Radiografía del empleo, las suspensiones y los despidos

Cuáles son los sectores más afectados por la caída del empleo, la otra cara de la tregua sindical y el ajuste macrista. Los datos más relevantes del panorama y dinámica laboral.

¿Cuál fue la evolución del empleo en el 2016 y especialmente desde que asumió Cambiemos? “Destrucción de puestos de trabajo” es la respuesta mayoritaria y más evidente. Nada más parecido a la realidad. Ya se calculan en más de 200 mil los despidos y suspensiones realizados durante el año.
Sin embargo, la caída de la actividad económica acumulada que alcanza 2,3% en Agosto no impacta de manera homogénea en el nivel de empleo de todas las ramas de actividad, en el empleo público, en los distintos sectores de trabajadores formales e informales, mujeres y jóvenes. A continuación, un análisis del empleo, las suspensiones y los despidos, otra de las caras del ajuste macrista y la tregua de la burocracia sindical.
Según los registros que lleva la AFIP de trabajadores registrados que surgen de las declaraciones juradas de los empleadores, entre fines de 2015 y el segundo trimestre de 2016 se destruyeron 118 mil puestos de trabajo registrados según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En base a la misma base de datos, el Ministerio de Trabajo señala que entre diciembre de 2015 y julio de 2016 se registraron 48.452 trabajadores asalariados menos.
¿Por qué esa diferencia de destrucción de empleo entre INDEC y Ministerio de Trabajo si la fuente es la misma? Ambas expresan números reales, pero se diferencian basicamente por una cuestión de método. El INDEC brinda datos sobre puestos de trabajo y Trabajo arroja información sobre cantidad de trabajadores registrados (y en forma desestacionalizada), por lo que siempre será un poco más alto el primer dato que el segundo. Pero además, ya hacia finales de gestión del kirchnerismo había comenzado la baja de puestos de trabajo privados, lo que podría también incidir en el diferencial.
¿En qué momento se mostró con más fuerza la caída de empleo? Siguiendo con los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que son más de 6,1 millones en julio de 2016, el mayor impacto se observó en el segundo trimestre de 2016. Especialmente los trabajadores de la construcción (-12,5%), de explotación de minas y canteras (-6,4%), del sector primario (-4,5%) y de la industria manufacturera (-2,1%) son quienes más sufrieron el recorte de puestos laborales, entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo de 2016.
El Índice de Obreros Ocupados que elabora el INDEC muestra efectivamente una reducción de 1,7% interanual en la cantidad de obreros ocupados en la industria manufacturera en el segundo trimestre de 2016. Los empresarios textiles, por ejemplo, aducen que atraviesan una fuerte crisis que justificaría 20 mil despidos en el sector.
Los descensos más pronunciados según el índice del INDEC son: Fabricación de maquinaria y equipo (7,1 %), Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables (5,4 %) y Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (4,9 %). En agosto la construcción mostraría cierto freno a la caída de empleo, pero aún falta mucho para poder hablar de repunte en la actividad.

Para el gobierno, todo está igual

Los datos presentados por el Ministerio de Trabajo resultan a primera vista engañosos en cuanto a que muestran una variación de 0% en la cantidad de trabajadores entre julio de 2016 e igual mes de 2015. Sin embargo, la cartera que conduce Jorge Triaca debió reconocer que la pérdida de puestos laborales de los asalariados privados no se recuperó, sino que es el sector público y los monotributistas los que compensaron dicha caída, lo que da cuenta de importantes problemas en el mercado de trabajo y la actividad económica.
En el caso de los estatales (3,5 millones de trabajadores), se observa una muy importante caída del entre diciembre y mayo de 2016 que barrió con 35 mil trabajadores estatales y luego comenzó a verificar una recuperación, especialmente en el empleo de algunas provincias. En comparación con el año anterior, si entre diciembre de 2014 y junio de 2015, la dotación de personal se había incrementado un 2,2%, entre diciembre de 2015 y junio de 2016 el nivel de empleo cayó un 0,4% en el empleo público total.
Los monotributistas, por su parte, habían mostrado una importante caída hasta abril de este año y luego se recuperaron, lo que da en total un incremento de 27 mil registrados más entre diciembre del año pasado y julio de este año. Este conjunto de “trabajadores independientes” goza en general de más inestabilidad laboral y menores derechos, además en muchos casos de expresar distintas formas de relaciones laborales encubiertas y en otros un “refugio” contra el desempleo.
Si bien no se conocen los datos de evolución del empleo no registrado o “en negro”, esta evolución conjunta de monotributistas y caída del empleo privado asalariado podría estar expresando un pasaje de muchos trabajadores formales al ámbito de la precariedad y la informalidad.
Según el Instituto de Estudios del Consumo Masivo, el empleo no registrado en las PyME creció un 40% durante el primer semestre de este año (Esteban Mercatante, Revista Ideas de Izquierda N°34).
Lo cierto es que el INDEC reconoció que el empleo en negro afecta a uno de cada tres ocupados en el país y la desocupación afecta a casi uno de cada diez trabajadores activos (9,3%) en el segundo semestre del año.
La desocupación golpea con más fuerza a las mujeres jóvenes menores de 29 años alcanzando una tasa del 22,3 % en promedio, pero que trepa al 30,1 % en Río Cuarto, 29,3 % en Rosario, 27,9 % en Mar del Plata, al 26,7 % en Catamarca y al 25,8 % en el GBA. Mientras tanto, un millón de jóvenes no estudia ni trabaja en el país, y casi 700 mil ni siquiera buscan empleo.

De despidos y suspensiones

Una importante aproximación a la magnitud de los despidos puede verificarse en La Izquierda Diario, donde se han registrado numerosos casos de empresarios que han “recortado personal” en lo que va del año, así como los ejemplos de resistencia y lucha por parte de sus trabajadores. Bimbo, Atma, petroleros, neumáticos, entre los más recientes.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el último mes se habría desacelerado la cantidad de despidos desde que comenzó el año, registrando 1554 durante septiembre, mientras que en agosto habrían sido más de 10 mil. Sin embargo, en total entre despidos y suspensiones se acumularon 213.166 durante el año, siendo la construcción la más afectada con casi 60 mil despidos, según el estudio realizado por CEPA.
No obstante, es la industria la que mensualmente viene perdiendo más desde mediados de año. Los despidos y suspensiones fabriles se incrementaron durante el mes de septiembre un 6,50 %, y en la construcción aumentaron sólo un 0,42 %.
El impacto del ajuste capitalista también se ve en las suspensiones, una sigilosa forma de recortar “costos salariales”, que ya se había advertido unos meses atrás a partir de los propios datos del Ministerio de Trabajo.
Así, los empresarios hacen recaer el peso del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores mediante la flexibilización de horas y turnos de trabajo. Evitan así enfrentar otros costos como indemnizaciones, a la espera de un posible repunte en donde ya cuenten con trabajadores con experiencia, pero “disciplinados” hacia la patronal.
Según CEPA, en septiembre por primera vez en el año las suspensiones superaron a los despidos. El 85 % de las suspensiones totales corresponden a sólo cuatro actividades vinculadas con el mercado interno: textiles, alimentos y bebidas, petróleo y automotriz. Se aducen para eso otros mecanismos, como las ya conocidas “vacaciones anticipadas”. El recorte de horas de trabajo en la industria manufacturera, según el INDEC se profundizó en el segundo trimestre un 10,2 % en relación con el trimestre anterior.

No todos son globos amarillos

Los datos difundidos no son más que una “radiografía” que permite reconstruir en números una realidad que enfrentan miles de trabajadores. Los datos oficiales sólo relevan empleo registrado, pero las encuestas del INDEC y los relevamientos privados permiten configurar que los trabajadores no registrados están en peores condiciones. No sólo están atravesando un mayor impacto de destrucción de puestos de trabajo, sino que estaría incrementándose la incidencia de la informalidad como recurso empresario ante la caída de la actividad económica, además del recorte de horas de trabajo y suspensiones.
El ajuste impulsado por el gobierno nacional, la negación a tomar medidas urgentes contra los despidos (como el veto a la ley antidespidos), las políticas de beneficio al arco empresarial y la “tregua” con las burocracias sindicales que no organizan un solo paro frente al deterioro laboral y salarial, retratan el paisaje de este año, pero no explican el todo.
Algunas tendencias recientes podrían corresponder a factores estructurales, como por ejemplo, la escasa creación de empleo asalariado y la proliferación de trabajadores “independientes”. Entre enero de 2012 y julio de 2016 el primero explicó sólo el 4% del crecimiento del empleo, y los monotributistas casi el 50%. Así también, el reemplazo de empleo privado por empleo público como acolchonador de conflictos sociales y, especialmente, las condiciones de deterioro económico en que vive día a día la clase trabajadora.
Una incidencia de pobreza del 32,2% no es sólo un producto espontáneo del ajuste macrista, sino también de los límites del capitalismo argentino durante la “década ganada” para resolver las grandes problemáticas estructurales.

Lucía Ruiz
Economista

El salario del trabajador y la dieta de los diputados

Según el Indec, la mitad de los trabajadores gana menos de 8.000 pesos, la tercera parte de una canasta familiar. El promedio salarial nacional es de 10.771 pesos, menos de la mitad del costo de la canasta, mientras la línea de pobreza se ubica, según el mismo Indec, en 12.489 pesos.
“El contraste con la dieta de los diputados nacionales, que representan a ese pueblo, no puede ser mayor. Con actualizaciones en los gastos de representación de 10.000 a 20.000 pesos y la actualización de pasajes que pueden o no usarse de 690 a 1.500 pesos cada uno, el incremento total de la dieta para un diputado que cobra desarraigo (18.000 pesos) es de 147.000 pesos, dieciocho veces más que el salario tope de la mitad de los argentinos” declaró Néstor Pitrola, diputado del Bloque FIT - Partido Obrero (que también integran Pablo López y Soledad Sosa).
El Partido Obrero, como parte del Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, tiene presentado un proyecto en el Congreso y en todas las legislaturas del país, para que la dieta de un diputado o senador sea equivalente a cuatro salarios mínimos, hoy en 7.560 pesos.

Prensa Obrera

La Asamblea Constituyente del 57 y el Artículo 14 bis

Asamblea Constituyente de 1957. A la derecha el socialista Alfredo Palacios

El 25 de octubre de 1957 se sancionaba el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y tiene su historia.

Situación política, ecónomica y social hacia 1957

Pasados dos años del golpe del 55, la situación de los partidos políticos, mostraba al peronismo prohibido, proscrito y reprimido, con muchos de sus dirigentes y militantes presos o en el exilio. Dentro del radicalismo, la unidad ideológica no era demasiado sólida, lo que llevaría a la fractura, dividiéndose en la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP).

El golpe de Estado de 1955

Por el Decreto 3.838, del 12 de abril de 1957, el gobierno dictatorial de la autodenominada Revolución Libertadora declaró necesario considerar la reforma parcial de la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Para tal fin, se llamó a elecciones de representantes para una Convención Constituyente, conforme al sistema electoral de representación proporcional.
El Interventor de la CGT, Capitán de Navío Alberto Patrón Laplacette dirigió el 1º de mayo en 1956 un mensaje radial para todo el país, en el cual fijó los objetivos de los golpistas frente al mundo sindical, afirmando que “Todos sabemos por qué fue intervenida la CGT. Triunfante la Revolución que por ser pura, tal vez demasiado ingenua, los dirigentes sindicales que medraron al amparo del régimen depuesto, esos dirigentes, llenos de culpas y de dinero mal habido, arrastran a sus compañeros a una huelga general política. Esa huelga que nació muerta, que no tuvo calor popular, que podía haber perturbado aún más la marcha del país, ya exhausto por diez años de saqueos, originó, como digo, la intervención de la central obrera y sus organismos”. Después de destacar el apoyo de las FF.AA a “la acción de los trabajadores”, manifestó “que no se interprete torcidamente, no se ha pretendido suplantar a los trabajadores de las direcciones de sus organizaciones, pero entiéndase bien: a los trabajadores. Hemos sustituido sí a quienes titulándose trabajadores, los vendían ignominiosamente”.
Luego expresó: “De esta experiencia los gremios saldrán renovados, con nueva vida, difundidas, con un nuevo espíritu: trabajar por sus derechos y conquistas sindicales, sin intervenir en la política y sin sometimiento de ninguna especie de ningún partido y menos aún de ningún hombre. Los trabajadores deben saber elegir bien por la experiencia y por la libertad de que gozan, porque no tendrán ambiciones políticas ni estarán atados al carro de ningún tirano. Además, en las próximas elecciones en los sindicatos sabrán elegir bien, porque se cuidaran de los comunistas como siempre lo han hecho. Los comunistas no construyen, destruyen. Felizmente son pocos, pero desgraciadamente están organizados. Ellos hacen huelgas con cualquier motivo, no tienen problemas, sus salarios perdidos le son abonados y no precisamente por los patrones. A esa gente que no cree en el país, que basa sus inspiraciones en regímenes extraños, repudiados por todos los hombres libres, no hay que seguirlos”.
Fueron varias las medidas adoptadas por los trabajadores contra los atropellos y la mano dura de las patronales, como el boicot, trabajo a desgano, sabotajes, incluso la huelga. De las fábricas a los barrios obreros, se fue extendiendo una red de solidaridades anónimas, ayudando y colaborando con los cientos de detenidos y perseguidos.
Las comisiones internas fueron las más agredidas, pero fueron reemplazadas y desde la clandestinidad tomaron en sus manos las respuestas obreras.
Las luchas salariales de fines de 1956 ayudaron a consolidar el movimiento de oposición. Se fueron dando paros de los trabajadores de los gremios metalúrgicos, construcción, calzados, gráficos, textiles, carne. Por otra parte, surgieron diferencias y oposiciones entre viejos y nuevos líderes sindicales. Entre estos últimos estaban Vandor, Gazzera, Olmos.
A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes. Desde enero, 3000 obreros y obreras de la empresa Philips durante varias jornadas reclamaron el reconocimiento de los delegados y la comisión interna. Se sumaron al conflicto los obreros de Siam, Piazza, Siambreta.
Las luchas se extendieron a los obreros de la construcción de Mar del Plata, al frigorífico La Negra, del caucho, textiles, bancarios que reclamaban el reconocimiento de sus representantes, levantamiento de las intervenciones y aumentos salariales. Los bancarios lograron una “ayuda de emergencia” de $400 mensuales para el periodo de diciembre de 1955 a febrero de 1956. Además el gobierno, a mediados de febrero, decretó un sueldo mínimo de $1120 y un aumento del 10% sobre los sueldos que excedieran el mínimo.
Para finales de marzo, los golpistas decretaron que habría elecciones de delegados a las comisiones paritarias para discutir los convenios colectivos de trabajo, que se realizarían bajo el control de las intervenciones militares. El decreto encerraba una serie de medidas discriminatorias, de exclusiones, tramposas, carentes de elementales normas de democracia. Entre las instrucciones del interventor de la CGT podemos mencionar que no podían ser electos los obreros menores de 25 años, ni los extranjeros, y tampoco los que estaban “comprendidos en las inhabilitaciones para ejercer la representatividad gremial”, los peronistas y comunistas. Por esos motivos los comicios estuvieron viciados de una serie de irregularidades, lo mismo sucedió con las comisiones paritarias en las discusiones de los respectivos convenios.
El presidente provisional en su discurso del 1º de Mayo anunció que en un lapso de 150 días todo quedaría normalizado, pero pasaron luego varios meses antes de que se concretaran. Posteriormente las elecciones se realizaron con una serie de irregularidades.
Durante los últimos tres meses del año volvieron con intensidad los conflictos. A fines de octubre, el gremio textil realizó un paro de 24 horas, que obligó al Ministerio de Trabajo a convocar al Comité de Huelga, y posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas. En noviembre se sumaron los bancarios y los telefónicos por salarios, siendo intervenido el sindicato. Finalmente lo hicieron los trabajadores ferroviarios, construcción, transporte automotor, del tabaco, de la carne, gráficos, metalúrgicos.
Todas esas luchas dejaron una gran experiencia en el movimiento obrero, a pesar de las modestas conquistas logradas.
Un sector del movimiento obrero, a comienzos de 1957, creó la “Comisión Intersindical de Gremios Normalizados”, que decidió para el 1º de mayo realizar en todo el país actos públicos. En Rosario, la asamblea sindical se hizo bajo el lema “Por una Central Única, la CGT, y su inmediata entrega a los trabajadores”, con estos reclamos: “Por la defensa y autonomía de las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo, Por un solo sindicato por industria, Contra la carestía de la vida, Por la fijación de precios máximos, Por el salario vital, mínimo y móvil, Por la inmediata libertad de todos los presos gremiales sin causas ni procesos, Por la derogación de la Ley de Residencia 4144, Por el levantamiento del estado de sitio, Por la derogación de los decretos de prórroga de los convenios y pago de la retroactividad, Por el levantamiento de las inhibiciones, Por la derogación de todos los decretos represivos”.
Un Plenario Nacional de la Comisión Intersindical convoca a un paro general para el 12 de julio, que fue todo un éxito, y obligó al gobierno provisional a liberar a la mayoría de los presos gremiales y políticos, levantar el estado de sitio y conceder algunas mejoras, como el salario familiar.
Para esa época, existían cuatro agrupamientos obreros, la CGT Única Intransigente, el Comando Sindical, la CGT Negra, y la CGT. En julio se unificaron en la CGT Auténtica, cuyo secretario general fue Andrés Framini.
Luego de las elecciones de convencionales para reformar la constitución del 53, la disputa pasó al plano sindical. El 1° de septiembre de 1957, el diario La Prensa tituló “Estallaron bombas en varios sitios de esta ciudad”, informando que los hechos habían sucedido en los baños de los cines Metropolitan, Sarmiento y Luxor, en un subte de la línea B cuando salía de la estación Carlos Pellegrini, en vías del Ferrocarril Mitre entre las calles Cramer y Arredondo, interrumpiendo el servicio, y en un subte al llegar a la estación Río de Janeiro. En ninguno de los casos se informaron sobre víctimas.
Durante la campaña electoral, la UCRP puntualizo especialmente que “la UCR, era la de siempre, la de Alem e Yrigoyen, donde militan hombres como Balbín, Zavala Ortiz, Larralde, Sabattini” y sostenía los siguientes principios: Libertad Sindical, Reforma Agraria, para que el Agricultor sea Dueño de la Tierra, Defensa de la Libertad y Seguridad del Trabajador Argentino, Derecho de Huelga, Código Nacional del Trabajo, Limitación de las facultades del Presidente de la República, Defensa de YPF y del Petróleo Argentino.
Las elecciones se realizaron el último domingo de julio de 1957. Con el peronismo proscrito, éste votó en blanco.

EN BLANCO 2.1115.861VOTOS
UCR DEL PUEBLO 2.106.524 VOTOS
UCR INTRANSIGENTE 1.847.603 VOTOS
SOCIALISTAS 525.721 VOTOS
DEMOCRISTIANOS 420.606 VOTOS
PARTIDOS DE CENTRO 47.695 VOTOS
DEMÓCRATAS 269.089 VOTOS
DEMÓCRATAS PROGRESISTAS 263.915 VOTOS
COMUNISTAS 228.451 VOTOS

A pesar de este resultado, por la aplicación del sistema D` Hont, de representación proporcional, la UCRP obtuvo 75 bancas en la convención y la UCRI 77. Por el rechazo de la reforma estaban la UCRI, Unión Federal y el Partido Laborista: 80 convencionales, en favor los demás partidos: 123 delegados.
El Partido Comunista obtuvo tres bancas, que fueron ocupadas por Rodolfo Ghioldi, Pedro Tadioli e Irma Othar.
Al comenzar las sesiones plantearon la nulidad de la Convención, por parte de la UCRI lo hicieron Oscar Alende, Oscar López Serrot, pero también lo hicieron otras fuerzas como el Partido Laborista -Cipriano Reyes, Ricardo Ovando-, el Partido de los Trabajadores: Juan C. Deghi y la Unión Federal: Enrique Ariotti.
Básicamente se denunciaba al gobierno de facto sin facultades para derogar una Constitución, declarar la necesidad de la reforma constitucional e impedir la participación del peronismo. Denunciaron que el verdadero objetivo de la Convención era convalidar el retorno a la Constitución de 1853 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución de 1949.
La UCRP, el Partido Socialista (Alfredo Palacios, Nicolás Repeto, Américo Ghioldi, Teodoro Bronzini), el Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano y los Conservadores (Luis M. Otero Monsegur, y Emilio Hardoy), votaron a favor de la legalidad de la Convención Constituyente.
Pero además, aún dentro de la UCRP existían divisiones: Por un lado, los unionistas, liderados por Miguel Ángel Zavala Ortiz, máximo favorito de los fusiladores para la sucesión de Aramburu, luego fue canciller de Illia, y donde militaban Perette, Sammartino –aquel del aluvión zoológico-, Tamborini, Mosca, Mor Roig; por otro, los sabbatinistas, conducidos por el cordobés Amadeo Sabattini, representaban el residual sector de centroizquierda nacional y popular del partido –un poco herederos del yrigoyenismo, no tan lejanos a Perón, Sabattini hasta recibió la propuesta de ser vice en 1946-; y, por último, el sector de Balbín, con una postura intermedia entre ambos, abiertamente antiperonistas como los unionistas, pero no del todo renuentes al legado social del texto de 1949.
En esas circunstancias las 62 Organizaciones, resolvieron un paro general de 48 hs para los días 22 y 23 de octubre. El ejército rodeo las fábricas y patrullo las calles, los soldados fueron instruidos en el manejo de los tranvías, y se intervinieron el Sindicato Gastronómico de la Capital Federal, la Unión Tranviarios Automotor, ATE, y la Federación Aceitera, y varios sindicatos fueron allanados. Profusos carteles murales y una campaña por radio y TV pretendieron tergiversar los motivos de la huelga y difamar a sus dirigentes. El paro fue total.
Después del paro, las 62 Organizaciones emitieron una declaración en la que señalaron el éxito del paro, denunciaron la responsabilidad del gobierno por su negativa a satisfacer los reclamos obreros, se pronunciaron contra todo nuevo golpe de Estado y reiteraron el petitorio que motivo la lucha: 1) aumento general de emergencia para hacer frente a la carestía de la vida; 2)libertad inmediata de todos los presos gremiales y levantamiento del estado de sitio; 3) derogación de los decretos 824 y 10.596, de prórroga de los convenios y reglamentación de huelgas, más los siete decretos de “incentivación de trabajo” que anulan las conquistas obreras; 4)solución de los conflictos de los gremios de telefónicos, telegrafistas y vestido; 5) reanudación del congreso de la CGT.

Se sanciona el artículo 14 bis

Tras el retiro de la Constituyente de los diputados de la UCRI, se hizo difícil mantener el quórum. Crisólogo Llarralde, entonces presidente de la UCRP, debió realizar más de un viaje a Santa Fe para lograr que al menos se votase el Artículo 14 bis.
En la elaboración de dicho artículo, tuvo un papel destacado el convencional entrerriano Luis María Jaureguiberry, de la UCRP, quien en el debate definió la iniciativa como una transacción de contenido histórico entre los que querían mantener la intangibilidad de la Carta Magna del ‘53 en su redacción y los que deseábamos colocarnos en nuevos tiempos para no marchar a la zaga en principios de avanzada social.
El Artículo 14 bis, contiene tres tipos de derechos. En el primer párrafo, contiene los derechos personales del trabajador en relación de dependencia; en el segundo, reconoce los derechos colectivos del trabajo, propios de las asociaciones gremiales y, finalmente, otorga los derechos de la seguridad social atribuidos a la persona, sean trabajadores en relación de dependencia o no, y a la familia.
Plantea que: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
“Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
El Dr. Horacio Zamboni, dijo en el 2010, en su discurso en el Primer Plenario de Delegados de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, sobre uno de los puntos fundamentales de dicho artículo “¿En qué consiste el Salario Mínimo Vital y Móvil, y desde cuándo se plantea? Se lo hace desde el siglo XIX, y como una defensa sobre todo, y esto lo sigue siendo hoy, para los trabajadores que no están sindicalizados. Porque no tienen modo de defenderse. Entonces, la Ley dice, que independientemente de lo que pacten los contratos individuales, las relaciones de dependencia, porque vamos a ser claros compañeros, en medio del campo el peón no está en condiciones de discutir con el patrón, y decirle “quiero 5 pesos más”. Lo manda a la calle con la familia”.
“Entonces, esta Ley, que no se establece por primera vez acá, sino en Australia, a fines del siglo XIX, por razones distintas, porque en el campo no pagaban los salarios, entonces nadie se iba al campo, y el gobierno lo estable-ció”.
“El Salario Mínimo Vital, lo de Móvil viene después con la inflación, cuando pierde valor la moneda. Vamos a tener que ver esto, porque hay un proceso inflacionario, tenemos que discutir si este proceso va a ser hiper-inflacionario, si la inflación va a ser muy grande. El convenio colectivo vigente tiene la Comisión Salarial Permanente para este tipo de casos. Y alguna vez se han reajustado cuando los salarios eran, lamentablemente, muy bajos”.
¿Cómo define el Decreto 33.302 de 1945 el Salario Mínimo Vital? “Salario vital mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones".
“Esto debe ser estimado por un sistema que fija el Decreto. Y acá la realidad fue más rica que esta reivindicación que es anterior al peronismo, pero que se concreta en el programa político del peronismo, en el ‘45 y en el ‘46. Aunque ya dije, en el sindicalismo el Salario Mínimo Vital se reclama desde el siglo XIX. ¿Cómo se determina esto? Se determina por un Consejo que crea el propio Decreto, que además es zonal, porque el costo de vida es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo Capital Federal, Formosa, el Chaco, o las zonas del sur. Se define que debe cubrir todo eso. En vez, en Argentina cuando se ha sometido a la negociación salarial, terminó violando sistemáticamente este principio, que está consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución, sobre todo a partir del ‘76 y durante la era menemista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impuso? Se impuso la teoría contraria a esto, la teoría primitiva, del capitalismo primitivo, la del patrón de estancia, la del dueño de las fábricas, la de la omnipotencia del capital, “el salario lo fijo yo y el mercado, voz trabajás por tanto, si no te gusta te vas”.
“Esta fue, más o menos, la realidad del trabajador individual y de las organizaciones sindicales. Que sea que estaba prohibido por los militares, o que sea que estuvieran acosados por el proceso de precarización laboral, que alcanza su punto máximo con el menemismo. Las organizaciones sindicales tienen el derecho a la negociación colectiva, pero no sacan nada, no pueden sacar nada, no van a la huelga porque están asustados, pero también hay que decirlo, en algunos casos las direcciones sindicales traicionaron a las bases. Porque iban y firmaban salarios a la baja.
Porque iban y firmaban negociando, por ejemplo, que la hora de trabajo se componga, me acuerdo de los mineros, cuando llegan a la boca de la mina, y no en la hora de ingreso al establecimiento, con lo cual se comían dos horas de salario. Tiempo trans-currido, viajando en el camión para llegar a la mina”.
“En esta situación este principio y esta política se olvidó. Los convenios no lograban mantener, porque, recordemos compañeros, que desde el Golpe Militar hasta hace muy poco tiempo, el nivel del salario real cayó en más de 50 %. Los trabajadores pasaron a ganar, la mitad de sus salarios. Y en algunos casos, y estamos hablando de trabajadores formales, mucho más. Con lo cual, dicho sea de paso, se achicó el mercado interno, cayó la industria, con lo cual se produjo un espiral hacia abajo, como dicen los economistas, en vez de una espiral hacia arriba”.
Por su parte el Dr. Matías Cremonte, explicó sobre el derecho de huelga que está en el Artículo 14 bis “El antecedente había sido la Constitución peronista de 1949, que fue totalmente distinta y cambió de paradigma incorporando derechos sociales, pero de la huelga no decía nada. El redactor y autor intelectual de 1949 fue el constitucionalista Arturo Sampay y argumentaba que no estaba porque la consideraba un hecho, una libertad natural que tienen los trabajadores”.
Afirma además que en su segundo párrafo queda garantizado a los gremios el derecho de huelga. “Si uno se pregunta qué quiso decir con gremio y por qué no dijo sindicato, u organización sindical, hay que recordar que no son sinónimos. En los debates de la Convención Constituyente se dieron discusiones muy interesantes, donde se explicaba que es un derecho de los gremios y que se entiende al gremio como el colectivo que corresponde a una misma actividad o profesión u oficio, es el género. El sindicato es la especie, la asociación que deciden, o no, formar voluntariamente los trabajadores de ese gremio”.
Finalmente, la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) menciona a la huelga como derecho de los sindicatos, pero de ninguna manera se puede interpretar como derecho exclusivo de los sindicatos. Es decir, indudablemente los sindicatos pueden convocar a medidas de fuerza, pero los trabajadores sin el sindicato, también.

Leónidas Ceruti
Historiador

El último Batlle

Jorge Batlle fue quien encabezó un giro anti-estatista (o “neoliberal”) dentro del Partido Colorado y el Batllismo. Su padre en la década del ‘50, y su abuelo en las primeras décadas del siglo XX, condujeron distintas experiencias de tipo nacionalista –aplicando políticas proteccionistas y estatizantes.
José Batlle y Ordoñez fue el que puso en pie las principales empresas públicas. Frente al raquitismo de la burguesía industrial, Batlle disputaba la renta nacional al capital financiero a través de las empresas estatales. Era un período en que Inglaterra iba cediendo su dominio a los EE.UU. en la zona –y en el plano internacional. La crisis del ‘29 le puso fin a este ciclo político, lo que se expresó en el golpe de Estado del “batllista” Gabriel Terra (1933). Luis Batlle Berres (sobrino del anterior presidente, y padre de Jorge) encabezó el llamado “neo-batllismo” en la segunda posguerra. Debió enfrentar la oposición de sus primos –hijos del antiguo líder colorado, y directores del diario El Día fundado por Batlle y Ordoñez. Esta nueva tentativa de industrialización con las muletas estatales condujo a un nuevo fracaso a fines de la década de 1950.
Tras la muerte de Batlle Berres, su hijo Jorge encabezó a la “lista 15” de su padre. Había sido la lista más “progresista” dentro del partido Colorado. Jorge Batlle condujo un viraje muy marcado en favor del capital financiero internacional.
En 1966 fue electo el general Gestido (colorado) que chocó contra el FMI. Jorge Batlle –fuera del gobierno— jugaba a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario. Era un período de aguda crisis económica y bancaria. Gestido finalmente capitulará frente al FMI, y luego de su muerte será sustituido por su vice Pacheco Areco. Jorge Batlle integrará el gobierno derechista de Pacheco, que enfrentará brutalmente las luchas obreras y estudiantiles, en un contexto en que la burguesía uruguaya vio en riesgo su dominación ante la agudización de la lucha de clases. En esa época se asesinó a estudiantes en manifestaciones, se militarizó a los bancarios y los trabajadores de la energía (UTE) –encarcelando a sus dirigentes– y se gobernó sistemáticamente bajo “medidas prontas de seguridad” (Estado de sitio, suspensión de las garantías constitucionales). La lista 15 estuvo todo el tiempo aliada a Pacheco, que además arrasaba con la autonomía de la educación –Sanguinetti, en ese entonces ministro por la lista 15, fue el creador de la reaccionaria ley de enseñanza.
En esos años, Batlle fue denunciado de diversos ilícitos económicos. En particular se lo acusó de la famosa “infidencia”, que consistió en aprovecharse de una inminente devaluación del peso (del 100%) que conoció por integrar el gobierno.
Con la elección de Bordaberry en 1971, la lista 15 mantuvo presencia en el gabinete de un gobierno que militarizaba cada vez más al régimen político –votación de la Ley de Seguridad y del Estado de Guerra Interno, que atacaban al movimiento obrero y a la izquierda de conjunto, con el pretexto de combatir la “subversión” tupamara. Las disputas internas en el seno de las FF.AA. condujeron a que en 1972 Jorge Batlle fuera detenido ilegalmente en un cuartel, para ser investigado de “ilícitos ecónomicos” por una fracción del ejército, al mismo tiempo que la lista 15 mantenía ministros en el gabinente. Las tratativas entre fracciones militares y el MLN-Tupamaros había conducido a una tregua e incluso a una connivencia en fracciones de ambos bandos. Ante la detención de Batlle, los ministros de la 15 (como Sanguinetti) se retiran del gobierno. Batlle será liberado poco después, y tras diversas crisis entre el ejército y el presidente Bordabery el proceso culminará en un acuerdo que condujo al golpe de junio de 1973. La lista 15 se declaró en contra del golpe y Batlle será proscripto durante la dictadura militar. La realidad es que la burguesía se había alineado masivamente con el golpismo, dado que el régimen de los partidos “tradicionales” ya no daba garantías a su dominación. La dictadura militar permitió una caída del 50% del salario real, gracias a la prohibición de los sindicatos (decenas de miles de sindicalistas y militantes de izquierda pasaron por las brutales cárceles de la dictadura).
Batlle fue opositor a la dictadura, y siguió proscripto incluso en las elecciones de 1984, por lo que el pacto del Club Naval –firmado por colorados y frenteamplistas con los mandos militares– condujo al gobierno de Sanguinetti (aún de la lista 15 en esa época). En este período se producirá un distanciamiento entre el líder de la 15 –impulsor furibundo de las privatizaciones y la completa entrega al capital financiero– y el sanguinettismo que ponía ciertas limitaciones a este proceso, en representación de la burguesía industrial, que temía desaparecer con el planteo radicalmente “neoliberal” de Batlle.
Jorge Batlle y Luis Lacalle Herrera fueron los abanderados uruguayos de la liquidación de las empresas públicas –al estilo de Menem en la Argentina– aunque no pudieron completar su programa político. En 1992, bajo la presidencia de Lacalle (aliado a Batlle), un frente de hecho entre el Frente Amplio y el sanguinettismo le puso un freno al planteo privatizador “radical”, derrotándolos en un referéndum. Los opositores defendían un camino de privatizaciones “parciales”, manteniendo por ejemplo el monopolio estatal en la telefonía básica y otras áreas “estratégicas”. De hecho, en 1995 Sanguinetti volverá a la presidencia y aprobará una reforma de la seguridad social que establece un régimen “mixto” –semi estatal y semi privado.
Batlle, tras varias décadas y cinco intentos fallidos, llegará a la presidencia en 1999 –tras vencer en un balotaje a Tabaré Vázquez– precisamente cuando se desataba una nueva crisis económica. La devaluación brasileña en 1998, y la quiebra de la “convertibilidad” argentina en 2001, fueron dos expresiones de esa crisis, que tuvo su momento más agudo en Uruguay en la corrida bancaria de 2002. En apenas unos meses, el 55% de los depósitos bancarios se retiró de los bancos, provocando la quiebra de varios bancos, y un “corralito” parcial. No se trataba de una crisis apenas “importada”. La plaza financiera montevideana estaba asociada hacía tiempo a los capitales argentinos, que lavaban dinero y evadían impuestos utilizando los bancos uruguayos. Este entrelazamiento había sido promovido por los gobiernos blancos y colorados, en los cuales la Asociación de Bancos tenía una gran influencia.
El momento más recordado de su gobierno fue cuando lloró ante cámaras en la Casa Rosada, luego de pedir perdón a Duhalde por declarar que “los argentinos son todos unos ladrones del primero hasta el último”.
Batlle logró remontar la situación con el auxilio de un préstamo enviado por el propio Bush (el FMI era reacio a este rescate). A nivel internacional, en 2002 comenzó una relativa reactivación, lo cual también ayudará a la “salida” a esta crisis. El que no saldrá de la misma, sin embargo, fue el Partido Colorado. En las elecciones de 2004 triunfó el Frente Amplio, y los colorados quedaron en tercer lugar. Y la caída se ha profundizado con posterioridad. En la actualidad, ronda el 8% de la intención de voto, según las encuestas. Batlle queda así asociado al hundimiento de un partido que llegó a estar asociado al propio Estado uruguayo –en 1958, cuando su padre fue derrotado en las elecciones por el Partido Nacional, los colorados llevaban 94 años de gobierno ininterrumpido.
El dirigente del Frente Amplio Danilo Astori, vicepresidente en 2005 y ministro de Economía desde 2010, ha elogiado públicamente la “salida uruguaya” impulsada por Batlle, que implicó –rechazando el ‘default’ que impulsaba el FMI– “un camino que garantizara ser un deudor serio”. Marcando la continuidad con aquella política, Astori llegó a afirmar que “si Uruguay está teniendo buenos resultados económicos, en gran parte se debe al camino que se eligió” (la diaria, 2/9/11). La realidad es que la deuda externa, que tanto Batlle como Vázquez y Mujica honraron, sigue siendo una hipoteca monumental sobre la economía nacional.
Jorge Batlle no es sólo el último de una estirpe, como dice la prensa. También es la expresión del fracaso del nacionalismo y el estatismo que expresó en Uruguay el batllismo, es decir, de las tentativas de la burguesía nacional para industrializar a nuestros países con el subsidio y el apoyo del Estado. Jorge Batlle tempranamente le dio la espalda a ese planteamiento, e intentó llevar a fondo la orientación opuesta (apertura económica total, acuerdos comerciales con el imperialismo, privatización de las empresas públicas y de las jubilaciones). La vía “neoliberal” fracasó en forma tanto o más estrepitosa. América Latina tiene salida únicamente a través de una reorganización social, expropiando al latifundio, nacionalizando la tierra y los recursos naturales, estableciendo una federación de repúblicas obreras y campesinas.

Rafael Fernández

Lanata y Clarín contra la docencia

En su editorial del sábado, Jorge Lanata calificó de patéticos a los docentes. Aquí una primera respuesta.

El sábado pasado, desde las páginas del diario con mayor tirada del país, Jorge Lanata se despachó contra la docencia y la educación pública. Bajo el título “’No al Operativo Aprender’: los maestros contra los exámenes” desarrolló toda una serie de calumnias que nos proponemos desarmar.
En primer lugar, intentó asociar el masivo rechazo al operativo con estar en contra de todo tipo de evaluación. Para eso citó un volante titulado “No al Operativo Aprender” que señalaba “Si sos alumno, no tenés obligación de rendir”. Acto seguido señalaba, “Entre patético y gracioso: no aprender, podría resumirse. Vivo en un país donde los maestros están en contra de los exámenes”.
Parece mentira que haya que explicarle al columnista de Clarín que estar en contra de los exámenes de un operativo no significa rechazar todo tipo de evaluación. Los docentes evaluamos a diario, no sólo los procesos de aprendizajes de nuestros estudiantes, sino también nuestras propias prácticas. A partir de eso, tomamos decisiones para mejorar nuestras propuestas educativas.
No cuestionamos la necesidad de obtener información, sino quién, cómo y con qué objetivos desarrolla la evaluación. Es una falacia de baja calaña extrapolar una afirmación particular (estar en contra del Operativo Aprender) como si fuera universal (rechazar todo tipo de evaluación). Si no se tratara de cinismo, tendríamos que advertirles a los dueños del Grupo Noble que tienen columnistas con serios problemas de comprensión lectora en su staff.

Periodismo de guerra contra la educación pública

Es imposible no acordarse de la confesión del editorialista de Clarín, Julio Blanck, “¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo”. Como venimos denunciando desde La Izquierda Diario, no es un hecho aislado, sino de toda una línea editorial contra la educación pública y los derechos de la docencia.
No se trata de una alineación de astros a derecha. Esta combinación de evaluaciones censales y campañas de desprestigio son parte de los pasos recomendados por el Banco Mundial para imponer reformas educativas neoliberales con la “menor resistencia posible”. Esto se puede apreciar, claramente y sin ningún tipo de especulación, en el documento titulado Profesores Excelentes, publicado hace dos años.
Cabe señalar que es el propio Banco Mundial quien confirma que este tipo de evaluaciones censales a estudiantes, como la que se propone ahora para Argentina, fueron el primer paso de la reforma privatista chilena, “esta secuencia de reformas se implementó en Chile entre 1995 y 2004”.
Además, el mismo documento recomienda una campaña mediática como la que viene desarrollando Clarín: “los líderes políticos pueden establecer alianzas eficaces a favor de la reforma entre directivos de empresas y la sociedad civil mediante campañas de comunicación”. Pero esto es sólo el principio. Una segunda tanda de campaña por una reforma neoliberal es recomendada con la publicación de los resultados de la primera evaluación censal, ya anunciada por el PRO para principios del 2017, ¡junto cuando se estén discutiendo las paritarias! En palabras del Banco Mundial, “contar con datos duros sobre los resultados del sistema educativo es una herramienta política clave. El uso de estos datos por parte de los líderes políticos para justificar las reformas ha sido un factor clave de todas las estrategias que han tenido éxito hasta la fecha”.

“Miente, miente, que algo quedará”

Como si no alcanzara con la anterior falacia, Lanata sigue su columna comparando a la docencia con Bush y acusándonos de dogmáticos. “A la hora de los argumentos los grupos que militaron contra el examen enarbolaron la teoría Bush de la guerra preventiva. Los maestros sostenían que el motivo oculto de la encuesta era ‘privatizar la educación’. Nada permite presumir que algo así suceda. Pero como todo dogma, no soporta ser puesto a prueba: se actúa, se reza y ya”.
Aunque le pese al conductor de PPT, no sólo los documentos del Banco Mundial justifican las denuncias de la docencia, sino que incluso las confirma el archivo del mismísimo ministro de educación nacional, Esteban Bullrich. En mayo del 2013, en declaraciones para La Nación, afirmó: “si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos del séptimo grado podrían viajar a Bariloche. Lo que queremos es que se comprometa toda la comunidad en la mejora de la calidad”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Evaluación y estadística a marzo

Como buen mercenario, el columnista no se privó de ningún tipo patraña disfrazada de chicana “a uno de ellos llegué a preguntarle si estaba en contra de la estadística ¿Cómo evitar la estandarización de una muestra de un millón y medio de personas?”. Parece mentira que haya que explicar también que los docentes a diario evaluamos a ese millón y medio de estudiantes en contexto y tomando en cuenta sus procesos de aprendizajes.
Cabe aclarar también que confunde deliberadamente lo que es una evaluación muestral y lo que es una censal. En el primer caso se selecciona aleatoriamente una muestra representativa de los estudiantes, en el segundo, se evalúa a todos los de un determinado grado o año. Desde la década de los 90 y durante el kirchnerismo, se vienen realizando exámenes estandarizados, pero con un alcance muestral, siendo también muy cuestionados metodológicamente porque no tienen en cuenta algunos contenidos centrales como así tampoco los procesos de aprendizaje. El rechazo ha dado un salto, porque el único motivo que puede tener gastar millones en ampliar el universo evaluado es construir información individualizada para luego implementar medidas punitivas directas o indirectas -premios-. Esto ya se vio confirmado con el anuncio de las becas “Compromiso Docente”.

Contra el libre acceso a la universidad

Como corolario de la columna, Lanata pide examen de ingreso en las universidades públicas. Pareciera que no quiere ser menos que el editorialista Ricardo Roa quien, luego de la gran marcha universitaria del 12 de mayo, esgrimió argumentos similares.
El periodista señala “En Brasil se gradúa la mitad de los alumnos que ingresan y en Argentina uno de cada cuatro. En Brasil, como en el resto del mundo, hay examen de ingreso. Acá, la clase media prefiere seguir rezando una mentira: que la clase baja tiene acceso; la clase baja, en realidad, subvenciona a la media a través de impuestos regresivos como el IVA para que los nenes abandonen la carrera”. Cualquier parecido con los argumentos de los defensores de la menemista Ley de Educación Superior no es mera casualidad.
Resulta cínico que quienes festejan las exenciones impositivas a los pooles de siembra, las mineras trasnacionales y a las operaciones financieras se preocupan porque la educación superior se sostiene en base a un impuesto regresivo como el IVA.
Para hablar de progresividad en serio, habría que empezar por modificaciones sustantivas en el régimen impositivo, y no en cobrar y/o restringir el ingreso a las universidades públicas, lo cual afecta al derecho a la educación durante toda la vida. Un primer paso puede ser aumentar los gravámenes a las ganancias de los más ricos, a las grandes fortunas. Mientras tanto, todo el discurso sobre progresividad en los impuestos es pura chapucería.

El Operativo Aprender no pasó la prueba

Quienes mejor conocemos y defendemos la educación pública, estudiantes, docentes y familias, hemos dado una gran demostración pública sobre qué opinamos de este operativo. El rechazo ha sido contundente y los motivos sobran. El balance es que el Operativo fracasó y carece de validez técnica. A pesar de la pasividad cómplice de la conducción de CTERA, que se limitó a emitir pronunciamientos por la suspensión del operativo, la campaña contra el Operativo Aprender se extendió por todo el país. Sólo periodistas a sueldo para este Gobierno pueden sostener que “el único motivo que se me ocurre para estar en contra de un examen es que no se confíe en obtener buenos resultados: miedo a que muestre lo que somos”.
No nos oponemos porque no haya problemas en la educación pública. Sino, precisamente, porque conocemos cuáles son y sabemos que las reformas que quieren imponer sólo los empeorarán como ya ha ocurrido en Chile y México.
Por todo esto, es tiempo de transformar este rechazo en una lucha por mejorar la educación pública, partiendo del reclamo de un aumento inmediato del presupuesto educativo al 10% del PBI, para implementar un plan de construcción de escuelas y jardines que garanticen el derecho a la educación desde los 45 días; y reformar la jornada laboral docente a 6 horas, con un salario mínimo igual a la canasta familiar y un tope de 4hs frente al curso, destinando el resto del tiempo a tareas de corrección, preparación de clases y capacitación en servicio. Sólo así podremos garantizar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje que necesitamos.

Hernán Cortiñas Congresal
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

CGT: un paro que quedó en el olvido a cambio de migajas bonificadas

Las amenazas de Héctor Daer que nadie cree. Pablo Moyano, de la pose rebelde al silencio más completo. La izquierda y el sindicalismo combativo van a Atlanta.

Un nuevo capítulo, repetido ya, en el rol que viene jugando la nueva CGT ante las políticas de ajuste, despidos y suspensiones del gobierno macrista. A pesar del 32,2 % de pobreza, una inflación anual pronosticada de 40,1 %, la desocupación del 9,3 % y los más de 170.000 despidos, la conducción de la CGT parece no haber hallado motivos suficientes para enfrentarse al Gobierno. El motivo esbozado es la existente negociación por un bono que, encima, no es obligatorio para las patronales ni los Gobiernos.
Luego de anunciar de forma exaltada que en octubre se concretaría un paro general, los dirigentes fueron bajando los decibeles y del paro -o una movilización como se señaló alternativamente- no quedaron más que los recuerdos. Por el contrario, lo único que abundó fueron la “prudencia” y “el diálogo”. ¿Resultado? Más y más tregua.
El Gobierno ofreció un bono de fin de año. Héctor Daer confirmó que eso disipaba “cualquier posibilidad” de una medida de fuerza en 2016. Pero el bono no cubre ni de cerca la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Precisamente para compensar las pérdidas que ya han tenido los salarios, un bono debería multiplicar por 4 o 5 el monto actual de referencia que se estableció en $ 2.000.

Un bono que tiene mucho de promesa

No habían pasado más que algunas horas del anuncio del bono de fin de año cuando ya quedó en evidencia que tenía mucho de promesa y poco de realidad por el momento. Tanto las Pymes, como las cámaras de Comercio y Textiles, salieron a declarar que no pagarían tal bono a sus trabajadores.
El ministro de Trabajo (que bien podría llamarse el ministro de la Ganancia capitalista) Jorge Triaca planteó que los sindicalistas habían sido "comprensivos" con los empresarios y sugirió que éstos últimos, si "no lo pueden afrontar en un solo pago, lo puedan pagar en dos o tres cuotas".
Como no podía ser de otra manera, eso disparó un nuevo capítulo de la novela entre Gobierno y dirigentes sindicales. Fue otra vez Héctor Daer el que afirmó que "de ninguna manera" la central obrera aceptará que el bono extraordinario de fin de año "se pague en cuotas". “Eso nunca se habló en la reunión de mesa de diálogo" dijo el dirigente.
Daer agregó “generamos el derecho para que se cobre antes de fin de año un bono de $ 2.000 como base, que se puede incrementar en aquellos lugares u empresas o cámaras que lo puedan hacer. De lo demás no se habló en absoluto".
Si no fuera porque afectan, hacia abajo, el nivel de vida de millones de trabajadores, resultarían graciosas las declaraciones de Daer. Las afirmaciones de que no se aceptará algo “de ninguna manera” no las creen ni los niños en boca de estos dirigentes.

Mi silencio me condena

Otro de los que cotiza bajo en cuanto a credibilidad es Pablo Moyano. Fue de los que anunciaron que “no tenía sentido” estar en la CGT se si se daban “pobres negociaciones” y el Gobierno otorgaba un “bonito”. Pero por estas horas, esos dirigentes parecen haberse caído en un “agujero negro”.
Moyano hijo brilla por su ausencia luego de la mesa de diálogo donde se cerró el acuerdo entre la CGT, el Gobierno y los empresarios. Y tampoco se fue de la conducción de la central renovada.
Es así como el secretario adjunto de Camioneros se ajustó a los consejos de su padre Hugo, que vio como “positivo” el diálogo con el Gobierno para llegar a fin de año con una “oferta positiva para los trabajadores”. Todo bajo el considerando que “hay que dejarlo gobernar” y que “es poco tiempo 11 meses de gestión”. Bajo la sombra de su padre, el agitador de medidas de fuerza y amenazas de ruptura, asumió la decisión del triunvirato de aceptar el bono de fin de año, sin chistar.
Ante este panorama de tanta quietud y traición por parte de la dirigencia sindical, los sectores combativos y de la izquierda, desde sus lugares de trabajo, las agrupaciones, comisiones internas y delegados convocan al gran acto que realizará el Frente de Izquierda en el estadio abierto de Atlanta. Un acto donde esos sectores, no comprometidos con el Gobierno o con las patronales, plantearán la perspectiva de pelear por recuperar los sindicatos para la lucha y construir una alternativa política independiente de los capitalistas, con la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Lucho Lucero

El saqueo después de la desaparición

Entre los acusados están Jorge “el Tigre” Acosta, jefe del GT 3.3 de la ESMA; Jorge Radice, el contador de Emilio Massera y Ricardo Miguel Cavallo. La obsesión con el dinero de Montoneros. La “Operación Inmobiliaria” para quedarse con propiedades.

Durante los últimos años, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de la ESMA se acercaron al juzgado de Sergio Torres para dar cuenta de una meticulosa lista de objetos saqueados durante la dictadura. Hay nuevos datos de transferencias ilegales de casas y de autos, cuyos dominios “legales” desaparecen evaporados en el aire después de los secuestros. Hay datos de pequeños objetos robados como un combinado, una lámpara de pie, pero también “ropa de chicos”, “una pava de cocina” o “un pantalón vaquero usado y sucio con pintura”. Con esos elementos que suman 43 nuevos hechos, el juzgado cerró y mandó a juicio oral un nuevo tramo de la causa robo de bienes que ya tiene elevado un primer tramo de otros 14 hechos. Ambas causas tienen como telón de fondo la investigación por las tierras de Chacras de Coria y también están asociadas a las pesquisas aún en curso sobre la ruta del dinero de la ESMA. Entre los nuevos hallazgos hay dos datos importantes: una línea de tiempo y la certeza de que “en algunos casos” el GT secuestró a sus víctimas alimentado sólo por el “móvil del dinero”.
La elevación lleva a juicio a Jorge “el Tigre” Acosta, jefe del GT 3.3 de la ESMA; Jorge Radice, el contador de Emilio Massera y Ricardo Miguel Cavallo, cabecillas de las operaciones de bienes. “Los delitos que se analizan fueron cometidos desde el aparato del Estado y constituyeron, no sólo violaciones a los derechos humanos sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad”, dice el escrito. “En esta dirección encuentro demostrado que miembros del G.T.3.3.2 actuando de manera sistemática, coordinada y permanente, conformaron una organización destinada a cometer delitos –torturado e interrogado– que “eran funcionales al objetivo de los imputados de beneficiarse económicamente a través del despojo de los bienes.”
A partir de los casos, el juzgado determinó que entre 1976 y 1983 “el GT obligó a parte de los detenidos a firmar documentos en blanco o poderes a efectos de despojarlos de pertenencias, tales como bienes muebles, automotores o propiedades”. Y también que “se quedó con los objetos que llevaban consigo los desaparecidos al momento del secuestro o que se hallaban en el interior de las viviendas”.
La sucesión de hechos también permitió entender que en algunos casos “el móvil de los secuestros radicó exclusivamente en la solvencia del patrimonio de las víctimas”. Y que a partir de comienzos de 1977, con la caída del grupo de finanzas de Montoneros, la rapiña de la ESMA comenzó a sofisticarse con la “privatización” del negocio de los bienes. La acentuación de esa línea de tiempo ubicada en el comienzo de 1977 es quizá uno de los aportes más novedosos. La hipótesis ya había sido trabajada por la Cámara Federal frente a la primera elevación de los hechos, un dato que -como lo muestra el escrito– también está sostenido en el testimonio de un sobreviviente.
Emilio Enrique Dellasoppa permaneció secuestrado en la ESMA entre 26 de noviembre de 1976 y principios de 1979, y conoció de cerca el entramado de finanzas. En 2001 declaró en la instrucción de la causa, pero aún no lo hizo en los juicios orales. Hacia el 10 de enero de 1977, dijo, se enteró que había caído el departamento de finanzas de Montoneros y que lo que más interesaba a los oficiales de la ESMA era la información que podían obtener para “recuperar el dinero de la organización ubicado en cuentas numeradas del exterior”. Por esa razón, él pasó de hacer trabajo de dibujante a traducir documentos en idioma extranjero que servían para abrir y operar cuentas en Andorra, Bélgica y el Ducado de Lietchtenstein. La suma de la que hablaban en los distintos documentos, dijo, era de 26 millones de dólares. A partir de allí, dijo, “se montó el esquema de la privatización de la represión en beneficio económico del grupo liderado por Massera”. Y aunque el desapoderamiento y despojo de bienes había comenzado antes, se sofisticó: “De ese período es la ‘operación inmobiliaria´” “que consistía en apropiarse de las propiedades de los detenidos, para lo cual falsificaron gran cantidad de documentos”. También mencionó que fue “necesario viajar al exterior y abrir cuentas bancarias con documentación falsa”. Y para que si bien “al principio, utilizaban soportes falsificados que habían secuestrado a Montoneros, cuando comenzaron a acabarse –y para no tener que incluir en la operación a agentes del Ministerio del Interior o de la Policía– en la ESMA se montó un laboratorio fotográfico capaz de generar planchas de impresión de pasaporte y Cédula de la PFA. De ese modo se falsificaron pasaportes, cédulas de identidad, registro de conducir, certificados de vacunación, carnets de periodistas acreditados en Presidencia de la Nación”.
Además de los datos de estructura, entre la enumeración de los 43 casos aparece la continuación de las historias que se fueron conociendo en los últimos juicios orales. En este caso, el recorrido de los bienes, algunos de los cuales también terminaron en la ESMA.
Allí está lo que sucedió, por ejemplo, con la familia Vasallo. Ellos vivieron en la provincia de Córdoba hasta pasado el golpe de Estado. Salieron con lo “puesto” a bordo de una furgoneta Fiat 125 perseguidos por el Ejército. Llegaron a Buenos Aires y luego de pasar días en hotelitos del centro, se establecieron en una casa de dos plantas en Haedo. La casa estaba ubicada en la calle El Ceibo y compraron en diciembre de 1979. Vivían Elvio Vasallo, su compañera Ada Nelly Valentini de Vasallo y sus dos hijos: Alejandro de 14 años y Julio Cesar de 10. En mayo de 1977, también alojaban a Julio Cesar Roque, Lino, también de Córdoba, integrante de la dirección de Montoneros. El 29 de mayo, una patota del GT los secuestró en medio de una cacería en la que asesinaron a Roqué.
Ada pasó veinte días en la ESMA con sus hijos. Tiempo después, según reconstruye ahora la nueva elevación, la llamaron para citarla a una oficina. Ada fue y firmó un “poder especial irrevocable” a favor de una persona llamada Armando Héctor Durante para vender el departamento de la calle El Ceibo. Firmó la venta el 16 de julio de 1980, “conforme surge de la escritura número 518, a favor de Luis Amadeo Bernareggi y Gladys Elizabeth Cisneros, pasada ante el escribano Néstor De Paoli registro número 43 de San Isidro por la suma de 28 millones de pesos”. Elvio también tuvo que firmar un poder pese a que aún seguía secuestrado. Y, ahora se sabe a través del cotejo de escrituras, que los datos de la transferencia “serían falsos en sus contenidos y nombre de los participantes, con excepción de los Vasallo”.
Tiempo antes, los integrantes del GT le habían sugerido a Elvio vender otra propiedad ubicada en el barrio La France, de Córdoba, porque “su familia no estaba pasando un buen momento económico”. Lo llevaron a Córdoba. El 6 de abril de 1979 le hicieron firmar un poder a nombre de un martillero. Ada también viajó. La hicieron firmar la operación de venta que finalmente se hizo el 26 de noviembre. La casa fue adquirida por Daniel Eduardo Carbone, según surge de los papeles. El hombre pagó 17 millones de pesos pendientes después del boleto de compra venta por un valor total de 32 millones de pesos. Luego de la venta, “un camión verde oliva de los que usualmente utilizaba el Ejército y el personal a cargo, retiró todo lo que se encontraba en el interior de la casa”. Cuando Vasallo le reclamó al GT por el dinero le dijeron: dejate de joder, no insistas con el tema, que ya salvaste tu pellejo.
Lo mismo les pasó con una Furgoneta 4L marca Renault comprada en la casa Fangio de Automotores de la calle Salta de Buenos Aires, entre 1976/77, dominio C-798693, según el expediente. Y también con la Furgoneta Fiat tipo pick up 125 con la que viajaron desde Córdoba. Alfredo “Mantecol” Ayala vio las dos furgonetas en la ESMA, tal como le recordó ante el juzgado.
Cuando “El Tigre” Acosta fue convocado a declarar en esta causa nombró a los oficiales muertos, pero evitó a los vivos. En sintonía con la línea de tiempo de la sofisticación dijo que a comienzos de 1977 la cúpula de la Armada le mandó dos expertos: el Capitán Hugo Daniel Berrone especialista en caballos de carrera por sus vinculaciones familiares y al oficial retirado (Mario Alberto) Cédola, contador público, dedicado a manejar el tema de las propiedades.

Alejandra Dandan

Bajo presión

La división de poderes como forma de organización de nuestro país, vigente desde el nacimiento de nuestra República, es uno de los pilares constitucionales más importantes. Cada poder debe funcionar como contrapeso del otro, siendo esta una de las garantías para evitar la concentración de poder que lleva irremediablemente al autoritarismo y la pérdida de la democracia. Por este motivo, es necesario fortalecer las instituciones del Estado y mejorarlas para su funcionamiento, en vez de someterla a los intereses del gobierno de turno.
Lamentablemente el país se encuentra bajo presión del Poder Ejecutivo que busca la forma de controlar el Poder Judicial y el Legislativo, debilitando nuestras instituciones. Uno de los objetivos preocupantes que se propone el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder Judicial, es lograr la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la separación del cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales. En esta línea, el gobierno busca sancionar en estas semanas la Ley de Reforma orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), un proyecto de ley claramente inconstitucional para limitar y someter a la justicia.
En primer lugar se observa un tratamiento desigual de leyes orgánicas del MPF y con respecto a la del Ministerio Público de Defensa. Si bien tienen el mismo rango, sólo se busca acortar el mandato de la Procuradora, y no se busca reformar ningún aspecto de la justicia federal o nacional, tan cuestionadas por su lentitud e ineficiencia. Esto muestra la animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente contra la gestión de la actual Procuradora General, lo cual vulnera la autonomía e independencia constitucional del Ministerio Público (art.120), y por lo tanto, la independencia judicial.
La actual procuradora fue elegida en un cargo vitalicio. Pretender sancionar una ley que límite su mandato y que se aplique de manera retroactiva claramente es un absurdo jurídico gravísimo. En todo caso la limitación se podrá aplicar a quien la suceda en el cargo. Este caso es comparable al del Juez Carlos Fayt, a quien no se le aplicó la ley que disponía la jubilación de los jueces de la Corte Suprema a los 75 años, porque era posterior a su designación.
En segundo lugar, es peligrosa y preocupante la creación de una procuraduría especializada en terrorismo, al mismo tiempo que suprimen la procuraduría de defensa de la Constitución Nacional y la dirección de derechos humanos. Esto no es una coincidencia, insinúan la creación de un campo fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución penal de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales.
En tercer lugar, también es muy grave que el Poder Ejecutivo quiera fijar la política criminal del MPF, permitiendo que el Consejo de Seguridad Interior (integrado en su mayoría por ministerios del Ejecutivo) pueda determinar los lineamientos de su política de persecución penal.
A lo que debemos agregar la intención del gobierno de Cambiemos de intervenir como jurado en los concursos para fiscales, y de habilitar el traslado de empleados y funcionarios fuera de su lugar de trabajo, en clara afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Esta reforma es la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder judicial, dirigido a lograr la remoción de la actual Procuradora General, y a imponer condiciones para manipular el organismo en un claro atentando contra la autonomía de poderes.
Si se permite este avance del gobierno de Macri estaremos ante un serio peligro para la salud de la democracia en el país. Por eso reclamamos al gobierno respetar las disidencias políticas, el pluralismo ideológico y dejar sin efecto las medidas que dañan al pueblo argentino.

Adolfo Pérez Esquivel

Quizá no escuchó, señor gobernador: "¡Emergencia ya!", es nuestra urgencia y nuestro grito

No es un femicidio aislado, son crímenes sociales aberrantes. Casi un femicidio por día en el país. En Mendoza, 3 en sólo un día.

No es un psicópata suelto, ni un femicidio, más otro femicidio, más otro femicidio, más otro femicidio. No son estadísticas, que ni las hay, hasta en eso hay desidia estatal.
Los femicidios dejan marcas en todas, que ahora compartimos un grito: #NiUnaMenos. Esa consigna que instaló en la conciencia de millones la legitimidad de luchar por el derecho más elemental de las mujeres, el derecho a vivir.
No son casos aislados, no son problemas privados ni individuales, ni masacres sin más. Es una sociedad que nos oprime, una cultura machista donde el Estado tiene responsabilidad.
Esto es ineludible en este caso también, no sólo por su desidia en los pasillos de la ‘Justicia’ y sus fallos misóginos; o porque en los escritorios de tecnócratas, políticos patronales toman el lápiz y dejan sin presupuesto las leyes contra la violencia, mientras cargan sus bolsillos con sueldos de lujo y subsidian a sus empresarios amigos. No sólo porque las redes de trata no podrían funcionar sin la complicidad de sus fuerzas de seguridad, sino porque el Estado debería tomar medidas mínimas y urgentes: refugios, viviendas, trabajo, equipos interdisciplinarios, licencias.
Hace más de un año que tienen cajoneado el proyecto de "Plan nacional de emergencia contra la violencia hacia las mujeres", que fue presentado por Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, así como en Mendoza y el resto de las provincias donde tenemos representación.
Pero dicen, “No hay necesidad de Emergencia!”, “Disculpen los femicidios, estamos trabajado!”, “No tenemos plata para eso!”
Señores y señoras del gobierno, no necesitamos sus fotos, ni son suficientes sus condolencias ni colores negros de luto, ni sus explicaciones universitarias sobre el origen de estas aberraciones.
Encima, casi como una provocación, el Gobernador propone a Valerio como juez de la Corte. Sus fallos han contribuido concretamente a reproducir y legitimar la violencia machista. ¿Qué es sino, no avanzar un ápice en encontrar a los culpables y dejar libre al único imputado por la desaparición de Soledad Olivera, que después fue detenido por la desaparición de Johana Chacón? ¿Qué es sino condenar a una mujer por defenderse de quien ejercía violencia de género contra ella? ¿Qué es sino absolver al homicida de Alejo Hunau porque Alejo era gay?
Nadie puede negar que si bien no se trata solo de personas, sino de instituciones que reproducen la violencia machista, hay hombres como Valerio que contribuyen con más ahínco a este sistema. Quizá no escuchó señor Gobernador, la movilización dijo #FueraValerio. Nuestra banca de senadora escuchó y no contribuirá a semejante provocación.
En Mendoza las mujeres salimos a las calles, muchas veces, cada vez más, cada vez en más lugares.
Este año fuimos miles por Majo y Marina; luego el 3J miles por #NiUnaMenos. Salimos por Janet, Julieta y Ayelén el 28 de Septiembre y nuevamente el 19 de Octubre, donde en todo el país fuimos centenares de miles. Muchas nos vimos en el Encuentro Nacional de Mujeres, el más grande en mucho tiempo. Porque nuestra lucha contra la violencia machista es una larga marcha por terminar con este sistema social perverso. Y necesitamos más fuerza, más mujeres que se reúnan en cada aula, cada fábrica, cada lugar de trabajo y estudio con comisiones de mujeres. Organizarnos, porque unidas somos poderosas.
Por eso peleamos desde nuestra agrupación de mujeres Pan y Rosas. Necesitamos a nuestros compañeros trabajadores, los que luchan contra los femicidios, los que pararon unas horas el 19O, se sacaron una foto o hicieron una asamblea en su lugar de trabajo. Necesitamos la fuerza de trabajadores y trabajadoras que hacen funcionar al país, para que paren la Argentina entera conmovida por los femicidios.
Paren todo! Nos están matando! Que no vuele ni una mosca y sólo se escuche Basta ya!! #NiUnaMenos. Una huelga general para ponerle un freno a estos crímenes sociales y exigir respuesta por parte de este Estado y sus gobiernos. Emergencia ya!! Es nuestro reclamo, es nuestra urgencia.

#VivasNosQueremos.

Noelia Barbeito

Así reprimió Vidal a los choferes de las líneas Este y 520 en La Plata

Mirá cómo la Policía Bonaerense desalojó a trabajadores de la empresa Nuevo Expreso que luchan contra despidos y por mejores condiciones de trabajo. Hay heridos y una veintena de detenidos.

El tarifazo que se viene: la electricidad aumentará hasta un 73%

Luego del tarifazo del gas el gobierno aplicará otro tarifazo, en este caso para el servicio de electricidad. Durante 2016 las distribuidoras eléctricas fueron premiadas con un aumento promedio del 400%, que en algunos casos llegó al 600%. Ahora, de cara al 2017, está previsto un nuevo aumento del 56 al 73%, lo que sumado al dispuesto durante el año en curso, totalizará en algunos casos el 1.000%.
El esquema armado consagra un tarifazo permanente, con ajustes semestrales ligados al tipo de cambio, la inflación y los costos laborales. Así, al igual que lo ocurrido con el gas, se vuelve a un esquema de dolarización, que agravará el aumento de tarifas si el tipo de cambio se dispara. Esta dolarización no tiene que ver con los costos de distribución, que son esencialmente en pesos, sino que apuntan a sostener un endeudamiento de las empresas y la remisión de utilidades a sus casas matrices. En relación a los llamados costos laborales se arma un chantaje a los trabajadores de Edesur y Edenor, cuyos reclamos de aumentos salariales serán rechazados en nombre de que no se afecte la tarifa.
Con todo, sin embargo, el aumento podría ser aún mayor. Sucede que todavía resta establecer las nuevas tarifas de generación de electricidad, que impactan en la boleta en una proporción similar que la distribución de servicio. En Argentina, la matriz de generación eléctrica está determinada por el gas. El aumento dispuesto sobre éste ahora se trasladará a la tarifa eléctrica, creando un tarifazo en serie.
El premio que recibirán Edesur y Edenor contrasta con el cuadro de desinversión en la infraestructura eléctrica de la zona metropolitana, que ha llevado a los cortes de luz durante el verano en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Aunque las empresas alegaban que las tarifas estaban retrasadas recibieron durante ese período subsidios varias veces millonarios sin la menor rendición de cuentas. Los propietarios de las empresas usaron esos recursos para expandirse con la compra de nuevos activos. Es el caso de Mindlin, que compró la filial local de Petrobras por U$s 892 millones. En el caso de Edesur el beneficiado directo será el amigo-hermano de Macri, Nicolás Caputo, que integra el grupo SADESA, que controla la empresa junto con la italiana ENEL. Tanto Edesur como Edenor van por un premio adicional: que la ANSES se retire de sus directorios, y que puedan manejar las obras libremente, volviendo al esquema de los ’90.
Que el tarifazo a la electricidad es un premio enorme a las privatizadas lo prueba el hecho de que el porcentaje del mismo triplica y hasta cuatriplica la pauta inflacionaria del 17% que el gobierno estableció en el Presupuesto 2017. Como con esa pauta el gobierno quiere fijarle un techo a las paritarias, está claro que el tarifazo implicará una nueva reducción de la capacidad adquisitiva del salario.
La audiencia pública convocada para el próximo viernes ha sido cuidadosamente vaciada para hacer pasar el tarifazo. No están presentados los verdaderos costos de distribución del servicio, así como tampoco una rendición de cuentas sobre los millonarios subsidios recibidos durante el gobierno pasado. A la vez, el sistema previsto de aumentos semestrales estará asociado al dólar y no a los costos reales de distribución que son en pesos.
Todo el arco patronal que apoyó el tarifazo al gas ahora no abre la boca sobre el enorme premio que recibirán Edesur y Edenor. Esto vale para Massa, que se reunió en secreto con las corporaciones capitalistas que vinieron al Mini Davos, pero también para el FpV-PJ y la centroizquierda de Stolbizer.
El Partido Obrero participará de la audiencia para rechazar el tarifazo, y plantear la necesidad de una auditoría independiente para establecer los costos de distribución y generación y una investigación a fondo sobre los subsidios recibidos. Planteamos que es necesaria una nacionalización integral de los recursos naturales y energéticos para desarrollar un plan de desarrollo e industrialización del país.

Gabriel Solano

Miércoles en negro: una rebelión popular

Argentina acaba de atravesar por una experiencia de alcance histórico. Apenas horas después del cierre del cierre del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, en la ciudad de Rosario, decenas de miles de mujeres protagonizaron un hecho inédito –una huelga femenina– para marchar luego a Plaza de Mayo, el centro del poder político y de la jerarquía clerical. Lo mismo ocurrió en los centros políticos de las provincias. El detonante fue un femicidio más: el crimen, de características atroces, de una joven marplatense – Lucía Pérez. Mar del Plata ha sido el territorio de los asesinatos de mujeres que ejercían la prostitución, por parte de bandas de narcotraficantes y policías. La violencia contra la mujer produjo una interpelación de masas al poder político. En tanto que la Comisión Organizadora de los Encuentros rechazaba, una vez más, la adopción de un plan de lucha por la satisfacción de las reivindicaciones que se votaban en los talleres y asambleas, la realidad impuso aquella aspiración -una acción de lucha, que conmovió, sin la menor traza de duda, a todo el país. La expresión mayoritaria a favor de que el Encuentro del próximo año tuviera lugar en la Ciudad de Buenos Aires (una meta siempre relegada) obtuvo una ratificación sin atenuantes. Ser o no ser: interpelar al poder y cuestionar al poder político (gobierno y Estado) o llevar el movimiento a un callejón sin salida. No menos fundamental es lo siguiente: la huelga y la movilización de las mujeres dio expresión a la necesidad de los trabajadores de una lucha de conjunto alternativa contra la política confiscatoria del macrismo, que el conjunto de la oposición política tradicional y la burocracia sindical se niega a impulsar, en función de intereses comunes con esa política.
Esta rebelión popular tiene lugar cuando Macri y el Papa parecen haber llegado a un acuerdo político de alcances estratégicos. Existe un reconocimiento abierto de que el pacto ha servido para desarmar la posibilidad de un paro nacional de la CGT. Gustavo Vera, el vocero más autorizado del Vaticano en asuntos de Argentina, aseguró que Francisco se ha comprometido en trabajar contra una rebelión social. El régimen político armado por el macrismo con la oposición parlamentaria patronal y la burocracia ha incorporado, de este modo, a un nuevo actor. Esta salida a la crisis del macrismo con el Vaticano ha abierto, sin embargo, una crisis adentro del macrismo, según admiten las versiones de prensa. A partir de asesor de Macri, Durán Barba, el acuerdo con el Vaticano es visto como una suerte de cooptación clerical, una suerte de ‘círculo rojo’ (peronista-clerical-burocracia), que neutralizaría las posibilidades del macrismo de desarrollarse como una fuerza ‘liberal’, que derrote en las elecciones a los distintos clanes del peronismo. En las discusiones preparatorias del miércoles en negro, las organizaciones clericales que se habían manifestado en San Cayetano se opusieron a marchar a Plaza de Mayo para evitar el repudio al clero en el paso por la Catedral. Luego del último paso (familiar) de Macri por el Vaticano, Francisco ha ganado una posición de arbitraje político que pretendía mantener con una victoria de Scioli (y, antes, con una de Julián Domínguez contra Hannibal, en las Paso pejotistas). No hace falta decir que este pacto con el Vaticano es una amenaza contra el movimiento de la mujer.
En medio de estos acontecimientos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia el protocolo para el atendimiento de los abortos no punibles. No está claro si fue una iniciativa de la gobernadora o de su ministra de Salud, pero sí que Scioli y CFK lo tuvieron cajoneado bajo sus gestiones, y que esto habría seguido con un nuevo gobierno pejotista. En cualquier caso, la regularización del tema aborto no punible advierte de la disidencia que el pacto Macri-Vaticano podría estar provocando en el macrismo. El repudio al protocolo bonaerense, por parte del clero ‘franciscano’, ha sido inmediato –en la misma semana del miércoles histórico. El clero quiere poner a parir a la mujer violada –un caso flagrante de violencia (doble) contra la mujer. Es claro que lo ocurrido el miércoles es una rebelión contra el conjunto de un sistema político. No se debe confundir el acercamiento de las mujeres católicas practicantes al movimiento de la mujer y el apoyo a las reivindicaciones de este movimiento, con cualquier compromiso con el clero. El clero no solamente es enemigo del derecho al aborto, de la prevención de embarazos y de la educación sexual desprejuiciada de construcciones religiosas, también defiende la esclavitud doméstica de la mujer, en nombre de la ‘célula familiar’. La Iglesia es un ámbito privilegiado de la pedofilia, una violencia extrema contra las niñas y los niños. Sin la socialización de las tareas domésticas y de crianza, la mujer seguirá sujeta a una posición de subordinación, cualesquiera sean las conquistas que obtenga en el plano de la igualdad jurídica. Esa socialización significa un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; igual salario por igual trabajo; jardines gratuitos en las empresas, lugares de estudio y municipios; derecho al aborto gratuito en el sistema público de salud (supone recuperar la atención de salud por parte del Estado); representantes electas y revocables de la mujer en las organizaciones del Estado encargadas de la atención a la mujer. Incidentalmente, el rechazo del clero al protocolo bonaerense de atención a los abortos no punibles no tuvo un correlato opositor de la Iglesia respecto a la ley del ‘cupo femenino’ en el parlamento –una prueba de la inocuidad de este ‘cupo’ en lo que hace al desarrollo de los derechos políticos y sociales de la mujer.
La huelga protagonizada por la mujer polaca, en las últimas semanas, contra las mayores restricciones al ejercicio de un limitadísimo derecho al aborto, parece haber inspirado el miércoles en negro. Pero es precisamente en Polonia donde queda claramente de manifiesto el rol del clero en el sometimiento de la mujer.

Jorge Altamira

Nuevo proyecto para limitar los juicios laborales: lo invisible de los “rotos”

El Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de Ley Complementaria de la norma que rige las ART con el fin de reducir los juicios laborales. La cara oculta: las muertes obreras que crecen año a año.

El gobierno presentó el viernes al Senado un proyecto de Ley Complementaria de la norma que rige las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el fin de establecer la intervención obligatoria de las comisiones médicas jurisdiccionales y disminuir la litigiosidad.
El proyecto señala que "se ha generalizado el concepto de que la reparación de los infortunios laborales se enmarca en una relación obligacional del derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su ART" que provoca "una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la ley".
El proyecto establece que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención" para que el trabajador, con el patrocinio de su abogado, pida la homologación del otorgamiento de las prestaciones dinerarias por la ley de ART.
Recién cuando se agote esta instancia de la comisión médica jurisdiccional, el trabajador podrá solicitar la revisión ante la Comisión Médica Central, y luego podrá interponer en la justicia ordinaria del fuero laboral un recurso, que tendrá efecto suspensivo, contra lo dispuesto por la comisión médica.
La Ley de ART fue sancionada durante el gobierno menemista en 1995, luego en 2012 Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para reformarla pero sin intenciones de anularla.
Ante las críticas de varios abogados laboralistas, que advierten que es una nueva concesión a los empresarios y que obliga a los trabajadores a estirar el proceso, pasar por comisiones médicas hasta que pueda iniciar juicio, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, negó que el proyecto de ley perjudique a los trabajadores y remarcó que "justamente es al revés". Además, agregó que "en los últimos 20 años, desde la puesta en funcionamiento del sistema de cobertura por riesgos de trabajo, ha bajado muchísimo la cantidad de accidentes, pero han subido enormemente la cantidad de litigios".

Detrás de los juicios: la salud de los trabajadores

Los “accidentes” de trabajo y las muertes son algo inherente a la explotación capitalista, los altos ritmos de trabajo, falta de elementos de seguridad, alargar las jornadas laborales, es un combo explosivo que detona en mayores probabilidades de accidentes.
Según el informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en el último mes la cantidad de juicios iniciados contra el régimen de ART llegó a 14.333 nuevas demandas mensuales, que significa un aumento del 45 % con respecto al nivel registrado en septiembre de 2015. Según cálculos del mismo informe, se estima que en 2016 habrá más de 122.140 nuevos juicios, un 15 % más que los comenzados el año pasado.
Sin embargo, detrás de los fríos números de la “industria del juicio” como acusan los empresarios se encuentran miles de trabajadores que fueron accidentados o fallecieron a causa de las mismas condiciones de trabajo.
Los “rotos” así se conoce a los trabajadores de las fábricas que producto de los ritmos de trabajo, las tareas repetitivas quedan imposibilitados de seguir trabajando. Luego de trabajar años en un mismo puesto, las empresas los desechan como material descartable.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre 2003 y 2015 (último dato publicado) fallecieron 11.376 trabajadores. En el mismo período, se registraron 8.087.262 de accidentes laborales notificados. Es decir, este número debe ser mayor si se calculan los trabadores que están en negro. Los últimos datos del Indec muestran que hay un 33,4 % de los trabajadores en la informalidad en todo el país.
En 2015 murieron 445 trabajadores por accidentes de trabajo, hubo 442.934 casos notificados de accidentes laborales, y 142.413 accidentes in itinere, se refieren a los accidentes ocurridos durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa.
Los empresarios vienen reclamando reducir los juicios laborales porque el aumento de los juicios provocaría un aumento de sus costos al incrementarse la contratación de seguros de accidentes y enfermedades laborales. Sin embargo, para los empresarios el costo de la cobertura sólo llega al 3,4 % de la masa salarial en promedio.
Macri conoce el reclamo empresarial (él fue uno de ellos) y en un reciente discurso señaló que "cada día vamos a estar un poco mejor, eso se va a acelerar si entendemos que cada uno de los argentinos en su lugar entendiendo que cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema y fuerza un ausentismo o inventa un juicio o pone un palo en la rueda está complicándole la vida a todo el resto de la sociedad". Para el presidente los “accidentes” y las muertes obreras son sólo palos en la rueda.
Además, uno de los ejes del Plan Productivo Nacional que presentó el gobierno “Capital Humano y Productividad Laboral” incluye el “Plan de reducción de costos laborales (Riesgos del Trabajo, ausentismo y ligitiosidad)”, es decir que el proyecto recientemente presentado al Congreso se corresponde con la estrategia de una Argentina competitiva, entendida para los empresarios y el gobierno como exprimir aún más las condiciones de vida de los trabajadores.
Es necesario que los trabajadores pongan en pie sus propias Comisiones de Seguridad e Higiene elegidas en asambleas conjuntas entre efectivos, contratados y tercerizados y la anulación de la Ley de ART que sólo es un gran negociado para las aseguradoras que lucran con la salud de los trabajadores.

Mónica Arancibia
@monidi12

Blanqueo de capitales: crece la apertura de cuentas pero aún escasos resultados

En la última semana se habría acelerado la apertura de cuentas para el blanqueo de capitales. Sin embargo, los evasores esperan a último momento para tomar la decisión. El gobierno prorroga plazos y otorga más beneficios.

El gobierno extendió el plazo hasta el 21 de noviembre para que los evasores puedan declarar su dinero en el extranjero. En las últimas semanas fueron incrementándose las medidas para seducir a los tenedores de moneda en el exterior a que sinceren sus cuentas.
No se trata de una "repatriación" de capitales, simplemente un reconocimiento de la evasión, para lo cual el gobierno concedió múltiples beneficios, como la eximiscón de presentar declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
Sin embargo, la operatoria de blanqueo no hay mostrado buenos resultados, como reconoció el director de AFIP, Alberto Abad. Recién en la última semana los bancos han dado cuenta de un importante crecimiento de la apertura de cuentas, según apunta La Nación.
El ritmo del blanqueo se habría incrementado un 80% en la última semana en los bancos más grandes del sistema, según el relevamiento. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó que habrá más tiempo para poder completar la transacción, siempre y cuando se inicie el trámite hasta el 31 de octubre inclusive.
En un banco público señalaron que de 400 cuentas abiertas, en los últimos días pasaron a tener más de 1100. En otro banco relevado, el número de cuentas especiales pasó de 500 a 958 en menos de cinco días hábiles. Mientras que en un privado de primera línea ya hay 12.000 cuentas abiertas, de las cuales 3300 ya tienen los fondos por 350 millones de dólares.
En promedio, coincidieron en todos los bancos, los interesados se acercan a las sucursales con depósitos del orden de los 100.000 dólares. Aunque existen casos de transacciones de mucho más dinero.
La nueva norma dictada por la AFIP aclara que el 31 de octubre de 2016, inclusive, es la fecha límite para efectuar la apertura de las "Cuentas especiales -Ley Nº 27260- Régimen de Sinceramiento Fiscal" en una entidad financiera del país y obtener la CBU de cada una de ellas. De esta forma corrige la fecha del 24, el próximo lunes, que se había fijado previamente y además se extenderá hasta el 21 de noviembre el plazo para poder realizar el depósito correspondiente del efectivo.
Sin embargo, el plato fuerte con el que cuenta el Gobierno, no vendrá tanto de quienes depositen billetes, sino más de los que deban blanquear cuentas e inmuebles en el extranjero, que tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2017.

La Izquierda Diario

Líder neonazi austríaco intenta robar tierras a comunidad mapuche en Neuquén

Extranjerización de la tierra

Thomas Prinzhorn es un famoso dirigente neonazi y magnate austríaco. Sus posiciones son tan extremas que fue expulsado del gobierno de Austria liderado por el ultraderechista Heider en el año 2000 por sus posiciones xenófobas ante el riesgo de sanciones de la Unión Europea. Actualmente, es accionista mayoritario de Los Remolinos SRL que adquirió la estancia homónima e intenta acaparar más tierra. Su domicilio coincide con el estudio de Félix Racco , contador ligado al ex Gobernador Jorge Sobich imputado por la malversación de 22 millones de pesos del Banco Provincia del Neuquén.
En las últimas semanas, a través de su administrador Peter Robert Faulconer ha intentado despojar a la Comunidad Linares (Aucapán) de aproximadamente 4500 hs de campo que los pobladores indígenas utilizan tradicionalmente para la pastura de animales. Por ese motivo, el Longko Bernardo Tripailaf y el Werken Santiago Pereyra, junto al Dr. Juan Grabois, dirigente de la CTEP, abogado y consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, presentaron denuncia penal La denuncia fue radicada en la justicia criminal de Junín de los Andes por los delitos de usurpación, daño, intimidación, irregularidades societarias e incumplimiento de leyes que protegen a los pueblos originarios.

Juan Grabois et al
Alainet

Una reforma colonizadora sobre el Ministerio Público Fiscal

I​nforme elaborado por Organismos de DDHH

El dictamen firmado el 18 de octubre para la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) plantea un gravísimo retroceso de la autonomía de ese Ministerio Público frente al poder político. El MPF, una de las cuatro autoridades la Nación, según el artículo 120 de nuestra Constitución, tendría seriamente limitada su capacidad de dirigir la política criminal.
La política del MPF quedaría así en manos de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad y hasta de los ejecutivos provinciales.

Recortes a quien ejerza la función de Procurador General de la Nación

Las posibilidades de actuación de la Procuradora General de la Nación (y, por supuesto, de sus futuros sucesores) quedarán fuertemente recortadas: en lugar de ser una magistrada, con jerarquía similar a la de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pasaría a ser una empleada con contrato a plazo fijo, sometida a una maraña de controles políticos.
La remoción de la actual procuradora se persigue a través de una doble vía. Por una parte, se pretende imponer un término de cinco años, retroactivo a su designación. Por otro, se facilita su remoción, ya que el número de diputados necesarios para acusarla, en lugar del actual (dos tercios de los presentes) bajaría a una mayoría simple de legisladores presentes. Dado que los motivos para la remoción son amplios, gobierno y aliados no necesitarían motivos reales, sino votos.
Al definir las funciones y atribuciones del/a PGN, el dictamen pone énfasis en “los delitos vinculados al narcotráfico, la corrupción, la delincuencia organizada, los secuestros extorsivos y los delitos de alto impacto social”. Resulta evidente la ausencia de las torturas y los homicidios por gatillo fácil cometidos contra los pobres, excepto que causen un “alto impacto social” (es decir, mediático).
En una muestra de la subordinación de la política del MPF a las políticas de seguridad del Ejecutivo, se obliga al/a PGN a participar en las reuniones del Consejo de Seguridad Interior, formado por representantes del Ejecutivo nacional, de Ejecutivos provinciales y de Fuerzas policiales y de seguridad, que deberían ser controladas por el MPF.
En el dictamen, muchas de sus funciones pasan al Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, pero tanto las facultades conservadas como las que le quitan requieren, en general, la aprobación expresa o tácita de la Comisión Bicameral de Control.

Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación

Es un órgano existente actualmente, al que se le otorga un poder mucho mayor, en detrimento de la PGN, además de exigir para su integración una antigüedad de más de cinco años y reemplazar el actual sistema de elección directa por el de sorteo.
Designa los Fiscales Coordinadores de Distrito (a propuesta de la PGN) y los titulares de procuradurías especializadas, los cuales también tendrán que tener al menos cinco años de antigüedad.

Procuradurías especializadas

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos sería reemplazada por dos distintas, una de Lavado de Activos y otra de Delitos Económicos; dado que el lavado de activos es una forma de criminalidad económica, esta separación artificiosa podría contribuir a generar cuestiones de competencia y, por ende, ayudar a la impunidad de los autores.
Se deroga la creación (nunca efectivizada) de la Procuraduría de Defensa de la Constitución, que tenía entre sus finalidades “Realizar investigaciones sobre el estado de cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y proponer la formulación de recomendaciones al Procurador General de la Nación”.
El dictamen incluye la creación de una Procuraduría de Terrorismo, con evidente riesgo de que se destinen esfuerzos a la persecución de militantes populares, atento a la existencia de la ley de antiterrorismo, criticada por los organismos de Derechos Humanos.

Subordinación a la Comisión Bicameral de Control

La creación de cualquier unidad fiscal especializada estará sometida a la aprobación de la Comisión Bicameral, al igual que las designaciones de sus titulares (quienes deberán tener más de cinco años de antigüedad en el cargo). La comisión también deberá aprobar la sede y ámbito territorial de las fiscalías de distrito, la creación de nuevas direcciones generales y la modificación de sus funciones, así como la designación de los directores generales. El proyecto de presupuesto del MPF también será controlado por esta comisión.
Quien ejerza el cargo de PGN estará obligado a cumplir los requerimientos de información de esta Comisión Bicameral dentro del plazo que establezca (que puede ser mínimo), concurrir obligatoriamente cada vez que lo citan (lo que puede llevar a una obstaculización de su tarea) y debe comunicar a esta comisión toda instrucción de carácter general que emita.
El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas también deberá comunicar diversas actuaciones a la Comisión Bicameral, la cual deberá aprobar los alcances y organización interna de las procuradurías especializadas.
El Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrá cubrir interinamente los cargos vacantes hasta la designación definitiva de su titular, pero su resolución deberá ser sometida a la aprobación de la Comisión Bicameral. Si un magistrado con más de cinco años en el ejercicio efectivo del cargo solicitara su traslado, sería resuelto por el Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, pero debería ser sometido a la aprobación de la Comisión Bicameral.
Cualquier sanción disciplinaria impuesta por el Procurador General de la Nación también deberá ser informada a la Comisión Bicameral. Todas las designaciones vigentes de fiscales coordinadores de distrito y titulares de procuradurías especializadas, unidades fiscales especializadas y direcciones generales también deberán ser aprobadas por esa Comisión Bicameral.

Absoluta dependencia del gobierno y sus aliados

El jurado de los concursos, en lugar de estar integrado por tres magistrados y un jurista invitado, pasaría a estar integrado por un magistrado, un jurista invitado y un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien no se le exige ningún requisito de idoneidad.
Aumenta el peso del Ejecutivo y del Senado en el Tribunal de Enjuiciamiento, ya que ambos siguen teniendo un miembro cada uno, pero los tribunales pasan de cinco a siete miembros.
Las procuradurías especializadas deberán seguir los lineamientos fijados por el Consejo de Seguridad Interior en materia de persecución penal (es decir, la Ministra de Seguridad, las Fuerzas policiales y de seguridad y los Ejecutivos provinciales) y responder no solamente los informes que les formule la Comisión Bicameral, sino también los que les haga el Consejo de Seguridad Interior. Incluso, intervendrá en el futuro reacomodamiento del MPF cuando se modifique el Código Procesal Penal la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Conclusión

La reforma propuesta tiene como objetivo explícito la remoción de la actual Procuradora General de la Nación por no haberse sometido al actual Gobierno y haberse plantado contra tradicionales prácticas del aparato judicial.
Pero, sobre todo, busca la recolonización del Ministerio Público Fiscal, para garantizar la puesta en marcha de una política criminal (y un sistema penal) que responda a una mirada homogénea (no social) que privilegie los intereses de los poderosos, dentro y fuera del Estado.
Es un paso más en la deconstrucción del Estado de Derecho y su reemplazo por el Estado de Excepción, cuyas primeras formas de existencia vemos en el Jujuy colonizado por Morales.
Nuestra oposición al proyecto de Reforma, más allá de la explícita Operación Política de Remoción de la actual titular de la Procuración General de la Nación, responde a estrictas razones de derecho, en defensa de Constitución Nacional y de nuestros propios derechos a luchar por Memoria, Verdad y Justicia y por Todos los Derechos para Todas y para Todos.

MESA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Servicio Paz y Justicia

H.I.J.O.S. Capital

Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Matanza

Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz