En las vísperas de las elecciones

Algunos periodistas indican como un accidente o un hecho inesperado que la agenda preelectoral terminara sacudida por un “episodio de inseguridad”. No han reparado que, detrás del hecho policial, se cuela la desintegración del régimen político y social que, en pocas horas y días, va a renovar sus parlamentos. El Estado bonaerense, sus municipios, juzgados, cárceles y comisarías están penetrados hasta la raíz por el delito organizado y, por lo tanto, por los clanes capitalistas asociados a él. Ese tejido comienza en las zonas liberadas por la policía; sigue por las complicidades judiciales y se prolonga en los institutos penales, que actúan como terreno de reclutamiento de quienes servirán de mano de obra del narcotráfico, el contrabando de piezas robadas o la trata. La inmensa legión de jóvenes sin trabajo y sin futuro constituyen el último eslabón de esta cadena, ya sea como mano de obra de las redes delictivas o sencillamente como víctimas, cuando se piensa en la juventud aniquilada por la droga. En el flanco de la “política” provincial, hay que recordar el compromiso de todos los partidos del régimen con el desarrollo del juego legal, el gran canal universal para las operaciones de lavado de dinero. De la obra pública a los bingos, el capital no reconoce fronteras entre el lucro legal y el “ilegal”. En Santa Fe, donde días atrás tuvo lugar una pueblada más virulenta que la de Ramos Mejía, uno de los jefes de la legislatura provincial está imputado por ser parte de las mafias del juego –nada menos que en la provincia donde el narcodelito ha sentado sus raíces más profundas.

 El delito organizado le provee autonomía financiera a los caciques municipales, en medio de las bancarrotas de los estados provinciales y de una mayúscula disgregación política. En varios municipios del conurbano, sus intendentes distribuyen cortada la boleta del distrito, para despegarse de los Fernández. Crisis financiera del Estado, delincuencia y fractura política se condicionan la una a la otra –en esto reside, en definitiva, la mal llamada “crisis de inseguridad”, de la que también forman parte los centenares de casos de gatillo fácil y los múltiples vejámenes policiales a la juventud. 

 No sorprende, por lo tanto, que los partidos del régimen desgranen “propuestas” tan contradictorias e impotentes, una tras otra, frente a la crisis planteada. Desempolvan el reclamo de “meter bala” y “meter presos” a los delincuentes, la receta que ya han probado, en un caso, con los Facundo Castro y Chocobar; y en el otro, atiborrando las cárceles hasta el hacinamiento. En el extremo del ridículo, Larreta propuso un régimen penal para los dieciséis años, algo que ya existe y con los resultados conocidos. Los jefes de los punteros oscilan entre mandar a los jóvenes a las cárceles de adultos, y acelerar su integración al delito, o mantenerlos en el régimen igualmente sórdido y arbitrario de los institutos de menores. Los apóstoles de la lucha contra el delito, candidatos o no, son parte de un régimen cuyos principales jefes partidarios, de un lado y el otro de la grieta, deben transitar regularmente por la justicia penal. 

 Doscientos pesos

 Mientras todo esto ocurría, el dólar paralelo aprovechaba para cruzar la barrera de los doscientos pesos. Los que mueven los mercados extraoficiales del dólar dejaban un emplazamiento claro con vistas al 15 de noviembre: ni los fondos internacionales ni la gran burguesía nacional están dispuestos a tolerar dilaciones en el arreglo con el FMI, y mucho menos con las medidas elementales que están asociadas a ese arreglo –a saber, una devaluación de la moneda que prepare la libertad de movimientos para el ingreso y salida de capitales, y una liberalización de precios que debe comenzar con las tarifas públicas. Un salto del dólar y un tarifazo harían volar por los aires al precario control de precios de Feletti, que los monopolios alimentarios nunca pensaron sostener hasta el mes de enero. Los que reclaman el rodrigazo, sin embargo, saben muy bien que el desvencijado gobierno de Todes carece de las condiciones para pilotearlo –hasta los más aburridos tecnócratas económicos reclaman, por eso, un “acuerdo político”. Pasan por alto, en este punto, que el estado de las coaliciones que deberían ponerse de acuerdo es todavía más precario que el de las reservas del Banco Central. En el FdT se conjetura si, después del 15N, Cristina Kirchner emprenderá una ofensiva todavía más feroz contra Alberto Fernández, o si por el contrario decidirá retirarse del gobierno. Entre las dos alternativas, sigue pesando la espada de Damocles de los juicios penales en su contra. Del lado de la oposición, la campaña electoral ha servido para poner de manifiesto una fractura cada vez más aguda: a esta altura, no es un secreto que Macri “trabaja”, en la CABA, por los votos de Milei. Su socia, Patricia Bullrich, intenta horadar al radicalismo llevando para su redil al jujeño Morales, el cual, a su turno, ¡sigue ligado a Massa!

 Antes del “acuerdo político” que dé sustento a un cimbronazo económico, la “política” del régimen tendría que pasar por un conjunto de fracturas y realineamientos. Como ha ocurrido en otras circunstancias de la historia reciente, el capital financiero podría precipitar la crisis, a través de una corrida. Los fondos internacionales que sostienen la renovación –cada vez más onerosa y breve- de la deuda pública en pesos, podrían dar por concluida esa bicicleta y, con ella, a la gestión del ministro Guzmán. 

 Elecciones, clase obrera

 En este escenario, las especulaciones electorales han enmudecido, y no solamente porque la legislación prohíba la divulgación de encuestas. Es muy claro, a esta altura, que el comicio no va a dar salida a las contradicciones explosivas que derivan del agotamiento del gobierno F F. La crisis opera a un ritmo más acelerado que el de las conjeturas sobre la renovación parlamentaria –la capacidad de seguir gobernando se pondrá de manifiesto mucho antes que la posible pérdida, para el oficialismo, del quorum propio en el Senado. 

 Una acentuación de la desorganización económica y de la escalada inflacionaria quebrará los precarios equilibrios que el gobierno ha pergeñado para dilatar una intervención de los trabajadores. Las paritarias en cuotas se convertirán en un trasto inservible. En cualquier caso, una irrupción de la clase obrera en la crisis debe ser preparada con un planteo político y un programa. La izquierda del FIT U aborda el desenlace electoral con la misma estrechez de miras del conjunto del régimen, es decir, como la mera alteración de las relaciones de fuerzas en el parlamento –y no como una crisis de poder. Política Obrera ha resuelto un voto a la izquierda, contra las candidaturas del capital, con otro horizonte estratégico: el de promover una intervención independiente de los trabajadores en una crisis histórica, a través del impulso a un congreso obrero de activistas, corrientes y delegados, que establezca una salida a esa crisis en la perspectiva del gobierno de los trabajadores.

 Marcelo Ramal 

 11/11/2021