lunes, 8 de mayo de 2023

El primer campo de concentración argentino


Toda revolución es improvisada, y la hacen gentes capaces de pensar sobre la marcha, inventar, recrear, adaptar. La Revolución de Mayo no fue la excepción y entre tantas improvisaciones se destaca la del abogado Manuel Belgrano convertido en general y creando una bandera cuando todo era un esbozo. Como se sabe, la improvisación funcionó, terminamos teniendo un país y la bandera sigue ahí.
 Lo que nadie había previsto y hubo también que improvisar fue uno de esos problemas derivados del éxito. Belgrano penó y penó, pero al final batió a los godos en Tucumán. San Martín penó menos, que era un profesional, pero los llenó de dedos en San Lorenzo y en Chile. Y ahí vino la pregunta: ¿qué hacemos con los prisioneros? Que eran unos cuantos, contando con lo que era el ejército del Rey en todas nuestras ciudades, que fue desarmado y confinado. 
 La solución fue dura, la creación del primer campo de concentración de nuestro país, en medio de la nada de la vieja provincia de Buenos Aires, la que terminaba en el río Salado. 
 Para 1816, los españoles avanzaban fuerte en un contraataque continental. La declaración de independencia fue un desafío, no una conclusión, y el Directorio de Juan Manuel de Pueyrredón endurece la mano con "los delincuentes que abundan en el pays", como dice con Y el acta de la época. Además de delincuentes comunes, había desertores en cantidad, que ya habían empezado las levas. Y prisioneros realistas. 
 La decisión es llevarlos a la frontera sur, lejos de toda posibilidad de rescate por mar o por tierra. Se elige un paraje muy duro cerca de la laguna Kakel Huincul, hoy un paraje muy bonito en el departamento de Maipú. A los prisioneros de rigor, españoles o realistas, se los lleva más allá, a los bajos salobres del río Salado, en tierras áridas y llenas de brusquillas, un arbusto espinoso y pelón. El campo, un fortincito de palo a pique y adobe, pasa a llamarse como Las Bruscas, por el arbustito. En 1817 le cambian el nombre a Santa Elena, pero nadie da bola. 
 Las Bruscas no era como lo que se vio después, cuando los mismos españoles inventaron el "campo de reconcentración" en Cuba para quitarle apoyo a los rebeldes de fin de siglo, arreando poblaciones enteras adentro de una alambrada. En nuestro primer campo de prisioneros no había cercas por que no había dónde huir. Eran leguas y leguas hasta la costa, leguas y leguas hasta el ejército realista más cercano. Lo único que quedaba cerca era la frontera con los indios independientes, que no sentían mayor aprecio por los godos. 
 Al llegar, los prisioneros se encontraban que ni celdas había y que se tenían que construir sus ranchos con lo que hubiera a mano. La comida era pésima, carne de yegua la más veces, y la aguada más cercana estaba a unos buenos kilómetros, chapotendo en barriales salobres llenos de cañas. Nadie recibía uniformes de presidiario, nadie recibía ropa alguna, y en cosa de semanas la población carcelaria estaba en harapos. 
 Félix Luna cuenta la saga de un oficial aragonés, Faustino Ansay, que llegó a Buenos Aires como un joven alférez y para 1810 era coronel y jefe de la frontera sur de Mendoza. Ansay y otros oficiales y funcionarios españoles trataron de ocultar las noticias de la Revolución y de evitar un cabildo abierto. Los realistas esperaban que Santiago de Liniers tuviera éxito en Córdoba con su contrarrevolución y los rescatara, pero el que llegó primero fue un oficial enviado desde Buenos Aires que metió preso a medio mundo, empezando por Ansay.
 El coronel, ya cincuentón, iba a pasar las de Caín en los siguientes doce años. Primero le embargaron todo lo que tenía, lo subieron a un caballo y lo mandaron esposado a Buenos Aires, lo que tomó semanas. En el fuerte lo recibió un edecán de Cornelio Saavedra, que le sacó unos pesos y unas joyas que había alcanzado a esconder. Esperó en el calabozo la condena, que fue de diez años de confinamiento en el fin del mundo, o sea Carmen de Patagones, con un estipendio equivalente a un tercio de su sueldo de coronel. Ansay suspiró aliviado, porque no lo iban a fusilar y porque al fin le sacaron los grilletes. 
 En febrero de 1811, la partida llegó al Río Negro, donde los recibieron bien y se enteraron que los oficiales podían comer con el presidiario en jefe todos los días. Nadie los encerró y hasta les decían vuesamercé, a la antigua. Así pasó un añito tranquilo, hasta que un día llegó un bergantín británico, el Amazonas, y los españoles lo coparon y bien armados ocuparon Carmen de Patagones. Para más suerte, enseguida llegó otro velero, el Queche, cuyo capitán ingenuamente desembarcó, sólo para perder su comando. 
 Los fugados llegaron sanos y salvos a Montevideo, baluarte realista, donde los recibieron como héroes y hasta les pagaron los dos años de salarios que les debían. Ansay fue designado jefe de la fortaleza del Cerro y se lució con sus incursiones nocturnas para robar ganado y alimentos para la ciudad sitiada. Pero para mediados de junio de 1814, Alvear rindió la ciudad y el coronel volvió a ser prisionero. Para ese entonces, los patriotas conocían las aventuras del aragonés y lo detestaban, con lo que el coronel fue mandado inmediatamente a Buenos Aires. Tras una breve entrevista con el director supremo Gervasio de Posadas, que se ve que quería conocerlo, pasó un mes en el calabozo
 De ahí fue a parar a San Miguel de la Guardia del Monte, donde ya se concentraban quinientos prisioneros realistas, luego a Río Cuarto y después a Córdoba, donde había cien prisioneros más, estos traídos de Chile. Los maltratos eran constantes, como las amenazas de muerte y los insultos. En junio de 1816, llegó la orden de trasladar a los prisioneros a Las Bruscas, lo que tardó cincuenta días en carreta. 
 Al llegar se encontraron con más realistas presos y se pusieron a hacer sus ranchos. Los guardias rotaban cada mes y eran cada vez más violentos, y en sus memorias Ansay recordó los palos en el lomo que les dedicaron sus guardias del regimiento de Pardos y Morenos, especialmente rencorosos con los españoles. El único contacto con el exterior era coimeando a los guardias por algún alimento o una carta, y alguno que otro prisionero pudo hasta comprar un caballo y fugarse. Nadie se molestaba en ir a buscarlo, que el desierto y los mapuches se encargaban, pero el castigo para los que quedaban era ejemplar. Por cada fugado se elegía un prisionero que era llevado a Buenos Aires cubierto de cadenas y puesto a trabajar arreglando calles, todavía encadenado y sometido a la burla pública. 
 Ansay, enfermo, logró que lo trasladaran a un hospital en la capital en 1820. Con ayuda de "una dama" a la que no mencionó por nombre, logró fugarse, subirse a un barquito y llegar a Colonia del Sacramento, en ese momento ocupada por los portugueses. Menos de un año después estaba de vuelta en Zaragoza. 
 El campo de Las Bruscas llegó a tener más de mil prisioneros y era tan famoso que hasta en Perú maltrataban a los prisioneros patriotas para retribuir la cortesía. El gran alivio de los confinados era que los distribuyeran como esclavos a las estancias cercanas o los pusieron a trabajar en obras públicas, con suerte en la cercana y naciente Dolores. Era duro, pero se comía mejor y no te daban palos. 

 Sergio Kiernan
 5 de mayo de 2023

sábado, 6 de mayo de 2023

Un millón de personas hacinadas en sus hogares y tres millones de viviendas vacías

La responsabilidad de los políticos capitalistas en el agravamiento de la crisis habitacional.
 Casi la mitad de los hogares carece de algún servicio. 

La situación habitacional de los trabajadores argentinos es cada vez más crítica. Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), más de 1 millón de personas están ocupando hogares en condiciones de hacinamiento crítico, en 31 aglomerados urbanos del país. Y de acuerdo a los datos del Censo nacional publicados en marzo, en el país habría tres millones de viviendas vacías. Los resultados de la política de ajuste y en favor de la especulación inmobiliaria por parte de los gobiernos están a la vista. 
 El trabajo de la EPH también indica que el 4,1% de los hogares se aloja en una vivienda que se encuentra cercana a basurales, y que otro 6,5% lo hace en una casa situada en una zona inundable. A su vez, señala que la calidad de los materiales de vivienda es “parcialmente insuficiente” en el 12% de los hogares –en los hogares pobres este porcentaje asciende a un 20,6%-, e “insuficientes” en el 6,5% de los mismos –en los hogares pobres este porcentaje se ubica en un 13,1%. El carácter insuficiente de los materiales de vivienda se eleva al 21,9% en los hogares indigentes. 
 A su vez, el informe marca que el 9,9% de los hogares no tiene acceso a la red de agua corriente, que el 31,5% no cuenta con gas de red, y que el 26,7% no dispone de conexión a las redes cloacales. En términos más amplios, el 44,3% de los hogares no accede a algún servicio.
 En estos índices se ve claramente cómo impacta en la clase obrera el ajuste fondomonetarista del gasto público que están aplicando Massa y los Fernández. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en los dos primeros meses del año, el gasto de capital se redujo un 37,4% y las transferencias a las provincias disminuyeron un 38,3%. Estos recortes afectan directamente el presupuesto destinado a la construcción de viviendas. 
 A la par de esta degradación de las condiciones de vivienda, crece la cantidad de personas que no pueden acceder a un hogar, y el déficit habitacional se acrecienta. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el número de habitantes aumentó un 8,7% en más de tres décadas, mientras que las viviendas crecieron un 68%. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la población creció un 40,8%, y las viviendas un 374,2%.
 Según Inquilinos Agrupados, habría tres millones de viviendas inhabitadas. Lo calculan en base a los datos del Censo 2022, que arrojó que en el país hay construidas 17.780.210 viviendas para 46.440.703 habitantes, cuando en promedio un hogar está integrado por tres personas. En muchos casos, las construcciones solo tienen como objetivo ser meros refugios de valor, como lo son por ejemplo las unidades de lujo, lo que además empuja hacia arriba el precio de los alquileres. 
 Esto último tiene lugar en un cuadro de crecimiento de aquellas familias que alquilan casas o departamentos. Un informe realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) señaló que “entre los años 2001 y 2019 aumentaron los hogares inquilinos en los grandes conglomerados del país: en CABA pasó de un 22% a un 35%; en Córdoba de un 20% a un 30%; y en Rosario, de un 12% al 19%” (ElDiarioAr, 20/4).
 Las sucesivas devaluaciones impulsadas por el Frente de Todos y los gobiernos que lo precedieron han llevado a que un sector cada vez mayor de la población trabajadora no pueda comprar una vivienda. Esto, debido a la enorme distancia que existe entre los salarios y los precios dolarizados de las propiedades. En los hechos hay una expulsión de los trabajadores hacia la periferia de las concentraciones urbanas, un proceso que se desarrolla al compás de una creciente especulación inmobiliaria en las zonas céntricas y una gentrificación con barrios privados en los alrededores. Además, a las familias que ocupan un terreno para vivir tanto el gobierno nacional como los provinciales les responden con desalojos y represión. 
 Para colmo, el gobierno ahora se apresta a suspender la Ley de Alquileres. Lo confesó Santiago Maggioti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien declaró a Télam que la política inmobiliaria debería descentralizarse en leyes provinciales, alegando la obviedad de que “los alquileres no son lo mismo en todo el país”. La oposición de Juntos por el Cambio y Milei intervienen directamente a favor de las inmobiliarias, reclamando una liberalización de los precios y los plazos de contrato. En la Ciudad, Larreta anunció una línea de créditos a los que nadie puede acceder, orientada más a los especuladores que a las familias sin techo. 
 Para solucionar el problema habitacional hay que recomponer los salarios y las jubilaciones, avanzar en un plan de construcción de viviendas a nivel nacional y otorgar créditos hipotecarios de acceso universal a tasa cero, cuyas cuotas no superen el 25% de los ingresos de las familias trabajadoras. Ello, financiado con impuestos extraordinarios al gran capital, especialmente a la vivienda ociosa, para desalentar la especulación y ensanchar la oferta de alquileres. Solo la izquierda levanta este programa, antagónico al de los políticos capitalistas.

 Nazareno Suozzi

La hiperinflación y el “año electoral”


La falta de resultados de la gestión de alto nivel que fue a buscar a Brasil un financiamiento de importaciones por 15 mil millones de dólares, es una señal de que una devaluación del 30/40% del peso oficial sería inminente. Ese crédito, después de todo, reabriría una parte del mercado argentino a los exportadores brasileños, que han sido desplazados por la competencia. Pero Lula y Massa no han logrado construir ninguna garantía para esa línea de préstamos. El Banco Central ha acumulado una deuda similar de corto plazo con importadores nacionales. O sea que la entidad ya tiene hipotecadas las reservas que pudiera acumular en el futuro.
 En cuanto a la negociación para que el FMI adelante 10 mil millones de dólares que deberían ingresar después de las Paso, también fracasan por la falta las garantías. Ese dinero se dilapidaría rápidamente en un mercado comprador de divisas. Quienes dicen estar al tanto de las negociaciones insinúan que el FMI pide a cambio una devaluación y el desarme de varios controles de divisas. El reclamo estaría en línea con el planteo de los sojeros – 350 pesos por dólar. El impacto de este número sobre salarios y jubilaciones sería impresionante. 
 Curiosamente, una mega devaluación es vista por parte de los economistas mediáticos como una protección contra una hiperinflación. La devaluación no afectaría a la deuda pública en pesos, dicen, porque se encuentra indexada. Una corrida al dólar, en cambio, en ausencia de una devaluación, obligaría a estatizar la deuda en pesos mediante una emisión hiperinflacionaria de moneda. El plazo para seguir en lo mismo o devaluar tiene fecha establecida – las Paso de agosto próximo. 
 Visto desde este ángulo, la función de las Paso sería dejar establecida la primacía de la alianza política que debería ser consagrada en octubre siguiente. Esto permitiría a una Asamblea Legislativa designar, para la transición, un gobierno provisional afín al que sería electo en las generales. Algo parecido a 2001, cuando luego de las elecciones de octubre de ese año el peronismo liderado por Duhalde copó los cargos parlamentarios de la sucesión a De la Rúa y se quedó con la mayoría de la Asamblea Legislativa que lo designó presidente. En la jerga financiera, esta operación permitiría “calzar” la crisis cambiaria con el cronograma electoral. 
 En medio de esta crisis, Clarín informa que “Mercado Libre ya facturó 3 mil millones de dólares en el primer trimestre, un crecimiento de 35,1%, y una ganancia de 200 millones”. Se refiere al comercio y pagos electrónicos en la región, donde México representó el 62% de la torta, Argentina el 39% y Brasil el 25%.
 Esto indica que, a excepción de la sequía, la economía capitalista en Argentina sigue ofreciendo negocios excelentes. Incluso con decenas de tipos de cambio, las patronales aciertan a determinar los precios más ventajosos y a convertir los beneficios en moneda dura. El caos inflacionario les sirve para apretar hacia abajo los salarios y hacia arriba los tiempos y ritmos de trabajo. La crisis tiene un carácter financiero, porque el estado se encuentra en default. La deuda pública de la administración nacional ha llegado a los 400 mil millones de dólares. A ella hay que sumar la de empresas estatales, provincias y el Banco Central – arriba de 500 mil millones de dólares. Esta deuda pública es un gigantesco subsidio al capital, que cobra por ella intereses usurarios. Los vencimientos de deuda se reciclan con mayor deuda hasta llegar al punto del default. 
 Argentina es una olla a presión al punto del estallido. Es lo que advertimos al activismo de la clase obrera, para impulsar una orientación de clase y socialista frente a la nueva catástrofe que se avecina.

 Jorge Altamira 
 05/05/2023

El Informe MacBride y los ejes teórico-metodológicos preponderantes


“Esto plantea muchos problemas, pero el que nos interesa aquí se refiere al contenido de la comunicación.” NOMIC

 No pasó desapercibida, para el Informe MacBride, y su filosofía humanista, la disputa teórico-metodológica que subyace en la investigación y la producción de la “comunicación masiva”, especialmente cuando el modo de producción, los medios y las relaciones de producción tienen una influencia imperial mercantilista, individualista y monopólica. Entendieron que debía hacerse visible la vinculación existente entre los enfoques ideológicos y las “prácticas” de los monopolios consagrados a sus negocios, los efectos de la propaganda y a su influencia sobre las sociedades en todos los niveles. Era necesario transparentar la ideología, convertida en gasto enorme, para consolidar “fenómenos de comunicación”, con innovaciones tecnológicas para sus no pocas consecuencias en la subordinación de los “países subdesarrollados”. Transparentar, pues, las raíces ideológicas de la problemática comunicacional. 
 Era de esperarse que, en la propia la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la Unesco, presidida por el humanista Sean MacBride, Premio Nobel y Premio Lenin de la Paz, convergieran, no sin contradicciones o debates, las corrientes teórico-metodológicas predominantes en la producción de la información y de la comunicación: funcionalismo, estructuralismo y marxismo; concepciones, para resumirlo muy esquemáticamente, “verticalistas” frente a visiones “horizontalistas”; unas instrumentalistas y otras descolonizadoras. Hay que hacer visibles al ojo crítico, los marcos teóricos y las contradicciones al interior de la Comisión y escuchar las voces múltiples de adentro y de afuera, también para un solo mundo y sus voces múltiples. “Los aspectos de ese proceso se modificarán constantemente, mientras que los objetivos continuarán siendo los mismos: mayor justicia, mayor equidad, mayor reciprocidad en el intercambio de información, menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación, menor difusión del mensaje en sentido descendente, mayor auto-suficiencia e identidad cultural y mayor número de ventajas para toda la humanidad”. Sean MacBride. 
 Con tal compendio de posiciones e intereses de la Comisión (16 miembros provenientes de diversas áreas geográficas, culturas, religiones, ideologías y sistemas económicos y políticos, creada en diciembre de 1977) mostrado aquí muy limitadamente, la redacción del Informe adquiere un carácter “ecléctico”, marcado enfáticamente por la “sintaxis diplomática” de su tiempo (1980), y con no pocas derivaciones hacia cierta “neutralidad” con frecuencia poco parecida o representativa de las tensiones, disputas y luchas objetivas del asunto estudiado: El debate capital-trabajo en la producción de la información y la comunicación. Resultó ser un Informe de las disparidades, endógenas y exógenas, existentes en la materia estudiada pero empeñado en reivindicar desde las diversidades, el derecho de los pueblos a la información y a la comunicación priorizando identidades y diversidades culturales, para consolidar un frente de lucha y un movimiento hacia un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación (NOMIC).
 Como en todo “movimiento”, esperaba la Comisión alcanzar con su Informe la nada sencilla unidad en la diversidad a partir de, al menos, diez problemas clave en materia de: 1) políticas de comunicación; 2) dependencia tecnológica; 3) aportes jurídico-políticos; 4) financiamiento y transparencia de la inversión. 5) identidad cultural; 6) derechos humanos; 7) cooperación internacional; 8) educación; 9) libertad de expresión y 10) democratización de la semántica y de las herramientas. Había un clima de reflexión crítica nutrida con análisis y abordajes desde campos múltiples.
 Entendía el Informe MacBride que desde las oficinas de los dueños se financiaba (y sigue financiándose) un proyecto ideológico que, hacia 1980, contrastaba con los procesos democráticos populares y transformadores. Los monopolios auspiciaban una guerra ideológica con dispositivos teóricos y metodológicos para apuntalar, y disfrazar, las contradicciones económico-sociales existentes. Mientras tanto, crecía una corriente crítica y se instalaba en frentes muy diversos, desde donde se expandía la evidencia de que los medios estaban consolidándose como paradigmas privilegiados en la reproducción de la ideología dominante. Estaba en evidencia que la Comunicación ocurre en el marco social de la lucha de clases, y que es posible estudiarla con una base científica poliédrica y dialéctica emancipadora. 
 Funcionalistas, estructuralistas y marxistas, con interpretaciones y expresiones muy diversas, transitaron incluso ortodoxias, yuxtaposiciones y superposiciones, que no siempre exhibieron con nitidez sus marcos teóricos ni en las bibliotecas ni en la práctica, tampoco pidieron permiso para imponerse, sino que se deslizaron silenciosamente como verdades inobjetables entre las fórmulas de sus modelos discursivos a espaldas de sociedades colonizadas, sin saberlo, por modelos ideológicos. Eso se hizo más patente -y cruel- en no pocos espacios de formación o educación que, en todos los niveles, propagaron bibliografías, investigaciones, tesis y congresos animados más por sus urgencias doctrinarias y comerciales que por consolidar cuerpos científicos para democratizar la comunicación democratizándose ellos mismos. 
 No hay espacio aquí para una descripción crítica y profunda del funcionalismo, del estructuralismo y del marxismo, con sus versiones y representantes más influyentes, pero existen referencias documentales que han sabido mirar, en su conjunto, las repercusiones de las tesis y las disputas de estos tres ejes teórico-metodológicos no exclusivos pero predominantes en materia de comunicación. MacBride, desde luego, percibió las diferencias y desacuerdos de la Comisión, pero destacó: “A pesar de esas divergencias, no hubo un solo miembro de la Comisión que no estuviese convencido de la necesidad de efectuar reformas de estructura en el sector de la comunicación y de que el orden actual es inaceptable”.
 En un nuevo informe, con una nueva comisión más amplia, más duradera, más plural, más combativa y menos “diplomática”, hoy serán inexcusables las contribuciones explícitas y programáticas de los millones de voluntades emancipadores que en materia de comunicación buscan organizarse y van empoderándose, poco a poco, desde los frentes de lucha de los pueblos originarios en todo el planeta; las revoluciones de género en plena batalla cultural, económica y política; los movimientos obreros y campesinos; las luchas estudiantiles, científicas y artísticas contra las hegemonías ideológico-formales y, con urgencia, los frentes combativos por el rescate del planeta y de la vida. El nuevo orden económico y el nuevo orden de la comunicación y la información, indivisibles y como producto de las luchas sociales.

 Fernando Buen Abad Domínguez | 14/04/2023

Drones de la OTAN sobre el Kremlin


Los drones que lanzaron explosivos sobre el Kremlin el jueves pasado fueron atribuidos por los círculos de la OTAN a una operación de bandera falsa por parte de Putin, como un pretexto para desencadenar una renovada ola de ataques de Moscú contra la infraestructura civil y militar de Ucrania en vísperas de la anunciada “contraofensiva”. La operación tuvo lugar cuando la OTAN anuncia que ha completado el 96% de los preparativos de una “contraofensiva” para desalojar al ejército de Rusia de los territorios del este y sur de Ucrania. Convenientemente, mientras se desarrollaba el ataque a la sede del gobierno de Rusia, el presidente de Ucrania se encontraba de visita en Finlandia. Zelensky continuó viaje a La Haya, en los Países Bajos, y buscaría sorprender con su presencia en la ceremonia de coronación de Carlos III del Reino Unido. Para algunos, la bandera falsa tendría el objetivo de bloquear las tratativas inciertas entre Pekín y Kiev. 
 Desde el inicio mismo de la guerra, Estados Unidos dejó en claro que una victoria de la OTAN estaba condicionada a un derrocamiento de Putin y a la instalación de un gobierno dispuesto a discutir la rendición de Rusia. Así lo señaló, en forma explícita, Joe Biden, en un discurso a una brigada de intervención de Estados Unidos instalada en Polonia. Es una alternativa que se desprende mecánicamente del rechazo a negociar un acuerdo que suspenda las hostilidades y establezca negociaciones de conjunto. Con esta finalidad, la OTAN estableció un régimen excepcional de sanciones económicas contra Rusia, sin importar su impacto en el comercio de numerosas naciones ajenas al conflicto. Las sanciones han provocado un retiro del mercado de deuda de Estados Unidos por parte de numerosos países y un acrecentamiento de las reservas en oro de los principales Bancos Centrales. El pivot de esta guerra económica afecta a naciones como China, India, Brasil, Indonesia o Singapur. 
 Hace pocos meses hubo, en efecto, una operación de falsa bandera cuando Zelensky atribuyó a Rusia la caída de misiles en el este de Polonia, que enseguida se reconoció que habían sido lanzados por Ucrania, accidentalmente o no. Una investigación del célebre periodista norteamericano Seymour Hersh puso al desnudo que los explosivos que dañaron al NordStream 2, un gasoducto que debía conectar a Rusia con Alemania, fue una operación combinada de Estados Unidos y Dinamarca. Lo mismo ocurrió con los explosivos colocados en el puente más largo del planeta, que une territorio ruso con Crimea. Más recientemente fue atacada la base naval de Sebastopol, ubicada en esa península, la más importante de la marina de Rusia. La extraterritorialidad de la base, ubicada en territorio ucraniano cedido por la Unión Soviética, fue reconocida en los acuerdos internacionales que siguieron a la desvinculación de Ucrania de la ex URSS. Con esta consideración, se puede decir que el ataque a la base ha sido a un territorio de Rusia. Una de las finalidades expresas de la “contraofensiva” de la OTAN, que debería comenzar antes del inicio del verano norteño, es precisamente cortar el corredor que une a los territorios ocupados por Rusia con la península de Crimea y la base de Sebastopol. Lejos del relato que lo aleja de la guerra, el territorio de Rusia está integrado a su escenario. Los drones con explosivos sobre la Plaza Roja constituyen una advertencia. 
 La llamada “contraofensiva”, cuyas primeras operaciones ya han tenido lugar en la provincia de Kherson, adolecería de fuertes limitaciones, según lo han puesto en evidencia los documentos filtrados recientemente del Pentágono. Una insuficiencia en cuanto al material bélico como a los recursos humanos. Un empantanamiento de la “contraofensiva” podría dar lugar a una mesa de mediadores, como reclaman Xi Jinping y Lula, pero también a una escalada militar. Para algunos comentaristas, la admisión de una salida negociada golpearía duramente la continuidad del gobierno de Biden. Una escalada supone la provisión a los contingentes ucranianos de aviación, misiles de largo alcance y naturalmente un arsenal de drones. 
 Más allá de las imputaciones que se prodigan unos y otros acerca de la responsabilidad de la operación, la llegada de dos drones de la OTAN al centro de Moscú deja al descubierto nuevas falencias de inteligencia y de organización por parte del gobierno de Putin. La burocracia reaccionaria de Putin no ha pensado nunca en enfrentar a la OTAN por medio de una confraternización con las masas ucranianas; por el contrario, ha apoyado a todos los gobiernos restauracionistas de la oligarquía de Ucrania. Putin enfrenta a la OTAN por medio de una política de represalias militares, bombardeos indiscriminados, la acción de mercenarios privados y la represión al interior de Rusia. Rusia celebra el próximo martes un aniversario de la derrota del nazismo, por parte del Ejército Rojo, pero Putin no empalma con esta tradición revolucionaria, porque su credo, repetido hasta hartazgo, no es la reconstrucción de la URSS sino del Imperio Zarista. 

 Jorge Altamira
 05/05/2023

viernes, 5 de mayo de 2023

Vicentin: de la expropiación al desguace


El amague del gobierno nacional de expropiar Vicentin, tras la quiebra presentada por la empresa en 2019, entusiasmó a varios gremios que señalaron la medida como una salida “nacional y popular”.
 En un comunicado emitido el 11 de junio de 2020, la comisión directiva de la Federación Aceitera y la comisión interna y los delegados de base de la planta Vicentin de Avellaneda, manifestaron su apoyo a “la intervención del Estado para la defensa de los puestos de trabajo en Vicentin". Expresaban su confianza en que “esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”. 
 Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. La expropiación ha quedado en la nada. El gobierno estableció una intervención que también quedó en la nada y el gobierno nacional ya no habla más de Vicentin. Tres años más tarde, ha comenzado a efectivizarse la demolición definitiva de la histórica firma aceitera de Santa Fe. 
 La AFIP y el propio Banco Nación impugnaron la propuesta formulada por Vicentin a sus acreedores por considerarla una estafa. El sindicato de trabajadores aceiteros del dpto. Gral. Obligado y San Javier advirtió al juez de la quiebra que, si se homologa el acuerdo, en los próximos 18 meses, la empresa desaparecerá en Avellaneda y sus empleados “quedarán sin su fuente laboral” (reconquistasf.com.ar, 3/5). 
 En la propuesta a “homologar” por el juez la empresa desaparece como tal, convirtiendo sus activos en una actividad de fazón a favor de sus compradores al costo. Con el trabajo a fazón también desaparecerán con ella los puestos de trabajo efectivo.
 La empresa, además, propone que los activos del norte de Santa Fe queden excluidos y se estime su valuación para la venta. Junto a esto propone que los 80 trabajadores administrativos que hay actualmente sean despedidos en su totalidad, ya que por la propuesta de modalidad de fazón la administración quedaría reducida al mínimo.
 Además, propone que los demás trabajadores de la planta queden en la actual situación de transición por 18 meses, sin ninguna seguridad ni expectativa sobre el futuro de sus puestos de trabajo. En una palabra, plantean la fecha del desguace definitivo de la planta del norte. 
 La respuesta del gremio aceitero de Reconquista y de la Federación Aceitera hasta ahora es extremadamente débil Se ha limitado a presentar una carta al juez de la causa -muy cuestionado por su concomitancia con la patronal de Vicentin- para que no acepte la demolición final, pidiendo por los trabajadores administrativos, cuando lo que plantea esta grave situación es la realización de asambleas en todas las grandes aceiteras, una movilización nacional de la Federación y un paro general para impedir que se pierdan los puestos de trabajo, porque primero serán los de Reconquista y Avellaneda y después los del cordón de San Lorenzo. 
 Vicentin es el caso extremo de una patronal amparada por los distintos gobiernos de turno, que le han permitido todo tipo de maniobra fraudulenta. Vicentin sigue el mismo camino de las grandes patronales hoy que despiden, reducen salarios y sobreviven por el rescate del Estado. 
 Basta de subsidiar a las patronales: apertura de los libros de las grandes aceiteras, estatización bajo control obrero de los puertos. Ni un aceitero en la calle. 

 Juan Ferro 
 04/05/2023

Chile: el 7 de mayo vamos por el voto nulo

Organizar la lucha por nuestras demandas urgentes 

 La elección se da en el marco de una crisis económica que golpea a los sectores populares Nos encontramos en la recta final hacia la elección de quienes integrarán el Consejo Constituyente, organismo encargado de revisar el proyecto elaborado previamente por la comisión de expertxs designados por los partidos del régimen. Así, el próximo 7 de mayo, el nuevo proceso de reforma constitucional pactado entre el gobierno de Gabriel Boric y la oposición derechista debe pasar su primer test electoral. Compiten cinco listas: el oficialismo va dividido en dos listas – “Todo por Chile” y “Unidad por Chile”-, la derecha tradicional compite con la lista “Chile Seguro” y por fuera de este esquema están la lista del Partido Republicano y la del Partido de la Gente. 
 La elección se da en el marco de una crisis que golpea a los sectores populares, principalmente, por el alza en el costo de la vida y la inseguridad que se vive en los barrios y poblaciones, ante el avance de bandas narcos y otras modalidades del crimen organizado que proliferaron en los últimos años gracias a la complicidad del Estado. Como ocurrió en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, en esta elección -antes que nada- se plebiscitará al gobierno de Boric y su política de acuerdos con la derecha, que a poco más de un año de asumir se encuentra sumido en un marcado desprestigio ante los ojos de las mayorías laboriosas que han constatado prontamente que ninguna de las promesas de mejoras en las condiciones materiales de existencia será cumplida. Es una campaña atravesada por el clima de angustia y miedo por las penurias económicas y de inseguridad, lo que pretende ser capitalizado por la oposición, sobre todo la ultraderecha. El gobierno no se quedó atrás y ha reforzado el aparato represivo desde lo presupuestario y apoyando leyes que le dan más prerrogativas represivas a las policías. 
 Lo cierto es que las urgencias de las familias trabajadoras no serán resueltas por este gobierno ni tampoco a través del proceso constituyente. Los partidos del régimen se están cocinando en su propia salsa, dejando en evidencia el abismo que los separa con las demandas populares. Este proceso solo les sirve para intentar cerrar el ciclo político que abren las masas movilizadas en el 2019. Pero el malestar popular se ha incrementado, aunque ello no tenga un correlato con grandes luchas. Reflejo de ello es la absoluta apatía de la mayoría de las y los chilenos respecto de las elecciones del 7 de mayo en particular y del proceso constituyente en general que se inició en marzo con la actividad de lxs expertxs”.
 En este contexto, la campaña por el voto nulo llevada adelante por numerosas agrupaciones sociales y políticas nucleadas en el “Comando por el voto Nulo” empalma con el sentir popular que se distancia del proceso constituyente, pese a que desde el Estado y sus partidos recalcan la obligatoriedad del voto. La campaña por el voto nulo debe servir como pronunciamiento del pueblo trabajador contra el régimen y a favor de un plan de lucha por los reclamos irresueltos. Se respira el clima de indiferencia reinante: “A principios de abril, la encuesta Criteria anunció la distancia de la ciudadanía con el proceso. En ese momento, solamente un 31% de los chilenos manifestó estar interesado en el proceso de redacción de la nueva propuesta de Constitución. Algo muy distinto a los registros del proceso anterior (2021), que arrojaron un 60% de interés previo a la elección de convencionales” (El Mostrador 25/4). 
 Considerando este cuadro, polemizamos con los sectores de la izquierda que se reclama revolucionaria que se oponen correctamente al proceso constituyente en curso planteando el voto nulo, con lo que coincidimos, pero… levantan la consigna de una nueva Asamblea Constituyente. ¿Una constituyente soberana y revolucionaria conviviendo con el gobierno de Boric y su rearmado derechista de las fuerzas represivas? ¿Repetir la misma historia de la constituyente armada entre Boric y Piñera? Agitar ahora la consigna de Asamblea Constituyente se traduce en un desvío institucionalista democratizante cuando lo que se impone es la necesidad de impulsar la deliberación obrera y de los sectores populares para levantar un plan de lucha para conquistar las respuestas a nuestras demandas. 
 Necesitamos organizarnos contra las alzas, por salarios y jubilaciones acordes al costo de vida e indexadas por el índice de inflación, por el derecho a la vivienda, a la salud y la educación; por una real nacionalización de los recursos estratégicos para ponerlos al servicio de las necesidades de las mayorías, por la expropiación de las AFP y la plena vigencia de un sistema estatal jubilatorio, por el derecho al aborto. 
 El 1° de mayo estaremos en las calles levantando esta orientación y que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. 

 Olivia Campos

Javier Milei, un asesor confeso de la “casta política”


Su trabajo para referentes de Scioli, Macri y Massa. 

 El candidato presidencial de La Libertad Avanza detalló el martes 2 en el programa “Somos Buenos Aires”, de TN, sus labores de asesoría sobre distintos referentes políticos. 
 En el programa televisivo que conduce Nicolás Wiñazki, el “libertario” apuntó que asesoró a funcionarios ligados a Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. 
 En el caso del ex gobernador bonaerense, asesoró a Guillermo Francos, extitular del Banco Provincia durante esa gestión. Milei formó parte de la Fundación Acordar y presidió una Mesa de Economía.
 En el caso del macrismo, brindó sus servicios a Carlos Melconian, quien fue la cabeza del Banco Nación entre 2015 y 2017. Actualmente, Melconian es una de las principales espadas económicas de Juntos por el Cambio, cultivando lazos tanto con Patricia Bullrich como con Horacio Rodríguez Larreta (La Nación, 26/3). Forma parte del Ieral, un instituto de la Fundación Mediterránea, el cónclave que patrocinó a Domingo Cavallo en los 90 y reúne algunos de los grupos económicos más influyentes del país. Es autor de un plan económico de ajuste que parte del cierre y privatización de empresas públicas. 
 Milei dijo que asesoró también a Guillermo Nielsen, un economista ligado al Frente Renovador (el partido del ministro Sergio Massa) que fue ministro de economía de la gestión porteña de Jorge Telerman y presidente de YPF bajo este gobierno. 
 La coartada de Milei para justificar estas asesorías es que se trataría de las “líneas liberales” de esos partidos. Pero queda en claro así que desplegó su asesoramiento a todas las bandas del régimen político de la “casta” que tanto critica. 
 Hay otro asesoramiento que Milei no mencionó, pero que es de público conocimiento: el del exgobernador y represor tucumano, Antonio Bussi. Esas tareas se extendieron al menos entre 1995 y 1997. 
 Milei no representa una alternativa a la “casta política” sino que siempre estuvo entrelazado con ella y con los grupos empresarios que dominan el país (son conocidos sus lazos con el dueño de Aeropuertos 2000, Eduardo Eurnekian). Las recetas económicas que hoy presenta como una salida a la crisis son las que en gran medida ya se han venido aplicado desde los 90 y que nos han conducido a la presente situación. 
 Para derrotar el régimen de los partidos que han hundido el país, el Partido Obrero en el FIT Unidad plantea echar a los políticos capitalistas y una reorganización económica y social dirigida por la clase trabajadora.

 Gustavo Montenegro

Con el dólar agro, el Banco Central además de divisas pierde pesos

Paga $400 por dólar, financia la fuga y cancela intereses millonarios con el FMI.

 Las reservas del Banco Central están en caída libre, producto de la fuga de capitales bajo toda sus formas, y viene fracasando el objetivo de recomponerlas a partir de concederle al agro un tipo de cambio preferencial. Por lo tanto, dicho beneficio es pura pérdida para la autoridad monetaria. 
 Desde diciembre, las reservas brutas se redujeron en U$S 10 mil millones. El gobierno tenía la expectativa de atenuar este drenaje a partir del dólar agro, lo cual no ocurrió. De los U$S 1.920 millones que lleva liquidado el sector tras el inicio de la medida, el Banco Central solo pudo retener U$S 277 millones (apenas el 14%). 
 Sucede que, además de la venta constante de divisas para achicar la brecha cambiaria, financiando la corrida, ni bien comenzó mayo el BCRA se deshizo de U$S 102 millones para importar energía y de U$S 760 millones para pagarle intereses al FMI. Lo primero es consecuencia del déficit energético fruto de las dilaciones del gobierno para comenzar las obras del gasoducto Néstor Kirchner y de la huelga de inversiones de las petroleras que explotan las cuencas locales. Lo segundo, es resultado de la política de rescate de la deuda del FMI y de sus intereses ultrausurarios. 
 También es cierto que la liquidación tras el lanzamiento del dólar agro resultó menor de la esperada. No solo por la sequía, que incidió fuertemente en que el primer trimestre del año concluyera con un déficit comercial de U$S 1.290 millones, sino también por la especulación de los capitalistas del campo: como el gobierno aceleró el ritmo devaluatorio luego de la corrida, el agro prefiere retener su cosecha a la espera de una suba mayor del dólar oficial; y, mediante el acopio, ejerce presión para que eso suceda. Se trata entonces de una medida muy costosa para el Banco Central porque lo obliga a comprar dólares a $300 y venderlos a $225,70 en el mercado mayorista. 
Se trata de un esfuerzo en vano teniendo en cuenta que no ingresan los agrodólares esperados, se fugan las divisas y el saldo de BCRA termina siendo negativo. Cabe destacar que este fracaso lo pagamos los trabajadores con más inflación, dado que esa ventaja cambiaria implicó hasta el momento una emisión extra de $144 mil millones. 
 Para tomar dimensión del desfalco que significan estas operaciones a pérdida veamos lo que ocurrió el pasado jueves: el BCRA compró U$S 153 millones a $300 y vendió U$S 171 millones a $225,70. Entonces, a fin de cuentas, perdió U$S 18 millones netos y también $7.305 millones aproximadamente, que amplían la emisión de pesos. Por lo tanto, la autoridad monetaria terminó gastando $405 por cada dólar. Finalmente, son las consecuencias ruinosas de pretender salir de la crisis premiando a los especuladores. 
 Por otra parte, las reservas brutas también mermaron como resultado del retiro de depósitos privados en dólares. En los últimos 26 días estos cayeron U$S 1.091 millones, y, mayormente, “pasan de la caja de ahorro a la de seguridad” (El Cronista, 5/5), es decir, no tienen como destino las inversiones productivas. Los capitalistas retiran los dólares de su cuenta debido a la incertidumbre que generan, en primer lugar, un sistema bancario sumamente expuesto a la deuda del Tesoro (con alto riesgo de default) y, a la vez, la insolvencia del BCRA frente a los vencimientos de deuda externa. 
 Hay que cortar con esta sangría que nos lleva directo a la devaluación que destruirá nuestros ingresos. Para eso, es necesario darle el control de la banca y del comercio exterior a los trabajadores, repudiar la deuda externa y romper con el FMI. Solo así podremos concentrar el ahorro del país para direccionarlo a un ciclo de inversiones productivas y a la resolución de las necesidades sociales. 

 Sofía Hart

Quiebra el First Republic Bank y se extiende la crisis bancaria


¿Y por casa como andamos? 

 La crisis bancaria internacional sigue su curso y tras la quiebra del Silicon Valley Bank cae ahora también el First Republic Bank, el segundo mayor banco en quebrar en la historia de Estados Unidos, por detrás de Washington Mutual en 2008. Frente al constante aumento de tasas de interés por parte de la FED, que ha hecho caer el valor de mercado de los bonos públicos que están en poder de los bancos, se desatan corridas bancarias en la que los clientes retiran sus depósitos por miedo a la insolvencia, hasta que la entidad no pudo hacerle frente a esa demanda. En tanto, el gobierno ha llamado a una subasta de emergencia y el banco JP Morgan decidió asumir la compra del quebrado. 
 El dato más notorio es que, después del colapso del SVB, el gobierno estadounidense y la FED armaron un esquema para evitar que más bancos quiebren. El mismo consiste en que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos garantiza el efectivo para que los bancos puedan responder al retiro de los depositantes (tomando créditos cuya garantía son los propios bonos públicos desvalorizados) de manera de despejar temores para desincentivar la corrida. Además, el First Republic había recibido un fondo aportado por los principales bancos Estados Unidos, entre ellos el JP Morgan, de 30 mil millones de dólares. Todo el plan de rescate fracasó. 
 Ahora el Estado yanqui facilitó la compra por parte del JP Morgan, ya que por un lado flexibilizó las leyes que impiden a bancos muy grandes absorber a otros, y por otro porque la Corporación de Seguros se hizo cargo de enormes pérdidas. Desde la quiebra del Silicon Valley hace un mes y medio, ese fondo -que se presenta como el seguro para evitar el colapso del sistema bancario norteamericano- ya perdió más de la cuarta parte. 
 Pero parece que la crisis no termina acá. El PacWest Bancorp está generando preocupación por una posible quiebra. La entidad percibió caídas del 35% en Wall Street tras informar sus ganancias del cuarto trimestre del 2022. Es la confirmación de que estas quiebras no son “casos aislados de bancos en condiciones muy particulares”, como quieren hacer creer algunos analistas, sino que tiene como telón de fondo la desaceleración de la economía mundial y la caída de las tasas de ganancia. 
 Argentina no es inocua a estos cimbronazos y además atraviesa una situación similar. Hoy por hoy, el 70% de los activos bancarios están puestos en títulos públicos, algo que se agrava producto de la política fondomonetarista del gobierno del Frente de Todos -que consiste en financiarse con endeudamiento para evitar la emisión monetaria. Lo más grave es que para adquirir las Leliqs y pases del Central y ciertos títulos del Tesoro (Lelites, etc.) los bancos utilizan parte de los encajes, que es dinero que debería estar inmovilizado en el BCRA como garantía a los ahorristas. 
 Las presiones devaluatorias hacen que los depositantes tiendan a retirar su dinero para correr hacia el dólar. La banca privada, frente a la desconfianza de que el Estado pueda asumir el pago de la deuda por su carácter explosivo, se presenta reticente a entrar en los canjes, lo que ubica al default a la vuelta de la esquina. Esto allanaría el terreno para que los bancos se retiren con los depósitos de los ahorristas y así se generaría un nuevo corralito. 
 Por este motivo se estableció como zanahoria un seguro que obliga al BCRA a salir a comprar los bonos del Tesoro en caso de que caiga su cotización en el mercado, para que los tenedores se desprendan de ellos sin exponerse a las pérdidas. Es una política de rescate parecida a la que puso en práctica la Reserva Federal norteamericana, que de esta manera blinda a la banca de todo riesgo en sus negocios con la especulación financiera. 
 La diferencia es que, para poder rescatar a la banca, en un contexto de permanente aumento de tasas de interés en Argentina, el BCRA tendría que encausar una enorme emisión que empujaría la inflación, incentivaría la corrida cambiaria y pondría en jaque el pago de sus letras, que fueron adquiridas mediante encajes. Así, una crisis de deuda soberana desataría con seguridad una corrida bancaria. 
 La dolarización que propone Milei agravaría el cuadro porque se requiere la dolarización de toda la base monetaria (incluyendo los depósitos) y las deudas expresadas en pesos, para lo cual sería necesario una emisión de bonos en dólares para cambiar toda la deuda en moneda local del BCRA y del Tesoro por títulos con jurisdicción de Nueva York u otros grandes centros financieros. La experiencia ya ha demostrado que los tribunales neoyorquinos han fallado siempre en beneficio de los acreedores y avanzado en el embargo de cualquier bien que esté vinculado al Estado nacional, como sucedió con los fondos buitre, por lo que la dolarización solo aseguraría la profundización total del saqueo. Además, el contexto de crisis financiera y suba de tasas de interés a nivel internacional aleja toda perspectiva de una atracción masiva de capitales a la Argentina. 
 Queda claro que los Estados capitalistas son los que garantizan que los especuladores se la lleven en pala, a costa de enormes penurias para la población. La crisis financiera que azota al mundo promete profundizarse al ritmo de la del fracaso de los regímenes democráticos y del propio derrumbe del capital. La única forma de reorientar este destino es que los trabajadores, que son los que producen la riqueza de cada país, tomen el gobierno en sus manos y echen a todos los políticos capitalistas que nos trajeron a esta debacle. 

 Camila García

Milei, ¿presidente de la casta?


Sin "tropa" propia para las elecciones provinciales. 

 La Libertad Avanza, el espacio político liderado por Javier Milei, acaba de comunicar que le quitará el sello partidario y los recursos de campaña a los armados “libertarios” de casi todo el país. En las elecciones de Neuquén y Río Negro, los representantes del ultraderechista cosecharon menos de diez puntos. Milei no quiere verse débil cuando le toque medirse con el resto de las fuerzas en las elecciones presidenciales de octubre. Con todo, si llega al poder, deberá pactar con toda la casta política. 
 “Los esfuerzos y recursos en términos de fiscalización y comunicación estarán únicamente destinados a las elecciones presidenciales 2023, y los símbolos e imágenes de Javier Milei 2023 y sus alianzas se reservan exclusivamente para esas elecciones”, dice el comunicado. La Libertad Avanza accionaría legalmente contra todos aquellos partidos locales que no respeten la resolución.
 Esto clarifica un problema político clave. En el hipotético caso de que ganara las elecciones presidenciales, al no contar con representantes en las provincias, Milei tendría que gobernar pactando con la casta política de todo el país. En el Congreso debería realizar acuerdos (para hacer pasar una ofensiva contra los trabajadores) con los diputados y senadores que integren las filas de los partidos tradicionales. En los municipios ocurriría lo mismo. Milei se transformaría en la cabeza de otro gobierno más de la casta de burócratas que llevó a Argentina a la bancarrota. 

 Crisis 

Los votos obtenidos por los candidatos “libertarios” en los comicios provinciales realizados no dejaron satisfecho a Milei. Además, su estructura electoral comenzó a sufrir una crisis. En Córdoba, Jujuy y Santa Fe, los sellos locales no pudieron arribar a un acuerdo con Carlos Kikuchi (exasesor de Domingo Cavallo), quien es el armador de Milei. Reinan las disputas internas. 
 Javier Milei solo estaría dispuesto a ir hacia un acuerdo electoral con partidos provinciales si las candidaturas principales quedaran en manos de elementos que estén en condiciones de conseguir una cantidad más o menos aceptable de votos. 
 No obstante, en las elecciones que tendrán lugar en La Rioja, el diputado “libertario” respetará su acuerdo con Martín Menem. En Tucumán, donde la población irá a las urnas el próximo 14 de mayo, Milei respaldará la candidatura de Ricardo Bussi, hijo del exdictador genocida Antonio Bussi. 
 Al parecer, el ultra decidió jugarse todo en las elecciones presidenciales. No quiere perder la fuerza que ha venido ganando en los últimos tiempos. El desdoblamiento del calendario electoral en 17 provincias podría jugarle a favor, ya que no se vería perjudicado por el arrastre de los caudillos locales de los principales partidos del establishment, aunque esto también lo haría más dependiente de ellos. 
 La única fuerza que no transa con la casta política capitalista y que defiende realmente a los trabajadores es el Frente de Izquierda Unidad. 

 Nazareno Suozzi

Brasilia no está para el mangazo

La peregrinación de Fernández-Massa y Scioli.

  La información acerca de lo acordado entre la extensa delegación de Argentina y el gobierno de Lula, que se reunieron ayer en Brasilia, es claramente confusa. Alberto Fernández subió al avión a un elenco político donde se destacan dos precandidatos a la Presidencia -Massa y Scioli- y la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, que pretende inmiscuirse en el top de la lista bonaerense del FdT, al menos para la vicegobernación. 
 La razón ostensible del viaje ha sido obtener un crédito del gobierno brasileño, en reales, equivalente a 15.000 millones de dólares. Argentina podría importar bienes de Brasil a plazo, sin la necesidad de utilizar dólares. El tema se viene tratando desde enero y nada indica que se hayan logrado salvar los obstáculos para concretarlo. El problema es que Argentina no ofrece garantías adecuadas de devolución del préstamo, lo cual hace temer a un ‘calote’, como se denomina en la jerga brasileña al default. El gobierno de Brasil no sólo tiene atadas las manos por este motivo, ya que adicionalmente está bajo la tutela del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil, empeñado en mantener una altísima tasa de interés real de 8 puntos encima de la inflación. Deberá prestar caro o subsidiado. Estas dificultades han determinado un desplazamiento de importaciones de Argentina de Brasil hacia China, la cual ha extendido un canje de monedas entre el peso y el yuan en el orden de los 5 a 10.000 millones de dólares. Los exportadores brasileños están que trinan, pues pone en crisis, entre otras cosas, el comercio compensado de autopartes y automotores entre los dos países. Cristiano Ratazzi, el mandamás de Fiat, ya ha insinuado que votaría por Milei. 
 El presidente Lula ha intentado disimular el impasse con la propuesta de que el Banco Asiático de Desarrollo, que pilotea China y reside en Shanghai, abra una cuenta especial para Argentina. Para eso habría que modificar un artículo de los estatutos del Banco. Lula reveló, asimismo, que discutió con Xi Jinping el default de Argentina y que habrían llegado a un consenso para intervenir en la crisis. China está empeñada en firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que sería inviable si Argentina no sale de la cesación de pagos. Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay, se acaba de declarar un apasionado partidario de un libre comercio con China, a pesar de que Paraguay no tiene relaciones con Pekín, sino con Taiwán. Debe ser por eso que algunas publicaciones porteñas caracterizan a la victoria de Peña como una derrota política de Biden. 
 Un giro de Argentina hacia China, para zafar de lo que Lula llamó “el cuchillo en el cuello” del FMI en Argentina, no es sencillo. Ocurre que China no se somete a las reglas del FMI para resolver crisis de deudas públicas y defiende el pago del ciento por ciento de los créditos que otorga. La deuda pública se encuentra representada, en la mayor parte del mundo, en la forma de títulos y bonos que se transan en mercados financieros. No es lo que ocurre con los créditos de China, que son comerciales y en su mayor parte de origen estatal o garantizados por el Estado. Visto de este modo, un ‘socorro’ como el que propone Lula aceleraría aún más una corrida cambiaria contra el peso. El default de Argentina es escenario de una pelea política internacional. En las naciones de África que han entrado en cesación de pagos no se ha logrado reestructurar la deuda pública por las divergencias, precisamente, entre el FMI y China. Para aceptar reestructuraciones de deuda, China ha reclamado que las deudas con el mismo FMI sean objeto de descuentos. La crisis ha llevado a Biden a ordenar la formación de un comité especial para proponer una reforma del FMI que involucre el compromiso de China. Misión imposible. 
 De acuerdo al FMI, hay 35 naciones en situación de default; la crisis de deuda pública es mundial. Esta crisis ha contaminado al sistema bancario, cargado de títulos de deuda que pierden valor. Por eso ha quebrado el First Republic, que Biden decidió regalar al JPMorgan-Chase. Estados Unidos, con una deuda pública de 31 billones de dólares, un 130 % del PBI norteamericano, se encuentra en el pelotón principal. Esto ha desatado una crisis política en torno a la necesidad de un violento ajuste fiscal y monetario. 
 El capital enfrenta el desafío de descargar esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores, que ya se encuentran agobiados por la precarización laboral de las últimas décadas, por los golpes económicos sufridos en la pandemia, por la inflación y, ahora, por una guerra mundial (se enfrentan las grandes potencias) que entra en una fase de alcances imprevisibles a partir de la llamada ‘contraofensiva’ planeada y equipada por la OTAN. 
 El desmoronamiento de Argentina no es una excepción, sino la forma extrema internacional de la regla. 

Jorge Altamira
 03/05/2023

martes, 2 de mayo de 2023

#1M | Gran acto obrero e internacionalista en Plaza de Mayo del FITU

Discurso de Jorge Altamira en el Acto del 1° de Mayo

CFK propone un “cupón superávit comercial” para seguir pagando al FMI


Un negocio redondo para el organismo. 

 En su reciente discurso, Cristina Kirchner volvió a hacer demagogia anti FMI para desvincularse de su responsabilidad en las graves consecuencias sociales que genera el acuerdo, pero sin plantear un rumbo alternativo. A su vez, propuso que el pago de vencimientos esté atado al superávit comercial del país, lo cual implicaría un enorme negociado a futuro para el organismo. 
 Allí expresó que “es necesario revisar ese acuerdo con el FMI” puesto que “es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática en todos los países”. “El principal causante de la variación del precio es la variación del dólar” agregó.
 En primer lugar, el planteo de CFK es una estafa porque sabe perfectamente que no hay posibilidades de imponerle condiciones al Fondo si no se está dispuesto a romper con él, algo que el kirchnerismo descarta de plano. Muestra de ello es la negativa constante del organismo frente a los pedidos del gobierno de reducir la sobretasa o modificar las metas fiscales debido a la sequía. 
 Por otro lado, mientras la vicepresidenta denuncia los efectos inflacionarios del acuerdo fondomonetarista, tiene a funcionarios de su riñón político aplicando la suba de tarifas que exige el FMI, como es el caso de Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, responsable de fijar los aumentos en la boleta de gas. La impostura no podría ser mayor. 
 A su vez, reivindica la venta de dólares del Banco Central como mecanismo para contener la brecha cambiaria por sobre el sendero devaluatorio que reclama el Fondo en función de conservar las reservas. Es decir, defiende que el BCRA siga dilapidando divisas en financiar la corrida cambiaria (agravando las expectativas devaluatorias), en lugar de plantear una transformación profunda que permita detener tamaña sangría y preservar el ahorro nacional. 
 También es necesario remarcar que está describiendo las consecuencias inflacionarias de la suba del dólar la misma persona que devaluó el peso un 23% en el 2014 cuando era presidenta, como resultado de la bancarrota del BCRA tras haber destinado sus dólares al rescate de la deuda externa fraudulenta. 
 Ahora bien, el relato anti FMI se derrumbó cuando propuso que “queremos que lo que se pague esté atado al superávit comercial”, lo cual podría significar un negocio redondo para el Fondo una vez que finalice la sequía que afecta las exportaciones del agro y disminuya el déficit energético luego de que se inaugure el Gasoducto Néstor Kirchner. 
 Esa artimaña nos trae reminiscencias del megacanje del 2005, que fue presentado por el kirchnerismo como una negociación exitosa para el país debido a la quita obtenida, cuando lo cierto es que los acreedores que ingresaron terminaron cobrando más del 100% del valor nominal de sus bonos gracias al cupón PBI que les otorgó el gobierno de Néstor Kirchner como incentivo, a pesar de haber adquirido esos instrumentos a precios de remate luego del default del 2001.
 Así las cosas, CFK valida que el saldo favorable del comercio exterior se siga yendo por el sumidero de la fuga de capitales, en este caso, a engrosar los bolsillos del FMI. Esa orientación explica que se hayan evaporado los U$S 34.191 millones de superávit comercial acumulado entre 2020 y 2022 y hoy estemos atravesando una crisis cambiaria de enorme envergadura. 
 Como vemos, la de Cristina Kirchner fue una “clase magistral” de cómo no sacar los pies del plato del programa del FMI y “vender humo” para desmarcarse del ajuste del gobierno del cual integra como vicepresidenta. No necesitamos que nos venga a hacer un diagnóstico de los perjuicios del rumbo oficial, para encubrir que ella lo apoya. Solo una intervención obrera y popular con un horizonte revolucionario puede acabar con el saqueo capitalista. 

 Sofía Hart

La inauguración de la Feria del Libro 2023


Los discursos y los debates. 

 La Feria del Libro 2023 se inauguró este jueves 27 en el predio de la Sociedad Rural con discursos a cargo de autoridades, invitados y del escritor Martín Kohan. 
 En su intervención, el ministro de cultura de la Nación, Tristán Bauer, celebró la derogación de la ley de caducidad por parte del Parlamento y denunció al gobierno de Mauricio Macri por la aprobación de esa iniciativa en 2017. La norma en cuestión apuntaba a liquidar, a partir de 2023, la asignación automática de fondos a entes de la cultura.
 Sin embargo, el ministro omitió decir que los legisladores del justicialismo votaron a favor de esa ley en 2017. Su derogación en 2022 no responde a la buena voluntad del gobierno sino a que los trabajadores de la cultura se pusieron en pie, con grandes movilizaciones. El gobierno que integra Bauer desenvuelve una política de ajuste, a cuenta del FMI, que empobrece a las masas y afecta la educación y la cultura.
 Su par porteño, Enrique Avogadro, hizo un llamado a la “palabra”, el “diálogo”, y reivindicó los 40 años de democracia, mientras los gobernadores de Juntos por el Cambio reprimen la protesta social y esa misma coalición se adentra en tratativas para sumar al facho José Luis Espert.
 El discurso principal estuvo a cargo de Martín Kohan, quien concentró su intervención en una revalorización del lector. “La provisión de autores para la literatura contemporánea está cubierta, y hasta podría decirse que con creces” -ironizó. “El asunto son los lectores, y los lectores para esa cantidad de autores, ahí donde el deseo de escritura se afirma como deseo de lectura, como deseo de ser leído, y no tan solo de verse impreso, del nombre en la tapa”. En vez de una feria dedicada a la exhibición de novelistas y poetas, postuló el intercambio y diálogo. Completando el lema histórico de la feria: “del autor al lector”… y “del lector al autor”.
 Kohan además hizo referencias puntuales a la grieta entre explotadores y explotados, el mercado, la “estética dominante” y el “aparato represivo”.
 Si el discurso de Guillermo Saccomanno en 2022 sacudió las estanterías por su abierto cuestionamiento a la realización de la feria en instalaciones de la oligarquía agroganadera; al incremento de la pobreza; al oligopolio del manejo del papel; y a la explotación de los escritores que apenas reciben el 10% del precio de tapa de sus libros, Kohan defendió en cambio la aproximación sigilosa del caballo de Troya que se instala en las tierras del enemigo. “Ninguna torre de marfil, ningún paso a la ofensiva”, sintetizó en el tramo final. 
 Estas excesivas precauciones, más allá del gran nivel de su discurso, dejan un sinsabor, especialmente en una Argentina que se incendia, entre la devaluación, la inflación y la pobreza. Es un dato que Clarín haya celebrado que se trató de una de las inauguraciones más respetuosas de los últimos tiempos. 
 La Feria continuará hasta mediados de mayo. Participan escritores locales y algunos extranjeros, como el español Arturo Pérez Reverte, que ha publicado una novela titulada “Revolución” que tiene como escenario la gesta mexicana de las primeras décadas del siglo XX. Habrá actividades por el centenario de “Fervor de Buenos Aires” de Jorge Luis Borges. 
 En la Feria se presentará también el 6 de mayo el libro “Por qué fracasó la democracia”, de Gabriel Solano, precandidato del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que aborda en forma polémica los últimos cuarenta años de historia y lucha política.

 Gabriel Martinez

La peligrosa victoria que Milei ya ha obtenido


Milei se asume como representante de “lo moral” para acusar a los otros de “impuros” y “delincuentes”. En una típica operación del populismo de derecha, postula una división de la sociedad en dos campos entre los llamados “argentinos de bien” contra los “delincuentes”, al igual que realizaba Bolsonaro. “¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes?” le respondió a la pregunta de la periodista Jessica Bossi sobre la libre portación de armas que propone.

 Conforme nos acercamos al momento electoral, crece la figura de Milei en las encuestas. La crisis económica, política y social que vive la Argentina, presenta similitudes con situaciones que han llevado al ascenso de políticos de extrema derecha en otros países, como Bolsonaro y Trump. Éste fenómeno se inscribe en un movimiento internacional en el cual Milei encuentra inspiración, que tiene como referencias el ala trumpista del Partido Republicano, el bolsonarismo y el partido español Vox. 
 Los permanentes cortocircuitos en la relación entre Alberto y Cristina reforzaron junto a la crisis económica el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía. Esto ha sido hábilmente explotado por el economista neoliberal con sus críticas a aquello que denomina como “la casta”. De hecho, cuanto peor la crisis, el aumento de la inflación y el deterioro económico, más oportunidades tiene Milei. 
 Así como en 2001 se vivía una situación de crisis que fue protagonizada por una alianza coyuntural entre movimientos sociales, asambleas y clases medias que puso en jaque al neoliberalismo; en 2023 estamos viviendo un “2001 de la derecha”. Es decir, un desorden institucional, político y económico que sólo tiene oportunidad de ser canalizado con un ajuste, demandas punitivas y una reducción de la presencia estatal. 
 En este clima se ha colado el debate sobre una “dolarización”, instalado por Milei en los principales medios de comunicación. “Existe un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales: la hiperinflación” decía varios años atrás Perry Anderson. La crisis genera una desaparición de las posibilidades de planificar el mediano plazo, reemplazado por una subsistencia bajo amenaza en la población, y las fuerzas de la extrema derecha cosechan sobre esa desesperación. 
 Milei representa una agenda neoliberal revisitada con agregados de la nueva “far right” promovida por empresarios argentinos. Vale la pena observar cómo fue aplaudido en la Sociedad Rural, cuando dijo a los productores agropecuarios que “aquellos que les cobran retenciones son sus enemigos”. El presidente de la Sociedad Rural precisó: “Es un candidato que ha manifestado que entiende que las retenciones son un pésimo impuesto y que hay que sacarlas inmediatamente”. 
 Poco se habla del apoyo que tiene Milei en los medios de comunicación, un aspecto imprescindible para su ascenso. Si Myriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda, tuviera el 30% del espacio que tiene Milei en los medios, seguramente estaríamos hablando de otro escenario electoral. 
 Uno de los principales promotores de su figura es Eduardo Eurnekián. Este empresario de origen armenio es uno de los dueños de América TV y también de la empresa en la que trabajó Milei muchos años, Corporación América. También, ha promovido reuniones con empresarios para que lo apoyen. A su vez, en A24 el periodista Trebucq y en La Nación + Jonatan Viale, buscan naturalizar a la extrema derecha. MDZ online, un nuevo medio con aspiraciones de crecimiento, lo cobija con notas favorables. Viviana Canosa, que alentaba a los “jóvenes libertarios” al presentar el libro del economista en la Feria del Libro, lo promueve desde hace tiempo. 
 Una situación similar sucedió en Brasil, donde a medida que crecía Bolsonaro, distintos sectores del empresariado agropecuario y el establishment iban mostrando aceptación hacia su figura. Así, se establece una corriente que lleva a los empresarios a ver en su candidatura un instrumento para hacer retroceder las perspectivas que defienden la intervención del Estado en la economía. 
 No casualmente, Milei señala que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia, y dentro de su armado político se encuentran personas vinculadas a la familia del expresidente, como Martín Menem. Cuenta también con el apoyo de Carlos Ruckauf y Domingo Cavallo, que a partir de esta profunda crisis económica vuelve a tener peso mediático.
 Sin embargo, no estamos ahora frente a un contexto de hegemonía neoliberal como durante el Consenso de Washington, sino frente a una propuesta de “neoliberalismo zombie” como diría García Linera. Con el agregado de que esta vez se propone para su implementación una salida autoritaria al estilo bolsonarista, disfrazada de rebeldía. 

 ¿Un mesías?

 Milei ha dado muestras de mesianismo al identificarse con la figura de Moisés: 
 «Mi máxima referencia, a quien continuamente hago referencia. Moisés (…)podría haber ocultado que quería liberar al pueblo judío, seguir teniendo esa vida maravillosa, asumir como Faraón y ahí sí liberar al pueblo judío. ¿Siendo faraón quién le iba a negar liberar al pueblo judío? Pero no eligió eso: se fue con el pueblo, se convirtió en un esclavo más, fue apresado y lo pusieron ante el Faraón. Le repitió que es judío y le exigió que liberen al pueblo judío (…) Si vos lo miras el resultado podía ser el mismo, pero no son iguales, porque uno estaba basado en una mentira y el otro en la verdad. Cuando te hago el planteo moral, no es casual. La argumentación es moral, mi elección de ser liberal no es utilitarista, es un valor moral» 
 El mesianismo propio de su figura lo ha llevado a hacer afirmaciones como aquella de Bogotá en 2022, cuando se proclamaba “presidente de Latinoamérica”. Su capacidad expositiva y de desarrollo conceptual, por momentos incomprensible para la gran masa, se revitaliza con los ataques a la “casta política” y los “delincuentes” en defensa de los llamados “argentinos de bien”. Utiliza sus conocimientos en materia económica para proponerse como solución a la crisis. 
 Milei se asume como representante de “lo moral” para acusar a los otros de “impuros” y “delincuentes”. En una típica operación del populismo de derecha, postula una división de la sociedad en dos campos entre los llamados “argentinos de bien” contra los “delincuentes”, al igual que realizaba Bolsonaro. “¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes?” le respondió a la pregunta de la periodista Jessica Bossi sobre la libre portación de armas que propone. 
 En definitiva, más allá del resultado de esta elección, debemos asumir que la extrema derecha tiene un líder y presencia relevante en el escenario argentino. Esa victoria, que representa un cambio fundamental en nuestra cultura política, Javier Milei ya la ha obtenido. Desde ahora, vamos a tener que convivir con eso.

 Ariel Goldstein. Investigador Adjunto del Conicet. Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

Independiente: la colecta popular de Maratea para rescatar a la gestión macrista del club

El youtuber Santiago Maratea, conocido por organizar colectas a través de las redes sociales para distintos fines, lanzó el jueves pasado una colecta para rescatar la deuda de Independiente y levantar las inhibiciones internacionales que pesan sobre el club. La iniciativa de Maratea contó con el respaldo de Pepé Santoro, histórico arquero del rojo, y se lanzó en una conferencia de prensa desde las instalaciones del club. El objetivo de la colecta es recaudar alrededor de 23 millones de dólares, que al dólar oficial significan unos 4.500 millones de pesos. El 5% se lo quedará Maratea, en concepto de "gastos del fideicomiso". 
 En caso de reunir los 23 millones de dólares, el dinero deberá pasar por fuera de la Tesorería del club, para que no sea destinado a pagar otras deudas por fuera de las internacionales – la deuda total de Independiente es bastante superior. En caso de recolectar más, el excedente sería destinado a las inferiores y otras necesidades del club. El eje de la colecta es que nadie más que Maratea tenga manejo de los recursos recaudados. El influencer, como en otras colectas, apela a la imagen deslucida de "la casta" de políticos del club para fomentar la recaudación.
 La colecta de Maratea ha movilizado a decenas de miles de hinchas del Rojo, juntando arriba de 500 millones de pesos en apenas dos días, mostrando el arraigo popular de la hinchada del rojo y la predisposición del hincha a aportar para salvar a su club. Los jugadores, figuras e hinchas destacados del club han salido a promover la campaña. Incluso figuras de otros clubes, como José Chatruc, salieron a bancar la colecta y a aportar dinero. 

 Quiebra moyanista, crisis del macrismo 

El marco político de esta campaña financiera es la crisis de la nueva conducción y la renuncia de Fabián Doman a la presidencia después de apenas seis meses de gestión. El agravamiento de la crisis económica, la falta de resultados futbolísticos y la división de la Comisión Directiva desbordaron al novato presidente del CAI. La salida de Doman se produjo luego de que denunciara penalmente por defraudación a la anterior Comisión Directiva del club, encabezada por Hugo Moyano, lo que hizo tambalear a su propia comisión, compuesta, en buena parte, por los propios moyanistas. El pago de la deuda a través de la campaña que pilotea Maratea podría incluso desarticular la denuncia contra el clan Moyano. 
 La caída de Doman también expresó el fracaso del fideicomiso de inversiones que desde el armado del PRO se habían comprometido a organizar. La salida del mediático conductor parece haber destrabado ese armado: el presidente interino, Néstor Grindetti, apunta a convertir a Independiente en una plataforma de inversiones de negocios y, de paso, intentar emular a Macri, que pasó de la presidencia de Boca al Gobierno de la Ciudad, en este caso, para hacerse de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hay hechos que muestran un respaldo a esta línea: Independiente pasó, con Doman, de quedarse sin director técnico, a que Grindetti lograra contratar en cuestión de horas al “ruso” Zielinski, un técnico considerado de élite. 

 Un salvataje popular (a los capitalistas)

 La gestión de Maratea y Pepé Santoro apunta a dejarle a la nueva dirigencia, encabezada por el PRO, un club saneado por los hinchas. Para ello, según declaró en una conferencia de prensa, apunta a "pagar una por una todas las deudas del club, de mayor a menor; la primera es la contraída con el América de México". La Comisión Directiva no se mostró en ningún momento junto al youtuber, pero sí salieron a saludar públicamente la iniciativa desde Zielinski hasta Ritondo y Grindetti. 
 Varios medios deportivos han aprovechado la colecta para instalar el debate sobre la necesidad de un gerenciamiento capitalista de los clubes de fútbol. "¿Que pasa si alguien quiere poner los 20 millones de dólares pero se quiere quedar a gestionar el club?", se preguntaban en un debate en Radio Continental. Los clubes de fútbol han devenido en sociedades anónimas en las principales ligas de fútbol del mundo. La quiebra de una institución gigantesca cómo Independiente es, para los capitalistas, una oportunidad para colocar la privatización de los clubes argentinos en la agenda. 

 Pablo Busch 
 29/04/2023

lunes, 1 de mayo de 2023

"A Milei solo lo puede combatir la izquierda" // Gabriel Solano en C5N

"CFK, una defensa "magistral" del ajuste de Massa". Marcelo Ramal, 28/4/23

El color verde del fracaso y el derrumbe nacional


El color verde dominó la semana. No fue por el avance en la defensa del ambiente (y mucho menos en el Amba que debió respirar aire viciado por un incendio en Uruguay). El tema central fue la corrida cambiaria que llevó a que el dólar arañara los 500 pesos el martes 25. 
 El significado de la corrida es profundo porque revela el fracaso no de un ministro o un presidente sino de todo el régimen. Resultado de las presiones por proceder a una fuerte devaluación, la corrida agudizó la crisis política, como señalamos en nuestro editorial, porque golpea al centro del gobierno (o lo que queda de él) que es el “superministro” Massa. Este apeló a una serie de medidas que golpean aún más las escasas reservas (incluso cuando hay cada vez más evidencias de que se están usando los dólares de los encajes con lo cual se abonan las condiciones para una corrida bancaria). Pero sobre todo, Massa le dio un nuevo empuje a la fuga de capitales, mientras negociaba un mayor endeudamiento con el FMI y los organismos de crédito internacionales y permitía los negociados con la brecha cambiaria. Las preguntas que abundan (dónde termina esto, qué va a pasar, habrá hiperinflación) son abordadas por el equipo de redacción de Prensa Obrera a través de un artículo de Iván Hirsch.
 El operativo de rodear a Massa para salvar al gobierno y no precipitar su caída cuando todavía no está armada una sucesión se puso en marcha. La CGT ya había invitado al ministro a un acto el 2 de mayo (para conmemorar el 1°), se movió en ese sentido en un acuerdo con la embajada yanqui y sus visitas, como desarrolló Néstor Pitrola en su articulo. Pero fue más allá y junto a sectores de la Utep fueron a dar su apoyo explícito al ministro, que los instó a no presionar con los reclamos de aumentos de salario o ayuda social.
 Cristina Fernández de Kirchner no se quedó atrás y en su “clase magistral” en La Plata respaldó a Massa y sobre todo las medidas con las que salió momentáneamente adelante, es decir, bancó la fuga de capitales. Los que fueron a buscar que Cristina les dijera que iba a ser candidata se fueron con las manos vacías. El discurso de más de una hora fue un verdadero acto de autoincriminación como señaló Gabriel Solano en un comunicado. Allí la vicepresidenta “tiró” una línea que refrita el viejo cupón PBI que le permitió a los buitres hacer fuertes ganancias con la renegociación de la deuda en el gobierno de Néstor Kirchner y a costa del país. 
 Cristina decidió salir con los tapones de punta contra el liberfacho Milei, se ve que quiere subirlo al ring para obstaculizar un crecimiento de Juntos por el Cambio, es decir, una maniobra electoral. En el medio de la corrida la propuesta de la dolarización se colocó nuevamente en el centro del debate. El rechazo a la misma por parte del “establishment” no le quita que las víctimas principales de la misma van a ser los trabajadores y la inmensa mayoría de la población. Estos días aparecieron varios informes que revelan que esto es lo que sucedió en los países en que se aplica como Ecuador, Panamá o El Salvador, y que lejos de traerles estabilidad fue un factor de dislocamiento de la economía y no pudieron salir de la tutela del FMI. 
 Un dato interesante que liga a Milei con Cristina es que uno de los teóricos de la dolarización que dan letra a Milei, Emilio Ocampo (citado por CFK en La Plata), fue el que negoció en 2010 con ella a través de Boudou y Massa el acuerdo con los que habían quedado fuera del canje, que fue un verdadero negoción para los buitres. Como dice la vice: “todo tiene que ver con todo”. 
 Lo cierto es que Milei está explotando a su favor el descrédito y rechazo a las fuerzas políticas tradicionales y aprovecha para meter el conjunto de sus planteos. En estos días entró su propuesta para educación consistente en un programa de “vouchers”, Solano le contestó que eso va a terminar de destruir la educación pública. Si se presta atención se puede ver que Milei es un hombre de la “casta” que tanto dice repudiar. Ya declaró que su primer viaje como presidente, de ganar, será a Israel. Lo mismo que hizo Alberto por indicación de Cristina, y como lo ha hecho el 90% de los políticos capitalistas de este país. 
 Mientras la CGT, CFK y la embajada yanqui sostienen a Massa y su ajuste para evitar que el gobierno eclosione antes de tiempo y que irrumpan los trabajadores, estos hacen esfuerzos para sostener sus reclamos y sus condiciones de vida. Es el caso del movimiento piquetero con su multitudinaria marcha de antorchas que exige que se vaya Tolosa Paz, la ministra que ejecuta el ajuste contra los más pobres. O los reclamos por el salario en las luchas de los docentes de varias provincias con sus paros como en Buenos Aires, CABA, Santa Cruz, etc. O los docentes universitarios por el salario y en el caso de la UBA en defensa de la obra social. O los de Coca Cola en Salta que fueron brutalmente reprimidos. 
 Con las presentaciones del libro de Gabriel Solano Por qué fracasó la democracia colocamos en el centro del debate la necesidad de terminar con un régimen que es responsable del derrumbe nacional. Estamos dando mayor impulso a nuestra campaña para poner en pie una izquierda que asuma el desafío de organizar la intervención de los trabajadores e impedir que la derecha se apodere de la bronca popular para utilizarla contra el propio pueblo. 
 on esa perspectiva nos movilizamos este 1° de Mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, a todas a las plazas del país y a colmar la Plaza de Mayo. Será a las 15 hs. Allí los esperamos. 
 Buen domingo. 

 Eduardo Salas

Uruguay: el gobierno impone la reforma jubilatoria


En medio de un paro general y una movilización de repudio, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el martes 25 una reforma previsional que eleva la edad de retiro de 60 a 65 años, rebaja los haberes (debido a un nuevo método de cálculo) y obliga a todos los trabajadores a afiliarse a las Afap (administradoras privadas), entre otros puntos perjudiciales. 
 El proyecto se aprobó con el voto favorable de la coalición oficialista. El Frente Amplio votó en contra de la iniciativa en general, pero apoyó en el debate en particular algunos artículos de la norma que consideró progresivos. A la vez, en el debate en la comisión especial de ese cuerpo, se hicieron algunos cambios a la norma original: que las Afap no puedan invertir los aportes en el exterior, y tomar para el cálculo de haberes los mejores 20 años de labor, en lugar de los mejores 25 (actualmente se considera los últimos 10 años o los 20 mejores, según elección del trabajador), a pedido del Partido Colorado y Cabildo Abierto, socios del presidente Luis Lacalle Pou.
 El proyecto aprobado vuelve ahora al Senado, donde será ratificado por la mayoría oficialista. Luego de ello, Lacalle Pou puede promulgar la ley. 
 La elevación a los 65 años se irá aplicando en forma paulatina. Los nacidos en 1975 ya se retirarán a esa edad, en tanto cuenten con 30 años de aportes. Se mantiene la jubilación a los 60 (con 30 años de aporte) para algunas actividades con “alto grado de esfuerzo físico” (como rurales y construcción). 
 El sistema previsional uruguayo es mixto. Los trabajadores aportan al estatal Banco de Previsión Social (BPS) y pueden o deben (si ganan más de 71 mil pesos uruguayos) aportar también a una administradora privada. 
El aporte obrero es del 15% del sueldo (el doble que el aporte patronal, ya que se duplicó durante el gobierno del Frente Amplio). Con los cambios establecidos ahora, todos los trabajadores, sin importar su salario, deben afiliarse a una Afap. Un nuevo negocio para la jubilación privada. 
 La reforma jubilatoria despertó de entrada un amplio rechazo de la población trabajadora uruguaya, pero el gobierno de Lacalle Pou logró abrirse paso debido a la política conciliadora del Frente Amplio (FA) y la dirección del PIT-CNT, la central sindical charrúa.
 El asunto estaba en agenda desde fines de 2021, cuando una comisión de “expertos” formuló el texto de reforma, a pedido del presidente. En mayo de 2022, la presentó a representantes de su coalición. A fines de julio, la dirección del FA recibió en su sede al mandatario, que entregó la propuesta por escrito. El dirigente de la coalición opositora, Fernando Andrade, prometió entonces “tratar el tema con responsabilidad” (Página 12, 2/8/22) y convocó su propia comisión de expertos. 
 Mientras el gobierno avanzaba a paso firme, el FA planteó que era necesaria “otra reforma”, un llamado infructuoso a la negociación. Ya en ocasión del debate de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la conducción del FA había reprochado al Ejecutivo la falta de normas consensuadas. “Nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad”, sostuvo entonces Andrade (El País, 23/3/22). 
 Recién en noviembre de 2022, cuando el asunto se discutía ya en el Senado, la dirección del PIT-CNT convocó la primera medida de fuerza. Entre esa fecha y el último paro, fueron tres los ceses de tareas con movilización, dos de ellos de carácter parcial. En el parlamento, en tanto, los dirigentes sindicales hicieron un llamado al “diálogo social”. 
 Con la norma ya aprobada en las dos cámaras, dirigentes del PIT-CNT afirmaron que examinan la viabilidad legal de un plebiscito o referéndum de derogación (para cuya convocatoria se requeriría la recolección de firmas de una parte del padrón electoral), pese a que aún está fresco el recuerdo de la derrota en el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC), una norma ómnibus de Lacalle Pou que cercenó el derecho de huelga, reforzó las atribuciones de la policía y avanza en el ajuste fiscal.
 Para derrotar las políticas de ajuste y ataque a las libertades democráticas de Lacalle Pou, empezando por la reforma previsional, la cuestión primordial pasa por organizar un plan de lucha progresivo, abandonando la línea de contemporización con el gobierno. 

 Gustavo Montenegro