Desde que se cerraron los acuerdos de deuda pública, hace dos meses, con los acreedores locales y extranjeros se ha desatado una corrida cambiaria con el propósito de devaluar el peso. La operación no es costosa para los especuladores, porque pueden hacer subir el dólar con poco dinero, dada la ausencia de oferentes de divisas, tanto privados como de parte del Banco Central. El beneficio de la devaluación sería para aquellos que retienen los granos para exportación en los silos, como los productos elaborados en las grandes cerealeras y aceiteras. Lo mismo ocurriría para los especuladores que han comprado el llamado ´dólar futuro´ al Banco Central a la cotización proyectada para el dólar oficial, que hoy oscila en los ochenta pesos. Los compradores de dólar futuro acumulan contratos a su favor de entre u$s7 mil millones y u$s9 mil millones. En la cola de los devaluadores se anotan quienes han comprado, después del canje, deuda del Tesoro nacional, ajustada al dólar.
Estado quebrado
La base objetiva de una devaluación está determinada enteramente por la política del gobierno nacional. De un lado, ha pagado los intereses que iban venciendo de la deuda pública en default, mientras negociaba un estiramiento de los plazos de pago. Rifó de esa manera poco menos de u$s10 mil millones de las reservas internacionales. De otro lado, ha financiado el gasto ocasionado por la pandemia por medio de mayor endeudamiento del Tesoro y del Banco Central. Gran parte de ese gasto fue a parar a manos de las patronales, bajo la forma de subsidios directos o créditos subsidiados. Esta flota de pesos no se aplicó al financiamiento de la producción sino a la especulación contra el peso. La ´onda´ nacional y popular del ministro Guzmán consistió en postular la creación de un mercado de deuda ´doméstico´, que infló la hipoteca de un Tesoro quebrado. La base económica del ´entendimiento´ entre el oficialismo y la oposición macrista fue este desaforado financiamiento capitalista de la pandemia mediante una mayor deuda pública. La corrida que se ha desatado contra el peso no es otra cosa que una apuesta del capital a la quiebra financiera del estado. Los fondos internacionales acaban de declarar que Argentina está cayendo en default, apenas transcurridos dos meses de la renegociación de la deuda.
La iniciativa de la devaluación partió, sin embargo, del propio gobierno cuando aplicó un impuesto del 30% a la compra de dólares, llamado ´ahorro´, y meses más tarde otro porcentaje similar, que dejó a la cotización en 135 pesos – una brecha, en aquel momento, de alrededor del 70 por ciento. La función de este impuesto desorbitado fue obtener una recaudación que paliara el déficit fiscal total del 8/10% del PBI – unos u$s40/45 mil millones. Esto dejó ver la intención de recurrir a la devaluación para enfrentar la quiebra las finanzas públicas. A diferencia de las retenciones a las exportaciones, que tienen un propósito fiscal, pero al mismo tiempo reducen los precios internos del agro frente a los precios internacionales, el impuesto a la compra de divisas es inflacionario, porque por distintas vías impacta sobre el nivel general de precios. Las transacciones financieras toman como referencia este ´dólar ahorro´, no el dólar comercial. Lo significativo de todo esto es que el gobierno convierte al tipo de cambio en un instrumento de financiación de la deuda pública y del déficit público que esa deuda genera. La devaluación de la moneda va paralela a la quiebra del estado, aunque con una reserva catastrófica: para equilibrar las finanzas públicas por esta vía la devaluación debería alcanzar niveles de desastre. La devaluación constante, en el mercado de la deuda pública que se acaba de re-negociar, que ha caído de 50 centavos a 30 centavos de dólar, refleja de un lado la quiebra señalada y del otro el derrumbe completo del financiamiento del estado y de la acumulación capitalista en general.
El ministro Guzmán está ensayando, sin resultado, distintas medidas para bajar la cotización del dólar en el mercado financiero restringido, conocido como Contado con Liquidación (CCL), lo que implica, a término, el establecimiento de dos mercados de cambios oficiales – financiero y comercial. El objetivo final sería la convergencia de los dos mercados a un tipo de cambio único, en un plazo indefinido, mediante la devaluación más rápida del cambio comercial. La transición en esta dirección está fracasando, porque la ambigüedad del diseño frena y hasta paraliza la actividad económica. Una devaluación sin anestesia, coinciden oficialistas y opositores, patronales y burocracias sindicales, pejotistas y kirchneristas, desataría, en cambio, una explosión social y política.
Esta ´transición´ está acompañada de otros negociados más. Por un lado, la rebaja de tres puntos a las retenciones de exportación de soja, y de siete puntos para la harina y el aceite de soja, reportó beneficios a ruralistas y aceiteras porque mercadería que las primeras ya habían vendido “a precio a fijar”, y las segundas ya habían comprado y tenían almacenadas. De acuerdo a La Nación, reportó beneficios de u$s20 millones en dos días. Guzmán anuncia ahora algo más pesado: la emisión de un bono en dólares, en dos tramos de u$s750 millones, que podrán ser comprados con pesos. Dado el derrumbe del precio de la deuda dolarizada, ese título sería comprado a cambio de una elevada tasa de interés. El gobierno volverá a estirar el plazo de pago de una deuda a un costo de usura. Queda por ver la reacción de los fondos internacionales ante una operación que baja todavía más los títulos de Argentina que tienen en su poder.
El FMI de los Fernández
El planteo de los fondos internacionales para que Argentina arregle rápido con el FMI, incluyendo nueva financiación, resume el planteo de la mayor parte de la burguesía. Se cita el ejemplo de Ucrania, a quien el FMI le financia un déficit fiscal del 5,5% del PBI. El FMI ha dejado trascender que en caso de un acuerdo el dólar debería cotizar a $140, manteniendo las retenciones a las exportaciones. De nuevo, sería un tipo de cambio recaudatorio, no comercial. Pero incluso una medida tan draconiana sería insuficiente, dicen, porque sería necesario además adoptar ´reformas estructurales´ (laboral, previsional, impositiva), que canalicen los pesos que ingreses a negocios rentables, sean industriales, como Vaca Muerta, la minería, la expansión de la frontera agrícola, a través de fondos y bancos nacionales e internacionales. El planteo fondomonetarista oculta que el comercio internacional, la deuda pública internacional, la actividad industrial en las principales potencias se encuentran en retroceso cuando no en derrumbe. Esto quedó muy claro en las imputaciones que se hicieron ayer Trump y Biden en el debate presidencial norteamericano.
Una explosión devaluatoria ´controlada´, con asistencia del FMI, no dejaría de desatar una explosión social, que en el momento actual se encuentra mal contenida por los temores de contagio. La pandemia ha hecho estallar la cuestión de la vivienda, dominada por el hacinamiento. Tampoco dejaría de desatar una explosión política, pues los especuladores reclaman un director de orquesta adecuado al programa del FMI. Incluso si el gobierno lograra mantener una unidad ficticia, el reparto de candidaturas para las elecciones del año que viene alcanzaría para golpearlo o incluso dinamitarlo. Si se observa con cuidado se verá la euforia que produce en la ´izquierda´ del oficialismo la estampida del dólar, porque la refuerza en la tesis de que el gobierno no es lo nacional y popular que se esperaba de él. No pueden responder, sin embargo, a la evidencia de que cuenta con el apoyo inquebrantable de su mentora, CFK. El alto mando kirchnerista está por el mantenimiento del FdT a como sea, para llegar, si no entero al menos completo, a las elecciones 2021. La crisis política que dispara el derrumbe económico se complica, precisamente, debido a los avatares de unos y otros en el campo judicial. Después de reclamar por su soberanía y autonomía la Corte no consigue fallar acerca del destino de tres jueces, ni se sabe qué piensa del mantenimiento de un Procurador General de facto. Un miembro de la Corte, que la prensa no identifica, le adjudicó a ese Tribunal la responsabilidad de asumir “una política de estado”, cuando no se sabe si él mismo sobrevivirá a la crisis política.
América Latina ´nos baja línea´
El miércoles reciente, Ecuador ofreció una pista acerca de las tendencias populares frente a nuevos acuerdos con el FMI. Se desató una huelga general parcial y manifestaciones, en respuesta al aumento del IVA y la rebaja de salarios. Todavía se encuentran en carpeta los aumentos de combustibles que desataron hace exactamente un año, una rebelión popular. En Colombia, el día precedente, se desarrolló una movilización nacional de obreros industriales, campesinos e indígenas, por los ataques constantes a los derechos a la vida, al trabajo y a la tierra de las masas. “La tormenta perfecta” que anuncian todos los campos en disputa pondrá en acción a enormes contingentes de masas, no solo a la clase obrera. Esto plantea una discusión en la vanguardia obrera sobre el carácter de esta crisis y sobre el carácter de los campos patronales en disputa, incluido el capital financiero internacional. “La tormenta perfecta” plantea la huelga general como una tendencia de la situación política y de la clase obrera y sectores populares, y por lo tanto de la organización de esta huelga, y de su programa y orientación política.
La quiebra del estado y la disgregación capitalista plantean una cuestión de poder, que se pondrá de manifiesto con el desarrollo de la misma crisis política. La lucha reivindicativa no solamente se convertirá en política (y deberá convertirse en política), sino que delimitará las posiciones de las clases en disputa. Plantea la auto organización de las masas y la soberanía política de sus decisiones. La lucha por el aumento general de los salarios; el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; el 82% móvil de los salarios; el aumento drástico de las asignaciones a los trabajadores y familias sin empleo se convertirá en política por medio de la auto convocatoria y la auto organización, incluso en las organizaciones sindicales – que deberán votar sus propias direcciones en la lucha.
Como ocurre con toda previsión política, los acontecimientos descubrirán nuevas modalidades de acción y encontrarán su propio ritmo, que nunca será uniforme. Por de pronto hay luchas fundamentales en desarrollo, que plantean la necesidad de una generalización y continuidad. En amplios sectores populares el velo nacional y popular que cubre al gobierno se ha caído, y necesita un contenido de clase y político alternativo. El experimento de la transición política del derrumbe macrista se ha agotado. No lo contiene la victoria del MAS en Bolivia, el del Apruebo en Chile, o eventualmente del correísmo en Ecuador en febrero próximo, porque ellos se limitarán a repetir con igual o mayor agudeza el agotamiento fernandecista. En realidad, asistimos a la perspectiva de un ascenso colectivo de luchas en América Latina en su conjunto. La cuestión de la lucha por un gobierno de la clase obrera y el conjunto de los trabajadores se encuentra a la orden del día a través del desarrollo de esta crisis y de la experiencia de las masas.
Jorge Altamira
23/10/2020
