viernes, 6 de septiembre de 2024

Los límites de la marcha del 12 y la necesidad de un paro activo nacional con plan de lucha


El moyanismo, la Corriente Federal y ambas CTAs llaman a marchar al Congreso solo por el veto contra los jubilados y sin paro. 
 Intervengamos en la jornada del 12 marcando una perspectiva independiente y de lucha. 

La convocatoria por parte del moyanismo, la Corriente Federal y ambas CTAs a una movilización para el 12 de septiembre frente al Congreso se limita a pedir al parlamento que rechace el veto de Milei contra los jubilados, sin siquiera un paro.
 Es es una mira muy corta, cuando arrecian los despidos en la industria como en el neumático, las automotrices, en los frigoríficos; cuando la licuadora salarial toma características entre los trabajadores estatales nacionales y provinciales, especialmente incluidos los de la provincia de Buenos Aires; cuando tenemos luchas extraordinarias contra el ataque al estatuto docente, como la huelga neuquina que entra en octava semana; cuando tenemos el plan de lucha universitario; y al Sutna en pie de guerra enfrentando los despidos masivos en el neumático 
 Mientras todo esto ocurre, convocar a movilizar solo por el veto a los jubilados y sin paro, por parte de sectores sindicales de mucho poder de fuego, muestra que es un reacomodamiento de esas conducciones sindicales que no están organizando la lucha en sus propios gremios para quebrar los topes salariales a la baja en las paritarias privadas y dar vuelta a los despidos. 
 Lo que necesitamos es un paro activo y un plan de lucha nacional de características abarcativas para sacar del aislamiento a las grandes luchas que se están desarrollando, especialmente de docentes en todo el país con cabeza en la provincia de Neuquén. 
 La movilización a Plaza de Mayo convocada para el 10 por parte de los sindicatos combativos y el Frente de Lucha Piquetero tiene un programa de otro alcance, porque abarca al conjunto de los trabajadores y plantea un paro nacional y plan de lucha. Es el camino para preparar la huelga general hasta derrptar al gobierno antiobrero de Milei y sus cómplices. 
 La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero va a plantear en todos los cuerpos delegados y sindicatos y a discutir con el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras cómo intervenimos en la jornada del 12, para marcar una perspectiva independiente y de lucha. 
 Los días previos estaremos con los jubilados que concentran el miércoles 4 en Congreso, con los docentes universitarios en plan de lucha y con el Sutna que moviliza a La Plata el jueves 5, con el Frente de Lucha Piquetero que tiene jornada en todo el país el 6 contra el hambre y por el aumento en los programas sociales, y por supuesto el 12.

 Prensa Obrera

Milei y Galperín celebran un Mercado Libre… de derechos laborales

Anunciaron la creación de un centro logístico privado en el Mercado Central a imagen de la evasión del derecho laboral. 

 Marcos Galperin anunció la creación de un nuevo centro logístico de Mercado Libre en terrenos correspondientes al Mercado Central, respaldado por la presencia del presidente Javier Milei, que implica la profundización de un esquema de negocios montado sobre la precarización y flexibilización laboral, y que solo enriquece a un puñado de capitalistas. 
 El anunció tuvo lugar con motivo de la celebración del 25° aniversario de la empresa, con una actividad de contó con la participación de Javier Milei, quien realizó un discurso respaldando a Galperin y a las patronales que sacan redito con la pérdida de derechos laborales de los trabajadores. 
 En esta oportunidad, desde la empresa anunciaron la inversión de 75 millones de dólares en la creación de un centro logístico de distribución, de alrededor de 56.000 metros cuadrados, en las inmediaciones del Mercado Central, con la supuesta creación e 2.300 puestos de trabajo y la duplicación de la capacidad de envíos de la empresa de 200.000 a 400.000 paquetes diarios. 
 Cabe resaltar que si bien estas inversiones son anunciadas como el punto de partida de la “prosperidad colectiva” es bien conocida la política de la empresa –y del gobierno- de contrataciones bajo maniobras fraudulentas para el desconocimiento de derechos laborales y salarios mejores pagos. 
 Tal es el caso, en su momento, de la suscripción de Mercado Libre de un convenio especial flexibilizador con el “sindicato de Carga y Descarga”, para encuadrar a su plantel de empleados por fuera del convenio de camioneros u otros mejores pagos. 
 Milei no dejó ninguna duda respecto al respaldo de este modelo precarizador que solo beneficia a las patronales, al señalar que “nuestro gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie, más que ustedes, genera riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país”. 
 El presidente llegó al límite de caracterizar al empresario amigo como un “gran benefactor”, agregando que “al empresario hay que dejarlo ser, porque la libertad de cada uno engendra la prosperidad común (…) Cuando un empresario gana, quiere decir que le solucionó la vida a la gente”. 
 Galperin no solo se destaca por ser un gran precarizador y explotador del trabajo ajeno, sino que es otro vividor del Estado, no solo por acuerdos de este tipo donde se le habilita el uso de propiedad bajo distintas jurisdicciones estatales (Buenos Aires, CABA y Nación), sino porque es un reiterado evasor de impuestos y artífice de tramoyas con títulos públicos.
 El presidente también reivindicó el negocio de Galperin relacionado a la fintech de Mercado Pago, que actualmente mantiene una disputa con las entidades bancarias nucleadas alrededor del sistema de la billetera virtual MODO. Mercado “Libre”, que casi monopoliza las ventas cibernéticas, acusa de “monopolio” a su competencia, que amenaza con quitarle parte de la tajada del negocio de los pagos electrónicos.
 El gobierno, a su vez, viene de beneficiar a unos y otros con la modificación del pago anticipado del IVA para el caso de pagos por medios electrónicos, pero no así a los trabajadores que son gravados con Ganancias, IVA e impuestos de diversa índole que atacan salarios precarios. 
 El esquema de negocios de Galperin es el mismo que reivindica Milei y tiene sus bases en la destrucción de los derechos laborales para que los capitalistas realicen negocios libremente. Esto es respaldado teóricamente con la reedición de la “teoría del derrame”, que supone que si a los capitalistas les va bien a los trabajadores también. 
 Sin embargo, los hechos demuestran todo lo contrario: la supuesta generación de empleo no repercute en una mejora del poder adquisitivo y nivel de vida de los trabajadores, sino en una condena a la supervivencia estricta, mientras las patronales se embolsan millones de dólares. Las cifras que luego se exponen sobre “crecimiento económico” y “ganancias” reflejan los estados contables de estas patronales, y no así las conquistas y mejor económica de los trabajadores, quienes se perpetúan en la pobreza. 
 Milei y Galperin trabajan para sus propios intereses, expoliando a los verdaderos generadores de riqueza: los trabajadores. La tarea del movimiento obrero es derrotar a estos precarizadores y sus reformas antiobreras, para dar paso a las reivindicaciones de los trabajadores. 

 Marcelo Mache

jueves, 5 de septiembre de 2024

¿Un «paese di merda»?


Las inéditas dimensiones de la tragedia económica y social que está viviendo la Argentina bajo la semidictadura de Javier Milei y sus compinches, sirvientes tanto el uno como los otros del gran capital nacional y extranjero, me impulsó a revisitar una magnífica película italiana del año 1963. Se trata de Los Compañeros (I Compagni), dirigida por Mario Moniccelli y animada por las soberbias actuaciones de Marcello Mastronianni, Renato Salvatori, Folco Lulli y Annie Girardot como protagonistas principales. La historia está ambientada en Torino a finales del siglo XIX y retrata con vívido realismo las inhumanas condiciones de trabajo en una fábrica textil de esa ciudad y la lucha de sus trabajadores por reducir la jornada laboral de 14 a 13 horas diarias. Pude verla ni bien se estrenó -con mucho éxito- en la Argentina. Yo tenía por entonces apenas veinte años y unas cuantas materias ya aprobadas en la carrera de Sociología, y hubo un pasaje de los varios muy conmovedores que tiene el film que se grabó de modo indeleble en mi memoria. 
 Cuando observo con tristeza y bronca lo que está aconteciendo en la Argentina ese recuerdo, sexagenario ya, reaparece con la fuerza de un torbellino. ¿De qué escena estoy hablando? En medio de una refriega entre los obreros de la fábrica, que no consiguen elaborar una estrategia común de lucha contra sus patronos, la cámara enfoca las vías de una playa de maniobras del ferrocarril y un tren de carga que lentamente está a punto de detenerse. Continúan las pedradas entre ambos bandos y una de ellas impacta sobre una portezuela del furgón que cierra la formación. Alguien que estaba adentro busca entreabrirla, con mucho cuidado, y quien finalmente se asoma es Mastroianni personificando a un militante socialista, que intrigado por las pedradas y sin saber dónde se había detenido el tren pregunta muy respetuosamente “Scusi, che paese è questo?”. (Paese, en italiano, puede referirse tanto a un país como a una pequeña localidad). La respuesta de uno de los obreros, enfurecido por la riña entre compañeros, fue de una elocuencia aplastante: “un paese di merda!” Obvio: proletarios viviendo al límite de la subsistencia, hacinados, ateridos por el frío invernal de Torino, mal alimentados, y con una jornada laboral de 14 horas y para colmo desorganizados y peleados entre sí difícilmente podrían ofrecer una respuesta más delicada que la que le espetaron al profesor socialista. 
 Pero esa imagen, y esa respuesta: “paese di merda” la descifré desde otra clave interpretativa porque jamás acepté ni aceptaré la autodenigración colonial de la derecha argentina y sus voceros que insisten en calificar de ese modo a este noble país. Lo que sí hay en la Argentina es un “gobierno de mierda” y una “dirigencia de mierda” (desgraciadamente no sólo en el campo empresarial) que mueve los hilos del esperpento valleinclanesco que nos gobierna para consumar su plan de saqueo y pillaje de nuestros bienes comunes, nuestras riquezas naturales y los ingresos del noventa por ciento de la población. 
 El asalto a los haberes previsionales perpetrado por el régimen de Milei no tiene precedentes en este país, pese a que el mitómano de la Casa Rosada dice que aquéllos superan la hemorragia inflacionaria. La verdad es que ni siquiera llegan a cubrir una parte de la canasta básica de los jubilados Lo mismo ocurre con los ingresos de los trabajadores, tanto los registrados como aquellos que no lo están porque en la Argentina de la distopía anarcocapitalista tener trabajo no garantiza estar por encima de la línea de pobreza. Además, las políticas del “régimen” llevaron a la destrucción generalizada de las pymes y el derrumbe del consumo: un millón de niños según la Unicef se van a dormir cada noche sin comer; un 55 por ciento de la población está sumida en la pobreza -que podría llegar a un 75 por ciento si se suman a quienes están apenas unos pocos pesos por encima de la LP- y además hay un 20.3 por ciento de gente en la indigencia. Otro gran logro de esta criminal derecha lamebotas del imperialismo es haber descendido al menor consumo de carne per cápita en un siglo: 44.8 kg/persona y lo mismo puede decirse de los lácteos. A todo ello súmesele el ataque troglodita contra las universidades públicas -enfermizamente ensañado contra la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, como corresponde a estas nuevas “crías del Proceso”- y la ciencia e investigación, en línea con la tosquedad intelectual del grupo dirigente actual que siente un rechazo visceral por la cultura, la ciencia y la educación y por eso congela los haberes de los universitarios en un contexto inflacionario y paraliza innumerables proyectos de investigación dentro y fuera del Conicet. Un gobierno que saquea y expropia los ingresos de las grandes mayorías nacionales y acelera vertiginosamente la concentración de la riqueza al paso que va dando luz a nuevos formatos de terrorismo de estado, reprimiendo brutalmente a los abuelos que se manifiestan pacíficamente y caracterizando como terroristas a quienes ejercen su derecho a peticionar a las autoridades. 
 Digámoslo sin ambages: bajo Milei y sus mandantes la Argentina dejó de ser una democracia. Hoy es una semidictadura que arrasa con la división de poderes y las garantías constitucionales, sella un contubernio con el poder judicial, convierte al Congreso Nacional en un antro en donde se compran y venden votos con total descaro, al igual que hace con los gobernadores, todo convenientemente maquillado para que sólo unos pocos se den cuenta de la farsa. Destruidas ciertas agencias y atribuciones fundamentales del estado este gobierno pudo despachar tres envíos de oro al exterior sin saber la cantidad exacta que fue trasladada, su destino final y las razones de tan insólita medida. Ni Al Capone -recordemos, uno de los héroes de Milei- hubiera manejado una enorme suma de dinero con tanta liviandad e impunidad. Para colmo, ese oro supuestamente fue enviado a Londres, capital de un país con el cual la Argentina mantiene un grave diferendo por las Islas Malvinas. O tal vez fue a parar a algunas de las múltiples cuevas de lavado de dineros mal habidos, frecuentadas por los miembros del equipo económico de Milei, vaya uno a saber.
 Esta dolorosa involución cuenta con el apoyo del gran capital nacional y extranjero y la protección mediática de un reducido séquito de pseudoperiodistas que reproducen los dislates del presidente sin atreverse a formular una repregunta que demostraría que éste no es otra cosa que un consumado fabulador, y que sus números son disparatadas invenciones que carecen de sentido. Es que Milei no aguantaría ni cinco minutos a un periodista de verdad, tal es su insoportable y tóxica levedad. Quedó demostrado en la entrevista concedida a la novel periodista de la BBC en el mes de mayo que vapuleó a este ignoto genio de la economía, aspirante al Nobel de esa disciplina, ni siquiera sabía cuánto costaba un litro de leche en el país. Tal es el grado de su ignorancia y de su maldad. 
 Por eso, recordando al film de marras y a sus entrañables personajes llegué a la conclusión que en vez de paese di merda corresponde en cambio agregar a las categorías tradicionales de las formas de gobierno de la teoría política una nueva, brotada de la actual experiencia argentina: governos di merda o, siendo más delicados, “coprogobiernos”. 

 Atilio A. Boron | 04/09/2024

Falleció Ricardo Talento, un iniciador del teatro comunitario


El domingo 1 de agosto falleció Ricardo Talento, así lo anunció desde sus redes el grupo de teatro comunitario Circuito Cultural Barracas, donde fue director y fundador. 
 Ricardo Talento había nacido en 1948 y perteneció a la generación de artistas de los años 60 y 70, jóvenes que crecieron con el Mayo Francés, la Revolución Cubana y otros procesos revolucionarios y de liberación nacional en distintos continentes. Jóvenes artistas que entrelazaban el arte y lo político, que tenían una mirada crítica hacia el poder político desde el teatro. 
 Fue fundador en Buenos Aires del teatro comunitario junto a Adhemar Bianchi (grupo Catalinas Sur). Su grupo de teatro comunitario, el Circuito Cultural Barracas, que despliega su actividad en ese barrio de la capital nacional, nació en 1996 por iniciativa de Los Calandracas, un grupo que había surgido en 1988 en Parque Lezama, con el florecimiento del teatro de calle posdictadura, formando parte del Motepo (Movimento de teatro popular), según nos relata Edith Scher en el libro “Teatro de vecinos”. 
 En memoria de Ricardo Talento, el dramaturgo Mauricio Kartun lo despidió en sus redes de este modo: “Se nos murió el flaco Talento. Y acá el ‘nos’ va mucho más allá del círculo cercano; es el nos más grande, el de la comunidad. La foto es de los 70, la época de nuestro Grupo Cumpa. En este medio nuestro, tan sospechado siempre de individualismos, Ricardo se dedicó a practicar (y predicar) su antítesis: lo colectivo. Con Los Calandracas, laburando en hospitales con los equipos de salud. Y en el Circuito Cultural Barracas, después, ese proyecto precioso, incansable, de arte barrial. Tipo buenazo de verdad. Y pila. Donde lo dejen allá arriba juntar cuatro vecinos, el cielo tendrá su teatro comunitario”. 

 Matias Richterová Ovejero 
 03/09/2024

Encubrimiento en el caso Loan


A 80 días de la desaparición de Loan, la causa judicial está empantanada.

 Los investigadores no tienen pistas firmes que permitan esclarecer dónde está el niño. No se ha avanzado en la investigación de la red de trata integrada por Carlos Pérez, ex capitán de la Armada, y su esposa María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal e informante de la policía. Tampoco se ha profundizado en la responsabilidad de los policías que plantaron pruebas o el rol del senador provincial y su abogado, denunciados por extorsionar a la tía de Loan para que instale la versión del accidente. 
 El callejón sin salida al que ha llegado la investigación es el resultado una operación de encubrimiento promovida por el poder político de Corrientes y sus vasos comunicantes con la Justicia. Buscan que la provincia siga siendo, como lo es desde hace décadas, un territorio donde las redes de trata operan con total impunidad. De hecho, en las últimas semanas se dio a conocer una reunión de la familia de Loan con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y, posterior a ello, la decisión de apartar a Fernando Burlando como abogado. 
 En declaraciones a distintos medios Burlando manifestó que "La presencia de los medios nacionales y mi presencia, molestaban. Porque no se podían manejar como están acostumbrados en Corrientes”. En ese sentido, el letrado insistía con la denuncia sobre la trata y la complicidad del poder político. Roberto Méndez, abogado de la familia desde el inicio, quedó como único representante de la familia. En el medio saltaron versiones sobre el uso de las donaciones que recibió Mariano Peña, hermano de Loan, por cerca de $170 millones.
 Bullrich, una pieza fundamental del encubrimiento, planteó que a Loan no lo encuentran porque ninguno de los implicados habla. Lo que no dice la ministra es que la SIDE se gastó el 80% de los $ 100 mil millones de fondos reservados pero no para buscar a Loan precisamente. Se trata de plata utilizada para operaciones del gobierno libertario bajo completa discrecionalidad. 
 Hay que continuar con la búsqueda de Loan a través de la movilización popular. En los casos que se pusieron en pie comisiones de lucha independientes del Estado y los gobiernos contra la impunidad se pudo avanzar. La cooptación estatal es el camino de la descomposición y la herramienta de la impunidad. 

 Alejandra del Castillo 
 03/09/2024

Milei vs Jubilados

Dictadura, pasado y presente: la gran hipocresía de la Iglesia católica

Kiczka y Cúneo, dos caras de la misma moneda | Juliana Cabrera 14 Toneladas

miércoles, 4 de septiembre de 2024

La Argentina de Milei: uno de cada dos ciudadanos son pobres


Informe de la UCA sobre los primeros seis meses de La Libertad Avanza 

 La pobreza alcanzó al 52 por ciento de la población y la indigencia al 17,9 por ciento en el primer semestre del 2024, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7 por ciento y 11,9 por ciento registrados por el Indec en 2023, y son los valores más altos desde 2004. 
 Las cifra semestral estimada por la ODSA, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los primeros 3 meses del año, son un promedio entre el primer trimestre del año, cuando el 54,9% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza y el 20,3% era indigente; y el segundo trimiestre, cuando los indicadores se redujeron a 49,4% y 15,9%, respectivamente. 
 Sin embargo, los altos niveles de pobreza e indigencia se deben a una constante en los nueve meses de gobierno de La Libertad Avanza: la pérdida de puestos de trabajo y las bajas remuneraciones de los trabajadores formales del sector privado. Por lo que el observatorio de la UCA no espera que esas cifras puedan reducirse significativamente en los próximos meses.
 El director del observatorio de la UCA, Agustín Salvia, explicó que la reducción de los indicadores de pobreza e indigencia entre el primer y el segundo trimestre se calcularon a partir de la caída de la inflación y un aumento en los salarios de los empleados formales del sector privado, que recuperaron solo parte de lo perdido en enero, febrero y marzo; aún lejos del poder adquisitivo de diciembre. Peor aún es la situación del sector público y los informales.
 En el caso de los trabajadores informales, que cayeron en la indigencia y que depende en gran medida de los programas sociales, no recuperaron el poder adquisitivo que tenían antes de la llegada al gobierno de Javier Milei, por lo que "se observa una mayor desigualdad entre los distintos sectores trabajadores”, sostuvo Salvia. Incluso entre los trabajadores formales del sector privado, la ODSA señaló que que, aproximadamente, la mitad gana menos de la Canasta Básica Total (CBT), que en julio llegó a los 900.648 pesos y que acumula un aumento del 81,7 por ciento en lo que va del año.
 El observatorio espera tener una perspectiva más amplia de la situación social y económica del país en diciembre, una vez terminada su encuesta nacional que releva ingresos, empleo, inseguridad alimentaria, malestar psicológico y el índice de multidimensional. 
 Salvia sostuvo que la situación no llega a ser tan crítica como en 2001-2002 porque el desempleo, aunque aumentó en los últimos meses, no es tan elevado como en aquella crisis, cuando llegó al 20% de la población. 

 Página/12

Roberto Gómez inicia huelga de hambre


Es el último preso político de Milei-Bullrich de la movilización contra la “ley Bases” que continúa detenido. 

 Roberto De La Cruz Gómez, preso en el penal de máxima seguridad de Ezeiza tras las detenciones ocurridas en la represión del 12 de junio contra la Ley de Bases, ha iniciado una huelga de hambre desde el lunes 2 de septiembre. Junto a esta decisión presentó ante la jueza María Romilda Servini de Cubría una carta en la cual denuncia su situación judicial, en la que no existen pruebas en su contra ni motivos para extender la prisión preventiva, convertida así en una pena adelantada. Señala que su excarcelación ha sido rechazada tres veces por el juzgado y ahora depende de los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidir sobre su libertad en los próximos días. 
 Servini de Cubría ha notificado que Roberto permanecerá preso, no por los delitos que se le imputan de aquel día, sino por el hecho de poseer antecedentes penales, lo que distorsiona completamente el significado de una prisión preventiva, puesto que no se sustenta de qué manera tener antecedentes penales sea un motivo que entorpezca la presente investigación – sólo se contempla en caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Las acusaciones en su contra no cuentan con ninguna base firme, según detalla Roberto en su propio escrito: “(...) toda la causa cuenta con declaraciones únicamente de personal policial y de ningún civil. También cuenta con una fotografía y ningún video de monitoreo en la que no se me ve con algún elemento ni arrojando nada al personal policial. Solo se ve que nos estamos cubriendo de balazos de goma y gases lacrimógenos que arrojó la policía del lado de la valla en donde se nos permitía protestar constitucionalmente” (Anred, 02/09). Anticipa que apelará la decisión de mantenerlo encarcelado y hace responsable de su integridad física, psíquica y de salud a la jueza Servini de Cubría.
 Roberto que toda la causa ha significado un ataque a su persona desde el momento que el gobierno de Javier Milei ha emitido un comunicado asegurando que los manifestantes detenidos eran “terroristas” y que se había detenido “un golpe de Estado”. Una acusación que no ha sido adoptada por la jueza.
 Junto a la huelga de hambre, organismos de Derechos Humanos han presentado un habeas corpus a raíz de vejaciones sufridas tras la visita de una delegación de organizaciones y representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), en la cual se le hizo entrega a Roberto de alimentos y otros elementos para paliar la situación que atraviesa en el penal de Ezeiza, reflejada en múltiples oportunidades por otra presa política de Milei-Bullrich, la recientemente liberada miitante del MTR Daniela Calarco. El escrito presentado por las organizaciones del EMVyJ asegura que “tras ese encuentro, Roberto relata que fue llevado a parte para una requisa, que primero utilizaron el detector de metales para revisar si dentro de los paquetes de alimentos llevados por los organismos de DDHH para compartir, no había “nada raro”. Como no fue suficiente, abrieron incluso hasta los saquitos de té y tiraron la yerba para revolverla con la mano en la mesa. Luego de que Roberto les preguntara qué pensaban encontrar allí y de pedirles que no toquen la comida sin guantes, lo desnudaron”. Todo esto sin contar con la presencia de un médico en el lugar, lo que convierte la acción en un amedrentamiento a Roberto y su integridad. 
 La justicia se ha visto obligada a dictar la libertad de todos los detenidos en aquella jornada del 12J, el desarrollo de la causa y las “pruebas” ofrecidas por el Ministerio de Seguridad han puesto sobre la mesa la brutalidad policial, la infiltración de policías de civil así como su responsabilidad en los “incidentes” de aquellos días utilizados como justificativo para imponer una brutal represión a las columnas movilizadas. Es el relato de un estado policial en desarrollo con el pretexto de toda movilización política que enfrente de cualquier forma sus políticas.
 Exigimos la libertad a Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Abajo el gobierno, arriba los que luchan.

 Joaquín Antúnez
 04/09/2024

Sturzenegger anuncia el fin de las indemnizaciones por despido


El discipulo de Cavallo anuncia un nuevo sistema ‘on demand’. 

 El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció ayer en un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, que la "flexibilidad" para despedir que incluirá la reglamentación de la reforma laboral próxima a publicarse. Las indemnizaciones son un punto central de la reforma con la que el Gobierno apunta a bajar el costo de las empresas. El discurso de Sturzenegger resulta clarificador: el Gobierno apunta a poner fin a las indemnizaciones. 
 En su discurso explicó que "Hay un artículo en Ley Bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral. Pero en la reglamentación -que espero salga esta semana- a nivel convenio colectivo van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica" En el auditorio estaban el presidente del instituto de investigaciones de la Fundación IERAL, Osvaldo Giordano, Cavallo, y empresarios como Sebastián Bagó (Bagó), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza) y Marcelo Figueras (Richmond). “Pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro...el gobierno no dice nada, lo tienen que decidir ustedes, van a tener que tener mucha neurona" 
 Sturzenegger despejó en su discurso las dudas acerca de la reglamentación de la reforma laboral, en la que los dirigentes de la CGT esperaban un guiño de parte del Presidente de la Nación. Las empresas gozarán de la libertad de elegir un régimen indemnizatorio acorde a sus planes productivos, a la especialización de sus trabajadores, y a los vaivenes del mercado laboral. Por caso, la ola de preventivos de crisis, de despidos y arreglos forzados que recorre a la industria prepara las condiciones para contratar trabajadores encuadrados en la nueva ley vigente.
 Del mismo modo que el proyecto de ley del radicalismo que busca derogar la jornada de ocho horas, Sturzenegger anuncia la salida “de la ley de contrato de Trabajo” de las indemnizaciones. Pasarán a ser una discusión de fuero privado, “en la que el Gobierno no se mete”. Insiste, tanto como el proyecto de Martin Tetaz, con la trampa de que la modificación requiere el consentimiento de las partes, como si las relaciones obrero-patronales estuvieran signadas por la libertad de las negociaciones y no por la fuerza y la lucha de clases. Es notorio que el gobierno que más bate el parche con la fantasía del consentimiento mutuo obrero-patronal, es el que más lejos ha ido en el cercenamiento del derecho de huelga y en la represión de la manifestación pública. 
 No sorprende que Sturzenegger dé por sentado la colaboración de los sindicatos de la CGT en la discusión que debe darse, según la versión aprobada de la ley, a nivel de cada convenio colectivo de trabajo. Los sindicatos consensuaron la propia reforma laboral de la Ley Bases que incluye la reforma de la ley de indemnizaciones y en líneas generales, acompañan los planes del gobierno de Milei. La burocracia de la CGT negocia paritarias a la baja en los términos de las proyecciones del ministro Caputo. Los planes de suspensiones y retiros voluntarios son acompañados por la burocracia sindical en el entendimiento de que las patronales son víctimas del ajuste de la macroeconomía, cuando el gran capital está totalmente alineado con el Gobierno, por lo menos en lo que atañe a la contrarrevolución laboral.
 La defensa de las indemnizaciones dependerá exclusivamente de la lucha de la vanguardia independiente de los trabajadores. 

 Pablo Busch 
 03/09/2024

martes, 3 de septiembre de 2024

Despedir “como quieran”: el mensaje de Sturzenegger a las patronales sobre la reforma laboral


El ministro señaló que está próximo a reglamentarse la habilitación a modificar el régimen indemnizatorio por despidos de la Ley Bases. 

 El ministro Federico Sturzenegger señaló que a partir de la inminente reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases las patronales “van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran”, en referencia a la habilitación para la modificación por convenio colectivo del régimen indemnizatorio hasta ahora vigente. Se trata de un reconocimiento explícito de una política de abaratamiento de despidos, en medio de una fuerte recesión y caída de la actividad económica.
 Este mensaje del gobierno a las patronales fue transmitido por el ministro de Desregulación, quien participó de un evento organizado por la Fundación Mediterránea en el Alvear Palace Hotel, en Recoleta. 
 Allí, Sturzenegger se comprometió a avanzar en los próximos días con la reglamentación del apartado de la Ley Bases que permitirá a las patronales negociar con la burocracia sindical la sustitución del régimen de indemnización por despido sin causa –que “sanciona” las desvinculaciones injustificadas y que implica una conquista del movimiento obrero- por el Fondo de Cese laboral similar al del gremio de la construcción y/o mecanismos alternativos que faciliten y abaraten los despidos.
 Cabe señalar que el gobierno justificó la incorporación de esta reforma en los marcos de su política de “modernización laboral”, con el argumento de que un régimen más flexible tendría como resultado mayores contrataciones y empleo. Sin embargo, ahora Sturzenegger directamente dice que los patrones podrán “despedir como quieran”. 
 Además, el ministro señaló ante los empresarios que no solo podrán pactar regímenes como el Fondo de Cese de la Uocra, sino también “un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro (…) poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica”. 
 El gobierno le ofrece a las patronales que diseñen políticas de despido a la carta dependiendo de la industria y sector que se trate, con la única salvedad de pactar antes con una burocracia sindical totalmente cómplice del ajuste en marcha. 
 El debate industria por industria y gremio por gremio es la condición más favorable para hacer pelota los derechos laborales, con una burocracia sindical que pacta la entrega de los derechos obreros por favores personales y de casta, como la tan mentada “cuota solidaria” que hace a las veces de “contraprestación” patronal (a cargo del trabajador) por los servicios prestados. 
 Sturzenegger también reivindicó los recortes presupuestarios en materia de transferencias a las provincias, la reducción/despido del 10% de la planta pública nacional y la eliminación de la obra pública, que también significó otros tantos miles de despidos. El gobierno que invita a las patronales a despedir a su antojo es pionero en esta materia, destruyendo miles de puestos de trabajo y condenando a la pobreza y la miseria a millones de trabajadores y su familia. 
 Las declaraciones y los actos del personal político de la gestión Milei deja en claro la naturaleza de clase de este gobierno, que defiende a una casta de empresarios y capitalistas contra los trabajadores y explotados. La habilitación de despidos flexibles es otro beneficio a las patronales en lo que es una práctica sistemática de un gobierno que le quita a los pobres y le da a los ricos. 
 El plenario de la Coordinadora Sindical Clasista del próximo 14 de septiembre pondrá a discusión cómo enfrentar esta ofensiva antiobrera del gobierno y las patronales, superando a la burocracia sindical en la lucha por recuperar los sindicatos a manos de los trabajadores y generar las condiciones para la huelga general.

 Marcelo Mache

De vetos y reformas reaccionarias, la continuidad del ajuste a los jubilados


Kirchneristas, macristas y libertarios robaron a los adultos mayores para pagar la deuda fraudulenta.

 Las jubilaciones se encuentran en niveles de miseria tras ser atacadas durante décadas por todos los gobiernos. Kirchneristas, macristas y libertarios son responsables directos del verdadero hundimiento que sufrieron los haberes en los últimos 15 años. 
 Cristina Kirchner vetó en octubre de 2010 una ley sancionada por el Congreso que establecía el 82% móvil para las jubilaciones, luego de grandes movilizaciones de la docencia. CFK dijo en ese momento que esa ley iba a llevar al país al default y tildó a quienes defendían a los jubilados de reaccionarios, a pesar que el monto de la mínima se encontraba entonces por debajo de la línea de pobreza. Son casi las mismas palabras de Milei hoy. Claro, la plata de la Anses fue usada para garantizar el pago de la deuda; mismo objetivo por el cual poco después instauraría el cepo cambiario. 
 Con Mauricio Macri en la Casa Rosada y la complicidad del PJ y la UCR en el Congreso se votó la reforma jubilatoria de diciembre de 2017, con la que los jubilados perdieron un quinto del poder adquisitivo de su haber en solo dos años. Ese robo fue lo que enfrentó la fuerte movilización brutalmente reprimida por Patricia Bullrich, pero que tendría efectos políticos de largo alcance. Hoy el PRO oficia de garante para que el parlamento no revierta el veto de Milei.
 Bajo el gobierno de Alberto Fernández, CFK y Massa los ingresos de los jubilados continuaron hundiéndose. En diciembre 2020 fue sancionada una nueva fórmula de movilidad confiscatoria que terminó por producir una caída del poder adquisitivo de la jubilación mínima que si no se consideran los bonos es del 39,7%. Sobre ese derrumbe del haber básico es que avanzó la motosierra de Milei, empezando por el cimbronazo de la devaluación del 52% de diciembre pasado y con un bono congelado desde marzo en $70.000, lo que explica más de la cuarta parte de todo el ajuste fiscal “más grande de la historia”.
 Los jubilados están cobrando hoy en términos reales casi la mitad de lo que percibían hace una década atrás. Cuando Cristina vetó el 82% móvil en octubre de 2010 la mínima era de $1.046 y llegó a $225.454 en agosto de 2024, una suba del 21.453%, mientras que un kilo de arroz lo hizo un 39.900% (pasó de $6,30 a $2.520), un kilo de pan un 33.233% (pasó de $7,2 a $2.400) y un litro y medio de aceite 38.608% (de $6,20 a $2.400).
 ¿Por qué todo los gobiernos empobrecieron a los jubilados? Porque utilizaron dinero de la Anses para pagar la deuda externa y subsidiar a grupos empresariales, a la vez que desvalorizaron los salarios y con eso la recaudación del sistema previsional, nunca repusieron los aportes patronales eliminados por Menem y Cavallo, y promovieron el crecimiento del trabajo precario que evade todas las cargas sociales. Por eso decimos que el Estado y los capitalistas se financian a costa de los jubilados, y no al revés.
El problema de la economía argentina no son las jubilaciones, sino el pago de la deuda fraudulenta. Ese es el interés que compartieron todos los gobiernos capitalistas. La recomposición de los haberes depende por eso de la lucha de los trabajadores, empezando por tirar abajo el veto ajustador de Milei y sus secuaces.

 Iván Hirsch
 Nazareno Suozzi

Hay que vetar a Milei


Las burocracias sindicales colaboran con el liberticidio. 

 El veto presidencial dictado contra la ley jubilatoria votada por las dos cámaras del Congreso es el último acto de guerra de Milei contra la clase trabajadora. Varias encuestas comienzan a mostrar un giro en la posición ambivalente y confusa que ha mostrado la opinión pública hasta el momento. El Gobierno se juega a quebrar los dos tercios de los votos que reunió el Parlamento cuando aprobó la ley. Desde varios ámbitos patronales le dicen que comete un error, porque la ley no modifica, ni mínimamente, la confiscación de las jubilaciones que se viene cometiendo desde 2017, acelerada a partir de la hiper desatada en diciembre último, ya bajo el gobierno actual, cuando la inflación alcanzó el 25 % mensual. Le advierten, además, que la adopción de una ley para esta consolidación del desfalco contra la población que ha superado la edad laboral ofrece mayor seguridad que un decreto como al que recurrió Milei para "corregir" con un aumento del 12 % la inflación del 20 % de enero pasado. Le recuerdan, finalmente, que la modificación que ha introducido el Congreso al incorporar la mitad de la diferencia entre la inflación y los salarios, si estos fueran superiores, en marzo de cada año, no tendrá efecto práctico, porque los salarios mantendrán, a esa fecha de 2025, el rezago anual con la inflación.
 Los críticos no saben, o fingen no saber, que Milei y Caputo están embarcados en una política deflacionaria que impone un corte creciente del gasto público; por eso golpea también a las universidades y ha anunciado que las paritarias no podrán recibir aumentos salariales superiores al 2 % mensual. El veto no es una medida aislada: es una lluvia de drones para golpear las defensas de los trabajadores. El mismo personaje que había declarado su intención de destruir el peso ahora proclama su propósito de querer valorizarlo. Es que como toda la deuda pública se compone de títulos en dólares o ajustados por dólar o inflación, no podría pagar los intereses y el capital de corto plazo si ocurre una devaluación, sino que debería declarar un default. Para la consultora de Martín Redrado, los vencimientos de capital e intereses en dólares “se perciben importantes”, es decir, impagables. La participación de bancos en licitaciones de deuda interna es elevada, pues representa más del 65 % del pasivo, y el único préstamo externo que puede obtener es ofreciendo como garantía las reservas de oro del Banco Central a un plazo no mayor a los seis meses, aunque su monto no supere los 3.000 millones de dólares. Como consecuencia de esta deflación, la industria ha caído, en ocho meses, un 16 %. El llamado “equilibrio macroeconómico” tiene lugar hacia abajo, no hacia arriba, con un producto bruto caro en moneda extranjera, pero en caída en términos de volumen de producción. Caputo se propone alcanzar tasas positivas de interés para los bancos locales, mediante una continua deflación del peso. Esta orientación delata la hoja de ruta del capital financiero.
 Aunque Martín Tetaz, el diputado de la UCR que ha presentado un proyecto de ley para abolir la jornada de ocho horas, le diga a La Nación (2/9) que “los resultados fiscales son consistentes y buenos”, la realidad es la contraria, porque el Gobierno ha inflado un superávit financiero a fuerza de convertir el pago de intereses en nueva deuda, sin registrar el pago sino como un gasto devengado. Ese impago alcanza al billón de pesos mensual: mil millones de dólares. Milei y Caputo fuerzan un choque con el Congreso por la ley jubilatoria porque su política económica está fundida y no se observa que tengan otra de repuesto. El dúo de la deflación ha pagado en los últimos días los intereses y vencimientos de la deuda pública en dólares -mil millones de dólares, aproximadamente- mediante el uso de depósitos en dólares privados, que los bancos guardan como encaje en el Banco Central. En diez días más, la Administración de LLA deberá presentar el proyecto de Presupuesto para 2025, donde presentará cifras sin sustento, que un Parlamento normal no dejaría pasar. La ley que Milei ha vetado le servirá al Congreso como excusa para votar a favor un Presupuesto ficticio. 
 El cepo al dólar se ha convertido, como nunca antes bajo los “despilfarradores fiscales”, en la valla defensiva del plan económico de un gobierno partidario de la libertad comercial y empresarial. Es el ancla del programa deflacionario. Lo celebró Caputo hace un mes como el muro protector contra el derrumbe que sufrieron las Bolsas de Nueva York, Tokio y Shanghai. Pero los agujeros del muro se dejaron ver enseguida con la devaluación del real brasileño, que encarece las importaciones del vecino país y abarata sus exportaciones. Con eso en vista, VW anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Brasil y el despido de 600 obreros en Argentina. El real tiene por delante un recorrido de crisis, desde que acaba de anunciarse que el déficit fiscal de Brasil ha alcanzado el 10 % del PBI. En junio pasado, luego de que una reducción de la tasa de interés del Banco Central desatara una corrida cambiaria y llevara el dólar paralelo a más de 1.500 pesos, Caputo puso a fondo el freno de mano y reforzó el retiro de pesos del mercado, incluso vendiendo dólares en el mercado paralelo. La baja del paralelo ha servido para que las grandes empresas repatrien dinero a sus casas matrices en el exterior. El ministro de Economía es un operador de los fondos financieros. 
 La cuestión del veto tiene una arista incluso más relevante que servir como muestra de que las finanzas públicas ‘libertarias’ están en ruinas. Milei la ha emprendido contra el subsidio a las personas descapacitadas que paga ANSeS y se apresta a anunciar una fuerte reducción de las pensiones no retributivas. Como lo dijo a un periodista en la semana que pasó, tiene el propósito de abrir el negocio de la previsión social a la compañías de seguros nacionales y especialmente extranjeras. El negocio asegurador apunta a obtener las ventajas que ofrece el RIGI y, para el Gobierno, constituye una fuente de dólares, junto a la minería, Vaca Muerta y las privatizaciones masivas, pero de acceso más rápido. Lo que está en juego no es la diferencia del 8 % entre lo que determina el decreto de Milei y la ley del Congreso, sino la apertura de una veta de negociados para el capital financiero. Con este objetivo, el régimen actual quedará como una pensión a la vejez, para lo cual cualquier mejora del haber jubilatorio es negativa. Milei y Caputo, como antes Carlos Menem, procuran “monetizar” activos económicos y ambientales y derechos sociales. En el caso del nuevo Fondo de Empleo que sustituirá a las indemnizaciones actuales, su manejo servirá para lucrar con el dinero acumulado en diversas inversiones financieras de corto plazo, probablemente a cambio de una aseguradora. 
 El episodio del veto ha servido para mostrar que a pesar de los reclamos internacionales para que Argentina respete la división de poderes y la seguridad jurídica, Milei está forzado a gobernar por medio de decretos y de vetos para sostener una política económicamente costosa e inviable. La burocracia sindical de todos los colores se declaró prescindente frente a la amenaza del veto y luego a su ejecución. Fue el período más intenso de colaboración de la CGT con el gobierno. Pero desató una valiente reacción del activismo de los jubilados y golpeó políticamente al conjunto de los trabajadores. Desató también una rebelión de la docencia de Entre Ríos, que obligó al arbitraje del Poder Judicial de la provincia. La deliberación en los lugares de trabajo y estudio crece todos los días. A nueve meses de la asunción de un gobierno que ha actuado como una topadora contra los trabajadores, ni el régimen se ha fortalecido, ni su política se ha tornado viable -al contrario- y sube la caldera popular. El escenario de una gran confrontación sigue abierto. 

 Jorge Altamira 
 02/09/2024

Israel: una huelga general y miles en las calles exigen que Netanhayu negocie el retorno de los rehenes


La implosión del sionismo. 

 Cientos de miles de israelíes -300.000 solo en Tel Aviv- cortaron las rutas, prendieron hogueras y se movilizaron en las principales ciudades del país el domingo por la noche, para exigir que el gobierno de Netanyahu llegue a un acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamás, indignados después de que el Ejército “recuperó” los cadáveres de seis rehenes el sábado. Las movilizaciones se repitieron en unas 40 localidades y en algunas zonas hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La multitud obligó a algunos ministros a huir de las oficinas gubernamentales en vehículos policiales.
 Los familiares le recordaron al Gobierno que en los últimos meses “solo 8 rehenes fueron rescatados con vida mediante operaciones militares, en comparación con 105 rehenes liberados en la tregua en noviembre". Y lo responsabilizan porque “al menos 27 rehenes fueron asesinados (o muertos por fuego israelí) desde el último acuerdo” (Haaretz 2/9). 
 Durante la protesta, que comenzó temprano con bloqueos en las carreteras, Arnon Bar-David, el presidente de la poderosa Histadrut, la central sindical, anunció la primera huelga general desde que comenzó la invasión a Gaza. Ante los manifestantes criticó al gobierno: “¡No tiene sentido que nuestros hijos mueran en túneles por consideraciones políticas (…) La economía también ha sido abandonada, el país va camino de la ruina política”. Bar-David sentenció: “Ya no somos un solo país”. 
 Miles de trabajadores israelíes abandonaron el lunes sus trabajos, furiosos por el destino de los rehenes israelíes. Sin embargo, la Justicia ordenó levantar el paro a las pocas horas de comenzado con la excusa de que era un paro político. 
 Netanhayu ha condenado el paro convocado por la Histadrut. “Es una vergüenza. Es como decirle al dirigente de Hamás, Yahia Sinwar. has matado a seis personas, nosotros te apoyamos”, dijo durante una reunión de su Gabinete. 
 No es lo que piensan los familiares: “Mi hijo sigue vivo, pero cada día es como una partida de ruleta rusa que Netanyahu está jugando hasta que todos los rehenes hayan muerto”. “El primer ministro está torpedeando el acuerdo a sangre fría por sus intereses políticos”. “Durante meses ha habido un acuerdo sobre la mesa y hemos visto cómo el primer ministro lo rechazaba. Su decisión de cortar el oxígeno a Hamás corta el oxígeno a los rehenes”. «Estoy gritando aquí por seis personas que sobrevivieron casi un año... ¡podrían haber vuelto con nosotros si hubiera habido un trato!».
 El resquebrajamiento se verifica en el propio gobierno. El jueves 26, la mayoría del gabinete israelí votó la permanencia indefinida del Ejército sionista en Gaza, ocupando el llamado Corredor de Filadelfia, que es la frontera gazatí con Egipto. 
 La permanencia militar sionista en la Franja vuelve inviable el intercambio de rehenes con Hamas. Tanto el equipo de negociaciones como los jefes del estamento de defensa se oponen. Sin embargo, en la reunión de gabinete, el único que votó en contra fue nada menos que el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Los medios israelíes dieron cuenta de un áspero enfrentamiento entre Gallant y Netanhayu. “Por una persona, Gilad Shalit, liberaste a 1.027 terroristas, incluido Sinwar. Ahora estás condenando a muerte a los rehenes”, le habría gritado Gallant a Netanhayu. 
 Además hubo una abstención, pero de sentido contrario. Fue el fascista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al que una franja fronteriza le sabe a poco: lo que él propone es reocupar totalmente la Franja de Gaza y la Cisjordania. 
 La ruptura de un sector de la población con el Gobierno tiene su correlato en una crisis por arriba. El Foro Empresarial de Israel, formado por 200 empresarios que emplean a la mayoría de los trabajadores no sindicalizados de Israel, resolvió «unirse a la protesta del Foro de Familias de Rehenes y hace un llamamiento al pueblo para que no permanezca indiferente ante las pérdidas diarias y el abandono de los rehenes a su muerte, cuando según el establishment de defensa, podrían haberse salvado». 
 Algunos de los mayores bufetes de abogados también anunciaron que «proporcionarán asistencia jurídica a cualquier manifestante que resulte herido como consecuencia de acciones policiales violentas e ilegales, y emprenderán acciones legales contra los agentes de policía que hagan uso de niveles prohibidos de fuerza.» 
 El domingo, mientras las calles se llenaban de indignados manifestantes, el genocida ministro Gallant, insospechable de simpatía con los palestinos, urgió “en un gesto inaudito” al gabinete de ministros a revertir la decisión de mantener indefinidamente tropas israelíes en Gaza y así facilitar un acuerdo para liberar a los rehenes. (El País, 2-9).
 En Gaza, sus subordinados bombardeaban dos escuelas refugios y en Cisjordania, el Ejército sionista mantiene sitiados dos hospitales en Jenin. 

 Olga Cristóbal 
 02/09/2024

lunes, 2 de septiembre de 2024

"Cúneo Libarona es un defensor de violadores y genocidas" / Vanina Biasi Comisión Mujer - Congreso

Marcelo Ramal: "El 60% de pobreza infantil es un crimen social"

"El pueblo va a demostrar que defiende su historia de defensa de los DDHH" / Vanina Biasi en DTV

Milei ahora también le quita la cobertura a 44 remedios que los jubilados recibían al 100


PAMI, la obra social de los jubilados, recortó nuevamente el listado de remedios que cubre al 100 %. Se trata de 44 moléculas que responden a corticoides, antivirales, antibióticos y analgésicos, entre otros.
 Las autoridades del PAMI se jactan de estar haciendo todo lo posible por no quitar del vademecum las drogas para enfermedades graves. Resulta que el único criterio que rige es adecuar la cobertura a un presupuesto congelado, mientras que la inflación en los productos farmacéuticos galopa por delante del resto de la canasta. Es decir, se jactan de tener un resto de algo parecido a la empatía mientras planifican la desatención sanitaria generalizada a los jubilados. O, peor aún, preparan el terreno para anunciar en un futuro que a los medicamentos de enfermedades graves también les llegará su hora. 
 En junio pasado el gobierno ya había hecho un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100 % en el vademécum, eliminando 11 de las 167 moléculas farmacológicas que estaban incluidas originalmente. En total, esto representa una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecen de manera gratuita. 
 Este ataque directo a la salud de los jubilados se suma al ajuste severo en sus haberes que se acentuó desde que asumió Milei. Y es que la piedra basal que sustenta el plan liberticida es el zarpazo a los haberes previsionales y a sus condiciones de vida. 
 La represión del miércoles sobre las organizaciones de jubilados que se movilizaron en contra del veto a la ley previsional de la oposición no podría haberlo demostrado más gráficamente, sobre todo cuando fue seguida por una avalancha de tuits oficialistas que -de las maneras más desagradables posibles- se jactaba de la crueldad en la represión.

 Otros recortes del PAMI 

Milei ya había ajustado los medicamentos del PAMI al reducir la cantidad de cajas entregadas por mes de 6 a 5 a cada afiliado, de manera que las cajas superiores a 5 obtienen menor porcentaje de descuento.
 Ahora también modificó las condiciones para obtener un subsidio social que cubra excepcionalmente el 100 % del costo de los medicamentos excluidos. Para acceder al mismo, según la nueva normativa, los afiliados deberán tener ingresos netos inferiores a 1,5 haberes mínimos, no pueden estar afiliados simultáneamente a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Tampoco podrán tener un vehículo que tenga menos de 15 años de antigüedad. 
 De más está decir que el hecho mismo de tener que hacer un trámite que antes no era necesario es un engorro que dejará afuera a afiliados que cuentan con las condiciones pero que no tienen los medios o la ayuda para realizarlo. 
 A su vez, el PAMI introdujo una tercera categoría de medicamentos, que ha sido denominada como “de uso eventual”, que incluye en su mayoría drogas de venta libre, y que se aplica a muchos productos que anteriormente podían adquirirse con un descuento del 50% al 80%. Ahora, estos medicamentos, correspondientes a 54 moléculas, sólo contarán con un 40 % de descuento. 
 Para ejecutar este ataque a la salud, Milei tiene el total apoyo de las cámaras empresariales de los laboratorios que se vienen beneficiando con la liberación de los precios y que esgrimen el mismo argumento pérfido que enarbola el gobierno según el cual la sobreabundancia de remedios gratuitos afecta al sistema y a la salud. Como si alguien tomara remedios sin necesitarlo solo porque es gratis.
 Pese a venir de una triple derrota en el Congreso, el gobierno todavía cuenta con el apoyo de la oposición para masacrar a trabajadores y a jubilados –la ley previsional opositora consolida el saqueo y le da mayor solidez jurídica que el decreto– y de la Corte Suprema, que acaba de derogar el piso del 70 % entre el haber jubilatorio y el sueldo en actividad. Sin embargo, tanto apoyo no lo puede salvar ni del billón de pesos de déficit que viene sumando por mes por el crecimiento indetenible de la deuda, ni de la realidad de que no le va quedando fondo de olla para rascar por más súper ajuste que siga inventando. 

 Luciana Diaz 
 31/08/2024

Milei de remate


El gobierno ordenó la venta de cientos de tierras fiscales para subsanar la sequía de divisas. 

 El gobierno libertario se apresta a la venta de mas de 200 inmuebles emplazados en el país y en el exterior que hoy pertenecen al Estado argentino. Milei, a instancia de Santiago Caputo, ha ordenado la venta de inmuebles de carácter público con el fin de recaudar unos mil millones de dólares. Si bien Milei ya había anunciado que iba a “privatizar todo lo que se pueda privatizar”, el apuro por las tierras fiscales obedece a la sequía de divisas extranjera. 
 Con la Ley Bases en la mano, Milei normalizó el “silencio positivo” que incumbe, entre otros, a las tierras e inmuebles de carácter estatal y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de este año. Por medio de esta herramienta “se autorizan automáticamente trámites administrativos ante la falta de respuesta del Estado” (El Agora, 26/82024). En otras palabras, “la normativa original (Ley de administración Pública de 1972) indicaba que en caso de que el Estado no expresara una respuesta luego de 60, esta se interpretaría automáticamente como negativa. Ahora el razonamiento será el opuesto, si el estado no responde, el silencio será positivo. Una habilitación legal a la medida de quienes buscan hacer negocios con el patrimonio estatal” (Idem). La “Patria Inmobiliaria” se frota las manos ante la dádiva del gobierno nacional, que de esta manera habilita un meganegociado inmobiliario, que, además, no podrá ser puesto en cuestión, encareciendo el precio de la tierra y volviendo más asfixiante la situación de inquilinos y hacer, casi inaccesible la vivienda propia. 
 El ente estatal encargado de viabilizar esta iniciativa es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encabezado por Nicolas Pakgojz exfuncionario de Larreta en CABA y a quien “vinculan como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain” (Pagina 12 26/8/2024). El DNU 636/24 le otorga a la AABE “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional.” Desde el gobierno nacional aseveran que saldrán a remate aquellos inmuebles que se encuentran en desuso. Pero desde la AABE se ha pedido informes a los diferentes ministerios para que aporten información sobre la cantidad de inmuebles y terrenos que tienen bajo su dependencia. En la mira se encuentran terrenos ferroviarios, de universidades, dependencias del INTI y Tecnópolis. Nos encontramos en presencia de un desguace anunciado de propiedad estatal que no deberán pasar por el Congreso, sino que se van a implementar por medio de diferentes DNUs, un camino, que ya en su momento, había comenzado Macri, quien entre 2016 y 2019 habilitó 71 procesos de venta, la mayoría en CABA y solo uno se llevó adelante por licitación pública, por lo cual recaudó cerca de 700 millones de dólares.
 Milei, al igual que Macri, se vale del decreto-ley 1382/12, promulgado por Cristina Kichner por el cual se creo la AABE, facultando al organismo a centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, teniendo la última palabra el Congreso o el Ejecutivo. Macri se valió de este vacío legal y tomando un decreto de la ultima dictadura militar que depositaba en el Poder Ejecutivo la decisión final. El gobierno libertario ha tomado como base el decreto de la dictadura, le da más injerencia a la AABE. Así, cada gobierno representa un peldaño más en el desguace de propiedades estatales, favoreciendo a los grandes conglomerados inmobiliarios y recaudando dólares para el pago de intereses de la deuda externa. Milei lleva al extremo estas tropelías facultando al jefe de Gabinete a aprobar ventas de inmuebles que no superen los 1.500 millones de pesos. 
 Las Fuerzas Armadas también han sido exhortadas a realizar un inventario de las propiedades que están bajo su control, lo que despertó resquemores en la cúpula de las fuerzas, que mantiene una tensa relación con el gobierno liberticida, que oscila entre el apoyo y la desconfianza. Se calcula que “el Ejército tiene más de 1500 inmuebles, la Armada unos 3500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3000” (Idem). Entre los predios de las Fuerzas Armadas que se pondrían a remate se encuentran el Campo Hípico Militar, el Regimiento de Patricios, Veterinaria del Ejército, el Regimiento de Granaderos, el edificio del Círculo de las fuerzas Armadas y predios de Fabricaciones Militares, como la sede de Rio Tercero. De concretarse la venta de estos y otros inmuebles, los resquemores entre las FFAA y el gobierno se verían agudizados y puede avizorarse una escalada de la crisis de la dupla presidencial.
 Los libertarios buscan, por un lado, una caja fácil de recaudación de dólares y, por el otro, dar vía libre a los negociados inmobiliarios con la anuencia de todo el régimen político, que en todas las legislaturas del país cierra filas en beneficio de la “Patria Inmobiliaria”. En un país cruzado por la pobreza e indigencia, en el que los costos de alquiler socavan los ya derruidos salarios, reforzando de esta manera el déficit habitacional que recae sobre las familias trabajadoras, haciendo del hacinamiento la regla. Desde Política Obrera promovemos una perspectiva socialista para derrotar el régimen privatizador, en este caso de tierras publicas que hace subir el precio por metro cuadrado, a través de autoconvocatorias que se conviertan en órganos barriales y tengan como programa auditar sobre las tierras fiscales y destinarlas la construcción de viviendas sociales por medio de un plan de obras publicas bajo control obrero. 

 Lucas Giannetti 
 31/08/2024

Trigo transgénico, pan con veneno y más espejos de colores


El trigo transgénico de las empresas Bioceres-Florimond Desprez dio un paso más para cultivarse en Estados Unidos. Aunque no se conocen investigaciones de inocuidad para la salud, en Argentina ya se consume la cuestionada harina. El relato del agronegocio, la violación de derechos y los argumentos que confirman lo escandaloso de experimentar con la población.

 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos aprobó el cultivo de trigo transgénico. Es un paso más en la confirmación de cómo un muy pequeño grupo de poderosos decide el alimento, la salud y el padecer de amplios sectores de la población. El primer trigo transgénico del mundo, de la argentina Bioceres y la multinacional Florimond Desprez (Francia), va asociado al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio. Repaso de las mentiras y vulneración de derechos del Organismo Genéticamente Modificado (OGM).
 El trigo transgénico HB4 es un paso inédito en el avance del agronegocio sobre los derechos de las poblaciones. El pan, ese alimento tan milenario como central de los pueblos, es transformado en un producto con riesgos para la salud. 
 Los medios socios del agronegocio dieron la noticia proveniente de Estados Unidos. Hasta la definieron como un «hito» del agro nacional. Recién 24 horas después, la empresa Bioceres emitió su posición en la red digital X (ex Twitter): «El cultivo de Trigo HB4 llegó a EE.UU. La tecnología HB4 es la única del mundo con tolerancia a la sequía, y esta nueva aprobación demuestra que la ciencia argentina sigue marcando el camino para encontrar soluciones a los grandes desafíos globales». 
 Sin embargo, Infobae, en base a información de la agencia internacional Reuters, señala: «Según el grupo industrial US Wheat Associates, antes de comercializar en Estados Unidos el trigo HB4 modificado para tolerar la sequía, todavía se necesitan medidas adicionales, incluidas pruebas de campo. ‘Bioceres tardará años en completar las medidas adicionales’, afirmó la entidad.» 
 El primer trigo transgénico del mundo se trata de un gran paso para el agronegocio y un retroceso para la población mundial. Por ahora, «sólo» la población de Argentina es el conejillo de laboratorio con el que se experimenta la harina transgénico (consumida en sus derivados como pan, facturas, fideos y tapas de empanadas, entre otros alimentos con harina). El avance de casilleros en Estados Unidos es una señal de alarma para otros países y mercados donde se exporta el cereal. 
 Existen múltiples aspectos para rechazar (o al menos cuestionar) el transgénico.
 – No hay pruebas públicas que den cuenta de su inocuidad en la salud de la población y en el ambiente.
 – Los supuestos «estudios» de la empresa Bioceres-Florimond Desprez son confidenciales. Ningún científico independiente, ni la población, puede acceder a esos escritos. 
 – Aunque se publicita como «resistente a la sequía», no existen pruebas públicas para afirmar eso. Al mismo tiempo, es cínico que el mismo modelo (el agronegocio) que es protagonista de la crisis climática ahora se ofrezca como parte de la supuesta solución al desastre que produjeron.
 – Los trabajos oficiales disponibles muestran que es menos productivo que el trigo convencional.
 – La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio central para la aprobación en Argentina, está totalmente dominada por las mismas empresas que venden los transgénicos. Tan insólito como escandaloso: los mismos que presentan los pedidos de autorización son los que votan a favor de autorizarlos.
 – El Estado argentino no hace estudios propios e independientes para la aprobación de los transgénicos. Y, esos «estudios» de las empresas son «confidenciales», secretos. – Más de 1.000 científicos del Conicet y de 30 universidades públicas denunciaron los riesgos del trigo (y la harina) transgénica.
 – El caso de la académica Raquel Chan, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet es emblemático de la ciencia adicta al servicio del sector económico y con consecuencias negativas hacia los sectores populares del país (más agrotóxicos, más desmontes, más presión sobre las tierras campesinas e indígenas, entre otros). 
 – «Es una patente nacional», celebran los periodistas acríticos de Argentina. Ni Bioceres, ni Raquel Chan, ni el Conicet, ni la UNL han explicado cómo redituaría, en caso de hacerlo, esa patente en las instituciones públicas de Argentina.
 – Que un país autorice el cultivo de un transgénico es muy lejano a que esa semilla sea adquirida (y mucho menos popularizada) por los productores, consumidores y exportadores de ese país. De hecho, en Argentina es rechazado por las cámaras exportadoras.
 – En Argentina se puede elegir presidente y legisladores pero no se permite elegir el consumo de alimentos sin transgénicos. En el país no existe etiquetado de productos con OGM. Por lo cual, por una decisión tomada por una decena de personas (de la ciencia y la política), toda la población podría estar ingiriendo panificados transgénicos sin poder elegirlo. 

 De socios, cómplices y pueblos 

 El avance de los transgénicos en Argentina se inició con Carlos Menem y fue política de Estado con todos los siguientes gobiernos. En el caso del trigo, como un hecho llamativo, Mauricio Macri no avanzó en la aprobación del HB4. Fue el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner quién, vía Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura, quien dio la luz verde final (mayo de 2022). 
 Curiosidades: el diario La Nación difundió en febrero pasado que la ex presidenta es accionista de Bioceres. La misma empresa que tienen entre sus fundadores a Gustavo Grobocopatel («el rey de la soja») y como accionista al multimillonario Hugo Sigman, quien fue presentado en la pandemia como cuasi un benefactor productor de vacunas e hizo grandes negocios con la vacuna de Covid. Al mismo tiempo, es impulsor del extractivismo (agronegocio y forestal). 
 Entre los movimientos campesinos, agricultores familiares, pueblos indígenas, productores agroecológicos y organizaciones socioambientales no hay dudas: no necesitan ni quieren el trigo transgénico. La campaña «Con nuestro pan no» es muy ilustrativa: «El trigo transgénico no está pensado para resolver el problema del hambre sino para favorecer las exportaciones del sector agroindustrial. Ya lo vivimos con la soja transgénica. ¿Qué cambió y en qué benefició al tejido social argentino?».
 Por su parte, organizaciones de América Latina, África y Asia denunciaron los efectos nocivos del trigo transgénico. En un detallado documento de 14 páginas, movimientos sociales, campesinos y pueblos indígenas solicitaron la intervención de relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) por los riesgos para la alimentación, la salud y el ambiente que implica el transgénico de la empresa Bioceres. Confirmaron que no existen estudios independientes que confirmen su inocuidad, denunciaron al peligroso herbicida glufosinato de amonio e, incluso, afirmaron que es menos productivo que el trigo convencional. 
 «No al trigo transgénico. Alianza mundial busca la intervención de la ONU contra el cultivo de trigo transgénico HB4», es el título del comunicado de la organización internacional Grain que da cuenta de la insólita —e irregular— forma de aprobación del transgénico en Argentina, Brasil y Paraguay: en base a supuestos estudios de la propia empresa que lo comercializa y con documentación que es confidencial. 
 Al mismo tiempo, existen numerosos ejemplos del cultivo de trigo agroecológico, sin transgénicos ni agrotóxicos, con muy buenos rindes y rentabilidad. 
 La historia de la agricultura tiene más de 10.000 años. El modelo de agronegocio, hijo de la llamada «revolución verde» (mediados del siglo XX), sólo tiene setenta años, un instante en la historia de la producción de alimentos. Tiempo suficiente para demostrar que se trata de espejos de colores que los pueblos de América Latina ya no aceptan. 

 Darío Aranda | 31/08/2024

domingo, 1 de septiembre de 2024

Corte Suprema: Milei y CFK se reparten la “casta judicial”


Mientras la Corte Suprema sigue acumulando fallos contra los haberes de los jubilados, el pago de indemnizaciones por despido y el pago de aportes patronales adeudados, han culminado las audiencias en el Senado para tratar los pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enviados por el presidente Milei. En el caso de Lijo, la candidatura es apoyada por el actual miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo cual fue señal de un acuerdo político que el libertario estaba sellando con el peronismo. Los otros integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron designados bajo el gobierno de Macri. Carlos Maqueda, el restante integrante de la Corte, abandonará la corte en diciembre de este año. A pesar de que los votos para ambos estarían definidos en la Comisión de acuerdos del Senado, ningún senador ha puesto la firma para que se pase al voto de los pliegos en el Senado, en donde se requiere reunir 2/3 de los votos. 
 De las audiencias quedo en manifiesto que ambas candidaturas tienen un defecto manifiesto e irregular porque fueron ungidas por Lorenzetti, en el caso de Lijo, y por Santigo Caputo, en el caso de García-Mansilla, en abierta violación con la “independencia de poderes” establecida por la Constitución Nacional. Queda en evidencia que esto es una patraña pseudorepublicana del Estado capitalista. Los cortesanos son un órgano indivisible del Estado y fruto de los pactos entre las camarillas políticas que lo comandan en beneficio de los intereses capitalistas que defienden. 
 Por estas horas, los diarios informan que el destino de estas candidaturas ha entrado en un impasse, a la espera de un pacto político y judicial más amplio entre el gobierno libertario y el peronismo, en particular, la tropa que comanda CFK. De las negociaciones son parte “Wado” De Pedro y Santiago Caputo. Ahora, el kirchnerismo estaría presionando por establecer un candidato propio (bajando eventualmente a García-Mansilla) o, alternativamente, con ampliar a siete los miembros que integran la Corte Suprema, lo cual supone primero reformar la ley pertinente y ampliar las negociaciones al conjunto del Congreso. La cuestión de una mujer cortesana es simplemente una prenda de cambio de estas maniobras y subordinado a eventuales acuerdos. El kirchnerismo está planteando además que al acuerdo político con la Corte Suprema se sume la designación de 143 jueces federales en todo el país, el Procurador General de la Nación y vacantes en Defensorías. Esta negociación estaría apuntalada por la reciente crisis del bloque libertario de senadores, con la expulsión del formoseño Paoltroni, luego de su airada critica a la candidatura de Ariel Lijo y de la cada vez más profunda separación de la vice Villarruel con Milei. Pero en el bando K también hay pujas, como se vio en el entrevero del jefe de senadores K Jose Mayans y CFK en cuanto a las cercanías ideológicas de la Villarruel con el peronismo.
 Carlos Pagni señala en La Nación que Milei habría caído en la trampa de considerar a Lorenzetti, y por lo tanto a Ariel Lijo, como un candidato afín con el peronismo y con los votos asegurados. Pagni recuerda que CFK denunció a Lorenzetti como parte del *lawfare *en América Latina y por ser compinche de Claudio Bonadío (quien promovió diversas causas por corrupción contra la expresidenta) y el juez que puso preso a Lula da Silva, Sergio Moro. No obstante, la audiencia de Lijo fue por demás amigable y el kirchnerismo no ha criticado su candidatura. Lijo tiene una serie de causas por corrupción que involucran a Macri, a CFK y Kicillof que permanecen desde hace largo tiempo en el limbo. Es cuestionado por la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y por el propio Departamento de Estado. En cuanto a García Mansilla, decano de la Universidad del Opus Dei, es un hombre de las petroleras y manifiestamente anti aborto legal.
 ¿Por qué apoya, en estas circunstancias, Milei a Lijo? Según ha dicho en entrevistas, Lijo es para Milei una pieza clave en las reformas que pretende llevar en el sistema judicial. En lo inmediato, se trata de garantizar la legalidad del vigente mega DNU 70/23, la “ley de bases” y otras leyes que el gobierno está promoviendo complementariamente. La actual Corte Suprema ya está haciendo una gran labor en darle seguridad jurídica a todos los ataques antiobreros de Milei, como el propio DNU. Milei está obligado, sin embargo, a negociar un reparto más general con el macrismo y el peronismo del aparato estatal y judicial, aparato que no puede controlar con medios propios porque no los tiene. 
 Estas componendas reflejan un acuerdo estratégico del kirchnerismo con Mieli en sostener esta función absolutamente reaccionaria de la Justicia y de su órgano máximo contra los trabajadores. Es una gran apoyatura política para el gobierno liberticida. Las expectativas insufladas por la CGT en recurrir a ella para voltear las reformas laborales y las restricciones a las huelgas son una vía muerta. 

 Emiliano Fabris 
 31/08/2024

La justicia de Brasil bloquea la red social X


La guerra de las redes sociales en el escenario mundial. 

 El juez Alexandre De Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF), ordenó este viernes la suspensión "inmediata, completa e integral" de X (ex Twitter), la red social del magnate Elon Musk. La decisión es la culminación de una escalada en la que Musk había sido incorporado previamente a la causa que investiga la existencia de “milicias digitales antidemocráticas” y su financiación, cuyo accionar incluye el complot golpista de enero del año pasado tras la victoria de Lula (PT) en las elecciones a finales de 2022 y el cuestionamiento en redes a la fiabilidad de aquel resultado electoral. De Moraes sostiene que existe “un riesgo inminente” de que “grupos extremistas y milicias digitales prosigan y amplíen la instrumentalización de X Brasil con la divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. Musk, por su parte, llama a destituir al juez brasileño y pide por su encarcelamiento. La red social X deberá estar fuera de línea durante el período electoral hasta los comicios municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año en todo el país. 
 Una parte de la prensa internacional adjudicó la decisión judicial a una escalada personal que mantendrían Musk y De Moraes. El alcance de la disputa, sin embargo, es de orden internacional. Además de X, Musk es también el dueño de Tesla, la empresa de autos a batería, y de SpaceX, que fabrica cohetes para el espacio, incluso para la NASA. Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022 en medio de la escalada de la guerra de la OTAN y de la disputa del espacio exterior, con el objetivo de hacerse de un poderoso instrumento de guerra de propaganda. A principios de este mes, Musk criticó al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, por su gestión de los disturbios antiinmigrantes, posteando que “el Reino Unido se está convirtiendo en la Unión Soviética”. También desenvolvió una intensa campaña contra el venezolano Nicolás Maduro, lo que provocó que la plataforma fuera bloqueada en el país. Recientemtente entrevistó a Donald Trump, el expresidente estadounidense y actual candidato republicano, a quien Musk apoya fervientemente y a quien financia con 45 millones de dólares invertidos a su Comisión de Acción Política. En esa entrevista, Trump felicitó a Musk por despedir a trabajadores que fueron a huelga.
 De Moraes, por su parte, es el magistrado que dirige las investigaciones sobre la intentona golpista protagonizada por los bolsonaristas en 2023. Hace algunos meses ordenó que se incorpore a la investigación a Musk, declarado bolsonarista, por presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen, debido a la "explotación criminal intencional" de la red X y a que su dueño inició una “campaña de desinformación” sobre las acciones del TSF y del TSE (Tribunal Superior Electoral), "instigando a la desobediencia y obstrucción de la Justicia". 
 La adquisición de la ex Twitter por parte de Musk se llevó adelante con el planteo de realizar una reestructuración completa de su funcionamiento, con el objetivo declarado de asegurar la “libre expresión”. Es con ese argumento de “libertad de expresión” que Musk ataca a De Moraes, denunciando cualquier tipo de regulación que se quiera imponer a la fiesta de desinformación y agitación fascista en que se ha convertido la red X. En su momento advertimos que “no es difícil advertir la incongruencia de la salida libertaria del autor, que conduciría a una intervención desorbitada de las autoridades judiciales y políticas, para bloquear lo que ahora hace el algoritmo” (https://politicaobrera.com/6914-elon-musk-compra-twitter-en-medio-de-una-guerra-imperialista-y-una-guerra-espacial). La intervención de Musk, sin embargo, no sólo no ha sacado a la red social de su crisis, sino que la agravó. Para el Financial Times “es probable que la medida [de De Moraes] perjudique a X en un momento en el que la compañía ha estado luchando por mantener su salud financiera, con anunciantes abandonando la plataforma debido al enfoque de moderación ligera de Musk, así como a sus publicaciones a veces erráticas”. 
 La orden de De Moraes se produjo un día después de que el fundador de Telegram, el ruso Pavel Durov, enfrentara cargos preliminares en Francia después de ser arrestado por presunta complicidad en actividades delictivas alojadas en su aplicación. Durov sostiene la misma política de Musk, de no moderar en la utilización de la plataforma, mientras que, en la Unión Europea, las leyes exigen que las mismas cuenten con una sólida moderación de contenidos, aunque estas disposiciones son altamente incumplidas. La ola de violencia fascista reciente en el Reino Unido contra los migrantes estalló a raíz de una información falsa de las redes sociales acerca de que el perpetrador de un apuñalamiento masivo en la localidad de Southport era un solicitante de asilo sirio que había llegado al país ilegalmente en barco. Algunos legisladores británicos han dicho que estudiarían la posibilidad de llamar a Musk ante una comisión parlamentaria para que responda a preguntas sobre el papel de X en la ola de violencia fascista.
 De Moraes también había ordenado que X debía abstenerse de realizar cualquier reactivación de perfiles cuyo bloqueo haya sido determinado por el STF. Durante los últimos años, el juez brasileño ha bloqueado cientos de cuentas de usuarios, la mayoría de extrema derecha, bajo la acusación de desinformar. El magnate, sin embargo, se negó a bloquear seis perfiles de usuarios de la órbita del bolsonarismo, con el argumento de que el juez es “un dictador” que pretende censurarlos. Luego, posteó en su cuenta varios tuits contra el juez brasileño: “este tipo @alexandre es un criminal de la peor calaña disfrazado como juez”; “no cabe duda de que De Moraes se tiene que ir. Tener a un juez que viola la ley de manera reiterada y a lo grande no es de ninguna manera justicia”; también “ese juez ha traicionado descaradamente y repetidamente al pueblo brasileño y su Constitución. Debería dimitir o sufrir un impeachment”. Sus posteos fueron rápidamente replicado por las bases bolsonaristas. 
 El propio expresidente Jair Bolsonaro sostuvo que Musk “asumió la lucha por la libertad” en Brasil. "Nuestra libertad, en gran medida, está en sus manos", afirmó. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, le aseguró a Musk en X que estaba preparando un pedido para promover una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El senador Flávio Bolsonaro (el otro hijo del expresidente), y el senador Sergio Moro, ex juez de la Operación Lava Jato que ordenó el encarcelamiento de Lula en 2018, también salieron a defender a Musk. Según el diario O Globo, “el tema es seguido de cerca por la embajada de Estados Unidos”. En una nota difundida por representantes norteamericanos, sostiene que “enfatizamos que la libertad de expresión es un pilar fundamental en una democracia sana. Por política interna, no comentamos decisiones judiciales ni disputas legales”. 
 Musk provocó la decisión judicial de De Moraes conscientemente. Hace poco, sostuvo en su cuenta de X que “esperamos que pronto el juez Alexandre De Moraes ordene el bloqueo de X en Brasil, simplemente porque no cumplimos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”. La empresa ya había abandonado el país hace dos semanas atrás con el objetivo de eludir las citaciones de la Justicia brasileña y los 40 empleados de X en Brasil fueron convocados a una reunión a toda prisa donde se les informó que estaban todos despedidos.
 La actual decisión final de De Moraes se tomó luego de que Musk incumpliera la orden dada dos días antes de designar un representante legal en el país en un plazo de 24 horas. En sus fundamentos, consideró el “incumplimiento reiterado, consciente y voluntario de órdenes judiciales” por parte de Musk y su intento de “no someterse al sistema legal y al poder judicial brasileño, de establecer un ambiente de total impunidad y 'tierra sin ley' en las redes sociales brasileñas, incluso durante las elecciones municipales de 2024”. También estipuló una multa de R$50.000 para cualquier persona o empresa del país que utilice X. Por otra parte, ordenó a las tiendas virtuales de Apple y Google bloquear la oferta de aplicaciones VPN (red privada virtual), una herramienta que se utiliza para eludir las prohibiciones de los países ya que crea una conexión privada entre el dispositivo que está conectado a Internet y el sitio web al que se accede, haciendo que la navegación sea anónima e imposible de rastrear. 
 Moraes ya había ordenado previamente el bloqueo de cuentas de Starlink, empresa que ofrece servicio de internet satelital creada por Musk, uno de sus accionistas. El objetivo, según el juez, era garantizar el pago de las multas impuestas a X. Starlink es el decimosexto mayor proveedor de Internet, con el 0,4 % del total de accesos de banda ancha en Brasil. La decisión de De Moraes de bloquear X contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Corte y fue discutida entre los magistrados antes de ser tomada. Hay expectativa en la Corte de que De Moraes lleve la decisión a referendo de otros magistrados, lo que demostraría el apoyo brindado por la corte. El presidente de Brasil, Lula, también apoyó la decisión de De Moraes. 
 Brasil se acaba de sumar, así, a la lista de países que tienen bloqueada la red social X. Entre ellos, están China, Rusia, Irán, Pakistán, Venezuela y, temporalmente, Egipto y Turquía, entre otros. Por otra parte, la mayoría de las redes sociales de China y de Rusia han sido desalojadas de los medios de comunicación de los países de la OTAN. En Venezuela, la disputa por la utilización de las redes sociales se ubicó en el centro de la escena cuando Maduro criticó a la aplicación de Whatsapp por ser utilizada por "grupos fascistas" para amenazar la estabilidad del país y al personal militar y figuras del oficialismo. Algo elemental que se encuentra fuera de todos los análisis sociológicos sobre los tiempos modernos es que, en el escenario de la guerra mundial y la crisis del capitalismo, las redes sociales son un instrumento de la guerra de propaganda.

 El Be 
 31/08/2024