El último tercio del siglo XIX no fue solo el inicio de los llamados gobiernos oligárquicos, de consolidación del capitalismo dependiente en el país sino también de los orígenes de la clase obrera argentina que durante esos años acrecentó sus fuerzas mediante la inmigración promovida desde las esferas gubernamentales. La Ley Avellaneda de inmigración y colonización, promulgada en 1876, creó las condiciones para la llegada de contingentes migratorios y convirtió especialmente a Buenos Aires en el destino de miles de trabajadores, con un crecimiento acelerado de su población. En los censos de 1887, 1895 y 1904 los extranjeros representaban un alto porcentaje de la población de la provincia, la mayoría proveniente de Europa, con experiencias de lucha e ideas políticas nuevas que agitaban al viejo continente, encontrando en la realidad del mundo obrero del país condiciones para proyectarse.
Especialmente durante los primeros años del siglo XX los trabajadores llevaron adelante una serie de luchas en distintos ámbitos y ramas productivas, dando forma de conjunto a un período de destacada conflictividad social. Tal vez la manifestación del 1º de Mayo de 1890 y, desde entonces cada año, la pelea por la jornada de 8 horas junto al recuerdo de los mártires de Chicago, puedan considerarse símbolos de esta combativa clase obrera en formación.
Toda la primera década del siglo XX estuvo atravesada por huelgas y acciones obreras directas, se constituyen las primeras organizaciones sindicales por oficio y las primeras Federaciones. Aparecen periódicos como El Obrero desde diciembre de 1890 a febrero de 1891 y en 1897 nacen los emblemáticos anarquistas La Protesta Humana y Ciencia Social, a cargo de criollos e inmigrantes alemanes, españoles, italianos, franceses.
Una ley infame
El panorama de conflictividad obrera entre 1900, 1901 y 1902 fue en aumento en actividades involucradas en la vida cotidiana de la ciudad y otras de mayor alcance, afectando el funcionamiento de puertos, ferrocarriles y la exportación de bienes: trabajadores portuarios en San Nicolás, Ramallo, Bahía Blanca y Ensenada; foguistas de la compañía Mihanovich; obreros de Bunge y Born.
En 1902 pega un salto, atravesado por acciones reivindicativas y políticas como la huelga en solidaridad que recibieron los estibadores, que pone en alerta a las clases dominantes ante el evidente desgaste y deslegitimidad de un orden oligárquico y elitista. La huelga fue ganando adhesión, tuvo su punto mayor tensión en la huelga general del 22 de noviembre, considerada una de las más importantes en toda América Latina, que implicó una acción conjunta contra el gobierno y las patronales. Como cuenta la historiadora Josefina Martínez en “Cien años de historia obrera en la Argentina. 1870-1969”, esta huelga se da en un contexto en el que la clase dominante argentina comienza una campaña contra los “agitadores extranjeros” que “infiltran” al movimiento gremial y el diario inglés The Economist llama a una “cruzada mundial contra el terrorismo anarquista.
La clase obrera expuso el conflicto de clases en primer plano, afectando los centros estratégicos de la producción. El general Julio Argentino Roca al frente de su segunda presidencia declaró el estado de sitio por 60 días para Buenos Aires y Santa Fe y luego finalmente a nivel nacional; se prohibió el derecho a manifestar y la censura sobre periódicos y todo tipo de información de la huelga promovida por las organizaciones obreras, que pasaron a publicarse de forma clandestina; cientos de obreros fueron detenidos y comenzaron las deportaciones de anarquistas y clausuras de sus locales.
Durante la sesión que discutió el estado de sitio, Joaquín V. González declaraba “el mercado europeo está esperando los barcos cargados con nuestros productos, y no Ilegan porque no pueden salir de nuestros puertos, porque hay elementos anárquicos extranjeros, de ninguna manera vinculados a nuestro país, que están interesados en evitar que esa exportación se verifique, supeditado a intereses puramente gremiales los más grandes intereses de la nación”, para ampliar “...ni son los intereses sociales o económicos de ganancias o salarios los que están en discusión en estos momentos en el público, sino el de agitadores profesionales, extraños a la vida pacífica y ordenada del trabajo, que vienen al país a traer todos sus vicios y defectos y a contaminar a la sociedad con sus malas costumbres.” [1]
En ese contexto el Congreso sancionó la Ley 4144 o Ley de Residencia, inspirada en la propuesta de 1899 del senador Miguel Cané quien sostenía en esos años que era necesario un marco legal para distinguir la “calidad” de quiénes llegaban al país, planteando que junto a “los hombres de buena voluntad, que llamaban para cultivar el suelo, ejercer las artes y plantear industrias, vinieron enemigos de todo orden social, que llegaron a cometer crímenes salvajes, en pos de un ideal caótico, por decirlo así, que deja absorta la inteligencia y que enfría el corazón”. [2] Tres años después la burguesía amenazada por las huelgas apresura su aprobación, en una sesión extraordinaria del Congreso de la Nación. El contexto político de entonces encontraba en esas horas todos los consensos de una oligarquía que buscó asegurarse que nada hiciera sombra al modelo de acumulación agroexportador.
El senador Domingo T. Pérez (de Jujuy), que presentó el proyecto de ley al Senado en nombre de la Comisión de Negocios Constitucionales, explicó las causas en sus palabras de apertura: “las circunstancias son graves… este movimiento de huelga, sin duda promovido por agitadores que explotan la buena fe de los gremios trabajadores, tiende a tomar proporciones tan graves… que puede llegar a comprometer todas las manifestaciones de la vida comercial, industrial y económica de la Nación… la cosecha misma… que representa la riqueza nacional.. todo está amenazado”. [3]
La Ley de Residencia, preservando los privilegios de la oligarquía, respondió con represión y deportaciones a los trabajadores en lucha. Facultó al Poder Ejecutivo a expulsar del país a todo extranjero que atentara contra o comprometa la seguridad nacional o perturbara el orden público, que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes y establecía que “el extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.” Al respecto escribía con claridad Liborio Justo en Nuestra patria vasalla que la generación del 80 consideraba más conveniente expulsar a los extranjeros que venían a trabajar al país que a los que llegaban para explotarla.
Destinada en primer lugar a la expulsión de los inmigrantes anarquistas y socialistas a pocos días de su implementación fueron deportados cientos de extranjeros, españoles, italianos, rusos y de otras nacionalidades. El odio de la oligarquía frente a los reclamos obreros no se detuvo en estas medidas. Se creó la Sección especial de la policía en la Capital; en 1910 se aprobó la Ley de Defensa Social y se fortalecen y ganan terreno discursos que tratan a los anarquistas y luchadores de “delincuentes”, “monstruos” o “enfermos mentales” que en los años de la entreguerra funcionan como discursos xenófobos contra el mestizaje heredado de la colonia y la inmigración, bajo la pretensión de proteger la “esencia del ser nacional".
La Ley de Residencia fue la respuesta a mano de la oligarquía para lidiar en esta etapa de formación de la clase obrera, que hizo de la acción en las calles una de sus herramientas de lucha, influenciada por ideas de transformación del orden social. Utilizada en cientos de ocasiones, frente a la huelga general de 1904 por la FORA o durante el conflicto de los trabajadores rurales de la Patagonia en 1921 bajo gobierno de Yrigoyen, cuando la policía bajo el respaldo de aquella ley no dudó en detener y expulsar a los dirigentes de la huelga, esta respuesta a la llamada “cuestión social” junto a la represión abierta hizo retroceder la resistencia obrera pero no logró derrotarla.
Solidaridad y unidad en las calles
Sobran ejemplos en la historia del país en los que las clases dominantes ante cada ajuste contra las mayorías populares recurren a mitos refundacionales: el heroísmo individual de sus próceres o la eficacia de la espada para “civilizar” la nación. El gobierno de Milei no es la excepción. Y aunque el relato que escoge no es original ni se repite como copia exacta, los resignifica para asumir otros sentidos en el presente. No sólo profesa admiración por la oligarquía argentina de comienzos del siglo XX responsable del genocido indígena, sino también se inspira en la represión y persecución de ayer contra los inmigrantes, hoy contra quienes defienden derechos elementales como la salud o la educación, contra las organizaciones populares, alimentando el fuego de la estigmatización, que tanto ha servido a la burguesía nacional para proteger sus intereses. Claro que la clase obrera de entonces es muy distinta a la actual en muchos sentidos pero recordamos esta fecha para rescatar sus acciones independientes, un movimiento obrero mayoritariamente anarquista y socialista que se enfrentó a la represión, detenciones y deportaciones de aquel régimen conservador que tanto añora Milei y el camino que la clase obrera comenzó a forjar entonces de solidaridad y unidad en las calles, lecciones indispensables para enfrentar al gobierno actual.
Liliana O. Calo
@LilianaOgCa
Jueves 21 de noviembre 21:23
[1] Edgardo Alvarez, “El movimiento anarquista como enemigo interno de la Nación: 1900-1910”, Centro Cultural de la Memoria H. Conti.
[2] En Constanzo, Gabriela Anahí, “Lo inadmisible hecho historia. La Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910”, Buenos Aires.
[3] Oved, “El Trasfondo Histórico de La Ley 4.144, de Residencia”, Desarrollo Económico, Vol. 16, N°. 61.
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