miércoles, 23 de septiembre de 2009

30.001: “Un silencio que duele, un grito que nos falta”


A tres años del secuestro de Jorge Julio López, movilizaciones en las principales ciudades del país volvieron a exigir “su aparición con vida y el castigo a los culpables”, ante la falta de esclarecimiento de uno de los episodios más graves, relacionado con las violaciones a los derechos humanos, después de la dictadura. Silencio oficial ante la falta de avances en las investigaciones.

Un proceso histórico

López desapareció el 18 de septiembre de 2006, pocos días después de haber sido testigo en el juicio en el que se condenó a reclusión perpetua por genocidio al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps en el primer período de la dictadura militar, entre 1976 y 1978, cuando tuvo bajo su órbita los centros clandestinos de detención de la provincia.
El juicio al represor se realizó en el Palacio Municipal de La Plata. Tras un mes de reunirse numerosos testimonios sobre privaciones de la libertad, torturas y asesinatos, Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua. Al veredicto se llegó, entre otras, gracias a la declaración de Julio López, un albañil de 76 años que había sido secuestrado en octubre de 1976 y torturado en distintos centros clandestinos a cargo de las fuerzas represivas, permaneciendo detenido hasta junio de 1979.
El proceso judicial que terminó con la condena penal al ex Comisario fue histórico. Tras el escrache social desde mediados de los ´90, los juicios por la Verdad iniciados en 1999 y la anulación de las leyes de impunidad en 2003, este proceso fue el primero con consecuencias punitivas para un partícipe de la dictadura. Además, la sentencia indicó que los crímenes fueron cometidos “en el marco del genocidio” perpetrado entre 1976 y 1983, considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto de carácter imprescriptible.
Estos avances fueron considerados de suma importancia por los organismos de derechos humanos y las organizaciones involucradas en el pedido de justicia; aunque sigue vigente el reclamo por la unificación de las causas por centro clandestino de detención, en lugar de que se sigan multiplicando procesos parciales que obligan a los testigos a peregrinar por los estrados para relatar los mismos acontecimientos. En este caso, por ejemplo, el proceso no abarcó la totalidad de los graves delitos cometidos por el ex policía: se lo encontró culpable “sólo” por el homicidio de Diana Teruggi, el secuestro, la aplicación de tormentos y el homicidio de Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Elena Sahores, Nora Formiga y Margarita Delgado y el secuestro y tortura de Nilda Eloy y Jorge Julio López.

Un grito que reunió a miles de personas

El viernes 18 de septiembre de 2009 llovió en la capital de la provincia de Buenos Aires; pero el clima no fue obstáculo para que unas dos mil quinientas personas se movilizaran por el centro platense reclamando justicia. La marcha fue impulsada principalmente por las organizaciones nucleadas en la Multisectorial por los Derechos Humanos de La Plata, que desde 2006 mantiene este reclamo.
Después de concentrar frente el palacio municipal y la plaza Moreno, los manifestantes se dirigieron a la Gobernación Bonaerense, donde hicieron un acto en el que expresaron fuertes críticas a los jueces Humberto Blanco y Arnaldo Corazza, quienes en distintos momentos tuvieron a cargo la investigación judicial por la desaparición de Jorge Julio López. También manifestaron sus reclamos ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional y provincial. “Ellos saben desde el primer día que a Julio lo secuestró la policía y aceptaron, acordaron, que los autores quedaron impunes a cambio de la "gobernabilidad de la bonaerense", señalaron en el texto leído por Nilda Eloy, quien también fue testigo en el juicio contra Etchecolatz.
En el documento denunciaron que “la causa es un monumento al encubrimiento y la impunidad”. También se repasaron los últimos procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y se volvió a exigir la aceleración de los juicios y la unificación de las causas. “Seguimos exigiendo juicios a todos los genocidas por Centro Clandestino de Detención. Siguen respondiendo con juicios a cuentagotas y a unos pocos, por sólo algunos compañeros”, apuntó Eloy, ex detenida desaparecida. En el cierre del acto ocuparon un lugar principal los trabajadores de la planta Kraft – Terrabusi, en conflicto con la patronal tras producirse 160 despidos, entre ellos los de los principales referentes sindicales.

El reclamo que se multiplica

Pocos días antes del tercer aniversario, aparecieron en La Plata afiches y pintadas que recordaban la ausencia de López. Uno de ellos tenía la cara de una mujer, de indisimulable parecido a Cristina Fernández. El cartel decía: “3 años. Hay un silencio que duele, hay un grito que nos falta”. Cuando la Presidente asumió, en diciembre de 2007, no nombró a Lopéz, como si el hecho de callarlo significara que no hay un nuevo desaparecido en manos de las fuerzas represivas. O como uno de sus antecedentes más patéticos, la frase del ministro todo terreno Aníbal Fernández, que en los días posteriores al secuestro insinuó que “por ahí López está tomando el té en lo de su tía”.
Al contrario, miles y miles de personas marcharon reclamando por López. En Capital Federal, las organizaciones adherentes a Memoria, Verdad y Justicia realizaron una marcha que unió Congreso con Plaza de Mayo. Entre los participantes también se encontraban los familiares de Luciano Arruga, un joven desaparecido el 31 de enero de este año en Lomas del Mirador, hecho por el que se encuentra sospechada la Policía Bonaerense.
Y en Mar del Plata se realizó una movilización que, además de recordar a López, exigió revertir la falta de justicia en la causa del desaparecido Carlos Labolita. Durante la marcha se realizó un escrache al Tribunal Oral de la ciudad que absolvió a uno de sus secuestradores, el Coronel en actividad Alejandro Duret, y el otorgamiento de prisión domiciliaria a otro, el General retirado Pedro Mansilla, en un fallo considerado “escandaloso” por las organizaciones populares.

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