El próximo lunes 23 de febrero, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad a Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio de Jesús, este último sin condena previa, todos integrantes de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), una organización paraestatal de la derecha peronista que operó en la capital provincial entre 1974 y 1976.
Formarán parte 13 casos: Jorge Rosendo Ruda , Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz , Daniel Rayson Midon, Walter Martini, Elia Zanata, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Hugo Pastorino, Adelaida Úrsula Barón, Carlos Alberto Sathicq, Leonardo Guillermo Miceli y Horacio Salvador Urrera, cuyas víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra ciudad durante esos años.
Desde la querella colectiva Justicia Ya! La Plata –de la cual forma parte la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)– venimos denunciando desde el 2006, cuando comenzó el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, que este tipo de juicios fragmentados y demorados son funcionales a la impunidad y al objetivo de reconciliación y negación del genocidio.
La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables.
Si con la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos independientes del Estado hemos podido hacer que la justicia reconozca el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio –es decir, la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen–, mucho falta por avanzar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.
Castillo y Pomares operaron como jefes de la CNU La Plata antes de la dictadura, reportando directamente al gobernador peronista Victorio Calabró, y siguieron actuando al mando de los grupos de tareas luego del golpe. El “Indio” Castillo en los 80 participó como apoyo en los levantamientos de los carapintadas y en la década de los ’90 estuvo a las órdenes de Aldo Rico en el Modin. Trabajó en el Congreso Nacional como asesor del diputado carapintada Emilio Morello.
“Tony” Jesús, a la vez que trabajaba en el Hipódromo, hacía lo propio como preceptor en el Colegio Nacional. En febrero de 1984 entró como empleado a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde fue nombrado director de Referencias Legislativas en diciembre de 2003, cuando el presidente de la Cámara era el duhaldista Osvaldo Mércuri. A raíz de las publicaciones de Miradas al Sur sobre la CNU, la Secretaría Legislativa le pidió la renuncia.
Pormares entre 1974 y 1976 tuvo un cargo en el Ministerio de Economía provincial y estuvo ligado también a la Juventud Sindical Peronista. Lo detuvieron junto a Castillo el 29 de abril de 1976.Se recicló en democracia como asesor del bloque del FpV en el senado provincial y en cargos municipales en las gestiones de Julio Alak, actual intendente de La Plata, y Pablo Bruera, fue congresal del Justicialismo bonaerense. Trabajaba en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde pocos días antes de su detención había sido nombrado en la Planta Permanente con la categoría 13.
Castillo es el único que se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Jesús y Pomares gozan del beneficio de arresto domiciliario. Sobre Pomares, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF 1 de La Plata revisar el criterio por el cual fue absuelto por los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli por el beneficio de la duda en el juicio previo que se realizó en 2017.
Este juicio se desarrolla en un contexto de un brutal ataque contra las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores, pronto a cumplirse 50 años del último genocidio, es necesario formar parte de los juicios de lesa humanidad como se hizo en los tribunales federales de calle 8, entre 50 y 51ª las 9.30
¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas! Fue genocidio, con 30.000 desaparecidos.
Pía Garralda
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