Hubo un país en llamas, corralitos, saqueos y rebelión popular. Hubo una orden: “Quiero 50 detenciones y la plaza libre”, represión y 38 muertos. Hubo un juicio oral y mañana habrá sentencia.
Era lo que quedaba del gobierno de la Alianza, cuyo presidente Fernando de la Rúa escaparía en helicóptero un día después de haber decretado el estado de sitio y ordenado la represión de los manifestantes.
Durante la madrugada del 20 de diciembre de 2001 la sangre de Jorge Demetrio Cárdenas ya había corrido por las escalinatas del Congreso, una imagen que recorrió el mundo porque la policía ya había empezado a balear a los indignados.
“Ante la indignación por el cierre de industrias que se venía dando por la crisis y el decreto de estado de sitio, fui a defender la democracia”, dijo uno de los testigos cuando le preguntaron por qué fue a Plaza de Mayo.
La Corte Suprema avaló que De la Rúa haya quedado ausente del banquillo de los acusados, lo que significa que, la justicia le creyó al expresidente que “no vio nada” de lo que pasaba afuera de la Casa Rosada y sentó el peligroso precedente de que los uniformados y sus mandantes pueden reprimir amparados en el estado de sitio, porque fue ese decreto de la agónica administración delarruista el detonante de la bronca.
Luego de interminables dilaciones, en febrero de 2014 comenzó el proceso oral y público contra apenas un funcionario, el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov, quien está imputado junto al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos y otros jefes policiales por el homicidio culposo de Carlos “Petete” Almirón, Gastón Riva, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, cinco de los 38 manifestantes asesinados en todo el país en aquella masacre.
“No vayan a atarle las manos a la policía”
Si el juicio había tardado 13 años, el proceso en sí mismo duró más de dos, con centenares de testigos y más de una zozobra por las chicanas judiciales desplegadas hasta último momento por las defensas.
Mathov en su descargo dijo que quienes protestaban “no eran maestras jardineras”, que no sabe “qué pasó ese día” y que la jueza federal Servini de Cubría es quien debería dar explicaciones sobre la represión.
En el último tramo del juicio Mathov optó por el silencio, a diferencia del exjefe de la Federal, Santos, quien envió un certero mensaje de advertencia a los jueces José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu: “Si algún policía cometió exceso corresponderá que se lo juzgue, pero la sociedad tampoco quiere una policía atada de pies y manos frente a quienes pretenden arrogarse facultades que no poseen alterando la paz y el orden público”.
Santos pidió también al Tribunal Oral Federal 6 que está a punto de emitir el veredicto que “mida las consecuencias de su sentencia”. Vaya paradoja viniendo del jefe del operativo represivo que, precisamente, no midió ninguna consecuencia, se cargó varias vidas y ahora aún se pregunta: “¿Qué nos pasará por cumplir nuestro deber?”
Cambiar la historia o repetirla
Santos hizo carrera en parte por ciertas habilidades argumentativas, y no fueron azarosas sus últimas palabras. Más allá del tono intimidatorio hacia los jueces, puso en evidencia que el dilema de los magistrados es sentar un antecedente en la jurisprudencia que limite la potestad represiva del poder político en situaciones de protesta popular masiva, como fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Si bien este juicio abarca sólo el operativo porteño, la misma luz verde tuvieron todas las policías del país. ¿O acaso no estaba diciendo “bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo” cuando fue asesinado Pocho Lepratti en Rosario?
La parte de la querella que impulsa el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sostuvo durante estos años que el estado de sitio fue dictado en forma ilegal, pero la justicia no lo consideró de esa manera. Tal es así que De la Rúa pudo ratificar su sobreseimiento.
Para el Cels, De la Rúa decretó el estado de sitio sin dar intervención al Congreso, con la excusa de que estaba en receso. Y además fue tan irregular su aplicación que en el texto del mismo figuran los nombres de los detenidos, es decir que hicieron arrestos “de facto” y luego blanquearon a algunos poniendo sus nombres en el decreto que decía que estaban a disposición del Poder Ejecutivo.
“Pero aún en el entendimiento de la supuesta legalidad de esa medida extrema, tienen que hacerse cargo de las consecuencias de haberlo aplicado de la manera que lo hicieron, es como manejar borracho, no está prohibido pero puede tener efectos letales con sanciones penales”, sostiene Rodrigo Borda, representante de familiares de Lamagna y Riva, dos de las víctimas.
Aunque es clara la diferencia de magnitud y gravedad quizá sea válida la comparación a pocas horas de que los policías y Mathov escuchen su sentencia, que debería condenarlos por su responsabilidad penal en la matanza que pretenden amparar en el estado de sitio.
Sin embargo, a pesar de haber batallado duramente para lograr que Mathov, Santos y los demás policías sean condenados, los querellantes no descartan que haya absoluciones porque son conscientes de la naturaleza política del caso y tampoco están lidiando con un tribunal que ostente excepciones en el universo conservador de la llamada “familia judicial”.
Podría argumentarse que el actual contexto político no es favorable, pero la tibia brisa que pretendió renovar al rancio poder de la justicia tampoco logró vencer, en su momento, el fuerte espíritu corporativo de las castas gobernantes -que más que controlarse entre sí perpetúan su mutua protección- y no hubo condenas al poder político en casos como, por citar algunos, el asesinato de Kosteki y Santillán o la causa Fuentealba II.
Morir sobre el asfalto
Uno era experto en acrobacias con la bicicleta, otro estaba trabajando de motoquero, uno más era militante social, el cuarto tenía apenas 23 años y el quinto, un poco más mayor, vendía seguros. A los cinco, así como a Cárdenas horas antes, los llevó la bronca hasta el microcentro y murieron fusilados por la Policía Federal.
Sus familiares convocan para mañana a acompañarlos en los tribunales federales de Retiro para escuchar la sentencia de este juicio histórico “para exigir justicia por los muertos y los heridos”, que fueron centenares.
Karina Lamagna, hermana de Diego, y María Arena, compañera de Gastón Riva, convocan a participar de la sentencia (fuente Cels)
Durante los dos años de juicio quedó más que probada la decisión política de reprimir y el rol que tuvo cada uno de los imputados en la coordinación de aquel procedimiento. Los argumentos de las defensas rebotaron una y otra vez sin éxito: no hubo francotiradores ni tampoco disparos de los manifestantes.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del ex subcomisario Francisco Miglino, quien detalló que a las 9.20 Mathov lo llamó a Santos, quien desde la llamada “sala de situación” veía pocos manifestantes. Apenas Santos cortó la comunicación con el funcionario dijo: “Hay que desalojar la plaza. Quiero 50 detenidos”.
Las Madres de Plaza de Mayo habían decidido anticipar su tradicional acto de los jueves en la plaza para las 10 y a las 11.15 fueron reprimidas por la Caballería. La difusión televisiva de esas imágenes no impidió que la masacre continuara.
La reconstrucción de los hechos con las emisiones de audio policiales, además de fotos y videos tomaron otra dimensión con la declaración de Miglino, tras la cual quedó probado que la orden del Poder Ejecutivo era “desalojar” a como dé lugar.
¿Absueltos?
Lejos, en la etapa de instrucción, quedó el intento de una parte de la querella de acusarlos por homicidio doloso, porque no se pudo probar que haya existido la orden de matar, como es habitual en estos casos. Así, los imputados podrían ser condenados por homicidio “culposo”, es decir, por las muertes pero sin que hayan tenido intención de provocarlas.
El exdirector de Seguridad Metropolitana de la Federal, el imputado Raúl Andreozzi, intentó defenderse aduciendo que “la policía está mal preparada y equipada, y como no había más municiones de goma usaron las de plomo”.
Para el abogado del Cels Rodrigo Borda este tipo de argumentos usados por la defensa, lejos de quitarles responsabilidad, les agrava la imputación a los acusados que, además de Mathov y Santos, son Andreozzi y el exjefe de la dirección de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero, por las cinco muertes y 117 lesiones. Jorge Cárdenas quedó herido y murió tiempo después, incluso llegó a ir a manifestaciones exigiendo castigo a los culpables, pero la justicia nunca incorporó su caso al expediente. También serán juzgados otros exefectivos policiales en calidad de responsables directos de los disparos.
Los acusados jugaron a echarse culpas entre sí, de hecho Gaudiero también escuchó a Santos exigir las 50 detenciones. Y agregó que el exjefe de la Federal dijo que “el estado de sitio está por encima de la justicia” luego de recibir la comunicación de la jueza que le alertaba sobre la gravedad de los hechos y le decía que “ya hubo un muerto”, en alusión a Cárdenas que parecía haber perdido la vida allí mismo, en las escalinatas del Congreso.
Un escenario posible es que en la sentencia prime la teoría de los “excesos” y sean condenados sólo algunos policías que dispararon, aunque muchos jefes policiales declararon que acataban “órdenes políticas y de la justicia”. Para los abogados de las víctimas las pruebas son más que suficientes para condenarlos a todos.
El Tribunal puede argumentar lo contrario para sostener la absolución de algunos o tomar como válido lo que tiene en sus manos: las evidencias de una masacre como consecuencia de la orden del gobierno de De la Rúa de reprimir una manifestación para liberar las calles y así “ganar tiempo” para negociar una salida política con la oposición peronista. En ese sentido, emitirían una sentencia condenatoria de los responsables, tal como exigen los familiares de los asesinados, que esperaron 15 años para llegar a este juicio y pretenden que sirva para cambiar la historia de las represiones en democracia.
Será la diferencia entre mantener intacta la potestad discrecional del poder político para imponerse a sangre y fuego o animarse a limitarlo en resguardo de la integridad física de los ciudadanos y su derecho a la protesta.
Adriana Meyer
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