La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que permite la liberación de una parte de los presos políticos que permanecen detenidos o condenados.
La presidenta Delcy Rodríguez promulgó la ley dos horas después y pidió revisar los casos no contemplados en el texto para beneficiar a más personas, en un intento de lograr una absolución para los propios. “Hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”, dijo en una alusión a un borrón y cuenta nueva para todas y todos, chavismo incluido. “Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, reclamó Nicolás Maduro desde la cárcel en Nueva York, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ante manifestantes chavistas reunidos la semana pasada.
La oposición remarcó que no se trata de una amnistía verdadera. María Corina Machado declaró que no puede haber perdón sin memoria, en clara alusión a la falta de juicios y condenas de la represión por parte del gobierno. La ley fue aprobada después de semanas de discusión. Una de las disputas fue provocada por la inclusión, entre los amnistiados, de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Esta inclusión explícita finalmente fue abortada debido a la presión internacional. La Corte Penal Internacional tiene procesos iniciados contra el gobierno venezolano. Es el mismo argumento que utilizan los genocidas de Argentina para evitar las extradiciones a Europa. En el caso de Venezuela, el gobierno español no se dio tiempo ni a respirar antes de reclamar que se le quiten las sanciones a Venezuela no bien fue sancionada la ley. El consenso internacional ya no le reclama elecciones libres al chavismo residual. Basta con que haya entregado el manejo de los hidrocarburos y esta “amnistía” que no autoriza la oposición política activa.
El otro gran cuestionamiento es el alcance para los exiliados. Esto fue salvado permitiéndoles ser representados por un abogado pero, como la ley contempla que tienen que comparecer en el país, hay duda sobre las garantías de no ser apresados cuando retornen. Además, quedan fuera de la ley los acusados que promuevan una invasión extranjera en Venezuela, en clara alusión a María Corina Machado y Leopoldo López, y el texto exige que los beneficiados “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que deja afuera a quienes continúan su activismo desde el extranjero.
En una sincronía que parece pautada, Donald Trump le revocó el Estatus de Protección Temporal a 600.000 venezolanos exiliados y se ha apresurado a expulsarlos. Es el caso de Carlos Roberto García, exalcalde de Mérida, quien fue acusado por el gobierno de Maduro por no reprimir las movilizaciones opositoras en 2017.
Delcy Rodríguez ordenó la liberación de presos políticos desde los primeros días de ejercer el protectorado. No obstante, la mayoría recibió medidas de libertad condicionada. Hubo familiares de presos políticos en huelga de hambre hasta que se promulgó la ley. Juan Pablo Guanipa, uno de los primeros liberados, fue nuevamente encarcelado por iniciar una manifestación reclamando la liberación de la totalidad de los opositores. Por presión internacional fue nuevamente liberado y cuestionó con dureza la ley aprobada por la Asamblea Nacional, y sostuvo que no constituye una amnistía real. “Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, afirmó. El opositor aseguró que la liberación de los presos políticos no constituye un acto de clemencia. “Ninguno de ellos debió estar preso”, indicó y denunció que persisten violaciones a los derechos humanos en el país. “Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”, afirmó.
La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía ni prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores.
Mientras funcionarios oficiales aseguran que cerca de 900 personas fueron liberadas en el último año, la organización Foro Penal contabiliza 450 excarcelaciones de los considerados presos políticos desde el 8 de enero. Resta todavía liberar a 644, según estos datos.
El protectorado de facto que inauguró Donald Trump el 3 de enero, lejos de abrir un período de primavera política, precisa de un reforzamiento del aparato represivo del chavismo residual, al cual tiene pensado mantener regimentado, articulándolo con la CIA.
Mantener encorsetada cualquier oposición popular al protectorado de Trump es necesario cuando, según datos de las mismas autoridades venezolanas, se espera para 2026 una inflación superior al 800 %, la deuda pública supera el 180 % del PBI y la pobreza sigue en aumento.
Aldana González
22/02/2026
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