El Gobierno asumió como propios los acuerdos alcanzados en la Cumbre y celebró la “tregua comercial” entre Estados Unidos y China, después de que Trump le hiciera pisar el palito. “Nos tenemos que llevar bien con los dos”, justificaba el oficialismo en el búnker de prensa, donde también bromearon con instalar el nombre de “Acuerdo de Buenos Aires”. Panorama internacional de lo que pasó puertas adentro de Costa Salguero.
Cuando se habla de “sueño húmedo” se suele pensar en fantasía sexual, pero en realidad la frase significa polución nocturna: eyaculación involuntaria que se produce durante el sueño. La Cumbre del G20 en Buenos Aires, el sueño húmedo del macrismo, no fue ninguna fantasía: el orgasmo gubernamental existió. Fue, de hecho, el mayor goce para el oficialismo en tres años de gestión. Y la circunstancia no tuvo casi nada que ver con el sex appeal de la Argentina.
“Si no fallamos en la organización, para nosotros la Cumbre es un triunfo aunque no se acuerde una declaración final conjunta”, decía el viernes temprano en Costa Salguero un funcionario de la Casa Rosada que acompañó a Macri durante los dos días. Desde el primer minuto, el Gobierno salió a instalar un argumento de sentido común: la Argentina es un país incapaz de influir en las deliberaciones de las potencias. Por lo tanto, su única responsabilidad como anfitrión era garantizar la seguridad, el soporte diplomático y la organización del evento. Lo cual tampoco era poca cosa para una administración que hace unos días no pudo asegurar el desarrollo normal de un partido de fútbol.
Así, se dedicaron a hacer lo único que podían, lo que tanto saben: cotejar a los que sí influyen. En especial a Donald Trump y Xi Jinping.
A nadie se le escapaba que el desenlace de la Cumbre dependía de la dinámica entre Estados Unidos y China. Para variar, Trump fue el gran factor de incertidumbre. Tiene un magnetismo en algún punto parecido al de Diego Maradona, que consiste en una capacidad insólita para llamar todo el tiempo la atención. Llegó tarde a su bilateral con Macri. Revoleó un auricular porque no le gustó la traducción. Faltó a la reunión a solas de líderes y dijo que prefería quedarse haciendo llamados. Firmó el NAFTA. Suspendió una conferencia de prensa en señal de duelo por la muerte de George Bush e hizo temblar a algunos que ya lo veían subiéndose a un avión. Le canceló una reunión a Vladimir Putin pero lo saludó de parado. Terminó la gira en una cena con Xi donde pactaron una supuesta tregua a la “guerra comercial”.
Apenas arrancó la Cumbre, Trump le hizo pasar un mal momento al macrismo: en la mañana del viernes, la vocera de la Casa Blanca dijo que Trump y Macri habían conversado sobre “el compromiso de enfrentar desafíos regionales como la actividad económica depredadora china”. El Gobierno tuvo que mandar funcionarios al Centro Internacional de Medios en Parque Norte –un búnker para 2500 trabajadores de prensa dónde había máquinas expendedoras de Luigi Bosca pero funcionaba mal el WiFi– a aclarar que eso no corría por cuenta de la Argentina sino de Estados Unidos. No fuera cosa que se enojaran los chinos.
La delegación argentina transpiró haciendo equilibrio entre Washington y Beijing. “Son las dos mayores fuentes de inversión externa. No podemos elegir a uno u otro: necesitamos estar bien con los dos”, decían desde el Gobierno. Ese esfuerzo por complacer a las potencias fue la línea de conducta de la Argentina en el G20. A la premier británica Theresa May, por ejemplo, Macri ni le mencionó la palabra Malvinas. La Cumbre fue el marco ideal para que la representación argentina se pasara dos días mendigando inversiones entre los países desarrollados, con resultados diversos pero que en líneas generales conformaron al oficialismo.
Al final hubo acuerdo entre las potencias para una declaración final conjunta. Puntazo para el Gobierno, aunque no hubo en ello ningún mérito del macrismo. Ni siquiera del multilateralismo. “Sólo fue posible gracias al clima de distensión entre Estados Unidos y China”, reconocía el sábado un ministro nacional. El documento que firmaron los líderes no aporta nada nuevo en términos de gobernanza global; y ni que hablar de la felicidad de los pueblos. Su único valor fue la firma en sí misma: una mínima señal de concordia en tiempos violentos, para sacarse el mal gusto de los recientes fracasos del G20 en Alemania y del G7 en Canadá.
Todos los grandes jugadores tuvieron que ceder algo. Trump debió bancarse una mención explícita al Acuerdo de París, del que se retiró porque dice que el cambio climático es fake news, aunque consiguió que Europa aceptara un punto donde se aclara que Estados Unidos no suscribe a lo que se desprende del Acuerdo. China no pudo evitar una referencia a la necesidad de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC), un reclamo prioritario de Washington para fijarle “reglas de juego” más estrictas a la súperpotencia asiática en el comercio internacional. “Pero la declaración incluye una sola línea sobre la OMC”, minimizaban los voceros chinos. Igual el mayor éxito fue para Trump, quien por primera vez en la historia del G20 logró que no se utilizara la palabra “proteccionismo” en el documento final.
Los funcionarios macristas, los mismos que habían abierto el paraguas, salieron a gritar la declaración final como un gol propio. “Ayúdennos a instalar que este es el Acuerdo de Buenos Aires”, pedían, medio en chiste medio en serio, a los periodistas acreditados. Hay que admitir que, esta vez, el dispositivo de comunicación del Gobierno estuvo rápido de reflejos.
El G20 también tuvo momentos de simbolismo. La imagen de Macri llorando en el Colón ante los líderes de las potencias, mientras un elenco de artistas coreaba “Argentina, Argentina”, fue una síntesis gráfica de lo que la Cumbre significó para el Gobierno. Justo en el Colón, ese emblema de la aristocracia argentina del Centenario que, como comentó esta semana el historiador Ernesto Semán, fue creado por las elites locales para lo mismo que lo usó Macri: mostrar al mundo que la oligarquía tenía firmes las riendas del país.
Cuando parecía que ya más no se podía pedir, el macrismo se llevó otro premio de arriba: la pax acordada entre Trump y Xi. En la noche del sábado, cuando aún quedaban algunas comitivas en Costa Salguero, los dos presidentes más poderosos del mundo cenaron en el Palacio Duhau de la Recoleta y negociaron una tregua en la guerra comercial. Que nadie se ilusione: la disputa estratégica por el liderazgo global entre Estados Unidos y China sigue su curso. El choque recién empieza. Pero el encuentro en Buenos Aires les calzó justo a ambos mandatarios para enfriar un poco el partido después de 360 mil millones de dólares en impuestos de importación en 2018.
El impasse entre Trump y Xi le levantó aún más el perfil a la Cumbre y el anfitrión se anotó indirectamente otro gol. El sábado el gobierno ya se regodeaba con los elogios que le llegaban de personajes como Christine Lagarde, después de un año para el olvido.
“Nunca hubo tanta atención del mundo para Argentina como ahora”, salió a decir hoy el presidente argentino. Y es cierto: durante un fin de semana fuimos el centro de atención. Tal vez también lo dejamos el próximo, cuando Boca y River expongan el naufragio del fútbol argentino en el Bernabeu de Madrid.
Por lo pronto, en Buenos Aires el G20 mostró que aún le queda soga. Trump, Xi y los demás se fueron contentos.
Ahora ellos vuelven a lo de siempre: rivalidad estratégica, competencia por mercados externos, carrera tecnológica y militar.
El gobierno argentino, a lo suyo: devaluación, ajuste, precarización.
Y, por supuesto, Superfinal de la Libertadores: otro partido que tampoco se definirá en la Argentina.
Facundo F. Barrio
lavaca.org
martes, 4 de diciembre de 2018
lunes, 3 de diciembre de 2018
Bullrich da licencia para matar
Hoy fue publicada en el Boletín Oficial, la Resolución 956/2018, que establece el nuevo “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”.
Este decreto había trascendido en forma previa al G20, por lo que el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros durante la cumbre. Ahora vemos que, lejos de ser así, se trata de una reglamentación que deroga de facto todos los lineamientos, manuales y principios dirigidos a proteger los derechos humanos ante el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Y aunque estos nunca fueron eficaces para reprimir el gatillo fácil –casi 5.500 asesinatos entre 1983 y 2017, según el relevo de Correpi–, muchas veces abrían una veta judicial que permitía reforzar en los tribunales las movilizaciones contra los atropellos y crímenes policiales.
Hasta ahora, el manual interno de la Policía Federal Argentina, en el capítulo referido al “uso de armas de fuego”, disponía que “el uso de las armas exige siempre una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio para justificar en enfrentamiento con personas armadas, con el mínimo de riesgo posible para la integridad física de terceros inocentes”. Ahora, la pretensión del gobierno Macri-Bullrich apunta con toda claridad a legislar la “doctrina Chocobar”, extendiendo una verdadera licencia para matar a todos los miembros de las fuerzas represivas.
La nueva norma, en cambio, establece que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos:
a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.
El manual antes mencionado, en cambio, señalaba que “la fuga no justifica el uso de armas, excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial y, ante esa circunstancia, no impedir su fuga implique peligro inminente de muerte para sí o terceros”. Aquí, la referencia a “continuar haciendo fuego” desaparece. El manual subrayaba, asimismo, que debía “el uso de las armas de fuego es el último recurso disponible para la protección propia y de terceros ante una agresión ilegítima que las ponga en peligro”, antes de la cual debía apelarse a “todas las técnicas y tácticas policiales privilegian el resguardo de la vida e integridad física de las personas”. El cambio de doctrina es evidente.
Al fijar nuevas acciones que permiten a las fuerzas de seguridad disparar en ocasión de estar cumpliendo con su función, incluye entre otros supuestos acciones como las del oficial Chocobar, ya que entre las causales de justificación se encuentre la de “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, que fue lo que argumentó el policía de Avellaneda, felicitado por todo el gobierno, que pronto enfrentará un juicio oral por homicidio. Chocobar podrá esgrimir este protocolo para decir que no son judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Como bien lo explicó Bullrich al salir de la Casa Rosada junto a Chocobar, “ese gesto [el apoyo al policía], se debe a un cambio de doctrina que impulsa el Poder Ejecutivo: la Policía no es culpable en un enfrentamiento.”
El nuevo protocolo establece además que “ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las fuerzas de seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita”, pero no en todos los casos. “Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”. Es decir, ya no es necesario en todos los casos dar la voz de alto. Ahora hay un amplio abanico de excepciones en las cuales escudarse para tirar primero y preguntar después.
Peligro inminente… para las movilizaciones populares
El recurso a las armas de fuego queda amparado, en resumen, bajo el supuesto de una situación de “peligro inminente”. Pero a la hora de examinar qué significa, según la norma, la existencia de “peligro inminente”, su amplitud es enorme. Por caso, se considera que existe peligro inminente cuando se actúe “bajo amenaza de muerte o de lesiones graves”; cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un arma de juguete; cuando se “presuma verosímilmente” que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, cuando “efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”, “trate de acceder a un arma”, “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves” o incluso “tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”. Esto último significa que la “presunción verosímil” de que el sospechoso estuviera armado no es requisito, ya que alcanza con exhibir la “presunción verosímil” de que aun sin armas éste sería capaz de matar o producir lesiones graves.
Pero lo más grave queda para el final, cuando el decreto se establece que tampoco será cuestionable si el funcionario disparara “cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”. Esto es toda una definición para disparar ante movilizaciones multitudinarias como las de diciembre del 2001, o más cercano en el tiempo, como la ocurrida en diciembre del 2017.
Lo que constituye un cambio de “doctrina” del poder ejecutivo que lo hace directamente responsable de los crímenes futuros de sus fuerzas de seguridad.
Claudia Ferrero
Apel
Crean la universidad “Bullrich-Chocobar” en la provincia
La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley del gobierno de Vidal que crea una universidad policial. La iniciativa, que buscaría un “perfeccionamiento profesional” de los policías de la provincia, fue votada por todos los bloques con la única excepción del Frente de Izquierda.
Detrás del declarado intento de recalificar la formación que reciben los agentes de la Policía Bonaerense se esconden propósitos de distinta índole. Quizás el que más suspicacias levantó es la posibilidad, a partir de la creación de una universidad policial con cursos de grado y posgrado, que el gobierno monte una estructura única para reforzar el control sobre los ascensos del personal y los cargos de carrera. Esta pretensión es indisociable de las disputas por el manejo de las cajas negras que deja el crimen organizado y las “comisiones” que se cobran. Es una disputa no por el desmantelamiento de las mafias, sino por el control sobre las mismas. Es lo que está detrás de la causa de la megabanda delictiva que operaba bajo la órbita de comisarios y fiscales por la que cayó en desgracia el juez César Melazo.
Por otro lado, en un cuadro de recorte presupuestario a la educación pública la creación de esta universidad, con la designación de todos los cargos que implica y la creación de una estructura administrativa, es otra de las formas de seguir desviando recursos que no irán a atender la crisis rampante que atraviesa el sistema educativo de la provincia.
El contenido de la instrucción que recibirán los agentes de la fuerza no está explicitado en el proyecto, aunque es sugerente que la norma haya sido aprobada el mismo día en que se conocía el asesinato de Rodolfo Orellana en un desalojo en el barrio matancero de Villa Celina. Está claro que nada bueno podría venir de la mano del gobierno que respalda al gatillo fácil Chocobar y pretende convertir su accionar en una doctrina; de quienes reprimen con la Infantería para desalojar el acampe de los trabajadores de Siam; de los responsables de la masacre de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría donde murieron 9 detenidos luego de que los dejaran calcinarse tras un incendio en un calabozo con clausura judicial para alojamiento y que albergaba el triple de personas de su capacidad.
Pero si indagamos un poco existen ciertos adelantos de lo que se dictará en la universidad policial, que tendrá sede en La Plata. En 2017 y 2018, el Grupo Halcón y los responsables de la seguridad personal de la gobernadora y los altos funcionarios de la provincia realizaron viajes de capacitación a Israel, en el marco de un plan para la instauración de técnicas provenientes del ejército israelí. Estos viajes formaban parte de un programa de formación de un cuerpo de elite, que incluía contenido en “régimen legal” donde los partidarios de la doctrina Chocobar enseñan sobre la “legítima defensa”, y también se capacitaban en “seguridad especial” para actos “institucionales y políticos”, incluyendo el “manejo ante masas”.
Esta universidad policial forma parte del reforzamiento represivo que desde el gobierno nacional de Macri-Bullrich ejecutan como garantía para imponer el plan de guerra que han decretado contra los trabajadores. En esa línea, se preparan tanto para “profesionalizar” la represión a las movilizaciones y conflictos obreros, como para seguir avanzando en la persecución y criminalización de la juventud de las barriadas, con el consecuente crecimiento de las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil (van 700 casos desde que asumió Macri). Esto último es lo que ensayaron con la militarización del barrio platense El Mercadito, sitiado con cientos de efectivos y maquinaria de guerra durante semanas, para culminar luego sin desarmar ninguna mafia.
El kirchnerismo, al igual que todo el resto del peronismo, aportó sus votos para la aprobación, tras incorporar un inciso donde se incluye formación en derechos humanos y perspectiva de género. Una pantalla ridícula, todos sabemos que la policía es una de las patas en la responsabilidad estatal en los femicidios, desatendiendo sistemáticamente las denuncias por violencia y siendo cómplices y garantes de las redes de trata. Es la expresión de que acompañan el reforzamiento represivo pero con el relato de lo que daban en llamar la “seguridad democrática” mientras gobernaban con el genocida Milani.
Quien mejor expresó la doctrina Bullrich-Chocobar que se impartirá desde esta universidad policial es el presidente de la Comisión de Seguridad de Diputados, Matías Ranzini -un delegado del ministro de Seguridad Christian Ritondo- quien en una sesión defendió la cruda represión a los trabajadores del Astillero Río Santiago y atacó en simultáneo a la izquierda como si el hecho de movilizarse contra las medidas del gobierno los colocara por fuera de la ley y sin potestad para reclamar garantías constitucionales en el trato de las fuerzas represivas.
En esa línea se inscribe esta universidad.
Iván Hirsch y Gisel Perri – La Plata
Es ley la creación del Jardín Botánico de Salta
Por iniciativa del Partido Obrero
En la provincia de los desmontes, en una ciudad dominada por la especulación inmobiliaria y dentro de una institución de educación técnica agrícola desfinanciada, la propuesta llega a través de nuestro bloque en Diputados, el cual siempre fue independiente de toda esta política de degradación social y ambiental. El Botánico es una forma de plantar bandera a favor del medio ambiente, la educación y el derecho a la recreación.
Por iniciativa del bloque del PO, se aprobó en ambas Cámaras y por unanimidad la ley para crear el jardín botánico de Salta. El mismo estará emplazado dentro de la Escuela Agrícola de la capital salteña, que cuenta con 350 hectáreas y destinará más de 60 a la iniciativa, convirtiendo al futuro botánico en el más grande del país, que albergará la biodiversidad de Salta, para ser estudiada, clasificada y expuesta de manera pedagógica y ordenada al público. La ley crea un órgano de dirección, compuesto por un director, docentes y estudiantes de la escuela. Al mismo tiempo, impulsa la participación de instituciones como las universidades, el Inta, organizaciones sociales abocadas al resguardo del medio ambiente e independientes. La financiación estará a cargo del Estado provincial.
Hace un año, padres y alumnos acudieron a nuestro bloque preocupados por el desfinanciamiento de la escuela y por la posible entrega de sus tierras a iniciativas ajenas a sus fines pedagógicos. No era para menos: ya se destinaron decenas de hectáreas al Centro de Convenciones de la provincia y al “corsódromo” municipal. A pesar de que las tierras fueron donadas por la familia Güemes para una escuela agropecuaria, la experiencia muestra que los cargos no se respetan y la entrega de la Dirección de Vectores en el Congreso al negocio del turismo es una muestra aleccionadora. La organización de padres y alumnos dio como resultado que el gobierno retrocediera en sus pretensiones, por el momento. El Botánico, justamente, surgió como una de las formas que adoptó la defensa de los recursos y las tierras para la escuela.
La ley fue muy bien recibida por la población en general, a tal punto que sus críticos han tenido que hacer, por ahora, una oposición muy cuidada. Un caso interesante es el diario de mayor tirada en Salta, El Tribuno, de la familia Romero. Desde sus páginas lamentaron que la escuela se use para “cualquier proyecto en danza” en lugar de destinar toda la superficie a la soja y el maíz. Desde esta perspectiva, no se debe perder tiempo ni recursos en formar integralmente a los alumnos en el conocimiento de toda la biodiversidad local, sus usos e importancia, sino que la escuela debe constituirse en mero apéndice de la producción sojera actual. Complementariamente, sostienen que se podría llegar al autofinanciamiento “destinando más superficie al maíz en una zona en donde (lamentablemente) se planifica un botánico”...
En síntesis, el periódico volvía a la carga con las consignas capitalistas de convertir a la educación en una pata de la producción sojera, con los estudiantes convertidos en mano de obra gratuita y el discurso del “autofinanciamiento” como corolario. El Botánico choca contra esta política. También va a contrapelo de su impulso a la caótica especulación inmobiliaria, que en nombre del déficit habitacional ha colapsado de construcciones el centro, convirtiendo a Salta en una de las ciudades argentinas con menor cantidad de árboles por persona (informe de la Organización Mundial de la Salud). El Botánico es además una forma llamativa de plantar bandera a favor de la biodiversidad arrasada durante el gobierno de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, dupla que supera el millón de hectáreas desmontadas en las últimas dos décadas. Por todos estos motivos es necesaria su concreción.
El día de la aprobación en el Senado, el biólogo Lázaro Novara, férreo impulsor del proyecto, contaba su larga experiencia al respecto: llegó a Salta hace 43 años para profundizar sus estudios sobre la flora nativa. Lo primero que le llamó la atención fue la cerrazón de todos los gobiernos a destinar un espacio para la investigación y exposición de la enorme biodiversidad local. Durante estas décadas vio frustrarse todos los planes para concretar un Botánico, los que fueron reemplazados por iniciativas inmobiliarias. Que después de tantos años la iniciativa se convierta en ley a través del PO no es casualidad: es claro que estos proyectos se podrán concretar sólo si se fortalece una perspectiva independiente, que sortee cualquier traba y maniobra del régimen. Junto a alumnos, padres, docentes, reconocidos especialistas y personalidades que nos apoyaron y a quienes agradecemos, vamos ahora por su promulgación y por su financiamiento sin condicionamientos.
Arturo Borelli
G20 en el Colón: La danza de la precarización laboral
Sin la participación de sus artistas estables, un espectáculo que causó polémica por sus escasas virtudes expuso la precariedad de los trabajadores de la cultura.
Los mandatarios imperialistas que visitaron al país, ya que en la Argentina recayó la organización del G20, fueron homenajeados con una gala en el teatro Colón, cuya valoración fue objeto de polémicas ya que expertos y público en general le atribuyeron escaso gusto estético. Sin embargo, más allá del debate sobre la puesta en escena de Argentum, creada por Ricky Pashkus y cuya idea se atribuyera el presidente Macri (“it’s my idea, other’s production, but my idea” [“Es mi idea,la produjeron otros, pero es mi idea”], dijo en las sesiones del G20), la velada mostró los alcances de la precarización laboral realizada por el gobierno.
El espectáculo no estuvo a cargo de los prestigiosos cuerpos estables de la casa sino que tuvo como protagonistas a trabajadores del arte precarizados. Pashkus dijo en un programa de televisión que los elegidos “solo tenían que saber bailar algo”. Es probable que haya pesado en la decisión de contratar a personal externo el temor a una medida de fuerza de los trabajadores estables del Colón, que sufren las condiciones de una paritaria ruinosa que no cubre sino la mitad de la inflación proyectada para este 2018 y que ya han realizado numerosas protestas por esta causa.
Para evitar ese posible incordio, Pashkus realizó un casting de artistas para participar de su Argentum y los seleccionados debieron realizar ensayos seis días a la semana durante 8 horas con 40 minutos por jornada en ¡Tecnópolis! y por salarios que fueron entre 15 mil pesos para la mayor parte del staff y 22 mil para los jefes de grupo. Una verdadera estafa laboral comandada por Gabriela Ricardes, mano derecha del titular de medios públicos Hernán Lombardi. Ricardes, según publicó una bailarina del Ballet Folklórico Nacional en su muro de Facebook, Ricardes actuó como una patrona de estancia. En contraveniencia con la ley, los artistas no firmaron contratos hasta ya entradas las sesiones de ensayos y al ver las draconianas condiciones, Ricardes decía: “El que quiere quedar, firma; el que no, vaya y cobra los días ensayados”. Una patrona macrista humilladora de los trabajadores.
A pesar de ensayar en Tecnópolis, sobre la avenida General Paz, los trabajadores seleccionados no recibieron viáticos para el transporte ni almuerzo, que debían llevar en tuppers ya que no hay en medio de la ruta lugares donde comprar nada en los horarios de descanso.
Nota aparte merece el sindicato de Artistas de Variedades que, sumiso, se sometió y permitió el sometimiento de los trabajadores a las condiciones establecidas por Lombardi y Ricardes, la lacaya de látigo en mano en el campo de la cultura.
El show realizado en el Colón terminó con el grito de: “¡Argentina, Argentina!”, que emocionó al presidente. Una postal de los tiempos: esa es la Argentina que quieren imponer. Con trabajadores precarizados, sin derechos laborales, humillados y en rendición de pleitesía al imperialismo.
Las condiciones laborales impuestas a los artistas que participaron de la gala en el Colón resumen el contenido social del G20.
Antonia Torrebruna
Los mandatarios imperialistas que visitaron al país, ya que en la Argentina recayó la organización del G20, fueron homenajeados con una gala en el teatro Colón, cuya valoración fue objeto de polémicas ya que expertos y público en general le atribuyeron escaso gusto estético. Sin embargo, más allá del debate sobre la puesta en escena de Argentum, creada por Ricky Pashkus y cuya idea se atribuyera el presidente Macri (“it’s my idea, other’s production, but my idea” [“Es mi idea,la produjeron otros, pero es mi idea”], dijo en las sesiones del G20), la velada mostró los alcances de la precarización laboral realizada por el gobierno.
El espectáculo no estuvo a cargo de los prestigiosos cuerpos estables de la casa sino que tuvo como protagonistas a trabajadores del arte precarizados. Pashkus dijo en un programa de televisión que los elegidos “solo tenían que saber bailar algo”. Es probable que haya pesado en la decisión de contratar a personal externo el temor a una medida de fuerza de los trabajadores estables del Colón, que sufren las condiciones de una paritaria ruinosa que no cubre sino la mitad de la inflación proyectada para este 2018 y que ya han realizado numerosas protestas por esta causa.
Para evitar ese posible incordio, Pashkus realizó un casting de artistas para participar de su Argentum y los seleccionados debieron realizar ensayos seis días a la semana durante 8 horas con 40 minutos por jornada en ¡Tecnópolis! y por salarios que fueron entre 15 mil pesos para la mayor parte del staff y 22 mil para los jefes de grupo. Una verdadera estafa laboral comandada por Gabriela Ricardes, mano derecha del titular de medios públicos Hernán Lombardi. Ricardes, según publicó una bailarina del Ballet Folklórico Nacional en su muro de Facebook, Ricardes actuó como una patrona de estancia. En contraveniencia con la ley, los artistas no firmaron contratos hasta ya entradas las sesiones de ensayos y al ver las draconianas condiciones, Ricardes decía: “El que quiere quedar, firma; el que no, vaya y cobra los días ensayados”. Una patrona macrista humilladora de los trabajadores.
A pesar de ensayar en Tecnópolis, sobre la avenida General Paz, los trabajadores seleccionados no recibieron viáticos para el transporte ni almuerzo, que debían llevar en tuppers ya que no hay en medio de la ruta lugares donde comprar nada en los horarios de descanso.
Nota aparte merece el sindicato de Artistas de Variedades que, sumiso, se sometió y permitió el sometimiento de los trabajadores a las condiciones establecidas por Lombardi y Ricardes, la lacaya de látigo en mano en el campo de la cultura.
El show realizado en el Colón terminó con el grito de: “¡Argentina, Argentina!”, que emocionó al presidente. Una postal de los tiempos: esa es la Argentina que quieren imponer. Con trabajadores precarizados, sin derechos laborales, humillados y en rendición de pleitesía al imperialismo.
Las condiciones laborales impuestas a los artistas que participaron de la gala en el Colón resumen el contenido social del G20.
Antonia Torrebruna
G20: Macri celebra un comunicado encubridor y reaccionario
“Tenemos un comunicado”. El rostro feliz de Mauricio Macri al anunciar el texto final de la reunión de G20 sólo tiene una explicación: celebraba que los participantes de la cumbre de Buenos Aires se pusieran de acuerdo en estampar la firma en algún papel, cuando se temía que la reunión pudiera terminar sin siquiera poder emitir un comunicado. Si esto último pasaba, Macri se hubiera cargado otro kilo de plomo a la pesada mochila de los 30.000 millones de dólares fugados en 2018, el derrumbe industrial y la crisis de su coalición de gobierno.
Dicho esto, lo que parieron los jefes de la cumbre es un texto que, en el mejor de los casos, es encubridor. Y en el peor, no puede disimular el carácter abiertamente reaccionario de sus propósitos.
Guerra comercial
El documento menciona al “comercio internacional” como “importante factor de crecimiento”, para confesar a renglón siguiente la crisis de la Organización Mundial de Comercio, en medio de las pujas que enfrentan a sus principales integrantes. Las “reformas” a la OMC, que el documento sugiere, son las que Estados Unidos viene reclamando para legalizar su política de barreras arancelarias crecientes. El documento incluyó también una `recomendación` para reducir la capacidad instalada de acero, un claro emplazamiento a que China –con la mitad del parque siderúrgico mundial– asuma los `recortes` del caso. En la reunión entre Trump y Xi Jinping, prevista para estas horas, el magnate yanqui explicitará que el reforzamiento de las barreras arancelarias a China no cesará hasta que el gigante asiático no limite sus proyectos de integración industrial, de expansión comercial (“ruta de la seda”) y de militarización del Mar del Sur. Estados Unidos reclama también la sujeción de China al régimen de propiedad privada sobre el conocimiento (patentes), una forma de exigirle la subordinación industrial y tecnológica a los grandes monopolios industriales de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, la pretendida “tregua” que se espera de la reunión Trump-Jinping no haría más que postergar choques más profundos en un plazo breve. Si de libre comercio se trata, otras reuniones bilaterales no tuvieron mejor resultado: Macron se paseó por el centro porteño y fue repetidamente agasajado por Macri. Pero a la hora de los bifes, reiteró que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur “deberá esperar”.
La cumbre fue el escenario agravado de todos los antagonismos preexistentes, bajo el telón de fondo de la crisis capitalista.
Educación, trabajo, medio ambiente
En la parte del documento que pretende mostrar un cariz “social”, se alude al “trabajo inclusivo y sustentable”. La “sustentabilidad”, para los jefes del G20, consiste en avanzar en la precarización y flexibilización del trabajo, o sea, la universalización de las reformas laborales. Más adelante, se alude a la “coordinación entre empleo y educación”, que no es otra cosa que la adaptación de la escuela a la realidad –degradada– de la empresa capitalista. El anfitrión, impulsor de la reaccionaria `evaluación educativa`, la destrucción de los profesorados y la descalificación de los títulos de grado, no podía sino aplaudir.
El texto logró finalmente incluir una “preocupación” sobre el medio ambiente… pero al precio de legitimar la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, que regula las emisiones contaminantes. Hace un año, en Hamburgo, el desacuerdo de Trump en este punto se expresó como un portazo. Ahora, el “portazo” se incorporó al texto. Por debajo de la mesa, varias otras potencias –deseosas de desembarazarse de los “molestos” pruritos ambientales– se relamían. Bajo la presión de la crisis capitalista, avanza el relajamiento de controles a los monopolios contaminantes.
El documento eleva su impostura cuando exhorta a promover las “políticas de género”, encubriendo la violencia de los gobiernos imperialistas contra la mujer oprimida, entre ellas, las migrantes y refugiadas.
La mano de Trump
Según lo que informan los medios, la diplomacia yanqui celebró como una victoria propia al “comunicado de consenso”. Esta caracterización se relaciona, sin duda, con la tibia mención al libre comercio, la propuesta de “reforma de la OMC” el jubileo a la contaminación y las exigencias a China respecto de la sobrecapacidad industrial.
La prevalencia de los planteos de Trump es sólo la confesión de que el dislocamiento político y económico del “orden internacional” ha progresado, y gana adeptos. Pero no debe confundirse con un “nuevo orden” bajo su égida. Antes que ello, deberán procesarse choques políticos e incluso militares entre los animadores del G20. Puertas adentro de los Estados Unidos, se avizora una nueva crisis financiera, expresada en las vacilaciones de la bolsa y en la política monetaria de la Reserva Federal. Mientras tanto, los anuncios de cierre de plantas del pulpo GM indican que la política de reactivación industrial fundada en medidas proteccionistas e incentivos fiscales se ha topado con un límite claro. En este escenario, progresa la crisis política, bajo la forma de las revelaciones escandalosas sobre Trump. Detrás de sus bravuconadas, subyace un tembladeral económico y político.
Mientras Macri celebraba haber llegado “en paz” al sábado a la tarde, Macron, en su butaca, recibía las imágenes de un nuevo y multitudinario episodio de la rebelión de los chalecos amarillos, un movimiento que empieza a empalmar con fracciones de la clase obrera y la juventud explotada. Los jefes de la guerra, el militarismo el hambre y la barbarie desarrollan a su sepulturero, la clase obrera y los oprimidos de todo el mundo. Es necesario imprimirle un carácter consciente a esa respuesta, para superar definitivamente a un orden social acabado.
Marcelo Ramal
El G20 desnuda los límites civilizatorios y desafía a construir alternativas
El documento final del G20 explicita los principales problemas del capitalismo contemporáneo, concentrado en el “cambio climático” y el “comercio internacional”.
Ambas son expresiones de los límites civilizatorios de la sociedad capitalista en la actualidad. Los participantes del G20 suscriben una declaración que no resuelve las disputas, cuando mucho las identifica.
Sobre el primer punto, la cuestión climática, EEUU continúa bajo la presidencia Trump desentendiéndose de toda iniciativa tendiente a morigerar el impacto sobre el hábitat, el medio ambiente y la población global. Claro que tiene su lógica desde la dominación que se ejerce desde Washington sobre la producción de hidrocarburos y el papel que éstos asumen como insumo estratégico del modelo productivo y de desarrollo del capitalismo contemporáneo.
Respecto del comercio, es también EEUU en sus confrontaciones comerciales contra China y varios otros países, quien explicita los problemas de la disputa por la hegemonía del sistema mundial. Entre otras cuestiones, desde Buenos Aires se informó de las reformas al NAFTA, con claros beneficios para EEUU y en contra de sus vecinos en Canadá y México, cuando en este país se inaugura un nuevo ciclo presidencial desde el 1/12, sustentado en una voluntad social crítica de los modelos imperantes en el viejo y nuevo Tratado de Libre Comercio.
La desregulación comercial global, una vieja aspiración del capitalismo estuvo frenada a la salida de la segunda posguerra, ya que solo pudo instrumentarse la dirección del sistema financiero con el FMI y el Banco Mundial. La Organización Mundial de Comercio, OMC, solo pudo lanzarse hacia 1995 con la ruptura de la bipolaridad y la condición de posibilidad global para la circulación de mercancías, servicios y capitales.
Después de más dos décadas de OMC (1995-2018), el desorden mundial capitalista se manifiesta bajo “guerras comerciales y monetarias”, aunque, claro, se firman documentos finales de las cumbres, tal como ocurrió en Buenos Aires entre el 30/11 y 1/12. Es más, las delegaciones de China y de EEUU se sentaron frente a frente en una foto que no resuelve las contradicciones que sustentan en el ámbito de la economía mundial.
“Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible”
Así se titula la Declaración Final del G20 realizado en Buenos Aires, con un lenguaje profesional y diplomático que difícilmente puede referenciar la realidad de la concentración de la riqueza y del ingreso que se explicita en el poder del 1% más enriquecido de la población mundial. Pero también en los 192 millones de desempleados que acusa la OIT en su Informe sobre el empleo en 2018; o el 40% de empleo vulnerable en todo el planeta, denunciado en dicho documento, con 1.400 millones de personas en esa situación; agravado con la discriminación hacia el trabajo de las mujeres, con menores salarios y peores condiciones de trabajo. [1]
Conviene llamar a las cosas por su nombre y lo que se discute en el G20 es el orden mundial capitalista, presidido por la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación. Cada Estado nacional sustenta en éstos cónclaves presidenciales los intereses de sus capitales locales dominantes y por eso convive históricamente el librecambio y el proteccionismo.
Desde el origen del orden capitalista y de la Economía Política conviven en teoría y práctica el librecambio y el proteccionismo.
El imperio británico promovió el liberalismo económico al tiempo que sostenía una política proteccionista teorizada desde las ventajas comparativas sustentadas por la economía política clásica.
Su propia colonia en América sustentó una política proteccionista en aras de la independencia hacia 1776, convergente con la aparición de las primeras sistematizaciones teóricas librecambistas de los clásicos.
La historia del capitalismo explicita el pragmatismo relativo al decir y al hacer, no necesariamente convergente, que viabiliza la contradicción del liberalismo y el proteccionismo en el comercio internacional.
Por eso en la Declaración del G20 de Buenos Aires se puede aludir a deseos por resolver conflictos o generar impactos sociales progresivos, al tiempo que la realidad devuelve tensiones y confrontaciones por resolver la hegemonía en la dominación del sistema capitalista, y unos efectos sociales que afectan a millones de sectores sociales empobrecidos.
Aunque se aluda a la cuestión de género, la realidad de la discriminación femenina es una constante que convoca a redoblar los esfuerzos de la lucha por la igualdad de los géneros y contra todo tipo de discriminación.
El modelo productivo y energético detrás del clima
La crisis del petróleo de los 70´ no fue mundial, sino de EEUU, evidenciado ante la pérdida de reservas convencionales de hidrocarburos. La “solución” se construyó económica y militarmente, comprando e invadiendo, generando un mercado específico no exento de especulación, contrabando y economía criminal en torno a la energía.
Es un largo recorrido que incluyó la investigación y desarrollo de tecnología y procesos de extracción de los hidrocarburos no convencionales que reposicionaron a EEUU como primer productor mundial hacia 2015. El fracking o fractura hidráulica junto al alza de los precios internacionales del petróleo permitieron la nueva preeminencia estadounidense en la producción mundial de hidrocarburos.
Resulta un tema trascendente que reabre el juego político y económico global, que pudo visibilizarse en el cordial trato entre el Príncipe Saudita y el líder Ruso en la confraternidad del G20. Arabia Saudita sigue siendo el principal productor mundial de petróleo y Rusia un gran productor de Gas, que además, abastece del mismo a Europa.
Más allá de afinidades ideológicos o políticas, las alianzas se redefinen en aras de la gestión sobre la producción contemporánea y como sostenemos, estamos hablando del insumo estratégico de la producción mundial: petróleo y gas.
En ese tablero pueden entenderse varias alianzas en torno a los hidrocarburos y la disputa global. Aludo a China y Rusia; a éstos con Irán y otros países productores de petróleo en medio oriente, pero también y muy especialmente a Venezuela, primera reserva mundial de petróleo convencional en el mundo.
Además, Argentina es quien tomó la posta de los hidrocarburos no convencionales con la tecnología estadounidense del fracking, desde el acuerdo secreto entre la empresa privada de gestión estatal, YPF y Chevron, para explotar el yacimiento Vaca Muerta.
Hace 5 años del acuerdo y en el presupuesto 2019 impulsado por la gestión Macri, la expectativa de crecimiento económico se asienta en las inversiones para la producción y exportación de petróleo y gas en Vaca Muerta.
Argentina destaca por ser la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
La energía está en el centro de la discusión, no solo respecto de quien pueda gestionar el insumo estratégico, sino de cual modelo de desarrollo social prevalece.
Por un lado está la mercantilización de la energía, lo que se define en la esfera de la capacidad de compra y por ende de ingresos. La contrapartida es una concepción de derecho a la energía que supone la des-mercantilización y una respuesta relativa a la energía como derecho humano, bien común y uso generalizado para satisfacer necesidades de la población mundial.
La realidad de la disputa económica actual en el debate del G20 se restringe a la primera concepción y por eso la guerra económica, comercial o monetaria, la que no se resuelve con buenos modales, foto de familia o declaración consensuada con lenguaje evasivo y diplomático.
Voces de la crítica con sus límites para instalar alternativa
Es sabido que donde sesiona el G20 aparece la crítica y la movilización social, política e ideológica al consenso de la dominación.
Por eso se reiteró en Argentina la denuncia organizada por la Confluencia NoG20/FMI, vía semana de acción entre el 25 y 30/11, la Cumbre de los Pueblos del 28 y 29/11, y la gigantesca movilización del 30/11, pese a las desmedidas medidas de represión preventiva, cercando a las y los manifestantes durante el trayecto de la demostración crítica.
Más de 50.000 personas, en un abanico diverso de organicidad y consignas, convergiendo todos en la rechazo al G20 y al FMI fueron custodiados, sin poder amedrentarlos por un operativo de cerrojo con cientos y miles de efectivos de seguridad.
Un operativo desplegado por todo el territorio del desplazamiento de las y los manifestantes. Se estableció un “corralito” a la marcha de protesta ante la imposibilidad del gobierno por modificar la voluntad popular de ejercer el derecho a opinar y manifestar. La voluntad de marchar y unificar consignas es un dato de fortaleza del movimiento social ante el gigantesco operativo de seguridad y de desinformación social, con complicidad de la prensa hegemónica.
Todo se hizo para aislar la protesta y la crítica. Se declaró asueto en la ciudad de Buenos Aires, se clausuró el transporte aéreo, de mar y tierra, restringiendo la circulación de buses y cerrando una amplia zona aledaña al sector de discusión del G20. El argumento fue la seguridad de los asistentes al cónclave.
Pese a ello, el objetivo de hacer escuchar otra opinión fue logrado, aun cuando los criterios sobre el qué hacer a futuro no estén suficientemente claros. Más aun, no todos los que pudieron manifestar la crítica se predispusieron para articular un proceso compartido de debate, movilización y aprendizaje común para pensar otro orden social y civilizatorio del que se discute en el poder mundial.
Esto último, sigue siendo una asignatura pendiente. Con matices se sabe lo que no se quiere y hace falta habilitar la condición de posibilidad de una mayor escucha desde la diversidad para acercar nuevas síntesis de otro orden social, económico, político y cultural alternativo, a contramano de la lógica de la ganancia, la acumulación de capitales y la dominación civilizatoria.
Argentina pasó la posta de la gestión del G20 a Japón, previa suscripción de un Tratado de protección de inversiones, una lógica esencial del orden capitalista actual.
La crítica al G20 que ya recorre una década continuará ahora en la sucesión que asume Japón y desafía al pensamiento crítico de los pueblos del mundo a continuar proponiendo nuevas articulaciones para la emergencia de un nuevo tiempo para otro modelo productivo y de desarrollo contra y más allá del capitalismo.
Julio C. Gambina
Nota:
[1] OIT. Tendencias del Empleo 2018. Informe, en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_616018/lang--es/index.htm
Ambas son expresiones de los límites civilizatorios de la sociedad capitalista en la actualidad. Los participantes del G20 suscriben una declaración que no resuelve las disputas, cuando mucho las identifica.
Sobre el primer punto, la cuestión climática, EEUU continúa bajo la presidencia Trump desentendiéndose de toda iniciativa tendiente a morigerar el impacto sobre el hábitat, el medio ambiente y la población global. Claro que tiene su lógica desde la dominación que se ejerce desde Washington sobre la producción de hidrocarburos y el papel que éstos asumen como insumo estratégico del modelo productivo y de desarrollo del capitalismo contemporáneo.
Respecto del comercio, es también EEUU en sus confrontaciones comerciales contra China y varios otros países, quien explicita los problemas de la disputa por la hegemonía del sistema mundial. Entre otras cuestiones, desde Buenos Aires se informó de las reformas al NAFTA, con claros beneficios para EEUU y en contra de sus vecinos en Canadá y México, cuando en este país se inaugura un nuevo ciclo presidencial desde el 1/12, sustentado en una voluntad social crítica de los modelos imperantes en el viejo y nuevo Tratado de Libre Comercio.
La desregulación comercial global, una vieja aspiración del capitalismo estuvo frenada a la salida de la segunda posguerra, ya que solo pudo instrumentarse la dirección del sistema financiero con el FMI y el Banco Mundial. La Organización Mundial de Comercio, OMC, solo pudo lanzarse hacia 1995 con la ruptura de la bipolaridad y la condición de posibilidad global para la circulación de mercancías, servicios y capitales.
Después de más dos décadas de OMC (1995-2018), el desorden mundial capitalista se manifiesta bajo “guerras comerciales y monetarias”, aunque, claro, se firman documentos finales de las cumbres, tal como ocurrió en Buenos Aires entre el 30/11 y 1/12. Es más, las delegaciones de China y de EEUU se sentaron frente a frente en una foto que no resuelve las contradicciones que sustentan en el ámbito de la economía mundial.
“Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible”
Así se titula la Declaración Final del G20 realizado en Buenos Aires, con un lenguaje profesional y diplomático que difícilmente puede referenciar la realidad de la concentración de la riqueza y del ingreso que se explicita en el poder del 1% más enriquecido de la población mundial. Pero también en los 192 millones de desempleados que acusa la OIT en su Informe sobre el empleo en 2018; o el 40% de empleo vulnerable en todo el planeta, denunciado en dicho documento, con 1.400 millones de personas en esa situación; agravado con la discriminación hacia el trabajo de las mujeres, con menores salarios y peores condiciones de trabajo. [1]
Conviene llamar a las cosas por su nombre y lo que se discute en el G20 es el orden mundial capitalista, presidido por la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación. Cada Estado nacional sustenta en éstos cónclaves presidenciales los intereses de sus capitales locales dominantes y por eso convive históricamente el librecambio y el proteccionismo.
Desde el origen del orden capitalista y de la Economía Política conviven en teoría y práctica el librecambio y el proteccionismo.
El imperio británico promovió el liberalismo económico al tiempo que sostenía una política proteccionista teorizada desde las ventajas comparativas sustentadas por la economía política clásica.
Su propia colonia en América sustentó una política proteccionista en aras de la independencia hacia 1776, convergente con la aparición de las primeras sistematizaciones teóricas librecambistas de los clásicos.
La historia del capitalismo explicita el pragmatismo relativo al decir y al hacer, no necesariamente convergente, que viabiliza la contradicción del liberalismo y el proteccionismo en el comercio internacional.
Por eso en la Declaración del G20 de Buenos Aires se puede aludir a deseos por resolver conflictos o generar impactos sociales progresivos, al tiempo que la realidad devuelve tensiones y confrontaciones por resolver la hegemonía en la dominación del sistema capitalista, y unos efectos sociales que afectan a millones de sectores sociales empobrecidos.
Aunque se aluda a la cuestión de género, la realidad de la discriminación femenina es una constante que convoca a redoblar los esfuerzos de la lucha por la igualdad de los géneros y contra todo tipo de discriminación.
El modelo productivo y energético detrás del clima
La crisis del petróleo de los 70´ no fue mundial, sino de EEUU, evidenciado ante la pérdida de reservas convencionales de hidrocarburos. La “solución” se construyó económica y militarmente, comprando e invadiendo, generando un mercado específico no exento de especulación, contrabando y economía criminal en torno a la energía.
Es un largo recorrido que incluyó la investigación y desarrollo de tecnología y procesos de extracción de los hidrocarburos no convencionales que reposicionaron a EEUU como primer productor mundial hacia 2015. El fracking o fractura hidráulica junto al alza de los precios internacionales del petróleo permitieron la nueva preeminencia estadounidense en la producción mundial de hidrocarburos.
Resulta un tema trascendente que reabre el juego político y económico global, que pudo visibilizarse en el cordial trato entre el Príncipe Saudita y el líder Ruso en la confraternidad del G20. Arabia Saudita sigue siendo el principal productor mundial de petróleo y Rusia un gran productor de Gas, que además, abastece del mismo a Europa.
Más allá de afinidades ideológicos o políticas, las alianzas se redefinen en aras de la gestión sobre la producción contemporánea y como sostenemos, estamos hablando del insumo estratégico de la producción mundial: petróleo y gas.
En ese tablero pueden entenderse varias alianzas en torno a los hidrocarburos y la disputa global. Aludo a China y Rusia; a éstos con Irán y otros países productores de petróleo en medio oriente, pero también y muy especialmente a Venezuela, primera reserva mundial de petróleo convencional en el mundo.
Además, Argentina es quien tomó la posta de los hidrocarburos no convencionales con la tecnología estadounidense del fracking, desde el acuerdo secreto entre la empresa privada de gestión estatal, YPF y Chevron, para explotar el yacimiento Vaca Muerta.
Hace 5 años del acuerdo y en el presupuesto 2019 impulsado por la gestión Macri, la expectativa de crecimiento económico se asienta en las inversiones para la producción y exportación de petróleo y gas en Vaca Muerta.
Argentina destaca por ser la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
La energía está en el centro de la discusión, no solo respecto de quien pueda gestionar el insumo estratégico, sino de cual modelo de desarrollo social prevalece.
Por un lado está la mercantilización de la energía, lo que se define en la esfera de la capacidad de compra y por ende de ingresos. La contrapartida es una concepción de derecho a la energía que supone la des-mercantilización y una respuesta relativa a la energía como derecho humano, bien común y uso generalizado para satisfacer necesidades de la población mundial.
La realidad de la disputa económica actual en el debate del G20 se restringe a la primera concepción y por eso la guerra económica, comercial o monetaria, la que no se resuelve con buenos modales, foto de familia o declaración consensuada con lenguaje evasivo y diplomático.
Voces de la crítica con sus límites para instalar alternativa
Es sabido que donde sesiona el G20 aparece la crítica y la movilización social, política e ideológica al consenso de la dominación.
Por eso se reiteró en Argentina la denuncia organizada por la Confluencia NoG20/FMI, vía semana de acción entre el 25 y 30/11, la Cumbre de los Pueblos del 28 y 29/11, y la gigantesca movilización del 30/11, pese a las desmedidas medidas de represión preventiva, cercando a las y los manifestantes durante el trayecto de la demostración crítica.
Más de 50.000 personas, en un abanico diverso de organicidad y consignas, convergiendo todos en la rechazo al G20 y al FMI fueron custodiados, sin poder amedrentarlos por un operativo de cerrojo con cientos y miles de efectivos de seguridad.
Un operativo desplegado por todo el territorio del desplazamiento de las y los manifestantes. Se estableció un “corralito” a la marcha de protesta ante la imposibilidad del gobierno por modificar la voluntad popular de ejercer el derecho a opinar y manifestar. La voluntad de marchar y unificar consignas es un dato de fortaleza del movimiento social ante el gigantesco operativo de seguridad y de desinformación social, con complicidad de la prensa hegemónica.
Todo se hizo para aislar la protesta y la crítica. Se declaró asueto en la ciudad de Buenos Aires, se clausuró el transporte aéreo, de mar y tierra, restringiendo la circulación de buses y cerrando una amplia zona aledaña al sector de discusión del G20. El argumento fue la seguridad de los asistentes al cónclave.
Pese a ello, el objetivo de hacer escuchar otra opinión fue logrado, aun cuando los criterios sobre el qué hacer a futuro no estén suficientemente claros. Más aun, no todos los que pudieron manifestar la crítica se predispusieron para articular un proceso compartido de debate, movilización y aprendizaje común para pensar otro orden social y civilizatorio del que se discute en el poder mundial.
Esto último, sigue siendo una asignatura pendiente. Con matices se sabe lo que no se quiere y hace falta habilitar la condición de posibilidad de una mayor escucha desde la diversidad para acercar nuevas síntesis de otro orden social, económico, político y cultural alternativo, a contramano de la lógica de la ganancia, la acumulación de capitales y la dominación civilizatoria.
Argentina pasó la posta de la gestión del G20 a Japón, previa suscripción de un Tratado de protección de inversiones, una lógica esencial del orden capitalista actual.
La crítica al G20 que ya recorre una década continuará ahora en la sucesión que asume Japón y desafía al pensamiento crítico de los pueblos del mundo a continuar proponiendo nuevas articulaciones para la emergencia de un nuevo tiempo para otro modelo productivo y de desarrollo contra y más allá del capitalismo.
Julio C. Gambina
Nota:
[1] OIT. Tendencias del Empleo 2018. Informe, en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_616018/lang--es/index.htm
domingo, 2 de diciembre de 2018
"Macri quiere eliminar la cobertura asistencial del PAMI"
Entrevista a Mario Diamonte de Jubilados Clasistas
M.H.: Mauricio Macri ha presentado un nuevo sistema de compra de remedios del Pami y ha prometido que habrá mejoras en los precios. Una buena noticia.
M.D.: Estuvimos ayer en un curso de veedores del Pami, que lo daban dos profesionales de la UNSAM, que lo están haciendo allí también y tiene que ver con conocer los derechos que tienen los afiliados al Pami, que son cuestiones que no se cumplen en su inmensa mayoría. Allí surgió el comentario de este convenio que consiste en que se termina el acuerdo con la Cámara de los Laboratorios y ahora será directamente con la Cámara de las Farmacias. Dicen Casinotti y Macri, que esto va a significar un ahorro de muchos miles de millones de pesos porque los medicamentos que se gestionan a través de Pami son el 40% del consumo nacional. Hasta ahora se venían gastando 3.400 millones de pesos mensuales que los gestionaban directamente las Cámaras de laboratorios.
M.H.: Estamos hablando de la obra social más grande de Latinoamérica.
M.D.: Creada en 1971 por la ley Nº 19.032.
M.H.: En el gobierno de Lanusse, el Capitán Francisco Manrique era Ministro de Bienestar Social.
M.D.: Fue un acuerdo con los sindicatos de la época. Esta vena progresista que se le despertó al Capitán Manrique tiene que ver con un acuerdo con los sindicatos colaboracionistas de la época que querían sacarse de encima el tener que sostener a los jubilados en sus obras sociales, así surge esta obra social centralizada desde el Estado. Son estas paradojas de la historia.
La cuestión es que la característica que tiene el Pami es que es una obra social médico asistencial, no solamente cubre el aspecto médico sino también da cobertura asistencial. Hay toda una cuestión respecto de esto porque lo que quieren eliminar ahora es el aspecto asistencial del Pami.
M.H.: ¿Qué significaría esto?
M.D.: Lo que es médico está claro, la atención médica y la provisión de medicamentos. Todo lo demás es asistencial, por ejemplo, el Pami entrega bolsones de pañales, subsidios de distinto tipo, acompañamiento terapéutico, sillas de rueda, etc. Eso es asistencial porque no es directamente médico. Sin embargo, una cosa va directamente con la otra, porque sin un buen entorno de vida, empeoran las condiciones, la enfermedad progresa. Por el contrario, si las condiciones asistenciales son favorables la calidad de vida mejora y favorece la posibilidad de enfrentar la enfermedad. Se quiere eliminar esto y hay todo un debate al respecto.
Sobre el acuerdo con las Cámaras farmacéuticas, me pregunto quién tiene la fiscalización. No olvidemos que el Pami sigue intervenido y no hay ninguna fiscalización de los interventores. Sigue estando en mano de los funcionarios de los gobiernos de turno. En este caso Sergio Casinotti. Macri cuando hizo el anuncio se refería a Casinotti y nunca le pegaba al nombre. Lo que demuestra que este tipo es un improvisado.
M.H.: Lanzó la convocatoria a un Boca-River con visitantes sin haber consultado con Larreta.
M.D.: Una vergüenza, los presidentes de los clubes de fútbol desmintiendo al Presidente de la Nación.
M.H.: Lo interesante es que twittea a las 7:58 am y a las 8:03 el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ocampo, un funcionario de cuarta línea, sale a decir “no hay condiciones”. Obviamente un funcionario de ese nivel no va a desautorizar al Presidente de la Nación sin el guiño del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. No se ponen de acuerdo ni en la mesa chica.
M.D.: Pero volviendo al tema de Pami, posiblemente haya una modificación en los precios, pero ¿quién tiene el control de las cámaras farmacéuticas? ¿La farmacia del barrio o Farmacity? Lo que decimos es que hay que ver si esto significa como dicen Casinotti y Macri, una rebaja sustancial en los medicamentos que ellos mismos anuncian que no va a ser inmediato.
M.H.: El anuncio que hacen, afirma Clarín, es que en la primera licitación tuvieron 68% de descuento. Si esto fuera como dicen sería un gran beneficio para los jubilados. Retomemos este tema en un par de meses porque ahí vamos a saber hasta dónde esta afirmación es cierta.
M.D.: No olvidemos que Macri tiene la costumbre de tirar cosas al voleo y que luego no se condicen con la realidad. Por eso te decía que hay que ver quién toma la posta en la determinación de los precios de mercado.
El otro tema es el caso del jubilado Blanco, que tiene la Corte Suprema, porque es un juicio de extrema importancia para determinar cuál va a ser el coeficiente con el que se van a establecer los haberes, el ISBIC o el RIPTE. Con la constitución de la nueva Corte, con Rosenkrantz como Presidente, el gobierno pensó que tenía la vaca atada pero parece que esto está cuestionado. Ha trascendido que el voto no sería favorable al gobierno.
M.H.: En algún momento se comentó que la Corte podría modificar la doctrina Badaro y el IF (índice de actualización).
M.D.: Sobre todo el IF que es el que establece el coeficiente del ISBIC de actualización. Con la Ley 27.260 de “reparación histórica” se introduce que el índice de actualización que va a utilizar Anses es el Ripte. Ahora ya por ley. Por esa y otras cuestiones decimos que es una enorme traición haber votado esta ley. Ahora Anses tiene una ley de la cual agarrarse para establecer el índice para calcular la retroactividad de los haberes. Lo que sucede es que Anses pretende que ese índice se aplique en juicios anteriores a la sanción de la Ley, lo que está en discusión es si esto es constitucional o no porque una ley no se puede aplicar con retroactividad.
Esto se ha visto muy claramente en la nueva Ley de reforma previsional, que ya hay muchos fallos de distintas Cámaras de seguridad social que establecen que el artículo 2º de esta ley que establece el nuevo cálculo de la movilidad no se pueda aplicar con retroactividad y, por lo tanto, el primer aumento de 2018 está mal calculado, porque se utilizó un período donde todavía no estaba vigente la nueva Ley, y en vez de ser de un 5% tendría que ser de un 15%. De ahí salen los 100.000 millones de pesos que nos robaron a los jubilados en el primer ajuste de este año.
M.H.: Esto fue el 18 de diciembre de 2017, cuando empezaron a caer las acciones de Macri. Poco antes había ganado las elecciones.
M.D.: Efectivamente, la inmensa reacción que produce el tratamiento de esta Ley es lo que empieza el plano declinante de este gobierno. El artículo 2º está cuestionado y también lo está la Corte. Están las dos cuestiones, el caso Blanco que es un caso testigo porque falle para un lado o para el otro establece jurisprudencia para los otros 130.000 juicios que están en danza, entre ellos el mío que tiene sentencia definitiva en segunda instancia, pero hay que ver de qué lado cae el aro, si cae del lado del RIPTE soné, si cae del lado del ISBIC voy a cobrar lo que corresponde.
M.H.: Es sustancial la diferencia.
M.D.: Es muy grande. Depende de cada caso pero estamos hablando de entre el 50 y el 100%. No solo en el retroactivo sino en el ajuste del haber. Lo que se dice es que como Rosenkrantz se la ve perdida está demorando la votación para su resolución.
Patearon la reforma previsional para el 2020
M.H.: Quisiera que nos comentes cómo ha perjudicado a los jubilados la sanción del Presupuesto 2019.
M.D.: Lo que no han podido hacer hasta ahora y que tienen en carpeta es modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria, es controversial el tema porque la movilidad según la reforma previsional ahora se establece cada 3 meses, este año los jubilados vamos a perder como en la guerra porque el ajuste de diciembre se calcula sobre el mes anterior, el problema es que en el semestre anterior no se había desatado el proceso de devaluación e inflacionario brutal que nos golpeó ahora, por lo tanto, vamos a perder 10 puntos.
Pero en marzo del año que viene, en el primer ajuste de 2019 se va a tener que aplicar el período más agudamente inflacionario, por lo tanto, el aumento va a ser más importante. Esto coloca entre paréntesis el cálculo presupuestario porque los gastos previsionales van a tener que ser mayores a lo calculado. Entonces, se comenta que van a intentar modificar la propia ley que hicieron aprobar a fuerza de tiros y palazos, para modificar el cálculo de la movilidad por su periodicidad.
M.H.: ¿A través de un tratamiento parlamentario? Porque van a estar en plena campaña electoral.
M.D.: A eso iba. Una ley solo se puede modificar con otra ley, no hay decreto que valga. Tan grave es la dificultad que tienen que el gobierno había establecido con el FMI un acuerdo para la redacción de un nuevo Proyecto de ley previsional que establecía que había que aumentar la edad de jubilación a 70 años, ya no opcional, que tenía que haber un mínimo de 35 años de aportes para obtener beneficios, que el cálculo del haber iba a ser 20 puntos menos al actual y, por lo tanto, no iba a superar el 40% del salario que percibe el trabajador en actividad. Todo esto está contemplado en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto ya tendría que estar redactado pero el gobierno no se anima a llevarlo adelante. La Comisión de sustentabilidad previsional que tendría que funcionar bajo la órbita de la secretaría de Trabajo no está constituida y patearon el tema para después de las elecciones de 2019.
M.H.: Es muy difícil en medio de una campaña electoral plantear esto.
M.D.: Si llevan este proyecto al Congreso y fracasan no solo fracasa el tratamiento del proyecto sino que se agrava todo el cuadro de gobernabilidad frente a un tema de tanta trascendencia.
El tema de los jubilados, aun con las dificultades que tenemos porque la situación de los jubilados es terrible, sigue siendo un problema mayúsculo para este gobierno que no encuentra solución al problema, entendiéndolo en cómo descargar la crisis sobre los jubilados. Entonces vamos a nuevos enfrentamientos. Es inevitable.
Nosotros convocamos junto con otras organizaciones de jubilados a una manifestación al Congreso cuando se tratara en comisión el Proyecto del presupuesto en el Senado, pero lo adelantaron, y lo aprobaron. O sea que van directo a la sesión plenaria del 14 de noviembre.
Este es otro tema, porque el modo en que han tejido el acuerdo con los gobernadores para hacer pasar el Presupuesto es escandaloso y ha dejado muchos heridos en el camino de ambos lados. Del lado del propio gobierno con Vidal las cosas están cada vez más confusas, el gobierno tuvo que prometerle nuevas compensaciones por encima de los acuerdos establecidos con los gobernadores de las otras provincias, lo que a su vez produjo una rebelión de los otros gobernadores.
M.H.: Es un Presupuesto muy recauchutado el que se ha votado. Habrá que ver cuando termine su tratamiento qué conclusión podemos sacar en limpio.
M.D.: Es un presupuesto de brutal ajuste, que cuenta con el aval de la oposición. Si no, no podría prosperar porque el gobierno tiene minoría en ambas Cámaras. La oposición no solo le da el ok sino que dice barbaridades, como Pichetto acerca de los migrantes. Así que tenemos este acuerdo entre ellos.
La CGT levantó el paro a cambio de un bono en dos cuotas que todavía no se sabe cómo se va a cobrar ni quién. En conclusión hay un acuerdo de las principales fuerzas políticas del país para hacer pasar este Presupuesto por encima de las penurias de la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país en medio de una ola de tarifazos. Un ataque tras otro contra las condiciones de vida de los trabajadores.
Por eso invito a sumarse a la movilización al Congreso para denunciar este acuerdo miserable, rechazar la sanción de este Presupuesto y en el caso de los jubilados para reclamar un aumento de emergencia que lleve el haber mínimo a lo que hoy es el costo de la canasta básica del adulto mayor de 24.000 pesos según lo establecido por la Defensoría de la Tercera Edad. Que cubre las necesidades básicas. Por la gestión directa del Pami y del Anses por sus afiliados y trabajadores. Por reivindicaciones centrales que tenemos los jubilados.
El tema en el Senado no va a pasar sin una presencia callejera importante. Apostamos a movilizar con todo lo que podamos porque hay que movilizarse, no es fácil siendo jubilados pero no tenemos alternativa. Los comedores de los Centros de jubilados rebalsan de jubilados y adultos mayores, así como los que no son destinados al sector. La situación es insostenible. Tenemos que salir a luchar.
Mario Hernandez
M.H.: Mauricio Macri ha presentado un nuevo sistema de compra de remedios del Pami y ha prometido que habrá mejoras en los precios. Una buena noticia.
M.D.: Estuvimos ayer en un curso de veedores del Pami, que lo daban dos profesionales de la UNSAM, que lo están haciendo allí también y tiene que ver con conocer los derechos que tienen los afiliados al Pami, que son cuestiones que no se cumplen en su inmensa mayoría. Allí surgió el comentario de este convenio que consiste en que se termina el acuerdo con la Cámara de los Laboratorios y ahora será directamente con la Cámara de las Farmacias. Dicen Casinotti y Macri, que esto va a significar un ahorro de muchos miles de millones de pesos porque los medicamentos que se gestionan a través de Pami son el 40% del consumo nacional. Hasta ahora se venían gastando 3.400 millones de pesos mensuales que los gestionaban directamente las Cámaras de laboratorios.
M.H.: Estamos hablando de la obra social más grande de Latinoamérica.
M.D.: Creada en 1971 por la ley Nº 19.032.
M.H.: En el gobierno de Lanusse, el Capitán Francisco Manrique era Ministro de Bienestar Social.
M.D.: Fue un acuerdo con los sindicatos de la época. Esta vena progresista que se le despertó al Capitán Manrique tiene que ver con un acuerdo con los sindicatos colaboracionistas de la época que querían sacarse de encima el tener que sostener a los jubilados en sus obras sociales, así surge esta obra social centralizada desde el Estado. Son estas paradojas de la historia.
La cuestión es que la característica que tiene el Pami es que es una obra social médico asistencial, no solamente cubre el aspecto médico sino también da cobertura asistencial. Hay toda una cuestión respecto de esto porque lo que quieren eliminar ahora es el aspecto asistencial del Pami.
M.H.: ¿Qué significaría esto?
M.D.: Lo que es médico está claro, la atención médica y la provisión de medicamentos. Todo lo demás es asistencial, por ejemplo, el Pami entrega bolsones de pañales, subsidios de distinto tipo, acompañamiento terapéutico, sillas de rueda, etc. Eso es asistencial porque no es directamente médico. Sin embargo, una cosa va directamente con la otra, porque sin un buen entorno de vida, empeoran las condiciones, la enfermedad progresa. Por el contrario, si las condiciones asistenciales son favorables la calidad de vida mejora y favorece la posibilidad de enfrentar la enfermedad. Se quiere eliminar esto y hay todo un debate al respecto.
Sobre el acuerdo con las Cámaras farmacéuticas, me pregunto quién tiene la fiscalización. No olvidemos que el Pami sigue intervenido y no hay ninguna fiscalización de los interventores. Sigue estando en mano de los funcionarios de los gobiernos de turno. En este caso Sergio Casinotti. Macri cuando hizo el anuncio se refería a Casinotti y nunca le pegaba al nombre. Lo que demuestra que este tipo es un improvisado.
M.H.: Lanzó la convocatoria a un Boca-River con visitantes sin haber consultado con Larreta.
M.D.: Una vergüenza, los presidentes de los clubes de fútbol desmintiendo al Presidente de la Nación.
M.H.: Lo interesante es que twittea a las 7:58 am y a las 8:03 el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ocampo, un funcionario de cuarta línea, sale a decir “no hay condiciones”. Obviamente un funcionario de ese nivel no va a desautorizar al Presidente de la Nación sin el guiño del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. No se ponen de acuerdo ni en la mesa chica.
M.D.: Pero volviendo al tema de Pami, posiblemente haya una modificación en los precios, pero ¿quién tiene el control de las cámaras farmacéuticas? ¿La farmacia del barrio o Farmacity? Lo que decimos es que hay que ver si esto significa como dicen Casinotti y Macri, una rebaja sustancial en los medicamentos que ellos mismos anuncian que no va a ser inmediato.
M.H.: El anuncio que hacen, afirma Clarín, es que en la primera licitación tuvieron 68% de descuento. Si esto fuera como dicen sería un gran beneficio para los jubilados. Retomemos este tema en un par de meses porque ahí vamos a saber hasta dónde esta afirmación es cierta.
M.D.: No olvidemos que Macri tiene la costumbre de tirar cosas al voleo y que luego no se condicen con la realidad. Por eso te decía que hay que ver quién toma la posta en la determinación de los precios de mercado.
El otro tema es el caso del jubilado Blanco, que tiene la Corte Suprema, porque es un juicio de extrema importancia para determinar cuál va a ser el coeficiente con el que se van a establecer los haberes, el ISBIC o el RIPTE. Con la constitución de la nueva Corte, con Rosenkrantz como Presidente, el gobierno pensó que tenía la vaca atada pero parece que esto está cuestionado. Ha trascendido que el voto no sería favorable al gobierno.
M.H.: En algún momento se comentó que la Corte podría modificar la doctrina Badaro y el IF (índice de actualización).
M.D.: Sobre todo el IF que es el que establece el coeficiente del ISBIC de actualización. Con la Ley 27.260 de “reparación histórica” se introduce que el índice de actualización que va a utilizar Anses es el Ripte. Ahora ya por ley. Por esa y otras cuestiones decimos que es una enorme traición haber votado esta ley. Ahora Anses tiene una ley de la cual agarrarse para establecer el índice para calcular la retroactividad de los haberes. Lo que sucede es que Anses pretende que ese índice se aplique en juicios anteriores a la sanción de la Ley, lo que está en discusión es si esto es constitucional o no porque una ley no se puede aplicar con retroactividad.
Esto se ha visto muy claramente en la nueva Ley de reforma previsional, que ya hay muchos fallos de distintas Cámaras de seguridad social que establecen que el artículo 2º de esta ley que establece el nuevo cálculo de la movilidad no se pueda aplicar con retroactividad y, por lo tanto, el primer aumento de 2018 está mal calculado, porque se utilizó un período donde todavía no estaba vigente la nueva Ley, y en vez de ser de un 5% tendría que ser de un 15%. De ahí salen los 100.000 millones de pesos que nos robaron a los jubilados en el primer ajuste de este año.
M.H.: Esto fue el 18 de diciembre de 2017, cuando empezaron a caer las acciones de Macri. Poco antes había ganado las elecciones.
M.D.: Efectivamente, la inmensa reacción que produce el tratamiento de esta Ley es lo que empieza el plano declinante de este gobierno. El artículo 2º está cuestionado y también lo está la Corte. Están las dos cuestiones, el caso Blanco que es un caso testigo porque falle para un lado o para el otro establece jurisprudencia para los otros 130.000 juicios que están en danza, entre ellos el mío que tiene sentencia definitiva en segunda instancia, pero hay que ver de qué lado cae el aro, si cae del lado del RIPTE soné, si cae del lado del ISBIC voy a cobrar lo que corresponde.
M.H.: Es sustancial la diferencia.
M.D.: Es muy grande. Depende de cada caso pero estamos hablando de entre el 50 y el 100%. No solo en el retroactivo sino en el ajuste del haber. Lo que se dice es que como Rosenkrantz se la ve perdida está demorando la votación para su resolución.
Patearon la reforma previsional para el 2020
M.H.: Quisiera que nos comentes cómo ha perjudicado a los jubilados la sanción del Presupuesto 2019.
M.D.: Lo que no han podido hacer hasta ahora y que tienen en carpeta es modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria, es controversial el tema porque la movilidad según la reforma previsional ahora se establece cada 3 meses, este año los jubilados vamos a perder como en la guerra porque el ajuste de diciembre se calcula sobre el mes anterior, el problema es que en el semestre anterior no se había desatado el proceso de devaluación e inflacionario brutal que nos golpeó ahora, por lo tanto, vamos a perder 10 puntos.
Pero en marzo del año que viene, en el primer ajuste de 2019 se va a tener que aplicar el período más agudamente inflacionario, por lo tanto, el aumento va a ser más importante. Esto coloca entre paréntesis el cálculo presupuestario porque los gastos previsionales van a tener que ser mayores a lo calculado. Entonces, se comenta que van a intentar modificar la propia ley que hicieron aprobar a fuerza de tiros y palazos, para modificar el cálculo de la movilidad por su periodicidad.
M.H.: ¿A través de un tratamiento parlamentario? Porque van a estar en plena campaña electoral.
M.D.: A eso iba. Una ley solo se puede modificar con otra ley, no hay decreto que valga. Tan grave es la dificultad que tienen que el gobierno había establecido con el FMI un acuerdo para la redacción de un nuevo Proyecto de ley previsional que establecía que había que aumentar la edad de jubilación a 70 años, ya no opcional, que tenía que haber un mínimo de 35 años de aportes para obtener beneficios, que el cálculo del haber iba a ser 20 puntos menos al actual y, por lo tanto, no iba a superar el 40% del salario que percibe el trabajador en actividad. Todo esto está contemplado en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto ya tendría que estar redactado pero el gobierno no se anima a llevarlo adelante. La Comisión de sustentabilidad previsional que tendría que funcionar bajo la órbita de la secretaría de Trabajo no está constituida y patearon el tema para después de las elecciones de 2019.
M.H.: Es muy difícil en medio de una campaña electoral plantear esto.
M.D.: Si llevan este proyecto al Congreso y fracasan no solo fracasa el tratamiento del proyecto sino que se agrava todo el cuadro de gobernabilidad frente a un tema de tanta trascendencia.
El tema de los jubilados, aun con las dificultades que tenemos porque la situación de los jubilados es terrible, sigue siendo un problema mayúsculo para este gobierno que no encuentra solución al problema, entendiéndolo en cómo descargar la crisis sobre los jubilados. Entonces vamos a nuevos enfrentamientos. Es inevitable.
Nosotros convocamos junto con otras organizaciones de jubilados a una manifestación al Congreso cuando se tratara en comisión el Proyecto del presupuesto en el Senado, pero lo adelantaron, y lo aprobaron. O sea que van directo a la sesión plenaria del 14 de noviembre.
Este es otro tema, porque el modo en que han tejido el acuerdo con los gobernadores para hacer pasar el Presupuesto es escandaloso y ha dejado muchos heridos en el camino de ambos lados. Del lado del propio gobierno con Vidal las cosas están cada vez más confusas, el gobierno tuvo que prometerle nuevas compensaciones por encima de los acuerdos establecidos con los gobernadores de las otras provincias, lo que a su vez produjo una rebelión de los otros gobernadores.
M.H.: Es un Presupuesto muy recauchutado el que se ha votado. Habrá que ver cuando termine su tratamiento qué conclusión podemos sacar en limpio.
M.D.: Es un presupuesto de brutal ajuste, que cuenta con el aval de la oposición. Si no, no podría prosperar porque el gobierno tiene minoría en ambas Cámaras. La oposición no solo le da el ok sino que dice barbaridades, como Pichetto acerca de los migrantes. Así que tenemos este acuerdo entre ellos.
La CGT levantó el paro a cambio de un bono en dos cuotas que todavía no se sabe cómo se va a cobrar ni quién. En conclusión hay un acuerdo de las principales fuerzas políticas del país para hacer pasar este Presupuesto por encima de las penurias de la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país en medio de una ola de tarifazos. Un ataque tras otro contra las condiciones de vida de los trabajadores.
Por eso invito a sumarse a la movilización al Congreso para denunciar este acuerdo miserable, rechazar la sanción de este Presupuesto y en el caso de los jubilados para reclamar un aumento de emergencia que lleve el haber mínimo a lo que hoy es el costo de la canasta básica del adulto mayor de 24.000 pesos según lo establecido por la Defensoría de la Tercera Edad. Que cubre las necesidades básicas. Por la gestión directa del Pami y del Anses por sus afiliados y trabajadores. Por reivindicaciones centrales que tenemos los jubilados.
El tema en el Senado no va a pasar sin una presencia callejera importante. Apostamos a movilizar con todo lo que podamos porque hay que movilizarse, no es fácil siendo jubilados pero no tenemos alternativa. Los comedores de los Centros de jubilados rebalsan de jubilados y adultos mayores, así como los que no son destinados al sector. La situación es insostenible. Tenemos que salir a luchar.
Mario Hernandez
La farsa del G-20 y... la del anti G-20
Converge por estas horas en Buenos Aires el gran capital internacional. Un derroche sideral de dinero para escenificar una farsa y ocultar con ella la realidad de la disputa interimperialista, cada día más grave, más riesgosa para la humanidad.
No habrá un acuerdo de los 20 en torno a los temas que oficialmente se tratarán. Se trata de una lucha por alineamientos y posicionamientos en torno a los cinco principales actores del escenario mundial: China, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón. La naturaleza singular de los sistemas chino y ruso no niegan el hecho principal de un feroz combate geopolítico.
Como espejado, es igualmente farsesco el papel de un inopinado “pensamiento crítico” que días atrás se presentó como contrafigura del G-20. Nombres conocidos de este cónclave fueron las ex presidentes de Argentina y Brasil. Atribuir a Cristina Fernández y Dilma Rousseff un pensamiento crítico es una fantochada. Y no sólo por el registro intelectual de ambas, sobre todo la primera, sino porque fueron ellas las responsables de que el G-20 adquiriera el protagonismo que hoy tiene.
Es inaceptable que personas y agrupamientos que se presentan como “progresistas” –algunos incluso “revolucionarios”- hayan callado en ese encuentro la responsabilidad de Fernández y Roussef frente al hecho de que la cumbre se realice este año en Buenos Aires, factor indisolublemente asociado a la regresión política que ha sufrido buena parte de América Latina en los últimos años.
Aunque el G-20 fue fundado en 1999, no adquirió su actual envergadura hasta 2008, cuando frente al colapso de la economía mundial capitalista, desde Washington articularon un agresiva intervención para aunar diferentes fracciones de la burguesía e implementar una táctica contraofensiva.
Téngase en cuenta que en aquel momento Hugo Chávez convocaba desde Caracas a una reunión del Alba con el objetivo inverso al de Washington: aunar a los explotados y oprimidos del continente, crear una moneda virtual latinoamericana (el Sucre) e iniciar una fase nueva y superior de la unión regional por un camino opuesto al saneamiento del capital, punto de partida para una transición regional al socialismo.
¿Qué hicieron Fernández y Rousseff, con total respaldo del llamado kirchnerismo y del Partido de los Trabajadores? Es por demás sabido: dieron la espalda al Alba y acudieron al llamado de George Bush. ¿Puede ser que tantos intelectuales y políticos hayan omitido este dato fundamental a la hora de iniciar un nuevo capítulo en la historia del pensamiento? ¿Es pensable la afirmación de un genuino pensamiento crítico basado en el ocultamiento y la mentira?
Pues es justamente eso lo que ocurrió en un miniestadio en la Capital argentina, con la participación de una dos mil personas para aplaudir los discursos inaugurales de las ex presidentes, quienes obviamente con respaldo intelectual muy diferentes, expusieron su condena a la reunión del G-20, al FMI y a los gobiernos que los sostienen. Al igual que intelectuales y políticos que las acompañaron, ni una ni otra pareció comprender la conexión entre aquella decisión de atar a Brasil y Argentina al tanque de guerra imperialista en 2008 y la penosa suerte sufrida por ambas, con una derrota electoral en un caso y un golpe blanco en el otro.
Pero no fue sólo la suerte política del kirchnerismo y el PT la que rifaron con tal opción estratégica en un momento crucial. El salto al último vagón imperialista era a la vez abandonar el Alba, condenar al aislamiento regional a la Revolución Bolivariana, optar por el dólar frente al Sucre. Es inaceptable que se calle esto cuando se llama a la población a movilizarse contra el G-20. ¡Suena a hueco ahora, en vísperas de otro gran estallido de la economía mundial, el lamento por el lugar hegemónico recuperado por el gran capital!
En numerosas y muy diferentes ocasiones he defendido la política de frente único antimperialista, basada en el acervo teórico y práctico de la IIIª Internacional. Con más premura que nunca es hoy necesario concretar una política de esa naturaleza a escala regional y global. ¿Pero han de ser quienes en un momento decisivo de la historia reciente optaron por subordinarse al imperialismo la cabeza y símbolo de un frente antimperialista? ¿Se estructurará un frente único antimperialista en torno a una candidatura presidencial? Proponerlo es mucho más que un error. Utilizar el sentimiento antiyanqui de las masas para posicionarse frente a una elección es, también, más que equivocarse: es contribuir al triunfo del enemigo.
Luis Bilbao
@BilbaoL
No habrá un acuerdo de los 20 en torno a los temas que oficialmente se tratarán. Se trata de una lucha por alineamientos y posicionamientos en torno a los cinco principales actores del escenario mundial: China, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón. La naturaleza singular de los sistemas chino y ruso no niegan el hecho principal de un feroz combate geopolítico.
Como espejado, es igualmente farsesco el papel de un inopinado “pensamiento crítico” que días atrás se presentó como contrafigura del G-20. Nombres conocidos de este cónclave fueron las ex presidentes de Argentina y Brasil. Atribuir a Cristina Fernández y Dilma Rousseff un pensamiento crítico es una fantochada. Y no sólo por el registro intelectual de ambas, sobre todo la primera, sino porque fueron ellas las responsables de que el G-20 adquiriera el protagonismo que hoy tiene.
Es inaceptable que personas y agrupamientos que se presentan como “progresistas” –algunos incluso “revolucionarios”- hayan callado en ese encuentro la responsabilidad de Fernández y Roussef frente al hecho de que la cumbre se realice este año en Buenos Aires, factor indisolublemente asociado a la regresión política que ha sufrido buena parte de América Latina en los últimos años.
Aunque el G-20 fue fundado en 1999, no adquirió su actual envergadura hasta 2008, cuando frente al colapso de la economía mundial capitalista, desde Washington articularon un agresiva intervención para aunar diferentes fracciones de la burguesía e implementar una táctica contraofensiva.
Téngase en cuenta que en aquel momento Hugo Chávez convocaba desde Caracas a una reunión del Alba con el objetivo inverso al de Washington: aunar a los explotados y oprimidos del continente, crear una moneda virtual latinoamericana (el Sucre) e iniciar una fase nueva y superior de la unión regional por un camino opuesto al saneamiento del capital, punto de partida para una transición regional al socialismo.
¿Qué hicieron Fernández y Rousseff, con total respaldo del llamado kirchnerismo y del Partido de los Trabajadores? Es por demás sabido: dieron la espalda al Alba y acudieron al llamado de George Bush. ¿Puede ser que tantos intelectuales y políticos hayan omitido este dato fundamental a la hora de iniciar un nuevo capítulo en la historia del pensamiento? ¿Es pensable la afirmación de un genuino pensamiento crítico basado en el ocultamiento y la mentira?
Pues es justamente eso lo que ocurrió en un miniestadio en la Capital argentina, con la participación de una dos mil personas para aplaudir los discursos inaugurales de las ex presidentes, quienes obviamente con respaldo intelectual muy diferentes, expusieron su condena a la reunión del G-20, al FMI y a los gobiernos que los sostienen. Al igual que intelectuales y políticos que las acompañaron, ni una ni otra pareció comprender la conexión entre aquella decisión de atar a Brasil y Argentina al tanque de guerra imperialista en 2008 y la penosa suerte sufrida por ambas, con una derrota electoral en un caso y un golpe blanco en el otro.
Pero no fue sólo la suerte política del kirchnerismo y el PT la que rifaron con tal opción estratégica en un momento crucial. El salto al último vagón imperialista era a la vez abandonar el Alba, condenar al aislamiento regional a la Revolución Bolivariana, optar por el dólar frente al Sucre. Es inaceptable que se calle esto cuando se llama a la población a movilizarse contra el G-20. ¡Suena a hueco ahora, en vísperas de otro gran estallido de la economía mundial, el lamento por el lugar hegemónico recuperado por el gran capital!
En numerosas y muy diferentes ocasiones he defendido la política de frente único antimperialista, basada en el acervo teórico y práctico de la IIIª Internacional. Con más premura que nunca es hoy necesario concretar una política de esa naturaleza a escala regional y global. ¿Pero han de ser quienes en un momento decisivo de la historia reciente optaron por subordinarse al imperialismo la cabeza y símbolo de un frente antimperialista? ¿Se estructurará un frente único antimperialista en torno a una candidatura presidencial? Proponerlo es mucho más que un error. Utilizar el sentimiento antiyanqui de las masas para posicionarse frente a una elección es, también, más que equivocarse: es contribuir al triunfo del enemigo.
Luis Bilbao
@BilbaoL
Ingenio Ledesma: muerte y despidos
Luego de recibir una descarga mortal, mientras realizaba sus tareas, en el interior de la fábrica papelera del Ingenio Ledesma, Juan Pablo Cari, trabajador contratado, murió el lunes.
Miguel López, concejal del PTS-FIT, señaló "que en el día de hoy en la empresa Ledesma se produjo una nueva muerte obrera que nos llena de bronca. Otra vez la desidia patronal se lleva una joven vida de un trabajador. Juan Pablo Cari trabajaba para una contratista y estaba realizando tareas de mantenimiento en la papelera y falleció por una descarga eléctrica".
Siete nuevos despidos en el Ingenio Ledesma
La empresa de los Blaquier despidió nuevamente a 7 obreros azucareros. Los despedidos vienen a engrosar los 52 despidos de efectivos y fuera de convenio de mediados de año y la desvinculación sin causa de más de 31 trabajadores entre diciembre del 2017 y enero del 2018.
El ataque de la patronal está centralmente dirigido contra afiliados al Sindicato de Obreras y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y los adherentes a la última huelga que convocó la Comisión Directiva en septiembre y octubre del 2017.
La amenaza que hace correr la empresa líder en la rama azucarera es que al finalizar la zafra van a despedir 200 obreros más.
En el marco del ajuste económico impulsado por Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en la provincia, el emporio azucarero de la familia Blaquier busca con estos despidos avanzar contra las condiciones laborales y los ingresos de la familia azucarera del ingenio Ledesma.
La tarea disciplinadora que vino a llevar adelante la Gerencia General de Javier Goñi se da mediante despidos sin causa, buscando aislar al activismo sindical y ponerlo a la defensiva, atemorizar a la base de la fábrica y el campo, para multiplicar así las ganancias de Ledesma SAAI en base a tirar abajo el salario, liquidar las conquistas en las condiciones laborales y aumentar los ritmos de producción.
Previamente a los despidos en el Ingenio Ledesma despidieron más de 338 trabajadores en el Ingenio La Esperanza por orden del gobernador Gerardo Morales, también en el Ingenio El Tabacal a más de 181 operarios y en el Ingenio San Isidro a unos 730 obreros. En lo que va del año 2018 hubo más de 1.300 despidos arbitrarios en la actividad azucarera de Jujuy y Salta, impulsados por el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino -CARNA- que dirige la empresa Ledesma SAAI.
La patronal rechazó el petitorio del SOEAIL
La Comisión Directiva del SOEAIL viajó a Buenos Aires a reunirse con representantes de la patronal, en el Ministerio de Producción y Trabajo para reclamar un bono, la venta de un terreno para la construcción de un centro deportivo y otro terreno para instalar una nueva sede de la obra social azucarera en un barrio de los trabajadores y la paralización de las ejecuciones de viviendas del barrio Papa Francisco. También reclamó la reincorporación de los despedidos desde el 1º de diciembre del 2017.
Ante la negativa de los representantes de la empresa a todos los puntos solicitados, volvieron con el único compromiso de realizar una nueva audiencia conciliatoria el 10 de diciembre.
Los argumentos de la empresa fueron que los precios de los productos que venden en el mercado interno y externo han subido por debajo de la inflación, que sus ventas han caído de un 10% a un 15% en relación con el ejercicio anterior y que la zafra se ve afectada por las constantes precipitaciones, lo que imposibilitaría cosechar toda la caña de azúcar.
No obstante, sus ganancias de acuerdo al último ejercicio contable fueron de $ 277.131.000. Además durante 6 años no pagaron el Impuesto a la Ganancias, recibiendo una multa irrisoria de $ 100.000.
A la intransigencia patronal de Ledesma SAAI, que despide, persigue y se niega a conceder el más mínimo pedido de los trabajadores, deberá enfrentarla con la lucha obrera de los azucareros y sus familias, la gran fuerza social capaz de derrotar a esta patronal, e imponer la reincorporación de todos los despedidos.
Morales pretende vender el Ingenio La Esperanza
A fines de agosto, en conferencia de prensa, Gerardo Morales, acompañado por el Ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda anunciaron por segunda vez la venta del Ingenio La Esperanza.
Vale recordar que la presentación de la primera oferta llevaba la firma del buffet de abogados Mossack Fonseca, que recibió una catarata de denuncias en los Panama Papers, tras ser uno de los principales buffets de abogados involucrados en la evasión y fuga de capitales perpetuados por empresas off shore.
Meses más tarde exigió cambiar las condiciones cuando aún no había presentado documentación original de la constitución de la sociedad Alesa como tampoco depositado ninguna garantía de dinero.
De acuerdo al Juez Calderón “[…] la adjudicataria no ha cumplido con las exigencias dispuestas en la Resolución de Adjudicación, específicamente relativos a la inscripción y seguro de caución... habiéndose vencido con creces, el plazo nuevamente otorgado para dar cumplimiento a dichas condiciones..."
Horas más tarde de esta resolución, el gobernador saldría a anunciar un nuevo acuerdo que modifica la oferta realizada en el proceso judicial, premiando a Omega por sus incumplimientos, aceptando varias de las condiciones que impone la empresa y violando la resolución de adjudicación del 4 de abril.
Según los dichos de Morales, el nuevo acuerdo implica cambiar el CCT manteniendo a 600 trabajadores equiparados a otros Ingenios, empeorando sus condiciones de trabajo y otorgar mayor flexibilidad en los pagos a lo largo de 6 años a una empresa que declaró un capital en Argentina de $ 100.000 y tenía que depositar 18 millones de dólares antes del 10 de octubre. En conclusión Morales copia el modus operandi de su vecino gobernador de Salta, Urtubey, en el Ingenio San Isidro, vaciando la planta de trabajadores, aumentando los ritmos de producción con casi un tercio del personal generando más explotación sobre los trabajadores.
Este acuerdo ha sido realizado a espaldas del sindicato SOEAIL que por medio de un comunicado expresó que "no conoce ni ha sido notificado del acuerdo firmado por lo cual estamos a la expectativa" y que la semana anterior había tomado medidas de fuerza por el cobro de sueldos adeudados.
Medidas de protesta
Fue la primera acción llevada adelante por el Sindicato desde la represión en diciembre de 2017 por la falta de pago a los trabajadores del Ingenio y la reincorporación de los despedidos que no arreglaron el pase al Estado, entre otros puntos.
Además, denunció que el gobierno viene realizando los descuentos a la obra social por parte de los trabajadores pero no realiza dichos aportes por lo que a los trabajadores les están cortando el servicio. Algo similar ocurriría con la ART que el gobierno no viene cubriendo por lo que los trabajadores están realizando las tareas sin la cobertura.
Desde el gobierno no realizaron declaraciones al respecto y sigue la incertidumbre sobre la llegada de la firma Omega para hacerse cargo del Ingenio cuya “venta al contado” fue anunciada hace casi un año.
Ingenio La Esperanza: Omega no aparece, Morales no responde
A once meses del anuncio de 400 despidos por la “venta al contado” del ingenio azucarero, aún no hay indicios de la empresa adjudicataria y crece la bronca entre los trabajadores por la falta de pago de salarios.
Nuevamente crecen los rumores de la caída de la venta del Ingenio La Esperanza, ya que la firma Omega Energy, adjudicataria del cuestionado proceso licitatorio llevado adelante por el Juez de la quiebra, Dr. Calderón, aun no desembolsó ni un solo peso.
Mientras tanto, la preocupación de los trabajadores es por partida doble: por un lado el gobierno no está pagando los salarios de los trabajadores y, por otro, por la falta de inversión solo está funcionando el trapiche pequeño por lo que casi no puede decirse que inició la zafra.
Junto con el anuncio de la venta del ingenio, el gobierno anunció el despido de 400 trabajadores, asegurando que La Esperanza sólo podía ser rentable con 600 operarios. Desde un primer momento, se explicó que era imposible que el ingenio funcione de esa manera y que en realidad se buscaba liquidar todas las conquistas de los trabajadores.
Once meses después sólo se pudo poner a punto uno de los dos trapiches, que es el más chico y que produce “a vapor”, una tecnología casi caduca. Pero esto sólo lo pudieron hacer con una gran cantidad de horas extras, que en muchos casos significaron jornadas superiores a las 12 horas.
Por si esto fuera poco, muchos trabajadores que habían accedido a ir a trabajar al Estado provincial, están siendo convocados para cumplir horas en el Ingenio pero bajo la figura de monotributista. Es decir, precarizado, sin contar con el convenio, vacaciones, aguinaldo, ni siquiera ART.
Lo insólito de estas contrataciones es que aún hay 30 trabajadores despedidos que siguen reclamando su reincorporación y que deberían ser los primeros en ser convocados.
Aunque el juez que lleva adelante la quiebra anunció la adjudicación del Ingenio a la firma colombiana Omega Energy, sin embargo, el titular de la empresa, Omar Leal, fue exigiendo cambiar las principales cláusulas del contrato. En primer lugar pretendieron que se les entregue la titularidad del ingenio sin tener que realizar ningún desembolso de los U$S 86 millones ofrecidos. Se trata de una firma que realizó la oferta contando sólo con un capital societario de apenas $ 100.000 y, por lo tanto, requiere la titularidad para poder hipotecar los bienes del ingenio.
A esta aberración jurídica se le suma la exigencia de que los 600 trabajadores pasen a la nueva firma sin contar con sus categorías laborales, sin antigüedad y borrando de un plumazo las conquistas históricas como la temporada mínima de 10 meses. Entre los más afectados se encontrarían los trabajadores del campo. Todo esto es contrario a la oferta donde uno de los argumentos esgrimidos por el Dr. Calderón para realizar la adjudicación fue que Omega Energy ofrecía respetar las condiciones laborales.
El gobierno por su parte viene accediendo a los leoninos requerimientos del gerente Omar Leal. Al desembolso inicial para pagar las indemnizaciones a los despedidos, el gobierno se hará cargo del millonario pago a los obreros para que estos accedan a perder las antigüedades. Además de los salarios durante estos nueve meses y los costos de la “puesta a punto”.
Sin información en la Legislatura ni en la Justicia
Desde el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda se denunciaron oportunamente estas irregularidades y se apoyaron todas las medidas que tomaron los trabajadores en defensa del Ingenio y de los puestos de trabajo. Como parte de eso, se presentó en la Legislatura un pedido de interpelación al ministro de Producción, Abud Robles, quien es el responsable y vocero del gobierno en lo que al Ingenio respecta. El bloque de la UCR se negó a tratarlo.
Mientras tanto también se negó a responder a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, organismo creado por el gobernador Gerardo Morales para justamente informar a los ciudadanos de las acciones del gobierno. No conformes con esto, y ante el fallo de la justicia administrativa que requería al gobierno entregue los informes solicitados por el Frente de Izquierda apelaron, para mantener oculta la información.
Despidos en Salta y Jujuy por el parate de la obra pública agravan la situación laboral
Se registraron despidos masivos en Salta y Jujuy por la paralización de la obra pública y se estima que unos 8.000 obreros de la construcción están sin trabajo, según datos de las seccionales de la UOCRA.
El caso de Salta tomó relevancia por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.
Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación (los precios de construcción de las viviendas sociales estaría congelado desde abril de 2016) y el retraso de los pagos, por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales, “pero no hemos obtenido ni respuestas ni soluciones”. Además de estos problemas la Nación redujo a la mitad los fondos para viviendas sociales.
“Debido a que Nación todavía no pagó las actualizaciones de precios y las empresas cobran a valor 2016, los ritmos de obras se vieron disminuidos. Por el contexto inflacionario del país es casi insostenible cumplir en tiempo con los planes de trabajo”, declaró el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, Sergio Zorpudes. Unas 1.500 viviendas sociales estarían paralizadas.
Ante este contexto, en el Uocra salteña hablan de unos 3.000 obreros de la construcción que perdieron su trabajo en lo que va del año, donde la actividad cayó a niveles de 2016. Alrededor de 2/3 esos empleos que se perdieron responden al freno de la construcción de viviendas. Otra obra que está paralizada es la del Ramal C12 del Ferrocarril Belgrano, que era parte del Plan Belgrano.
En el caso de Jujuy, a las constructoras se les estaría pagando con cheques diferidos, lo que se suma a la paralización por falta de fondos de muchas obras ya anunciadas. También en esta provincia se paralizaron obras del Belgrano Cargas, las del Ramal C15 en Yuto.
Según declaró el secretario general de la Uocra Jujuy, Carlos Cárdenas, “actualmente contamos con 5.000 compañeros desocupados en toda la provincia”. “Como no empiezan las obras, no hay empresas que incorporen trabajadores y las que inician no avanzan como nosotros esperamos o se paralizan y nuevamente quedamos sin trabajo”, explicó el dirigente.
Mario Hernandez
Miguel López, concejal del PTS-FIT, señaló "que en el día de hoy en la empresa Ledesma se produjo una nueva muerte obrera que nos llena de bronca. Otra vez la desidia patronal se lleva una joven vida de un trabajador. Juan Pablo Cari trabajaba para una contratista y estaba realizando tareas de mantenimiento en la papelera y falleció por una descarga eléctrica".
Siete nuevos despidos en el Ingenio Ledesma
La empresa de los Blaquier despidió nuevamente a 7 obreros azucareros. Los despedidos vienen a engrosar los 52 despidos de efectivos y fuera de convenio de mediados de año y la desvinculación sin causa de más de 31 trabajadores entre diciembre del 2017 y enero del 2018.
El ataque de la patronal está centralmente dirigido contra afiliados al Sindicato de Obreras y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y los adherentes a la última huelga que convocó la Comisión Directiva en septiembre y octubre del 2017.
La amenaza que hace correr la empresa líder en la rama azucarera es que al finalizar la zafra van a despedir 200 obreros más.
En el marco del ajuste económico impulsado por Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en la provincia, el emporio azucarero de la familia Blaquier busca con estos despidos avanzar contra las condiciones laborales y los ingresos de la familia azucarera del ingenio Ledesma.
La tarea disciplinadora que vino a llevar adelante la Gerencia General de Javier Goñi se da mediante despidos sin causa, buscando aislar al activismo sindical y ponerlo a la defensiva, atemorizar a la base de la fábrica y el campo, para multiplicar así las ganancias de Ledesma SAAI en base a tirar abajo el salario, liquidar las conquistas en las condiciones laborales y aumentar los ritmos de producción.
Previamente a los despidos en el Ingenio Ledesma despidieron más de 338 trabajadores en el Ingenio La Esperanza por orden del gobernador Gerardo Morales, también en el Ingenio El Tabacal a más de 181 operarios y en el Ingenio San Isidro a unos 730 obreros. En lo que va del año 2018 hubo más de 1.300 despidos arbitrarios en la actividad azucarera de Jujuy y Salta, impulsados por el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino -CARNA- que dirige la empresa Ledesma SAAI.
La patronal rechazó el petitorio del SOEAIL
La Comisión Directiva del SOEAIL viajó a Buenos Aires a reunirse con representantes de la patronal, en el Ministerio de Producción y Trabajo para reclamar un bono, la venta de un terreno para la construcción de un centro deportivo y otro terreno para instalar una nueva sede de la obra social azucarera en un barrio de los trabajadores y la paralización de las ejecuciones de viviendas del barrio Papa Francisco. También reclamó la reincorporación de los despedidos desde el 1º de diciembre del 2017.
Ante la negativa de los representantes de la empresa a todos los puntos solicitados, volvieron con el único compromiso de realizar una nueva audiencia conciliatoria el 10 de diciembre.
Los argumentos de la empresa fueron que los precios de los productos que venden en el mercado interno y externo han subido por debajo de la inflación, que sus ventas han caído de un 10% a un 15% en relación con el ejercicio anterior y que la zafra se ve afectada por las constantes precipitaciones, lo que imposibilitaría cosechar toda la caña de azúcar.
No obstante, sus ganancias de acuerdo al último ejercicio contable fueron de $ 277.131.000. Además durante 6 años no pagaron el Impuesto a la Ganancias, recibiendo una multa irrisoria de $ 100.000.
A la intransigencia patronal de Ledesma SAAI, que despide, persigue y se niega a conceder el más mínimo pedido de los trabajadores, deberá enfrentarla con la lucha obrera de los azucareros y sus familias, la gran fuerza social capaz de derrotar a esta patronal, e imponer la reincorporación de todos los despedidos.
Morales pretende vender el Ingenio La Esperanza
A fines de agosto, en conferencia de prensa, Gerardo Morales, acompañado por el Ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda anunciaron por segunda vez la venta del Ingenio La Esperanza.
Vale recordar que la presentación de la primera oferta llevaba la firma del buffet de abogados Mossack Fonseca, que recibió una catarata de denuncias en los Panama Papers, tras ser uno de los principales buffets de abogados involucrados en la evasión y fuga de capitales perpetuados por empresas off shore.
Meses más tarde exigió cambiar las condiciones cuando aún no había presentado documentación original de la constitución de la sociedad Alesa como tampoco depositado ninguna garantía de dinero.
De acuerdo al Juez Calderón “[…] la adjudicataria no ha cumplido con las exigencias dispuestas en la Resolución de Adjudicación, específicamente relativos a la inscripción y seguro de caución... habiéndose vencido con creces, el plazo nuevamente otorgado para dar cumplimiento a dichas condiciones..."
Horas más tarde de esta resolución, el gobernador saldría a anunciar un nuevo acuerdo que modifica la oferta realizada en el proceso judicial, premiando a Omega por sus incumplimientos, aceptando varias de las condiciones que impone la empresa y violando la resolución de adjudicación del 4 de abril.
Según los dichos de Morales, el nuevo acuerdo implica cambiar el CCT manteniendo a 600 trabajadores equiparados a otros Ingenios, empeorando sus condiciones de trabajo y otorgar mayor flexibilidad en los pagos a lo largo de 6 años a una empresa que declaró un capital en Argentina de $ 100.000 y tenía que depositar 18 millones de dólares antes del 10 de octubre. En conclusión Morales copia el modus operandi de su vecino gobernador de Salta, Urtubey, en el Ingenio San Isidro, vaciando la planta de trabajadores, aumentando los ritmos de producción con casi un tercio del personal generando más explotación sobre los trabajadores.
Este acuerdo ha sido realizado a espaldas del sindicato SOEAIL que por medio de un comunicado expresó que "no conoce ni ha sido notificado del acuerdo firmado por lo cual estamos a la expectativa" y que la semana anterior había tomado medidas de fuerza por el cobro de sueldos adeudados.
Medidas de protesta
Fue la primera acción llevada adelante por el Sindicato desde la represión en diciembre de 2017 por la falta de pago a los trabajadores del Ingenio y la reincorporación de los despedidos que no arreglaron el pase al Estado, entre otros puntos.
Además, denunció que el gobierno viene realizando los descuentos a la obra social por parte de los trabajadores pero no realiza dichos aportes por lo que a los trabajadores les están cortando el servicio. Algo similar ocurriría con la ART que el gobierno no viene cubriendo por lo que los trabajadores están realizando las tareas sin la cobertura.
Desde el gobierno no realizaron declaraciones al respecto y sigue la incertidumbre sobre la llegada de la firma Omega para hacerse cargo del Ingenio cuya “venta al contado” fue anunciada hace casi un año.
Ingenio La Esperanza: Omega no aparece, Morales no responde
A once meses del anuncio de 400 despidos por la “venta al contado” del ingenio azucarero, aún no hay indicios de la empresa adjudicataria y crece la bronca entre los trabajadores por la falta de pago de salarios.
Nuevamente crecen los rumores de la caída de la venta del Ingenio La Esperanza, ya que la firma Omega Energy, adjudicataria del cuestionado proceso licitatorio llevado adelante por el Juez de la quiebra, Dr. Calderón, aun no desembolsó ni un solo peso.
Mientras tanto, la preocupación de los trabajadores es por partida doble: por un lado el gobierno no está pagando los salarios de los trabajadores y, por otro, por la falta de inversión solo está funcionando el trapiche pequeño por lo que casi no puede decirse que inició la zafra.
Junto con el anuncio de la venta del ingenio, el gobierno anunció el despido de 400 trabajadores, asegurando que La Esperanza sólo podía ser rentable con 600 operarios. Desde un primer momento, se explicó que era imposible que el ingenio funcione de esa manera y que en realidad se buscaba liquidar todas las conquistas de los trabajadores.
Once meses después sólo se pudo poner a punto uno de los dos trapiches, que es el más chico y que produce “a vapor”, una tecnología casi caduca. Pero esto sólo lo pudieron hacer con una gran cantidad de horas extras, que en muchos casos significaron jornadas superiores a las 12 horas.
Por si esto fuera poco, muchos trabajadores que habían accedido a ir a trabajar al Estado provincial, están siendo convocados para cumplir horas en el Ingenio pero bajo la figura de monotributista. Es decir, precarizado, sin contar con el convenio, vacaciones, aguinaldo, ni siquiera ART.
Lo insólito de estas contrataciones es que aún hay 30 trabajadores despedidos que siguen reclamando su reincorporación y que deberían ser los primeros en ser convocados.
Aunque el juez que lleva adelante la quiebra anunció la adjudicación del Ingenio a la firma colombiana Omega Energy, sin embargo, el titular de la empresa, Omar Leal, fue exigiendo cambiar las principales cláusulas del contrato. En primer lugar pretendieron que se les entregue la titularidad del ingenio sin tener que realizar ningún desembolso de los U$S 86 millones ofrecidos. Se trata de una firma que realizó la oferta contando sólo con un capital societario de apenas $ 100.000 y, por lo tanto, requiere la titularidad para poder hipotecar los bienes del ingenio.
A esta aberración jurídica se le suma la exigencia de que los 600 trabajadores pasen a la nueva firma sin contar con sus categorías laborales, sin antigüedad y borrando de un plumazo las conquistas históricas como la temporada mínima de 10 meses. Entre los más afectados se encontrarían los trabajadores del campo. Todo esto es contrario a la oferta donde uno de los argumentos esgrimidos por el Dr. Calderón para realizar la adjudicación fue que Omega Energy ofrecía respetar las condiciones laborales.
El gobierno por su parte viene accediendo a los leoninos requerimientos del gerente Omar Leal. Al desembolso inicial para pagar las indemnizaciones a los despedidos, el gobierno se hará cargo del millonario pago a los obreros para que estos accedan a perder las antigüedades. Además de los salarios durante estos nueve meses y los costos de la “puesta a punto”.
Sin información en la Legislatura ni en la Justicia
Desde el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda se denunciaron oportunamente estas irregularidades y se apoyaron todas las medidas que tomaron los trabajadores en defensa del Ingenio y de los puestos de trabajo. Como parte de eso, se presentó en la Legislatura un pedido de interpelación al ministro de Producción, Abud Robles, quien es el responsable y vocero del gobierno en lo que al Ingenio respecta. El bloque de la UCR se negó a tratarlo.
Mientras tanto también se negó a responder a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, organismo creado por el gobernador Gerardo Morales para justamente informar a los ciudadanos de las acciones del gobierno. No conformes con esto, y ante el fallo de la justicia administrativa que requería al gobierno entregue los informes solicitados por el Frente de Izquierda apelaron, para mantener oculta la información.
Despidos en Salta y Jujuy por el parate de la obra pública agravan la situación laboral
Se registraron despidos masivos en Salta y Jujuy por la paralización de la obra pública y se estima que unos 8.000 obreros de la construcción están sin trabajo, según datos de las seccionales de la UOCRA.
El caso de Salta tomó relevancia por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.
Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación (los precios de construcción de las viviendas sociales estaría congelado desde abril de 2016) y el retraso de los pagos, por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales, “pero no hemos obtenido ni respuestas ni soluciones”. Además de estos problemas la Nación redujo a la mitad los fondos para viviendas sociales.
“Debido a que Nación todavía no pagó las actualizaciones de precios y las empresas cobran a valor 2016, los ritmos de obras se vieron disminuidos. Por el contexto inflacionario del país es casi insostenible cumplir en tiempo con los planes de trabajo”, declaró el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, Sergio Zorpudes. Unas 1.500 viviendas sociales estarían paralizadas.
Ante este contexto, en el Uocra salteña hablan de unos 3.000 obreros de la construcción que perdieron su trabajo en lo que va del año, donde la actividad cayó a niveles de 2016. Alrededor de 2/3 esos empleos que se perdieron responden al freno de la construcción de viviendas. Otra obra que está paralizada es la del Ramal C12 del Ferrocarril Belgrano, que era parte del Plan Belgrano.
En el caso de Jujuy, a las constructoras se les estaría pagando con cheques diferidos, lo que se suma a la paralización por falta de fondos de muchas obras ya anunciadas. También en esta provincia se paralizaron obras del Belgrano Cargas, las del Ramal C15 en Yuto.
Según declaró el secretario general de la Uocra Jujuy, Carlos Cárdenas, “actualmente contamos con 5.000 compañeros desocupados en toda la provincia”. “Como no empiezan las obras, no hay empresas que incorporen trabajadores y las que inician no avanzan como nosotros esperamos o se paralizan y nuevamente quedamos sin trabajo”, explicó el dirigente.
Mario Hernandez
G-20: el pueblo y su agenda alternativa
Los días 28, 29 y 30 de noviembre fueron intensos en Buenos Aires, donde se reúne el Grupo de los 20. Organizado por un abanico de casi sesenta organizaciones sociales y políticas argentinas y de otros países, la Confluencia Fuera G-20/FMI organizó una Cumbre de los Pueblos y desarrolló foros temáticos con el objetivo de plantear una alternativa a la agenda oficial del G-20.
El Foro de Bienes Comunes y Soberanía, más allá de caracterizar el momento por lo cual pasa la región frente la profunda crisis y las consecuencias de las políticas de destrucción del medio ambiente, también plantea alternativas sistémicas al modelo dominante.
Foro Bienes Comunes y Soberanía
Fuera G-20/FMI
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
Existe una ofensiva colonial, imperial, con una fuerte presencia de EE.UU en toda nuestra región, con el objetivo de militarizar, apropiar y controlar bienes comunes y territorios: vemos la presencia de bases militares, estrategias de conflictos explícitos y no explícitos.
Se rompe la línea que divide defensa y seguridad. Vivimos un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Para las fuerzas armadas en toda América Latina, el enemigo vuelve a ser el propio pueblo.
Nos llaman terroristas, disidentes. Nos criminalizan por dialogar y reflexionar críticamente. Nos tildan de peligrosos.
Es un contexto donde el extractivismo es política pública, autorizan actividades a empresas transnacionales para actuar en los territorios, mercantilizan todo.
Estamos enfrentando un conflicto a nivel mundial. Es la era del antropoceno, del capitaloceno. Es la era del cambio climático y del calentamiento global. Es también la era del capitalismo intensivo, de la privatización total. Este modelo busca avanzar sobre bosques, campos, territorios indígenas. Es la acumulación por desposesión, es la colonialidad, el patriarcado, el racismo, la xenofobia.
El contexto está atravesado por la narrativa del desarrollo, por los discursos que se aferran a un extractivismo que se supone nos va a beneficiar. También es parte del contexto la colonialidad, la aceptación del poder del dominador y la clausura de nuevos caminos.
25 años de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de comercio, de inversión y otros, que no traen prosperidad sino que degradan a la naturaleza y violentan nuestros derechos. Los Tribunales Arbitrales Internacionales protegen a las empresas, no a nosotres. Sin embargo resistimos y la Alianza de América Latina sin TLC, que nace en el mismo momento en que estamos dando la pelea contra el Grupo de los 20 en la Argentina, es un esfuerzo para reunir las experiencias de diversos países y para seguir con esta lucha desde abajo. Debemos detener la mentira de los tratados de libre comercio.
Apoyamos la lucha por el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos, impulsado por la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.
Somos nosotres la esperanza, nos vamos a encargar de construir otro mundo posible.
Lo vivimos por ejemplo en la lucha contra Monsanto en Córdoba, donde las resistencias se alimentan de la ciencia, la técnica y el saber popular. Esta experiencia permite entender que las acciones colectivas y de organizaciones también son parte de este contexto.
No se respetan los territorios de los mapuches, como en Los Toldos, nos fumigan y enferman. Las empresas de agroquimicos y los gobiernos intentan convencernos que no hay más otra forma de producir y consumir.
La agricultura intensiva necesita fertilizantes, aunque no resuelva para nada el reto del hambre en el mundo cómo lo quieren hacer creer los líderes del G-20. En la región de Marruecos, y del Sahara Occidental, hay una gran fuente de fosfato que se usa como fertilizante para la soja y el maíz transgénico. Argentina importa la mayoría de su fosfato de EE.UU que estuvo extraído en Marueccos. En el Sahara Occidental, hay un gran yacimiento de fosfato, y entonces un conflicto geopolítico que involucra a varios actores. Ahí no se aplica el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay muchos saharauís que tuvieron que exiliarse pero la lucha sigue en los territorios.
Se necesita un trabajo de concientización contra todo tipo de colonización, sea china, europea o estadunidense. Ellos acaparan las tierras y promueven los transgénicos.
En Punta Querandí, los mega emprendimientos inmobiliarios crean barrios privados sin tomar en cuenta el rechazo de la población. Elevan terrenos para la gente más rica, lo que genera inundaciones y contaminación.
En Puerto Madryn y En Andalgalá, hace más de 20 años que los gobiernos de Chubut y Catamarca apoyan la megaminería, violando los derechos humanos. Las empresas llevan a cabo un ecocidio, gastando electricidad y cientos de millones de agua por año cuando la población carece de agua dulce. También muchas universidades están financiadas por estas empresas.
En la Amazonia del Ecuador el pueblo ha resistido a una de las empresas más contaminantes del mundo, Chevron/Texaco. Estas empresas tienen sus inversiones garantizadas con el apoyo gubernamental.
Las empresas siempre buscan a sus intereses sin pensar en el bienestar de la población. En los centros urbanos, como Buenos Aires, la contaminación, la desigualdad, la mortalidad infantil, el aumento de enfermedades, la falta de agua potable asi como su privatización y la reducción de la esperanza de vida son una evidencia de que los privilegios de las corporaciones están por arriba de la necesidad de los pueblos, es una decisión política.
Por otro lado, el pueblo en lucha ha logrado prohibir actividades mineras a cielo abierto y el uso de químicos tóxicos, como en Córdoba. La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, desde hace ocho años viene marchando contra los proyectos mineros. En Puerto Madryn, se crearon asambleas y grandes movilizaciones. La comunidad de Punta Querandí ha organizado actividades que difunden la visión del ser humano como hermano de la naturaleza.
Los movimientos villeros en Buenos Aires tienen 70 años de historia. Teniendo en cuenta que el Estado no se hace cargo del problema del hambre y de la educación, estos movimientos crearon comedores y escuelas populares.
Tejiendo alianzas, se intenta de llevar acciones multidimensionales y multidisciplinarias. En Ecuador, la lucha contra Chevron es un ejemplo de resistencia transfronteriza y transgeneracional.
Sabemos que son muchos nuestros desafíos. Sin embargo, la invisibilidad de nuestras luchas en los medios hegemónicos, la criminalización y represión de militantes y comunidades también hace que avancemos en nuestras estrategias de resistencia y en nuestra construcción de salidas colectivas y alternativas a este sistema que nos oprime.
La crisis es sistémica y por ello nuestras propuestas también son sistémicas. Estamos construyendo una respuesta con esta Cumbre de los Pueblos.
Esta reunión del G-20 es marcada por una guerra económica entre China y Estados Unidos que tendrá consecuencias hacia nuestros bienes comunes. En este clima ideológico de la posverdad, sabemos que primero las luchas se dan en las calles y el electoral viene después; porque crece la política xenófoba, antidemocrática, racista, misógina, aporofobica y de austeridad con Trump, Bolsonaro y Netanyahu.
Frente al negacionismo climático y del efecto de la industria fósil en un contexto de crisis civilizatoria y del límite planetario y en donde los Estados Unidos quieren avanzar para saquear nuestros bienes comunes y reforzar el calentamiento global, nos encontramos en la emergencia de cambiar la matriz energética hacia energías renovables y hacia otro tipo de democracia.
Para frenar la crisis, tenemos que luchar contra el sistema capitalista, racista, colonialista y heteropatriarcal que atenta contra la vida. La justicia social, de género, económica y ambiental van de la mano. El cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados son comprendidos como recurso que puede ser apropiado. Buscamos la autonomía, rompiendo la lógica del rol social de reproductoras y cuidadoras. Sabemos que somos las más afectadas por las crisis, sobre todo les disidentes, negras y pobres.Las mujeres indígenas siguen proponiendo vida y recuperar el buen vivir, la unidad entre los pueblos y la reciprocidad de la naturaleza como un derecho para todes. Queremos un estado plurinacional.
La energía es la base del modelo de desarrollo y acumulación. Los megaproyectos, como la autorización del fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, son una amenaza. Por ello, es estratégico hablar de soberanía, sobre todo frente a la concentración del consumo de energía. Queremos construir un proceso colectivo hacía la soberanía energética, donde el lugar de producción sea el lugar de consumo y en donde localmente se pueda decidir qué, cómo y para quienes producir energía. Sin embargo, sabemos que una alternativa sistémica sólo es posible quitando el poder a las grandes empresas que impiden la democracia real. En horizonte ecosocialista, sin fetichizar las luchas y buscando unidad y diversidad, queremos energías limpias sin pérdida de soberanía, planteamos la energía no como mercancía y sí como derecho.
El sistema agroindustrial está en crisis, generando hambre, enfermedades, producción que no alimenta a todes, aunque controlen el 65% de las tierras agropecuarias. Plantean falsas soluciones como la agrotecnología de precisión, agrotóxicos, nanotecnología y transgénicos. Mientras tanto, asistimos a una creciente concentración de tierras y financierización de los alimentos. Contra eso queremos soberanía alimentaria de la mano de la agroecología. Nuestrassemillas son bienes comunes y deben estar en las manos de los pueblos. No son mercancía. En el eje de infraestructura de la agenda del G-20 sigue planteando el crecimiento infinito y la realidad es que el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante. Queremos agricultura familiar campesina e indígena, otro modelo que no sea hipermercadista, con producción y consumo local. Sabemos que es posible porque ya lo estamos construyendo en los territorios.
El progresismo extractivista no nos representa, es necesario pensar una confluencia entre las izquierdas y los movimientos sociales.
América Latina tiene su rol proveedor de materia prima en la División Internacional del Trabajo y este es un hilo colonial.No existe modernidad sin colonialismo. Las feministas y el movimiento de mujeres y disidencias hemos articulado nuestras posiciones de manera transversal y este es un modelo a seguir. La ecología política en América Latina permite independizarse.
Estamos comprometidas/as en la lucha por la emancipación. Está nítido que estamos frente a una brutal ofensiva neoliberal en todo el mundo. Hay una etapa de crisis que se caracteriza por disputas en el interior de las clases dominantes, con la necesidad de avanzar sobre los derechos y que impulsa la mercantilización de la vida en todos los niveles. Todos les presidentes en los últimos años han promovido contrarreformas laborales y medidas de austeridad. Al mismo tiempo, hay resistencias.
Por ello, seguiremos internacionalizando las luchas y fortaleciendo las batallas de las mujeres contra la violencia de género. Seguiremos en la lucha contra FMI y austeridad, contra el patriarcado, contra el calentamiento global, contra el despojo y contra el fascismo neoliberal, entendiendo que descolonizar los saberes antecede las luchas y el acto colectivo.
El Foro de Bienes Comunes y Soberanía, más allá de caracterizar el momento por lo cual pasa la región frente la profunda crisis y las consecuencias de las políticas de destrucción del medio ambiente, también plantea alternativas sistémicas al modelo dominante.
Foro Bienes Comunes y Soberanía
Fuera G-20/FMI
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018
Existe una ofensiva colonial, imperial, con una fuerte presencia de EE.UU en toda nuestra región, con el objetivo de militarizar, apropiar y controlar bienes comunes y territorios: vemos la presencia de bases militares, estrategias de conflictos explícitos y no explícitos.
Se rompe la línea que divide defensa y seguridad. Vivimos un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Para las fuerzas armadas en toda América Latina, el enemigo vuelve a ser el propio pueblo.
Nos llaman terroristas, disidentes. Nos criminalizan por dialogar y reflexionar críticamente. Nos tildan de peligrosos.
Es un contexto donde el extractivismo es política pública, autorizan actividades a empresas transnacionales para actuar en los territorios, mercantilizan todo.
Estamos enfrentando un conflicto a nivel mundial. Es la era del antropoceno, del capitaloceno. Es la era del cambio climático y del calentamiento global. Es también la era del capitalismo intensivo, de la privatización total. Este modelo busca avanzar sobre bosques, campos, territorios indígenas. Es la acumulación por desposesión, es la colonialidad, el patriarcado, el racismo, la xenofobia.
El contexto está atravesado por la narrativa del desarrollo, por los discursos que se aferran a un extractivismo que se supone nos va a beneficiar. También es parte del contexto la colonialidad, la aceptación del poder del dominador y la clausura de nuevos caminos.
25 años de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de comercio, de inversión y otros, que no traen prosperidad sino que degradan a la naturaleza y violentan nuestros derechos. Los Tribunales Arbitrales Internacionales protegen a las empresas, no a nosotres. Sin embargo resistimos y la Alianza de América Latina sin TLC, que nace en el mismo momento en que estamos dando la pelea contra el Grupo de los 20 en la Argentina, es un esfuerzo para reunir las experiencias de diversos países y para seguir con esta lucha desde abajo. Debemos detener la mentira de los tratados de libre comercio.
Apoyamos la lucha por el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos, impulsado por la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.
Somos nosotres la esperanza, nos vamos a encargar de construir otro mundo posible.
Lo vivimos por ejemplo en la lucha contra Monsanto en Córdoba, donde las resistencias se alimentan de la ciencia, la técnica y el saber popular. Esta experiencia permite entender que las acciones colectivas y de organizaciones también son parte de este contexto.
No se respetan los territorios de los mapuches, como en Los Toldos, nos fumigan y enferman. Las empresas de agroquimicos y los gobiernos intentan convencernos que no hay más otra forma de producir y consumir.
La agricultura intensiva necesita fertilizantes, aunque no resuelva para nada el reto del hambre en el mundo cómo lo quieren hacer creer los líderes del G-20. En la región de Marruecos, y del Sahara Occidental, hay una gran fuente de fosfato que se usa como fertilizante para la soja y el maíz transgénico. Argentina importa la mayoría de su fosfato de EE.UU que estuvo extraído en Marueccos. En el Sahara Occidental, hay un gran yacimiento de fosfato, y entonces un conflicto geopolítico que involucra a varios actores. Ahí no se aplica el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay muchos saharauís que tuvieron que exiliarse pero la lucha sigue en los territorios.
Se necesita un trabajo de concientización contra todo tipo de colonización, sea china, europea o estadunidense. Ellos acaparan las tierras y promueven los transgénicos.
En Punta Querandí, los mega emprendimientos inmobiliarios crean barrios privados sin tomar en cuenta el rechazo de la población. Elevan terrenos para la gente más rica, lo que genera inundaciones y contaminación.
En Puerto Madryn y En Andalgalá, hace más de 20 años que los gobiernos de Chubut y Catamarca apoyan la megaminería, violando los derechos humanos. Las empresas llevan a cabo un ecocidio, gastando electricidad y cientos de millones de agua por año cuando la población carece de agua dulce. También muchas universidades están financiadas por estas empresas.
En la Amazonia del Ecuador el pueblo ha resistido a una de las empresas más contaminantes del mundo, Chevron/Texaco. Estas empresas tienen sus inversiones garantizadas con el apoyo gubernamental.
Las empresas siempre buscan a sus intereses sin pensar en el bienestar de la población. En los centros urbanos, como Buenos Aires, la contaminación, la desigualdad, la mortalidad infantil, el aumento de enfermedades, la falta de agua potable asi como su privatización y la reducción de la esperanza de vida son una evidencia de que los privilegios de las corporaciones están por arriba de la necesidad de los pueblos, es una decisión política.
Por otro lado, el pueblo en lucha ha logrado prohibir actividades mineras a cielo abierto y el uso de químicos tóxicos, como en Córdoba. La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, desde hace ocho años viene marchando contra los proyectos mineros. En Puerto Madryn, se crearon asambleas y grandes movilizaciones. La comunidad de Punta Querandí ha organizado actividades que difunden la visión del ser humano como hermano de la naturaleza.
Los movimientos villeros en Buenos Aires tienen 70 años de historia. Teniendo en cuenta que el Estado no se hace cargo del problema del hambre y de la educación, estos movimientos crearon comedores y escuelas populares.
Tejiendo alianzas, se intenta de llevar acciones multidimensionales y multidisciplinarias. En Ecuador, la lucha contra Chevron es un ejemplo de resistencia transfronteriza y transgeneracional.
Sabemos que son muchos nuestros desafíos. Sin embargo, la invisibilidad de nuestras luchas en los medios hegemónicos, la criminalización y represión de militantes y comunidades también hace que avancemos en nuestras estrategias de resistencia y en nuestra construcción de salidas colectivas y alternativas a este sistema que nos oprime.
La crisis es sistémica y por ello nuestras propuestas también son sistémicas. Estamos construyendo una respuesta con esta Cumbre de los Pueblos.
Esta reunión del G-20 es marcada por una guerra económica entre China y Estados Unidos que tendrá consecuencias hacia nuestros bienes comunes. En este clima ideológico de la posverdad, sabemos que primero las luchas se dan en las calles y el electoral viene después; porque crece la política xenófoba, antidemocrática, racista, misógina, aporofobica y de austeridad con Trump, Bolsonaro y Netanyahu.
Frente al negacionismo climático y del efecto de la industria fósil en un contexto de crisis civilizatoria y del límite planetario y en donde los Estados Unidos quieren avanzar para saquear nuestros bienes comunes y reforzar el calentamiento global, nos encontramos en la emergencia de cambiar la matriz energética hacia energías renovables y hacia otro tipo de democracia.
Para frenar la crisis, tenemos que luchar contra el sistema capitalista, racista, colonialista y heteropatriarcal que atenta contra la vida. La justicia social, de género, económica y ambiental van de la mano. El cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados son comprendidos como recurso que puede ser apropiado. Buscamos la autonomía, rompiendo la lógica del rol social de reproductoras y cuidadoras. Sabemos que somos las más afectadas por las crisis, sobre todo les disidentes, negras y pobres.Las mujeres indígenas siguen proponiendo vida y recuperar el buen vivir, la unidad entre los pueblos y la reciprocidad de la naturaleza como un derecho para todes. Queremos un estado plurinacional.
La energía es la base del modelo de desarrollo y acumulación. Los megaproyectos, como la autorización del fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, son una amenaza. Por ello, es estratégico hablar de soberanía, sobre todo frente a la concentración del consumo de energía. Queremos construir un proceso colectivo hacía la soberanía energética, donde el lugar de producción sea el lugar de consumo y en donde localmente se pueda decidir qué, cómo y para quienes producir energía. Sin embargo, sabemos que una alternativa sistémica sólo es posible quitando el poder a las grandes empresas que impiden la democracia real. En horizonte ecosocialista, sin fetichizar las luchas y buscando unidad y diversidad, queremos energías limpias sin pérdida de soberanía, planteamos la energía no como mercancía y sí como derecho.
El sistema agroindustrial está en crisis, generando hambre, enfermedades, producción que no alimenta a todes, aunque controlen el 65% de las tierras agropecuarias. Plantean falsas soluciones como la agrotecnología de precisión, agrotóxicos, nanotecnología y transgénicos. Mientras tanto, asistimos a una creciente concentración de tierras y financierización de los alimentos. Contra eso queremos soberanía alimentaria de la mano de la agroecología. Nuestrassemillas son bienes comunes y deben estar en las manos de los pueblos. No son mercancía. En el eje de infraestructura de la agenda del G-20 sigue planteando el crecimiento infinito y la realidad es que el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante. Queremos agricultura familiar campesina e indígena, otro modelo que no sea hipermercadista, con producción y consumo local. Sabemos que es posible porque ya lo estamos construyendo en los territorios.
El progresismo extractivista no nos representa, es necesario pensar una confluencia entre las izquierdas y los movimientos sociales.
América Latina tiene su rol proveedor de materia prima en la División Internacional del Trabajo y este es un hilo colonial.No existe modernidad sin colonialismo. Las feministas y el movimiento de mujeres y disidencias hemos articulado nuestras posiciones de manera transversal y este es un modelo a seguir. La ecología política en América Latina permite independizarse.
Estamos comprometidas/as en la lucha por la emancipación. Está nítido que estamos frente a una brutal ofensiva neoliberal en todo el mundo. Hay una etapa de crisis que se caracteriza por disputas en el interior de las clases dominantes, con la necesidad de avanzar sobre los derechos y que impulsa la mercantilización de la vida en todos los niveles. Todos les presidentes en los últimos años han promovido contrarreformas laborales y medidas de austeridad. Al mismo tiempo, hay resistencias.
Por ello, seguiremos internacionalizando las luchas y fortaleciendo las batallas de las mujeres contra la violencia de género. Seguiremos en la lucha contra FMI y austeridad, contra el patriarcado, contra el calentamiento global, contra el despojo y contra el fascismo neoliberal, entendiendo que descolonizar los saberes antecede las luchas y el acto colectivo.
sábado, 1 de diciembre de 2018
Grave: Bullrich y el gobierno autorizan a tirar a matar en la víspera del G20
Se filtró una resolución que no fue publicada en el Boletín Oficial. El avance represivo del macrismo.
El mismo día en que, de manera arbitraria y en línea con la operación gubernamental de no investigar las responsabilidades de las fuerzas represivas, la Justicia cerraba el expediente en el caso Maldonado, se filtró una resolución del ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich que autoriza el “empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, es decir, permite el tirar con balas de plomo a matar. La resolución se conoció –aunque se quiso ocultar, ya que no figura en el Boletín Oficial– en las vísperas de las manifestaciones a realizarse durante el funcionamiento del G20 (aunque el silencio sobre esta resolución no indica si durará luego del evento auspiciado por las naciones imperialistas). El señalamiento al cierre de la causa por la muerte de Santiago Maldonado no es casual: el operativo represivo de estos días estará a cargo de Pablo Noceti, quien fuera el principal operador gubernamental para organizar el operativo que terminó con la muerte de Maldonado en la comunidad Pu Lof, Chubut, el 1 de agosto de 2017.
La resolución no sólo implica la virtual ejecución de un plan represivo letal en ocasión del G20, sino que significa un cercenamiento grave del derecho a manifestarse y amenaza con el asesinato estatal a los manifestantes: se trata de una medida fascistizante. En el reglamento que acompaña la resolución –y que alcanza a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– se establece como causal de uso de armas letales el “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”, otorgando de esta manera una discrecionalidad interpretativa a las fuerzas represivas que podrían ajustarse a cualquier circunstancia. Por caso, indica como ejemplos (aunque no limita el uso de armas de fuego a estos ejemplos, sino que se los nombra a modo ilustrativo):
–Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.
–Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
–Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal.
–Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.
También apunta a la posibilidad de “fuga” como causal para usar balas de plomo. Se trata de un manual de autorizaciones estatales para matar.
La normativa profundiza el giro represivo del gobierno macrista y resulta necesario no sólo repudiar su establecimiento, sino exigir la derogación de este reglamento durante el G20 y también con posterioridad a la cumbre. Las fuerzas represivas cuyo gobierno no puede evitar la violencia de los barras bravas para un partido de fútbol acaban de ser autorizadas por Patricia Bullrich para usar toda su capacidad de fuego para asesinar. Se trata de otro motivo, además, para demandar que Bullrich sea apartada del ministerio de Seguridad.
Antonia Torrebruna
Por qué el kirchnerismo no marcha contra el G20
“Vamos a volver”… con el FMI.
La movilización internacional que año tras año se desenvuelve contra la cumbre del G20 hoy tendrá su sede en Argentina, enfrentando el inmenso operativo represivo de Macri y Bullrich para repudiar en las calles las políticas de opresión de los gobiernos imperialistas y sus cómplices, desde las masacres en Medio Oriente a los planes generalizados de ajuste. La marcha repudiará las reformas laborales flexibilizadoras y de destrucción de las jubilaciones en todo el mundo y en suelo local: el gobierno de Macri reiteró sus intenciones en este sentido, tras elogiar la reforma laboral francesa al reunirse con el mandatario francés Emmanuel Macron.
El kirchnerismo, sin embargo, no será de la partida. Como informó La Política Online en su edición de ayer, “Cristina Kirchner se recluyó en El Calafate y definió que sus militantes no se sumen a las marchas de protesta contra la cumbre del G20 que se realiza en Buenos Aires, en un nuevo gesto de moderación de la ex Presidenta de cara al gobierno de Mauricio Macri”. Ya en ocasión del foro convocado por Clacso, la ex mandataria había puesto paños fríos a quienes la calificaron de “contracumbre”, marcando que se trataba solo de “un espacio de ideas”, al tiempo que pedía frenar los cánticos de repudio a Mauricio Macri y declaraba perimida la distinción entre derecha e izquierda.
CFK fue una de las fundadoras de los encuentros del G20 cuando fungía como presidenta, y mantuvo todos los compromisos con el imperialismo, desde el envío de tropas para reprimir en Haití hasta el pago serial de la deuda, el pago al contado al FMI y el acuerdo ruinoso con el Club de París, entre otros. El mensaje para los capitalistas, tanto más enfático cuanto más se acercan las elecciones, es que un eventual retorno del peronismo en 2019 tendrá lugar en connivencia con Donald Trump y compañía y respetando los compromisos con el imperialismo –en primer lugar el acuerdo con el FMI, como viene señalando reiteradamente Axel Kicillof.
CFK busca desligar esta iniciativa electoral de cualquier movilización contra el ajuste en curso. El asunto se replica en los sindicatos que dirige el kirchnerismo, concentrados en contener las luchas obreras mientras el ajuste se desenvuelve sin pausa (protagonizado en muchos casos por los gobernadores “nac&pop”, como ocurre en Santa Cruz).
El kirchnerismo repite como un mantra que hay que “concentrar” todos los esfuerzos en relevar a Macri por la vía electoral, lo que valdría cualquier sacrificio para las luchas sociales y la alianza con los gobernadores y bloques del pejotismo que han apoyado y votado sistemáticamente todas las leyes antiobreras del gobierno –un factor clave para la perdurabilidad del macrismo–, e incluso con la Iglesia. El llamado cristinista a “desensillar” frente al G20 apunta a dejar en claro frente a los capitalistas que un eventual relevo del gobierno Macri encabezado por ella no romperá los pactos de ajuste y entrega del país al capital financiero.
Desde el Partido Obrero marchamos junto al Frente de Izquierda contra el imperialismo y los pactos con el FMI.
Prensa Obrera
La movilización internacional que año tras año se desenvuelve contra la cumbre del G20 hoy tendrá su sede en Argentina, enfrentando el inmenso operativo represivo de Macri y Bullrich para repudiar en las calles las políticas de opresión de los gobiernos imperialistas y sus cómplices, desde las masacres en Medio Oriente a los planes generalizados de ajuste. La marcha repudiará las reformas laborales flexibilizadoras y de destrucción de las jubilaciones en todo el mundo y en suelo local: el gobierno de Macri reiteró sus intenciones en este sentido, tras elogiar la reforma laboral francesa al reunirse con el mandatario francés Emmanuel Macron.
El kirchnerismo, sin embargo, no será de la partida. Como informó La Política Online en su edición de ayer, “Cristina Kirchner se recluyó en El Calafate y definió que sus militantes no se sumen a las marchas de protesta contra la cumbre del G20 que se realiza en Buenos Aires, en un nuevo gesto de moderación de la ex Presidenta de cara al gobierno de Mauricio Macri”. Ya en ocasión del foro convocado por Clacso, la ex mandataria había puesto paños fríos a quienes la calificaron de “contracumbre”, marcando que se trataba solo de “un espacio de ideas”, al tiempo que pedía frenar los cánticos de repudio a Mauricio Macri y declaraba perimida la distinción entre derecha e izquierda.
CFK fue una de las fundadoras de los encuentros del G20 cuando fungía como presidenta, y mantuvo todos los compromisos con el imperialismo, desde el envío de tropas para reprimir en Haití hasta el pago serial de la deuda, el pago al contado al FMI y el acuerdo ruinoso con el Club de París, entre otros. El mensaje para los capitalistas, tanto más enfático cuanto más se acercan las elecciones, es que un eventual retorno del peronismo en 2019 tendrá lugar en connivencia con Donald Trump y compañía y respetando los compromisos con el imperialismo –en primer lugar el acuerdo con el FMI, como viene señalando reiteradamente Axel Kicillof.
CFK busca desligar esta iniciativa electoral de cualquier movilización contra el ajuste en curso. El asunto se replica en los sindicatos que dirige el kirchnerismo, concentrados en contener las luchas obreras mientras el ajuste se desenvuelve sin pausa (protagonizado en muchos casos por los gobernadores “nac&pop”, como ocurre en Santa Cruz).
El kirchnerismo repite como un mantra que hay que “concentrar” todos los esfuerzos en relevar a Macri por la vía electoral, lo que valdría cualquier sacrificio para las luchas sociales y la alianza con los gobernadores y bloques del pejotismo que han apoyado y votado sistemáticamente todas las leyes antiobreras del gobierno –un factor clave para la perdurabilidad del macrismo–, e incluso con la Iglesia. El llamado cristinista a “desensillar” frente al G20 apunta a dejar en claro frente a los capitalistas que un eventual relevo del gobierno Macri encabezado por ella no romperá los pactos de ajuste y entrega del país al capital financiero.
Desde el Partido Obrero marchamos junto al Frente de Izquierda contra el imperialismo y los pactos con el FMI.
Prensa Obrera
¿A quién le molesta el lenguaje inclusivo?
A propósito del fallo de la RAE contra el término "todes" y sus repercusiones.
Este miércoles se conoció que la Real Academia Española ha rechazado la incorporación del término “todes” por considerarlo innecesario a su libro de estilo de la lengua española. Tampoco ha aceptado los duplicados, como “todos y todas”. La RAE sostiene que el masculino no excluye a las mujeres. Las mujeres y las disidencias sexuales, especialmente la juventud, que sí. El veto de la RAE va a trasmano del movimiento, del cual importantes contingentes se expresan con la E y la X en su cotidianeidad porque lo entienden como la forma de comunicarse de manera no discriminatoria. De hecho, se han vuelto necesarias para muchos sectores –incluidas campañas del gobierno– para “empatizar” con ese movimiento.
Este aspecto se pone aún más claramente de manifiesto al observar las repercusiones de la decisión de la RAE. Los titulares que han elegido Clarín e Infobae (“La RAE pone un límite al lenguaje inclusivo”) y el editorial de La Nación son ejemplares al respecto.
Saludar su rechazo, es decir, que los términos lingüísticos que ha generado el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales para expresarse sean “legalmente indebidos” no es defender una forma de comunicarse ni la supuesta “relación de los hispanohablantes con el mundo”, como dice La Nación. Es cierto que la lengua no “es culpable de la invisibilidad de la mujer o el relegamiento de la mujer” pero festejar una lengua que bloquee el lenguaje que esas mujeres han construido -¡en nombre de una lengua en la que la versión en masculino nos contenga!-, opera en favor de la invisibilidad y el relegamiento de la mujer y de las disidencias sexuales, que son las que efectivamente molestan a La Nación. Así lo explicita, cuando sostiene que la aceptación de “todes” infundiría la noción de que “la demagogia con grupos minoritarios” (sic) “tiñe” a una sociedad “más lógica y que está más en sus cabales de lo que se nos quiere hacer creer”. ¿De qué sociedad habla La Nación? En esa misma edición, La Nación da cuenta de un sinfín de episodios que lejos de demostrar una “sociedad lógica y en sus cabales”, vivimos en una sociedad infestada por la violencia, producto de las desigualdades, opresiones, injusticias y descomposiciones de todo tipo que genera y sobre la que se sostiene el régimen social.
Sin lugar a dudas, la popularización del término “todes” o la batalla por visibilizar en el plano del lenguaje a las mujeres y disidencias sexuales con la incorporación de las versiones femeninas de los términos a la hora de escribir o hablar o convertir a la letra O en una E o X es un emergente de la lucha del movimiento de mujeres por sus derechos, que ha cuestionado las raíces profundas que la opresión de género tiene en el régimen social y todas sus expresiones culturales, comportamientos sociales, etc. Las expresiones con la E y la X se han convertido en símbolo de la lucha por nuestros derechos, como ocurre con el pañuelo verde.
La Nación festeja que la RAE no aceptara el término “todes” porque se opone a esa transformación social en favor de nuestras reivindicaciones. Son los sectores del poder y aliados a la Iglesia católica que defienden una sociedad que las mujeres y disidencias sexuales “deslucimos”. En la misma resolución, la RAE aceptó “guasap” y “youtubero” por intereses económicos y necesidades empresariales. No se trata de “respetar mucho la lengua” sino de la defensa de un status quo por parte de estas instituciones conservadoras. El “equilibrio” que defiende La Nación lo derribaremos con la lucha de las mujeres y los y las trabajadores y trabajadoras y reemplazaremos su sociedad capitalista, clerical, opresiva, discriminatoria, misógina, violenta y heteronormativa por una sociedad socialista.
Rocío Zavaleta
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