viernes, 23 de enero de 2026

Acuerdo UE-Mercosur es parte de la guerra económica internacional y un instrumento del ajuste y de la contrarreforma laboral


Cuando aún no se había secado la tinta de las firmas que convalidaron el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Parlamento de la UE suspendió su entrada en vigencia en una reñida votación de 344 votos a favor, 334 en contra y 11 abstenciones. Recurrió para ello a la facultad de solicitar al Tribunal Europeo que verifique si el acuerdo no colisiona con otros acuerdos que comprometen a la Unión Europea, como, por ejemplo, las normas que establecen el cuidado del medio ambiente. Aunque existe una opinión casi unánime de que el recurso judicial es una maniobra de los opositores al acuerdo, la deforestación de la Amazonía brasileña por parte del agronegocio, sería un caso patente de ilegalidad. Los especialistas estiman que el tratamiento judicial podría demorar hasta dos años la vigencia del Tratado. Luego de un cuarto de siglo de ‘noviazgo’ y una dilatación de dos meses hacia el final, la boda entre el Mercosur y la UE ha sido impugnada por los padrinos europeos, que de otro modo habrían debido “callar para siempre”. La votación del Parlamento europeo fue vitoreada por el ‘lobby’ agrario de la Unión y denunciado por el industrial, en especial de parte de Alemania. Esta división delimita a los intereses que serían perjudicados o beneficiados por el acuerdo en cuestión. No sólo en un sentido comercial, porque el fracaso afecta políticamente a las autoridades “globalizadoras” de la UE (la Comisión Europea y el Consejo Europeo) frente a una oposición de derecha que reclama una devolución de derechos políticos hacia los Estados nacionales que integran la UE. 
 Aunque sorprendente o inesperado, la Comisión Europea, sospechando alguna tramoya en el camino, inscribió en el Tratado una cláusula que habilita la inmediata vigencia de un ‘acuerdo interino’ hasta que el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales de la UE y el Mercosur ratifiquen lo firmado en Asunción hace diez días. El dilema es ahora si la Comisión está dispuesta a chocar políticamente con el Parlamento y arriesgar una votación de censura. No se debe descartar la mano negra de Trump en la promoción de esta crisis –una gran parte de los votos de rechazo corresponden a la ultraderecha que sido elevada a la categoría de aliada estratégica de Trump en la Declaración de Seguridad Nacional que publicó el gobierno norteamericano en noviembre pasado. El mismo Trump denunció el acuerdo como un intento de monopolio del comercio de carnes y de quesos por parte de la UE, sin ninguna consideración por su alcahuete, Javier Milei, que estampó su firma en el Tratado por la República Argentina. 
 Los signatarios afirman pomposamente que el Acuerdo libera de aranceles al 96% de las exportaciones y al 94% de las importaciones. Se trata, en realidad, de una reducción gradual que, según los productos, abarca un período de casi veinte años. En un mundo de guerra comercial y financiera, el cumplimiento de este cronograma es mucho más que una incógnita. Por otro lado establece numerosas salvaguardas, de modo que liberaciones ya concedidas pueden cancelarse por numerosos motivos y excusas. La exención de aranceles a la importación de acero, aluminio y biocombustibles, desde el Mercosur, por ejemplo, está condicionada a que no causen un impacto negativo en la industria europea. La libertad comercial en cuotas beneficia fundamentalmente al capital europeo, que podría desatar una ola de inversiones segmentadas en el Mercosur con el propósito de exportar sin aranceles a Europa. En el caso de la industria automotriz, que hoy enfrenta un arancel de importación del 35%, los capitales europeos establecerían una cuota de mercado para sus sucursales en el Mercosur, a cambio de una importación de automotores individuales y comerciales, y de componentes, desde Europa. Es aquí donde tiene puesto el ojo Alemania, sin desmedro de otras industrias, en momento en que sufre una competencia demoledora de los vehículos eléctricos de China. Lo más jugoso es la apertura del mercado de licitaciones estatales, que, en especial, en el caso de Brasil, daría acceso al capital europeo, incluyendo asociaciones con el capital local. En cuanto a las exportaciones agroindustriales del Mercosur, la rebaja de aranceles es compensada por el establecimiento de cuotas –una típica medida para arancelarla, como ocurre en el caso de la carne. Los grandes capitales de industria láctea se han adelantado a la firma del Acuerdo para desplazar casi por completo a los capitales nacionales y cooperativas en el caso de Argentina. 
 El interés por un acuerdo UE-Mercosur nació en un contexto diferente al actual –de la globalización a la guerra comercial y financiera. En este sentido, su concreción choca con la política de Trump; Milei ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos, que demora en llevarse a la práctica. Sus términos, cuando se den a conocer, chocarán con el acuerdo con la UE y por sobre todo con China. La Comisión Europea ha declarado que el tratado Mercosur-UE es un correctivo con el proteccionismo y la guerra comercial, y una defensa de la globalización. Estamos ante una falacia interesante, pues en el contexto presente no es ni puede ser otra cosa que una plataforma de guerra con Estados Unidos, en su patio trasero y contra China. Los beneficios del Acuerdo no ponen a la UE en ventaja frente a China, que opera a precios imbatibles y financiaciones generosas. 
 Esta feroz guerra comercial descansa en la superexplotación de la fuerza de trabajo y en la supresión de los derechos laborales. Eso está claro en China, pero también en la campaña internacional por imponer ajustes contra salarios y jubilaciones, y liquidar el derecho laboral y previsional. El acuerdo UE-Mercosur forma parte de la contrarreforma laboral y es un factor internacional de presión para imponerla. Los partidos patronales y el peronismo han buscado este acuerdo durante casi 25 años; la ratificación del Tratado en el Congreso es un complemento de la contrarreforma laboral. Los trabajadores deben rechazar su aprobación y reforzar la lucha contra el ajuste y la destrucción del derecho del trabajo, naturalmente por medio de una lucha política de clases y el método de la huelga general.

 Jorge Altamira 
 22/01/2026

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