Lo que no se hizo en 30 años de gobiernos constitucionales, hay que hacerlo ahora"

Entrevista al economista político Julio Gambina

Mario Hernandez (MH): Dimos comienzo a “Fe de erratas” con la palabra de Alberto Santillán, con un material grabado hace tres años en la fábrica recuperada IMPA, recordando a Darío. Hoy a las 17:00, en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, habrá una jornada cultural y mañana, a partir de las 11:00, será el acto central en el Puente Pueyrredón al cumplirse 12 años de la Masacre de Avellaneda.
Ahora estamos en comunicación con Julio Gambina (*). Analizando el tema de los fondos “buitres”, realmente estoy complicado con las cifras porque por un lado de habla de U$S 1.500 millones, por otro de posibles demandas por U$S 15.000 millones y hasta de cifras siderales que podrían afectar fuertemente el patrimonio nacional atentos al fallo de 1ª y 2ª instancia en los tribunales neoyorquinos y de la Corte Suprema estadounidense. Quisiera que aclaremos los números.
Julio Gambina (JG): En 2001 la cesación de pagos, el default, fue por U$S 100.000 millones. Solo se planteó la cesación a los tenedores privados de títulos ya que a los organismos financieros internacionales siempre se les pagó. La deuda total era de U$S 144.000 millones, U$S 44.000 millones se siguieron pagando, como si nada hubiera pasado y quedaron U$S 100.000 millones en cesación de pagos.
Por los canjes del 2005 y 2010 se dice que entraron casi el 93% de tenedores de títulos. Serían U$S 93.000 millones de deuda vieja que se cambiaron por nuevos títulos. Por lo tanto, quedaron sin entrar al canje un poco más del 7% de los acreedores, o sea, unos U$S 7.000 millones porque los tenedores no estuvieron de acuerdo con las condiciones que presentaba el Estado argentino.
La emisión de los nuevos títulos decía que había que tener el 100% de acuerdo de los tenedores para que el canje funcionara. Eso lo supo el gobierno argentino desde el comienzo.
MH: Esa cláusula la establece el gobierno argentino.
JG: Por supuesto, los títulos actuales son herencia del gobierno de Néstor Kirchner. Por más que se festejó el 2005 y 2010 la alta aceptación, se sabía que mientras no entraran todos los tenedores de títulos había posibilidad de juicio en el exterior en las condiciones de emisión de los nuevos títulos.
MH: Que también las estableció nuestro país.
JG: Así es, está dentro de las reglas del funcionamiento del sistema financiero mundial. El gobierno argentino estableció esas dos cláusulas: 100% de acuerdo por un lado y, por otro, que se podía litigar en tribunales externos.
De ese 7% que representa U$S 7.000 millones a valores del 2001, una parte, por unos U$S1.330 millones son los que concurrieron a la justicia de Nueva York ante el juzgado del Juez Thomas Griesa a plantear la demanda para cobrar el 100%. El Juez les dio una sentencia favorable, obviamente rechazada por Argentina, se elevó a una segunda instancia, a una Cámara de Apelaciones, que dio el visto bueno a la decisión del Juez y Argentina reclamó a la Corte Suprema de Justicia estadounidense que se negó a tomar el caso. Esto da validez a los fallos de 1ª y 2ª instancia. De ese modo la sentencia de Griesa dice páguense los U$S 1.330 millones más intereses que suman U$S 1.500 millones.
MH: Ahí tenemos la primera cifra.
JG: A partir de ahí nuestra Presidenta dice -recordemos que quedaban en cesación de pago U$S 7.000 millones y litigaron por U$S 1.330 millones que se transformaron en U$S 1.500 millones sumados los intereses-, en la cadena nacional del lunes de la semana pasada, esos otros tenedores que no entraron en el canje y que todavía no se presentaron en la justicia pueden hacerlo y llegar a U$S 15.000 millones. Esa sería la segunda cifra.
MH: La tercera no la voy a decir porque no quiero decir una barbaridad, te la dejo a vos.
JG: Es dificilísima pero acepto el desafío. Si todo lo anterior se arregla antes de fin de año y eso se está discutiendo hoy en Nueva York con la presencia de Axel Kicillof, que va a asistir a una reunión en Naciones Unidas pero que todos imaginan tendrá algún intercambio con los abogados argentinos, o con el Juez Griesa o con los abogados de los tenedores. Algo de eso se sospecha. Si se arregla antes de fin de año rige una cláusula que vence en diciembre que dice que todos los acreedores que entraron en el canje de deuda si hay una oferta mejor antes de diciembre del 2014 la Argentina puede ser demandada por los acreedores que entraron en el canje para recibir las mejores condiciones de pago recibidas por otros acreedores.
El 93% que entró en el canje tuvo una quita y los que litigaron en Nueva York lograron que se les pague el 100%, o sea que cobrarán más, por lo tanto, el 93% que a valores del 2001 son U$S 93.000 millones si demandaran por esa cifra los derechos adquiridos planteados en la negociación dispuesta por el gobierno argentino, la deuda se incrementaría en una cifra que yo tampoco me animo a decir, pero distintas fuentes periodísticas analizan como piso en U$S 120.000 millones y el techo da miedo.

Lo que debería hacerse supone una voluntad política muy firme que no existe

MH: ¿No había alternativas?
JG: Había y hay. Hoy es planteada por una minoría del espacio político, pero hay que suspender los pagos e inmediatamente investigar, auditar la deuda y alentar todas las demandas judiciales contra los sucesivos canjes de los gobiernos anteriores. Lo que no se hizo durante 30 años de gobiernos constitucionales hay que hacerlo ahora. Luego de auditada y dándole aliento y estímulo a lo que acontece en la justicia argentina, tomar una decisión sobre lo que es deuda legítima, ilegítima y reestructurar la deuda pero no ya bajo legislación externa sino bajo nuevas condiciones.
MH: Esto ya se hizo en América Latina.
JG: Una parte de esto lo hizo Ecuador que hubiese necesitado y querido que lo acompañara toda Latinoamérica y no sucedió. Digo esto por la solidaridad. Fijate que ahora Argentina tiene condiciones muy adecuadas de solidaridad discursiva. Hoy Kicillof va a participar de la ONU invitado por el G77 + China para que informe sobre la situación de la deuda argentina, al frente de este organismo está Bolivia donde se hizo la cumbre el 15 de junio en Santa Cruz de la Sierra.
En primer lugar hay una solidaridad explícita del Mercosur, de la Celac, muy fuerte del Presidente de Uruguay y de Evo Morales condenando al imperialismo estadounidense, y hay gobiernos que plantearon en su momento el apoyo jurídico a Argentina ante la Corte Suprema de EE. UU. que incluye al propio gobierno de ese país. El FMI, preocupado por esta medida y el antecedente que puede representar para otras negociaciones de deuda, también criticó la posición de la justicia estadounidense. Hay una situación donde el poder económico mundial está planteando la solidaridad con nuestro país. Eso podría favorecer la medida que propongo: un desconocimiento a la justicia estadounidense, que va a tener efectos concretos en Argentina que es postergar lo que el gobierno está buscando: la llegada de préstamos a intereses baratos, inversiones externas en condiciones que favorezcan el ingreso de divisas al país, el no pago va a generar consecuencias, la suspensión, el rechazo a la demanda norteamericana.
MH: Pero convengamos que el riesgo en la situación presente es muy grande. El gobierno depositó confianza en la justicia estadounidense y así nos fue. Me recuerda “al imperialismo ni un tantito así”, no aprendimos nada desde que el Che nos advirtiera.
JG: Así es, además la voluntad es pagar. El discurso gubernamental desde la primera cadena nacional hasta el Día de la Bandera va desde extorsión a vamos a arreglar con el 100% de la demanda de los acreedores.
Lo que estoy diciendo es una opinión de lo que debería y podría hacerse que supone una voluntad política muy férrea que no existe en la hegemonía política argentina, es decir, no solo hablo del gobierno sino de toda la oposición con posibilidades de gobernar en el futuro, que hoy está disputando quién administrará el capitalismo en Argentina.

Nota:

(*) Julio Gambina, miembro electo de la Mesa Nacional de la CTA, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA-CTA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)

Malvinas en la ONU: ¿Integralidad o autodeterminación?

El Comité de Descolonización de Naciones Unidas debatió una vez más sobre el pedido argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Cuáles fueron las diversas posiciones que se expresaron en este comité especial de la ONU, que también viene trabajando el tema Puerto Rico? ¿Por qué, en este caso, es un “falso debate” la discusión entre integralidad territorial y autodeterminación?
Hace ya varios años, la Argentina viene aprovechando los foros internacionales en los que participa para promover su legítimo reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Así, ONU, CELAC, OEA, MERCOSUR, Unasur, Celac, G20 y G77 + China fueron escenario, en diversos momentos, de la explicación diplomática argentina sobre el reclamo, que siempre fue acompañada por gran parte de la comunidad internacional.
Posiblemente Bolivia haya sido quien mejor sintetizó en la ONU el ´sentir general´ de las representaciones diplomáticas que emitieron opinión en la reunión, al afirmar que “las invasiones no dan derechos. No se puede hablar de autodeterminación con poblaciones transplantadas”. Antes fue el canciller argentino, Hector Timerman, quien habló de la ´artificialidad´ británica en las islas, al decir que “menos del 40% de los ciudadanos de las islas nacieron allí, y el 38% de habitantes fluctúa cada diez años”.
Estos datos nos muestran la ´falacia argumental´ de plantear la autodeterminación por encima de la integridad territorial, sobre todo teniendo en cuenta que las islas se encuentran a 12 mil kilómetros de Londres y a sólo 500 km del territorio continental argentino. Es decir: en el debate sobre una hipotética autodeterminación no podemos dejar de mencionar, tal como manifestó la delegación boliviana, la propia invasión británica en 1833, que significó la emergencia de este mecanismo de ´implantación´ del que dábamos cuenta.
Dicho esto, hay que destacar una nueva ausencia del Embajador del Reino Unido ante la ONU: es la cuarta vez consecutiva que Mark Lyall Grant se ausenta del debate sobre el tema Malvinas ante el Comité de Descolonización. ¿Qué representación británica hubo? Sólo funcionarios que hablaron en nombre de las islas con un discurso de ´victimización´ sobre un supuesto avance de la Argentina “frente a un pequeño vecino”, tal como dijo Roger Edwards en su discurso. Fue Rusia quien, indirectamente, respondió a ese argumento, manifestando su preocupación ante “la posible militarización del Atlántico Sur”, mostrando verdaderamente quien es el verdugo y quien la victima. A su vez, la delegación de China también fue contundente: “el tema de Malvinas quedó del pasado colonial. Argentina y el Reino Unido deben negociar una solución pacífica”.
¿Cumplirá el gobierno de Cameron esta nueva resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en torno al restablecimiento del diálogo entre el Reino Unido y Argentina? Está por verse –y, por los antecedentes del lado británico, no hay que ser demasiado optimistas en torno a este punto-. Por lo pronto, la jornada en la ONU fue una inobjetable victoria diplomática del país gobernado por Cristina Fernández y un nuevo revés de Londres.

Juan Manuel Karg [@jmkarg] Politólogo UBA / Analista Internacional. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación – Buenos Aires

Los riesgos de las policías municipales

La Legislatura Bonaerense quiere aprobar la Ley de Policías Municipales porque, según argumentan algunos sectores, la centralización de la conducción en las cúpulas policiales favorece el control de la trama delictiva y la cooptación de las estructuras policiales. Lo que no nos está quedando claro a los bonaerenses, es qué nos garantiza que en las escalas municipales no puedan replicarse procesos similares de administración del delito y el gatillo fácil.
Si comparamos la experiencia de descentralización de políticas sociales a nivel nacional, vemos que una vez que se transfieren servicios, coordinar después una política común se torna más complejo. L a Provincia se sacará de encima demandas y responsabilidades, los municipios contarán con mayor poder represivo, mejor o peor pagos según el nivel de recaudación, pero nada garantiza que haya una mejora para las instituciones y la comunidad.
Basta ver la película adelantada de la Policía Metropolitana. La legislatura, con apoyo del voto progresista, le otorgó a un gobierno de derecha la creación de una fuerza policial local. Y el primer Jefe que designó Macri, el Fino Palacios, involucrado en el caso AMIA, hoy está procesado por escuchas ilegales a los opositores que votaron la Ley. También incorporaron efectivos que fueron exonerados de otras fuerzas e incluso militares, en clara violación a les Leyes de defensa y seguridad interior. Además, no hay que olvidar que esta policía quiso implementar armas c on descargas eléctricas y la justicia porteña se lo tuvo que impedir, y que el año pasado reprimió con sus grupos especiales encapuchados a pacientes, médicos, periodistas y legisladores en el hospital Borda, entre otras barbaridades.
En la mayoría de los municipios de la región metropolitana, los mecanismos de control social ciudadano son débiles cuando no inexistentes. Frente a eventuales casos de represión de las futuras policías comunales, las instancias de reclamos que puedan realizarse ante los Concejos Deliberantes pueden ser bastardeados con facilidad sin mayores costos para el poder de turno. Hemos visto todos estos comportamientos de intimidación de fuerzas del orden formales y de fuerzas “informales” en diversos conflictos sociales locales.
Hasta la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconoció estas prácticas y cuestionó el proyecto por cadena nacional: “¿Para qué quieren la policía comunal algunos? ¿Para esto? ¿Para hacer policía de seguridad política de los intendentes, guardias pretorianas?”.
En efecto, ¿qué garantiza que una policía municipal no refuerce las lógicas feudales autoritarias de control territorial que aplican la mayoría de los intendentes bonaerenses? ¿Vale arrepentirse después diciendo que la ley era buena, pero se aplicó mal?
Desde la Comisión Provincial de la Memoria hemos impulsado la creación de una Policía Judicial, que finalme nte tuvo aprobación mediante la ley 14.424. Esta normativa apunta a quitarle poder a la policía Bonaerense en funciones de investigación judicial, especialmente en delitos complejos, redes delictivas y casos de corrupción, para evitar las tramas de corrupción donde se amparaban o fraguaban causas. Con esta medida se crea un cuerpo civil especializado que dependerá del Poder Judicial. Sin embargo, lamentablemente, esta ley no ha sido reglamentada aún, lo cual ilustra falta de voluntad para encarar reformas que se proclaman como urgentes.
Lo único que le falta al país son policías compitiendo y espiándose entre sí para ver que intendente sale favorecido en las elecciones siguientes. La situación policial actual requiere profundas reformas, el asunto es como democratizarlas y subordinarlas eficazmente al pod er político y al control ciudadano. No se trata de replicar los problemas nacionales y/o provinciales de gestión de las fuerzas policiales a escalas distritales.

Adolfo Pérez Esquivel

El silencio de las sotanas

Acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, el cura Aldo Vara recibió el beneficio divino de una muerte impune ocurrida hace poco en Paraguay. Mientras era buscado por la Justicia, el sacerdote vivió en La Plata y cobraba mensualmente su haber jubilatorio. Sin embargo, la Iglesia mantuvo vigente su plan sistemático de ocultamiento y negó conocer su paradero.

Mientras la Justicia esperaba una extradición que nunca llegó, días atrás murió en una parroquia de Asunción de Paraguay, Aldo Omar Vara, el capellán militar de Bahía Blanca durante la dictadura. El sacerdote apareció muerto a los 80 años en Paraguay adonde había huido cuando empezaba la causa penal por el Batallón de Comunicaciones 181, en la que estaba imputado por delitos de lesa humanidad. “Vara murió impune”, lamentó la agrupación HIJOS de Bahía Blanca y recordó que el sacerdote “fue apañado por la Iglesia Católica hasta el momento de su muerte”. Vara tenía pedido de captura desde agosto de 2013 por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia; homicidio agravado por alevosía en concurso de al menos tres personas y homicidio y desaparición forzada e imposición de tormentos.
El ex capellán se fugó del país el 15 de agosto de 2011, un mes y medio después del comienzo del primer juicio a los represores bahienses. A raíz de su captura a manos de Interpol que tuvo lugar el 28 de abril de este año, se comenzaron a revelar las complicidades del arzobispado de Bahía Blanca y de la diócesis de Ciudad del Este, donde, según expresó el obispo paraguayo Rogelio Livieres Plano, Vara participaba de oficios religiosos en la Parroquia Virgen del Rosario.
Pocas horas después de que Vara fuera detenido en Paraguay, a través de la denuncia que realizó el sociólogo Fortunato Mallimaci, se supo que continuaba recibiendo, por parte de la curia bahiense, un haber jubilatorio destinado a sacerdotes mayores de 68 años. Ante esa denuncia pública, el periodista Diego Kenis señaló que “los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se acercaron hasta la sede del Arzobispado de Bahía Blanca y confirmaron por fuentes del propio arzobispado que Vara durante todo el tiempo en que permaneció prófugo de la justicia, cobró a través de un apoderado, que era el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, un haber jubilatorio” hecho que “el arzobispado jamás notificó ante la justicia”. A partir de allí “comenzó a desenredarse un ovillo que derivó en la imputación por encubrimiento del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti y de su apoderado, el empresario Leopoldo Bochile”.

La Iglesia Católica al servicio de Vara

Desde 2011 la justicia intentó establecer el paradero de Vara por requerirse su declaración en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La Justicia Federal, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Agrupación HIJOS y la Red por la Identidad, solicitaron la información correspondiente al arzobispado de Bahía Blanca. Pero tanto a la Justicia Federal como a los organismos de derechos humanos, el Arzobispado respondió que no tenía ninguna información al respecto, omitiendo mencionar que, mientras estuvo prófugo, Aldo Vara continuó cobrando el Fondo de Solidaridad que la Conferencia Episcopal Argentina paga a curas mayores de 68 años.
Por su parte, ante el pedido de la justicia, la diócesis de Ciudad del Este, confirmó que Vara siguió encabezando los oficios religiosos y que fue recibido en esa diócesis ante un pedido de su obispo, sin especificar de quién se trataba. Para el periodista bahiense Diego Kenis, “hay algunos datos que permiten saber que Aldo Vara permanecía bajo la jerarquía de Guillermo Garlatti, pese a que éste lo negó en un comunicado en el que aseguró que se había ido de la arquidiócesis en el 2001”.
Los elementos que permiten saber que el cura ahora fallecido permanecía bajo la jerarquía de Guillermo Garlatti son, “en primer lugar la información que el propio Mallimaci brindó cuando denunció el pago del haber jubilatorio. Mallimaci explicó que Vara era un sacerdote incardinado, es decir que tenía una anclaje territorial permanente y que pertenecía a una sola arquidiócesis, en este caso, a la de Bahía Blanca”. Esta información se corroboró a partir de los documentos que la propia iglesia entregó para responder los pedidos que el juez federal Álvaro Coleffi le hizo mientras Vara permaneció prófugo.
La justicia federal cursó oficios a los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca, a la Conferencia Episcopal Argentina y al Vaticano a través de la Nunciatura y todos expresaron desconocer el paradero de Aldo Vara. Desde el arzobispado bahiense respondieron que no tenían ningún dato de él y agregaron que el sacerdote no les había solicitado permiso para salir del país. En la respuesta del arzobispado bahiense, Diego Kenis percibe la confirmación de la jerarquía de Garlatti sobre Vara, porque el propio arzobispado responde que Vara no les solicitó permiso para salir del país. ¿Por qué –se pregunta Kenis-debería hacerlo si Guillermo Garlatti no era su superior jerárquico? Por su parte, la Conferencia Episcopal dijo no tener ninguna información sobre Vara y agregó que había consultado al Arzobispado de Bahía Blanca. “Otra vez, entonces, surge la pregunta: ¿Por qué consultar al arzobispado de Bahía Blanca y no a otro?”.
“Es llamativo cómo se ha protegido de modo institucional a un sacerdote que tiene una importancia sustantiva por ser parte del terrorismo de Estado, aunque no es de los más encumbrados miembros de la jerarquía eclesiástica”, reflexionó Kenis, lo que lo llevó a concluir en que la iglesia “sigue protegiendo a cualquiera de sus miembros”.

El rol de Vara durante el terrorismo de Estado

Entre 1971 y 1979 Aldo Vara se desempeñó como capellán auxiliar en el V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca. Sin embargo, en 1999, cuando declaró como testigo en el Juicio por la Verdad “dijo que no tenía rango militar en el Ejército” cuando en realidad “tenía rango militar de capitán”, advirtió Kenis. “Vara cumplía funciones como militar en el marco del reglamento de operaciones psicológicas, que establecía claramente la función del capellán”, afirmó el periodista y agregó que ese rol “consistía (como lo denunció el Tribunal que en La Plata condenó a Christian Von Wernich), en el juego del interrogador bueno y el interrogador malo. El malo era el que iba y torturaba y el bueno era el que ejercía otra forma de tortura”. Kenis describió que estos ministros de la Iglesia “vestidos de sotana se hacían presentes donde estaban los detenidos y donde habían sido torturados, buscando, mediante otros métodos, interrogarlos nuevamente, mientras los aconsejaban olvidar y no denunciar lo que habían padecido”. En esas conductas incurrió Aldo Vara “y están documentadas”.
En los fundamentos del fallo que condenó a siete represores del V Cuerpo de Ejército, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Bahía Blanca, ordenó abrir investigaciones judiciales para determinar la responsabilidad de Aldo Vara en delitos de lesa humanidad. Dijo expresamente que resulta comprometedora para la iglesia católica la intervención y presencia de uno de sus pastores en los centros clandestinos de detención y en los encuentros con los detenidos.
“El Tribunal dijo que esto resultaba comprometedor para la Iglesia Católica”, la cual “en lugar de aportar a la búsqueda de justicia, lo que ha hecho es mantener un silencio ante cualquier tipo de requisitoria incluso la de las víctimas”, expresó el periodista y escritor Diego Kenis.

El silencio del Vaticano

“Al menos en dos oportunidades, el Vaticano ha recibido pedidos de información sobre el destino de Aldo Vara” y siempre, a través de la Nunciatura, aseguró no contar con ningún dato sobre su paradero, informó Kenis. Incluso los organismos de derechos humanos llegaron a pedirle al propio Papa Francisco que intercediera para dar con Vara, caso en el cual asegura el periodista “la conducta del Vaticano fue todavía peor, porque directamente no respondieron”.
El periodista reveló que días antes de que los organismos cursaran esa comunicación, “el Sumo Pontífice había llamado por teléfono a la madre de un joven de Bahía Blanca que murió cuando explotó el laboratorio clandestino en la empresa para la que trabajaba”. Destacó que “el Papa tuvo el gesto de llamar a la madre de ese muchacho para decirle que la acompañaba, que rezaba por ella y entendía su deseo de justicia y dolor; pero no tuvo ese gesto noble para ofrecer también su acompañamiento a las víctimas del accionar de Aldo Vara”.

Aldo Vara en La Plata

Un dato curioso que se suma a las irregularidades y silencios de la cúpula eclesiástica es que, mientras el Arzobispado de La Plata contestó -en momentos de ser requerido-, que desconocía el paradero del imputado, sí admitió que éste vivió en la mismísima arquidiócesis entre 2006 y 2007, momentos en que ya pesaban sobre él serias denuncias y se sabía que había mentido en sus declaraciones en el marco de los Juicios por la Verdad.
La jerarquía católica platense adujo entonces que la permanencia de Vara en la ciudad obedecía a que éste tenía familiares acá y -en un intento por eludir responsabilidades-, resaltó que en 2009 se le negó su incorporación como miembro a la Arquidiócesis solicitado por el imputado.
Por otra parte, en la sección fúnebre del diario El Día de La Plata, los familiares de Aldo Vara publicaron un singular mensaje a propósito de su muerte. En él no consta su situación de prófugo de la justicia ni de imputado por crímenes de lesa humanidad. Prefirieron decir que su deceso se produjo “en el exilio” destacando que “él rogará por todos”.

Martín Luna

En Argentina los únicos “pagadores seriales” son los trabajadores. Cristina y los Gobiernos capitalistas anteriores, son “los buitres propios”

Apoyados, en la indefensión programada de la clase trabajadora, por el Peronismo demagógico en el Gobierno, unido con su Icono intocable la Oligarquía, máxima beneficiaria de la estafa, la carga de la deuda agigantada, castigara como siempre, a la inmensa mayoría de trabajadores y humildes.

Como el cuentito de lo Nacional y Popular, se hunde en las aguas turbias de Chevron, Monsanto, Barrick Gold, las sojeras envenenadoras y depredadoras, la inflación indetenible, el pago vergonzoso a Repsol, la corrupción interna en el seno de los burócratas del Gobierno y sus amigos capitalistas.
Sumemos además, la fuga gigante de las divisas, durante el Kirchnerismo, muy superior a la Deuda Publica Argentina.
Fuga, cuyo monto exacto se debe investigar, pues si bien oficialmente se reconoce, que llego a 180 000 millones de dólares, otras fuentes más confiables, las hacen llegar a más de 400.000 millones.
Mientras nos cuentan, que salvaron los fondos de las AFJP, de los bolsillos de los Bancos Privados, olvidan que mantienen viva, a toda costa, la fraudulenta ley de Entidades Financieras, que colaboró activamente con la fuga de divisas.
Apoyados en la Ley 21.526 de Entidades Financieras, impuesta por la dictadura, en 1977, y pensada por el oligarca Martínez de Hoz, una ley dictada por un gobierno de Facto, en realidad un decreto, se mantuvo inamovible durante los 11 años de Kirchnerismo, durante los cuales en su mayor parte, ambos Kirchner dispusieron de la mayoría absoluta en el Congreso, para anularla o modificarla.
Sumemos el estancamiento permanente de la pobreza, pese a la limosna de la Asignación Universal, que desde luego, nunca puede modificar la condición de los pobres.
Agreguemos la situación angustiosa de los jubilados, de los cuales el 95 % no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, especialmente luego que la inflación, termino por reducir sus ingresos.
Finalmente el comienzo de una crisis financiera, grave dentro de un sistema capitalista, como el de este Gobierno, y que ya muestra el desempleo, como una de sus consecuencias.
Es poco lo que le queda a Cristina, para decir y engañar en sus discursos cargados de olvidos fundamentales, como ser jamás mencionar, el monto actual total de la deuda pública, para no asustar a la “gilada”. Y menos todavía, referirse al carácter de fraudulenta, que tiene esa deuda y que no se debe pagar.
Eso sí, no abandona el cuentito del mega canje del 2005, de Kirchner, Lavagna y Nielsen, y su ampliación del 2010, a los que se refiere diariamente, ocultando al mismo tiempo, el fracaso y las duras condiciones contra la Argentina, que Néstor y Cia, aceptaron en aquella ocasión y que llevaron a aumentar al día de hoy, la deuda pública, a cifras superiores, a la de la fecha del Mega canje y eso pese a los intereses cuantiosos pagados.
Y dentro de las condiciones aceptadas por Néstor, está la continuidad de establecer a Nueva York, cono la sede jurídica obligada, para dirimir las cuestiones que se presenten. Motivo este por el cual hoy en día, estamos nuevamente al borde del Default.
Los trabajadores y los humildes, que en la Argentina son más del 85 %, de la población total y que votan a un político de clase media, como los Kirchner y como todos los anteriores, desde Perón para abajo, deben saber a lo que se exponen.
Deben saber, que cuando estos políticos negocian, en sus mentes y ambiciones, están primeros ellos, luego la Oligarquía a quien entronizan y admiran, y para nada los intereses y necesidades del pueblo trabajador, que les es ajeno por clase y educación.
Los trabajadores deben pensar seriamente, que fueron y serán los “·pagadores seriales”, si siguen depositando su voto a favor de los políticos, que representan a las clases enemigas .Si piensan seguir dejándose estafar, por los “cuenteros seriales “en los Gobiernos.
Desde que la Oligarquía cedió el Poder Ejecutivo, a sus testaferros de la clase media, es decir desde Perón a Cristina, todos los presidentes que tuvo Argentina, quizás siendo benevolentes, con la excepción de Illia y Campora, han engañado sin vergüenza a su pueblo.
De todos los gobiernos, que tuvieron relación con la Deuda Publica Argentina, el más demagógico, fue el de los Kirchner, pues aquellos que originaron la Deuda y los que la ampliaron, antes del gobierno Kirchnerista, no se jactaron de su carácter Nacional y Popular, solo se limitaron como integrantes de la Clase Rica y Clase Media Altas, a cumplir con su función de cipayos obedientes, del capitalismo financiero. Pero todos ellos, en conjunto con Kirchnerismo incluido, cargaron sobre las espaldas de los trabajadores, nuevamente el peso total de la deuda y su pago.

Hersh Zakheim

El capitalismo financiero y la disputa por la soberanía económica

La fase de desarrollo capitalista que vivimos pondera su faz financiera por sobre la productiva; Este fenómeno histórica pareciera ser más que una tendencia, sino la consolidación de la dinámica que históricamente encontró el capital para reproducirse en su estado senil. Dinero que produce dinero, esquivando la fase productiva, con los resultados evidentemente dañinos en el mundo del trabajo y el consecuente desaliento a la inversión, evidencian el estado senil del capitalismo.
Las consecuencias son insondables, y bien podría sostenerse que su comportamiento es suicida, más allá del reproche ético. Algunos sostienen como apósteles de un credo del sentido común, que esto debe corregirse, que el capitalismo debe ser serio, pero desconocen la ontología del capital.
La resolución de la Corte Suprema de EEUU, no hace más que legitimar una lógica hegemónica a escala mundial, con supremacía del capital financiero. La estructura donde se sustenta consta de un andamiaje financiero, que inició su ofensiva con el acuerdo Thatcher - Reagan, pero también de una red legal, que ha visto como máxima expresión la resolución a la que aludimos.
Las voces que se alzan con reproches respecto del manejo de la deuda argentina debieran considerar las actitudes pro activas de los sectores especulativos, en el contexto mundial, así como reparar en la diferencia de criterio, a los fines de sostener amplios márgenes de soberanía económica, sostenida por la diligencia del gobierno argentino, en relación a otros, como Liberia, Panamá o incluso Perú.
Con la resolución del juez Thomas Griesa, también se debate la posibilidad de desmarcarse de la distribución internación del trabajo que sostuvieron los países centrales a través de la dicotomía centro-periferia. Las deudas externas, y la necesidad de su restructuración en la búsqueda del desarrollo siempre recayó en la periferia. Las perspectivas de este fallo configuran una herramienta filosa para obturar ese despegue. Por todo ello, hoy más que nunca se requiere de unidad nacional de la clase política para que la toma de decisiones no vuelva a emigrar a Washington.

Mariano Massaro

Desaparecidos en democracia

"Generaciones perdidas”, frase que utilizó Ángel Rama para definir a los escritores e intelectuales latinoamericanos que emigraron o escribieron desde el destierro (más que desde el exilio). Esto anuncia también por lo tanto el testimonio de un fracaso: de clase, de imaginario, de política, de cultura, de estado… de nación. “Generaciones perdidas”. Aún hoy, en este impertinente espacio y tiempo de tercer milenio donde nosotros los "desaparecidos en democracia", no somos, no estamos, no existimos, en las fingidas democracias procedimentales, disfrazadas de progresistas. Lo señala mi entrañable amigo, el Dr. Martín Almada (Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002) al decir que las dictaduras se perpetúan en los gobiernos instalados hoy en el poder, ¿Plan Cóndor II?...”la historia vuelve a repetirse".
“Generaciones perdidas”, que responde a un plural que permite disecciones reductoras. Primero, aquellos que “perdieron” la lengua (Héctor Bianciotti, ‘Copi’, Rodolfo Wilcock y Néstor Perlongher); segundo, aquellos que “perdieron” la vida (los desaparecidos Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Roberto Santoro, Francisco “Paco” Urondo); tercero los que “perdieron la patria” (Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano, Osvaldo Lamborghini).
En Argentina, por ejemplo, se puede hablar de “Generaciones fatalmente peronistas”, y también puedo afirmar (mucho más fatalmente) “Generaciones menemistas”, y “Generaciones K” en acto de construir y dar cuenta no solo desde dónde se lee sino también de a quién se lee… Los que no estamos en las listas de los que adhieren al gobierno ni a la oposición ni a las tendencias de las corporaciones económico mediáticas, en aparente confrontación con el gobierno: nosotros "los desaparecidos en democracia", insisto, no “somos”, no "existimos".
Nosotros, “los desaparecidos en democracia", pertenecemos a la hoy “Generación perdida”, y nos relacionamos con la filosofía, la literatura y la cultura de este tiempo, intentando accionar desde un nuevo espacio, donde todos los seres, que aman la verdad, la armonía y la libertad, sin precios a pagar, podamos tener un sitio...incluso denunciando actos de corrupción, estafa, pactos espúreos a la ética y la li.
En nuestra experiencia atroz se destaca la ausencia de “patria”, al haber sido traicionados sistemáticamente de manera brutal y borrados de esta tierra, en representaciones y prácticas delictivas, de mentira y sumisión a la evidencia del crimen perpetrado, en nombre del ¿acuerdo? y ¿el nuevo orden y proyecto? ¿nacional?…desde este ‘locus’ enunciativo que en absoluto pretendo convertir en una distintividad positiva, todo lo contrario.
En ese sentido, y más allá de cualquier programa de lectura (explícito e implícito) que pueda y me dejen sostener, mi reflexión aviva “fantasmas” (en términos políticos-sociales-culturales) de cualquier intelectual rentado o mercenario oportunista del régimen: ¿cuál es el límite, cuáles son las ‘fronteras’ de nuestro país? ¿Qué es eso que llamamos cultura nacional?
Paradójico, que desde los poderes asimilados al régimen de un capitalismo fundante y perseverante de la ley de mercado, absolutamente vigente en Argentina y el planeta, a pesar de discursos embaucadores de libertad, solidaridad y fraternidad, las acciones congeladas de funcionarios y demás miembros de un gobierno, que parece retirarse de sus responsabilidades y obligaciones, para con la verdad y la libertad en sus políticas fundamentales, una inmensa sombra (esa niebla de Cortázar, un desterrado del peronismo iniciático, en “El Examen” o la de Bianciotti en “Lo que la noche le cuenta al día”) da idea de opresión, de deseo fracasado: la sombra de un autoritarismo empapa la institución y las disputas del campo intelectual argentino escenifican la falta de una verdadera disputa. La canonización de la farsa es casi evidente.
Como intelectual y hombre vivo, que goza y sufre este tiempo, pertenezco a él, aún negándome desde siempre a no ser parte de la "historia oficial" y de las huestes de los negociables, especuladores y temerosos, que pueblan su ‘tribu’...de los "desaparecidos en democracia"...soportando un patético y poético exilio interior.
Soy parte, con otras voluntades lúcidas, de la “Indignada generación perdida y traicionada”, en búsqueda de un proto-suelo generacional desde el cual pretendemos (re)mover un (no) debate (in) actual…una cultura que queremos con “atributos” y sin pre-fijos.

Eduardo Sanguinetti
Boletín Argentino

Honrar a los especuladores pagando deuda ilegítima

Los límites estructurales del capitalismo local, obligaron al cambio de paradigma que implicaba poner fin al ciclo de desendeudamiento y tomar nueva deuda.

La reciente ratificación por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. del fallo del Juez Thomas Griessa, que ordena pagar a los fondos especulativos, genera una incertidumbre no exenta de riesgos sobre el futuro de la reorientación política del gobierno. El “nuevo curso” hacia los mercados financieros y la coyuntura económica nacional han recibido un duro golpe. Se trata, una vez más, del costo de no investigar la deuda.
La combinación de los resultados electorales de octubre pasado –que modificaron el mapa político del país- y la reaparición de los límites estructurales del capitalismo local, obligaron al cambio de paradigma que implicaba poner fin al ciclo de desendeudamiento y tomar nueva deuda.

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Lo que algún analista caracterizara como “burguesía fallida” al referirse al fracaso del idealismo kirchnerista de apoyarse en una fracción de capitales nacionales –intento de crearla desde el Estado al estilo Corea del Sur- para disputar el proceso de acumulación y reproducción de capitales, fue un anticipo de lo que sería el pasaje de un “modelo de matriz diversificada con inclusión social” a un “proyecto político que toma decisiones económicas”. Desde el Ministerio de Economía, ya el tamden Amado Boudou/ Hernán Lorenzino había recomendado volver a los mercados voluntarios de crédito; más tarde vendría el pedido de la presidenta de hacer “sintonía fina”: primeros reconocimientos de los desequilibrios profundos que mostraba la economía.
Sin embargo, el triunfo electoral del 2011 con el 54% de los votos emitidos y el ascenso del neo-keynesiano Axel Kicillof – tal vez el principal exponente en el país de las tesis de la economía tirada por la demanda- trabaron esas “soluciones” pro-mercado. Finalmente, la corrida cambiaria de enero pasado y la continuada caída de reservas apuraron las decisiones hacia el “nuevo curso”: regularización de la relación con los mercados; devaluación y transferencia de recursos, reducción de subsidios, incremento de ingresos –salariales y jubilatorios- por debajo de la inflación.
Sea por desgaste, luego de una década larga de gobierno, sea por errores de distinta naturaleza o por lo que creo son raíces estructurales más profundas y sistémicas, los tiempos finales de la administración kirchnerista –más allá de lo que marca el calendario electoral- se han acelerado.

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Lo que está predominando en este tercer período -2003/2007 y 2008/2011 fueron los dos anteriores- es que reaparecen los límites estructurales del capitalismo dependiente argentino –presión inflacionaria sostenida: déficit fiscal primario; restricción externa; problemas de financiamiento; insuficiencia de inversiones productivas; debilidad para avanzar en la sustitución de importaciones; impotencia del Estado para regular la disputa intercapitalista por el excedente. En paralelo, los resultados electorales del 2013 sepultaron toda posibilidad de re-reelección de CFK e hicieron aflorar alternativas políticas por derecha y una izquierda de clase que aparece con identidad y alcance nacional por primera vez en muchos años.
Dos sentencias operan como ordenadoras de este tramo final. La primera, la franqueza de la presidenta cuando en septiembre pasado, reunida en la Mesa de Diálogo con empresarios y sindicalistas, señaló sin ambigüedades: “Me quedan dos años más. Quiero llegar tranquila al 2015.” La segunda, es el sinceramente y búsqueda de ordenamiento de los desequilibrios de la economía, teniendo como eje central la recomposición del stock de reservas internacionales. En síntesis: se trata de terminar la fiesta en paz.

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La carta de intención recientemente firmada por el ministro Axel Kicilloff y los titulares del Club de París (CdP) -octavo acuerdo en cincuenta años- no es un acuerdo más. Forma parte de una cadena de decisiones por la cual el gobierno nacional ha reorientado su política en relación a los centros financieros internacionales. Es el anteúltimo eslabón de esta cadena, ya que el último será con los fondos especulativos (buitres) que adquirieron a precio vil los bonos de tenedores que no ingresaron a los canjes de deuda en su momento(holdouts). El monto en juego arranca en 1.500 millones de dólares, pero hay que adicionar otros 15.000 millones con el resto de los acreedores en estas condiciones. Veremos en qué términos será el arreglo. Pero, además, pueden reabrirse los canjes anteriores incrementando fuertemente la deuda (fórmula de “pari passu”). Además el fallo pone en cuestión todo el sistema de pagos internacionales y las actuales fórmulas de reestructuración de deudas.
Otros eslabones de esta cadena son: la aceptación y pago de fallos del CIADI –el comité arbitral de diferencias del BM; compensación a Repsol -por la expropiación del 51% del paquete accionario; nuevo índice de precios (IPCnu) –acordado y supervisado por el FMI; contrato con Chevrón por explotación en Vaca Muerta –una señal para otras petroleras; cambio de estrategia en relación a los fondos buitre -declarando que se aceptaría el fallo de la Corte Suprema de EEUU; acuerdo con el CdP. Tales fueron los escollos que hasta ahora debió superar el gobierno en este nuevo curso impuesto por la realidad.
Esta seguidilla de decisiones se complementa con el sinceramiento de la economía en lo que hace a varios indicadores macroeconómicos locales. Tipo de cambio y devaluación; restricción externa y nivel de reservas; alza de precios y nuevo IPC; déficit fiscal y quita de subsidios. Es que los controles y trabas a la salida de divisas -por importaciones, por giro de utilidades, por turismo emisor, por pago de deudas- resultaron insuficientes y es evidente que se necesita estimular el flujo de ingreso de capitales. De ahí la aceptación de la devaluación (que se negaba); del reconocimiento de la inflación (que se ninguneaba) y del déficit fiscal (que se ignoraba). Todo esto es ahora insuficiente para los capitales más concentrados.

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Antes de partir para el “viejo mundo” el ministro Kicillof alertó que las negociaciones en el CdP podrían llevar meses, obvió precisar que se estaba negociando desde el 2008 y que estas negociaciones se aceleraron desde enero pasado. El acuerdo se logró en menos de 24 horas, dejando incómodos a la oposición derechista, a los gurues de la city y a los medios de comunicación que les son funcionales, quienes no pudieron menos que saludar el acuerdo, en el que venían insistiendo desde hace años, dado que también son pagadores seriales. Solo pueden recurrir a cuestionamientos puntuales, aunque no sea menor el monto de la deuda aceptada: 9.700 millones de dólares, cuando el consolidado del 2013 arrojaba un saldo de 6.089 millones, sin que nadie puede coherentemente explicar la diferencia.
Es conocido que los principales países acreedores, Alemania y Japón (concentran el 60% de las deudas) proponían condiciones mas duras a las que finalmente se acordaron e incluso que el FMI no quedara fuera del acuerdo. Pero también es cierto que la presión combinada de los EE.UU. (8% de las deudas) y de un grupo de grandes corporaciones internacionales interesadas en mejores condiciones de financiamiento para futuras inversiones pudo más. Contaron además con el visto bueno del FMI, que se cansó de explicar que era solo “…un observador y que no fue invitado”, ya que solo participa cuando se trata de reestructuraciones de deuda y que este no era el caso, para terminar saludando que Argentina “normalizara las relaciones con la comunidad internacional”.

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Una y otra vez, el gobierno nacional y la oposición derechista han descartado la posibilidad de investigar la deuda, de auditarla, de distinguir la legítima de la ilegítima y actuar en consecuencia. Todos comparten la moralina de “honrar las deudas” sin revisar demasiado. Suele argumentarse que la investigación no es posible porque con tanto canje y reestructuración las huellas se han borrado. No son comprobables estas aseveraciones sin una investigación detallada, pero mucho menos lo son para la deuda con el Club de París. Deuda que fue refinanciada, pero nunca reestructurada y cuyas sus huellas se encuentran claras y visibles. Según algunas estimaciones el 40% fue contraído por la última dictadura militar, el 8% bajo el gobierno del Dr. Alfonsín y, el resto, en el del Dr. Menem. Se estima que del total de esta deuda, la contraída por la dictadura militar alcanzaba en el 2001 a 1.879 millones de dólares si se le suman los intereses devengados mas los punitorios ese sería el monto del pasivo adeudado que entra en la categoría de “odiosa” –toda deuda contraída por un poder despótico para fortalecer su propio régimen- y que corresponde repudiar.

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Este es el marco en el cual el kirchnerismo transita el último año y medio de su administración y cuando el gobierno ve achicarse su margen de maniobras. El fallo es un tropezón y lo complica aún más, mientras que tiene dificultades para fijar la agenda de discusiones -algo que manejó con soltura y habilidad en los períodos anteriores- lo que no excluye la posibilidad de que pueda recurrir a algunos temas de alto impacto político.
El nuevo curso muestra al gobierno día a día más alejado del discurso de cambios estructurales, de la “profundización” y del “vamos por todo”. El tiempo político para discutir reformas sustantivas (la nacionalización del comercio de granos o una política tributaria progresiva, entre otras) ya parece haber pasado; por el contrario, el ritmo y las medidas van siendo impuestos por la realidad y el poder económico concentrado. Por lo tanto, se trata de administrar con el menor costo político la complejidad actual y crear un discurso apto para un sujeto social justificador del giro económico-político que, al mismo tiempo, permita sostener hasta el final el liderazgo de CFK.
Las medidas de política económica que acompañaron la devaluación –alza de las tasas de interés, rebaja de subsidios, techo a las paritarias- propias de todo ajuste, no lograron otra cosa que lo previsible: suba de precios y del costo de los créditos; caída de la demanda y baja en la actividad económica, con su impacto en el nivel y las condiciones del empleo (reducción de horas extras, caída de contratos, suspensiones con quita salarial, despidos). Las medidas compensatorias -control de precios sui-géneris, incremento a los subsidios sociales, nueva moratoria previsional, plan Pro-Gre-Sar-, no alcanzan para equilibrar la situación. Por ahora el mercado interno no se recupera y es posible que los conflictos se reiteren.

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La industria automotriz, nave insignia del sector, no es la única pero sí es la que mas ha sufrido en la coyuntura la caída de la demanda interna (bajas en la producción, en las ventas, en el patentamiento) y además siente la crisis de Brasil (principal destino de sus exportaciones) poniendo en juego miles de puestos de trabajo.
Pero hay también lo que llamamos un “uso capitalista de la crisis” por parte de las patronales que, con el colaboracionismo de las direcciones sindicales tradicionales, aprovechan la incertidumbre y el temor que la crisis introduce en las filas obreras, para ajustar más de lo necesario y sacarse de encima a los “sujetos” más cuestionadores del orden fabril y de sus representantes sociales. Es necesario registrar que la caída de la demanda se mide en relación a años anteriores en que el nivel de producción y ventas fue muy elevado.

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El caso de la autopartista de capitales españoles Gestamp es paradigmático de este uso capitalista. Frente a la caída de la producción, la empresa decide suspensiones rotativas al 80% del salario, lo que es avalado por la conducción del gremio y la asamblea de planta. El conflicto se desata porque la rotación no era tal, siempre recaía en el mismo grupo de trabajadores, no casualmente el más contestatario. Estos, entre ellos varios delegados, manifiestan su desacuerdo y numerosos trabajadores son despedidos. Frente a la intransigencia empresaria, un grupo se monta en un puente grúa a 20 metros de altura, allí quedan aislados durante 4 días mientras que fuera de la fábrica otros trabajadores acompañados por fuerzas de izquierda cortan la ruta y traban el ingreso a la planta. El conflicto dura unos 50 días. Como la empresa es un monopolio, cinco terminales automotrices aprovechan para paralizar total o parcialmente su producción con el argumento que le faltan insumos. Ponen así presión sobre los trabajadores del sector y sobre el gobierno nacional para que rebaje impuestos y de concesiones a la actividad. Las fuerzas represivas ingresan a la planta, se publica una solicitada impulsada por el sindicato que no exige la reincorporación de los despedidos, tampoco el freno a la ola de suspensiones sino… la intervención del Estado para normalizar y volver al trabajo. El ministerio provincial decreta la conciliación obligatoria, la empresa no la acata e impide el ingreso a planta de los trabajadores. Por presiones del gobierno nacional, el provincial levanta apenas 48hs. después de decretarla la conciliación, con el argumento de que se trataba de un “conflicto pluripersonal sin participación sindical”. Descalificando así en un hecho inédito un recurso propio del Estado para arbitrar los conflictos capital/trabajo.
Se trata de un caso emblemático y también el gobierno nacional aprovechó para hacer de el un caso testigo. Por si algo, faltara las direcciones sindicales nucleadas en la Confederación de la Industria publican una solicitada en la que alertan y denuncian “infiltración izquierdista” en la filas obreras. Como en los años ’70 del siglo pasado, la santa alianza de la patronal, la burocracia sindical y el Estado se hizo nuevamente presente. Claro indicio de que el régimen no está dispuesto a tolerar ninguna insubordinación contra el poder del capital.
La alimenticia de capitales brasileños Quickfood/BRF (Paty), acaba de comunicar el cierre de su fábrica en el conurbano bonaerense para concentrar sus actividades en su planta de la provincia de Santa Fe -donde paga salarios un 50% inferiores y los operarios trabajan a producción- dejará en la calle a algo más de 200 trabajadores -, en lo que constituye otra muestra de cómo las empresas, haciendo uso de la crisis, eligen los momentos de mayor debilidad de la clase para tomar decisiones que impactan en la relación capital/trabajo.

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Los ciclos económico/políticos tienen principio e inevitablemente fin. El económico ya dio todo lo que podía dar y termina enredado en sus propias contradicciones, mientras que el político ha ingresado en su tramo final.
Así, los tiempos se han acelerado; la Copa del Mundo puede poner alguna pausa pero no detenerlos. Disputas entre los partidos y al interior de los mismos, búsquedas de alianzas y de candidatos de consenso son los términos de la coyuntura política, aquí la intervención del Papa Francisco (Bergoglio) no es menor. La certeza del fin de ciclo y el “nuevo curso” adoptado por el gobierno, han puesto al kirchnerismo en estado de ebullición política, mientras se miden, se cruzan y se sondean candidatos sin encontrar aún un liderazgo claro.
La resolución de la CSJ de EEUU es un duro golpe para el gobierno, y hace casi nulos los costos económicos (emisión de nueva deuda) y políticos (en relación a la oposición) contraídos para conseguir financiamiento. Cualquiera sea la decisión gubernamental terminará endureciendo los términos del ajuste en curso. El terreno para reanudar el ciclo de endeudamiento, ya sea por nuevas inversiones o por préstamos para financiar déficit, estaba casi pavimentado, ahora todo puede prolongarse con las implicancias que pueden preverse.
Teniendo como trasfondo la carrera electoral, hay en discusión dos cuestiones más de fondo. Por un lado ¿en que términos el kirchnerismo persistirá como tendencia política, dentro o fuera del PJ, más allá del 2015? Esta corriente es prácticamente la única dentro del peronismo que se reivindica del nacionalismo popular y continuadora del pensamiento nacional; en tal sentido el reciente nombramiento del filósofo Ricardo Foster al frente de una Secretaría en el nuevo Ministerio de Cultura, es mucho más que un pago por servicios prestados, tiene que ver con afirmar este ideario político-cultural pensando en el futuro. Las últimas declaraciones de Carta Abierta y la precandidatura de Jorge Taiana apuntan en la misma dirección. Por otro lado ¿qué tipo de gobierno sobrevendrá al kirchnerismo? No se trata solo de que, cualquiera fuera el resultado de las urnas, lo que resulte se ubicará en el margen derecho del gobierno actual. Lo que está en juego es si se tratará de un gobierno unipartidario o de alguna alianza electoral, o si quién resulte electo formará un gobierno de coalición dándole espacio a otras fuerzas. No es descartable pensarlo: el reciente viaje de una delegación multipartidaria a los EE.UU. para entrevistarse con funcionarios del Departamento de Estado y con legisladores días antes del esperado fallo de la CSJ es un indicio. Que ahora se hable de trazar una política de Estado común para tratar el tema deuda de aquí en más, aporta en el mismo sentido.
Sucede que los gobiernos de naturaleza pequeño-burguesa como el kirchnerismo, como también lo fue el alfonsinismo, no conforman ya a los intereses del gran capital. Este divide, fragmenta y heterogeiniza por abajo, pero centraliza, concentra y homogeiniza por arriba. Es lógico que busque una representación política acorde a esta nueva relación de fuerzas.

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Cualquiera fuera la respuesta a estos interrogantes, los trabajadores y los sectores populares sólo pueden esperar resultados positivos de su lucha y de su organización independiente.

Eduardo Lucita

Los “buitres” pegan a Marco Rubio el olor a podrido de Bob Menéndez

Al seleccionar al senador Marco Rubio, el hijo mimado de Ileana Ros-Lehtinen, como protector privilegiado en el Congreso de Estados Unidos, los fondos buitre que intentan estafar a Argentina, lo han asociado directamente a otro favorito de la mafia cubanoamericana, el senador en desgracia Robert “Bob” Menéndez cuya imagen termina de explotar.

La información reportada por el Buenos Aires Herald, según la cual los famosos “buitres” que desangran con su chanchullo países enteros se compraron apoyos políticos en las más altas esferas de lo que gobierna a Estados Unidos, no solo asusta por su peste a corrupción, sino que llama la atención sobre lo que estos estafadores consideran más propenso a apoyar causas tan sucias como la suya: los máximos representantes en Washington de la llamada mafia cubanoamericana.
Marco Rubio es nada menos que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos de esa jauría que igual se presta para un magnicidio en Venezuela, una infilitración de mercenarios en Cuba o al montaje de una intentona golpista en Ecuador o en Bolivia.
Una jauría rabiosa cuya estrella sesentona es nada menos que Ileana Ros-Lehtinen, de ascendencia turco-cubana, que corrompe en Washington todo lo que tiene que ver con la política norteamericana hacia América Latina, con el mismo veneno que usa para atacar a Irán, Siria o Palestina mientras venera a Israel.
Paul Singer, dueño de NML capital – el fondo que más se beneficia de la decisión (¿comprada?) del juez Thomas Griesa de la Corte Suprema— también posee Elliot Management, el segundo mayor contribuyente a la campaña de Rubio, entre 2009 y 2014, con 117 620 dólares. Lo revela el Herald y lo certifica el muy serio Centro para la Política Responsable (CRP), un grupo de investigación sin fines de lucro que rastrea el dinero “político” de los Estados Unidos.
En cuanto a Menéndez, quien ya está identificado como el mayor crápula del senado norteamericano, tiene la firma de Abogados Lowenstein Sandler – asociada a los fondos buitres - como su segundo mayor contribuyente de fondos de campaña durante el período 2009-2014.
Su caso es aún más flagrante: ya baña en una sucesión de casos “dudosos”, todos los cuales giran de una forma u otra alrededor de estas donaciones de campaña, un área de interés para el FBI y los investigadores del Departamento de Justicia.

Lo más sabroso: la relación carnal de Menéndez con el multimillonario oftalmólogo Salomón Mengel, su donante por excelencia.

El senador de Nueva Jersey ayudó a Melgen en un negocio para obtener un contrato de seguridad portuaria en la República Dominicana. El año pasado, para salvarse, Menéndez tuvo que reembolsar al “doctor” Melgen $58 000 dólares después de que se supo que había viajado tres veces en el avión privado de Melgen –dos de ellas al centro turístico de lujo Casa de Campo, en República Dominicana… presuntamente para fiestas fetichistas con cuatro prostitutas menores de edad.
Muy recientemente, con esta mancha en su expediente, investigadores federales registraron las oficinas del doctor Melgen en dos ocasiones en conexión con un pago record de 8 millones de dólares facturados en exceso a Medicare.
Como si le hiciera falta más al político, hasta ahí el ídolo —por su rango— de los cabecillas mafiosos de Miami, además bajo investigación penal por su negociación con dos banqueros prófugos de Ecuador, los hermanos Isaias, que también engrasaron a Ileana Ros-Lehtinen para permanecer en su nueva patria.
Los hermanos William y Roberto Isaías, herederos de la fortuna de una famosa familia hebrea de Guayaquil, fueron condenados en Ecuador por quebrar fraudulentamente el banco Filanbanco, en 1999.
Marco Rubio, quien usa su origen cubano para condimentar su imagen de hijos de papá, es de hecho hijo de un cubano que se exiló en EE.UU., en 1956, unos años… ANTES de la revolución cubana cuando el padre de Ileana Ros colaboraba ferozmente con la dictadura de Fulgencio Batista y Saldivar, que defendió hasta sus últimos días
(Paradojicamente, Jacobo Adato Levy, el abuelo de Ros, de origen hebreo, vivió en armonia con las nuevas autoridades y sus restos descansan en paz en el cementerio hebreo habanero).
Los “buitres” tuvieron otro cómplice de la misma procedencia: Connie Mack, politiquero de la Florida identificadocon la misma mafia, autor de la ley que obliga los Estados extranjeros a pagar sus falsas deudas con los fondos de cobertura. Mack se embolsó alegremente un montón de dinero de Paul Singer.
Desde de que fue catapultado fuera de la Cámara por sus electores, Mack se convirtió en socio del Liberty Partners Group, una firma de cabildeo que presiona a sus excolegas en contra de la Argentina.
Connie Mack, entonces congresista norteamericano, fue quien propuso asesinar al presidente venezolano Hugo Chávez, durante una reunión celebrada en 2010 en Washington entre legisladores republicanos con golpistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Denominada “Peligro en los Andes”, la reunión fue promovida por Ileana Ros-Lehtinen.

Los pedigrís tanto de Ros-Adato alias Lehtinen, de Bob Menéndez y Connie Mack como de todos sus semejantes que infectan la colina del Capitolio, son una enorme colección de delitos con sabor mafioso que ahora se le quedará pegado al senador en su ya nada luminoso sendero hacia la Casa Blanca.
Ya caracterizado por su hostilidad enfermiza hacia cualquier gesto soberano de América Latina, y autor de unos cuantos disparates oratorios que no lo distinguen como individuo brillante, Marco Rubio, la joven esperanza “latina” cuarentona de la derecha bushista, luce despeinado con esta revelación surgida de Buenos Aires.
Todo indica que le costará trabajo al cubanoamericano criado en Las Vegas, hechizar su público norteamericano como su esposa, una ex “cheer leader” seducía con sus cabriolas los fanáticos de los Miami Dolphins.
Acusado en 2010 de utilizar su tarjeta de crédito del partido republicano para fines personales, sin haber declarado estos gastos a Hacienda, ahora demuestra con sus amistades buitres y sus maestros de la Miami mafiosa que es capaz de mucho más.
A ver si su madrina Ileana logra limpiarlo antes de que se desmerengue esta conexión sucia que trafica en Washington los intereses de América Latina.

Jean Guy Allard

La historia sin fin de la deuda

Por cadena nacional la Presidenta expuso algunos de los hitos de la historia del saqueo que es la deuda externa. Se detuvo en los negociados y estafas que significó el blindaje, en el final del gobierno de la Alianza, maniobra que significó un formidable crecimiento de la deuda, que no permitió la bancarrota ni el default, pero sí sirvió para llenar los bolsillos de varios banqueros. Pero aunque parecería que el alegato no podría tener otra conclusión que declarar el no pago a los usureros, sólo concluyó con una denuncia a los “extorsionadores”, que serían los “fondos buitre”.
Pese a la denuncia del lunes, retomada el martes por el ministro de Economía, el gobierno proyecta un nuevo ciclo de endeudamiento. A pesar del traspié de estos días, esa apuesta quedó en stand by pero no fue descartada. Para compatibilizar esta intención con las declamaciones “nacionales y populares”, es necesario sostener que la deuda no es siempre parte del problema. Que, esta vez, será diferente. La historia no parece darles la razón.

Un camino para vaciar el país

No es la primera vez que la deuda aparece como una promesa para capear los desequilibrios económicos. Esto es lo que generó todos los ciclos de “plata dulce” y aterrizaje forzoso, desde los ’70 hasta hoy. Durante la dictadura, Martínez de Hoz logró créditos en dólares a bajas tasas, gracias a los “petrodólares”, acumulados por los países exportadores de petróleo en virtud de sus altos precios y depositados en bancos internacionales que crearon alta liquidez y ofertas de crédito para los países dependientes. Esto permitió al gobierno dictatorial endeudarse para mantener sobrevaluada la moneda local. Los empresarios también pudieron obtener créditos baratos, y por las altas tasas de interés en la plaza financiera argentina, los usaron para generar la “bicicleta financiera”: comprar dólar barato (por la moneda local sobrevaluada) para invertir en plazos fijos en el mercado local, y sacar las ganancias al exterior. Por esta vía fugaron miles de millones de dólares, sostenidos por un endeudamiento privado que alcanzó los u$s 17.000 millones en 1981. A comienzos de los ‘80, la abundancia de dólares baratos se transformó en sequía, ya que la Reserva Federal (el Banco Central norteamericano) combatía la inflación con una suba de tasas de interés, atrayendo capitales de todo el mundo. La política de peso fuerte de la dictadura se derrumbó, y sobrevino una fuerte devaluación. Pero -no fuera cosa que los empresarios pagaran por su rapacidad- el Banco Central, comandado por Cavallo, otorgó “seguros de cambio” a las deudas privadas. El Estado solventó los costos de la devaluación para los empresarios. Se estatizaron u$s 8.600 millones, es decir, el 55% de la deuda privada. La deuda pública, que en 1976 era de 8 mil millones, para 1982 rondaba los u$s 45 mil millones.

El blanqueo del fraude

Aunque Alfonsín coqueteó con una renegociación dura de la mano de su primer ministro de Economía, Grinspun, terminó reconociéndola íntegramente. Gracias a ello y al déficit fiscal agravado por el incremento de transferencias y subsidios a los capitalistas, sumado a un deterioro de la balanza comercial (por estancamiento de las exportaciones y aumento de las importaciones), la deuda registró un marcado incremento. Para fines del período era de u$s 64 mil millones. Esto pese a que durante el gobierno de Alfonsín se pagaron u$s 35 mil millones. El déficit fiscal por dicha deuda fue un factor clave en la estampida hiperinflacionaria y a fines de 1988 se entró en cesación de pagos.

La costosa entrada al primer mundo

Durante los gobiernos de Menem la deuda subió 123%. En 1993, el Plan Brady reemplazó las acreencias en manos de bancos privados por bonos. El plan prometía terminar con el problema de la deuda, pero fue la vía para un nuevo ciclo de endeudamiento, aprovechando la oferta internacional de capitales. En paralelo, se impusieron medidas como la liberalización de regulaciones y aranceles, privatizaciones y reformas laborales. Además, se permitió a los que compraron empresas públicas que pagaran con títulos de deuda, que por el quebranto del Estado estaban a precios de remate. Estos títulos se aceptaron a precio nominal, es decir, por mucho más de lo que efectivamente valían. Los empresarios se hicieron de las empresas públicas pagando casi nada (y en muchos casos ni siquiera cumplieron con las obligaciones).
Si al comienzo del gobierno de De la Rúa la deuda era de 146 mil millones, al momento de su caída superaba los 180 mil. Sostener la convertibilidad 1 a 1 con el dólar fue cada vez más costoso luego de las sucesivas crisis que se registraron desde 1994, que cortaron la oferta de capital barato para los “países emergentes”. Persistir en este intento, como hicieron Menem y De la Rúa, significaba seguir endeudándose no sólo para pagar la deuda, sino para sostener el creciente déficit comercial. Mientras la burguesía fugaba los dólares en previsión a la devaluación, para resguardarlos en paraísos fiscales, con la aceleración de la crisis se profundizó la alquimia financiera para sostener la convertibilidad. En menos de un año se sucedieron el Blindaje, “ayuda” financiera del FMI, Banco Mundial, BID y bancos privados por u$s 38 mil millones, y el “megacanje”, que cambió bonos por un valor de u$s 30 mil millones que pagaban tasa del 6%, por otros que pagarían tasa del 12%. La operación implicó un aumento de la deuda externa en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses. Los siete bancos que participaron de la operación embolsaron 150 millones de dólares en comisiones.

La década de los pagadores seriales

Con la mega devaluación de 2002, la “pesificación asimétrica” actuó como un seguro de cambio para los capitalistas, que antes habían fugado decenas de miles de millones de dólares. Estuvo acompañada de medidas de salvataje a bancos y empresas. La deuda aumentó u$s 38.000 millones en 2002.
Luego del canje con quita de 2005, la deuda quedó en 126 mil millones (y otros 27 mil entre los bonistas que no ingresaron y la deuda con el Club de París). Néstor Kirchner volvió a aceptar, para la parte de los bonos que son en dólares, la jurisdicción norteamericana que Kicillof denuncia como una cesión de soberanía para los bonos que están en default. Pese a la quita, la deuda se mantuvo elevada, y desde entonces aumentó 75 mil millones de dólares. Entre otras cosas porque en el canje se entregaron bonos que pagaban más por cada punto de crecimiento de la economía y de inflación. Los cupones atados al crecimiento del PBI sumaron 20 mil millones de dólares a la deuda total. El resultado fue que, aunque en los papeles la quita sobre la deuda fue elevada, en los hechos resultó bastante moderada (“Default y reestructuración: ¿Cuál fue la real quita de la deuda pública argentina?”, Alberto Müller).
En 2010 se reabrió el canje. Entre otras curiosidades, a los bonistas se les ofreció pagar retroactivamente los cupones de crecimiento que se habían devengado desde el canje anterior. Esto redujo aún más la quita. A esto se agregan numerosas maniobras colusivas denunciadas por varios investigadores (“Los fondos buitre”, Alejandro Olmos Gaona), y el hecho de que buena parte de los bonos canjeados habían sido comprados por fondos –que tenían información anticipada sobre el canje- a precio de remate.
Además se fue tomando nueva deuda para pagar la anterior y para aumentar los subsidios a los capitalistas. Hoy, la relación deuda/PBI ronda el 50%.

Una vía de saqueo imperialista

Aunque redujo su monto, la deuda sigue actuando como mecanismo de expoliación imperialista: gracias a ésta, se alimentan los mercados financieros internacionales y a los bonistas locales, por pagos de capital e intereses con montos que equivales a 2 o 3 puntos porcentuales de la producción anual (PBI) del país (los pagos son mayores pero una parte de los mismos se saldan intra sector público). Formidable fuga de riqueza, que podría utilizarse para obras de infraestructura que den trabajo a todos los desocupados. La debilidad de la economía nacional, cuyas consecuencias recaen especialmente sobre los trabajadores y el pueblo pobre mientras el Estado sostiene las ganancias empresarias, se profundiza con esta sangría. Pero además, la deuda permite presionar para orientar la política económica en función de los intereses imperialistas. Desde 1985, toda reprogramación de la deuda se asoció a la necesidad de realizar “reformas estructurales” (como las privatizaciones) o bajar la “demanda agregada”, es decir, atacar el ingreso de los trabajadores y sectores populares.
Durante la década K, se alimentó la ilusión de que como la deuda podía pagarse sin entrar en quiebra, reduciendo su monto en relación al PBI (lo que ocurrió hasta 2011, pero no desde entonces hasta hoy), y reemplazando deuda en dólares por deuda en pesos (lo cual ocurrió hasta 2013), se trataba de un problema del pasado. La crisis con los holdouts pone en evidencia lo ilusorio de este planteo. Al haber mantenido la jurisdicción norteamericana en los canjes de 2005 y 2010 (condición necesaria para una buena aceptación), los buitres conservaron la capacidad de presionar que ahora están ejerciendo. La necesidad del gobierno de volver a abrazarse a los “mercados” como salvavidas de plomo para llegar bien al 2015, fortalece la capacidad de estos buitres para imponer condiciones, que detrás de la denuncia el gobierno se prepara para conceder.
Querer salir del problema de la deuda pagando, aún después de una década de condiciones extraordinarias y difícilmente repetibles como la que rigieron desde 2002 para el país gracias a los dólares de la soja, se prueba una utopía. O se declara el no pago, junto con otras medidas para que la crisis no la paguen los trabajadores, o se perpetúa la historia sin fin del saqueo, que gobierno y oposición patronal coinciden en perpetuar.

Esteban Mercatante

Entrevistas a Beverly Keene y Eduardo Lucita sobre los "fondos buitres"

Este lunes la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para que tome el caso del litigio que mantiene nuestro país con una parte de los tenedores de bonos que no se presentaron a los canjes 2005 y 2010.
Con esta decisión la Corte avaló el fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa, que ordena a la Argentina pagarle a uno de los “fondo buitre”, NML Capital, cuyos abogados ya están exigiendo que se les abone la deuda que según el fallo de Griesa sería de 1.330 millones de dólares.
Desde Enredando las Mañanas abordamos el tema con dos entrevistas. La primera realizada el martes a Beverly Keene, integrante de Diálogo 2000 - Jubileo Sur con quien abordamos, entre otras cosas, el fallo del juez Ballesteros de julio de 2000. La segunda, en el día de ayer, al economista Eduardo Lucita del grupo EDI (Economistas de Izquierda) con quien conversamos sobre la decisión de la Corte norteamericana y sus implicancias.

Entrevista a Beverly Keene

Enredando las Mañanas ¿Estás sorprendida con la decisión de la Corte?
BK: La verdad que no. La decisión de la Corte es lo que más se esperaba en todo el mundo, y como acaban de señalar el escenario es ese: cuando se crían buitres, el buitrense se va a volar y hace lo que hacen, y vienen por más. Por eso desde Diálogo 2000 – Jubileo Sur estuvimos planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de que el gobierno cambie su estrategia si lo que realmente les interesa es proteger nuestros intereses como pueblo, nuestros derechos como nación, los propios derechos de la naturaleza aquí en la Argentina, porque las inversiones que dicen que vienen a través de esos arreglos vienen también por nosotros.
ELM: Claro, vienen por nosotros o vienen por nuestros recursos naturales, que es lo mismo, por nuestros bienes comunes. Ustedes habían hecho un comunicado para los presidentes de bloques anticipándose a la medida de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿es correcto?
BK: Si, hicimos una carta a todos los legisladores la semana pasada, indignados por este espectáculo de una misión que defiende una causa nacional paseando por los pasillos de Washington, desde los representantes nuestros sentados en Buenos Aires, asumiendo su responsabilidad frente a la deuda, porque no podemos olvidar nunca que según la Constitución Argentina es el Congreso el que debe arreglar la deuda, y justamente es lo que menos se viene haciendo. El fallo del juez Ballesteros en el año 2000, que mandó toda una serie de elementos probatorios de la fraudulencia en la arbitrariedad de la deuda externa al Congreso y les dijo a los congresistas que era responsabilidad de ellos arreglarlo, el Congreso desde entonces no ha hecho nada al respecto. Y hoy estamos viendo los resultados de una estrategia gubernamental que plantea que no se puede cuestionar la legalidad de la legitimidad de la deuda, eso es fundamental. En Ecuador, por ejemplo, hace unos años atrás se tomó justamente un camino al revés que era el de auditar la deuda, porque se presentaba toda una historia de fraude que la presidenta misma planteó con cierto lujo de detalle. Hay mucho que hacer aquí en el país y el hecho de que no se estaba asumiendo ese camino significa que se plantea jugar con las mismas reglas de los buitres.
ELM: A mí me llamó la atención porque en esto de arrancar con la historia, yo entiendo que cada uno elige desde dónde arranca, y tal vez tenga derecho a hacerlo, pero justo arrancó después del fallo, no mencionó el fallo del juez Ballesteros, o yo me lo perdí.
BK: No, no mencionó el fallo. Pero si arrancó la historia pensando que arranca desde el ’56, pero lo que pasa es que el fin de esa historia de fraudulencia, de ilegitimidad de la deuda es lo que saltea olímpicamente, y es ahí donde está el meollo de la cuestión.
ELM: Obvia todo, pone en manifiesto como que ellos hicieron todo lo que había que hacer, digamos en esta era kirchnerista, y que realmente parecería que no hubiera escuchado todo lo que la calle ya estaba diciendo, no solamente los jueces sino esa deuda que era ilegítima.
BK: El gobierno por un lado plantea que Argentina está sometida a la extorsión de un sistema anarcocapitalista. Más allá de profundizar sobre ese concepto yo creo que podemos ponernos todos de acuerdo en que Argentina está sometida a un sistema capitalista cuyo funcionamiento es la rapiña, es la acumulación, la explotación. Entonces apostar a las reglas de ese mismo capitalismo para decir que vamos a salir de ahí es una locura galopante, obviamente no tiene salida por ese lado. Y Argentina, lamentablemente, seguimos cayendo en ese lugar. Argentina tiene una historia de endeudamiento que es uno de los más transparentes, más estudiados. Tiene todos elementos para parar la pelota. Hay derechos humanos que según han declarado todas las naciones del mundo, tienen prioridad sobre cualquier reclamo comercial. Hay que parar la pelota ahí, hay que parar a cuestionar lo que es el trasfondo de este sistema como está funcionando, y no apostar como ha hecho el gobierno, que de alguna manera puede hacer que las reglas del sistema funcionen para nosotros.
ELM: ¿A través de ustedes lo que piden es una auditoría integral de todos los reclamos de la deuda?
BK: Pensamos que ese es un primer paso. Esa auditoría es absolutamente esencial, incluso el experto independiente de Naciones Unidas sobre deudas y derechos humanos, que vino aquí al país en noviembre hizo una serie de recomendaciones al gobierno y a la comunidad internacional, y la primera recomendación es esa: se necesita una auditoría para que se sepa qué debemos, a quiénes, y eso es esencial.

Entrevista a Eduardo Lucita

Enredando las mañanas: ¿Qué han estado pensado desde el EDI sobre este fallo?
Eduardo Lucita: A mí juicio son una vez más los costos de haberse negado en su momento a investigar la deuda, pero eso ya es cosa juzgada y ahora también por la Corte de Nueva York. Acá lo que ha pasado es que la Corte Suprema de Justicia contrarió lo que se pensaba o se había hecho pensar que iba a tener una resolución no favorable a la Argentina, porque cualquiera fuera la resolución Argentina ya iba a tener que pagar, pero sí que iba a patear la pelota para delante de tal manera que llegado 2015 la cláusula que obliga al mismo tratamiento a todos los acreedores ya iba a estar vencida y Argentina podía negociar en otros términos con los fondos buitre. Bueno, esto no ha pasado; al contrario, la resolución de la Cámara fue la peor para la Argentina y ahora estamos en este problema, por el que en principio Argentina estaría obligada a pagar 1500 millones de dólares en muy poco tiempo. Pero no sería solo esto, porque los 1500 millones son los que corresponde a un pequeño grupo de fondos buitre que encabeza este especulador Paul Singer, pero además hay otros fondos buitre que no están haciendo este juicio y hay otros holdouts, es decir acreedores que no son buitre sino acreedores directamente, que llevan esa cifra a otros 15 mil millones de dólares, es decir que si finalmente se le paga a estos buitres va a haber que pagar otros 15 mil millones más a estos. Y la tercera gran cuestión es que esto abre el problema con el resto de los acreedores que sí aceptaron los canjes, este famoso 92% que va a decir ‘si a estos les pagan el 100 por cien, ¿por qué a mí me hiciste una quita? Pagame lo que corresponde’. Y esa es una cifra sideral que yo no tengo idea de cuál podría ser, pero son más de cien mil millones de dólares seguro. O sea, quebraría todo.
ELM: Veía en twitter una intervención de Enrique Martínez, el ex presidente del INTI que integra actualmente el Movimiento Evita, es decir que está ligado al kirchnerismo, y decía que es una excelente oportunidad para que la deuda la paguen los que más tienen y haya un impuesto especial que permita juntar al menos estos 1500 millones de dólares. ¿Hay espacio político para eso?
EL: Los espacios políticos se van achicando pero también hay que tener en cuenta que esto está marchando a una suerte de gobierno de unidad nacional. No ahora, pero sí después del 2015 y el Papa está detrás de todo. Además hay que tener en cuenta la delegación multipartidaria que fue a Estados Unidos, fueron de casi todos los partidos, y ahora Jorge Capitanich fue al Congreso con Axel Kicillof y se reunieron con todos los bloques porque este es un problema de política de Estado que tenemos que resolverlo entre todos. Acá está claro que con las decisiones que se tomen, este gobierno corre el costo político pero las cuestiones económicas vienen para más adelante, entonces todo el mundo está buscando que esto se resuelva de la manera menos gravosa posible para la economía argentina, porque va a tener impacto en diez años para adelante. Entonces todos están de acuerdo en buscar alguna salida, entonces habría que ver, no es malo decir que estos 1500 millones se paguen con impuestos, que lo pongan los que se la llevan en pala. Que estén todos de acuerdo en declarar la emergencia nacional por esto y apliquen un impuesto excepcional para este tipo de cosas. A mí no me parecería mal, porque pagar van a tener que pagar.
ELM: Hay quienes dicen que la estrategia del gobierno es patear el pago de los 1500 millones hasta el año que viene porque hay una cláusula en los canjes anteriores que decía que si hasta el 2014 no se renegociaba con los fondos buitre, no se les pagaba más, se cerraba ese canje y se seguía pagando con la quita.
EL: Es la cláusula que llaman pari passu, de igual de condiciones para todos, y vence en diciembre de 2014, entonces si la Corte Suprema en vez de rechazar lisa y llanamente la cosa, le hubiera dado vista al procurador de Estados Unidos, que eso era lo que se pensaba, es un trámite que lleva tiempo y se llegaba así al 2015, entonces Argentina se sentaba a negociar con los bonistas y a decirles ‘yo no te voy a pagar lo que vos querés , te voy a pagar igual que a los otros’, etcétera. Pero esto ahora no está, por eso Paul Singer menos de 24 horas después de conocerse el fallo de la Corte Suprema entró a decir ‘nada de postergar, que me paguen antes del 30 de junio’, con un agravante porque el 30 de este mes hay que pagar 900 millones de dólares y en las condiciones actuales, con la resolución del juez Griesa, esos 900 millones no van a ir a parar a los acreedores del 92% sino a las arcas de los fondos buitre, porque los pueden capturar. Ese es el otro problema que hay, que se habla de un default técnico porque Argentina va a tener que decidir no seguir pagando a través del Banco de Nueva York, va a decidir pagar en la Argentina, por eso es que Kicillof habló de hacer un canje de los bonos con esas mismas condiciones pero con un solo cambio, que no se pague en Nueva York sino en Buenos Aires.

RNMA

Se acaba el relato del “desendeudamiento”, se reabre la crisis de la deuda

La Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación argentina y le dio la razón a los fondos “buitres” NML Capital, Aurelius y otros especuladores, ratificando un fallo del juez Thomas Griesa ya previamente confirmado por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Este miércoles esta última Corte levantó el “stay” (cautelar) que suspendía la ejecución del fallo.

La decisión de la Corte dejó en una encrucijada al gobierno y colocó al país al borde de la cesación de pagos. El fallo establece pagar a los “buitres” el 100% del valor nominal de los bonos (USS 1.330 millones) cuando en realidad los adquirieron a precios irrisorios. El ministro de Economía Axel Kicillof mencionó el caso de un “buitre” que compró deuda por U$$ 48 millones ahora obtendría 832 millones. Cristina denunció que los “buitres” ganarían 1600%. Una estafa. De pagar, el gobierno se enfrentaría probablemente a una catarata de reclamos similares de otros bonistas que se quedaron fuera de los canjes. Los que iniciaron el juicio representan apenas el 1% del total de bonos que se reestructuraron. Hay otro 6% que no entró a los canjes que está tocando las puertas del juzgado neoyorquino para obtener condiciones similares. Si la catarata de demandas se desatara los reclamos alcanzarían U$$ 15 mil millones. La mitad de las reservas se licuarían con un pago de tal magnitud.
No sólo eso. En diciembre deja de tener vigencia la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que habilita a los bonistas que entraron en los canjes previos a obtener los mismos beneficios si Argentina ofrece mejores condiciones a los “buitres” que litigan en Nueva York. Esa cláusula fue aceptada en 2005 por Roberto Lavagna y Néstor Kirchner y en 2010 por Boudou. Si Argentina hiciera una mejor oferta antes de diciembre se activaría la cláusula RUFO que llevaría a que el 93% de los acreedores que aceptaron los canjes previos pidan condiciones similares (sin quitas) e impongan un reclamo de carácter millonario: hasta 120 mil millones, un aumento del 50% de la deuda actual. Ahora el gobierno busca negociar con los “buitres” para postergar la negociación hasta diciembre. Pero éstos, evidentemente, quedaron en mejor relación de fuerzas.
Este miércoles 18, para lograr una negociación, los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representan a Argentina se entrevistaron con Griesa y los abogados de los fondos “buitres”. Plantearon que funcionarios del gobierno de Cristina viajarían la semana próxima para negociar, lo que se pondría ahora en duda por el levantamiento del “stay”. Una negociación tras bambalinas venía desde hace meses para acercar posiciones con algunos de los fondos que no aceptaron los canjes anteriores. Ahora los “buitres” dieron a Argentina una señal. Una nueva entrega se engendra en Nueva York.

Se aguó la fiesta

El gobierno venía haciendo grandes concesiones al capital imperialista. Acordó con el CIADI (un tribunal del Banco Mundial a medida de las potencias económicas), pagó en bonos una suma millonaria a Repsol y aceptó al Club de París condiciones que llevaron la deuda de U$$ 6 mil millones a más de 9,7 mil millones sin ninguna explicación. Con estas concesiones el oficialismo aspiraba a volver rápidamente a los “mercados” para contrarrestar la escasez de divisas, tratar de levantar la economía durante el segundo semestre y llegar en buenas condiciones a las elecciones. En lo inmediato el plan se vino abajo. Hay que terminar de ver las reacciones, pero lo más probable es que las promesas de inversiones obtenidas de las empresas imperialistas con origen en los países que integran el Club de París se posterguen al menos hasta diciembre. Excepto en algunos sectores donde el gobierno haga concesiones formidables y haya grandes perspectivas de negocios como es el caso de la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta.
Todos los esfuerzos para cumplir con las “tareas pendientes” que reclamaba el establishment financiero fueron insuficientes para convencer a los “mercados”. La justicia yanqui plantea un nuevo desafío a las autoridades locales. Detrás de la justicia actúa el lobby de los “buitres”, pero en la decisión también tuvo peso la política interna de EE.UU. donde la derecha más conservadora desafía a Barack Obama. El problema del “riesgo moral” (moral hazard) por aceptar el no cumplimiento de los compromisos también pesó en la decisión de la Corte Suprema.
Al gobierno se le cayó el plan de obtener en lo inmediato dólares frescos para reparar el “modelo”. Los desequilibrios se suman: inflación, déficit fiscal, superávit comercial en retroceso, crisis en la industria automotriz, para nombrar los más evidentes. Con la devaluación de enero el gobierno logró cierta estabilización cambiaria al costo de empujar la economía a la recesión. El equilibrio es precario y amenaza con salirse de cauce. La nueva situación confrontará al oficialismo a turbulencias económicas donde los desafíos al dólar y nuevos saltos en la cotización cambiaria están inscriptos en la situación.

El plan: aumentar la hipoteca de la deuda

La propuesta de Kicillof de un nuevo canje para traspasar el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires busca tensar la negociación con los tribunales yanquis. Pero el levantamiento del “stay” puede obligar a dar ese paso. No obstante, confronta inconvenientes difíciles de sortear. En primer lugar, requiere la aprobación del 80% de los acreedores que aceptaron los canjes previos. A su vez, los tenedores institucionales de EE.UU. podrían verse inhibidos a aceptar el nuevo canje dado que Griesa lo considera un desacato. Además que se necesita un banco yanqui para el “rerouteo” de los pagos. Otro problema es que el cambio de jurisdicción, como dice el economista Miguel Bein (asesor de Scioli), lleva al default técnico y reforzará las exigencias de los “buitres buenos”. La banca financiera ya está penalizando al país para fijar condiciones más onerosas. Standard & Poor’s bajó la calificación de crédito soberano argentino. Según Federico Tomasevich, CEO de la sociedad de Bolsa Puente, el gobierno necesita llevar a Griesa una alternativa de pago y los grandes inversores apuestan a una negociación: “Los inversores minoristas son los que venden cuando hay alguna noticia negativa y vendieron mucho (…) Hay mucho inversor institucional internacional aprovechando para comprar” (El Cronista, 18/6).
En el acuerdo con el Club de París pese al discurso de negociación “soberana” las empresas imperialistas (Mercedes Benz, Bayer, Adidas, Robert Bosch, Ford, General Motors, Procter & Gamble, John Deere, Monsanto, entre otras) intercedieron para acercar posiciones (Página 12, 1/6). Es que con el acuerdo firmado se benefician con créditos en sus países de origen para invertir en Argentina. Ahora, con otros actores, se repite la historia. Los bancos y el capital financiero se aprestan a sacar una nueva tajada de esta crisis de deuda apostando a actuar como intermediarios y comisionistas ante las urgencias del gobierno. Las oportunidades de negocios que ofrece el país y la ventaja de partir de un relativamente bajo nivel de endeudamiento pueden contribuir a facilitar la negociación. Esto alimentaría durante algún tiempo la ilusión que sostiene el gobierno de que endeudarse a tasas bajas (si esto se logra gracias a un acuerdo con los “buitres”) e impulsar la entrada de capitales son buenas opciones para sostener una presunta política “soberana”. Hemos visto una y otra vez cómo este camino nos lleva a la ruina.
La política oficial es acompañada por Scioli para quien "La solución es pagar, obviamente". La oposición patronal compite en cipayismo con el oficialismo. Binner declaró que "Con los buitres hay que negociar sí o sí". Para Massa se “tiene que normalizar su situación ante los mercados”. Todo el régimen político patronal que acuerda con el ajuste cierra filas en apoyo a la “estrategia” del gobierno para llegar a un acuerdo con los “buitres”.
Hoy sumando los montos acordados con el CIADI, Repsol y Club de París la deuda pública llegaría a U$$ 215 mil millones. Un aumento del 70% en relación a 2005 pese a ser “pagadores seriales”, como dijo la presidenta. Ni que decir todas las miserias sociales que se podrían solucionar con esa millonada de dólares que equivale a cerca de un tercio de lo que produce el país cada año.
El acuerdo con el Club de París comprende el pago en efectivo de U$$ 1.150 millones durante el próximo año. Para 2015 los vencimientos de capital e intereses programados antes de las negociaciones con el CIADI, Repsol y el Club de París alcanzaban U$$ 13 mil millones. Hoy esos montos se estarían incrementando hasta llegar a U$$ 15 mil millones. Transformados a pesos implican pagos por unos $120 mil millones al tipo de cambio actual de 8 pesos por dólar. Más de dos veces lo que se destinará este año para la Asignación Universal por Hijo y a las asignaciones de casi 8 millones de niñas y niños. Entre 2015 y 2022, sin contar los cupones PBI ni lo acordado con Repsol y el Club de París, el promedio de pagos de intereses y capital de la deuda asciende a U$$ 6 mil millones anuales promedio. Los mayores pagos se concentran entre 2015 y 2017. Un acuerdo con los “buitres” y una posible reapertura del canje elevarán el nivel de pagos a niveles muy superiores. Las consecuencias de esta expoliación las pagamos los trabajadores. No al pago de la deuda. Abajo los acuerdos con el capital financiero imperialista. Desde el PTS decimos que la crisis de la deuda, incluyendo los pagos al Club de París y todos los acuerdos con el capital imperialista, deben ser debatidos por todo el pueblo y no a sus espaldas. Por eso planteamos: consulta popular vinculante y desarrollar la movilización de masas contra la entrega nacional.

Pablo Anino

Organismos de DDHH ampliarán denuncia por tareas de inteligencia en Neuquén

Esta ampliación es en relación a nuevos hechos de inteligencia realizada por la Policía provincial al quedar al descubierto un policía "infiltrado" como periodista en juicio al ex gobernador Jorge Sobisch

En el día de mañana, a las 10 hs, integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle, la Corriente Militante por los Derechos Humanos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, concurrirán al Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, sito en calle Periodistas Neuquinos 179, a fin de realizar ampliación de la denuncia realizada durante el año 2013, en el marco de la denuncia del "Proyecto X" en Neuquén, donde denunciáramos espionaje a militantes de la región.
Esta ampliación es en relación a nuevos hechos de inteligencia realizada por la Policía provincial, a organizaciones políticas, sociales, sindicales de DD. HH y de trabajadores en Neuquén, tal como se ha conocido en los últimos días, al quedar al descubierto un policía "infiltrado" como periodista en juicio al ex gobernador Jorge Sobisch, que fotografiara y filmara a los trabajadores y trabajadoras de prensa mientras realizaban su labor. Pero asimismo, son hechos que surgen de nota periodística publicada en diario La Mañana de Neuquén el pasado domingo 15 de Junio.
Desde estos organismos de Derechos Humanos de la región, nos entrevistaremos con el Juez Villanueva, a fin de solicitar el urgente avance en la investigación de estos graves hechos.

Natalia Hormazabal - CEPRODH- 0299 155214685

Ivana Dal Bianco - CEPRODH- 0299 154121308

El fallo absolutorio a Sobisch es un paso más en la impunidad para funcionarios represores y corruptos

En la mañana de hoy, en un nuevo acto de impunidad, el juez Muñoz absolvió al ex gobernador Jorge Sobisch, en la llamada causa de la “Zona liberada”, cuando la policía de la provincia, bajo la orden del entonces gobernador, dejó actuar a una patota del MPN para desalojar un piquete de trabajadores y trabajadoras de la educación en la destilería de Plaza Huincul. Desde el PTS repudiamos este fallo absolutorio y llamamos a movilizar por el castigo a los responsables de aquel ataque, empezando por el ex gobernador Sobisch.
Raúl Godoy, obrero de Zanon y ex – diputado del PTS en el Frente de Izquierda repudió “este nuevo fallo garante de la impunidad para Sobisch. Era de esperar este fallo en un juicio armado a la medida del ex gobernador, donde se negó la participación de ATEN como querellante y sólo se dejó que participaran ex policías desplazados producto de una interna policial. De todas maneras no podemos dejar de repudiarlo y seguir llamado a la movilización para lograr el castigo a Sobisch y a todos los responsables no sólo de este ataque sino en particular por el asesinato del compañero Carlos Fuentealba.”
Finalmente Raúl Godoy llamó “a acompañar la movilización del martes convocada por ATEN y la CTA, desde las 9:00 horas en el Monumento a San Martín. Desde el PTS llamamos a movilizar también para repudiar las declaraciones del actual gobernador Sapag, quien pretende aumentar las penas para aquellos que mediante una protesta afecten los negociados de las petroleras, como aquella de los docentes en 2006 que fue atacada por la patota del MPN en Plaza Huincul. También contra el espionaje y la infiltración de la policía contra las organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales y hasta periodistas, como quedó expuesto en este mismo juicio.”

Raúl Godoy, ex diputado del PTS en el Frente de Izquierda
(0299) 154 052 657

Petroleros de Las Heras: Es el caso de criminalización de la protesta más grave de la dictadura a esta parte

Organismos de derechos humanos viajaron en el día de hoy miércoles 18 de junio para entrevistarse con el Tribunal Superior de Río Gallegos, entregar un Amicus Curiae y expresar su preocupación por la situación de los trabajadores petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora), Pablo Pimentel (APDH Matanza), el Dr. Blanco (APDH), Nicolás Tauber (Liberpueblo), Claudia Ferrero (Apel) y Carlos Platkowski (CeProDH) integran la delegación que presentó un amicus curiae al Tribunal que debe resolver la apelación a las condenas a los petroleros, firmado por un gran número de organismos, personalidades como Osvaldo Bayer y Adolfo Pérez Esquivel, y diputados, donde se manifiesta la inocencia de los trabajadores condenados y se solicita su absolución.
Carlos Platkowski, abogado del CeProDH y delegado de LAN, señaló que “nos entrevistamos con el juez Enrique Peretti, a quien le transmitimos que consideramos muy grave el modo en que fueron llevados a cabo la instrucción y el juicio, donde hubo torturas a testigos, familiares e imputados. Le señalamos que consideramos nulo este juicio por no haberse probado la culpabilidad de los trabajadores que fueron condenados por el homicidio de un policía, no hay una sola prueba en su contra. Sí hay numerosas pruebas sobre la arbitrariedad y las torturas reivindicadas por el propio fiscal Candia”.
“Le hicimos saber al juez Peretti que el caso de los petroleros de Las Heras es el caso de criminalización de la protesta más grave de la dictadura a esta parte y que miles de personalidades se han manifestado reclamando su absolución”, indicó Platkowski.
En estos momentos, la delegación se dirige a la Alcaidía de Río Gallegos a visitar a los trabajadores de ATE que están detenidos desde octubre de 2013, acusados injustamente del incendio de un edificio y condenados por el mismo juez que condenó a los petroleros de Las Heras. Finalmente, Carlos Platkowski dijo: “Viajamos para aportar a la lucha por la libertad y la absolución de los compañeros, seguiremos con la campaña hasta lograr este objetivo”.