lunes, 29 de noviembre de 2021

Situación política: la lapicera que nadie quiere agarrar


La vicepresidenta no dejó pasar un día de su sobreseimiento en las causas por lavado de dinero sin proferir una nueva proclama, en este caso, en torno del acuerdo con el FMI. La carta, pretendidamente “clarificadora”, oscurece todavía más el panorama. Se trata de una confesión del impasse en que se encuentra el acuerdo con el Fondo. Los vericuetos, como el plan plurianual que el gobierno pretende aprobar en el Congreso, sin que nadie tenga idea acerca de lo que plantea, es una muestra de ello. Por segunda vez, en estos últimos dos meses, la “palabra” de Cristina vuelve a echar un baldón de tierra sobre el precario gobierno del FdT. 
 Al revés del albertismo, la carta abraza, sin atenuantes, la tesis de una derrota electoral. Como las negociaciones de deuda “son llevadas adelante por el Ejecutivo” y, de nuevo, “la lapicera la tiene el presidente”, ella le saca el cuerpo a los resultados del 14 de noviembre y a las conclusiones que Alberto Fernández y el círculo que lo rodea plantea – apurar el acuerdo con el FMI e ir a elecciones internas en 2023. Por otro lado, como el acuerdo con el FMI debe refrendarlo el Congreso y el oficialismo perdió la mayoría absoluta en el Senado, le cabe a la oposición, no a ella, decir qué acuerdo está dispuesta a votar. De tanto menear el argumento de que CFK es ‘el poder detrás del trono’ – una Lady Macbeth platense, la Vice contesta con un clásico: “Yo, argentina”. En esta segunda carta, Cristina Kirchner vuelve a su reivindicación preferida: (los K) somos “pagadores seriales”. En su imaginario, la ex Presidenta no incluye la complicidad matrimonial con el gobierno Carlos Menem, que pagó la deuda externa contraída por la dictadura militar con yapa. Fue entonces que se privatizaron las empresas del Estado, que nunca más se volverían a estatizar. Sin la necesidad del ‘contador’ Lázaro Báez, valuó al ciento por ciento los bonos en poder de los acreedores, que cotizaban al diez por ciento en mercado. Es decir que las empresas no se vendieron sino que se regalaron, incluyendo los derechos de monopolio en los mercados de energía, comunicaciones y servicios en general. Los K fueron impulsores de la privatización y “repsolización” de YPF. Después de 2005 cometieron una tramoya diferente: ‘desendeudarse’ con las reservas del Banco Central y el Fondo de Sustentabilidad de Anses. Quebraron al Central y a la Caja de Jubilados para pagar la deuda externa. ¿Qué no estarán dispuestos a hacer ahora, cuando el hombre de “la lapicera” es el mismo que privatizó seguros y jubilaciones con Cavallo, y cuando su gobierno después quebró al Central y a Anses con Boudou? Para cerrar el relato, fue en ese tiempo que Macri se quedó con el Correo y el conglomerado de Macri engordaba el capital a todo ritmo. ‘Todos unidos, saquearemos’. En definitiva, el kirchnerismo ‘desendeudó’ contrayendo deuda, solo que en este caso nunca pensó pagar ni ha pagado, porque, alegó, es una “deuda interestatal”. Para estos dos saqueos gigantescos, acompañados de la quiebra de instituciones vitales, monetarias y previsionales, no está previsto ningún tribunal oral y público. El derrumbe financiero de Argentina es la consecuencia literal, de las gestiones Menem-Kirchner y de Kirchner-Kirchner.
 La segunda carta de la Vice elude una cuestión fundamental, cuando señala que, ahora, el acuerdo deberá ser refrendado por el Congreso. Es que omite que, cuando Macri-Caputo ‘arreglaron’ con Lagarde, el acuerdo no pasó por el Congreso, porque el peronismo no lo quiso. Tenía mayoría suficiente para impedirlo en las dos Cámaras. Si de cualquier forma, hubiera sido llevado al Congreso, el peronismo le habría dado el apoyo – de lo contrario caía el gobierno. En ese caso, el apoyo parlamentario del peronismo al acuerdo de Macri con el FMI, lo habría liquidado políticamente. Es por eso que pactó el no tratamiento. Ahora, al revés, es el peronismo quien quiere comprometer a la oposición macrista, incluso con la expectativa que ella se divida, entre macristas y mileístas, de un lado, y larretistas y radicales, del otro. 
 El gobierno todavía aspira a hacer votar por el Congreso un plan plurianual que, luego, sería llevado a la mesa del Fondo. Está obligado a hacerlo por una ley votada a finales de 2020. Pero el radical-macrismo opina que hay que proceder al revés: sólo refrendaría un acuerdo previamente arreglado con en Washington. Un impasse. El tándem Guzmán-Fernández ya resignó la pretensión de prolongar los plazos de pago de la deuda a más allá de diez años, así como la reclamada reducción de sobretasas. Las condiciones “básicas” del acuerdo no podrían soslayar una devaluación del 25-30% del dólar oficial, y una liberación gradual o parcial del cepo. Lo mismo ocurre con las tarifas, que terminarían sumando dos tipos de aumento: el que resulte de la reducción de subsidios, por un lado, y el ´necesario´ para mantener su valor en dólares, luego de la devaluación, del otro. 

 “Camino intermedio” 

Cristina Kirchner ha dejado la lapicera en manos del presidente y ofertado un reconocimiento a la lapicera de la oposición. Pero hay otro más que le esquiva el bulto al bolígrafo – ni más ni menos que el propio FMI, que dice que el ‘plan’ de acuerdo debe presentárselo el gobierno, y no a la inversa. La carta de CFK no despeja otra incógnita del acuerdo: la llamada “consistencia política”. Ahora que ha dicho que ella misma no es un obstáculo a nada, se advierte que el ‘temor’ de los ‘analistas’, incluso los de la CIA, es una rebelión popular. Observan América Latina, y no les gusta nada la ‘fragmentación política’, por un lado, y la inflación, por el otro, que ya no es ‘argentina’ sino internacional. Todo, en un marco de desigualdad social brutal.
 Ha comenzado a sonar, como alternativa, la posibilidad de un “reperfilamiento” de la deuda con el Fondo que vence en 2022, dejando el paquete en el limbo hasta 2023-2024. Contradictoriamente, ese paraguas sólo podría abrirse a cambio de fuerte concesiones en materia de política económica y política internacional – a la cual la Vice le escapa, en la carta. El gobierno está transitando, en primer lugar, el ajuste fiscal ejecutado a lo largo de 2021 – 6% sobre las jubilaciones; 14% sobre el gasto social. Ahora, puso en marcha la segmentación de las tarifas eléctricas, en los mismos días en que fue derogada la doble indemnización por despido. 
 Detrás de esta tentativa por prolongar el ciclo de Guzmán y Fernández, asoman choques de fondo al interior de la propia burguesía. Los voceros oficialistas celebran la recuperación de ciertas ramas industriales y -sobre todo- de las exportaciones, como plataforma de un relanzamiento económico y político. Pero quienes lideran esa recuperación son también los principales abanderados de una liberalización drástica de la política económica, y principalmente, del comercio internacional. Esa tendencia se ha instalado en el gabinete nacional: en medio de una situación extrema de falta de reservas, el gobierno negocia con los productores y cerealeras una reducción de las retenciones en el trigo, como contrapartida de un ingreso efectivo de los dólares de las próximas exportaciones. 

 La clase obrera 

En la movilización del pasado 17, Alberto Fernández sacó a relucir a su único recurso para sostener a raya a la clase obrera y a los explotados en una situación social intolerable: la burocracia de los sindicatos y de los movimientos “sociales” cooptados por el gobierno. Pero el desprestigiado aparato de los sindicatos es un recurso muy precario. El debate sobre la reapertura de las paritarias se ha instalado incluso al interior de los sindicatos más regimentados. En Política Obrera venimos informando sobre la gran lucha de los cosecheros, en Tucumán, que marca la irrupción significativa del proletariado del agro. Más temprano que tarde, las consecuencias de los acuerdos o “reperfilamientos” con el capital internacional ampliarán decisivamente este escenario de la intervención obrera en la crisis. 

Marcelo Ramal
28/11/2021

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