bienes del Estado´, esa suerte de ´inmobiliaria nacional´ creada en 2015 por el gobierno de Cristina Kirchner. Los protagonistas de estas privatizaciones no tienen para ofrecerle a la Ciudad sino más de lo mismo, como lo revela la ´rezonificación´ que el clan Tinelli-Lammens acaba de obtener en provecho propio, y contrabandeando el lema de la *vuelta a Boedo´”. 
 La inscripción masiva para debe servir de base de una enorme movilización que rechace el proyecto, incluyendo la recolección de firmas para impulsar un referéndum vinculante. Las tierras públicas deben servir para la construcción de viviendas populares y espacios 100% verdes, no para la especulación y los negocios inmobiliarios que significan mayor desposesión de los trabajadores.

 Raúl Espineda 
 03/12/2020

viernes, 4 de diciembre de 2020

✂️ La trampa del gobierno en el aumento a los jubilados

No habrá Ley de Humedales, ni prohibición de la deforestación


El gobierno cajoneó estos ambos proyectos tan reclamados, los cuales fueron excluidos de la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso. 

 Haciendo caso omiso a los múltiples reclamos por la sanción de una Ley de Humedales y para frenar la deforestación, que fueron objeto de movilizaciones en diversos puntos del país, el gobierno excluyó ambos proyectos del llamado a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. 
 Se imponen así, innegablemente, los lobbies inmobiliarios, mineros y agrícola-ganaderos. La Sociedad Rural venía remarcando su preocupación por el tratamiento de la Ley de Humedales, diciendo que “hay 14 proyectos que lo que hacen es restringir hasta un 20% la producción”. Este sector es responsable de la mayoría de las quemas de las casi 900.000 hectáreas en el año, ya que arrasan humedales y bosques mediante el fuego o las topadoras. El 95% de los incendios forestales son intencionales. En el caso del Delta, por ejemplo, se utilizan para renovación de pastizales para ganadería de engorde y de exportación. Se prioriza la quema de pastos, en vez de la vida silvestre que se pierde a su paso como consecuencia del fuego y el humo. 

 Ley de Humedales 

Fueron presentados 14 proyectos en ambas Cámaras. El viernes 20 de noviembre se emitió un dictamen unificando una docena de proyectos en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados. Ahora pasó a tratamiento de las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; de Legislación Penal; y de Presupuesto y Hacienda. 
 Quedará así para el año próximo, a pesar de que este dictamen fue acompañado por la presentación junto a más de 60 organizaciones de cerca de 650.000 firmas, y de las movilizaciones que se hicieron en diferentes lugares como la de los 5.000 santafesinos que cortaron el puente Rosario-Victoria.
 Los humedales son ecosistemas importantísimos a nivel social, cultural, ambiental y económico. Argentina cuenta con más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, representando un 21,5% de la superficie del país. Son “grandes almacenadores de carbono”, aunque también son ecosistemas muy frágiles, por lo que se necesita una legislación que los defienda. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce; alimentos y materiales de construcción; biodiversidad, control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático; amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. 

 Prohibición de la deforestación 

Paralelamente al debate sobre la Ley de Humedales se venía reclamando a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados el tratamiento del proyecto de ley de prohibición de las deforestaciones, que durante toda la pandemia continuaron su marcha devastadora en varias provincias del país. 
 La gravedad que encierra, su no tratamiento en sesiones extraordinarias, es debido a que es un proyecto presentado en 2019, y por ende perdería estado parlamentario.
 La presión de sectores muy concentrados surgió efecto en el gobierno y rápidamente los eliminó de su tratamiento en las extraordinarias. Será necesario redoblar los esfuerzos para que estos temas se mantengan latentes y en el corto plazo, una vez iniciadas las sesiones ordinarias de 2021, se consiga su tratamiento en el Congreso. Es una de las peleas que deberá librar el ascendente movimiento ambiental, contra el gobierno que actúa a cuenta del lobby del gran capital.

 Raúl Stevani

La crisis abierta entre la UIA y el Gobierno

Durante su vigesimosexta Conferencia Nacional, los capitalistas de la Unión Industrial Argentina presentaron una dura agenda de reclamos. Cargaron, sobre todo, contra el ´costo laboral´, la prolongación de la doble indemnización, el costo de los insumos importados, el Impuesto a la Riqueza, la Ley de Teletrabajo, la Ley de Precios Máximos, e incluso contra la Ley de Etiquetado frontal, entre otros. 
 De la Conferencia participó también Antonio Caló. El secretario general de la UOM destacó como “histórico” el acuerdo de suspensiones con salarios al 75% sellado entre las patronales industriales y la CGT. 

 Devaluar y subsidiar 

"Hoy la Argentina está regalada. Los sueldos que nosotros pagamos, su capacidad de compra, no alcanza para la economía de la gente. Pero sin embargo siguen siendo costos altos a nivel internacional", dijo Miguel Acevedo, el titular de la UIA. “Tenés costos laborales indirectos, que duplican o aún más el costo del llamado salario de bolsillo”, aclaró por su parte Daniel Funes de Rioja, titular de Copal y ex titular de la UIA. Se quejó, además, de que “la productividad es baja”. Hugo Sigman, titular del Grupo Insud, ladero del oficialismo, castigó por su parte las "medidas" del gobierno que "no generan confianza en el empresariado" (Clarín, 2/12). Entre estas, se inscriben el impuesto a la riqueza y las regulaciones sobre el teletrabajo. 
 Los capitostes de la industria buscan marcar la agenda laboral e impositiva del gobierno. "Tenemos 160 impuestos. En alimentos, representan hasta un 38%-40% del precio y en bebidas, un 50%", según Funes de Rioja. El representante de Copal también bregó por la terminación de "Precios Máximos". No hizo referencia a que el IVA que se lleva gran parte del salario; que es un botín de la evasión impositiva; y que se les devuelve en forma de subsidios y exenciones.
 "Una cosa es duplicar indemnizaciones en su momento como una medida de emergencia, y otros son los cepos laborales y productivos, que perduran en el tiempo", marcó. "Los que perduran en el tiempo son la ley de teletrabajo, que entorpece la aplicación del teletrabajo, o cambios proyectados en la extinción del contrato laboral", detalló Funes de Rioja. El impuesto a la riqueza es un "gravamen al sistema productivo, al creador de riqueza", según Acevedo. 
 Nadie habló, en cambio, de la gigantesca montaña de subsidios recibidos por los industriales como parte del paquete de rescate impulsado por el Gobierno, entre ellos, créditos a tasa 0, los subsidios ATP y eximiciones impositivas. La corrida contra el peso, reconoció el gobierno hace pocas semanas, tuvo su origen en ese rescate. Las patronales colocan el sobrante de dinero en su poder en títulos públicos que se ajustan al dólar o a tasas de interés superiores a la inflación 

 Su agenda y la nuestra 

En oposición a esta agenda, se está abriendo paso a un proceso de luchas obreras por aumentos salariales. Así lo expresan la huelga de aceiteros y de recibidores de granos , la lucha de las fábricas cordobesas por el salario (Cartocor y Arcor), la creciente movilización de los hospitales, los municipales de Aguaray, la lucha de los trabajadores de Radio Nacional, etc. La consigna de la hora es el aumento del 40% de salarios y jubilaciones, y el ajuste mensual por inflación. Este objetivo plantea la lucha por una huelga general. 

 Pablo Busch
 03/12/2020

Octava perpetua para Etchecolatz

El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz, quien de este modo recibe la octava condena perpetua por delitos de lesa humanidad. 
 La nueva condena contra Etchecolatz se dio en el marco del juicio en el cual se investigaba las privaciones ilegítimas de la libertad, agravada por torturas, homicidio y abuso sexual sobre 84 víctimas que permanecieron en cautiverio en la Brigada San Justo. De esas 84 personas víctimas de la dictadura genocida, 13 continúan desaparecidas. 
 Junto a Etchecolatz, también fueron juzgados otros efectivos del Ejército, de la Policía bonaerense y civiles que fueron parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante los años del terrorismo de Estado. El tribunal platense dictaminó en total dieciséis condenas, de las cuales diez fueron cadenas perpetuas (Jaime Lamont Smart, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Leopoldo Luis Baume, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera y Jorge Héctor Vidal) y seis condenas a 25 años de prisión (Alejandro Alberto Menichini, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Rubén Alfredo Boan, Rodolfo Enrique Godoy y Ricardo Juan García). Roberto Armando Félix fue absuelto y Juan María Torino murió impune. 
 La mayoría ya cargaba con condenas previas, pero están detenidos en sus casas cumpliento “prisión domiciliaria”. Solo Di Pasquale y Etchecolatz cumplen prisión efectiva, pero no común, ya que están detenidos en la unidad 34 de Campo de Mayo. El fallo no hace mención respecto de la modalidad de cumplimiento de las condenas ni tampoco se expidió sobre la solicitud de revocación de las jubilaciones de los procesados.
 Etchecolatz, al momento de que la lectura del veredicto condenatorio, se puso de pie con un cartel colgado del cuello que decía: “Señor Jesús, si me condenan es por seguir tu causa”.
 Pese al negacionismo místico del genocida Etchecolatz, afuera del Tribunal, sobrevivientes, familiares, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, pudieron, tras décadas de lucha contra la impunidad, arrancar un pedazo de justicia.
 Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Cárcel común, perpetua y efectiva. Fueron 30 mil. 

 Ana Belinco 
 03/12/2020

Jubilaciones: un recule que no cancela el ataque

El bloque oficialista de senadores introdujo cambios en el proyecto de reforma del cálculo de la movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso. Eliminó el artículo que estipulaba que el aumento del 5% adjudicado por decreto en diciembre fuera considerado a cuenta del reajuste correspondiente al primer trimestre del año que viene. Luego, el propio AF también agregó otras modificaciones: resolvió que los aumentos serían trimestrales y no semestrales, como estaba previsto. Algunas versiones aseguran que podría haber nuevos retoques al proyecto en lo que respecta a la fórmula, volviendo al esquema vigente entre 2009 y 2017, cuando se consideraba, de los índices de evaluación salarial del RIPTE y el INDEC, el mayor de los dos. Los cambios afectan a un universo de 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor).
 La información no es clara respecto de la iniciativa de los cambios. La edición matutina de Clarín aseguraba que “Cristina dio vuelta en una mañana la medida más analizada de toda la gestión”. Los senadores del FdT, en cambio, aseguran que la modificación del proyecto “fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas” (Clarín, 2/12).
 La sorpresiva inclusión del “5% a cuenta” había provocado críticas al interior del oficialismo y una crisis con sus aliados, incluidos Claudio Lozano -actual director del Banco Nación- y la diputada Mirta Tundis (FR). El recule exhibe a un gobierno que acelera un arreglo con el arreglo con el FMI y, al mismo tiempo, asiste a una crisis social agravada por su política, que pone en peligro su supervivencia política y electoral. Lo mismo vale para los Lavagna y compañía, ajustadores seriales que temen que su alianza con los Fernández acabe por hundirlos.
 Inevitablemente, los cambios en la ley de serán recibidos con malestar por el gran capital, pero de ningún modo cancelan el ataque a los jubilados. Los haberes marcharán detrás de la inflación, sin piso asegurado. Actualmente, la jubilación mínima que cobra el 75% de los jubilados es de $19.000. 
 "Vamos a establecer una fórmula acorde con un modelo de Argentina en crecimiento" que "ate los ingresos de los queridos pasivos al ingreso de los activos", auguró Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, ajeno al desmoronamiento de todos los indicadores económicos y sociales. Según un informe reciente de la UCA, la desocupación trepó, en sólo un año, del 10,6% al 14,2%, pero sería mucho mayor si se contabilizara la cantidad de gente que abandonó la búsqueda de trabajo. “De no haberse generado ese efecto desaliento la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 27,3%”, señala el informe (Clarín, 3/12). 
 La medida improvisada en el Senado delata el impasse del gobierno, que intenta disimular el ajuste que reclaman el FMI y el gran capital. He aquí el nudo de la crisis política actual y de su inevitable desbarranque. 

 Jacyn 
 03/12/2020

jueves, 3 de diciembre de 2020

El asado de la CGT y la calle de los trabajadores

💰 Larreta quiere privatizar Costa Salguero y la Costanera

El día mundial de respuesta al VIH y el desfinanciamiento de la salud pública


Desde 1987, el 1 de diciembre se conmemora el día mundial de respuesta al VIH-SIDA, desde que se empezaron a conocer casos de este virus se estima que 75,7 millones de personas convivieron con el VIH y un promedio de 32,7 millones fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo. Los datos de Naciones Unidas estiman que 1,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2019. 
 Según la Organización Mundial de la Salud, en Argentina hay 129 mil personas que conviven con el virus y un 20% de ellas lo desconoce. Del total de personas que conocen su diagnóstico, el 83,5% está en tratamiento y la mayoría de ellas se atiende en el sistema público de salud.
 Históricamente, los sectores más conservadores y la Iglesia Católica, asociaron el VIH a una conducta sexual considerada promiscua y se lo utilizó para responsabilizar a las diversidades sexuales de esa pandemia, apodándolo “la peste rosa” y estigmatizando con más gravedad a la homosexualidad como pecado. Hoy en día, aún la ESI laica y científica no se aplica ni se financia por bajada de línea de las Iglesias al Estado, lo que beneficia, que este prejuicio se mantenga en el sistema capitalista. 
 Pese a los avances científicos en materia de prevención y tratamiento, las mujeres travesti/trans son un 34% de los 5800 casos que hubo en el 2019 en nuestro país. Esto se debe a las condiciones de vida a las que el Estado condena a este sector de la población, donde la falta de acceso al mercado laboral las empuja en muchos casos a la prostitución, donde se ven más expuestas a diferentes ITS además del VIH. En este cuadro de crisis, se agrava el peligro para la población con VIH que no tiene acceso a su tratamiento, ya que el COVID-19 podría potenciar sus problemas de salud. Muchas personas vieron peligrar su continuidad de tratamiento por la dificultad de acceso con la cuarentena y el mismo recorte en el Programa de Prevención de VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. 
 En 2020 fue presentado un nuevo Proyecto de ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis y de Enfermedades de Transmisión Sexual, al cual adherimos. Este proyecto no fue tratado en el recinto en sus dos presentaciones hechas anteriormente en 2016 y 2018 perdiendo estado parlamentario, a pesar de tener el consenso de distintas organizaciones de activistas. 
 Debido a los sucesivos ajustes en el terreno de la salud, la anterior ley de 1990 no se cumple, y que exista una nueva ley tampoco garantiza su cumplimiento si el Estado no se responsabiliza por su financiamiento y aplicación.
 Los antirretrovirales, que comenzaron a recortarse desde finales del macrismo, sólo se dan en los hospitales y no en los centros de salud barriales, y para completar el cuadro de crisis sanitaria, tampoco hay un acceso a los métodos anticonceptivos y en muy pocos casos, se encuentran preservativos en los centros comunales de salud. 
 En esta nueva ley, se prohíbe el uso de test VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS para acceder a un puesto de trabajo. Esta práctica, es muy común en las patronales para excluir a quienes conviven con el virus y no accedan a un trabajo. También incluye la provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus y pensiones no contributivas a personas con VIH y Hepatitis B o C. Este proyecto lleva la firma de 17 diputados incluyendo la firma de la diputada del Partido Obrero (FIT) Romina Del Plá y es el primer paso hacía una lucha contra la estigmatización y exclusión hacia las personas con VIH en el sistema de salud, donde haya un enfoque científico sobre la problemática sin entrar en discursos patologizantes. 
 El presupuesto 2021 prevé nuevos recortes y ajustes en varios sectores de la salud. Estos recortes se vienen dando tanto en el Gobierno de Alberto Fernández, como el de su antecesor, Mauricio Macri. Un ejemplo de esto fue la renuncia en octubre de Sergio Maulen quien era titular del área programática de tratamientos de SIDA, Hepatitis y Tuberculosis en Argentina. El funcionario comenzó en su cargo durante el gobierno Macrista y renunció debido a las denuncias de desfinanciamiento. Luego en la asunción del Gobierno actual y la formación nuevamente del Ministerio de Salud, le ofrecieron de vuelta el cargo, del cual también renunció. Lo que no cambió a pesar de tener un Ministerio de Salud, fueron las denuncias de vaciamiento en la salud pública. 
 Desde la Agrupación LGBTI 1969, entendemos que el ajuste fondomonetarista en marcha se traduce en menor presupuesto y más desfinanciamiento en la salud pública. El mismo Estado pone en jaque la salud de la clase trabajadora impidiendo el acceso a los derechos garantizados por ley.
 Organicémonos junto a les trabajadores de la salud de manera independiente del Estado y sus gobiernos, para que se destine dinero a la salud pública y no para pagar la deuda externa. Exigimos la producción nacional de antirretrovirales, métodos anticonceptivos y campañas de prevención. Basta de negociados del Estado con los laboratorios privados. Nuestras vidas no son un negocio. 

 May Francesco, Mily Victoria 
Agrupación LGBTI 1969

Una agenda de lucha por el aborto legal


¡Sumate a la semana verde! 

 Ayer comenzó el debate del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo en 4 reuniones de comisiones en Diputados. Las reuniones de comisiones se extenderán toda la semana con la intención de firmar dictamen al proyecto el viernes 4/12, aunque podría ser la semana siguiente. 
 Esta semana es clave para la marea verde, que debe estar en estado de alerta y movilización para impedir maniobras, modificaciones en el proyecto de la mano de las iglesias y dilaciones, y anotarse lo que podría ser un enorme triunfo, producto de la lucha popular. 
 Desde el Plenario de Trabajadoras impulsamos una serie de actividades callejeras, durante la semana del debate en comisiones y hasta su votación. 
 Todos los días impulsamos pañuelazos y actividades de 15 a 19 frente al Congreso Nacional. El viernes 4, día que se firmaría el dictamen de comisiones, realizaremos una concentración frente al Congreso, y a las 18h una charla con la diputada Romina Del Plá. 
 El sábado 5 realizaremos intervenciones en todos los parques y barrios. Nos preparamos para el día en que se vote en la Cámara de diputados, para realizar una enorme vigilia por el aborto legal, sin dilaciones y restricciones clericales. 

 ¡Sumate a la agenda verde!

 Prensa Obrera

miércoles, 2 de diciembre de 2020

"Estamos ante un ajuste combinado a los trabajadores de la Ciudad" // Gabriel Solano en TKM

Federalismo, con “F” de FMI

Al disponer un nuevo recorte de los fondos coparticipables de la Ciudad, la mayoría oficialista del Congreso no hizo sino reflotar un viejo recurso empleado por todos los gobiernos de los últimos 40 años: presentar como medidas ´federalistas´ a las reestructuraciones presupuestarias que tienen como beneficiarios a los acreedores internacionales y al gran capital. Así ocurrió con la transferencia de escuelas y hospitales, con la “federalización” de los hidrocarburos e incluso con la propia ´autonomía´ porteña, en los años 90. Ayer, una diputada K, Fernanda Vallejos, deslizó en su discurso que esa autonomía había sido un “error”. Si lo dijo en su carácter de supuesta guardiana del Tesoro nacional, pecó de ignorancia, porque la autonomía implicó el autofinanciamiento de la Capital a costa de impuestazos y de remate de tierras públicas, para liberarle recursos a la caja de Menem y, por lo tanto, a los acreedores del país. El “inspirador” de la autonomía fue Cavallo, pero en aquel momento, el futuro matrimonio presidencial gozaba de la simpatía del ministro de economía de Menem. 
 La medida adoptada en la madrugada de ayer, nuevamente en nombre del “equilibrio federal”, se inscribe en esa saga. Para usar una frase en boga en estos días: el dinero es “fungible”, y la plata que deja de ingresar a la Ciudad entra en la misma bolsa de los 100.000 millones despojados a los jubilados, el retiro del IFE y la inmensa quita salarial a los estatales. El gobierno está haciendo esfuerzos indecibles para llevar al déficit fiscal por debajo del 3% del PBI, superando las metas presupuestarias iniciales. Espera, de ese modo, adelantar el acuerdo con el FMI, cuando las reservas internacionales se encuentran por debajo de la línea de flotación y la ´esperanza´ de la nueva cosecha se diluye, no por razones climáticas o de precios, sino por la alevosa elusión de divisas que practican los monopolios agroexportadores. 
 El gobierno nacional sabe muy bien que el recorte de fondos le servirá a Larreta para reforzar el ajuste contra los trabajadores de la Ciudad, lo que ya está sucediendo en la salud y en la docencia. Larreta ha ´cerrado la canilla´, también, de la asistencia alimentaria en los barrios, y prevé una reducción brutal de la obra pública, ello, cuando la prevención frente al Covid exige reformas edilicias urgentes en escuelas y centros de salud. Larreta se escudará en el recorte para empujar otra ronda de remate de tierras públicas en la Ciudad, en este caso, en Costa Salguero y Carrasco.

 La guerra a Larreta 

 La guerra verbal a Larreta, que acompaña este recorte, ha sido protagonizada por Máximo Kirchner. El corazón del cristinismo le ha impuesto a Alberto la dinamitación de los puentes con el macrismo dialoguista. De este modo, y detrás de la ´readecuación de fondos a CABA´, abroquelaron al Frente de Todos, con el conjunto del Pejota y Schiaretti incluidos. Es un cierre de filas por defol, o sea, una ´unidad´ forzada para hacerle frente a la oposición macrista y, sobre todo, a la parte de ella que podría establecer acuerdos con Massa o Alberto Fernández. El escenario de esta fractura con Larreta puede encontrarse también en la cuestión judicial y, más precisamente, en la designación del jefe de los fiscales. AF había sondeado la posibilidad de elegir a Daniel Rafecas -un oficialista moderado con múltiples vínculos con el sionismo- con los votos de los dos tercios del Senado, o sea, a través de un acuerdo con la oposición. De este modo, el encargado de guiar los procesos penales a CFK hubiera gozado de una virtual inmovilidad. El kirchnerismo, en cambio, impuso -por ahora sólo en el Senado-que el procurador fiscal puede elegirse a mayoría simple y con un tiempo limitado de ejercicio. En diputados, sin embargo, el FdT no aseguró aún la mayoría para esta suerte de salvoconducto a Cristina Kirchner. ¿Con Cristina o con Larreta? En torno de estos coletazos, se juega cuál será el régimen politico que va a pilotear los futuros episodios explosivos que augura la crisis economica, el derrumbe social y los arreglos de deuda. 
 Los mentideros aseguran que este conjunto de maniobras apuntan a “golpear a Larreta como futuro candidato presidencial”, aunque probablemente terminen de consagrarlo como tal. Lo que el kirchnerismo busca es otra cosa: impedir la eventual formación de un bloque político “intermedio”, que una a Larreta-Santilli con la derecha del Frente de Todos.
 En cualquier caso, el programa de esta guerra kirchnerista a Larreta es muy claro: el tandem Cristina-Máximo asume para sí la tarea de arreglar con el Fondo y soldar una alianza de fondo con las agrocerealeras, mineras y petroleras que deberían traer los dólares que sirvan de garantía a un nuevo financiamiento internacional. El recorte a la Ciudad se inscribe en ese paquete de garantías. Es cierto que la famosa carta de Cristina había planteado ´un gran acuerdo nacional´. Pero ese consenso no logra, al menos por ahora, incluir a la cuestión judicial. Para ello, los republicanos de JXC deberían poder meter en el paquete a Macri, y a sus chanchullos con el espionaje y el Correo. 
 Mientras Larreta y Fernández se disputaban los retazos de un país en bancarrota, la clase obrera del cordón cerealero -el corazón de los aliados del gobierno- protagonizaba una huelga contra el cepo salarial. Más temprano que tarde, la clase obrera dará su respuesta a una crisis que, tan sólo por ahora, se presenta como una guerra de rapiña “por arriba”. 

 Marcelo Ramal
 02/12/2020

Larreta vs Fernández, un ensayo del FMI

La crisis política abierta entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional tomó la forma de la media sanción en Diputados donde se aprobó, para luego enviar al Senado esta misma semana, la iniciativa donde la Nación y la Ciudad abran una “instancia de negociación de 60 días” para definir el monto que se destine de la coparticipación para el financiamiento de la policía de Larreta. 
 El antecedente inmediato de este debate fue la quita que hizo Alberto Fernández, decreto de por medio, de un punto de coparticipación para aumentar los salarios de la policía de Kicillof. Recordemos que en 2016, en el momento que se realizó la transferencia de la policía a la CABA (20.000 efectivos de la Federal), Macri llevó la coparticipación de 1,4% a 3,75%. Por si quedaba alguna duda sobre el recorte que produciría Larreta, luego de una posible sanción de esta ley, Santilli señaló en los distintos medios que los 65.000 millones de pesos que la Ciudad deja de percibir sería el 88% del presupuesto de salud, la construcción de 217 escuelas primarias, 13.000 viviendas nuevas en “barrios populares” o la construcción de 475 kilómetros de cloacas y pluviales. La referencia de estos recortes a futuro, donde también entrarían patrulleros, da un indicio de la orientación social del ahorro al cual estaría siendo sometida la población trabajadora de la Ciudad.
 Pero el problema no pasa simplemente por denunciar una pelea entre ajustadores. Lo que se debate de fondo, y de forma, es la imposición del FMI el cual exige que el conjunto de la economía nacional se debata en la Cámara de Diputados, incluido los vencimientos y reestructuraciones futuras de la deuda contraída con ellos. No se trata entonces de establecer un signo igual a los debates que precedieron el destino de los fondos de coparticipación nacional sino que lo que se encuentra en juego es establecer una unidad nacional o en mejores palabras “un consenso fiscal” alrededor de la orientación que garantice el pago de la deuda, jurisdicción local y extranjera. Porque en última instancia, el problema del 1 o 2 % de la coparticipación que reclama Larreta se puede arreglar con la sesión de los terrenos del ferrocarril para los emprendimientos inmobiliarios, entre ellos los denominados “playón ferroviario Palermo” o playón ferroviario Caballito”. Es por esto que en la misma sintonía, la Corte Suprema de Justicia decidió en las últimas horas frenar el reclamo de Larreta para que el gobierno nacional le restituya fondos de la coparticipación hasta tanto no exista una sanción definitiva en el Congreso a la ley que ya obtuvo media sanción ayer. El tribunal superior que definirá el destino del “ahorro nacional” será el FMI y no la corte suprema como pretendía Larreta. El acuerdo de los supremos y las supremas en sacarle el cuerpo a este debate está a medida de una estrategia más general.
 El impasse que se ha abierto alrededor del debate presupuestario profundiza todas las contradicciones que atraviesa el régimen político. La idea de que el gobierno nacional haya potenciado la figura de Larreta en una futura polarización rumbo al 2024 es una pretensión de largo y difícil alcance que pasará por distintas crisis, “tres años es un siglo”. Las bravatas de Wado de Pedro o Máximo Kirchner contra Larreta son la expresión de un régimen que encontró todos los límites a la hora de discutir una política de autonomía nacional para el destino del ahorro de todas y todos los argentinos.
 El debate de los distintos presupuestos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires tiene que servir a los trabajadores para establecer un debate más general sobre que clase social tiene que dirigir el destino de la economía nacional. En momentos que se acelera la fuga de capitales y este régimen destina el “superávit comercial” para sostener el pago de los intereses de la deuda, la lucha por las reivindicaciones inmediata son la guía de primer orden para establecer el debate de la lucha por un gobierno de trabajadores. 

 Lucas Benvenuto 
 02/12/2020

La barbarie de las tropas australianas en Afganistán


Una reciente investigación da cuenta de decenas de asesinatos cometidos fuera de combate.

 Al menos 25 soldados del Servicio Especial del Aire, una unidad de élite de las “Fuerzas de Defensa” australianas, han sido indicados como los perpetradores de brutales crímenes contra civiles y prisioneros afganos. La investigación, llevada adelante por la dirección de las propias fuerzas armadas del país oceánico, da cuenta de 39 asesinatos, realizados a sangre fría, incluso con degollamientos, fuera de cualquier situación de combate o riesgo para las tropas australianas. Se trata de “ritos iniciáticos” en los que se buscaba que los soldados tengan las primeras “bajas” en su haber, los crímenes se completaban con el montaje de un falso enfrentamiento, plantando armas en la escena para simular una situación de combate.
 La pesquisa con la que se armó el informe tomó 4 años para realizarse, y abarca el periodo 2005 – 2016. El contexto es el de la invasión imperialista de Afganistán en el marco de la denominada “guerra contra el terrorismo”, comandada por Estados Unidos y de la que Australia es un activo participante, como en la mayoría de las aventuras militares yanquis. 
 Los crímenes de las tropas australianas no son, desde ya, una excepción. A los conocidos casos de tortura cometidos por tropas estadounidenses en Abu Ghraib o Guantánamo se le suman las atrocidades cometidas por soldados británicos en Irak y Afganistán, que, de acuerdo a recientes revelaciones hechas por la BBC, se contarían por miles y estarían siendo encubiertas por las autoridades gubernamentales. De conjunto, y solo desde 2015, han muerto en Afganistán cerca de 20 mil civiles de acuerdo a la ONU y, en la primera mitad de 2020, las fuerzas de la coalición liderada por EE.UU. han sido responsables de 281 civiles fallecidos, por bombardeos aéreos u otros medios (El Mundo, 19/11). Por otra parte, la intervención imperialista ha sido un completo fracaso en sus objetivos declarados. En estos momentos, el gobierno de Trump se encuentra negociando una retirada del contingente estadounidense con los propios talibanes, cuyo aplastamiento era el principal motivo de la invasión, pero que hoy controlan al menos un tercio del territorio.
 En Australia, las revelaciones de los crímenes han provocado una crisis política en regla y se ha puesto en marcha un operativo para lograr la impunidad de los militares involucrados y, más en general, un absolución para las Fuerzas Armadas y el Estado australiano en su conjunto. Luego de las primeras declaraciones del primer ministro conservador Scott Morrison y del jefe del ejército Angus Campbell tendientes a avanzar en una separación de los involucrados y en un posible enjuiciamiento, sectores de derecha y de las Fuerzas Armadas salieron en defensa la actuación general de las tropas y con el planteo de que se trata de meros actos individuales. Desde que salió a la luz el informe, 9 militares australianos se suicidaron supuestamente por el stress provocado por la investigación realizada ya que solo uno de ellos actuó en Afganistán. Campbell, incluso, retrocedió respecto de la medida simbólica que había decidido tomar de retirar los honores militares con los que la unidad de elite acusada cuenta (The Sidney Morning Herald, 30/11). 
 Al día de la fecha el operativo de impunidad está en marcha, solo 10 militares han sido expulsados de las Fuerzas Armadas, no hay juicio alguno iniciado y tampoco detenidos. El propio informe inicial fue realizado con el objetivo de aminorar daños y responsabilidades, señalando el desconocimiento de los mandos sobre lo ocurrido y guardando el secreto acerca de los nombres de los responsables y del propio contenido de la investigación. No hay señalamiento alguno respecto del rol jugado por las autoridades militares y políticas, responsables de lo actuado por la agresión imperialista y difícilmente ignorantes acerca del accionar de las tropas en el terreno. 
 Las revelaciones se han transformado en un ejemplo más de la verdadera naturaleza del Estado australiano, que se esconde detrás de una pantalla de democracia y desarrollo. Las atrocidades cometidas por sus tropas tuvieron lugar tanto durante gobiernos conservadores como laboristas, por lo que cuestionan al conjunto del régimen político. 
 El accionar militar del imperialismo constituye en sí mismo un atropello contra la humanidad y es por lo tanto inseparable de los más graves actos cometidos por militares en diversos puntos del globo. La perpetuación y defensa de un régimen social como el capitalismo implica la reproducción inigualable de actos de barbarie y plantea, por lo tanto, la necesidad de su superación.

Leandro Morgan  

El nuevo crimen social contra los jubilados plantea una huelga general

La introducción sorpresiva de un artículo en el proyecto de la nueva fórmula de movilidad previsional que estipula que el 5% de aumento dictado por decreto en diciembre será tomado “a cuenta” del reajuste correspondiente al primer trimestre de 2021, ha desatado una indignación feroz – mayor que la que precedió al ‘empalme’ de Macri en diciembre de 2017. Inevitablemente, ha creado una fisura entre el oficialismo y los aliados que lo han acompañado en la liquidación de las jubilaciones y el saqueo del Fondo de Anses. El ajustador Roberto Lavagna lo consideró inaceptable. Claudio Lozano, director del Banco Nación, denunció lo que el gobierno que él apoya no intentó disimular - que los jubilados perderán un trimestre de aumento, ya que el 5% en cuestión será absorbido a título de “adelanto” por el reajuste correspondiente al primer trimestre del año próximo. 
 De aplicarse este “empalme”, los 18 millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales serán víctimas de una nueva confiscación. La ´reforma´ del macrismo -que difirió un semestre la movilidad-, representó un manotazo de 64 mil a 100 mil millones de pesos. Apenas asumido, el gobierno FF suspendió aquella fórmula -que hubiera significado un incremento en las jubilaciones del 42% el último año- y la reemplazó por aumentos sucesivos por decreto, acumulando una depreciación de 10 a 20 puntos respecto de la evolución de los precios. La nueva fórmula que impulsa el gobierno no prevé piso ni garantía de que los incrementos acompañen los aumentos de precios. 
 Los previsionalistas anticiparon una catarata de juicios contra el Estado, que se sumarán a los más de 250 mil que ya se tramitan en los tribunales por mala liquidación o actualización de haberes – cuyas sentencias, además, se ejecutan a cuentagotas. El ex presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS), Luis René Herrero, calificó al “5% a cuenta” como “ilegal e inconstitucional” y acusó al gobierno de aplicar ´doctrina cavallista´ (Clarín, 1/12). Recientemente, un fallo de cámara de la ciudad de Paraná declaró inconstitucionales los aumentos por decreto. De aprobarse el proyecto de “aumento a cuenta”, el Congreso legislaría en forma retroactiva, en perjuicio de los jubilados. El propósito declarado de este robo es “acompañar un proceso de desindexación de la economía”, según un reza un texto del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto. 
 Para los millones de jubilados que cobran la mínima de 19 mil pesos y para los millones de desocupados y precarizados que sobreviven con las menguadas prestaciones asistenciales del Estado, se trata de un crimen social. 
 El desfalco a los jubilados se produce cuando los sindicatos del aceite y de recibidores de granos han votado una huelga indefinida para arrancar el pliego de reclamos que han presentado en la paritaria con los pulpos agro-exportadores. También cuando médicos y personal de salud de Ciudad y Provincia llama a huelgas y movilizaciones para esta semana. La gravedad de lo que ocurre con los jubilados y el sistema de previsión social, plantea el llamado a una huelga general. 

 Jacyn
 01/12/2020

"No votamos una ley dictada por la política de ajuste basada en el pacto con el FMI" // Del Plá

Impiden el acceso de la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años // Jujuy

martes, 1 de diciembre de 2020

Cifras del Indec que muestran el agotamiento del gobierno de los Fernández

Argentina atraviesa una fuga impresionante de divisas, que desbarata el relato oficial acerca de la tendencia al equilibrio de la economía. Pone de manifiesto, más gravemente, la marcha inexorable a un estallido de las variables económicas, en momentos en que el alza de precios se instala, con comodidad, en alrededor del 4% mensual. Las implicancias políticas de todo esto son clarísimas: en palabras del ministro de Economía, si se arregla con el FMI, o sea se aceptan sus condiciones, “Argentina se transforma en paria” (Página 12, 29/11). Una advertencia a los K de paladar negro que abusan a través de ese diario.
 Aunque Argentina goza de una diferencia favorable entre exportaciones e importaciones, del orden 12.000 millones, la caja del Banco Central registra una salida de 17 mil millones, como lo revelan la caída de las reservas en casi 5.000 millones. Si el ajuste brutal que ha sufrido el mercado interno, el conocido dios del kirchnerismo, para reducir en forma drástica la importaciones, no ha servido para restaurar un saldo financiero positivo, o sea un superávit de divisas, esto significa que la política económica oficial se encuentra en bancarrota. Es la única lectura que admiten los datos.
 El desbalance obedece a lo siguiente: los exportadores han retenido en el exterior 6.000 millones de dólares, sea por medios ´legales´ como ilegales. Entre los primeros se encuentra la venta a crédito, o el simulacro de ello, lo que hace que el efectivo ingrese a lo largo del tiempo, lo cual equivale a una exportación de capitales. De ese modo especulan, asimismo, con una eventual devaluación del peso. El crédito de los exportadores es financiado por bancos extranjeros y nacionales con cuenta en el exterior, de modo que la devolución del dinero queda radicada en el extranjero. Esta operación de salida de capitales la realiza la burguesía ´mimada´ del gobierno, el complejo agro-exportador, para el cual el gobierno dice estar preparando un plan de fomento ´plurianual´. Estamos ante un caso de socavamiento político de la tropa propia. 
 Del otro lado de la mesa del comercio exterior, los importadores también exportan divisas, en este caso mediante el adelantamiento del pago de las importaciones, lo que significa que el Banco Central financia a los exportadores extranjeros. El gobierno, por último, sigue pagando los intereses vencidos del préstamo del FMI a Macri, para no alterar, dice, las negociaciones tanto con el Fondo como con el Club de París. Lo mismo hizo cuando ´negociaba´ con los fondos internacionales, pagaba para ver. El graduado en Columbia, Martín Guzmán, y el ex Cavallo, Alberto Fernández, operan como el Caballo de Troya del capital financiero, mientras gastan el castellano asegurando que sus propósitos no son otros que la defensa de los intereses populares. La recontra K que manipula la dirección de Anses, los complementa en este uso singular del lenguaje inclusivo. Y agravando este escenario, los importadores adelantan pagos y compras al exterior, a la cotización actualmente existente. En resumen, entre los cinco mil millones de exportación de capitales mediante la financiación de exportaciones y los dos mil trescientos millones de pago adelantado de las importaciones, se birlaron 7300 millones de reservas internacionales. 
 Mientras el comercio exterior operaba como vehículo para esta fuga de reservas, el llamado “rubro financiero” fue responsable por la salida de otros 6.000 millones de dólares, donde se incluye el pago de bonos pero también las ´devoluciones de préstamos´. El propio gobierno admitió, recientemente, que las grandes empresas que recibieron el ATP y otros subsidios durante la pandemia, utilizaron los pesos para comprar dólares baratos y cancelar deudas con el exterior. Los ´nac & pop´ confiesan su complicidad con el vaciamiento del país, sin rurborizarse. El gobierno FF le financió la salida de las reservas existentes a la misma clase capitalista que se las arregló para no ingresar al país las nuevas divisas generadas por el comercio exterior. 
 A este escenario, se suma la salida de recursos para pagar deuda externa, mientras el gobierno negociaba con los acreedores internacionales. Para obtener el préstamo de “facilidades extendidas” del FMI, con el cual espera pagar la deuda contraída por el macrismo con el Fondo, el gobierno ha adelantado, como garantía, una decena de miles de millones de dólares. Bueno, dicen los funcionarios - ¿no es así como funcionan los mercados? 
 Es muy claro de todo esto que la gran patronal agraria e industrial tiene arreglado con el gobierno una mayor devaluación del peso. - aunque Guzmán asegure que no es necesario, de acuerdo a sus cálculos. Fue él, sin embargo, el que sopló el pito de largada cuando colocó el ´dólar solidario´ un 65% arriba del comercial. La salida de la llamada brecha ya tiene un número hace varios meses. Lavagna acaba de reconocer lo que viene, con su propio lenguaje inclusivo: “una devaluación, que sería una derrota, puede ser inevitable”. De ese modo le muestra la puerta de salida al ´derrotado´ Guzmán, que pagaría políticamente la cuenta del vaciamiento; de nuestra parte agregamos que ello evitaría, al menos por un tiempo, la salida de la propia CFK. La devaluación debería marchar codo a codo con una reforma laboral y otra impositiva – la previsional marcha a velocidad de crucero. 
 Detrás de ellos, el gran capital quiere que el superávit comercial sirva de garantía a una nueva tentativa de endeudamiento internacional, de la mano de las tasas cercanas a cero y de la recuperación del precio de la soja.
 La pulverización del superávit comercial demuele cualquier pretensión de que Argentina se encuentre sometida a la ´restricción externa´, como propagandizan, quienes dicen que las exportaciones son insuficientes para pagar las importaciones. Los números del Indec prueban lo contrario. Ámbito Financiero advierte de otro aspecto de la devaluación – que serviría para subir la cotización de la deuda reestructurada con los grandes fondos, una condición que exige el FMI. Esa deuda, que se arregló con el presupuesto de que pasaría a valer 65/70% de su valor, cuando se encontraba por debajo del 35, sigue en este piso, bloqueando todo el financiamiento del capital privado en Argentina. Una devaluación del peso reduciría aun más el valor del patrimonio de Argentina, que se convertiría en bocado para el capital extranjero. Lo que dificulta toda esta operación no es el gobierno sino la certerza de todos ellos de que precipitaría una rebelión popular. Algo insuperable para gobiernos, como el macrista y el kirchnerista, que no pudieron, el primero, organizar un River-Boca en Argentina, y el segundo, el funeral del pibe más querido. 

 Marcelo Ramal 
 01/12/2020

Haití: nueva movilización reclama la salida del gobierno


El 18 de noviembre, una importante movilización reclamó en las calles de Puerto Príncipe la salida del presidente Jovenal Moïse, un empresario bananero que llegó al poder tras unas elecciones fraudulentas en 2016. La represión dejó un muerto, por un disparo en la cabeza, y varios heridos.
 Desde que está en el poder, Moïse ha enfrentado numerosas movilizaciones e inclusive levantamientos populares, como el ocurrido en octubre de 2019, cuando las masas se volcaron a las calles contra el desabastecimiento de combustibles, la malversación de los fondos de Petrocaribe y las paupérrimas condiciones de vida -el 70% vive en la pobreza (Clarín, 26/11). 
 Moïse viene gobernando por decreto desde comienzos de año, cuando se venció el mandato de los diputados y buena parte de los senadores. Aspira a reforzar sus atribuciones presidenciales por medio de una reforma constitucional, que incluiría un referéndum ratificatorio en febrero o marzo próximos. 
 Si Moïse ha logrado mantenerse en el poder, es fundamentalmente debido a la represión y el apoyo imperialista de Donald Trump y Estados Unidos. A cambio, el presidente da luz verde a continuar con la intervención yanqui en la región.
 Sin embargo, conscientes de la necesidad de relegitimar el régimen político, tanto el gobierno norteamericano como la OEA le reclaman a Moïse la realización de elecciones legislativas. 
 El presidente haitiano se muestra dispuesto a convocar a elecciones legislativas e incluso presidenciales, tras el referéndum constitucional, pero asegura que culminará su mandato, que finaliza en 2022. La oposición recela del planteo de los norteamericanos, reclama la salida de Moïse y un gobierno de transición que permita una salida ordenada, con lo que se coloca en una línea de preservación del régimen social. Según la agencia Prensa Latina (12/11), en esta oposición prima actualmente un cuadro de dispersión.
 Fuera Moïse y fuera el imperialismo. Por un gobierno de los trabajadores. 

 Álvaro Chust