Qué viene después del veto rechazado

La caída del veto a la emergencia en discapacidad fue celebrada por las familias afectadas y, de un modo general, por el conjunto de la población, que viene de asistir a las corruptelas de los Milei con los fondos de la ANDIS. Antes que nada, el rechazo al veto tiene esa significación política, pues el alcance efectivo de la “emergencia en discapacidad” es, por cierto, muy limitado. La pensión establecida por la ley que acaba de ratificarse es la cuarta parte de una canasta de pobreza. Los cupos por discapacidad no se imponen en el sector privado, y los discapacitados desempleados son una mayoría. 

 A despecho de este limitado alcance, el gobierno comenzó a complotar contra la aplicación de la “emergencia” desde el minuto siguiente a su votación. Entre las maniobras en carpeta, estudian una frondosa “reglamentación” que ponga piedras en el camino a los que soliciten asistencias o prestaciones. También se contempla una judicialización, o, simplemente, incumplir con lo resuelto en la ley, como ha hecho con numerosos fallos judiciales vinculados a la asistencia social o sanitaria. Milei continúa apostando a una victoria electoral en octubre que amplíe su representación parlamentaria, incluso cuando ese propósito aparece cada vez más cuestionado por los sondeos. 

 Barajar y dar de nuevo 

 La oposición que le dio los votos a esta “insistencia” está compuesta por los legisladores y partidos que han cogobernado con Milei durante casi dos años. Ello vale principalmente para los gobernadores “nacionales y populares”, los cuales, con Kicillof a la cabeza, se han ocupado de trasladar a sus estructuras educativas, sanitarias o sociales la motosierra nacional. Ahora, esta desobediencia parlamentaria es producto del desmoronamiento del régimen económico y político de Milei Caputo y de las movilizaciones de la salud y la discapacidad, entre otras. 

 Pero el objetivo de los partidos patronales opositores no es abrir una fisura por donde ingresen todas las reivindicaciones pendientes. En cambio, los opositores le reclaman a Milei una reconfiguración política para después de octubre. Con el mismo propósito, el Senado votó la limitación al régimen de los DNU. Los partidos del Congreso exigen un acuerdo político de gobernabilidad para después de las elecciones de octubre. Más allá del parlamento, nada menos que Pilar Rahola, la propagandista de la ultraderecha española, acaba de advertirle a Milei que no podría sostener indefinidamente un régimen de vetos y decretazos, para recomendarle que vaya por un “consenso político”. El paso siguiente de la oposición es el reclamo de que el presupuesto 2026 sea votado en el Congreso, y no prorrogado por decreto. Los gobernadores, a cuenta de los lobbys capitalistas radicados en cada provincia, reclaman la reanudación de la obra pública con fondos nacionales. A cambio de ello, le prometen a Milei que no retrocederán en la tierra arrasada de los salarios estatales ni se bajarán de la liquidación de los regímenes jubilatorios provinciales. 

 Más allá de estos reclamos patronales, el planteo de un cogobierno responde a la explosión de contradicciones económicas por venir, en el mejor de los casos, después de las elecciones de octubre. Los economistas que apoyaron a Milei anticipan y auspician una devaluación de gran alcance, incluso como medio para licuar el gravoso endeudamiento en moneda nacional -del Estado, de las empresas y las personas-. Este desenlace eyectaría a Caputo del ministerio, si no precipita una crisis política de mayor alcance. Para resistirla, Milei y el ministro están quemando las naves, en este caso, los últimos dólares disponibles del Tesoro.

 Los trabajadores 

 El Congreso volteó al veto menos gravoso y más impopular de la motosierra libertaria. Está por verse qué ocurrirá con los restantes vetos o los fondos universitarios. Además de reclamarle al gobierno una reorganización política, el pataleo parlamentario es una tentativa por manipular el ánimo de las masas, esto, en las vísperas de un colapso económico, de las elecciones nacionales, de una crisis de poder en puertas y de acciones obreras de gran relevancia, como la huelga de los tercerizados de Siderar en San Nicolás. Los partidos patronales de oposición quieren presentarse como vehículo de ciertas reivindicaciones populares, aun cuando se han encargado ellos mismos de frustrarlas o desconocerlas en el pasado reciente. Los opositores del congreso colocarán al destino de las universidades, el Garrahan, el INTA o el INTI como moneda de cambio de sus negociaciones por los fondos provinciales, en todo lo que refiere a los subsidios al capital. Pero la descomposición del gobierno liberticida avanza más velozmente que estas especulaciones y maniobras políticas. El movimiento obrero debe explotar el desbande de los liberticidas para abrirle paso a sus reivindicaciones y a una salida propia, porque el recambio que preparan los opositores será un remiendo reaccionario del gobierno en ruinas. 

 Marcelo Ramal 

 05/09/2025