Una bienvenida al estilo de Gerardo Morales

La diputada nacional Mayra Mendoza fue agarrada del cuello y de los pelos. Hubo palos y golpes. Fue detenido el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham. Habían viajado a Jujuy para escuchar la última audiencia del juicio oral y público contra Milagro Sala.

Los agarraron del cuello, los tiraron al piso, los golpearon con palos. Cuando la diputada Mayra Mendoza logró atravesar el brutal cerco de cascarudos uniformados de la Policía de Gerardo Morales para ver dónde llevaban a uno de sus compañeros, un policía la agarró del cuello y de los pelos. Otros tres la cercaron. La golpearon y la tiraron al piso hasta inmovilizarla. Para entonces, el operativo montado por el gobernador Morales desde la mañana alrededor del juzgado federal atenazado de vallas, había recibido refuerzos. Algunos testigos dicen que triplicaron la cantidad de efectivos con miembros de Infantería de la Provincia que llegaron con escudos y palos. Diputados nacionales, legisladores, representantes gremiales y territoriales que habían viajado desde Buenos Aires para acompañar en la ultima audiencia del juicio oral a la dirigente de la Tupac Amaru esperaron dos horas abajo del sol una respuesta para pasar a la sala. El hombre al que se había llevado la policía era el presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham. Dos uniformados lo levantaron en el aire, lo patearon y se lo llevaron de los hombros para meterlo a un celular. Cuando Maria Elena Naddeo, de la APH corrió hacia él, para saber dónde se lo llevaban, le pidió que grite su nombre: ¡Soy Martín Rodríguez!, respondió.
Fue una muestra del estado de excepción que se vive en Jujuy y que cada día sorprende un poco más. Vallaron todo para no permitir que la gente entre al juicio que ni siquiera se sabía si iba a terminar, porque las pruebas se fueron cayendo y una condena podía evidenciar un escándalo.
“¡Este es un estado policial!”, dijo Carlos Girotti secretario de comunicación de la CTA, todavía agitado y transpirado apenas consiguió entrar en la sala de audiencia, testigo en primera línea de la refriega policial. “Se prohíbe el libre tránsito de los diputados nacionales, se apalea al público que va a llegar a un juicio trucho”.
Girotti estaba contra las vallas cuando intentó sujetar a Mayra Mendoza, que se caía. “Nosotros estábamos viendo las listas de los que estábamos para entrar a la audiencia y en el momento en el que dijimos que teníamos que entrar, fuerzan las vallas que habían puesto. Llega un contingente policial y empieza un forcejeo que es muy violento. Nos pegan, a mí me aplastan, me tiran contra las paredes. Y veo a la diputada Mendoza que logra salir de ese cerco brutal al que nos sometían y cuando da un paso hacia dentro del cerco, la toman del cuello. Otros tres policías se acercan. La golpean. Y la derriban. También sé que en esas condiciones el compañero Martín Rodríguez fue brutalmente golpeado”.
Entre los heridos estuvo “el Tano” Daniel Catalano, de ATE Capital, que terminó con el brazo entumecido. Hubo golpes y patadas a todos lados. Las noticias iban entrando a la sala de audiencias, pero primero por el grito de Milagro Sala, que apenas entró, esposada y decidida a sostener un nuevo día de tormentos judiciales, se levantó de la sillas como pudo buscando la cara a su gente.
– ¡Hay quilombo afuera! ¡Hay quilombo afuera! –llegó a decir. Las mujeres del Servicio Penitenciario quisieron callarla. Ella se desató con respeto pero como pudo de esas manos que la sentaron de prepo. ¡Hay gente detenida! ¡Vayan a fijarse! ¡Están reprimiendo!
En primera fila estaban el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que había logrado entrar. Empezaron así a entrar los primeros diputados y visitantes, todos escandalizados por la nueva exhibición de violencia.
“Yo corrí a los policías cuando vi que se llevaban a uno de los chicos”, dice Naddeo. “Y le pedí que dijera quién era, pero no pude saber a dónde se lo llevaban. Lo sacaron de donde estaban todos forcejeando para poder entrar. Se lo llevaron dos policías en el aire. Lo corrimos porque iban muy rápido para el móvil y le preguntamos que nos dijera el nombre”. También vio después a Mendoza “golpeada y nerviosa”. Sólo consiguió ser soltada porque cuando la agarraron los que estaban ahí, empezaron a gritar ¡es una diputada nacional!
“Les pedimos por favor saber quién dio la orden”, gritaron los que estaban ahí. Atrás de las vallas seguía el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, Estela Díaz, de la CTA, las diputadas nacionales Josefina González y Mabel Carrizo, también Horacio Pietragalla, Aníbal Ibarra, el legislador José Campagnoli, de Nuevo Encuentro y Catalano, entre muchos.
“Es la muestra más palmaria de que esto es un estado policial. Que acá no hay un estado democrático de derecho desde la llegada de Morales a la provincia”. El abogado Eduardo Tavani había conseguido entrar a la sala para negociar el ingreso de los que estaban afuera. La cuestión de espacios fue un tema y un problema desde el primer día de audiencias. Los lugares pasaron de 24 sillas a 59 durante lunes y martes. Ayer, a pedido de los diputados que viajaban desde Buenos Aires se esperaba un acceso más abierto. Pero no fue así. A las tres de la tarde, cuando el Tribunal Oral Federal 1 abrió las puertas, los 59 lugares eran sólo 59 lugares, contando familiares, periodistas, militantes de la Tupac y todo los que recorrieron cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Tavani y Pietragalla venían coordinando las listas de visitas desde el lunes. El TOF sabía que iban a viajar. Una gestión ante la justicia federal de Buenos Aires había asegurado que iban a poder entrar a la sala. Y que existía el compromiso de recibirlos, pero no fue así. Por eso, cuando todo los accesos parecían invariablemente bloqueados, las mujeres y hombres de la Tupac Amaru comenzaron a ceder algunos lugares. Cuando un grupo de seis o siete personas iban hacia las vallas para cambiar sus lugares a los diputados, se desató la violencia.
“En realidad, desde que empezó el juicio se ha presentado un listado de personas que iban a presenciarlo”, explicó Estela Díaz, volviendo del desastre. “Desde el comienzo se vio la obstaculización. No había garantías y tuvo que pelear la defensa para que se ampliaran los lugares para participar. Y el colmo es que habíamos pedido que pongan una cámara con pantalla y audio porque iba a viajar mucha gente: diputados nacionales, concejales provinciales, diputados provinciales, directivos de centrales sindicales nacionales como la CTA y la CGT. Hicieron lo contrario: vallaron todo para no permitir que se entre”.
Después de las horas abajo del sol, los que estaban afuera pidieron a los policías que los dejaran pasar. “El juicio va a empezar. No nos están dejando entrar”, protestaban. “Yo les decía: ustedes están provocando este escándalo al no dar respuesta. Y vienen unos tipos a poner un alambrado entre las vallas como diciendo: ´esto no se mueve más´”, relató Aníbal Ibarra. En ese forcejeo, agregó Estela Díaz, “empezaron a golpear a los que estaban ahí. Había en conjunto policías de la Federal y de la provincia, pero particularmente la policía de la provincia fue la más agresiva. Y agarraron del cuello y de los pelos a la diputada Mayra Mendoza, golpeaban y pateaban al concejal que se llevaron. Golpearon a los compañeros con los bastonazos. Tenemos varios dirigentes heridos”.
Estela Díaz también estuvo al lado de las rejas. Entre el forcejeo y el apriete. “Ellos no nos respondían, decían que no. Les preguntábamos y nada. Triplicaron las fuerzas policiales en un procedimiento exagerado. Era una provocación con fuerzas y de escudos, bastones que repartieron a diestra y siniestra”.
“Escuché a una compañera que empezó a gritar ´no me toques, no me toques´. Estaba en un rincón y cuando me doy vuelta veo que un policía le estaba manoseando las tetas. Ahí empezamos un forcejeo”, contó Pietragalla.
Adentro de la sala, cuando el juicio arrancó, la abogada de Milagro Sala Elizabeth Gómez Alcorta pidió la palabra. “Señor presidente le hago saber que se ha dispuesto con su autorización o no un operativo con importante cantidad de efectivos provinciales y federales y se han producido incidentes”, dijo. “Hubo personas detenidas y hasta ahora nadie pudo hacerme saber quién dispuso el operativo y que ocurre en la calle”.
Mario Juárez Almaraz, presidente del tribunal, la interrumpió. Dijo que de la puerta para dentro del edificio estaba la Federal, y que de la calle se ocupaba la policía de la provincia. Gómez Alcorta le dijo: “No me dejó terminar el pedido, pero ya me respondió la identidad de los autores y los responsables”.
Eva Arroyo, militante de HIJOS de Jujuy, llegó a la audiencia pero no se sorprendió. “Ahora todos los que llegaron tuvieron la oportunidad de vivir lo que vivimos los días los jujeños”. Y explicó: “El gobierno dice ser de paz, unión y trabajo y representativo de la democracia, pero si no le importan los concejales o diputados menos aún le va a importar las organizaciones sociales, que son los sectores mas vulnerables”.

Alejandra Dandan
Desde San Salvador de Jujuy

Vidal pagará bono de fin de año a la Bonaerense y al Servicio Penitenciario

El premio a las fuerzas de seguridad contrasta con las medidas de ajuste para el pueblo trabajador.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció ayer el pago de una bonificación especial de 2.500 pesos para todo el personal policial de calle y para los agentes penitenciarios en contacto con presos.
El anuncio que premia a las fuerzas de seguridad del gatillo fácil, la represión y la criminalización de la pobreza fue realizado durante un acto en el Estadio Único de La Plata, donde la mandataria provincial tomó juramento a 8 mil cadetes de la policía que completaron el nuevo curso de capacitación de 9 meses de formación.
Durante la actividad, junto al Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el jefe de Gabinete, Federico Salvai, la gobernadora recordó que "desde el primer día tomamos la decisión de cuidar a quien nos cuida y apartar a aquel que hace las cosas mal".
En ese sentido pidió a los egresantes "el mismo compromiso, esfuerzo y sacrificio que hacen miles de sus compañeros todos los días. Así, en la Provincia y en la Argentina, vamos a confiar en esta Policía y nos vamos a sentir orgullosos de ustedes".
La confianza de la gobernadora en las fuerzas de seguridad contrastan con las encuestas que indican que el 79 % de la población desconfía de las fuerzas de seguidad lo cual no le impidió a Vidal enviar durante el año más de 6.200 agentes federales a la provincia en acuerdo con el Gobierno nacional.
Vidal indicó también que "cuando termine este año, 60 mil policías tendrán su chaleco antibalas" y que durante su gestión fueron incorporados a la fuerza "más de mil patrulleros nuevos", doscientos de ellos "blindados, con cámaras 360º" para operativos especiales.
Respecto al plus salarial, Vidal afirmó que "todos y cada uno de los policías que están en la calle recibirán, antes de fin de año y por este año, un reconocimiento de dos mil quinientos pesos".
La bonificación será también para los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense "que tienen contacto con internos", según explicaron desde gobernación a DyN.
El plus de fin de año se suma al aumento en el sueldo de los policías durante 2016, de 39 por ciento, que llevó el salario de un Oficial Subayudante de 15.770 pesos a 21.997 pesos y el de un Oficial ingresante de 11.830 pesos a 16.330 pesos.
El “reconocimiento” a las fuerzas de seguridad contrasta con la política de ajuste que sufren los trabajadores de la provincia, la cual se vio una vez más manifestada en el acuerdo de aumento salarial de 18 % para el año que viene.

LID

No podemos aceptar el vaciamiento del Conicet

Entrevistamos a Paula Varela, investigadora del Conicet en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), participante de la toma del ministerio de CyT.

¿En qué situación está el conflicto?

El día de ayer, por la noche se hizo una asamblea (la más masiva de todo el conflicto) donde se decidió mantener la toma y se recibieron apoyos y solidaridad de distintos sectores como el de Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, Myriam Bregman diputada por el PTS-FIT y de Raúl Godoy, obrero de Zanon y legislador de Neuquen, quien venia de la marcha por el 19 y 20 de diciembre.
Durante el día de hoy a la mañana había una convocatoria hecha por el ministerio a los representantes de la toma. Allí el ministerio comunicó que no iba a negociar con toma, con lo cual en ese mismo instante se terminó la reunión. Todas las organizaciones presentes, excepto UPCN, dijeron que la toma se mantenía. La situación en la que nos encontramos ahora es de cuarto intermedio. Durante el transcurso de la tarde trascendió que el ministerio convocaría a una reunión de representantes con toma. Esto representa algo muy importante porque el ministerio tuvo que aceptar negociar con la toma en curso. Fue un acierto haber tomado el edificio, el método de la acción directa permitió lograr la repercusión del conflicto, atraer la solidaridad de distintos sectores gremiales, sociales y políticos, y forzó al ministro a recibirnos. El conflicto está masivizándose y llenándose de solidaridad. Hay otros CCT que están siendo tomados en distintos lugares del país, como La Plata y Rosario.
La tercera conclusión es que nosotros mantenemos nuestro pliego de reivindicaciones que son los 500 despedidos adentro, que se respeten sus concursos y puedan entrar a CONICET.

¿Se sabe que va a proponer el gobierno hoy por la tarde?

Hay que dejar claro que en las distintas reuniones que se sucedieron el gobierno aún no ha propuesto absolutamente nada. Ninguna línea de negociación. Lo único que trascendió fue a través del diario Clarín, donde se dice que se podrían reinstalar a los despedidos en distintas dependencias de investigación como pueden ser el INTI, el INTA, la CNEA o incluso, universidades nacionales. Ante esa propuesta, mi opinión es que debemos discutir en la asamblea que esta propuesta es inaceptable por dos motivos. Primero porque no podemos aceptar el vaciamiento del CONICET, nuestra lucha es por la ampliación de un presupuesto que permita mantener y aumentar las becas, los ingresos a carrera y los subsidios de investigación en todas las áreas. Nosotros estamos luchando por una ciencia y una técnica al servicio de los trabajadores, de los sectores explotados de la sociedad.
Por segundo motivo, los despedidos realizaron un concurso y nosotros debemos exigir que se respeten y efectivicen esos concursos que dictaminan que los casi 500 investigadores deben ingresar a las carreras del CONICET.

¿Cómo continúa la jornada?

Hoy a la tardecita habrá una asamblea. Se discutió expresamente que sea un lugar donde puedan participar distintos sectores de la comunidad educativa y científica, sectores agremiados en distintos colectivos y agrupaciones. Es muy importante que todos se puedan acercar porque esta lucha no solo viene masivizándose por el método de la toma sino también por el método de la asamblea. Debemos profundizar esta práctica, debemos hacer el ejercicio de discutir las posiciones, las propuestas, las mociones, discutir quienes son los que deben sentarse en las mesas de negociación, hacer mandatos, etc. Esta lucha es un gran ejercicio de democracia, recuperando la mejor tradición del movimiento obrero y estudiantil que es la organizacion asamblearia. Por otro lado la importancia de estas asambleas es la oportunidad de discutir para quién es la ciencia que hacemos y para qué. Queremos poner la CyT al servicio del pueblo, los trabajadores y explotados. Por eso es necesario abrir las asambleas a otros sectores de trabajadores, estudiantes y desocupados. Es decir, que nosotros podamos generar un polo donde no sólo se empiece a organizar la resistencia al ajuste de Macri y sino también se abra la discusión acerca de qué tipo de conocimiento producir y qué tipo de investigación realizar.

LID

2001: "El Que se vayan todos fue una expresión vital y necesaria"

Entrevistamos a la socióloga Mariana Frega, especializada en economía popular desde una perspectiva de género, militante territorial y feminista; acerca del proceso del 2001.

Mariana Frega es socióloga, becaria doctoral del CONICET e investigadora de la UNDAV. Estudia temas vinculados con la economía popular desde una perspectiva de género. Docente Ad Honoren de la UBA. Militante territorial y feminista.

Pasados 15 años del 19 y 20 de diciembre y la caída de De la Rúa, ¿cuál es su evaluación de los acontecimientos en cuanto al rol de las masas, los partidos y los sindicatos?
Repensar las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 en un contexto político y social como el actual obliga dar cuenta de la complejidad de los procesos y luchas de nuestro pueblo, de los avances y retrocesos de la clase trabajadora y sus organizaciones. A 15 años de aquella rebelión popular queda en la memoria la presencia de miles y miles en la calle, cortando rutas, ocupando plazas, combatiendo la represión y enfrentando el estado de sitio impuesto por el decrepito gobierno de la Alianza. La ocupación de las calles como territorio de disputa cuerpo a cuerpo contra el poder político, contra el hambre y la desocupación, contra la farsa de la anti-corrupción que se instaló como el “discurso encantador” frente a los años del menemismo, fueron los motores de esos días de combate. Pero también debemos decir que aquellas jornadas no emergieron de la nada, que fueron producto de un largo proceso, fragmentado por cierto, de distintas luchas de organizaciones y sectores que durante los noventa no se plegaron a la pasividad y siguieron dando la pelea. Se conjuraron un conjunto heterogéneo de actores y actrices que fueron el motor de esa explosión: el surgimiento del movimiento piquetero y puebladas de mediados de los 90, las luchas de los despedidos por los recortes en el Estado, la resistencia obrera contundente en cientos de fábricas contra el vaciamiento y la flexibilización, el completo divorcio entre la burocracia sindical y las bases, una clase media pauperizada que se vio directamente atacada por las medidas del corralito, y una juventud sin alternativas de futuro. En este marco las organizaciones de izquierda en sus variadas expresiones ideológicas se vieron en la necesidad de reconfigurar su intervención, caracterizar a los y las sujetos que protagonizaron esos procesos, todo esto al calor de las propias vivencias de la militancia que transitada en carne propia la rebelión. En este sentido, debemos hacer una lectura crítica de esas intervenciones, de cierta incapacidad de previsión y estrategia común para conducir ese proceso. El surgimiento de las asambleas populares pos 2001 que tuvieron su momento de auge con un componente sumamente heterogéneo y su pronta paralización, una endeble alianza sostenida bajo la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, mostro a las claras la falta de una dirección de toda esa rabia. Estas debilidades no implican un desmerecimiento a estas experiencias y su potencial para nuestra memoria de lucha. Son más bien un bosquejo de las tareas pendientes, de la necesidad de las organizaciones de izquierda, de los movimientos populares de trazar una estrategia que permita enfrentar este nuevo contexto con otras herramientas y perspectivas unitarias, interpelando al conjunto de la clase que vive de su trabajo, recogiendo las experiencias acumuladas para potenciarlas.
¿Era correcta la consigna "¡Que se vayan todos!"? ¿Cuál fue el resultado y por qué?
La gran crisis económica y social iba de la mano del deterioro y cuestionamiento al poder político, a la estructura burguesa y a la democracia maquillada. El que se vayan todos fue una expresión vital y necesaria de esto, que sin embargo, no dio cuenta de una alternativa concreta para el después. De ahí la potencialidad y las limitaciones de aquella consigna. No todos los procesos populares y rebeliones que irrumpen en el escenario de la lucha de clases son efectivos de por si para construir un nuevo poder, una fuerza capaz de derrotar de un plumazo a la clase dominante. Efectivamente la llegada del kirchnerismo al gobierno y el despliegue de un conjunto de políticas que en gran parte intentaban dar respuesta a los reclamos y banderas del 19 y 20 de diciembre dieron cuenta de lo complejo del devenir de un proceso que distaba de ser abiertamente revolucionario. Se trató entonces de una reacción profunda de nuestro pueblo, del momento más álgido de un ciclo de avance feroz sobre nuestra clase. Las expresiones organizativas que dejaron las jornadas fueron muchas: el crecimiento de los movimientos piqueteros principalmente en el conurbano, fabricas ocupadas y recuperadas y también una nueva camada de activismo sindical anti burocrático que fue acumulando fuerzas poco a poco y una creciente juventud militante que resignificaron esas consignas en alternativas de lucha a largo plazo. En este sentido, el balance de los resultados en gran medida es complejo de definir en términos de positivo o negativo, porque ha dejado huellas profundas en la memoria popular, ha sido reutilizado por los sectores dominantes como plataforma para no transformar absolutamente nada de raíz, y es por otra parte, la experiencia más cercana de lucha concreta para las nuevas generaciones.
¿Qué se conquistó y qué tareas quedaron inconclusas?
Volviendo a mi planteo inicial, es muy significativo pensar en un balance de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 a pocos días de cumplirse el primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Debe ser este balance un llamado de atención para todas las fuerzas revolucionarias y del campo popular. Efectivamente estos 15 años no han sido fáciles para la construcción de una alternativa que interpele a las mayorías. Grandes luchas se han dado: nuevos referentes obreros emergieron contra las burocracias parasitas que ocupan los sindicatos, muchas organizaciones populares han logrado un salto cualitativo en sus construcciones territoriales y reivindicativas, un movimiento de mujeres en pleno desarrollo impulsado por el incansable trabajo de las feministas durante años, las alianzas y articulaciones entre organizaciones como el FIT, la juventud y los estudiantes que han dado muestras de su irreverencia frente a los intentos de destruir a la educación pública, la resistencia de lxs trabajadorxs frente a los despidos y el ajuste en el Estado. Es decir, un sinfín de luchas pequeñas y grandes, visibles e invisibles que dan cuenta de los triunfos y conquistas conseguidas como fruto de la lucha paciente y combativa de nuestro pueblo. La memoria viva de aquellas jornadas nos obliga a repasar lo pendiente en este contexto de hambre, ajuste y represión. Tenemos la enorme tarea de defender lo conquistado en estos años, de construir marcos de unidad que potencien y no debiliten los procesos que se vayan dando. Necesitamos prever, allí donde emergen los conflictos, cuales son las alternativas unitarias que permiten dar respuestas concretas a las necesidades y reivindicaciones de nuestra clase. Esta unidad no puede pensarse en términos de alianzas coyunturales para la acumulación propia. Tiene que ser el motor que pueda conducir un nuevo proceso de agitación y construcción de un programa con la pretensión de transformar la rabia que se irá acumulando en una alternativa real para el conjunto del pueblo trabajador. Todo esto es parte de aquellas tareas inconclusas y que hoy se vuelven urgentes y necesarias.

LID

2001: estos no se fueron y gobiernan con Cambiemos

Muchos de los que hoy integran la alianza Cambiemos tienen un pasado oscuro como funcionarios del gobierno de De la Rúa en plena crisis del 2001. Gerardo Morales y Patricia Bullrich son algunos de ellos.

Hoy se cumple 15 años de las jornadas revolucionarias que a partir de la movilización popular terminó con el gobierno de la Alianza. “Que se vayan todos”, fue una de las consignas centrales de aquellas jornadas. La caída del gobierno no alcanzó para cerrar la crisis política del régimen que se expresó que en una semana cambiaron cinco gobiernos.
La debilidad de las Jornadas Revolucionarias que provocaron la huida de De la Rúa, la falta de una política desde los trabajadores permitió que muchos de los políticos repudiados en esas movilizaciones se retiraran momentáneamente para resurgir cuando la situación lo permitiese (como que pudiesen caminar por la calle sin que los repudien). El actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales es uno de ellos.

De ministro de Desarrollo Social de la Alianza a gobernar la capital de la represión

Durante el primer año de gestión trasformó a la provincia en la capital de la represión, ocupó entre julio de 2000 y agosto de 2001 la cartera de Desarrollo Social de la Nación. En diciembre de ese año fue senador nacional por Jujuy, reelegido en dos oportunidades más hasta 2011.
Pesan sobre él denuncias por enriquecimiento ilícito. Proveniente de una familia humilde, trabajó como lavacopas, mozo y empleado administrativo de Coches-Comedores del Ferrocarril Gral. Belgrano. Pero cuando comenzó la carrera política su “fortuna” cambió.
Según se conoce, los hermanos Morales forman un clan en Jujuy. Su hermano Freddy es el armador financiero y económico de la UCR en Jujuy. La familia Morales construyó su poder a través del clientelismo político, una de las razones por la que denuncia a Milagro Sala.
Desde el 2015, como gobernador de Jujuy, no solo envió a detener arbitrariamente a Milagro Sala por estar realizando un acampe, sino que persiguió a las organizaciones obreras y populares. Instaló un estado policial en la provincia, donde los jóvenes de los barrios populares son las principales víctimas. Mientras los empresarios como Blaquier del Ingenio Ledesma son liberados y venerados por su genocidio contra los trabajadores.
En septiembre de este año, cuando organizaciones de derechos humanos y personalidades políticas viajaron a Jujuy para tomar conocimiento de lo que ocurría allí, fueron espiados por la Gendarmería Nacional comanda por Patricia Bullrich, con la anuencia de Morales, o bajo el pedido de él. La diputada Myriam Bregman, integrante del CeProDH, organismo que convocó al Encuentro en la provincia, acaba de realizar la denuncia sobre este espionaje.
Organismos internacionales como la OEA y la ONU vienen reclamando que libere a Milagro Sala, sin embargo el gobernador de la UCR que integra el gobierno de Cambiemos, se niega. No solo eso, sino que se suceden las violaciones a los derechos humanos continúan, a tal punto que asesinaron a Nelson Cardozo, sobrino del dirigente de la Red de Organizaciones Sociales de la Tupac Amaru, “Beto Cardozo”, ambos detenidos por una causa vinculada a Milagro Sala.

De montonera a gorila

Patricia Bullrich, una de las que siempre estuvo. En los 70 integró la organización Montoneros lo que se diría “pecados de juventud”. Pero en los 90 corrigió esos “pecados” y volvió a la política de la mano de Menem para acompañar lo planes neoliberales. En el año 1999 integró el gobierno de la Alianza. Fernando de la Rúa la puso al frente de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El escándalo de la ley “Banelco” que bajo sobornos, con cinco millones de dólares, pretendía promulgar la ley de reforma laboral de precarización laboral, eyectó al ministro de Trabajo y su lugar fue ocupado por Bullrich, en octubre del 2000. Ahí la actual ministra de Seguridad se lució. Desde la cartera de Trabajo la ministra Bullrich promovió y firmó el decreto que instauró la reducción del 13 % en los salarios de los trabajadores estatales y de las jubilaciones. Durante su gestión, solo en un año, el desempleo se elevó del 15 al 21 %. En octubre del 2001 pasó a ocupar el cargo de ministra de Seguridad Social.

Asume Patricia Bullrich de la mano de De la Rúa

En el año 2007 se integró al frente Coalición Cívica de Elisa Carrió. Ese mismo año Bullrich fue electa en la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional. Cuando ejercía este cargo fue denunciada ante la Cámara Federal, a cargo del juez Daniel Rafecas, por entorpecer una ley antilavado, para favorecer al Grupo Clarín.
En 2015, el gobierno de Cambiemos nombró a su nuevo gabinete. Patricia Bullrich es designada ministra de Seguridad, desde donde no solo protagonizó los mayores papelones, sino que a pocos días de asumir propuso antiobreras y represivas en general.
Los trabajadores a través de su asociación gremial, ATE, denunciaron que los nuevos ocupantes de esa cartera les preguntaron cuál era su afiliación sindical, ideológica y política. A doce días de asumir envió a la Gendarmería para reprimir violentamente a los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja que peleaban por defender sus puestos de trabajo.
Días después protagoniza su primer papelón como ministra de Seguridad, y no el último. Ante la fuga de los tres condenados por el Triple crimen de General Rodríguez, informó ante la prensa que habían capturado a los prófugos. El propio presidente dio la falsa noticia.

Bullrich en acción

En enero presentan el decreto de la Emergencia en Seguridad, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
En febrero de este año presentó el “protocolo de protesta social”, que sin eufemismo significa represión a los manifestantes que cortan calles. Pero el protocolo con el que garantizaban el desalojo de los piqueteros en cinco minutos, fracasó el primer día que trataron de implementarlo. El 24 de febrero organizaciones de izquierda y estatales cortaron por varias horas las principales calles del centro porteño.
En varias oportunidades Bullrich anunció la importancia de utilizar a las FFAA para tareas de seguridad interna. Recientemente, por decreto, se anunció que efectivos del Ejército pasarían a reemplazar a 1200 gendarmes en las vigilancias de centrales nucleares o las represas hidroeléctricas, para que éstos sean destinados como fuerzas represivas al Conurbano bonaerense.

Otros que se quedaron

Darío Lopérfido, Hernán Lombardi y Federico Sturzenegger son otros de los que integraron el gobierno de la Alianza y hoy ocupan cargos destacados en el gobierno de Cambiemos.
Los crímenes cometidos durante el gobierno de la Alianza que todos ellos integraron, volverán a ser repudiados por una movilización convocada para hoy por el sindicalismo combativo, las organizaciones sociales, piqueteras, juveniles, de mujeres y de derechos humanos, junto a la izquierda. También expresarán la denuncia contra el ajuste, hoy llevado adelante por Macri, los gobernadores y las patronales. Reclamarán el fin de la tregua de las centrales sindicales, cómplices del ajuste, muchos de los cuales durante las jornadas del 19 y 20D impidieron que la clase obrera apareciera como una alternativa y diera otro giro a los hechos.

Rosa D´Alesio

Diciembre de 2001: 38 asesinados, 15 años de impunidad

#19y20dediciembre: Cavallo, las declaraciones de un despechado

A 15 años de la rebelión popular que determinó su caída como ministro de Economía y luego la del gobierno de De la Rúa todo, el economista hace un panegírico de sí.

Quince años después de que una rebelión popular lograra la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo -que fungía como su ministro de Economía y cuya cabeza también demandaban las masas (y la obtuvieron en la medianoche del 19)- realizó unas declaraciones a varios medios que se destacan por su cinismo.
“Me tendrían que hacer un monumento por haberme jugado todo el prestigio que traía y todo el apoyo que tenía”, dijo a Radio Nacional sin ruborizarse. “Las encuestas de popularidad daban que era una de las personas con mayor apoyo de la gente y todo el mundo me pedía que ayudara al gobierno de De la Rúa”.
Asistimos al reproche despechado de uno de los mayores servidores políticos de la clase capitalista, desde la dictadura al gobierno de la Alianza. Cavallo estatizó la deuda pública bajo la dictadura como director del Banco Central y llevó adelante un brutal ajuste contra las masas como ministro de economía menemista. He ahí su “prestigio” acumulado.
Por sus servicios prestados durante la bancarrota de 2001, corralito incluido, concentró el odio de las masas que lo derrocaron. La burguesía lo mandó a guardar bajo la alfombra estos años, como a tantos otros impresentables, e intentó recurrir a figuras menos repudiadas.
Cavallo, principal responsable del programa económico del menemismo de desindustrialización y desempleo, asumió como ministro de Economía de De la Rúa luego del rutilante fracaso de Ricardo López Murphy en la cartera para enfrentar la crisis capitalista, luego de que intentara realizar un ajuste que incluía rebaja de jubilaciones y disminución del presupuesto universitario y a quien las movilizaciones y protestas obligaron a dimitir.
El ex ministro menemista inició su mandato usando los fondos retenidos de los bancos para pagar deuda externa. Si bien al principio de su gestión esbozó un cambio de rumbo capitalista para enfrentar la crisis (había anunciado una “canasta de monedas” para salir de la convertibilidad), pronto la idea pasó al olvido para plantear un acuerdo directo con el FMI y el Tesoro estadounidense. Esto incluyó el famoso “megacanje” que duplicó la deuda externa, la reducción de 900 millones de dólares de los gastos sociales y la generalización de cuasi-monedas en vastas provincias del país, señales de la bancarrota generalizada. La pobreza y el hambre se extendieron como pocas veces y, junto a De la Rúa, Cavallo se convirtió en el centro del odio popular. La consigna que el Partido Obrero levantaba desde mayo de 2001 se generalizó en todas las capas sociales: “Fuera De la Rúa-Cavallo”.
Cavallo es uno de los artífices de la bancarrota nacional y la pauperización de las masas que condujo a la rebelión de 2001.
Luego de que De la Rúa anunciara el Estado de Sitio comenzó la rebelión popular que se convertiría en el Argentinazo. Las cacerolas se hicieron escuchar en señal de protesta contra la medida represiva de De la Rúa y las masas marcharon de a centenares de miles hacia Congreso y Plaza de Mayo. A la medianoche, Cavallo presentaría su renuncia, el primer anuncio de la caída del día siguiente.
Hoy Cavallo, sin que se le mueva un pelo, demanda que se le levante un monumento. Pero su único lugar está reservado a la galería de la infamia, en el momento en el que los trabajadores argentinos gobiernen y la lacra capitalista a la que Cavallo representa haya abandonado el poder.

Antonia Torrebruna

Continúa la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Esta noche habrá un festival con artistas solidarios. Los trabajadores luchan contra los despidos. Las organizaciones kirchneristas se retiraron.

Esta mañana una asamblea de 400 personas resolvió por unanimidad la permanencia de los becarios del Conicet, en lucha contra los 500 despidos en el organismo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ocupado por los manifestantes desde ayer a la mañana. Exigen una nueva reunión con el ministro Lino Barañao.
Los becarios también decidieron enviar una delegación a la movilización que hoy desarrollan el clasismo sindical y la izquierda por el aniversario del Argentinazo y contra el ajuste macrista; presentar un proyecto en el Congreso Nacional este jueves (última sesión del año), exigiendo una partida presupuestaria extra para garantizar los ingresos de los investigadores; y realizar mañana miércoles a las 12.30 una conferencia de prensa.
Esta noche, a partir de las 22hs, habrá un festival artístico en apoyo a los investigadores frente al MinCyt (Godoy Cruz 2300), del que participarán los músicos Hernán “El Cabra” de Vega (de Las Manos de Filippi) y Bruno Arias, entre otros artistas.
El proceso de lucha de los investigadores tiene lugar también en diversos puntos del interior del país, lo que incluyó ocupaciones en Rosario y Mar del Plata.

El derrotero reciente

Durante el día de ayer, la gran movilización de los investigadores, trabajadores estatales (ATE-Conicet), gremiales docentes (AGD-UBA) y estudiantes nucleados en la FUBA, forzaron a que Lino Barañao, el titular de la cartera, recibiera a los manifestantes. Sin embargo, el ministro se negó a pedir una partida presupuestaria extra para garantizar la continuidad de los científicos, y planteó que el destino de los investigadores despedidos se conocería recién en marzo.
Luego de aquella reunión, tuvo lugar una asamblea. La organización Jóvenes Científicos Precarizados planteó, frente a la falta de respuestas, la ocupación del edificio que fue aprobada en la asamblea.
Por su parte, las organizaciones kirchneristas (La Cámpora, Científicos y Universitarios Autoconvocados, Ciencia y Técnica Argentina, la gremial docente Conadu -dirigida por Carlos De Feo-) decidieron retirarse del edificio y convocar una reunión aparte en la Facultad de Medicina para el 21 a la tarde, lejos del MinCyt y el Conicet.
No se trata de una novedad: durante la jornada de lucha del 14 de diciembre, organizaron un acto paralelo a la ocupación del Conicet, con una medida de lucha testimonial (suelta de globos). El abandono del conflicto por parte de tales organizaciones se explica por su fuerte ligazón con las autoridades del Conicet; de hecho, la referente de Ciencia y Técnica Argentina, Dora Barrancos, es a su vez integrante del directorio del organismo. Los sectores ligados a Patria Grande y al ex decano de Sociales Federico Schuster, que plantearon en las asambleas la “unidad” con La Cámpora y compañía, ocultan deliberadamente este abandono.
La lucha de los becarios del Conicet lleva ya más de dos meses de intensa movilización contra el ajuste del gobierno nacional.

Tomás Eps (@tomaseps)

El Bolsón: entregan 850 hectáreas de reserva natural al magnate Joseph Lewis

Lo aprobaron los concejales de Cambiemos y del gobernador.

Con represión policial a vecinos y organizaciones sociales, el concejo deliberante de El Bolsón aprobó el viernes por la mañana el proyecto Laderas, mediante el cual se adjudican 850 hectáreas de una reserva natural al pie del cerro Perito Moreno a una empresa vinculada al magnate británico Josehp Lewis. El loteo persigue el desarrollo de un enorme negociado, un mega emprendimiento inmobiliario para construir una villa turística privada. Las tierras de Pampa Ludden, adquiridas por Lewis a un costo bajísimo, son áreas estratégicas de conservación de biodiversidad, declaradas por la UNESCO Reserva de la Biósfera de la Humanidad.
Laderas es presidida por Maximiliano Mazza, cuñado de Nicolás Van Ditmar, empresario inmobiliario y CEO de la empresa de Lewis. A lo largo de estos años, y con el visto bueno de todo el arco político capitalista, el magnate inglés se ha adueñado de Lago Escondido y de las 14 mil hectáreas que lo rodean.
El apoyo de Macri, Wereltineck y el intendente del Bolsón a esta nueva entrega es total. No podía ser de otra manera, porque hasta el mismo personal del poder político está detrás de este negocio. El intendente Pogliano (PRO), alineado con Wereltineck, es quien maneja la contabilidad de Laderas S.A y Hidden Lake. Los concejales de JSRN (Juntos Somos Río Negro) y la UCR votaron a favor de esta entrega.
Por su parte, el kirchnerismo (FPV) pretende colocarse en el terreno de la oposición y la lucha contra el loteo, pero no puede ocultar los vínculos que ha mantenido todos estos años con el empresario inglés, que desarrolló sus negocios por la zona en plena década kirchnerista, tanto con Laderas S.A como con la firma de un contrato leonino entre YPF y la empresa Petrolera Pampa (que tiene como principal accionista externo a Hidden Lake), para extraer gas mediante fracking en un sector de Vaca Muerta a fines de 2013.
Es necesario defender un planteo independiente frente a quienes depredan los recursos naturales a costa del pueblo de Bolsón y la comarca andina. La asamblea de vecinos tiene el gran desafío de profundizar la lucha. El antecedente de la inmensa pueblada del 2013 que logró frenar el loteo marca el rumbo.
Vamos por la expulsión de Lewis de la Patagonia argentina y por la recuperación de las tierras y recursos naturales con control de los vecinos y las organizaciones sociales.

Mariana Vidal

Rebelión popular en el Bolsón contra la entrega de una reserva natural al magnate Joseph Lewi

Una marcha de seis mil personas repudió la decisión del Consejo Deliberante. Acampe en el acceso al pueblo.

Los pobladores de la localidad rionegrina de El Bolsón protagonizan en estos días una verdadera rebelión popular contra la entrega de 850 hectáreas de una reserva natural de la zona a una empresa vinculada al millonario británico Joseph Lewis.
El proyecto Laderas, que prevé la construcción de un área turística privada en las tierras de Pampa Ludden, fue aprobado el viernes pasado por el Concejo Deliberante de la localidad, con los votos del PRO, la UCR y Juntos Somos Río Negro (del gobernador Alberto Weretilneck). La votación se realizó bajo el signo de la represión a las organizaciones sociales que se manifestaron en contra.
La implicación del poder político con el negociado es total. A tal punto que el intendente Bruno Pogliano, del PRO y alineado con Weretilneck, es quien maneja la contabilidad de las empresas beneficiarias del emprendimiento (Laderas S.A y Hidden Lake). El kirchnerismo, que realiza demagogia contra el negociado, oculta que fue un garante de primera de los negocios de Lewis en la Patagonia.

Pueblada

El Bolsón se encuentra sublevado contra la entrega de este reservorio natural (declarado por la UNESCO Reserva de la Biósfera de la Humanidad) para el lucro capitalista. Ya en 2013, una pueblada había frenado la consumación de este mismo proyecto.
Al día siguiente de la votación consumada con represión, se produjo una movilización de 6000 personas, una de las más grandes de los años recientes. El pueblo se halla en estado de asamblea permanente; se mantiene un acampe en la entrada de la localidad y el repudio contra Pogliano es generalizado.
Las asambleas resolvieron también realizar piquetes en el acceso desde Bariloche a la localidad, en fecha a confirmar, para obligar a los visitantes a tomar el ingreso por Pampa Ludden y conocer la riqueza natural del área que se pretende privatizar.
Los partícipes del movimiento de protesta han recibido apretadas por parte del PRO, y una bandera del acampe fue prendida fuego.
A las 18 horas comenzó una nueva asamblea de los vecinos para definir los pasos a seguir. Está planteado encauzar la indignación generalizada en una gran movilización contra el poder político.

Tomás Eps (@tomaseps)s

La fuga de capitales llegó a U$S 11.966 millones en lo que va del año

Según un informe de Cepa, en 2016 la fuga representa una suba, de alrededor del 84 % en relación con el año anterior.

El Centro de Economía Política Argentina difundió un análisis sobre la fuga de capitales en los primeros once meses de 2016.
La formación de activos externos del Sector Privado No Financiero es una medida que se aproxima a conocer la fuga de capitales. Este valor alcanzó los U$S 11.966 millones en los primeros once meses de 2016, según datos del Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto, entre enero y noviembre de 2015, fue de U$S 6.495 millones, que significa un aumento en 2016, del 84 % en relación con el año anterior.
El estudio muestra que también subió el promedio mensual de fuga de capitales a lo largo de 2016, que llegó a U$S 1.088 millones en comparación con el promedio mensual de U$S 590 millones en 2015.
Cepa estima que la salida de divisas a través del giro de utilidades y dividendos al exterior durante los primeros once meses de 2016 es de U$S 2.696 millones, una suba interanual del 1.028 % comparado con el mismo período de 2015.
El análisis revela que si se considera en conjunto la formación de activos externos y la remisión de utilidades y dividendos, la fuga de capitales bajo estos dos conceptos llega a U$S 14.662 millones entre enero y noviembre de 2016, lo que significa un 40 % de las reservas internacionales y una suba del 118 % en relación con el mismo período del año anterior.
La fuga de capitales no se detuvo este año, sin embargo el gobierno logró hacerse de dólares con el aumento del endeudamiento y el blanqueo.
La deuda pública bruta del Estado llegó a US$ 264.622 millones, según el informe sobre el "Avance Preliminar de la deuda pública al tercer trimestre de 2016" que difundió el Ministerio de Hacienda.
El valor representa al 53 % del PBI y se observa un incremento de U$S 10.633 millones respecto del monto del 31 de diciembre de 2015.
El blanqueo de capitales representó otro ingreso de dólares para el gobierno. Especialistas estiman que el total blanqueado será de U$S 60.000 millones, aunque habrá que ver cuánto efectivamente ingresará a la Argentina.
El informe de Cepa, basado en datos oficiales, es una aproximación de la verdadera fuga de capitales que debe ser superior, porque como explican los especialistas existen varios mecanismos para evadir y eludir.

Redacción LID

“Con lo pactado por la CGT más de un millón de trabajadores pagarán Ganancias”

Los diputados del bloque del Frente de Izquierda – Partido Obrero Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López se refirieron en duros términos al acuerdo de la CGT con el gobierno que sería apoyado por el resto de la oposición.
Pitrola declaró “El alcance de esta entregada de la CGT es enorme: como mínimo, 1,1 millón trabajadores seguirán pagando Ganancias, al igual que centenares de miles de jubilados y monotributistas. El Mínimo no Imponible para un soltero, de $27.941 brutos, implica que quien gane $23.200 en 2017, de bolsillo (libres de descuentos previsionales, sociales y sindicales) pagará Ganancias, cuando la canasta familiar de hoy, según la Universidad de Rosario, supera esa cifra.”
“Hay que aclarar a los trabajadores que las cifras son para todo el año 2017, por lo tanto al salario de hoy hay que sumarle paritarias. Si el porcentaje de paritarias llegará a un modesto 25%, teniendo en cuenta sólo parte de la inflación perdida este año, quien gane hoy $18.500 quedará comprendido el año que viene. Además, la escala que no se actualizaba desde 1999, sube entre un 167% y un 300% en sus montos, cuando la inflación desde aquel momento hasta hoy fue de 1800%.”
“Por otra parte esto quedará establecido por tiempo indeterminado, porque se ha dispuesto una actualización automática con el índice Ripte, dictado por la recaudación y la evolución de los salarios y no por el costo de vida.”
“Para sintetizar, podríamos decir que se hizo la voluntad de Kicillof, que de aquí en más pague como mínimo el 10% de los trabajadores, tal vez más, progresivamente. La burocracia sindical se asoció a la defraudación presidencial de Macri y de Massa, que prometieron lo que no cumplen: terminar con el impuesto al salario.”
Pitrola finalizó “Para nosotros el salario no es ganancia, votaremos en contra de este proyecto entreguista, dictado por las prioridades fiscales de Macri y los gobernadores del ajuste que descargan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Ha triunfado el lobby patronal de AEA, de la Cámara Argentina de la Construcción, de Paolo Rocca y la UIA que se unieron para perpetuar el impuesto al salario, como se han unido alrededor de una ley de desprotección en los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Nuestro proyecto abolicionista en los salarios de convenio, en las jubilaciones y monotributos, será bandera de lucha del movimiento obrero y del clasismo y la izquierda, para que la crisis la paguen los capitalistas, y para luchar por una nueva dirección en el movimiento obrero.” “Esta denuncia y este reclamo sonarán fuerte en la Plaza de Mayo, a los 15 años de la rebelión popular del 2001.”.

PO

Mariano Ferreyra: La prisión domiciliaria de Pedraza se discutirá en Casación

El Tribunal Oral en lo Criminal N°21 hizo lugar al recurso presentado por nuestras abogadas.

Finalmente, el TOC 21 hizo lugar al recurso de casación presentado por la querella del Partido Obrero, representada por las abogadas Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), contra el privilegio de la prisión domiciliaria otorgado a José Pedraza.
Esto significa que nuestra impugnación se discutirá en la Cámara de Casación, que resolverá tras una audiencia oral en la que expongan las partes.
El ex secretario general de la Unión Ferroviaria fue detenido en febrero de 2011 en su vivienda de aquel entonces, un lujoso departamento en Puerto Madero, valuado en un millón de dólares. En 2013, fue condenado a 15 años de prisión en calidad de coautor del homicidio de Mariano Ferreyra y de las tentativas de homicidio contra Elsa Rodríguez y otros compañeros, cometidos el 20 de octubre de 2010.
En febrero de este año, el mismo tribunal que lo condenó –pero compuesto por dos jueces subrogantes y en un fallo dividido– le otorgó el beneficio que ya había rechazado en oportunidades anteriores. Esto fue denunciado por el PO como parte del “toma y daca” del gobierno de Macri con la burocracia sindical. Actualmente, Pedraza se encuentra alojado en una moderna torre, en Palermo Chico.
Redoblaremos la movilización para que Pedraza vuelva a la cárcel común y terminar con la impunidad.

PO

Ingresos populares en deterioro

Continúa la discusión sobre el impuesto a las ganancias, especialmente en lo relativo a la cuarta categoría que recae sobre los trabajadores, mientras la situación económica se deteriora para la mayoría de la población.
Para los sectores más concentrados, el año cierra con un balance positivo, aun cuando siguen demandando al gobierno mejores condiciones de política económica para acrecentar su toma de ganancias.
Según el INDEC, la inflación de la zona metropolitana en el mes de noviembre alcanza una variación de 1,6% con relación al mes anterior, siendo del 1,9% para alimentos y bebidas, el principal rubro de interés para los sectores sociales de menores ingresos.
El titular del INDEC señala que hay que tener paciencia y que no resulta sencillo bajar la inflación, especialmente de alimentos y por ajustes de tarifas de servicios públicos, las que seguirán creciendo en el futuro mediato.
El impuesto a las ganancias se discute políticamente entre el proyecto del gobierno y el de la oposición parlamentaria que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La cuestión pasa por cuanto déficit fiscal puede soportar el Estado y no por criterios de progresividad tributaria y atención de las necesidades sociales. Es una discusión evitada cuando se eliminaron las retenciones a las exportaciones con un efecto fiscal evidente.
Las negociaciones involucran a la cúpula de la CGT y excluye a las otras centrales sindicales, con importantes desconformidades en el campo sindical y entre los trabajadores. Eso explica las próximas medidas de paro declaradas desde los sindicatos del transporte.
Entre la inflación creciente y las quitas por ganancias, los ingresos populares se diluyen y afectan las condiciones materiales para la reproducción de la vida cotidiana. Aun cuando las ganancias afectan a los salarios más altos, establece límites a la mejora de los menores ingresos de una abultada mayoría social.

Elecciones en puerta, tasas internacionales y deuda en alza

Todo remite a la especulación política del año electoral que se avecina y las necesidades de la población se negocian según las cuotas de poder de los involucrados en las idas y vueltas de un acuerdo que no terminará de satisfacer a los principales perjudicados: las/os trabajadoras/es y sus familias.
Resulta imprescindible una discusión a fondo del régimen tributario, que culmine con una reforma impositiva que resuelva progresividad en el ingreso fiscal para el financiamiento del Estado.
Claro que tendrá que acompañarse de otras medidas, porque derivado de políticas externas, el gasto público se expande como consecuencia de la suba de tasas de interés definidas en EEUU.
Especial impacto tiene en el incremento de los pagos exigidos por el elevado endeudamiento público promovido en la Gestión Macri.
A septiembre del 2016 la deuda pública supera los 264.600 millones de dólares; 10.600 millones más que a diciembre del 2015, aun con la merma que supuso la cancelación con acreedores en conflicto. Aun así, todavía existen 8.775 millones de dólares de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda, una rémora del 2001.

El ajuste lo pagan los de abajo

Los ingresos populares bajan por la inflación y no actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales, sino también por mayores compromisos fiscales que afectan el gasto público social.
Con la recesión y la inflación se procesa un ajuste que castiga a la mayoría de la sociedad, al tiempo que se generan condiciones de demanda de las clases dominantes para nuevos y recurrentes ajustes del gasto público, que son acompañados de nuevas adecuaciones del tipo de cambio, que por ahora se expresan en subas del dólar paralelo, como antesala de nuevas devaluaciones.
El año cierra con descontentos variados y una conflictividad diversa, que la iniciativa gubernamental y de la política tradicional ha podido contener en una demanda que venía creciendo por un paro general.
Todas las condiciones sociales, económicas y políticas están dadas para la extensión de ese conflicto social en el marco de los 15 años de la crisis del 2001 que se cumplen el próximo 19 y 20 de diciembre.

Julio C. Gambina

Argentina extractiva: El cambio era la profundización

El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.
Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.
Macri, que llegó al gobierno con las promesas de "cambio", mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz "Pilu" Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).
Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.
A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.
En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.
Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el "uso propio" (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).
En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.
En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que "fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.
El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: "El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso". Afirmó que se busca "garantizar la investigación, tecnología y productividad". El Ministerio remarcó que "desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas".
No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.
En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.
Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria "es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores".
En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de 6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie ("corrimiento de la frontera agropecuaria") implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF --área dedicada a la agricultura campesina e indígena--) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.
"Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena", afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el "el glifosato es como agua con sal" y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: "De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro".
Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). "La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad", señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.
Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).
En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso "debates serios, diálogo" sobre minería y señaló que el problema era la "falta de controles". Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: "Es un lobbista de las mineras".
En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.
El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.
"La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras", resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.
En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.
"Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí", cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: "Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar".
En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: "Muy negativa". Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el "cambio de estrategia" al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, "que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que 'la minería es una actividad productiva'". Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)".
También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.
El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.
El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó "controles" conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.
En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.
La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.
Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.
La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.
El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso "dar vuelta la página" en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.
En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay --CARU--) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que "Gualeguaychú contamina más". Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.
Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido "hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos "utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.
Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: "La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó 'UPM no contamina'”.
Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM, que se tramitaron a través de la Comisión. "Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza", afirmó Rivollier.

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por "el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve".
En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. "La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche", es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.
Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).
"Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social", denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. "El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche", cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.
El gobierno nacional había acusado a los mapuches de "armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras". El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la "usurpación" que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.
"El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo", denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.
Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.
Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una "asamblea de asambleas", finalizó con un documento que invita al optimismo: "Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir".
Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.
Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.
En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.
El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: "Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar". No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Darío Aranda
Fundación Heinrich Böll

Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Macri cumplió un año de gobierno en Argentina

Los datos económicos y sociales del 2016 son claros y manifiestan una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con bajos ingresos hacia un núcleo muy concentrado del poder económico.
Es el resultado buscado, con pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben ingresos fijos, activos y pasivos, trabajadores regulares e irregulares, con o sin seguridad social. En el otro ángulo ganancias acrecidas por efecto de la devaluación, quita o eliminación de retenciones a las exportaciones, cancelaciones de deuda pública y aumento de las tarifas de servicios públicos privatizados.
Son beneficiados de la política económica los grandes productores y exportadores, del agro, la minería y la industria; los acreedores externos, la banca transnacional, la especulación financiera y las transnacionales que dominan la producción y los servicios en la Argentina. Los perjudicados son la inmensa mayoría de la sociedad.
Así se consolida un orden económico sin lugar para el desarrollo de un mercado interno ampliado, con un amplio abanico social condenado a la pobreza y a la subsistencia, incluida la opción que ofrece el delito para la supervivencia, e incluso la incorporación al mercado de consumo.
En este mapa son variadas las economías regionales en problemas, o los sectores económicos sociales pequeños y medianos de la economía que pierden función, textiles, calzado, juguetes, talleres sidero metalúrgicos, entre muchos otros, y que solo sobreviven en la marginalidad y la ilegalidad. La situación irregular de trabajadores y pequeños empresarios se transforma en un hecho estructural.

Déficit fiscal

Todo el combo de política económica derivo en mayor déficit fiscal para el Estado nacional, argumento oficial para incumplir la promesa de campaña electoral de Macri para eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, un sinsentido en sus términos: el salario no es ganancia.
Ante la maniobra de la oposición parlamentaria, que dio media sanción a un proyecto de modificación al impuesto a las ganancias (que no agrada al oficialismo y genera menores ingresos para el Estado) puede el macrismo obstaculizar el proyecto cuando se trate en el Senado, o directamente vetarlo.
Lo real es que bajo cualquier opción, el oficialismo cargará con el costo político del veto o el desfinanciamiento estatal con restricción para la negociación con las provincias, especialmente los gobernadores, también afectados por la disminución de ingresos estatales.
El veto presidencial puede disparar el conflicto sindical, de las organizaciones de mayor convocatoria a la hora de un Paro Nacional.
Hasta ahora, la pulseada con el sindicalismo tradicional la venía ganando el gobierno que postergó vía negociaciones el Paro Nacional, invocado por las CTAs y otras organizaciones sindicales y activos de trabajadoras y trabajadores en conflicto.
Desde el punto de vista económico, el déficit se financia con nuevo y mayor endeudamiento público, lo que augura nuevas crisis de la deuda en el mediano plazo y recrea compromisos de cancelación de intereses y capital a costa de otros rubros de los presupuestos y el gasto público social.
Es un problema agravado con la suba internacional de las tasas de interés y la valorización del dólar, todas consecuencias posteriores a la elección de Donald Trump en EEUU.
Los nuevos tiempos de la política mundial potencian la dependencia del capitalismo local a la lógica de la ganancia que imponen las transnacionales y la política económica de las principales potencias del mundo.

Expectativa por el desembarco de los inversores externos

El 2017, año de renovación parcial del Parlamento se pone en juego la capacidad política del gobierno Macri para hacer posible la finalización del mandato y optar por un nuevo periodo. Se trata de un propósito por el que disputan otros proyectos políticos que se ofrecen como mejores gestores del gobierno de la Argentina.
La clave está en la gestión del conflicto social. Unos en el gobierno esperan contenerlo, aun a costa del mayor gasto público, algo que a los más ortodoxos en el gobierno no les suena nada bien, caso del elenco directivo en el BCRA. Otros, desde la oposición estimulan la amenaza del conflicto y proponen perspectivas de distribución del ingreso de difícil materialización sin cambiar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo.
Macri dijo que iba a cambiar la lógica económica del periodo anterior y solo agravó las consecuencias sociales. Otros reivindican los primeros 4 años de la experiencia kirchnerista e imaginan la posibilidad de un capitalismo nacional con distribución progresiva del ingreso, por lo que no dudan en hacer alianzas con el macrismo o el kirchnerismo, según sean las circunstancias. Con el macrismo para cancelar deuda, por ejemplo, y con el kirchnerismo para modificar el impuesto a las ganancias, in-modificado en los años previos, incluso con mayoría parlamentaria.
No resultará sencillo cumplir con esas aspiraciones de control del conflicto social, ya que el deterioro de los ingresos populares genera descontento, base de la protesta y organización popular. Pero, al mismo tiempo, el imaginario de un capitalismo con mayor distribución del ingreso sosteniendo la primarización exportadora actual confronta con la posibilidad de un capitalismo redistributivo, amén de no conciliar con la lógica de los inversores. Es lo que ocurrió en estos últimos años, con extensión de la producción de soja para la exportación, ídem la minería y los hidrocarburos.

Bajar el costo laboral como propósito

En este sentido, todos, en el gobierno y en la oposición sistémica, aspiran a una recuperación de la economía vía inversiones externas. Por su parte, los inversores exigen cambios en las reglas del juego económico, es decir, seguridad jurídica para sus inversiones. Eso requiere profundizar el cambio regresivo en la relación entre el capital y el trabajo, con mayor precarización y control de la respuesta y el conflicto sindical y social.
Las inversiones no llegaron aun a la Argentina porque se requiere seguridad de recupero de la inversión, con una rentabilidad adecuada a las condiciones de funcionamiento en crisis del sistema mundial del capitalismo. Hay que bajar el costo salarial pregonan.
Argumentan que solo 8 millones de población económicamente activa del sector privado en la producción y los servicios sostienen una política de empleo público, la seguridad social y la previsión que involucra en su conjunto a 20 millones de personas.
Claman por terminar con esa situación, alivianando impuestos al sector privado para hacer atractiva a la Argentina para los inversores.
Por eso, la llave está en la gestión del conflicto para hacer sustentable el orden capitalista. Pero también, el conflicto puede desatar la disputa por otro modelo productivo y de desarrollo modificando la agenda de la discusión, donde ya no talle la ganancia sino la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
Vale discutir quien produce y cómo, pero también cual es la apropiación de ese producto social, cuales son las normas de la organización del trabajo, la extensión de la jornada, los beneficios sociales y la inserción de la economía local en el sistema mundial, empezando por nuevas y fraternales relaciones con los países vecinos, algo que suena contradictorio con las recientes sanciones a Venezuela en el Mercosur.

Julio C. Gambina

Paro del transporte: la burocracia maniobra contra los trabajadores

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó las asambleas en reclamo a modificaciones en el Impuesto a Ganancias, que implicarán una paralización parcial del transporte público para el lunes 19.
El punto fundamental a tener en cuenta es que la burocracia sindical ha abandonado -hasta de palabra- el reclamo de la derogación del impuesto al salario, dado que la CATT reclama simplemente que puedan establecerse deducciones del impuesto, dado que “casi el 60% del sueldo lo tenemos en extras, feriados que tenemos que trabajar y viáticos", como reconoció el líder de la UTA Roberto Fernández, lo que muestra la pulverización de los básicos, la precarización y la superexplotación en el sector.
Tanto ha retrocedido la burocracia que la negociación ya pasó a manos de la CATT, f raccionando más al movimiento obrero.
El gobierno no ha visto las medidas de la CATT con antipatía. De hecho, consideran que Juan Carlos Schmid, jefe de la CATT, es el triunviro de la CGT más próximo a sus posiciones. El gobierno no interpreta las medidas como un ataque sino como parte de la negociación y como un intento de descompresión de Schmid ante sus bases.
En este contexto, constituye un severo error pensar que las asambleas y el paro de la CATT puedan ser el puntapié de un plan de lucha contra el impuesto al salario. El gobierno, la oposición patronal y la burocracia están cocinando un acuerdo contra los trabajadores.
La medida se desarrollará, inclusive, el día de una reunión clave entre el gobierno y la central obrera. La llave del pacto, como han puntualizado diversos editorialistas políticos, se encuentra en la CGT. Se discute un punto de equilibrio entre el mínimo no imponible de 44,000 pesos para casados fijado por el proyecto de Diputados y el de 25,000 establecido por el proyecto original del macrismo.
Cualquiera sea la banda intermedia que se establezca, el acuerdo consagrará que la clase obrera siga afectada por el impuesto al salario, cuyo peso en la recaudación tributaria es cada vez más importante para un fisco que realiza todo tipo de exenciones al gran capital.
¿En qué contexto se inscribe la medida? Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de la oposición de modificaciones en Ganancias, el gobierno se lanzó a febriles negociaciones con los gobernadores y otros sectores políticos que fructificaron en un pacto que suspendió el tratamiento del limitadísimo proyecto de Massa y compañía en el Senado. Digamos de paso que dicho proyecto creaba un mecanismo de compensación a través de impuestos al capital que no se creían siquiera sus propios autores. Que se trataba de una farsa “se delataba en un hecho elemental: sólo unos días antes, los mismos diputados habían levantado la mano para aprobar el Presupuesto 2017 del gobierno, en el que está pautado lo que el Estado recaudará por Ganancias sobre los salarios” (PO 1441).
El eje de intervención ante la situación creada debe pasar por el reclamo de la abolición del impuesto al salario. Es lo que ha planteado la Agrupación Clasista de Trabajadores de la UTA, que en una declaración llama “a reclamar en las asambleas la derogación del impuesto y un plan de lucha nacional. Y al mismo tiempo rechazar el acuerdo salarial de hambre del bono en cuotas firmado a espaldas de las bases”. La Agrupación reclama la reapertura de la paritaria y un aumento de emergencia de 10 mil pesos.
Hagamos carne entre los trabajadores el planteo de abolición del impuesto al salario y el establecimiento del mínimo no imponible en 69,000 pesos, como plantea el proyecto del PO-FIT en la Cámara de Diputados.
El 20 de diciembre, coloquemos la reivindicación “el salario no es ganancia” en la movilización del sindicalismo combativo y la izquierda en Plaza de Mayo a quince años del Argentinazo.

Gustavo Montenegro

Muerte en Brasil: la precarización y el lucro empresario, otra vez detrás de un desastre

El micro que desbarrancó transportaba pasajeros parados y no contaba con cinturones de seguridad.

Estudiantes de seis colegios secundarios de las localidades misioneras de Posadas, Oberá, Puerto Piray y Wanda, viajaban a Camboriu, cuando el ómnibus de la empresa Río Uruguay desbarrancó en la ruta 285, a la altura de Santo Antônio das Missões, en el Estado de Rio Grande do Sul, producto de lo cual murieron tres de los jóvenes. Alrededor de quince pasajeros permanecen internados en estado de gravedad.
Leandro Feldnik, egresado Instituto Mbororé, declaró que cinco pasajeros viajaban de pie, ya que no había disponible asientos, y que en la parte superior del micro las butacas no tenían cinturones de seguridad. El joven también declaró que durante el viaje había cierta preocupación porque el ómnibus iba “muy rápido” en una ruta “llena de pozos”. Nuevamente, la precarización de la seguridad en el transporte en aras del lucro empresario se cobró vidas humanas.
Las víctimas fatales son Rocío Fabiana Martínez y Luana Micaela Centurión, de 18 años, y Agustina Szervaty, estudiante universitaria y una de las coordinadoras de Turismo Tobay Tours (Upgrade Turismo Estudiantil), que subcontrató a la empresa transportista para que realizara el traslado.
El chofer, de 30 años, declaró que la causa del accidente fue una falla mecánica, y que a consecuencia de esto perdió el control del vehículo. La policía brasileña, en cambio, sostiene que el conductor se quedó dormido y lo detuvo por “homicidio culposo”.
El micro partió de Posadas a las 14, presumiblemente para cumplir su recorrido durante la noche y “ahorrarse” los viáticos y alojamiento de los choferes.
En contraste, el propietario de la empresa Río Uruguay, que viajó al lugar del accidente, no está siendo investigado. Por su parte, el gerente de la empresa, Roberto Navas, aseguró que en el ómnibus viajaban 62 pasajeros, acorde a la capacidad del transporte, contradiciendo los testimonios y las pericias.
Los padres denuncian que el micro cambió el recorrido que habían estipulado en el contrato con la empresa; una madre afirmó que este cambio fue "para evadir los controles y los peajes y tomó una ruta llena de camiones, sin banquina, y muy peligrosa” (Télam, 16/12). ¿Pudo haber tomado el conductor una decisión de este tipo por su cuenta, so pena de recibir graves apercibimientos? Los vehículos disponen de GPS tanto para evitar robos como para controlar a los choferes.
Los accidentes recurrentes en los viajes de larga distancia se deben, en primer lugar, a la voracidad del lucro empresarial, en la súper explotación de sus trabajadores –empezando por la falta de descanso de los choferes–, el mal estado de las rutas y el escamoteo de las medidas de seguridad.

Carla Deiana

Santa Cruz: Los Kirchner y las mineras, matrimonio de conveniencia mutua

Los monopolios recibieron 147 millones de dólares en reembolsos por exportar desde puertos santacruceños. Los aportes que hacen a la provincia son administrados por Carlos Zanini.

Las últimas noticias sobre la anulación del reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos puso al descubierto cifras impactantes, que muestran el negociado inmenso que han hecho los Kirchner desde el actual gobierno de Santa Cruz en favor de las multinacionales de la minería.
Es que las mineras se llevaron por este rubro una cifra calculada en 147 millones de dólares a lo largo del año. Recordemos que los reembolsos se reinstalaron en los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner, por medio del decreto 2229/15 de necesidad y urgencia.
Para la minería se trata de un puro regalo, ya que no implica aumento significativo de la actividad portuaria. Las exportaciones de los lingotes de “buillon doré” (aleación de oro y plata) apenas suman algunas toneladas al año. Ahora bien, como los reembolsos se calculan sobre el valor de las exportaciones -y este es altísimo- las mineras se alzan con una ganancia adicional del 9% si exportan por Comodoro y del 11% si lo hacen por Puerto Deseado.
Para la misma época de fines de 2015, la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con el voto de las bancadas del oficialista Frente para la Victoria Santacruceña (FVS) había anulado el canon a la renta minera, que tuvo escasa aplicación y una gran resistencia entre las empresas.
Se comprende entonces que luego de estos “regalos” las corporaciones mineras se sintieran comprometidas a aportar a un fondo fiduciario provincial para obras y equipamiento en salud que vence (oh casualidad) con el final del mandato de Alicia Kirchner.
El aporte está atado al precio de mercado de la onza de oro y en el mejor de los casos alcanza al 2 % de la facturación. En la práctica durante 2016 y de acuerdo a esos precios de mercado, fue del 1 % algunos meses y del 1,5 % en otros, lo que resulta seis ocho y hasta diez veces menos que los beneficios recibidos por la quita de impuestos y la aplicación del reembolso de exportación por puertos patagónicos. Por los beneficios las mineras aumentaron sus ganancias entre el 9 y 11% y aportaron 1 a 1,5%.
¿Quién administra el fondo fiduciario? El Banco Santa Cruz, vale decir el doctor Carlos Zanini y un grupo de ministros. Ese grupo no ha dado a conocer informes públicos de ingresos y egresos, ni tampoco se conoce el funcionamiento de la comisión parlamentaria que debería ejercer el control.
Las empresas se reservan el derecho de deducir otros aportes que pudieran disponer en favor de las comunidades, con lo cual el aporte al famoso fondo fiduciario es el tope absoluto de su “contribución por responsabilidad social empresaria”, como gustan decir los gerentes de las empresas que expolian nuestros recursos.
Macri anuló a pocos días de asumir las retenciones a la exportación (del 5%) que pagaban las corporaciones mineras hasta diciembre de 2015, con lo cual se colocó en la misma vereda que los Kirchner y tardó en cambio un año entero para anular el beneficio escandaloso de los reembolsos por exportaciones en puertos patagónicos, que les había “regalado” Cristina Kirchner y nunca debieron existir para esta actividad.
Ahora los reembolsos han sido derogados por la misma vía: otro decreto de necesidad y urgencia 1199/16. (Párrafo aparte: Ninguno de los dos decretos tienen urgencia alguna más que las necesidades políticas del momento de ambos gobiernos y ese solo hecho debería ser suficiente para impedir esta práctica de pasar por encima del Congreso Nacional)
Una mirada sobre estos números ilustra más que mil discursos el carácter decididamente favorable a las corporaciones del gobierno kirchnerista y también del actual macrista.
Sólo un gobierno de trabajadores va a colocar los recursos mineros y la política impositiva al servicio de las mayorías populares.

Miguel Del Pla

Lucha y secuestros en la Mercedes Benz

El 14 de diciembre de 1976 fueron secuestrados Miguel Grieco, José Vizzini y Alfredo Martín, obreros de la automotriz alemana Mercedes Benz de La Matanza.

La historia de la Mercedes Benz, historia de genocidios

La empresa Mercedes Benz se instala en Argentina en 1951 durante el gobierno de Perón. El presidente de la multinacional alemana era Jorge Antonio, mano derecha del General. Fue enfermero del Colegio Militar hasta 1942 y cuatro años más tarde era designado coordinador del Primer Plan Quinquenal. En 1951, la casa matriz de Mercedes lo designó como presidente de su filial argentina. Pero la suerte de este peronista de pura cepa, no tardó en crecer. Otras grandes industrias germanas como Deutz, Thyssen, Siemens y Krupp requirieron sus servicios.
La automotriz alemana tenía entre su personal jerárquico a miembros del régimen nazi. En una entrevista, el mismo Jorge Antonio no se sonrojó al reconocer que: "a la planta de Mercedes Benz, entró un montón de gente, entre ellos Adolf Eichman".
Este Teniente Coronel de las SS nazis, fue responsable directo del genocidio en Polonia y del transporte de deportados a los campos de concentración alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann escapó a Argentina donde vivió entre 1950 y 1960, hasta que fue descubierto. El no era el único miembro de las SS que "trabajaba" en la planta de Mercedes Benz. "Todo el mundo sabía perfectamente que era Adolf Eichman y figuró en la Mercedes Benz como Adolf Eichman desde 1949 hasta que lo detuvieron, en 1960”, aseguró Antonio. También dijo que el pasado de Eichman era horrible pero “era la guerra y él no hacía más que cumplir órdenes”.
Tantas "coincidencias" en su suerte para los negocios y sus opiniones sobre el genocidio nazi, dejan a la luz que Antonio fue un nexo entre Perón y la gran industria alemana.

Los obreros de Mercedes, organizados y en lucha

El peso de la izquierda se extendía en varias industrias, sobre todo en la automotriz como ocurría en la provincia de Córdoba. Al calor de ese proceso los trabajadores de Mercedes se fueron organizando y formaron una de las primeras listas opositoras a la burocracia del SMATA, dirigida por José Rodríguez.
En 1957 la comisión interna inició un reclamo a la gerencia por la captura de Eichmann. A los pocos meses dentro de la planta se hicieron varias movilizaciones exigiendo mejores condiciones de trabajo.
El año 1970 comienza con lucha. Los trabajadores se suman al paro nacional convocado por la CGT para el 23 de abril contra el gobierno de Onganía y son parte del plan de lucha para enfrentar las suspensiones en la industria automotriz.
Entre el 73 y el 74 empiezan los paros en la planta, en reclamo nuevamente de mejores condiciones laborales. Ese primer año, cuando asume Cámpora, se ocupa la fábrica, en el marco de una oleada de ocupaciones en la Zona Oeste como la del Hospital Posadas, donde se eligieron de forma directa a sus autoridades. En el verano del 74, se realizó una toma de la fábrica que incluyó el secuestro del personal jerárquico en reclamo de la refrigeración en los pabellones ante una ola de calor que hacía inhumano el trabajo en la planta.
Ese mismo año, una lista opositora recupera la comisión interna que en ese momento estaba en manos de la Verde, a lo que la patronal responde despidiendo a la mayoría de sus miembros, en común acuerdo con José Rodríguez, que impugna unos meses después a la nueva interna, y designa una intervención.
Los activistas y miembros de la interna, impugnada participan junto a las principales metalúrgicas de la zona, de la Coordinadora de La Matanza y de las movilizaciones de junio y julio del 75, que dieron a su vez impulso a los trabajadores de la planta para sacarse de encima la intervención.
El reclamo fue el rechazo al descuento de un día de trabajo para la caja del SMATA y la indexación del salario según la inflación. La medida: un paro que duró 22 días.
La masiva asamblea que vota el paro en la puerta de la oficina de la intervención como símbolo del reclamo, tanto a la patronal como a la burocracia, vota también al que será conocido como “Grupo de los 9”, que va a funcionar como comisión interna junto a un cuerpo de delegados por sección, compuesto en total por 60 miembros, con una minoría de militantes de la JTP, del PRT y del PC y una mayoría de independientes. La respuesta de la burocracia a esta organización es una patota armada que intenta copar la asamblea y termina siendo echada a empujones por todos los trabajadores de la planta.
El Ministerio de Trabajo, al mando de Carlos Ruckauf, declaró ilegal la huelga y avaló el despido por parte de la empresa de 117 activistas, entre ellos los integrantes del "Grupo de los 9". Los trabajadores respondieron de forma contundente: “los 4000 adentro, los 4000 afuera” y el conflicto pegó un enorme salto, que implicó la organización solidaria de los vecinos de Cañuelas, a partir de la iniciativa de María Luján, esposa de uno de los despedidos, a través de actos, cierre de negocios en apoyo a la huelga, asambleas, fondo de huelga y recolección de alimentos. También recibieron la solidaridad y donaciones de las internas de las empresas que eran parte de la Coordinadora de Oeste, como Lucas Indiel, Santa Rosa, MAN, Grafa, FAPESA, Jabón Federal, entre otras.
Finalmente, los obreros de Mercedes Benz triunfan. La empresa tiene que reincorporar a todos los despedidos, pagar los salarios durante de los 22 días de conflicto, otorgar un aumento salarial y reconocer a los 9 miembros votados en asamblea como la comisión interna legítima.

Empresa, Estado y burocracia. Un pacto genocida contra los trabajadores

El año 1975 fue emblemático y demuestra que el plan genocida fue preparado con anticipación.
En ese año Mercedes Benz realiza una "donación" de un equipo de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó durante la dictadura la Maternidad Clandestina más grande del país, donde nacieron más de 200 niños/as que aún hoy siguen con su identidad apropiada.
Varios de los directivos de la empresa están denunciados actualmente por delitos de lesa humanidad. El Jefe de Seguridad de Mercedes Benz fue Rubén Lavallen, comisario durante la dictadura de la Brigada de San Justo. Lavallen participó personalmente en la detención de trabajadores de la planta y fue el apropiador de Paula Logares, hoy nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.
En noviembre de ese mismo año, el secretario general del sindicato, José Rodríguez, publica una solicitada donde acusa de “subversivos” a los trabajadores de Mercedes, lo que implicaba en aquel momento condenarlos a muerte. El SMATA recibió por parte de la empresa como devolución a sus favores, el 1% de las ventas a través de un denominado “fondo social”.
José Rodríguez siguió al frente del sindicato hasta abril del 75 y murió impune en 2009. A su responsabilidad en el secuestro y desaparición de trabajadores de su gremio, también fue imputado por administración fraudulenta en la obra social de los mecánicos.
También en 1975, el Estado dejó su marca. Como describe el informe de ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights): “el ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, ordenó por escrito a los responsables de la empresa Mercedes Benz que eliminaran a las fuerzas subversivas existentes en la misma”. La dirección de la empresa también se pronunció, y dejó en claro su predisposición a realizar los esfuerzos necesarios para eliminar los “elementos subversivos de las fábricas”, según el informe que elaboraron sobre el conflicto laboral de 1975 y que envió a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) el 19 de mayo de 1976.

Favor con favor se paga

La dictadura le permitió a Mercedes Benz librarse de la organización de los trabajadores y aumentar en forma descomunal la productividad, de la que tanto se habla últimamente. No sólo eso, se estatizó su deuda de 98 millones de dólares y el ejército pasó a ser su principal cliente.
Durante el Juicio de la Verdad que se realizó contra directivos de la empresa, uno de ellos confesó que la empresa tenía una red de espionaje propia y que entregó nombres y direcciones de la comisión interna, vinculándolos con la subversión. El pez por la boca muere (o mata).
A pesar del genocidio, la resistencia de los trabajadores
Sabotajes, trabajo a desgano, eran las medidas con las que a pesar del terror de la dictadura, resistían los trabajadores. Durante el año 76 y 77 son detenidos 17 obreros y aún hoy 14 de ellos continúan desaparecidos.
La resistencia en la Mercedes existía también en otras fábricas como Ford, en donde los trabajadores les tiraban con tuercas y lo que tenían a su alcance a los militares, que con la venia de la empresa y el SMATA, entraban a los puestos de trabajo para secuestrar a sus compañeros.
La lucha, la organización y la resistencia de miles de trabajadores aún durante un período muy difícil de nuestro país es un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones que ven cada vez más precarizadas sus condiciones de trabajo y de vida. La lucha contra la impunidad tiene que ir de la mano con esa pelea.

Andrea López CeProDH Zona Norte del Gran Buenos Aires