A través de una intimidante carta a la abogada en juicios de lesa humanidad y diputada nacional Myriam Bregman, el dueño del Ingenio la intimida para que se abstenga de decirle que se encuentra “absolutamente impune” y que fue partícipe de “un genocidio”.
La carta lleva el sugestivo membrete de Ledesma, firmada de puño y letra por Eduardo Nogués, Director de Asuntos Institucionales y Legales de la empresa. Eso solo ya hiela la sangre. La destinataria es la diputada nacional Myriam Bregman y no es otra cosa que un amenazante “pedido”: “Le pedimos, Sra. Diputada, que evite hacer afirmaciones sin sustento que afecte la dignidad y el buen nombre de las personas”. Afectar la dignidad” es el secuestro, la desaparición, la tortura y las listas negras que el propio Blaquier armaba para señalar a los obreros que luego fueron secuestrados en camionetas de su empresa.
Indigna esta carta, viniendo de quien, no queda dudas, se ampara en sus “fueros de clase” para seguir impune.
Molesto por la intervención de Myriam Bregman en el Congreso Nacional el pasado 22 de junio, en la que señaló que “En la Argentina no solo hay fueros parlamentarios sino que también hay fueros de clase; porque hay empresarios como Blaquier de Ledesma que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes”, Carlos Pedro Blaquier se despacha con una esquela de tres páginas en las que pretende demostrar que no es uno de los principales responsables del tristemente famoso Apagón de Ledesma.
El sugestivo “pedido” por parte de uno de los hombres más poderosos del país, emblema del rol que ocuparon los empresarios durante la dictadura, es lisa y llanamente una amenaza. No podemos abstraer esta carta del conjunto de señales que el gobierno de Cambiemos, sectores del Poder Judicial y defensores de genocidas están dando a favor de la impunidad a los que fueron parte del genocidio en nuestro país, a poco de haberse cumplido 40 años de Apagón de Ledesma y con Etchecolatz a pasos de irse a su casa gracias al beneficio de la prisión domiciliaria. Nuevos aires que sólo imprimen más impunidad.
Tampoco es casual que esta advertencia se produzca en momentos en que el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ( CEPRODH ), organismo del que Myriam Bregman es abogada y fundadora, viene denunciando que Jujuy, la provincia de Blaquier, es un laboratorio de la impunidad y la represión, donde fueron reprimidos los obreros de Ledesma por reclamar por sus puestos de trabajo, donde se persigue a los trabajadores que lucha y en donde Milagro Sala está detenida por encabezar una protesta contra el gobierno de Morales y Haquim. El CEPRODH realizará en Jujuy un encuentro al que viajarán delegaciones de todo el país para denunciar los ataques a las libertades democráticas.
Sobreseimiento encubierto
El caso del empresario azucarero es uno de los ejemplos más contundentes de la intervención conjunta de las patronales y las fuerzas represivas durante la dictadura. Y es ejemplo también de cómo el Poder Judicial cuando se trata de defender intereses de clase – los “fueros de clase” de los que habla Myriam Bregman-, no duda: la Sala IV de Cámara de Casación Penal, presidida por Juan Carlos Geminiani dictó el 13 de marzo de 2015 la falta de mérito a Carlos Blaquier y Alberto Lemos, ambos procesados por su participación en delitos de lesa humanidad. Este fallo de casación fue, de hecho, un fallo excepcional, ya que como señalaron especialistas en ese momento, la Sala IV mostró un interés inusitado en tomar esta causa, antes de que hubiera sentencia.
La falta de mérito fue calificada en ese momento como un “sobreseimiento encubierto” por el fiscal Javier de Luca. Son además llamativos los argumentos ya que dan por probado el uso de camionetas del Ingenio Ledesma en el secuestro de decenas de personas durante el Apagón, pero el fallo señala que no está probado que Blaquier y Lemos estuvieran al tanto. Insólito.
A 40 años del Apagón, Blaquier dice en la “carta” a Myriam Bregman, que no se usaron camionetas del Ingenio. Repugna tanto cinismo. Ni Casación se animó a tanto. Niega por supuesto todo lo que víctimas, familiares y testigos señalaron y probaron durante años. “El ’Apagón de Ledesma’ se caracteriza por haber sido un operativo conjunto entre las fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía de la provincia, con listas en las manos. Se produjeron cortes de luz y tres grupos de tareas actuaron en simultáneo: uno en Calilegua, otro en Libertador y otro en el predio del Ingenio Ledesma. Necesitaban las listas exactas de “los enemigos del patrón”, por eso durante más de 3 meses hicieron un trabajo de seguimiento e inteligencia para saber exactamente a quiénes iban a buscar. El 20 de julio fue lo más furioso, entraron a las casas, se robaron todo lo que podían, detuvieron a los compañeros, los vendaron, ataron y los tiraron en camiones. Los detenidos eran trabajadores del Ingenio, hijos de trabajadores, docentes, abogados del sindicato y estudiantes que luchaban junto a ellos; incluso ha habido detenciones de estudiantes jujeños que fueron traídos desde Tucumán hasta Ledesma”. Así lo relata Francisco “Paco” Jara Sánchez, testigo en los juicios contra Blaquier. Sobran los testimonios como este.
Escarnio
La misiva contiene además términos y expresiones propias de los defensores de los genocidas: considerarse víctimas de una justicia que los persigue y no les brinda garantías. Algo que no resiste ni el menor de los análisis sobre los juicios a los genocidas. Dicen: “las causas seguidas por el Dr. Blaquier y el Ing. Lemos estuvieron plagadas de irregularidades y arbitrariedades que lesionan las garantías de defensa en juicio y de debido proceso…” y sigue un relato de chicanas por las cuales pretenden que debería haberse anulado todo lo actuado. Recuerda a las cartas de abogados de represores de la dictadura que publica a diario La Nación.
Recuerda también, en un claro hilo de continuidad en los métodos y objetivos, cuando Jorge “Tigre” Acosta, durante el juicio oral por la causa ESMA , en la que Bregman fue abogada querellante presentó una carta en la que sostiene que Patricia Walsh, Graciela Daleo, otros sobrevivientes y la propia Bregman lo someten al “escarnio” de estar esposado y de llegar en esas condiciones a las audiencias. “Escarnio era la ESMA”, le respondió la abogada, con justeza en marzo de 2010.
Hoy, a 40 años del Apagón, a 10 de la desaparición de Julio López, con altas posibilidades de que la Justicia otorgue la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, la carta de Nogués/Blaquier a la diputada nacional Myriam Bregman merece el repudio activo de todos los que defienden las libertades democráticas. Ese repudio ya empezó a reflejarse en las redes sociales. Sostenemos que sí, ¡Blaquier tiene fueros de clase y no vamos a callarnos!
Gloria Pagés
La Izquierda Diario
lunes, 29 de agosto de 2016
domingo, 28 de agosto de 2016
Pobre 'resistencia' kirchnerista
La marcha de la Resistencia convocada por Hebe de Bonafini y el kirchnerismo terminó en una triste parodia. Sin la participación de los organismos de derechos humanos históricos, la -pobre-concurrencia se limitó al aparato camporista y a sus grupos satélites.
Hebe de Bonafini había dado por concluida las Marchas de la Resistencia argumentando que con la llegada de los Kirchner al gobierno el 'enemigo' había dejado de estar en la Rosada. No le importó, claro, el asesinato de Mariano Ferreyra, la represión a los Qom, a los movimientos campesinos del noroeste y noreste del país, la condena a los obreros petroleros de Las Heras, la desaparición de Julio López y varios etc.
El regreso de las marchas entrañó una paradoja: la consigna central fue "Cristina conducción" a pesar de que la ex presidenta nunca fue a una Marcha de la Resistencia, siendo que ésta se realiza desde 1981. La "conductora" batió récords de ausentismo.
En la marcha faltó toda reivindicación referida a la lucha histórica de los derechos humanos. Se trata de algo que no debiera sorprender. Finalmente, el kirchnerismo aprobó la ley antiterrorista, le dió a Berni el control represivo de las rutas del país y terminó sus días con Milani como jefe máximo del Ejército, con el respaldo explícito de Hebe de Bonafini.
El tenor de la movilización y los términos políticos de la convocatoria dejan en ridículo a los grupos de izquierda que semanas atrás participaron de la maniobra kirchnerista en Plaza de Mayo, con la excusa de defender a Hebe de Bonafini. En esa oportunidad sólo el Partido Obrero se negó a participar del circo montado con los Boudou, Moreno y Aníbal Fernández.
La manipulación de una referencia simbólica de los derechos humanos para traficar el "vamos a volver" pone en evidencia el método de cooptación de las organizaciones populares que los K llevaron hasta sus últimas consecuencias cuando fueron gobierno. El macrismo pretende aprovechar esa malversación para desvirtuar las luchas sociales contra el ajuste.
La defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas plantea una delimitación tajante frente a ambos bloques políticos.
Gabriel Solano
Los datos de la recesión, el impacto social y los debates contemporáneos.
El INDEC difundió los datos de estimación mensual de actividad económica [1], de actividad industrial [2], junto a la información sobre el mercado de trabajo [3] a junio del 2016, confirmando los datos de la recesión económica y el crecimiento del desempleo, subempleo y el mantenimiento de la irregularidad en el empleo.
Recesión
La actividad económica en Junio 2016 contra mismo mes del año 2015 cayó 4,3%, dice el INDEC, y comparando el primer semestre del 2016 con el mismo periodo del 2015, la caída es del 1,3%. Se trata de una progresión donde la actividad económica cayó en cuatro de los seis meses del primer semestre: febrero, abril, mayo y junio.
Con relación al estimador mensual industrial, la situación se agrava, ya que la comparación a junio 2016 respecto del mismo mes del 2015, la caída es del 6,3%, con 5 de los 6 meses en retroceso y de manera creciente, con solo el mes de enero con un dato positivo. El acumulado anual respecto al primer semestre del 2015 es del 3,3% en ascenso.Solo dos rubros industriales presentan crecimiento:
1) el textil con 1,5%, con problemas derivados de la creciente importación, agravado con la recuperación de las ventas puerta a puerta vía internet, por lo que la producción foránea compite y afecta a la producción local;
2) refinación de petróleo con 0,3%.Los otros cinco con caída:
1) -6,4% en alimentos, donde sobresale lácteos con -22,3%, azúcar con 14,4% y tabaco con -15,5%; afectando un sector tradicional de abastecimiento del mercado interno y externo;
2) Papel y cartón -3,3% y edición e imprenta -10,9%;
3) Química -6,1% y Caucho y Plástico 0,9%, con fuerte caída del rubro neumáticos en -9%;
4) Minerales no metálicos -12% (vidrio 17,1, cemento -16,6%, materiales de la construcción -11,5%) y metálicos básicos -12% (acero), destacando la baja de un rubro de fuerte impacto en la economía y en el empleo como la construcción;
5) Automotores -21%, y Metalmecánica -4,7%.Aquella imagen de solución en el segundo semestre no se cumple en el transcurso de julio y agosto. La realidad es que se agudizan los problemas recesivos para consolidar un 2016 recesivo.
Venimos mal y cada vez fue peor, por eso los cierres de establecimientos y las cesantías o suspensiones. La promesa de la reactivación será verdad luego del brutal ajuste en proceso. Allí dirán que tenían razón, que siempre que llovió paró, pero claro, a costa de los de abajo.
Desempleo
El INDEC dice que la desocupación es 9,3% y la sub-ocupación alcanza al 11,2%. La desocupación en los partidos del Gran Buenos Aires es del 11,5%, en Mar del Plata del 11,6; en el Gran Rosario del 11,7 y en el Gran Córdoba del 11,7%.
Nuevamente registros de dos dígitos para un tema que consolida el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.
Además, el 33,4% de los asalariados no tienen descuento jubilatorio, confirmando la irregularidad del empleo y la impunidad empresaria.
Si la tasa de actividad es del 57.8%, para los hombres es del 69,6% y para las mujeres del 47,2% ratificando la discriminación hacia las mujeres.
El tema se repite en la tasa de empleo, del 63,7% para hombres y del 42,2% para las mujeres.
La tasa de desempleo reitera la discriminación a las mujeres, ya que para hombres es de 8,5% y para mujeres de 10,5%. Para los jóvenes menores de 29 años, el desempleo trepa al 18,9%. Mujeres y jóvenes los más perjudicados en materia laboral.
Son registros que se acompañan con ingresos deteriorados por el avance de la inflación, agravados con la discriminación hacia las mujeres. Es curioso cuando se escuchan argumentos para reducir el costo de producción con bajas del costo laboral, como si éste definiera el problema de la producción.
¿Qué ocurre con el conflicto social?
La condición objetiva es propicia para la extensión de la protesta social y queda claramente expresado en el crecimiento del conflicto contra el incremento de las tarifas de gas, luz y agua; la demanda de actualizaciones de subsidios personales y asistencia alimentaria; contra los despidos y suspensiones; tanto como fenómenos recurrentes de ocupaciones de tierra para la vivienda.
Son demandas promovidas desde el acumulado organizacional en un ciclo de luchas gestado en los 80/90, explicitado en torno al 2001 y que retoma su visibilidad ante el agravamiento de una situación estructural de deterioro social, cuya principal manifestación son los 15 millones de pobres, parte del empobrecimiento mayoritario de la sociedad en la Argentina.
Existe una subjetividad para la protesta, organizada desde concepciones políticas y culturales que no logran síntesis de proyecto político a pesar de iniciativas parciales de unidad de acción en la demanda social. Es lo que nos permite hablar de la fragmentación y diversidad de la protesta. Hay condiciones para un paro nacional, quizá la más emblemática medida de fuerza del movimiento obrero en la tradición argentina, pero necesita ser convocado.
La unidad de la CGT no alcanza, como bien definieron sus dirigentes en el primer encuentro luego del congreso unificador del 22 de agosto pasado, la CTA de los Trabajadores privilegia la Marcha Federal entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y la CTA Autónoma sostiene la propuesta de paro con los límites de su capacidad para hacerlo efectivo y agravada con una situación interna de fractura política, por lo que promueve iniciativas de discusión y acciones concretas para ganar conciencia entre su activo militante y organizaciones vinculadas sobre el desafío de la hora.
El viejo sindicalismo sobrevive con base en el poder económico de organizaciones vaciadas de participación activa de sus afiliados y alejadas de las nuevas condiciones de trabajo, donde prima el trabajo irregular y sin seguridad social, la precariedad en el empleo y en los ingresos, por lo que muchos trabajadores no son contenidos por los sindicatos. Sin capacidad de negociación, salvo algunos sindicatos que aun ejercen la presión desde el conflicto para acordar con las patronales o los gobiernos, solo atinan a satisfacer parcialmente demandas sociales de contenido mutualista, para confirmar un sindicalismo de servicio, muy alejado de la tradición combativa y del clasismo.
Viejo y nuevo modelo sindical
Hace tiempo que existen condiciones para la emergencia del nuevo modelo sindical, como enunció hace 25 años la CTA y las diversas experiencias de juntas internas antiburocráticas. El intento pasa por articular la variedad de la relación laboral tal y como hoy se expresa, con trabajo regularizado e irregularizado, con seguridad social o sin ella, con ocupados o desocupados, activos y pasivos, extendiendo la contención y pertenencia a las múltiples formas que asumen trabajadoras y trabajadores.
Es cierto que la mayoría de la dirigencia sindical no tributa en esta concepción y demora la sustitución de lo viejo por lo nuevo, por lo cual el desafío del movimiento obrero requiere del protagonismo y la subjetividad consciente para abrirle camino al nuevo modelo sindical. Es una premisa necesaria para articulaciones de bloque social más allá del movimiento de trabajadores y trabajadoras, lo que supone la unidad de sectores populares diversos.
Por la historia del movimiento obrero en la Argentina, la situación actual es propicia para pensar y debatir sobre sus perspectivas y posibilidades. Con la historia remitimos a la rica tradición originaria: anarquista, socialista, comunista hasta los 30/40 del siglo pasado. También al cambio de hegemonía en el movimiento sindical con el peronismo desde mediados de los 40 hasta la actualidad, claro que matizado en el trayecto por las disputas a su interior, con corrientes críticas, a veces clasistas, que promovieron rupturas desde la misma identidad de la CGT.
Pensar críticamente el presente
El nuevo momento político en la Argentina, con un gobierno explícitamente de derecha, que accedió a la gestión mediante las urnas y por vez primera sin el rótulo de las dos identidades que ocuparon la presidencia en tiempos constitucionales, el radicalismo y el peronismo, augura nuevas mutaciones en el ámbito social, cultural y político. Eso incluye, obviamente, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en el ámbito sindical, territorial e intelectual.
Por eso necesitamos del pensamiento crítico, que polemice contra el poder de las clases dominantes, pero también en el amplio espectro de las clases subalternas, para interpretar los cambios operados en la sociedad y poder intervenir en la transformación de la sociedad.
Desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma estamos comprometidos en esta búsqueda, que es el camino de la ruptura epistemológica, para ir más allá del fenómeno conflicto social, tal y como se presenta, y poder hurgar en la esencia y sus nuevas manifestaciones. Se trata de profundizar en el análisis contradictorio de la realidad para transformarla.
El pensamiento resulta imprescindible para interpretar el presente, las nuevas experiencias y los desafíos en la perspectiva de la emancipación social.
Julio C. Gambina
[1] INDEC. Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).
Informe de prensa
[2] INDEC. Estimador Mensual Industrial (EMI). Junio de 2016.
Estimador mensual industrial en pdf
[3] INDEC. Mercado de Trabajo: principales indicadores. Segundo trimestre de 2016. Segundo trimestre 2016 en pdf
Recesión
La actividad económica en Junio 2016 contra mismo mes del año 2015 cayó 4,3%, dice el INDEC, y comparando el primer semestre del 2016 con el mismo periodo del 2015, la caída es del 1,3%. Se trata de una progresión donde la actividad económica cayó en cuatro de los seis meses del primer semestre: febrero, abril, mayo y junio.
Con relación al estimador mensual industrial, la situación se agrava, ya que la comparación a junio 2016 respecto del mismo mes del 2015, la caída es del 6,3%, con 5 de los 6 meses en retroceso y de manera creciente, con solo el mes de enero con un dato positivo. El acumulado anual respecto al primer semestre del 2015 es del 3,3% en ascenso.Solo dos rubros industriales presentan crecimiento:
1) el textil con 1,5%, con problemas derivados de la creciente importación, agravado con la recuperación de las ventas puerta a puerta vía internet, por lo que la producción foránea compite y afecta a la producción local;
2) refinación de petróleo con 0,3%.Los otros cinco con caída:
1) -6,4% en alimentos, donde sobresale lácteos con -22,3%, azúcar con 14,4% y tabaco con -15,5%; afectando un sector tradicional de abastecimiento del mercado interno y externo;
2) Papel y cartón -3,3% y edición e imprenta -10,9%;
3) Química -6,1% y Caucho y Plástico 0,9%, con fuerte caída del rubro neumáticos en -9%;
4) Minerales no metálicos -12% (vidrio 17,1, cemento -16,6%, materiales de la construcción -11,5%) y metálicos básicos -12% (acero), destacando la baja de un rubro de fuerte impacto en la economía y en el empleo como la construcción;
5) Automotores -21%, y Metalmecánica -4,7%.Aquella imagen de solución en el segundo semestre no se cumple en el transcurso de julio y agosto. La realidad es que se agudizan los problemas recesivos para consolidar un 2016 recesivo.
Venimos mal y cada vez fue peor, por eso los cierres de establecimientos y las cesantías o suspensiones. La promesa de la reactivación será verdad luego del brutal ajuste en proceso. Allí dirán que tenían razón, que siempre que llovió paró, pero claro, a costa de los de abajo.
Desempleo
El INDEC dice que la desocupación es 9,3% y la sub-ocupación alcanza al 11,2%. La desocupación en los partidos del Gran Buenos Aires es del 11,5%, en Mar del Plata del 11,6; en el Gran Rosario del 11,7 y en el Gran Córdoba del 11,7%.
Nuevamente registros de dos dígitos para un tema que consolida el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.
Además, el 33,4% de los asalariados no tienen descuento jubilatorio, confirmando la irregularidad del empleo y la impunidad empresaria.
Si la tasa de actividad es del 57.8%, para los hombres es del 69,6% y para las mujeres del 47,2% ratificando la discriminación hacia las mujeres.
El tema se repite en la tasa de empleo, del 63,7% para hombres y del 42,2% para las mujeres.
La tasa de desempleo reitera la discriminación a las mujeres, ya que para hombres es de 8,5% y para mujeres de 10,5%. Para los jóvenes menores de 29 años, el desempleo trepa al 18,9%. Mujeres y jóvenes los más perjudicados en materia laboral.
Son registros que se acompañan con ingresos deteriorados por el avance de la inflación, agravados con la discriminación hacia las mujeres. Es curioso cuando se escuchan argumentos para reducir el costo de producción con bajas del costo laboral, como si éste definiera el problema de la producción.
¿Qué ocurre con el conflicto social?
La condición objetiva es propicia para la extensión de la protesta social y queda claramente expresado en el crecimiento del conflicto contra el incremento de las tarifas de gas, luz y agua; la demanda de actualizaciones de subsidios personales y asistencia alimentaria; contra los despidos y suspensiones; tanto como fenómenos recurrentes de ocupaciones de tierra para la vivienda.
Son demandas promovidas desde el acumulado organizacional en un ciclo de luchas gestado en los 80/90, explicitado en torno al 2001 y que retoma su visibilidad ante el agravamiento de una situación estructural de deterioro social, cuya principal manifestación son los 15 millones de pobres, parte del empobrecimiento mayoritario de la sociedad en la Argentina.
Existe una subjetividad para la protesta, organizada desde concepciones políticas y culturales que no logran síntesis de proyecto político a pesar de iniciativas parciales de unidad de acción en la demanda social. Es lo que nos permite hablar de la fragmentación y diversidad de la protesta. Hay condiciones para un paro nacional, quizá la más emblemática medida de fuerza del movimiento obrero en la tradición argentina, pero necesita ser convocado.
La unidad de la CGT no alcanza, como bien definieron sus dirigentes en el primer encuentro luego del congreso unificador del 22 de agosto pasado, la CTA de los Trabajadores privilegia la Marcha Federal entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y la CTA Autónoma sostiene la propuesta de paro con los límites de su capacidad para hacerlo efectivo y agravada con una situación interna de fractura política, por lo que promueve iniciativas de discusión y acciones concretas para ganar conciencia entre su activo militante y organizaciones vinculadas sobre el desafío de la hora.
El viejo sindicalismo sobrevive con base en el poder económico de organizaciones vaciadas de participación activa de sus afiliados y alejadas de las nuevas condiciones de trabajo, donde prima el trabajo irregular y sin seguridad social, la precariedad en el empleo y en los ingresos, por lo que muchos trabajadores no son contenidos por los sindicatos. Sin capacidad de negociación, salvo algunos sindicatos que aun ejercen la presión desde el conflicto para acordar con las patronales o los gobiernos, solo atinan a satisfacer parcialmente demandas sociales de contenido mutualista, para confirmar un sindicalismo de servicio, muy alejado de la tradición combativa y del clasismo.
Viejo y nuevo modelo sindical
Hace tiempo que existen condiciones para la emergencia del nuevo modelo sindical, como enunció hace 25 años la CTA y las diversas experiencias de juntas internas antiburocráticas. El intento pasa por articular la variedad de la relación laboral tal y como hoy se expresa, con trabajo regularizado e irregularizado, con seguridad social o sin ella, con ocupados o desocupados, activos y pasivos, extendiendo la contención y pertenencia a las múltiples formas que asumen trabajadoras y trabajadores.
Es cierto que la mayoría de la dirigencia sindical no tributa en esta concepción y demora la sustitución de lo viejo por lo nuevo, por lo cual el desafío del movimiento obrero requiere del protagonismo y la subjetividad consciente para abrirle camino al nuevo modelo sindical. Es una premisa necesaria para articulaciones de bloque social más allá del movimiento de trabajadores y trabajadoras, lo que supone la unidad de sectores populares diversos.
Por la historia del movimiento obrero en la Argentina, la situación actual es propicia para pensar y debatir sobre sus perspectivas y posibilidades. Con la historia remitimos a la rica tradición originaria: anarquista, socialista, comunista hasta los 30/40 del siglo pasado. También al cambio de hegemonía en el movimiento sindical con el peronismo desde mediados de los 40 hasta la actualidad, claro que matizado en el trayecto por las disputas a su interior, con corrientes críticas, a veces clasistas, que promovieron rupturas desde la misma identidad de la CGT.
Pensar críticamente el presente
El nuevo momento político en la Argentina, con un gobierno explícitamente de derecha, que accedió a la gestión mediante las urnas y por vez primera sin el rótulo de las dos identidades que ocuparon la presidencia en tiempos constitucionales, el radicalismo y el peronismo, augura nuevas mutaciones en el ámbito social, cultural y político. Eso incluye, obviamente, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en el ámbito sindical, territorial e intelectual.
Por eso necesitamos del pensamiento crítico, que polemice contra el poder de las clases dominantes, pero también en el amplio espectro de las clases subalternas, para interpretar los cambios operados en la sociedad y poder intervenir en la transformación de la sociedad.
Desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma estamos comprometidos en esta búsqueda, que es el camino de la ruptura epistemológica, para ir más allá del fenómeno conflicto social, tal y como se presenta, y poder hurgar en la esencia y sus nuevas manifestaciones. Se trata de profundizar en el análisis contradictorio de la realidad para transformarla.
El pensamiento resulta imprescindible para interpretar el presente, las nuevas experiencias y los desafíos en la perspectiva de la emancipación social.
Julio C. Gambina
[1] INDEC. Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).
Informe de prensa
[2] INDEC. Estimador Mensual Industrial (EMI). Junio de 2016.
Estimador mensual industrial en pdf
[3] INDEC. Mercado de Trabajo: principales indicadores. Segundo trimestre de 2016. Segundo trimestre 2016 en pdf
Economía sigue dando pésimas señales al común de la gente.
El Indec informó que la tasa de desempleo había aumentado al 9,3 por ciento. Y que en consecuencia hay 1.550.000 desempleados a nivel nacional, con todo lo que eso implica. No son casualidades. Macri lo hizo.
Esta vez el gobierno no podía echarle a culpa a Cristina, la herencia recibida ni a las dudosas amenazas anónimas que dicen haber recibido Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
No. Esta vez el golpe en el mentón se lo dio el Indec intervenido por esa nueva administración y que por eso mismo enmudeció en los primeros meses con la excusa de la regeneración. El Instituto dio a conocer su Encuesta Permanente de Hogares sobre una treintena de ciudades, que proyectado a nivel nacional arrojó una tasa de desempleo del 9,3 por ciento. Equivale a algo más de 1.5 millón de desempleados, a los que hay que sumarles otra legión de personas que trabajan menos horas de lo que quisieran, por las limitaciones del mercado laboral exacerbadas por los ajustes macristas.
Hay que remontarse a más de diez años hacia atrás para dar con una marca tan negativa en lo económico-social. En cambio la última medición del gobierno de CFK, en 2015, había arrojado una marca del 7 por ciento de desempleo, por lo que ahora en sólo seis meses -el dato del organismo de Jorge Todesca se refiere a junio pasado- se añadieron 2,3 puntos porcentuales.
Como la cuesta abajo siguió profundizándose en julio y lo que va de agosto, es legítimo suponer que el índice actual ya es de dos dígitos, superior al 10 por ciento. Como el presidente siempre busca un atajo para escapar de la realidad, su comentario sobre el particular fue que lo preocupante no sería tanto la tasa de desocupación sino que sólo trabaje el 40 por ciento de la población. Como si ambos porcentajes no fueran diferentes maneras de expresar la misma y preocupante realidad.
Como la marca kirchnerista del desempleo en 2015 era bastante inferior, el discurso de la “pesada herencia” no tiene ningún sostén. También en este tópico el grueso de los argentinos estaba mejor en esos años. Los lamentables registros que ahora reveló el Indec no nacieron de la casualidad sino la consecuencia inevitable de una concatenación de causas y efectos determinadas por las políticas económicas de Macri. El auge del desempleo en la órbita estatal y privada, la disparada de la inflación, el parate de la obra pública, los brutales tarifazos y la apertura generalizada de la economía a la importación, más los súper anchos márgenes de rentabilidad que dejan los negocios financieros, incidieron en esa marca de pesadilla para tantos hogares. Queda claro que no se trató de una mera casualidad o coincidencia sino el resultado de decisiones oficiales que se sabía iban a provocar ese saldo negativo.
Pruebas varias.
No vaya a creerse que las informaciones sobre pérdida de empleos son invención del Indec, el menos interesado en minarle el terreno al presidente.
Son datos objetivos, con un margen de error como suelen tener todos los estudios. Y desde la vida económica-laboral siguen llegando noticias en la misma y triste dirección, por caso las nuevas suspensiones de miles de obreros de la industria automotriz cordobesa en Fiat, Renault y Volkswagen, que van a durar los próximos dos meses como mínimo. Luego de eso, si no hay solución con una mayor demanda del mercado y de la exportación, muy frenada por el parate de Brasil, pueden llegar en forma de lluvia los odiosos telegramas de despidos.
Los industriales que apoyan al gobierno del PRO-Cambiemos, como los integrantes de cámaras reunidas por el Council of Americas en un hotel de Buenos Aires, confesaron mucha simpatía por el curso adoptado por Macri pero que aguardan mejores resultados para 2017. El famoso “segundo semestre” se hizo humo.
Entre los popes del empresariado que admiten no habrá mejoría hasta el año entrante está Cristiano Rattazzi, de Fiat, uno de los que incumplió la tregua de 90 días donde supuestamente respetarían los puestos de trabajo, según el papel mojado que firmaron en Balcarce 50.
El Estado seguirá drenando al menos otros 10.500 empleados públicos a los que no se les renovará el contrato, según adelantó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Llegado a este punto se empieza a clarificar adónde apunta el gobierno con tantas disposiciones que fomentan directa e indirectamente un mayor desempleo. El objetivo no es otro que bajar “el costo argentino”, con disminución del nivel salarial pagado y flexibilizando el empleo. El ministro de Trabajo Jorge Triaca, que niega enfáticamente que se hayan producido mermas salariales que ameriten la reapertura de paritarias, estaría elaborando el borrador de una flexibilización del empleo.
El ministro Francisco Cabrera, ex CEO de una AFJP, planteó reducir el costo del empleo. Y no hay que remontarse a más funcionarios sino directamente a declaraciones del presidente, para echar luz sobre su objetivo antisalario. Desde la planta de un laboratorio, Macri se quejó de los trabajadores que ponen palos en la rueda, que faltan sin razón a su empleo y que promueven la llamada “industria del juicio”.
El Ejecutivo aseguró que con su giro copernicano respecto a la gestión lloverían inversiones de miles de millones de dólares, un fenómeno que no se verificó. Ahora, pulverizado ese voluntarismo alienado de la realidad, están buscando crear las mejores condiciones para captar esas inversiones. Y a tal efecto antisocial la mejor carnada es aplanar los salarios, en un marco adverso caracterizado por la merma o eliminación de subsidios varios, entre ellos los que existían en energía y transporte.
Hoy la tasa de desempleo es del 9,3 por ciento, pero en ciudades como Rosario, Mar del Plata y Córdoba, es del 11,7, 11,6 y 11,5 respectivamente. Son valores similares a los vigentes en el conurbano bonaerense. Si esos guarismos se elevan hasta el 15 por ciento o más, entonces a las grandes patronales y el gobierno afín les será perfectamente posible recortar salarios y flexibilizar el empleo. Es que circundados por un mar de desocupados y subocupados, a los trabajadores ocupados se los apremiará con que son y serán afortunados si simplemente conservan el trabajo, y deben aceptar se les succione una mayor cuota de plusvalía bajo la fuerte presión de tanta gente que quiere desplazarlos y emplearse allí por menos dinero y estabilidad.
El único descargo presidencial es que la inflación irá disminuyendo. En esto es fiel al libreto de Menem y Cavallo, que también se vanagloriaban de esa baja, en medio del desempleo, la pobreza y una crisis que reventó en 2001.
¿Quiénes son animaloides?
Fiel al libreto oficialista que a lo sumo admite la versión menemista de “estamos mal pero vamos bien”, el gobierno no quiere rectificar rumbos ni siquiera en los rubros donde tuvo un aplazo memorable, caso del tarifazo del gas.
Su idea es ir finalmente a la audiencia pública del 16 de setiembre para cumplir las formalidades y tratar de burlar la resolución de la Corte Suprema que habilitaba discutir en ese ámbito el precio del gas en boca de pozo. El gobierno rechaza visceralmente tal debate porque quiere que ese asunto lo decida sólo en conciliábulos con los pulpos petroleros y gasíferos, con la transferencia de miles de millones de dólares que el tarifazo suponía.
Abrir la válvula de escape a la bronca contenida mediante audiencias limitadas, sólo podría darle un poco de tiempo al presidente y su ministro de Energía Juan J. Aranguren, gran responsable del desbarajuste. Si insisten en cobrar enormidades, aunque las reduzcan respecto a los anuncios de abril, eso no calmará las aguas ya encrespadas que se vieron en los dos ruidazos masivos en el orden nacional. Si creen que pueden aflojar un par de meses a los consumos residenciales y cobrar de prepo a Pymes, industrias y clubes de barrios, quiere decir que no han tomado debida nota del fallo de la Corte. Es que éste les abrió a estos consumos no particulares la vía de presentaciones judiciales similares a las de Cepis y otras entidades. O sea que en pocas semanas más esas miles de Pymes también podrían tener fallos favorables para frenar las facturas delirantes de Aranguren.
Eso que dispuso el ex CEO de Shell con todo el apoyo del ex CEO de Socma, o sea “Mauricio, que es Macri”, como solía ironizar Néstor Kirchner, ha sido una animalada.
Una columna contra “la fornicación”, del obispo de La Plata, Héctor Aguer, en el diario El Día, se despachó en estilo troglodita contra la homosexualidad, el sexo de los atletas en los Olímpicos por la cantidad de preservativos repartidos, las diminutas mallas, los juegos eróticos, el derecho de adopción de miembros de matrimonios igualitarios, etc. Para él la masturbación es una práctica “animaloide”. Las opiniones de monseñor fueron “animaloides” o propias de personas muy primitivas que vivieron varios siglos atrás.
Para el cronista, animaloide es la cartera de Energía que ordenó tarifas con salvajes aumentos. Animaloide es la ministra Patricia Bullrich, que ordenó a Gendarmería una violenta represión en la autopista Buenos Aires-La Plata contra desocupados de la CTD Aníbal Verón. Animaloides son los autores de un plan económico al servicio de los monopolios, que elevó la cuenta de desocupados a más de 1.5 millón de argentinos.
Emilio Marín
Esta vez el gobierno no podía echarle a culpa a Cristina, la herencia recibida ni a las dudosas amenazas anónimas que dicen haber recibido Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
No. Esta vez el golpe en el mentón se lo dio el Indec intervenido por esa nueva administración y que por eso mismo enmudeció en los primeros meses con la excusa de la regeneración. El Instituto dio a conocer su Encuesta Permanente de Hogares sobre una treintena de ciudades, que proyectado a nivel nacional arrojó una tasa de desempleo del 9,3 por ciento. Equivale a algo más de 1.5 millón de desempleados, a los que hay que sumarles otra legión de personas que trabajan menos horas de lo que quisieran, por las limitaciones del mercado laboral exacerbadas por los ajustes macristas.
Hay que remontarse a más de diez años hacia atrás para dar con una marca tan negativa en lo económico-social. En cambio la última medición del gobierno de CFK, en 2015, había arrojado una marca del 7 por ciento de desempleo, por lo que ahora en sólo seis meses -el dato del organismo de Jorge Todesca se refiere a junio pasado- se añadieron 2,3 puntos porcentuales.
Como la cuesta abajo siguió profundizándose en julio y lo que va de agosto, es legítimo suponer que el índice actual ya es de dos dígitos, superior al 10 por ciento. Como el presidente siempre busca un atajo para escapar de la realidad, su comentario sobre el particular fue que lo preocupante no sería tanto la tasa de desocupación sino que sólo trabaje el 40 por ciento de la población. Como si ambos porcentajes no fueran diferentes maneras de expresar la misma y preocupante realidad.
Como la marca kirchnerista del desempleo en 2015 era bastante inferior, el discurso de la “pesada herencia” no tiene ningún sostén. También en este tópico el grueso de los argentinos estaba mejor en esos años. Los lamentables registros que ahora reveló el Indec no nacieron de la casualidad sino la consecuencia inevitable de una concatenación de causas y efectos determinadas por las políticas económicas de Macri. El auge del desempleo en la órbita estatal y privada, la disparada de la inflación, el parate de la obra pública, los brutales tarifazos y la apertura generalizada de la economía a la importación, más los súper anchos márgenes de rentabilidad que dejan los negocios financieros, incidieron en esa marca de pesadilla para tantos hogares. Queda claro que no se trató de una mera casualidad o coincidencia sino el resultado de decisiones oficiales que se sabía iban a provocar ese saldo negativo.
Pruebas varias.
No vaya a creerse que las informaciones sobre pérdida de empleos son invención del Indec, el menos interesado en minarle el terreno al presidente.
Son datos objetivos, con un margen de error como suelen tener todos los estudios. Y desde la vida económica-laboral siguen llegando noticias en la misma y triste dirección, por caso las nuevas suspensiones de miles de obreros de la industria automotriz cordobesa en Fiat, Renault y Volkswagen, que van a durar los próximos dos meses como mínimo. Luego de eso, si no hay solución con una mayor demanda del mercado y de la exportación, muy frenada por el parate de Brasil, pueden llegar en forma de lluvia los odiosos telegramas de despidos.
Los industriales que apoyan al gobierno del PRO-Cambiemos, como los integrantes de cámaras reunidas por el Council of Americas en un hotel de Buenos Aires, confesaron mucha simpatía por el curso adoptado por Macri pero que aguardan mejores resultados para 2017. El famoso “segundo semestre” se hizo humo.
Entre los popes del empresariado que admiten no habrá mejoría hasta el año entrante está Cristiano Rattazzi, de Fiat, uno de los que incumplió la tregua de 90 días donde supuestamente respetarían los puestos de trabajo, según el papel mojado que firmaron en Balcarce 50.
El Estado seguirá drenando al menos otros 10.500 empleados públicos a los que no se les renovará el contrato, según adelantó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Llegado a este punto se empieza a clarificar adónde apunta el gobierno con tantas disposiciones que fomentan directa e indirectamente un mayor desempleo. El objetivo no es otro que bajar “el costo argentino”, con disminución del nivel salarial pagado y flexibilizando el empleo. El ministro de Trabajo Jorge Triaca, que niega enfáticamente que se hayan producido mermas salariales que ameriten la reapertura de paritarias, estaría elaborando el borrador de una flexibilización del empleo.
El ministro Francisco Cabrera, ex CEO de una AFJP, planteó reducir el costo del empleo. Y no hay que remontarse a más funcionarios sino directamente a declaraciones del presidente, para echar luz sobre su objetivo antisalario. Desde la planta de un laboratorio, Macri se quejó de los trabajadores que ponen palos en la rueda, que faltan sin razón a su empleo y que promueven la llamada “industria del juicio”.
El Ejecutivo aseguró que con su giro copernicano respecto a la gestión lloverían inversiones de miles de millones de dólares, un fenómeno que no se verificó. Ahora, pulverizado ese voluntarismo alienado de la realidad, están buscando crear las mejores condiciones para captar esas inversiones. Y a tal efecto antisocial la mejor carnada es aplanar los salarios, en un marco adverso caracterizado por la merma o eliminación de subsidios varios, entre ellos los que existían en energía y transporte.
Hoy la tasa de desempleo es del 9,3 por ciento, pero en ciudades como Rosario, Mar del Plata y Córdoba, es del 11,7, 11,6 y 11,5 respectivamente. Son valores similares a los vigentes en el conurbano bonaerense. Si esos guarismos se elevan hasta el 15 por ciento o más, entonces a las grandes patronales y el gobierno afín les será perfectamente posible recortar salarios y flexibilizar el empleo. Es que circundados por un mar de desocupados y subocupados, a los trabajadores ocupados se los apremiará con que son y serán afortunados si simplemente conservan el trabajo, y deben aceptar se les succione una mayor cuota de plusvalía bajo la fuerte presión de tanta gente que quiere desplazarlos y emplearse allí por menos dinero y estabilidad.
El único descargo presidencial es que la inflación irá disminuyendo. En esto es fiel al libreto de Menem y Cavallo, que también se vanagloriaban de esa baja, en medio del desempleo, la pobreza y una crisis que reventó en 2001.
¿Quiénes son animaloides?
Fiel al libreto oficialista que a lo sumo admite la versión menemista de “estamos mal pero vamos bien”, el gobierno no quiere rectificar rumbos ni siquiera en los rubros donde tuvo un aplazo memorable, caso del tarifazo del gas.
Su idea es ir finalmente a la audiencia pública del 16 de setiembre para cumplir las formalidades y tratar de burlar la resolución de la Corte Suprema que habilitaba discutir en ese ámbito el precio del gas en boca de pozo. El gobierno rechaza visceralmente tal debate porque quiere que ese asunto lo decida sólo en conciliábulos con los pulpos petroleros y gasíferos, con la transferencia de miles de millones de dólares que el tarifazo suponía.
Abrir la válvula de escape a la bronca contenida mediante audiencias limitadas, sólo podría darle un poco de tiempo al presidente y su ministro de Energía Juan J. Aranguren, gran responsable del desbarajuste. Si insisten en cobrar enormidades, aunque las reduzcan respecto a los anuncios de abril, eso no calmará las aguas ya encrespadas que se vieron en los dos ruidazos masivos en el orden nacional. Si creen que pueden aflojar un par de meses a los consumos residenciales y cobrar de prepo a Pymes, industrias y clubes de barrios, quiere decir que no han tomado debida nota del fallo de la Corte. Es que éste les abrió a estos consumos no particulares la vía de presentaciones judiciales similares a las de Cepis y otras entidades. O sea que en pocas semanas más esas miles de Pymes también podrían tener fallos favorables para frenar las facturas delirantes de Aranguren.
Eso que dispuso el ex CEO de Shell con todo el apoyo del ex CEO de Socma, o sea “Mauricio, que es Macri”, como solía ironizar Néstor Kirchner, ha sido una animalada.
Una columna contra “la fornicación”, del obispo de La Plata, Héctor Aguer, en el diario El Día, se despachó en estilo troglodita contra la homosexualidad, el sexo de los atletas en los Olímpicos por la cantidad de preservativos repartidos, las diminutas mallas, los juegos eróticos, el derecho de adopción de miembros de matrimonios igualitarios, etc. Para él la masturbación es una práctica “animaloide”. Las opiniones de monseñor fueron “animaloides” o propias de personas muy primitivas que vivieron varios siglos atrás.
Para el cronista, animaloide es la cartera de Energía que ordenó tarifas con salvajes aumentos. Animaloide es la ministra Patricia Bullrich, que ordenó a Gendarmería una violenta represión en la autopista Buenos Aires-La Plata contra desocupados de la CTD Aníbal Verón. Animaloides son los autores de un plan económico al servicio de los monopolios, que elevó la cuenta de desocupados a más de 1.5 millón de argentinos.
Emilio Marín
"Los manicomios terminan siendo el embudo donde queda atrapada una persona sin posibilidad de escapar"
Entrevista a Angel Barraco, asesor legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Miembro del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental.
-M.H.: Días pasados, la Comisión Provincial de la Memoria rechazó la decisión ministerial que derogó la resolución 1484/15 del Ministerio de Salud, dejando sin efecto normas y plazos para la habilitación de establecimientos de salud mental y adicciones. ¿Qué significado tiene esta medida?
-A.B.: Esta medida indudablemente atenta de manera muy importante contra los lineamientos de la Ley nacional de Salud Mental, que a grandes rasgos tiene como objetivo transformar un modelo manicomial existente a través del tiempo y que sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en el país.
Estas instituciones llamadas neuropsiquiátricos resumen todo aquello que no debería hacerse en cuanto a la atención de una persona que está atravesando por un padecimiento mental y que a grandes rasgos implica quedar detenidos en el tiempo dentro de estas instituciones, privados absolutamente de todo derecho.
Esta resolución apunta a que no se pueda avanzar, no solo en el sentido de cambiar la realidad de los manicomios públicos, sino que lo que aparece fuertemente por detrás son las clínicas de internación privadas. La resolución 1484 daba de manera muy puntual, cómo debían ser los dispositivos y servicios de Salud mental a través de lo que establece la Ley. Justamente para ir llevando adelante el proceso sustitutivo de las grandes instituciones históricas de internaciones masivas, por internaciones breves en hospitales generales, guardias interdisciplinarias, casas de medio camino, residencias protegidas; para ir gradualmente llevando adelante el modelo que evita lo que ocurre con los manicomios, que termina siendo el embudo donde queda atrapada una persona sin posibilidad de escapar.
El tema es grave, porque la resolución que se dio de baja, apuntaba no solo a la adaptación de los efectores públicos, sino también de los privados y ponía como límite, a partir de la salida de esa resolución que fue en septiembre de 2015, un plazo de 360 días para que todas las instituciones públicas y privadas adecuaran los estándares de habilitación a las exigencias de la Ley de Salud Mental. Se les venía el tiempo encima y obviamente ninguna de las instituciones había realizado esa transformación. Con lo cual, a partir del lobby y del dominio que tiene de la salud en general, la corporación médico hegemónica, que de manera conjunta con el poder político macrista, dominan el área del Ministerio de Salud de la Nación y el área de salud y salud mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Se está defendiendo un modelo conservador, para sostener el de la industria farmacéutica
-M.H.: Cuando asumió la administración macrista, hablamos sobre el director de Salud Mental, Andrew Blake, quien se ha declarado un detractor de la Ley de Salud mental 26657 y llegó a decir, aún antes de ser nombrado, que no iba a acatar la legislación votada y aprobada. A esto se le agrega, que el flamante asesor de María Eugenia Vidal, el divulgador neurocientífico Facundo Manes, en la página de la Fundación Ineco se lamenta porque la Ley iguala a todos los profesionales en el ámbito de la salud mental, ignorando el complejo tema de las competencias. Se declara un férreo defensor del modelo médico hegemónico, que sostiene que sólo los profesionales médicos pueden acceder a puestos de dirección de servicio en hospitales.
-A.B.: En primer lugar se está equivocando, porque lo complejo no es el tema de las competencias sino de las incumbencias. Me refiero a todas las funciones, misiones y códigos éticos que cada profesión tiene establecidos. Es lo que antes se llamaba incumbencia y ahora se llama “actividad reservada para la profesión de psicólogo, médico, etc.” Esto quiere decir, a modo de ejemplo en salud mental, está claro que un psicólogo no puede prescribir psicofármacos, eso sería una transgresión de una incumbencia por otra. No tenemos noticia de que algo así haya ocurrido. Lo que en realidad establece tanto la Ley de la Ciudad como la Ley nacional, es que la salud mental es de una complejidad tal que requiere de una multiplicidad de saberes. La historia misma da cuenta de que fue la psiquiatría la que nació en función del manicomio, como control, y mucho tiempo después fue anexada a la medicina; y es la responsable de haber llevado adelante la lógica manicomial y los resultados nefastos que ha tenido.
Más allá de esto, lo cierto es que no hay nada más complejo que el acto psíquico, y la prueba de esto está en que a veces, aun interviniendo en un caso de un trastorno severo, yendo a la atención y el abordaje de todos los múltiples saberes, no alcanza y no hay respuesta. Esto es algo que no hay que perder de vista respecto del origen y de lo que implica un padecimiento mental.
Lo que ha hecho la Ley es dar lugar a algo que ocurre en todas partes del mundo, pero que acá se resiste. Una cosa son las incumbencias y otra son las competencias. Las competencias están establecidas en función de lo que un profesional habilitado, tenga un curso de administración hospitalaria, cursos de gestión y tener un cargo de conducción, o una jefatura, o ser el director de un hospital no tiene nada que ver con la incumbencia. Recuerdo cuando estábamos discutiendo la Ley nacional en la Cámara de Diputados, vinieron los representantes de la principal asociación de psiquiatría y estaba el que en ese momento era el director de la OMS de Salud mental, el Dr. Benedetto Saraceno, un psiquiatra italiano. Cuando le planteamos esta situación que se daba en el país respecto de la cuestión de interpelar y cuestionar la posibilidad de que cualquier otro profesional no médico pueda acceder al cargo de conducir una institución o un servicio o una jefatura, nos miró azorado y nos dijo que no podía ser, que en Canadá, por ejemplo, la directora es una enfermera. Le pareció una discusión medieval.
Yo creo que esto es lo que se está defendiendo, un modelo conservador, pero no por una cuestión ideológica para no perder el poder, sino que lo que hay detrás es sostener una serie de intereses que atraviesan lo económico y que es el múltiple poder de la industria farmacéutica, de la cual muchos psiquiatras, no todos, pero muchos y otros médicos que no son psiquiatras pero que recetan psicofármacos, son el ejército de lapiceras, un nexo indudable con el negocio farmacéutico.
Esto quedó comprobado cuando en EE. UU., la psiquiatría norteamericana que es la responsable de sacar cada 3 o 4 años una nueva versión del DSM que es el manual diagnóstico que utilizan, en el último se comprobó que los psiquiatras que lo redactaron pertenecían a las industrias farmacéuticas. Casualmente el 3 de octubre va a estar acá en Argentina el Dr. Frances Allen, que fue uno de los redactores y que después se apartó criticando que se estaban inventando síndromes y enfermedades de acuerdo a las necesidades de los laboratorios. Esto es parte del entramado corporativo, ideológico y económico que estamos asistiendo como contraofensiva contra la Ley nacional de Salud Mental.
-M.H.: Quedo con el compromiso de volver a entrevistarte para profundizar en el tema de la prescripción de psicofármacos en general y en particular en los niños.
-A.B.: Desde ya es gravísima la situación de la medicalización de la sociedad y en particular de la infancia a través de estos síndromes que tienen que ver con el DSM 5 donde aparecen nuevas “patologías” como el “síndrome de rebeldía”. Es un tema gravísimo que hay que hablar.
Hay una noticia buena que me gustaría comentarte y que tiene que ver con la justicia. Ha salido un fallo de un Juez federal donde emplaza tanto al Estado Nacional como al de la Ciudad a crear servicios de salud mental para reemplazar a los manicomios. Esto lo hace desde la perspectiva de 4 pacientes porque dos curadoras se presentaron ante la justicia y fueron apoyadas por dos organizaciones y el Juez dio lugar, y le dio alcance además de a los cuatro casos presentados, al derecho colectivo, para todos los pacientes que están en esta situación, internados sin causa justificada, encerrados sin causa justificada. Esta noticia da un respiro al menos a todos los avances que están dando tanto política como corporativamente en contra de la transformación de un sistema que debe ser modificado sí o sí.
-M.H.: Es interesante, porque justamente hace unos días, a raíz del caso del jubilado que se parapetó en Chacarita y permaneció varias horas en su casa resistiendo a una situación de violencia, los medios, en particular TN, hicieron una suerte de estigmatización de la locura, se puso en tela de juicio si una persona con sus facultades mentales alteradas, podía vivir en sociedad.
-A.B.: Ese es otro tema para tratar. La semana pasada estuve justamente en el noticiero de C5N hablando sobre estos temas de Salud mental, pero fuera de cámara les dije que tienen que adecuar el vocabulario comunicacional, porque hay pautas establecidas que ellos desconocían. Uno de ellos me confesó que había sido el responsable de nombrar al “Loco de Mataderos”. Este es un tema importantísimo. Mañana en el Centro de la Cooperación va a haber una actividad sobre “Salud mental y los medios de comunicación” con la participación del periodista Víctor Hugo Morales. Debemos avanzar para romper con el prejuicio y la discriminación que se genera en el imaginario social, muchas veces por la carga de los medios de comunicación.
Mario Hernandez
-M.H.: Días pasados, la Comisión Provincial de la Memoria rechazó la decisión ministerial que derogó la resolución 1484/15 del Ministerio de Salud, dejando sin efecto normas y plazos para la habilitación de establecimientos de salud mental y adicciones. ¿Qué significado tiene esta medida?
-A.B.: Esta medida indudablemente atenta de manera muy importante contra los lineamientos de la Ley nacional de Salud Mental, que a grandes rasgos tiene como objetivo transformar un modelo manicomial existente a través del tiempo y que sigue vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en el país.
Estas instituciones llamadas neuropsiquiátricos resumen todo aquello que no debería hacerse en cuanto a la atención de una persona que está atravesando por un padecimiento mental y que a grandes rasgos implica quedar detenidos en el tiempo dentro de estas instituciones, privados absolutamente de todo derecho.
Esta resolución apunta a que no se pueda avanzar, no solo en el sentido de cambiar la realidad de los manicomios públicos, sino que lo que aparece fuertemente por detrás son las clínicas de internación privadas. La resolución 1484 daba de manera muy puntual, cómo debían ser los dispositivos y servicios de Salud mental a través de lo que establece la Ley. Justamente para ir llevando adelante el proceso sustitutivo de las grandes instituciones históricas de internaciones masivas, por internaciones breves en hospitales generales, guardias interdisciplinarias, casas de medio camino, residencias protegidas; para ir gradualmente llevando adelante el modelo que evita lo que ocurre con los manicomios, que termina siendo el embudo donde queda atrapada una persona sin posibilidad de escapar.
El tema es grave, porque la resolución que se dio de baja, apuntaba no solo a la adaptación de los efectores públicos, sino también de los privados y ponía como límite, a partir de la salida de esa resolución que fue en septiembre de 2015, un plazo de 360 días para que todas las instituciones públicas y privadas adecuaran los estándares de habilitación a las exigencias de la Ley de Salud Mental. Se les venía el tiempo encima y obviamente ninguna de las instituciones había realizado esa transformación. Con lo cual, a partir del lobby y del dominio que tiene de la salud en general, la corporación médico hegemónica, que de manera conjunta con el poder político macrista, dominan el área del Ministerio de Salud de la Nación y el área de salud y salud mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Se está defendiendo un modelo conservador, para sostener el de la industria farmacéutica
-M.H.: Cuando asumió la administración macrista, hablamos sobre el director de Salud Mental, Andrew Blake, quien se ha declarado un detractor de la Ley de Salud mental 26657 y llegó a decir, aún antes de ser nombrado, que no iba a acatar la legislación votada y aprobada. A esto se le agrega, que el flamante asesor de María Eugenia Vidal, el divulgador neurocientífico Facundo Manes, en la página de la Fundación Ineco se lamenta porque la Ley iguala a todos los profesionales en el ámbito de la salud mental, ignorando el complejo tema de las competencias. Se declara un férreo defensor del modelo médico hegemónico, que sostiene que sólo los profesionales médicos pueden acceder a puestos de dirección de servicio en hospitales.
-A.B.: En primer lugar se está equivocando, porque lo complejo no es el tema de las competencias sino de las incumbencias. Me refiero a todas las funciones, misiones y códigos éticos que cada profesión tiene establecidos. Es lo que antes se llamaba incumbencia y ahora se llama “actividad reservada para la profesión de psicólogo, médico, etc.” Esto quiere decir, a modo de ejemplo en salud mental, está claro que un psicólogo no puede prescribir psicofármacos, eso sería una transgresión de una incumbencia por otra. No tenemos noticia de que algo así haya ocurrido. Lo que en realidad establece tanto la Ley de la Ciudad como la Ley nacional, es que la salud mental es de una complejidad tal que requiere de una multiplicidad de saberes. La historia misma da cuenta de que fue la psiquiatría la que nació en función del manicomio, como control, y mucho tiempo después fue anexada a la medicina; y es la responsable de haber llevado adelante la lógica manicomial y los resultados nefastos que ha tenido.
Más allá de esto, lo cierto es que no hay nada más complejo que el acto psíquico, y la prueba de esto está en que a veces, aun interviniendo en un caso de un trastorno severo, yendo a la atención y el abordaje de todos los múltiples saberes, no alcanza y no hay respuesta. Esto es algo que no hay que perder de vista respecto del origen y de lo que implica un padecimiento mental.
Lo que ha hecho la Ley es dar lugar a algo que ocurre en todas partes del mundo, pero que acá se resiste. Una cosa son las incumbencias y otra son las competencias. Las competencias están establecidas en función de lo que un profesional habilitado, tenga un curso de administración hospitalaria, cursos de gestión y tener un cargo de conducción, o una jefatura, o ser el director de un hospital no tiene nada que ver con la incumbencia. Recuerdo cuando estábamos discutiendo la Ley nacional en la Cámara de Diputados, vinieron los representantes de la principal asociación de psiquiatría y estaba el que en ese momento era el director de la OMS de Salud mental, el Dr. Benedetto Saraceno, un psiquiatra italiano. Cuando le planteamos esta situación que se daba en el país respecto de la cuestión de interpelar y cuestionar la posibilidad de que cualquier otro profesional no médico pueda acceder al cargo de conducir una institución o un servicio o una jefatura, nos miró azorado y nos dijo que no podía ser, que en Canadá, por ejemplo, la directora es una enfermera. Le pareció una discusión medieval.
Yo creo que esto es lo que se está defendiendo, un modelo conservador, pero no por una cuestión ideológica para no perder el poder, sino que lo que hay detrás es sostener una serie de intereses que atraviesan lo económico y que es el múltiple poder de la industria farmacéutica, de la cual muchos psiquiatras, no todos, pero muchos y otros médicos que no son psiquiatras pero que recetan psicofármacos, son el ejército de lapiceras, un nexo indudable con el negocio farmacéutico.
Esto quedó comprobado cuando en EE. UU., la psiquiatría norteamericana que es la responsable de sacar cada 3 o 4 años una nueva versión del DSM que es el manual diagnóstico que utilizan, en el último se comprobó que los psiquiatras que lo redactaron pertenecían a las industrias farmacéuticas. Casualmente el 3 de octubre va a estar acá en Argentina el Dr. Frances Allen, que fue uno de los redactores y que después se apartó criticando que se estaban inventando síndromes y enfermedades de acuerdo a las necesidades de los laboratorios. Esto es parte del entramado corporativo, ideológico y económico que estamos asistiendo como contraofensiva contra la Ley nacional de Salud Mental.
-M.H.: Quedo con el compromiso de volver a entrevistarte para profundizar en el tema de la prescripción de psicofármacos en general y en particular en los niños.
-A.B.: Desde ya es gravísima la situación de la medicalización de la sociedad y en particular de la infancia a través de estos síndromes que tienen que ver con el DSM 5 donde aparecen nuevas “patologías” como el “síndrome de rebeldía”. Es un tema gravísimo que hay que hablar.
Hay una noticia buena que me gustaría comentarte y que tiene que ver con la justicia. Ha salido un fallo de un Juez federal donde emplaza tanto al Estado Nacional como al de la Ciudad a crear servicios de salud mental para reemplazar a los manicomios. Esto lo hace desde la perspectiva de 4 pacientes porque dos curadoras se presentaron ante la justicia y fueron apoyadas por dos organizaciones y el Juez dio lugar, y le dio alcance además de a los cuatro casos presentados, al derecho colectivo, para todos los pacientes que están en esta situación, internados sin causa justificada, encerrados sin causa justificada. Esta noticia da un respiro al menos a todos los avances que están dando tanto política como corporativamente en contra de la transformación de un sistema que debe ser modificado sí o sí.
-M.H.: Es interesante, porque justamente hace unos días, a raíz del caso del jubilado que se parapetó en Chacarita y permaneció varias horas en su casa resistiendo a una situación de violencia, los medios, en particular TN, hicieron una suerte de estigmatización de la locura, se puso en tela de juicio si una persona con sus facultades mentales alteradas, podía vivir en sociedad.
-A.B.: Ese es otro tema para tratar. La semana pasada estuve justamente en el noticiero de C5N hablando sobre estos temas de Salud mental, pero fuera de cámara les dije que tienen que adecuar el vocabulario comunicacional, porque hay pautas establecidas que ellos desconocían. Uno de ellos me confesó que había sido el responsable de nombrar al “Loco de Mataderos”. Este es un tema importantísimo. Mañana en el Centro de la Cooperación va a haber una actividad sobre “Salud mental y los medios de comunicación” con la participación del periodista Víctor Hugo Morales. Debemos avanzar para romper con el prejuicio y la discriminación que se genera en el imaginario social, muchas veces por la carga de los medios de comunicación.
Mario Hernandez
sábado, 27 de agosto de 2016
Monseñor Aguer: oscurantismo y homofobia
Famoso por sus declaraciones retrógradas, el Arzobispo de La Plata pone sobre la mesa aquello que la Iglesia Católica nunca dejó de ser. Cuando lo esencial es visible a los ojos.
Durante la última semana, el Monseñor Héctor Rubén Aguer volvió a ser noticia en los medios al proferir un amplio espectro de frases misóginas y retrógradas. Desde su alarma por una supuesta “desnaturalización de la función sexual”, pasando por la denuncia a lo “provocativo” de los trajes olímpicos, hasta la idea de que “la masturbación es parte de un desenfreno animaloide”.
Estas declaraciones, que parecen el guión para un sketch de Cha Cha Cha, abandonan su costado paródico cuando se indaga un poco en el historial de Aguer. El clérigo se erige como un verdadero militante por los valores oscurantistas.
“Se articula un proceso para hacer de los niños y adolescentes bonaerenses pequeños teóricos críticos para cambiar la sociedad (…), se los adoctrinará con versiones criollas de las ideas de Foucault y del neomarxismo”, alertaba en 2008 frente a cambios curriculares en la educación media. Y criticó en más de una ocasión la lucha por los Derechos Humanos. “Se habla en estos días de una ‘política de memoria, verdad y justicia’. ¿No se llama así, pomposamente, al rencor y a la venganza?”, preguntaba en el mes de mayo de este año.
De todas formas, como demostraron los dichos que trascendieron recientemente, su energía se concentra principalmente en atacar los derechos de las mujeres y LGTBI.
“Dios perdona cualquier cosa, pero el Sida no perdona”, fue un de las excusas que eligió para justificar su cruzada contra los preservativos. Para Aguer, los “ritmos de fertilidad creados por la naturaleza” brindarían una solución alternativa y “alejada de la promiscuidad y el pecado”. Por eso también arremetió contra la “desnaturalización de los sexos”, la “igualdad de género”, la masturbación, el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la ESI (Ley de Educación Sexual Integral), el sexo extramatrimonial, la inseminación artificial y todo lo que considera una “cultura fornicaria”.
“No soy un bicho raro en la Iglesia”, respondió el religioso frente a los cuestionamientos de los periodistas. Aguer, de 73 años, es Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina y asumió en junio del 2000 como cabeza de una de las Arquidiócesis más importantes del país. Ocupa un lugar de poder y está a cargo de más de 64 parroquias, 105 iglesias y capillas, 194 sacerdotes y 95 centros educativos.
Aunque forma parte de su ala más conservadora, el Monseñor representa la ortodoxia clásica que rige la Curia. No casualmente ninguna figura con peso dentro de la Iglesia salió a rebatir sus dichos. Aunque ha tenido divergencias con Francisco desde que éste era cardenal –las cuales han implicado enfrentamientos abiertos-, con distintas facetas ambos conservan lo esencial de una moral oscurantista.
Los dichos explícitos de Aguer, con el estilo que lo caracteriza, le hacen un flaco favor a una institución que busca represtigiarse frente a la constante pérdida de fieles y puede que incomoden a más de un miembro del Episcopado. Sin embargo, estos pensamientos no son exclusivos de este representante de la jerarquía eclesiástica. Recientemente, en Mendoza, el lobby del Opus Dei frenó unas jornadas por la diversidad sexual y a principio de año se lanzó contra el proyecto que convierte en ley el “Día contra la homofobia”.
Sin embargo, son la muestra de que los pretendidos cambios “revolucionarios” pregonados durante el último tiempo, resultaron no ser tales. El “gatopardismo” de Bergoglio –cambiar para que nada cambie- choca de frente con las confesiones de parte del Arzobispo.
A pesar de cambios en el discurso –con los inevitables “deslices” homofóbicos del Papa o contra el aborto -, siguen en pie los elementos constitutivos de una institución que, con el financiamiento actual del Estado, lleva más de dos milenios, legitimando, reproduciendo y sosteniendo la dominación, la explotación y la opresión de millones de personas.
Jazmín Bazán
¿Marcha de la resistencia o “Cristina conducción”?
Se realiza una nueva versión de la histórica marcha, encabezada por Hebe y dirigentes kirchneristas. La consigna: “Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina conducción”.
De la mano del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y esperando la llegada de Máximo Kirchner, Hebe de Bonafini arrancó ayer a las 17 una nueva versión de la histórica Marcha de la Resistencia.
Esta vez, y luego de haber renunciado a realizar esta histórica marcha durante diez años, la consigna es “Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina conducción”.
Habrá una vigilia y una constante marcha alrededor de la Pirámide de Mayo hasta hoy a las 17, cuando se realizará el acto de cierre con dos oradores: Bonafini y Máximo Kirchner.
En el recital que se desarrollaba por la tarde y la noche de ayer, Ignacio Copani abrió cantando “Olé olá, junto a Cristina resistir sin descansar”. Allí estaban los dirigentes de La Cámpora y gran parte de los diputados que representan al kirchnerismo. En definitiva, pareciera que la nueva edición invernal de la Marcha de la Resistencia no es otra cosa que una demostración de fuerzas de ese arco político.
Las Madres de Plaza de Mayo inauguraron -“parieron” como les gusta decir- la que ellas mismas denominaron Marcha de la Resistencia, “un nuevo espacio de lucha”, el 9 de diciembre de 1981, con la dictadura todavía en acción, bajo la consigna “Aparición con vida”.
Desde ese momento hasta el año 2006, sin interrupción, todos los diciembres se realizaba la Marcha que, a pesar de múltiples diferencias entre los organismos de derechos humanos, lograba congregarnos a todos los luchadores y militantes, junto a cientos que veían en esa marcha, como la del 24 de marzo, un lugar de denuncia y de lucha contra los atropellos a las libertades democráticos.
Ese año, Hebe de Bonafini y la Asociación Madres de Plaza de Mayo definieron que no participarían más por concluida porque “no había más un enemigo en la Casa de Gobierno, sino un amigo, que era Néstor”.
Sin embargo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, junto a la gran mayoría de los organismos de derechos humanos que mantuvieron la independencia política del Estado y los gobiernos, sostuvimos la fecha simbólica y seguimos rodeando la Plaza en diciembre de cada año.
La “vuelta” de la Marcha de la Resistencia aparece entonces como la vuelta de Hebe de Bonafini para retomar un lugar central en la oposición al macrismo y como el intento de volver a las calles por parte del kirchnerismo, arrogándose también el nombre de Marcha de la Resistencia.
Por cierto, en diciembre del año pasado, Bonafini ya había “vuelto”, aunque sin la pompa de hoy, a marchar. Acababa de asumir Mauricio Macri, y el “enemigo” volvía a la Rosada.
Nueve años y ningún motivo para luchar ni resistir
La ubicación de Hebe de Bonafini frente al Estado y el gobierno durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner no se puede reducir sólo a su simpatía política con “el proyecto”.
Las consecuencias son profundas, porque la cooptación no sólo la llevó a tener algún nivel de participación en negocios a la vera del Estado sino, y esto es lo más grave, a callar y encubrir los ataques a los trabajadores y sectores populares durante los doce años de kirchnerismo.
Ese mismo año, 2006, cuando Bonafini abandonaba las Marchas de la Resistencia, el 18 de septiembre desapareció -y aún sigue sin conocerse su destino- el testigo contra Etchecolatz, Jorge Julio López. Ni una palabra exigiendo al Estado y al gobierno su aparición con vida surgieron del sector que representaba Hebe. Por el contrario, lamentablemente llegó a tomar como propias versiones como la de Aníbal Fernández que, en una muestra de cinismo astronómico, dijo que López podía “estar en la casa de la tía”.
El asesinato de Mariano Ferreyra; las múltiples represiones y asesinatos al pueblo Qom; las represiones en Panamericana a los trabajadores de Lear; la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras en Santa Cruz; la persecución y espionaje a luchadores a través del Proyecto X, entre otras cuestiones, fueron silenciadas por Hebe de Bonafini. Cooptación fue eso: callar, silencio cómplice y dejar pasar los avances contra las libertades democráticas.
La designación de César Milani al mando del Ejército, sobre quien pesan graves denuncias por su participación en el genocidio, no sólo encontró a una Bonafini silenciosa sino que, posteriormente, pudimos verla todos abrazada al militar, sonrisa mediante. Esa imagen fue la dilapidación rotunda de una lucha de años contra los genocidas.
Hoy vuelve a marchar, de la mano de Guillermo Moreno, quien fuera el director de la patota que amedrentó durante años a trabajadores de ATE del Indec que cuestionaban la orientación del organismo durante el kirchnerismo.
A pesar de esto, hemos defendido sin dudarlo y estuvimos en la primera fila contra el intento de detención de Bonafini por parte de la Justicia y el gobierno de Cambiemos. Ninguna diferencia nos hará callar los ataques del Estado a referentes de la lucha contra la dictadura.
Sin dudas, tenemos por delante un gran desafío que es el de enfrentar al gobierno de Cambiemos y a los gobiernos provinciales que, además de haber descargado un ajuste brutal contra los trabajadores y el pueblo, están dando sostenidas muestras de querer imponer con sectores del Poder Judicial, más impunidad a los genocidas y más represión a los que luchan. Los que nunca nos fuimos, seguiremos en las calles.
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH
De la mano del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y esperando la llegada de Máximo Kirchner, Hebe de Bonafini arrancó ayer a las 17 una nueva versión de la histórica Marcha de la Resistencia.
Esta vez, y luego de haber renunciado a realizar esta histórica marcha durante diez años, la consigna es “Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina conducción”.
Habrá una vigilia y una constante marcha alrededor de la Pirámide de Mayo hasta hoy a las 17, cuando se realizará el acto de cierre con dos oradores: Bonafini y Máximo Kirchner.
En el recital que se desarrollaba por la tarde y la noche de ayer, Ignacio Copani abrió cantando “Olé olá, junto a Cristina resistir sin descansar”. Allí estaban los dirigentes de La Cámpora y gran parte de los diputados que representan al kirchnerismo. En definitiva, pareciera que la nueva edición invernal de la Marcha de la Resistencia no es otra cosa que una demostración de fuerzas de ese arco político.
Las Madres de Plaza de Mayo inauguraron -“parieron” como les gusta decir- la que ellas mismas denominaron Marcha de la Resistencia, “un nuevo espacio de lucha”, el 9 de diciembre de 1981, con la dictadura todavía en acción, bajo la consigna “Aparición con vida”.
Desde ese momento hasta el año 2006, sin interrupción, todos los diciembres se realizaba la Marcha que, a pesar de múltiples diferencias entre los organismos de derechos humanos, lograba congregarnos a todos los luchadores y militantes, junto a cientos que veían en esa marcha, como la del 24 de marzo, un lugar de denuncia y de lucha contra los atropellos a las libertades democráticos.
Ese año, Hebe de Bonafini y la Asociación Madres de Plaza de Mayo definieron que no participarían más por concluida porque “no había más un enemigo en la Casa de Gobierno, sino un amigo, que era Néstor”.
Sin embargo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, junto a la gran mayoría de los organismos de derechos humanos que mantuvieron la independencia política del Estado y los gobiernos, sostuvimos la fecha simbólica y seguimos rodeando la Plaza en diciembre de cada año.
La “vuelta” de la Marcha de la Resistencia aparece entonces como la vuelta de Hebe de Bonafini para retomar un lugar central en la oposición al macrismo y como el intento de volver a las calles por parte del kirchnerismo, arrogándose también el nombre de Marcha de la Resistencia.
Por cierto, en diciembre del año pasado, Bonafini ya había “vuelto”, aunque sin la pompa de hoy, a marchar. Acababa de asumir Mauricio Macri, y el “enemigo” volvía a la Rosada.
Nueve años y ningún motivo para luchar ni resistir
La ubicación de Hebe de Bonafini frente al Estado y el gobierno durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner no se puede reducir sólo a su simpatía política con “el proyecto”.
Las consecuencias son profundas, porque la cooptación no sólo la llevó a tener algún nivel de participación en negocios a la vera del Estado sino, y esto es lo más grave, a callar y encubrir los ataques a los trabajadores y sectores populares durante los doce años de kirchnerismo.
Ese mismo año, 2006, cuando Bonafini abandonaba las Marchas de la Resistencia, el 18 de septiembre desapareció -y aún sigue sin conocerse su destino- el testigo contra Etchecolatz, Jorge Julio López. Ni una palabra exigiendo al Estado y al gobierno su aparición con vida surgieron del sector que representaba Hebe. Por el contrario, lamentablemente llegó a tomar como propias versiones como la de Aníbal Fernández que, en una muestra de cinismo astronómico, dijo que López podía “estar en la casa de la tía”.
El asesinato de Mariano Ferreyra; las múltiples represiones y asesinatos al pueblo Qom; las represiones en Panamericana a los trabajadores de Lear; la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras en Santa Cruz; la persecución y espionaje a luchadores a través del Proyecto X, entre otras cuestiones, fueron silenciadas por Hebe de Bonafini. Cooptación fue eso: callar, silencio cómplice y dejar pasar los avances contra las libertades democráticas.
La designación de César Milani al mando del Ejército, sobre quien pesan graves denuncias por su participación en el genocidio, no sólo encontró a una Bonafini silenciosa sino que, posteriormente, pudimos verla todos abrazada al militar, sonrisa mediante. Esa imagen fue la dilapidación rotunda de una lucha de años contra los genocidas.
Hoy vuelve a marchar, de la mano de Guillermo Moreno, quien fuera el director de la patota que amedrentó durante años a trabajadores de ATE del Indec que cuestionaban la orientación del organismo durante el kirchnerismo.
A pesar de esto, hemos defendido sin dudarlo y estuvimos en la primera fila contra el intento de detención de Bonafini por parte de la Justicia y el gobierno de Cambiemos. Ninguna diferencia nos hará callar los ataques del Estado a referentes de la lucha contra la dictadura.
Sin dudas, tenemos por delante un gran desafío que es el de enfrentar al gobierno de Cambiemos y a los gobiernos provinciales que, además de haber descargado un ajuste brutal contra los trabajadores y el pueblo, están dando sostenidas muestras de querer imponer con sectores del Poder Judicial, más impunidad a los genocidas y más represión a los que luchan. Los que nunca nos fuimos, seguiremos en las calles.
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH
Condenan a 38 militares en Argentina tras un juicio histórico
Un juicio histórico relacionado con los derechos humanos terminó el jueves con la condena de 38 exoficiales del ejército por su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato de varios cientos de víctimas durante la dictadura militar en las décadas de los 70 y 80.
28 de los acusados, entre los que había un general, fueron condenados a cadena perpetua y otros 10 recibieron sentencias de entre dos años y medio y 21 años. Cinco acusados fueron absueltos.
Miles de personas reunidas afuera del tribunal en Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, celebraron el veredicto sosteniendo imágenes de las víctimas en sepia.
En el juicio se examinaron en conjunto las atrocidades cometidas en unos 20 casos de centros de detención y tortura en Córdoba. El más conocido de ellos es el de La Perla. Agrupar los casos fue un avance importante para la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos que trabajan para que se haga justicia con los crímenes de la dictadura que se extendió de 1976 a 1983.
En países vecinos no ha sido posible llevar ante la justicia los crímenes de las dictaduras sudamericanas. Pero en Argentina, a lo largo de la última década, los progresos han sido emblemáticos, con un gran número de juicios en los que ya se ha condenado a más de 600 personas. El país ha sido capaz de llevar los procesos más allá de sus fronteras este año.
El veredicto del jueves era algo esperado porque el juicio fue uno de los más completos que se hayan celebrado. Implicaba 716 víctimas y testimonios de cientos de testigos. Duró casi cuatro años.
También fue un hito, según los fiscales, porque era la primera vez que también se juzgaron en Córdoba a escuadrones de la muerte por crímenes cometidos antes del golpe de estado que terminó con una junta militar en el poder en 1976. En otros lugares del país ya se habían juzgado crímenes cometidos antes de 1976.
Las organizaciones de derechos humanos han intentado que la justicia acelere los procesos, pero varios de los acusados han muerto durante el juicio. Uno de ellos se suicidó.
Uno de los casos juzgados fue el de Sonia Torres, de 86 años. Su nieto fue apropiado por los militares que secuestraron a su hija, que estaba embarazada y dio a luz en cautiverio. Después del juicio Torres dijo a los medios: “Acaba de pasar la mitad de lo que me propuse, ahora tengo que encontrar a mi nieto”.
Se calcula que el número de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres que fueron criados por familias cercanas al ejército llega a 500. Una organización de derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, ha ayudado a 120 de esos niños, ya adultos, a descubrir su verdadera identidad y los ha reunido con sus familias biológicas.
El exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, de 89 años, quien ya cumple sentencias de cadena perpetua por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, fue condenado por el caso de Torres y un muchos más. Otros acusados de alto perfil, como el excomandante paramilitar Héctor Pedro Vergez, de 73 años, o el teniente Ernesto Guillermo Barreiro, de 68, recibieron cadenas perpetuas.
Otro megajuicio como el que terminó el jueves en Córdoba está celebrándose en Buenos Aires con un número similar de víctimas y acusados.
Las organizaciones de derechos humanos calculan que 30.000 personas vinculadas con grupos e ideologías de izquierda fueron asesinados o desaparecidos —secuestrados y asesinados sin que su paradero haya sido revelado— durante la dictadura. Otros dicen que el número es menor.
Debido a algunos comentarios recientes por parte de altos funcionarios argentinos, muchos en Argentina creen que el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri no apoyará las causas judiciales contra los crímenes de la dictadura. Macri lo ha desmentido.
Jonathan Gilbert
The New York Times
28 de los acusados, entre los que había un general, fueron condenados a cadena perpetua y otros 10 recibieron sentencias de entre dos años y medio y 21 años. Cinco acusados fueron absueltos.
Miles de personas reunidas afuera del tribunal en Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, celebraron el veredicto sosteniendo imágenes de las víctimas en sepia.
En el juicio se examinaron en conjunto las atrocidades cometidas en unos 20 casos de centros de detención y tortura en Córdoba. El más conocido de ellos es el de La Perla. Agrupar los casos fue un avance importante para la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos que trabajan para que se haga justicia con los crímenes de la dictadura que se extendió de 1976 a 1983.
En países vecinos no ha sido posible llevar ante la justicia los crímenes de las dictaduras sudamericanas. Pero en Argentina, a lo largo de la última década, los progresos han sido emblemáticos, con un gran número de juicios en los que ya se ha condenado a más de 600 personas. El país ha sido capaz de llevar los procesos más allá de sus fronteras este año.
El veredicto del jueves era algo esperado porque el juicio fue uno de los más completos que se hayan celebrado. Implicaba 716 víctimas y testimonios de cientos de testigos. Duró casi cuatro años.
También fue un hito, según los fiscales, porque era la primera vez que también se juzgaron en Córdoba a escuadrones de la muerte por crímenes cometidos antes del golpe de estado que terminó con una junta militar en el poder en 1976. En otros lugares del país ya se habían juzgado crímenes cometidos antes de 1976.
Las organizaciones de derechos humanos han intentado que la justicia acelere los procesos, pero varios de los acusados han muerto durante el juicio. Uno de ellos se suicidó.
Uno de los casos juzgados fue el de Sonia Torres, de 86 años. Su nieto fue apropiado por los militares que secuestraron a su hija, que estaba embarazada y dio a luz en cautiverio. Después del juicio Torres dijo a los medios: “Acaba de pasar la mitad de lo que me propuse, ahora tengo que encontrar a mi nieto”.
Se calcula que el número de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres que fueron criados por familias cercanas al ejército llega a 500. Una organización de derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, ha ayudado a 120 de esos niños, ya adultos, a descubrir su verdadera identidad y los ha reunido con sus familias biológicas.
El exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, de 89 años, quien ya cumple sentencias de cadena perpetua por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, fue condenado por el caso de Torres y un muchos más. Otros acusados de alto perfil, como el excomandante paramilitar Héctor Pedro Vergez, de 73 años, o el teniente Ernesto Guillermo Barreiro, de 68, recibieron cadenas perpetuas.
Otro megajuicio como el que terminó el jueves en Córdoba está celebrándose en Buenos Aires con un número similar de víctimas y acusados.
Las organizaciones de derechos humanos calculan que 30.000 personas vinculadas con grupos e ideologías de izquierda fueron asesinados o desaparecidos —secuestrados y asesinados sin que su paradero haya sido revelado— durante la dictadura. Otros dicen que el número es menor.
Debido a algunos comentarios recientes por parte de altos funcionarios argentinos, muchos en Argentina creen que el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri no apoyará las causas judiciales contra los crímenes de la dictadura. Macri lo ha desmentido.
Jonathan Gilbert
The New York Times
Julio Cortázar: el fantástico
Un 26 de agosto de 1914 nacía en Bélgica el escritor argentino Julio Cortázar. Sus cuentos fantásticos y sus novelas experimentales marcaron varias generaciones de escritores latinoamericanos. Julio Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y donde los personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica. Los contenidos de su obra transitan la frontera entre lo real y lo fantástico.
El propio Cortázar relata los primeros años de su vida en una carta enviada desde París en 1963: “Nací en Bruselas en agosto de 1914. Signo astrológico, Virgo; por consiguiente, asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio y mi color el gris (aunque en realidad me gusta el verde). Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia; a mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica, y como acababa de casarse se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la primera guerra mundial. Tenía casi cuatro años cuando mi familia pudo volver a la Argentina; hablaba sobre todo francés, y de él me quedó la manera de pronunciar la «r», que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras: el paraíso. Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia; demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados.”
Fue un reconocido antiperonista. Adhirió a la Revolución Cubana y a la nicaragüense, lo que ratificó su posición de intelectual comprometido. Cortázar denunció con dignidad tanto en la literatura como en la vida pública, los horrores de los años del terror en la Argentina.
A Cortázar se le ha reconocido que casi todo lo escrito pertenece al género fantástico, por falta de mejor nombre, y se opone a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVII. Esta noción de lo fantástico hay que entenderla en Cortázar en la íntima vinculación que tuvieron la literatura y la política en su obra. La elección del género fantástico en Julio adquiere múltiple significados, especialmente por las referencias a las que apuntan los procedimientos textuales que utiliza.
Cortázar elaboró una literatura de pasajes. Si contar es siempre, metafóricamente, contar un viaje (narrar la experiencia de un viaje en busca de historias), los héroes de sus relatos van de un mundo a otro, de un tiempo a otro distinto, pero este viaje no se inscribe en el transcurrir del realismo sino en el fantástico. Sus textos tematizan las consecuencias del pasaje entre espacios que la percepción normalizada mantiene escindida y logra que esas dos historias referidas por el pasaje se crucen en una sola.
La aparición de Rayuela, de Julio Cortázar, en 1963, funciona como una verdadera "divisoria de aguas”. Dado que es un punto de viraje no sólo en el interior de su propia literatura sino centralmente en la historia de la narrativa argentina. Cortázar ya había publicado Bestiario (1951), Final del juego (1956), Las armas secretas (1959), Los premios (1960) e Historia de cronopios y de famas (1962). Rayuela, además de su éxito inmediato en la crítica literaria y entre el público, incorpora grandes modificaciones en la construcción poética y en la construcción del relato: la desconfianza sobre la función cognoscitiva del lenguaje, la explicitación del texto como artificio, la tensión entre lo fragmentario y la forma larga, la introducción del surrealismo y la patafísica como técnicas narrativas, el metadiscurso, la autorreferencialidad, la proliferación de citas, la intertextualidad exasperada. Estas técnicas narrativas alcanzan nuevas formulaciones en sus textos posteriores, en los cuales se combinan varios géneros discursivos (novela, cuento, ensayo): Todos los fuegos el fuego (1966), La vuelta al día en ochenta mundos (1967), 62 Modelo para armar (1968), Último round (1969), Libro de Manuel (1973), Octaedro(1974), Alguien anda por ahí (1977), Un tal Lucas(1979), Queremos tanto a Glenda (1980), Deshoras(1983).—
"La obra de Cortázar abrió puertas inéditas", expresó el escritor peruano Mario Vargas Llosa. “Es un hombre que nos ha liberado, que nos ha dicho que se puede hacer todo", consideró Carlos Fuentes. "Prosa hecha de aire, sin peso ni cuerpo, pero que sopla con ímpetu y levanta en nuestras mentes bandadas de imágenes y visiones, vaso comunicante entre los ritmos callejeros de la ciudad y el soliloquio del poeta", opinó Octavio Paz Y las opiniones compiladas a lo largo del tiempo no escatiman elogios.
El ritmo del lenguaje en la obra de Julio, recuerda constantemente la oralidad y, por lo tanto, el origen del cuento. El lector siempre queda atrapado, a pesar de la alteración de la sintaxis, de la disolución de la realidad, de lo insólito, del humor o del misterio, y reconstruye o interioriza la historia como algo verosímil.
Ese sentimiento de lo fantástico acompañó a Julio Cortázar desde el comienzo de su vida, según él mismo cuenta. “Yo siempre vi el mundo de una manera distinta, sentí siempre, que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí al menos, pasaba, se colocaba, un elemento que no podía explicarse con leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante”.
Ese sentimiento, podría ser calificado de ‘extrañamiento’. Hay como pequeños paréntesis en esa realidad y es por ahí, donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente, siente, en otras palabras, lo que podemos llamar ‘fantástico‘. Por lo que podemos deducir que a Cortázar no le interesaban las leyes sino, las excepciones a las leyes.
Es el sentimiento de estar inmerso en un misterio continuo, del cual el mundo que estamos viviendo en ese instante es solamente una parte, ese sentimiento no tiene nada de sobrenatural, ni nada de extraordinario, precisamente cuando se lo acepta de la forma en que lo hizo el autor, con humildad y naturalidad.
Lo fantástico y lo misterioso no son solamente las grandes creaciones del cine, de la literatura, los cuentos o las novelas. Está presente en nosotros mismos; evidencia una capacidad propia del ser humano: la imaginación.
Cortázar fijó su residencia definitiva en París en 1951, donde murió en 1984. Desde allí desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos figuran entre los más perfectos del género, marcando un hito dentro de la narrativa contemporánea.
Victoria Lamba
viernes, 26 de agosto de 2016
Más que nunca, congreso de bases de la CGT
Vamos a la Marcha Federal por un paro nacional y un plan de lucha
“No se trata de que nos impongan una medida de fuerza. Hay que hacer recapacitar al gobierno”. La frase de Daer describe el contenido esencial del “congreso de la unidad” que no fue. La retirada de una cincuentena de delegados de la Corriente Federal K reclamando paro nacional, en medio de silbidos y apretadas de matones, sirvió para ponerlo aún más de relieve. De todos modos, los kirchneristas del bancario Palazzo negociaron cargos durante cuatro horas, hasta retirarse porque no se los dieron.
Barrionuevo fue todavía más lejos. Planteó que “nos va a costar sostener a través de la democracia a este gobierno”. Puso la estabilidad del gobierno por delante de las reivindicaciones del movimiento obrero. Es la ‘gobernabilidad’ del ajuste.
Schmidt, el triunviro de cepa moyanista, marcó que es inútil hacer un paro porque se trata de un gobierno de “la derecha”. En resumen, cada uno marcó a su manera que la nueva CGT vino a reforzar la tarea estratégica de contención del movimiento obrero, frente a una ofensiva contra la clase trabajadora que ellos mismos caracterizan en el documento común.
Macri, en paralelo al Congreso, envió un mensaje claro. Atacó el “ausentismo”, “la industria del juicio” y puso como eje de la salida a la crisis “el aumento de la productividad”. Un gobierno acorralado por la crisis de las tarifas, la inflación incesante y la recesión encontró el espacio para apuntar contra el movimiento obrero el mismo día del congreso ‘unificador’. Pero esa posibilidad se la cedió enteramente “la CGT del ajuste” y sus dirigentes. Los mismos que desde marzo-abril parlamentarizaron el reclamo contra los despidos y se quedaron mudos ante el veto presidencial, volvieron a darle un crédito al gobierno cuando estalla el índice del 9,3% de desocupación -un dato concluyente que termina con cualquier polémica acerca de los despidos.
Otra pata del ajuste
Indudablemente, la nueva CGT es una pata, no sólo de la coalición del ajuste que practica Massa, semioficialista y semiopositora, sino de la política de todos los gobernadores y del propio FpV. Todos quienes votaron el pacto con los fondos buitre, el blanqueo de capitales y los subsidios a las automotrices, entre otras perlas.
La negociación bochornosa de los fondos de obras sociales que son propiedad de los trabajadores, es apenas un eslabón de una política de conjunto. Pero no la única moneda de cambio. El fallo de la Corte contra el derecho de huelga de los cuerpos de delegados y las bases obreras no sindicalizadas, es la más impresionante de las concesiones en favor del llamado “modelo sindical”. El fallo abarca también a los sindicatos inscriptos, para sumar a la política de la gobernabilidad al centroizquierda.
Nada de esto es ajeno al Papa y la Iglesia, que levantan una consigna muy cara al centroizquierda: la Mesa o Consejo Económico y Social, para atender la explosividad social que plantea el ajuste.
El “diálogo” anunciado por la burocracia apunta a conceder un espacio a los protagonistas de la marcha de San Cayetano, los movimientos sociales que asumen acríticamente el asistencialismo y le han facilitado al macrismo una gigantesca plataforma de trabajo precario -a eso llaman “economía popular”-, como la CTEP del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC. Toda la burguesía, y con ella la burocracia sindical, están preocupados por evitar la reedición de los ’90, donde un movimiento piquetero independiente del Estado fue, junto a sectores medios, el gran protagonista del Argentinazo que terminó con el gobierno de De la Rúa.
Pero el 40% del movimiento obrero quedó afuera de la nueva CGT. Si no hay otra central, es porque las fracciones disidentes están enfrentadas entre sí. Venegas es un agente directo de la Sociedad Rural y Macri, y ha impugnado el congreso con el Ministerio de Triaca de su lado, como carta para condicionar a los “unificados”. Los de Viviani, a quien Macri extorsiona con soltarle la cadena al Uber, se referencian en Urtubey y Bossio. La crisis del peronismo juega de lleno en el impasse del congreso y de la “unidad”.
Los gremios del transporte ganaron peso, pero más significativo es todavía que Moyano cedió la comisión de encuadramiento sindical a un hombre de Cavallieri, su archienemigo en este punto. Es toda una adaptación a la precarización laboral, vía tercerización y encuadramientos en los convenios bajos o “depósitos” como comercio o construcción.
Por su lado, la incorporación del “Barba” Gutiérrez y Santamaría, dos notorios K, al nuevo Concejo, revela que la desintegración del kirchnerismo sigue su curso aunque Cristina camine la provincia.
Más que nunca se ha puesto de relieve el completo agotamiento de la burocracia sindical para viabilizar las más elementales reivindicaciones del movimiento obrero. Sólo un congreso de bases, con delegados electos y mandatos de asambleas obreras de cada gremio, podría unir al movimiento obrero, a partir de un programa y un plan de lucha.
No se trata apenas de la cuestión del paro nacional. Se trata de una política para que la clase obrera intervenga en la crisis y despliegue su fuerza social, la única capaz de quebrar el ajuste.
Marchamos el 2
En semejante cuadro de entrega del movimiento obrero, la movilización del clasismo del 9 de agosto ha marcado un programa y claros objetivos. El yaskismo, en este cuadro, ha convocado finalmente a su Marcha Federal para el 2 de setiembre. Ello, luego de ‘desensillar’ en repetidas oportunidades y a la espera de una medida de fuerza de la CGT ‘unificada’ que nunca llegó. En el medio, pasaron semanas y meses preciosos que le fueron entregados al gobierno.
La convocatoria de la marcha es la confesión de ese fracaso. Pero, también, una oportunidad para que el clasismo haga oír su voz y le dé continuidad a la lucha política que se expresó el 9 de agosto, movilizando mediante una política independiente: reapertura de paritarias, reparto de horas sin afectar el salario ante despidos y suspensiones, aumento de emergencia a los jubilados, abolición de ganancias en los salarios, anulación del tarifazo y apertura de las cuentas de las privatizadas.
Paro activo nacional y plan de lucha. Es la conclusión que le deja a todo el movimiento obrero el parazo nacional docente de estas horas.
Nestor Pitrola
La utilización oligarca de los pueblos originarios
Año tras año, La Nación nos tiene acostumbrados a sus ya clásicas notas donde Rolando Hanglin suele “explicarnos” por qué los mapuche no son mapuche, por qué los tehuelches están extintos, y por qué la Patagonia le corresponde a los herederos de nuestra oligarquía terrateniente y a los extranjeros -como Benetton o Lewis- que fueron llegando.
Sin embargo, esta vez, en su editorial del domingo 21 de agosto introdujo una novedad en su ya conocido discurso anti-indígena. Entró en escena el “populismo latinoamericano” para esgrimir una argumentación que reflota la conocida dicotomía entre “civilización y barbarie”, pero redefinida en los tiempos de “la grieta”: Civilización vs. Barbarie. Kirchnerismo vs. Anti-kirchnerismo.
En este marco, la nota destaca que “mientras la ex presidenta sostiene que El Calafate es su lugar en el mundo, que YPF debía ser estatizada, que el futuro está en Vaca Muerta y que las Malvinas son argentinas, sus seguidores parecen haber olvidado que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas son todos íconos de la argentinidad gracias a que el general Roca consolidó hacia el sur las fronteras de la República, evitando que toda la Patagonia fuese chilena”.
En esta oportunidad, las “víctimas” de la grieta son los pueblos originarios. Sus historias, sus derechos, sus políticas, sus demandas son las que deben cuestionarse mediante la imposición de un falso relato. Una práctica que La Nación achaca al populismo kirchnerista, pero que parece haber adoptado sin mayores complicaciones.
Así, según La Nación, ese populismo, habría “resucitado” a los pueblos originarios mediante el revisionismo histórico, para combatir la “civilización” -otrora representada por la generación del ‘80-, encarnada actualmente en las democracias occidentales, como la de Estados Unidos. La lógica argumentativa de la Editorial muestra cómo la civilización, sinónimo de “la república”, peligra ante “la barbarie”, corporizada en los proyectos “demagogos y dictadores” de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia.
Sin embargo, frente a esto resulta interesante pensar: ¿cuál es el uso que la oligarquía hace de los pueblos originarios?
Esta editorial se enmarca en una seguidilla de notas que pretenden poner en cuestión las conquistas de nuestro pueblo en materia de Derechos Humanos, justificando mediante diversas y aberrantes argumentaciones los genocidios de estado. Asimismo, vuelve a caer en la explicación de la “extranjería” de los pueblos originarios para negar sus actuales demandas territoriales, utilizando el ya probado recurso de criminalizarlos, definiéndolos como “violentos” que “ocupan” tierras para “demandar indemnizaciones”.
La línea argumental de la civilización y la barbarie ordena, es la grieta. En ese marco, La Nación nos invita a preguntarnos “¿cómo sería el país que imaginan quienes condenan la llamada Conquista del Desierto?” y nos aclara que se trató de un “conflicto de culturas, como ha ocurrido y continuará ocurriendo en toda la historia humana”.
Lejos de un genocidio violento, para La Nación, “quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria, aun mediante conflictos, sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América”. Sin Julio Argentino Roca y el genocidio, “no hubiera tenido lugar: el respeto por la dignidad individual, heredado de Atenas, consolidado en el Renacimiento y, finalmente, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”. Unos derechos humanos con minúscula que lejos están de ser aquellos por los que muchos luchamos.
Paralelamente, la publicación deja en claro que estos valores no son propios de los pueblos originarios y, por lo tanto, según la lógica de la nota tampoco son valores propios del kirchnerismo, Venezuela, Cuba, Rusia y el resto de “los bárbaros”. Son propios de la civilización, de occidente, de la República.
Lamentablemente, para medios de comunicación como La Nación no importa mucho lo que tengan para decir las comunidades y organizaciones indígenas, ni los académicos que desde hace años vienen trabajando con estos Pueblos. No les interesa tampoco que existan leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por nuestro país que respaldan y legitiman el reclamo indígena por sus derechos al territorio. Invisibilizando o tergiversando todas estas cuestiones escriben notas y editoriales que no hacen más que estigmatizar a estos Pueblos y contribuir a fomentar la violencia que se vive día a día en los territorios.
Podríamos extendernos en las falacias que la nota contiene, recordar que el ejército que trajo los valores constituyó campos de concentración, aniquiló poblaciones enteras, saqueó, realizó traslados forzados, que mujeres, niños y niñas fueron virtualmente rematados como personal doméstico para la alta sociedad de la época, que encerró indígenas en un museo para estudiarlos como si fueran animales.
Podríamos discutir sobre la categoría de genocidio para definir a “la conquista del desierto”. Sin embargo, este está lejos de ser el eje de discusión de la nota editorial de La Nación. El eje vuelve a ser “la civilización vs. la barbarie”, la estigmatización de los Pueblos indígenas y del “populismo”, contra la exaltación de una élite culturalmente apta, genéticamente pura y económicamente dominante que simboliza el progreso lineal e indefinido; que simboliza: la república.
La editorial de La Nación viene a revalidar “la grieta” sobre la que se construyó el Estado argentino, a recrearla en la coyuntura actual y a justificar con ella el no derecho, las carencias y la invisibilización. Viene a negar las históricas luchas de los pueblos indígenas y a reducirlos a una creación del populismo. En definitiva, viene por lo conquistado, y lo que nos toca, ahora, es defenderlo.
Alejandra Pérez y Florencia Trentini – Antropólogas UBA
Centro Mandela
Sin embargo, esta vez, en su editorial del domingo 21 de agosto introdujo una novedad en su ya conocido discurso anti-indígena. Entró en escena el “populismo latinoamericano” para esgrimir una argumentación que reflota la conocida dicotomía entre “civilización y barbarie”, pero redefinida en los tiempos de “la grieta”: Civilización vs. Barbarie. Kirchnerismo vs. Anti-kirchnerismo.
En este marco, la nota destaca que “mientras la ex presidenta sostiene que El Calafate es su lugar en el mundo, que YPF debía ser estatizada, que el futuro está en Vaca Muerta y que las Malvinas son argentinas, sus seguidores parecen haber olvidado que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas son todos íconos de la argentinidad gracias a que el general Roca consolidó hacia el sur las fronteras de la República, evitando que toda la Patagonia fuese chilena”.
En esta oportunidad, las “víctimas” de la grieta son los pueblos originarios. Sus historias, sus derechos, sus políticas, sus demandas son las que deben cuestionarse mediante la imposición de un falso relato. Una práctica que La Nación achaca al populismo kirchnerista, pero que parece haber adoptado sin mayores complicaciones.
Así, según La Nación, ese populismo, habría “resucitado” a los pueblos originarios mediante el revisionismo histórico, para combatir la “civilización” -otrora representada por la generación del ‘80-, encarnada actualmente en las democracias occidentales, como la de Estados Unidos. La lógica argumentativa de la Editorial muestra cómo la civilización, sinónimo de “la república”, peligra ante “la barbarie”, corporizada en los proyectos “demagogos y dictadores” de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia.
Sin embargo, frente a esto resulta interesante pensar: ¿cuál es el uso que la oligarquía hace de los pueblos originarios?
Esta editorial se enmarca en una seguidilla de notas que pretenden poner en cuestión las conquistas de nuestro pueblo en materia de Derechos Humanos, justificando mediante diversas y aberrantes argumentaciones los genocidios de estado. Asimismo, vuelve a caer en la explicación de la “extranjería” de los pueblos originarios para negar sus actuales demandas territoriales, utilizando el ya probado recurso de criminalizarlos, definiéndolos como “violentos” que “ocupan” tierras para “demandar indemnizaciones”.
La línea argumental de la civilización y la barbarie ordena, es la grieta. En ese marco, La Nación nos invita a preguntarnos “¿cómo sería el país que imaginan quienes condenan la llamada Conquista del Desierto?” y nos aclara que se trató de un “conflicto de culturas, como ha ocurrido y continuará ocurriendo en toda la historia humana”.
Lejos de un genocidio violento, para La Nación, “quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria, aun mediante conflictos, sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América”. Sin Julio Argentino Roca y el genocidio, “no hubiera tenido lugar: el respeto por la dignidad individual, heredado de Atenas, consolidado en el Renacimiento y, finalmente, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”. Unos derechos humanos con minúscula que lejos están de ser aquellos por los que muchos luchamos.
Paralelamente, la publicación deja en claro que estos valores no son propios de los pueblos originarios y, por lo tanto, según la lógica de la nota tampoco son valores propios del kirchnerismo, Venezuela, Cuba, Rusia y el resto de “los bárbaros”. Son propios de la civilización, de occidente, de la República.
Lamentablemente, para medios de comunicación como La Nación no importa mucho lo que tengan para decir las comunidades y organizaciones indígenas, ni los académicos que desde hace años vienen trabajando con estos Pueblos. No les interesa tampoco que existan leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por nuestro país que respaldan y legitiman el reclamo indígena por sus derechos al territorio. Invisibilizando o tergiversando todas estas cuestiones escriben notas y editoriales que no hacen más que estigmatizar a estos Pueblos y contribuir a fomentar la violencia que se vive día a día en los territorios.
Podríamos extendernos en las falacias que la nota contiene, recordar que el ejército que trajo los valores constituyó campos de concentración, aniquiló poblaciones enteras, saqueó, realizó traslados forzados, que mujeres, niños y niñas fueron virtualmente rematados como personal doméstico para la alta sociedad de la época, que encerró indígenas en un museo para estudiarlos como si fueran animales.
Podríamos discutir sobre la categoría de genocidio para definir a “la conquista del desierto”. Sin embargo, este está lejos de ser el eje de discusión de la nota editorial de La Nación. El eje vuelve a ser “la civilización vs. la barbarie”, la estigmatización de los Pueblos indígenas y del “populismo”, contra la exaltación de una élite culturalmente apta, genéticamente pura y económicamente dominante que simboliza el progreso lineal e indefinido; que simboliza: la república.
La editorial de La Nación viene a revalidar “la grieta” sobre la que se construyó el Estado argentino, a recrearla en la coyuntura actual y a justificar con ella el no derecho, las carencias y la invisibilización. Viene a negar las históricas luchas de los pueblos indígenas y a reducirlos a una creación del populismo. En definitiva, viene por lo conquistado, y lo que nos toca, ahora, es defenderlo.
Alejandra Pérez y Florencia Trentini – Antropólogas UBA
Centro Mandela
Privilegio costoso
Este año el Estado dejará de percibir 5.151 millones de pesos a causa de la exención del Impuesto a las Ganancias que beneficia a los jueces y, en algunas provincias, a los empleados judiciales. El dato fue revelado por el Centro de Economía Regional Experimental (CERX) en base a un informe del Ministerio de Economía. Si se consideran los últimos tres años el monto que no llegará al fisco y permanecerá en el bolsillo de sus señorías se eleva a 12 mil millones de pesos.
El privilegio de los jueces y otros magistrados de esquivar el Impuesto a las Ganancias data de 1936. En 1994 el Congreso aprobó la ley 24.631 que derogó esa exención pero inmediatamente la Corte Suprema menemista intervino y mediante una acordada la declaró inaplicable. Para el ex juez Julio Maier la resolución del máximo tribunal es ilegal pues las acordadas de la Corte tienen competencia únicamente en el terreno interno y de funcionamiento del Poder Judicial y no pueden intervenir en materia tribuntaria que es potestad exclusiva del Congreso. Así y todo, en una reunión que tuvo lugar hace dos meses convocada por la Corte para analizar el asunto, las máximas autoridades judiciales del país se pronunciaron por continuar detentando ese privilegio. La reunión fue a puertas cerradas y no se permitió la presencia de público ni de periodistas en ella.
Los defensores de esa prerrogativa de los funcionarios judiciales alegan que no se trata de una suma significativa, pero unos pocos datos desmienten esa afirmación. En el año 2015 el presupuesto destinado al Plan Progresar fue de 4.700 millones de pesos. Ese mismo año el gobierno acordó con el BID un programa de 400 millones de pesos destinados a financiar la construcción de escuelas y a implementar diversos programas educativos. Apenas dos ejemplos alcanzan para desmentir a quienes defienden lo indefendible, es decir, que los sueldos más altos de la administración pública no tributen un impuesto que pagan millones de trabajadores que cobran salarios muy por debajo de los que perciben los magistrados.
La Arena
El privilegio de los jueces y otros magistrados de esquivar el Impuesto a las Ganancias data de 1936. En 1994 el Congreso aprobó la ley 24.631 que derogó esa exención pero inmediatamente la Corte Suprema menemista intervino y mediante una acordada la declaró inaplicable. Para el ex juez Julio Maier la resolución del máximo tribunal es ilegal pues las acordadas de la Corte tienen competencia únicamente en el terreno interno y de funcionamiento del Poder Judicial y no pueden intervenir en materia tribuntaria que es potestad exclusiva del Congreso. Así y todo, en una reunión que tuvo lugar hace dos meses convocada por la Corte para analizar el asunto, las máximas autoridades judiciales del país se pronunciaron por continuar detentando ese privilegio. La reunión fue a puertas cerradas y no se permitió la presencia de público ni de periodistas en ella.
Los defensores de esa prerrogativa de los funcionarios judiciales alegan que no se trata de una suma significativa, pero unos pocos datos desmienten esa afirmación. En el año 2015 el presupuesto destinado al Plan Progresar fue de 4.700 millones de pesos. Ese mismo año el gobierno acordó con el BID un programa de 400 millones de pesos destinados a financiar la construcción de escuelas y a implementar diversos programas educativos. Apenas dos ejemplos alcanzan para desmentir a quienes defienden lo indefendible, es decir, que los sueldos más altos de la administración pública no tributen un impuesto que pagan millones de trabajadores que cobran salarios muy por debajo de los que perciben los magistrados.
La Arena
Panamá papers, flujos financieros ilícitos y género
La existencia de las llamadas guaridas fiscales o jurisdicciones del secreto tiene consecuencias particulares en la inequidad de género.
La filtración de 11 millones de documentos relacionados con la creación de 214 mil sociedades offshore en 21 jurisdicciones por parte de la firma Mossak Fonseca localizada en Panamá sorprendió a gran parte del mundo. Sin embargo, no había mucho de lo cual sorprenderse.
Los “Swissleaks” revelaron en su momento que los fondos de residentes latinoamericanos en cuentas del HSBC en Suiza sumaban 52.600 millones de dólares en 2006 y 2007. Las filtraciones de información de Luxemburgo (“Luxleaks”), por su parte, revelaron casi 28.000 páginas de acuerdos impositivos del gobierno de Luxemburgo con empresas transnacionales, que les permitieron a dichas empresas ahorrar millones evadiendo impuestos, en detrimento de los países donde dichas empresas realizaron sus actividades económicas.
Por su parte, y según fuera presentado por Gaggero, Rua y Gaggero en el documento sobre Fuga de Capitales III elaborado con el CEFID-AR (1), en el año 2013 el ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu -actualmente presentando esta información, entre otra, ante los tribunales de los Estados Unidos-, reveló que el stock offshore de los argentinos hacia el año 2008 en el Citibank, UBS, HSBC, Credite Suisse, BBVA, Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley, sumaba cerca de 85.000 millones de dólares.
Inequidad de género.
En este contexto, las sociedades offshore cumplen propósitos claros que son los de ocultar el origen dinero, sea porque éste proviene de la evasión, del narcotráfico, de la trata de personas o de la corrupción; o porque sirven a los propósitos de la elusión fiscal y fuga de capitales. El sistema bancario formal trabaja de la mano de asesores legales como Mossack Fonseca y con estudios contables en la articulación de las complejas estructuras que se requieren para ocultar y mover el dinero ilícito. En cualquier caso, la existencia de estos paraísos fiscales, guaridas fiscales o jurisdicciones del secreto tiene consecuencias particulares en la inequidad de género.
En un trabajo recientemente realizado en conjunto con Nicole Bidegain Ponte y Corina Rodríguez Enríquez, desarrollamos los canales que conectan la justicia fiscal y la justicia de género (2). Estos canales se observan, por un lado mediante la manera en que la evasión y la elusión fiscal lograda a partir de estrategias de planificación fiscal que involucran la utilización de sociedades localizadas en jurisdicciones del secreto financiero, socavan cualquier posibilidad de financiamiento para la equidad de género y los derechos de las mujeres; y tienen efectos negativos en la equidad vertical y la progresividad de los sistemas tributarios que afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Por el otro, mediante el rol de las jurisdicciones del secreto financiero y las redes globales de facilitadores en posibilitar los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de personas, se afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas (el 49% de las víctimas de la trata de personas son mujeres, el 21% niñas, el 18% hombres y el 12% niños; a nivel internacional, según datos de Unodc) (3).
Beneficios a los ricos.
Las políticas fiscales no son neutrales, pueden promover la equidad de género, pero también pueden perpetuar las inequidades existentes, ya que mujeres y hombres son impactados de manera diferente como consumidores, productores o responsables de la “economía del cuidado” en los hogares. En este sentido, cuando la habilidad del Estado para recaudar se encuentra disminuida, las estructuras tributarias tienden a compensar la falta de recursos mediante mayores impuestos a contribuyentes pequeños y medianos y a las personas. Por lo tanto, cuando los Estados no atacan la evasión y la elusión fiscal, terminan beneficiando más a los individuos más ricos en detrimento del resto de la población. Más aún, la posibilidad de utilizar la elusión fiscal por parte de sociedades localizadas en jurisdicciones de nula y baja tributación y en jurisdicciones con secreto financiero, proporciona ventajas muy significativas a los grupos transnacionales por sobre las entidades locales, y ello también tiene un impacto en la inequidad de género dado que las mujeres suelen estar sobrerepresentadas en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, las técnicas de lavado de dinero utilizadas en casos de tráfico de personas son similares a las utilizadas en otros crímenes. Entre los distintos mecanismos para la colocación de los activos fruto de la trata de personas se encuentra el uso del sistema bancario formal e informal, de compañías offshore, trusts, y compañías cáscara; la combinación de los fondos provenientes de la trata con aquéllos provenientes de negocios legítimos; la utilización de compañías de exportación e importación para desviar las utilidades; compañías registradas en diferentes países y cuentas registradas bajo dichas compañías.
Desvíos “legales”.
En algunos casos se ha encontrado incluso que el dinero es desviado a compañías de responsabilidad limitada legalmente constituidas, simulando el pago de servicios de difícil verificación (una operación que también suele analizarse en el marco de la manipulación de los precios de transferencia a los fines de la minimización del impuesto). Tales movimientos de dinero dificultan a las autoridades locales seguir la ruta del dinero y crean una distancia entre los crímenes y las actividades ilícitas y la riqueza que generan.
Finalmente, resulta evidente que el tráfico de personas, en particular el que tiene como finalidad la explotación laboral, involucra a corporaciones. Varias multinacionales han sido denunciadas internacionalmente por la explotación de trabajadores y trabajadoras, trabajo infantil y tráfico de personas. Es el caso de Nike, Inditex, Nestlé, ADM, y Cargill, entre otras.
Los eslabones débiles.
Los casos de trata para su posterior explotación laboral se constituyen en el eslabón inicial de una cadena de riqueza global que se inicia con la explotación de personas, en ocasiones como parte de la producción de bienes que luego serán vendidos por empresas transnacionales alrededor del mundo. Para esa finalidad se utilizan complejas estructuras destinadas a canalizar los beneficios por vía de entidades localizadas en jurisdicciones amparadas por el secreto financiero o de baja y nula tributación.
Aún cuando las jurisdicciones del secreto financiero han aparecido relacionadas con muy pocos casos de tráfico de personas a nivel internacional, esto puede deberse al hecho de que muy pocos casos llegan a los tribunales de la justicia y obtienen un fallo; y a que por lo general, cuando esto ocurre, la información de la red que se logra desenmascarar involucra únicamente a los eslabones más pequeños de las redes de trata de personas.
Veronica Grondona Olmi *
LA ARENA
Notas:
(1) Gaggero, Rua, Gaggero (2013). Fuga de Capitales III. Argentina (2002-2012). Magnitudes, evolución, políticas públicas y cuestiones fiscales relevantes. Cefid-AR. Documento de Trabajo Nº 52. Buenos Aires, Diciembre 2013
(2) Bidegain Ponte, Grondona y Rodríguez Enríquez (2016, próximamente). Una versión anterior (“Curbing Illicit Financial Flows and dismantling secrecy jurisdictions to advance women’s human rights”) fue presentada en el Taller de Investigación sobre Corrupción y el rol de los paraísos fiscales realizado en City University London, el 28 y 29 de abril de 2016.
(3) Unodc (2014) “Global Report on Trafficking in Persons 2014”.
*Economía Política Para la Argentina (EPPA).
La filtración de 11 millones de documentos relacionados con la creación de 214 mil sociedades offshore en 21 jurisdicciones por parte de la firma Mossak Fonseca localizada en Panamá sorprendió a gran parte del mundo. Sin embargo, no había mucho de lo cual sorprenderse.
Los “Swissleaks” revelaron en su momento que los fondos de residentes latinoamericanos en cuentas del HSBC en Suiza sumaban 52.600 millones de dólares en 2006 y 2007. Las filtraciones de información de Luxemburgo (“Luxleaks”), por su parte, revelaron casi 28.000 páginas de acuerdos impositivos del gobierno de Luxemburgo con empresas transnacionales, que les permitieron a dichas empresas ahorrar millones evadiendo impuestos, en detrimento de los países donde dichas empresas realizaron sus actividades económicas.
Por su parte, y según fuera presentado por Gaggero, Rua y Gaggero en el documento sobre Fuga de Capitales III elaborado con el CEFID-AR (1), en el año 2013 el ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu -actualmente presentando esta información, entre otra, ante los tribunales de los Estados Unidos-, reveló que el stock offshore de los argentinos hacia el año 2008 en el Citibank, UBS, HSBC, Credite Suisse, BBVA, Santander, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley, sumaba cerca de 85.000 millones de dólares.
Inequidad de género.
En este contexto, las sociedades offshore cumplen propósitos claros que son los de ocultar el origen dinero, sea porque éste proviene de la evasión, del narcotráfico, de la trata de personas o de la corrupción; o porque sirven a los propósitos de la elusión fiscal y fuga de capitales. El sistema bancario formal trabaja de la mano de asesores legales como Mossack Fonseca y con estudios contables en la articulación de las complejas estructuras que se requieren para ocultar y mover el dinero ilícito. En cualquier caso, la existencia de estos paraísos fiscales, guaridas fiscales o jurisdicciones del secreto tiene consecuencias particulares en la inequidad de género.
En un trabajo recientemente realizado en conjunto con Nicole Bidegain Ponte y Corina Rodríguez Enríquez, desarrollamos los canales que conectan la justicia fiscal y la justicia de género (2). Estos canales se observan, por un lado mediante la manera en que la evasión y la elusión fiscal lograda a partir de estrategias de planificación fiscal que involucran la utilización de sociedades localizadas en jurisdicciones del secreto financiero, socavan cualquier posibilidad de financiamiento para la equidad de género y los derechos de las mujeres; y tienen efectos negativos en la equidad vertical y la progresividad de los sistemas tributarios que afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Por el otro, mediante el rol de las jurisdicciones del secreto financiero y las redes globales de facilitadores en posibilitar los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de personas, se afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas (el 49% de las víctimas de la trata de personas son mujeres, el 21% niñas, el 18% hombres y el 12% niños; a nivel internacional, según datos de Unodc) (3).
Beneficios a los ricos.
Las políticas fiscales no son neutrales, pueden promover la equidad de género, pero también pueden perpetuar las inequidades existentes, ya que mujeres y hombres son impactados de manera diferente como consumidores, productores o responsables de la “economía del cuidado” en los hogares. En este sentido, cuando la habilidad del Estado para recaudar se encuentra disminuida, las estructuras tributarias tienden a compensar la falta de recursos mediante mayores impuestos a contribuyentes pequeños y medianos y a las personas. Por lo tanto, cuando los Estados no atacan la evasión y la elusión fiscal, terminan beneficiando más a los individuos más ricos en detrimento del resto de la población. Más aún, la posibilidad de utilizar la elusión fiscal por parte de sociedades localizadas en jurisdicciones de nula y baja tributación y en jurisdicciones con secreto financiero, proporciona ventajas muy significativas a los grupos transnacionales por sobre las entidades locales, y ello también tiene un impacto en la inequidad de género dado que las mujeres suelen estar sobrerepresentadas en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, las técnicas de lavado de dinero utilizadas en casos de tráfico de personas son similares a las utilizadas en otros crímenes. Entre los distintos mecanismos para la colocación de los activos fruto de la trata de personas se encuentra el uso del sistema bancario formal e informal, de compañías offshore, trusts, y compañías cáscara; la combinación de los fondos provenientes de la trata con aquéllos provenientes de negocios legítimos; la utilización de compañías de exportación e importación para desviar las utilidades; compañías registradas en diferentes países y cuentas registradas bajo dichas compañías.
Desvíos “legales”.
En algunos casos se ha encontrado incluso que el dinero es desviado a compañías de responsabilidad limitada legalmente constituidas, simulando el pago de servicios de difícil verificación (una operación que también suele analizarse en el marco de la manipulación de los precios de transferencia a los fines de la minimización del impuesto). Tales movimientos de dinero dificultan a las autoridades locales seguir la ruta del dinero y crean una distancia entre los crímenes y las actividades ilícitas y la riqueza que generan.
Finalmente, resulta evidente que el tráfico de personas, en particular el que tiene como finalidad la explotación laboral, involucra a corporaciones. Varias multinacionales han sido denunciadas internacionalmente por la explotación de trabajadores y trabajadoras, trabajo infantil y tráfico de personas. Es el caso de Nike, Inditex, Nestlé, ADM, y Cargill, entre otras.
Los eslabones débiles.
Los casos de trata para su posterior explotación laboral se constituyen en el eslabón inicial de una cadena de riqueza global que se inicia con la explotación de personas, en ocasiones como parte de la producción de bienes que luego serán vendidos por empresas transnacionales alrededor del mundo. Para esa finalidad se utilizan complejas estructuras destinadas a canalizar los beneficios por vía de entidades localizadas en jurisdicciones amparadas por el secreto financiero o de baja y nula tributación.
Aún cuando las jurisdicciones del secreto financiero han aparecido relacionadas con muy pocos casos de tráfico de personas a nivel internacional, esto puede deberse al hecho de que muy pocos casos llegan a los tribunales de la justicia y obtienen un fallo; y a que por lo general, cuando esto ocurre, la información de la red que se logra desenmascarar involucra únicamente a los eslabones más pequeños de las redes de trata de personas.
Veronica Grondona Olmi *
LA ARENA
Notas:
(1) Gaggero, Rua, Gaggero (2013). Fuga de Capitales III. Argentina (2002-2012). Magnitudes, evolución, políticas públicas y cuestiones fiscales relevantes. Cefid-AR. Documento de Trabajo Nº 52. Buenos Aires, Diciembre 2013
(2) Bidegain Ponte, Grondona y Rodríguez Enríquez (2016, próximamente). Una versión anterior (“Curbing Illicit Financial Flows and dismantling secrecy jurisdictions to advance women’s human rights”) fue presentada en el Taller de Investigación sobre Corrupción y el rol de los paraísos fiscales realizado en City University London, el 28 y 29 de abril de 2016.
(3) Unodc (2014) “Global Report on Trafficking in Persons 2014”.
*Economía Política Para la Argentina (EPPA).
Masiva movilización contra la domiciliaria a Etchecolatz en la ciudad de Julio López
Ayer más de 7 mil personas marcharon en repudio al beneficio de prisión domiciliaria que la Justicia le otorgó al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz días atrás.
“No a la domiciliaria a Etchecolatz, ningún genocida libre” fue la consigna convocante de la movilización impulsada por Justicia Ya! y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada junto a las organizaciones de DD.HH., sociales y políticas que la integran, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el CeProDH, el PTS, el Partido Obrero, PCR, entre otras. También participaron los docentes de Suteba de La Plata y de Ensenada.
Desde las 18 horas, miles de personas se concentraron en la esquina de 7 y 50 para más tarde recorrer el centro platense, y frente a los Tribunales Federales repudiar el fallo judicial. La cabecera estuvo integrada por referentes de organismos de DD.HH., organizaciones políticas y sociales, como Carlos Zaidman, de la AEDD; María Laura Bretal, ex Detenida Desaparecida; Christian Castillo, Diputado (MC) por el PTS-FIT y Carla Lacorte, referente de la lucha contra el gatillo de fácil, entre otros.
Al finalizar el recorrido se realizó un acto de cierre donde entre otros, habló Christian Castillo quien planteó que “es indignante que a poco de cumplirse 10 años de la desaparición del compañero Jorge Julio López le den la domiciliaria a uno de los peores genocidas de la dictadura. Era uno de los que participaba personalmente en la sesiones de tortura, que iba con la patota a los secuestros de los compañeros y compañeras. Además Etchecolatz es el responsable directo de la desaparición de Jorge Julio López. Los que le dan el arresto domiciliario serán responsables directos de lo que pueda pasar con cada compañero y cada compañera ya que le amplían el marco de acción a alguien que mantiene contacto directo con represores que estuvieron con él en la bonaerense y en las Fuerzas Armadas”.
Además el dirigente del PTS afirmó que esta sentencia a favor del genocida “se quiere disfrazar de humanitaria, pero en realidad es un marco de impunidad para que los represores sigan actuando contra el conjunto de la militancia. Etchecolatz en su casa es una amenaza para todos los compañeros y compañeras que con la lucha lograron meterlo en cana a pesar de las presiones, a pesar de todo lo que se dijo para evitar que llegue a ese lugar”.
Castillo también denunció “que este arresto domiciliario de Etchecolatz estuvo precedido por la libertad de más de 400 genocidas que se fueron a su casa durante el gobierno anterior y los 50 que ya fueron puestos en esa situación bajo el actual gobierno de Macri. No somos ingenuos, sabemos que quieren avanzar garantizando la impunidad. Las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Cambiemos y del propio Macri usando el lenguaje de los genocidas hablando de guerra sucia para encubrir que acá hubo un genocidio apuntan en ese sentido”.
Por último Castillo señaló que “el camino es seguir con la movilización, es seguir ganado las calles. El 18 de septiembre todos y todas en la calle por la aparición con vida de Jorge Julio López y la cárcel común y efectiva al Genocida Etchecolatz”.
Antes de desconcentrar Carlos Zaidman invitó a todos a participar el próximo lunes a las 18 horas de la reunión de la Multisectorial que se realizará en la Casa Cultural Hermanos Zaragoza para organizar la marcha por los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López.
LID
Por ellos
Por Silvina Parodi, que hasta último momento se resistió a dar a luz a su hijo para que no se lo roben, como luego sucedió. Y por Sonia Torres, la Abuela de Plaza de Mayo que todavía busca a ese nieto. Por Tomás Carmen Di Toffino, que se hizo cargo de Luz y Fuerza a la muerte de Tosco, y que en el campo de concentración de La Perla cuidó de sus compañeros hasta que se lo llevaron al muere. Por Carlos Alberto “la Nona” D´Ambra, que cantaba canciones de Les Luthiers para aliviar los dolores y la angustia de los que, sabía, iban a matar. Como a él. Por Herminia Falik de Vergara, que murió agradeciendo a otra de las prisioneras, “Tita” Buitrago, la última caricia en su frente cuando la dejaron moribunda en la parrilla de tortura. Sus asesinos no tuvieron tiempo de matarla del todo: se fueron apurados para festejar la Navidad con sus familias. Fue el 24 de diciembre de 1976. Y por sus dos hijas que llevan una vida extrañándola. Por María Luz Mujica de Ruartes, que agonizó con el cuerpo hecho jirones en los brazos de sus compañeras en las que creía ver a su madre, y a la que rogaba “sácame de acá mamá, que ya vuelven los hombres malos”. Por el “Negro” Luis Justino Honores: un albañil que se fue en silencio, destrozado por la picana y los golpes; haciendo fuerza para no quejarse y evitar así que sus compañeros sufrieran por él. Por Claudia Hunziker y su juventud de melena rojiza. Por la pequeña Alejandra Jaimóvich, de sólo 17 años, a quien violaron sistemáticamente hasta matarla. Por la “Negrita” Cristina Galíndez de Rossi, que llevaron a La Perla con su hijito de 4 años, el “Pichi”. Y por el “Pichi” Rossi, que sobrevivió y honra la memoria de esa madre. Por Walter “el Indio” Magallanes, de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que se resistió al secuestro con una pistola de juguete y nunca perdió su sonrisa. Por Oscar Liñeira, de apenas 18, que fue llevado “al pozo” cuando aún no había hecho el amor y alcanzó a confesárselo al sobreviviente Piero di Monte. Por su mamá, que murió el año pasado y todavía lo esperaba. Por Eduardo “el Tero” Valverde, que había sido funcionario del gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y fue uno de los primeros asesinados en la sala de tortura de La Perla. Por Graciela “la Gorda” Doldan, que cuando la llevaban para fusilar le dejó un mensaje al “Nabo” Barreiro: “Díganle al Gringo que es un cagón”. El represor le había prometido dispararle personalmente y sin venda en los ojos. Ella sabía que la esperaba la muerte y quería mirarla de frente. Y al pelotón, y al cielo. Por todos los que no pudieron mirar ese cielo mientras la horda los fusilaba. Por el “Gordo” Claudio Soria, muerto a mano y de tortura; por el soldado Félix Roque Giménez, al que luego de la picana, le incrustaron una resistencia de plancha al rojo vivo en la cara y lo estaquearon desnudo en el patio del Campo de La Ribera hasta que murió, cubierto de insectos. Por Rita Alés de Espíndola, que fue fusilada en camisón por una tropa de más de diez “valientes subordinados” de Menéndez a pocas horas de haber parido a una beba. Por Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre de 12 hijos y ex ministro de Frondizi: que fue torturado, decapitado y exhibida su cabeza como un trofeo en los cuarteles de los asesinos. Por los hermanos Juan José y Oscar Domingo Chabrol, que fueron muertos a golpes y a patadas en la la Gestapo local, la D2, a pocos metros de la Catedral donde reinaba el ex Cardenal Raúl Francisco Primatesta. Por la familia de Mariano Pujadas, que fue torturada, acribillada, arrojada a un pozo y dinamitada por el Comando Libertadores de América: la Triple A cordobesa. Por Ester Felipe y su esposo Luis Mónaco, que apenas tenían veinticinco días de ser padres de una bebé cuando se los llevaron para siempre. Por Gladys Comba de Comba: una madre a la cual vejaron, mataron y quemaron sólo porque buscaba a su hijo Sergio. Por Diego Ferreyra y Silvia “Pohebe” Peralta, a quienes el condenado Vergez cazó a balazos, presumiendo de su puntería, frente a los ojos de sus padres.
Por los que sobrevivieron. Por los que sobrevivieron y dieron testimonio de lo padecido. Por los padres y madres y abuelos que murieron esperando un regreso que jamás ocurrió. Por Eduardo Porta, que sobrevivió a los campos de concentración, a años de tortura, pero terminó muriendo de un infarto en un ómnibus en 1986, apenas dos meses después de haber sido padre. Por todos los que como él y después de él, murieron de prematuras, súbitas muertes. Y de cáncer, y de tristeza, por tanta tortura acumulada. Por la monja Joan Mc Carthy, que murió poco después de dar testimonio y que, aún norteamericana, terminó argentina a fuerza de esperar, de denunciar y de buscar justicia.
Por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que jamás dejaron de caminar y de hacer camino. Por su no venganza, su no violencia, y la Justicia como meta. Por ellas. Por todas ellas, que son la máxima dignidad de la Argentina. Por ellas que hasta buscaron y encontraron en la ciencia y en científicos –como el gran Clyde Snow– el “índice de abuelidad”, ya que los padres de los sus nietos, sus hijos, siguen desaparecidos. Por los HIJOS de aquéllos hijos, que siguen buscando. Por el EAAF que sigue encontrando. Por los nietos que son nietos aunque muchos no lo sepan todavía. Por esos “desaparecidos vivos” que son más de 400 y a los que privaron de su identidad éstos y otros condenados. Y los que aún falta juzgar. Por los bebés robados que ya son hombres y mujeres. Por ellos que deben encontrarse a sí mismos y a las Abuelas.
Por todos nosotros, los que respetamos y apoyamos estos juicios. Y por los que no. Porque tarde o temprano sus hijos y sus descendientes sabrán leer la historia mejor que ellos.
Por todos, ayer, y 40 años después de las fosas abiertas en la tierra de La Perla, de los cementerios improvisados por el Terrorismo de Estado en todo el país, a los fusiladores de Menéndez, a los torturadores, a los violadores, a los asesinos, a los desaparecedores y a los ladrones de bebés les llegó la hora. Por fin ayer en Córdoba, Argentina, y al cabo de un juicio de casi cuatro años, el sol brilló intenso sobre una marea humana jubilosa, ondulante y pródiga en abrazos en un luminoso, un ansiado día de Justicia.
Marta Platía
Un día de justicia para las víctimas de La Perla
Además de las 28 perpetuas, hubo 10 penas que van desde los 21 años a los 2 años y 6 meses, y 5 absoluciones. Se consideraron delitos de lesa humanidad también los de 1975 y se juzgó por primera vez en la provincia el robo de bebés.
Para la historia: el ex jerarca Luciano Benjamín Menéndez, que reinó al arbitrio de su pulsión de muerte en ésta y otras diez provincias argentinas durante la última dictadura cívico-militar, recibió ayer su condena a prisión perpetua número 12. Con ésta, “el Cachorro” o “la Hiena”, como le llamaban sus subalternos, acumula ahora 14 condenas, ya que tiene otras dos por una veintena de años. Como ya es su costumbre, la escuchó sin hacer un mínimo gesto. Sólo se asió un poco más firme a su bastón con ambas manos. En la izquierda llevaba una venda.
Además de los secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, por los que se lo condenó como “coautor mediato” en un juicio que acumuló los casos de 716 víctimas, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, presidido por el juez Jaime Díaz Gavier, también condenó Menéndez por la “desaparición de menor de 10 años”. Esa fue una novedad para el ex general de 89 años: es la primera vez que se lo imputó y sentenció por este delito. Se trata del caso del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. En sus últimas palabras y en una variación de su habitual diatriba, en la que sólo habla de “soldados victoriosos injustamente juzgados”, Menéndez negó enfático que “el niño” haya nacido. “Y si nació, yo no lo entregué”, se defendió. Pero durante el juicio quedó probado que el bebé de Silvina Mónica Parodi de Orozco, la hija de Sonia Torres, nació el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial, y que estaba en “excelentes condiciones de salud”, como atestiguó Fernando Agrelo, un médico pediatra que lo vio tres veces: “una con su madre, recién parida, y otras dos veces ya solo”.
Radiante, Sonia Torres le dijo a este diario: “Por fin aceptaron que mi nieto está desaparecido. Han tardado 40 años, pero hoy pasó. Esto me pone pilas para seguir”. Abrazada y besada por decenas de personas, Sonia siguió: “No saben lo contenta que estoy. Una llega tan cansada a veces… Pero todavía le debo mucho a mi hija Silvina. Nada más hice la mitad de lo que le prometí. Ahora me falta la otra parte: encontrar a mi nieto o que él me encuentre a mí. Espero que con todo esto me vea, me busque”.
Otros dos jerarcas que fueron condenados por el robo de ese nieto que toda Córdoba espera fueron Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez. Barreiro recibió la primera condena a prisión perpetua que tiene en su haber. Se lo encontró culpable de coautor mediato e inmediato de 548 secuestros, 532 torturas, 264 homicidios, entre otros delitos. Sin sonrisas socarronas y con los labios apretados en una mueca, resultó evidente para quienes lo vieron a lo largo de cuatro años, que “el Nabo” Barreiro intentaba no descomponerse. Ya nada quedaba de la altanería de sus palabras finales, cuando no sólo amenazó a los jueces con un juicio como el de Nuremberg y con “el noveno círculo del infierno de Dante”, sino que aparecía con los ojos vidriosos y a punto de llorar. Su desafiante “nos verán desfilar”, pareció desintegrarse en su cuerpo hundido en su banquillo.
Vergez, alias “Vargas” o “Gastón”, como se hacía llamar, tampoco ocultó lo que sentía. Su semblante fue el que comenzó a mostrar en la última audiencia: ya no se finge loco, como a lo largo de estos casi cuatro años. Estaba furioso y no lo disimulaba. Su mirada fija, torva, decía más de lo que él podía expresar. Además de los crímenes de lesa humanidad que cargan en sus espaldas, también se les sumó el robo de bebés. Primera vez que ese delito ha sido juzgado y condenado en esta provincia.
La única represora mujer que ha sido juzgada en Córdoba también se acreditó ayer su primera condena a perpetua: Mirta Graciela “la Cuca” Antón seguirá presa en su celda de Bouwer. Estaba allí desde 2010, cuando se la condenó a 7 años. Fue una de las más temibles torturadoras del D2, la Gestapo cordobesa.
En la sentencia hubo 5 absoluciones, casi todas de ex policías. Serán apeladas por la fiscalía ni bien se conozcan los fundamentos del fallo, el 14 de octubre.
El fiscal Facundo Trotta le dijo a este diario que “es importante recalcar que con este fallo el tribunal dejó en claro tres cosas fundamentales: primero, que hubo Terrorismo de Estado en Córdoba antes de marzo de 1976. Arrancó en 1975. Segundo, que con la ‘desaparición forzada de menores’, hubo aquí robo de niños. Eso entra en el plan sistemático de robo de bebés que hubo en todo el país. Y tercero, que los crímenes sexuales también forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”. El fiscal, que fue una de las figuras más atacadas por los represores en sus discursos finales, se dijo “conforme” con la sentencia y las “casi 30” perpetuas.
La alegría y la furia
La sala de audiencias estuvo repleta. Entrar, “conseguir un lugar” había sido el tema predominante durante estos últimos días. Algo que se zanjó con la puesta de pantallas gigantes para nadie se quedara sin ver y oir la sentencia.
Una de las invitadas de honor fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien viajó para estar presente en el veredicto. Cerca de ella se ubicaron las Madres y Abuelas Nelly Llorens, de 97 años, y Emi Villares de D’Ambra.
Para D’Ambra fue “un día de victoria, de alegría enorme: hemos peleado tanto tanto por justicia. No por venganza. No queremos que nos digan heroínas ni nada de eso. Sí peleadoras. Eso soy, eso somos”. Emi llevaba en su pecho la foto de su hijo Carlos Alberto, asesinado en La Perla en febrero de 1977.
También estuvo el gobernador Juan Schiaretti, quien asistió con su esposa, Alejandra Vigo. Ambos flanquearon a Sonia Torres. A diferencia de José Manuel de la Sota, quien jamás asistió a uno de estos juicios desde que se iniciaron en 2008, Schiaretti no pierde oportunidad para ensalzarlos. También se vio al ministro del área, Luis Angulo y a los nietos recuperados Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti. Este último fue uno de los 581 testigos en este juicio: los restos de su padre fueron encontrados en la fosa común del Cementerio de San Vicente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). También asistió invitado el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja: su abuelo, del mismo nombre, es una de las 716 víctimas del juicio. Y él mismo, antes de ser nombrado juez, fue querellante en este proceso y en el que se le hizo a Jorge Rafael Videla y Menéndez en 2010. También se vio a Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación; y al actual titular de ése área, Claudio Avruj.
“Sin odio, sin espíritu de revancha ni de venganza; ha juzgado el mayor horror que ocurrió en Córdoba. Ellos son asesinos, y la Justicia lo ha ratificado. Y estos asesinos tuvieron la oportunidad de defenderse que ellos no les dieron a los compañeros que murieron en las mazmorras, dijo Schiaretti. Poco antes de que abandonara el edificio, desde Radio Universidad le preguntaron por Graciela Doldan, una de las víctimas y el gobernador se quebró. Llorando aseguró: “era una gran compañera. Tuvo en brazos a mi hija… Era una mujer muy digna y así sé que murió”.
La convivencia en la sala de los sobrevivientes y familiares de las víctimas con los familiares de los imputados fue un tanto accidentada: hubo algunas rispideces cuando entró Estela de Carlotto. La siempre violenta Cecilia Pando le gritó improperios a los que la Abuela no contestó. Una marea humana cerró filas tras Carlotto. Pando ya fue protagonista en este edificio de otro episodio. Fue en 2010, cuando insultó al juez español Baltasar Garzón. Dentro de la sala, Pando se sentó junto a Ana Maggi, la mujer del reo “Nabo” Barreiro, quien forma parte de su agrupación de respaldo al genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico-militar.
A las 13.19 el juez dio por finalizado el juicio y uno de los condenados a cadena perpetua, Arnoldo José “Chubi” López comenzó a insultar al público y a levantar su puño con gesto amenazante. Anteayer, en sus últimas palabras, este represor montó una especie de acusación en juicio para el tribunal. Los jueces lo escucharon con paciencia. Pero ante los improperios del “Chubi”, Díaz Gavier le ordenó a la policía, a los gritos, que lo sacaran inmediatamente de la sala. Otro de los condenados, Carlos “HB” Díaz, aprovechó cuando pasó cerca del estrado para descargar su bronca. Desde la sala les cantaron “como a los nazis les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”.
Afuera, el verano se había adelantado. Un regalo luego de tres años, ocho meses y 27 días exactos de un juicio que tardó 40 años y había terminado.
Marta Platía
Para la historia: el ex jerarca Luciano Benjamín Menéndez, que reinó al arbitrio de su pulsión de muerte en ésta y otras diez provincias argentinas durante la última dictadura cívico-militar, recibió ayer su condena a prisión perpetua número 12. Con ésta, “el Cachorro” o “la Hiena”, como le llamaban sus subalternos, acumula ahora 14 condenas, ya que tiene otras dos por una veintena de años. Como ya es su costumbre, la escuchó sin hacer un mínimo gesto. Sólo se asió un poco más firme a su bastón con ambas manos. En la izquierda llevaba una venda.
Además de los secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, por los que se lo condenó como “coautor mediato” en un juicio que acumuló los casos de 716 víctimas, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, presidido por el juez Jaime Díaz Gavier, también condenó Menéndez por la “desaparición de menor de 10 años”. Esa fue una novedad para el ex general de 89 años: es la primera vez que se lo imputó y sentenció por este delito. Se trata del caso del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. En sus últimas palabras y en una variación de su habitual diatriba, en la que sólo habla de “soldados victoriosos injustamente juzgados”, Menéndez negó enfático que “el niño” haya nacido. “Y si nació, yo no lo entregué”, se defendió. Pero durante el juicio quedó probado que el bebé de Silvina Mónica Parodi de Orozco, la hija de Sonia Torres, nació el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial, y que estaba en “excelentes condiciones de salud”, como atestiguó Fernando Agrelo, un médico pediatra que lo vio tres veces: “una con su madre, recién parida, y otras dos veces ya solo”.
Radiante, Sonia Torres le dijo a este diario: “Por fin aceptaron que mi nieto está desaparecido. Han tardado 40 años, pero hoy pasó. Esto me pone pilas para seguir”. Abrazada y besada por decenas de personas, Sonia siguió: “No saben lo contenta que estoy. Una llega tan cansada a veces… Pero todavía le debo mucho a mi hija Silvina. Nada más hice la mitad de lo que le prometí. Ahora me falta la otra parte: encontrar a mi nieto o que él me encuentre a mí. Espero que con todo esto me vea, me busque”.
Otros dos jerarcas que fueron condenados por el robo de ese nieto que toda Córdoba espera fueron Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez. Barreiro recibió la primera condena a prisión perpetua que tiene en su haber. Se lo encontró culpable de coautor mediato e inmediato de 548 secuestros, 532 torturas, 264 homicidios, entre otros delitos. Sin sonrisas socarronas y con los labios apretados en una mueca, resultó evidente para quienes lo vieron a lo largo de cuatro años, que “el Nabo” Barreiro intentaba no descomponerse. Ya nada quedaba de la altanería de sus palabras finales, cuando no sólo amenazó a los jueces con un juicio como el de Nuremberg y con “el noveno círculo del infierno de Dante”, sino que aparecía con los ojos vidriosos y a punto de llorar. Su desafiante “nos verán desfilar”, pareció desintegrarse en su cuerpo hundido en su banquillo.
Vergez, alias “Vargas” o “Gastón”, como se hacía llamar, tampoco ocultó lo que sentía. Su semblante fue el que comenzó a mostrar en la última audiencia: ya no se finge loco, como a lo largo de estos casi cuatro años. Estaba furioso y no lo disimulaba. Su mirada fija, torva, decía más de lo que él podía expresar. Además de los crímenes de lesa humanidad que cargan en sus espaldas, también se les sumó el robo de bebés. Primera vez que ese delito ha sido juzgado y condenado en esta provincia.
La única represora mujer que ha sido juzgada en Córdoba también se acreditó ayer su primera condena a perpetua: Mirta Graciela “la Cuca” Antón seguirá presa en su celda de Bouwer. Estaba allí desde 2010, cuando se la condenó a 7 años. Fue una de las más temibles torturadoras del D2, la Gestapo cordobesa.
En la sentencia hubo 5 absoluciones, casi todas de ex policías. Serán apeladas por la fiscalía ni bien se conozcan los fundamentos del fallo, el 14 de octubre.
El fiscal Facundo Trotta le dijo a este diario que “es importante recalcar que con este fallo el tribunal dejó en claro tres cosas fundamentales: primero, que hubo Terrorismo de Estado en Córdoba antes de marzo de 1976. Arrancó en 1975. Segundo, que con la ‘desaparición forzada de menores’, hubo aquí robo de niños. Eso entra en el plan sistemático de robo de bebés que hubo en todo el país. Y tercero, que los crímenes sexuales también forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado”. El fiscal, que fue una de las figuras más atacadas por los represores en sus discursos finales, se dijo “conforme” con la sentencia y las “casi 30” perpetuas.
La alegría y la furia
La sala de audiencias estuvo repleta. Entrar, “conseguir un lugar” había sido el tema predominante durante estos últimos días. Algo que se zanjó con la puesta de pantallas gigantes para nadie se quedara sin ver y oir la sentencia.
Una de las invitadas de honor fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien viajó para estar presente en el veredicto. Cerca de ella se ubicaron las Madres y Abuelas Nelly Llorens, de 97 años, y Emi Villares de D’Ambra.
Para D’Ambra fue “un día de victoria, de alegría enorme: hemos peleado tanto tanto por justicia. No por venganza. No queremos que nos digan heroínas ni nada de eso. Sí peleadoras. Eso soy, eso somos”. Emi llevaba en su pecho la foto de su hijo Carlos Alberto, asesinado en La Perla en febrero de 1977.
También estuvo el gobernador Juan Schiaretti, quien asistió con su esposa, Alejandra Vigo. Ambos flanquearon a Sonia Torres. A diferencia de José Manuel de la Sota, quien jamás asistió a uno de estos juicios desde que se iniciaron en 2008, Schiaretti no pierde oportunidad para ensalzarlos. También se vio al ministro del área, Luis Angulo y a los nietos recuperados Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti. Este último fue uno de los 581 testigos en este juicio: los restos de su padre fueron encontrados en la fosa común del Cementerio de San Vicente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). También asistió invitado el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja: su abuelo, del mismo nombre, es una de las 716 víctimas del juicio. Y él mismo, antes de ser nombrado juez, fue querellante en este proceso y en el que se le hizo a Jorge Rafael Videla y Menéndez en 2010. También se vio a Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación; y al actual titular de ése área, Claudio Avruj.
“Sin odio, sin espíritu de revancha ni de venganza; ha juzgado el mayor horror que ocurrió en Córdoba. Ellos son asesinos, y la Justicia lo ha ratificado. Y estos asesinos tuvieron la oportunidad de defenderse que ellos no les dieron a los compañeros que murieron en las mazmorras, dijo Schiaretti. Poco antes de que abandonara el edificio, desde Radio Universidad le preguntaron por Graciela Doldan, una de las víctimas y el gobernador se quebró. Llorando aseguró: “era una gran compañera. Tuvo en brazos a mi hija… Era una mujer muy digna y así sé que murió”.
La convivencia en la sala de los sobrevivientes y familiares de las víctimas con los familiares de los imputados fue un tanto accidentada: hubo algunas rispideces cuando entró Estela de Carlotto. La siempre violenta Cecilia Pando le gritó improperios a los que la Abuela no contestó. Una marea humana cerró filas tras Carlotto. Pando ya fue protagonista en este edificio de otro episodio. Fue en 2010, cuando insultó al juez español Baltasar Garzón. Dentro de la sala, Pando se sentó junto a Ana Maggi, la mujer del reo “Nabo” Barreiro, quien forma parte de su agrupación de respaldo al genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico-militar.
A las 13.19 el juez dio por finalizado el juicio y uno de los condenados a cadena perpetua, Arnoldo José “Chubi” López comenzó a insultar al público y a levantar su puño con gesto amenazante. Anteayer, en sus últimas palabras, este represor montó una especie de acusación en juicio para el tribunal. Los jueces lo escucharon con paciencia. Pero ante los improperios del “Chubi”, Díaz Gavier le ordenó a la policía, a los gritos, que lo sacaran inmediatamente de la sala. Otro de los condenados, Carlos “HB” Díaz, aprovechó cuando pasó cerca del estrado para descargar su bronca. Desde la sala les cantaron “como a los nazis les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”.
Afuera, el verano se había adelantado. Un regalo luego de tres años, ocho meses y 27 días exactos de un juicio que tardó 40 años y había terminado.
Marta Platía
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