Uruguay: un gobierno jaqueado por escándalos vota una reforma jubilatoria antiobrera

El Senado de Uruguay acaba de votar la reforma jubilatoria enviada por el gobierno de Lacalle Pou, el que ingresará a la cámara de diputados a mediados de febrero. El gobierno espera completar la aprobación de la ley a mediados del año 2023. La reforma consiste en incrementar la edad de retiro de los trabajadores a los 65 años, mientras que rebaja la fórmula de cálculo de las futuras jubilaciones y al mismo tiempo obliga a todos los asalariados a volcar parte de sus aportes a una administradora previsional privada (AFAP). Es un triunfo parcial para un gobierno que viene en caída en las encuestas de opinión pública, luego de diversos escándalos y golpes políticos sufridos en el curso del año 2022. Hay que recordar que el año comenzó con un referéndum en torno a una “ley de urgente consideración” (LUC) que intentaba generar un marco para un ataque al movimiento obrero; a fines de marzo el gobierno logró evitar la derogación de 135 artículos de esa LUC por un escaso 1%. Tras la votación, Lacalle Pou proclamó que iría por la reforma de la seguridad social, buscando alinear a todos los partidos de la coalición derechista, que vacilaban al respecto. El referéndum se dio en un marco de apoyo prácticamente unánime a Lacalle por parte de las distintas fracciones burguesas, en una situación de boom de exportaciones a China y con precios internacionales record para los productos agropecuarios. Sin embargo, el año culmina con un enlentecimiento de la economía, especialmente de las exportaciones, un estancamiento en la producción y crecientes quejas por el llamado “atraso cambiario” (demandas de devaluación de la moneda, que se ha apreciado frente al dólar). Algunas fracciones de la pequeña burguesía (como el grupo “Un solo Uruguay”, en el que se organizan pequeños comerciantes y productores rurales) han tomado un talante crítico respecto al gobierno, que se manifiesta incluso en la oposición de USU a la reforma jubilatoria. “Un solo Uruguay” había ganado la elección del representante empresarial en el Banco de Previsión Social (BPS) contra todas las grandes cámaras patronales –pese a que el Frente Amplio le había dado su apoyo a la lista del gran capital. En términos generales se mantiene un apoyo al gobierno de parte de la mayoría de la clase capitalista (una reciente encuesta del semanario Búsqueda entre altos ejecutivos y empresarios determinó que un 73% apoyaba la gestión del gobierno). La coalición derechista que triunfó en 2019 es muy heterogénea –expresa las contradicciones y las disputas intercapitalistas– pero ha logrado mantenerse unida al menos hasta ahora. Más allá de algunos amagues de disidencia del partido Cabildo Abierto (liderado por el ex Comandante del Ejército Manini Ríos), y de una profunda crisis en el Partido Colorado, todos los socios derechistas apuntan a mantenerse unidos al menos hasta las elecciones e incluso especulan con la posibilidad de presentarse en 2024 en forma unida en un “lema electoral” común (aunque no es muy probable). Se podría decir más que nunca que no los une el amor sino el espanto. La aprobación de la reforma jubilatoria es precisamente un mandato del capital financiero y de la burguesía de conjunto, que demanda se destinen más recursos del Estado a garantizar el pago de la deuda externa y a los subsidios a los capitalistas. Lacalle Pou ha logrado en plena pandemia reducir el gasto estatal y el déficit de las finanzas públicas, ganando el aplauso del FMI. Sin embargo, el gobierno y en particular el presidente Lacalle han sido duramente golpeados por episodios de corrupción, en particular el descubrimiento de que el jefe de la custodia presidencial lideraba una banda criminal desde la propia casa de gobierno –y con fuertes ramificaciones hacia la Policía y otros organismos estatales. Todos los días aparecen nuevas derivaciones y denuncias, que ponen en jaque al gobierno. Han debido renunciar varios altos jerarcas de la policía, y recientemente también debió renunciar la vicecanciller por otro escándalo en torno a un pasaporte entregado a un narcotraficante que está prófugo. Por otra parte, son coincidentes todas las encuestas en cuanto a la caída de apoyo a Lacalle y al gobierno. En este contexto, el gobierno está jugado a cumplir con su anuncio de marzo y sacar adelante la reforma jubilatoria. Fracasar en este terreno lo colocaría como un gobierno acabado, y aceleraría la crisis política.

 La “oposición” frenteamplista 

 La aprobación de esta ley reaccionaria, en un cuadro político de creciente desprestigio del gobierno, sólo puede ser posible gracias a la colaboración de la “oposición”. En el Senado el Frente Amplio se ha negado a votar la ley “en general”, aunque le ha dado aprobación a una veintena de artículos (en un proyecto que tenía más de 300). La oposición centroizquierdista tuvo un intenso debate respecto a cómo comportarse en el parlamento, en tanto algunas fracciones pretendían rechazar la totalidad del articulado e incluso retirarse de sala al momento de la votación, planteo que contó con el apoyo de 1/3 de su plenario nacional (y buena parte de los representantes de “comités de base”). Desde el ala derecha vinculada a Danilo Astori (ex vicepresidente y ex ministro de Economía en los gobiernos del FA), pero también desde el MPP de Mujica y desde el propio Partido Comunista, se ha impulsado y acordado un planteo que busca enfrentar los planteos de hacer una oposición más decidida. El PCU es la corriente mayoritaria hoy en la central sindical PIT-CNT, en la cual está aliada a sectores de la derecha del FA, y viene asegurando una estrategia que contiene la movilización de masas y pretende canalizar todas las protestas en el marco de las elecciones de 2024. Hay que recordar que tanto Astori como Mujica fueron de los primeros en plantear el aumento de la edad de retiro, ya en los meses previos a las elecciones de 2019. Incluso ya en 2014 el programa de gobierno del Frente Amplio planteaba el aumento progresivo de la edad jubilatoria. También durante quince años de supuesto “progresismo”, se mantuvo vigente el régimen mixto (que incluye la privatización parcial del sistema previsional). Recientemente, el senador Mario Bergara (posible precandidato por el ala derecha del FA) recordó que el programa de la coalición de centroizquierda no incluye la eliminación de las AFAP (administradoras privadas). Bergara también centra la crítica en que el proyecto del gobierno descarga todo el costo sobre los asalariados, aunque no expresa como buscaría “repartir” el costo con los empresarios. Durante los gobiernos frenteamplistas, los aportes patronales fueron reducidos del 12% al 7,5%, y se generaron más exoneraciones impositivas; actualmente, más del 26% de los aportes patronales están exonerados, sobre todo para grandes multinacionales y empresas instaladas en zonas francas. Dentro del Frente Amplio se está conformando un bloque en torno al Partido Socialista, que plantea la eliminación de las AFAP y que critica que el aporte obrero duplica el aporte empresarial (a diferencia de lo que sucede a nivel internacional e incluso regional), pero olvida denunciar al propio Frente Amplio que mantuvo e incluso agravó esta situación. El PS viene atravesando una larga crisis, a partir de que su ala derecha fue desplazada de la secretaría general y de la mayoría de su dirección, lo cual ha provocado una sangría de dirigentes. Recientemente, se hizo pública la renuncia del ex candidato presidencial del FA, Daniel Martínez. Tanto la Juventud Socialista como los sectores sindicales que permanecen en el partido, han adoptado un discurso “anticapitalista” y declaran rechazar la mera “restauración del ciclo progresista”, y su planteo de “construcción de una corriente socialista en el movimiento social y de un espacio político poscapitalista (…) dentro del Frente Amplio” equivale a postularse como rueda de auxilio y rastrillo electoral de izquierda al servicio de la dirección burguesa del FA. El PS está encolumnado detrás de la actual Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la cual no levanta ningún planteo “poscapitalista” sino que defiende mantener las AFAP (jubilación privada). Mientras el gobierno votaba la reforma jubilatoria, José Mujica se venía reuniendo en secreto con Lacalle, y a partir de ese acercamiento se anuncia que el ex presidente frenteamplista concurrirá a la asunción de Lula junto al presidente uruguayo. El gesto de Mujica es un intento de bajar las tendencias a la polarización, de más está decir que Mujica no necesitaba la invitación de Lacalle porque ya estaba invitado por el propio Lula. “Pepe” Mujica ha publicado hace poco un libro junto al expresidente Julio María Sanguinetti (colorado), y se postula como un apoyo para restablecer las deterioradas relaciones de Lacalle con sus socios en la región (generada por la pretensión de acordar un TLC con China o integrar a Uruguay al acuerdo Transpacífico). 

 Lucha de tendencias en el PIT-CNT

 El 15 de noviembre, en el marco de un paro parcial y una marcha del PIT-CNT contra la reforma jubilatoria, hizo uso de la palabra la compañera Karina Sosa –hace poco electa presidenta del sindicato del BPS, ATSS. La oratoria de ATSS fue resistida por la mayoría del PIT-CNT, aunque finalmente no pudo ser impedida (se impuso por 15 votos a 14, y varias abstenciones). El sindicato del BPS viene llevando una campaña contra la reforma jubilatoria y contra el mantenimiento de las AFAP, y no descarta la posibilidad de impulsar un plebiscito a través de una reforma constitucional en 2024 para intentar derogar el régimen de jubilación privada. En su discurso frente a miles de trabajadores movilizados, Karina Sosa reivindicó “la huelga” como el camino para enfrentar la reforma del gobierno. A comienzos de diciembre, en la Mesa Representativa del PIT-CNT, algunos sindicatos propusieron votar un paro general de 48 horas y un plan de movilización para enfrentar la reforma, y también preparar la posibilidad de un plebiscito constitucional. El planteo fue rechazado por la mayoría de la central sindical. Algunos de los sindicatos que impulsaron este planteo, también realizaron un acto frente al Ministerio de Trabajo –con el planteo de unificación de las luchas en curso, y también agitando la necesidad de un plan de lucha contra el gobierno. Aunque algún sindicato dirigido por el PS apoyó esta moción (en particular, FANCAP, sindicato de trabajadores de la petrolera ANCAP) los sindicatos mocionantes no están dirigidos por corrientes del FA en su mayoría. El debate instalado en los sindicatos sigue siendo confuso y puede resultar abusivo hablar de “lucha de tendencias” en tanto no existe un bloque definido que impulse en forma clara y sistemática una campaña dirigida a la base del movimiento obrero para quebrar la parálisis que impone la dirección frenteamplista. Sin embargo, es innegable que esta deliberación incipiente expresa en forma deformada una tendencia que anida en la base sindical y en la juventud, y que ya se ha expresado recientemente en la huelga educativa. 

 ¿Huelga general? 

Este año estalló una importante lucha estudiantil y docente, que surgió superando los bloqueos de las direcciones frenteamplistas (y en particular del PCU). Los centros de formación docente de todo el país (magisterio, profesorado) salieron a la lucha contra la reforma anti-educativa del gobierno. Se produjeron ocupaciones estudiantiles (apoyadas por docentes) en localidades del interior donde no existen hace años gremios de estudiantes, y por supuesto también en Montevideo. La lucha contagió a los docentes de secundaria, y a la Universidad. La burocracia del PCU se oponía a la huelga, pero durante un breve período no pudo evitarla. El activismo de los gremios estudiantiles y los sindicatos docentes debate la posibilidad de no iniciar las clases en marzo, para enfrentar la reforma de la enseñanza y ahora también la reforma jubilatoria (que comenzará a ser tratada en la cámara de diputados a fines de febrero). El debate en la cúpula sindical en torno a la “huelga”, al “paro general de 48 horas” o el “plan de lucha”, es otra expresión de las tendencias a la lucha que emergen desde abajo, pese a las direcciones sometidas al FA. La burocracia frenteamplista les opone la convocatoria a mediados de 2023 de un “nuevo Congreso del Pueblo”, donde busca generar una “alianza más amplia” al servicio de una acumulación electoral en 2024. Los dirigentes mayoritarios del PIT-CNT plantean que el gobierno debe “pagar el costo político” de aplicar la reforma jubilatoria, en otras palabras: no se plantean derrotar el paquete del gobierno sino explotar electoralmente la indignación que genera en los explotados… mientras lo dejan pasar garantizando la parálisis del movimiento obrero. La discusión de un posible plebiscito en 2024 que defienden ATSS y algunos sindicatos, es atacado desde el FA y la dirección del PIT-CNT, con el argumento de que lo más importante es garantizar un triunfo electoral del FA. El Frente Amplio quiere volver a ganar el apoyo del gran capital y el imperialismo, y debe mostrar a los banqueros que no se somete a presiones sindicales incluso si eso lo beneficiara electoralmente. Al contrario de lo que espera la dirección actual del PS, que es un FA más a la izquierda, todo el proceso “progresista” latinoamericano muestra a una centroizquierda más derechizada y más sometida al imperialismo que nunca. El PT de Uruguay viene llevando una intensa campaña contra la reforma jubilatoria, y colocando el planteo de la huelga general para derrotarla, así como para enfrentar la reforma educativa reaccionaria. El año 2023 se plantea como el escenario de una intensa deliberación en las organizaciones de masas, y de grandes enfrentamientos con el gobierno de Lacalle Pou. Al calor de estas luchas, es necesario poner en pie una alternativa obrera y socialista, que de expresión consciente a las tendencias de la clase obrera a la lucha contra el régimen social y político capitalista. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 05/01/2023

El Amazonas, el fascismo y la guerra

El nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva ha nombrado al frente del Ministerio de Medio Ambiente a la Diputada Federal por el Estado de San Pablo Marina Silva. La cartera pasó a llamarse Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y según O Globo, la flamante ministra ya anunció la creación de un puñado de nuevas secretarías como la Secretaría Extraordinaria de Lucha contra la Deforestación y la Secretaría de Bioeconomía y recursos genéticos entre otras. También ha adelantado que volverá a poner en pie los dispositivos de control de deforestación vaciados durante el mandato de Bolsonaro. El nombramiento de Marina se produjo luego del rechazo al cargo de la derrotada candidata por el MDB Simone Tebet, una representante del agronegocio oriunda del Mato Grosso del Sur. Silva, incluso, debió sortear el rechazo de algunos diputados petistas ligados al negocio agrícola. Maliciosamente, la Folha de San Pablo afirmó que la ministra no tardará en tener problemas dentro del mismo gabinete de un partido esencialmente “desarrollista” y que “glorifica a Petrobras y sus combustibles fósiles, conglomerados agrícolas e hidroeléctricas en la Amazonía”. Más allá de las diferencias de los “propios”, Silva tendrá más problemas entre los ajenos. Sucede que la política de vía libre a la ocupación de tierras fiscales en el Amazonas junto con el incentivo al enfrentamiento a las comunidades indígenas y de campesinos que viven en el Amazonas, por parte del fascista Bolsonaro, ha envalentonado a las bandas delictivas que las materializan y a la burguesía del negocio agrario y ganadero que las planifica. La esencia del voto de estos sectores asediados por la política de guerra civil del gobierno anterior está en la expectativa de que ambos Silva terminen con el flagelo. La gestión de Marina al frente de la cartera de Ambiente será una gestión de crisis. El Amazonas, un ecosistema socio-ambiental La región del Amazonas comprende un paisaje de Selva Pluvial a lo largo de la cuenca del rio Amazonas. Está ubicada en la parte septentrional de América del Sur y su superficie es de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. La parte que corresponde a Brasil, llamada Amazonas Legal para su monitoreo, es de aproximadamente 5 millones. Su condición de mayor reserva de biodiversidad la convierte por un lado en una gran contenedora de carbono, principal componente de la materia orgánica, y por otro, en importante núcleo de diversidad genética, fundamental para la supervivencia de las especies. La presencia predominante de flora, la convierte en la productora del 20% del oxígeno del planeta. Todo esto hace de la selva un regulador de las temperaturas y las lluvias y un nicho de conocimiento sin fronteras para los seres humanos. 

 Según los sitios de Mongabay y del Instituto Nacional de Pesquizas Espaciales (INPE), desde la década del ´70 hasta aquí, el “Amazonas legal” perdió 807.000 km2 por las deforestaciones. El ritmo más intensivo de este período se produjo en la década del ´90 con un ritmo promedio de 15 mil km2 por año llegando al pico de 28 mil km2 perdidos en el año 2004. Aunque la deforestación se desaceleró desde el 2004 hasta hoy, con un incremento notable durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la misma ha mantenido niveles promedio de 10 mil km2 anuales. Un importante estudio ha mostrado la asociación entre el desarrollo de bandas delictivas y la deforestación, cuyos negocios son variados y van desde la venta de especies exóticas (vegetales y animales) hasta la expulsión de comunidades de campesinos e indígenas y la ocupación de tierras que luego son utilizadas para la producción agrícola y ganadera. El desarrollo de la minería ilegal, que está contaminando la cuenca con mercurio, es otro canal de desarrollo para estos grupos. Los ingresos por este negocio se calculan en alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. El régimen fascista de Bolsonaro consolidó lazos con estas bandas por medio de las fuerzas armadas. Aquí yace la base material de los lazos de su gobierno con estas bandas.

 Pero, la parte del león, se la lleva el capital ligado al negocio agro ganadero. En las últimas dos décadas, la producción de soja se triplicó, las exportaciones de carne vacuna se multiplicaron por ocho y se ha incrementado también la exportación de carnes porcinas. Sobre el avance en selva desde 1990, y antes, hasta la actualidad, se ha montado un enorme complejo productor primario de carnes y soja que puso a Brasil en el podio de estos rubros. El crecimiento de la economía de China fue el motor principal de esta metamorfosis productiva en la región selvática. Los capitales europeos y norteamericanos son importantes actores en la reconversión de la selva en complejo exportador. Es en este contexto social en el cual deben analizarse los fracasos, más que los aciertos, de la política ambiental, así como las crisis que enfrentará la futura ministra.

 Frentepopulismo 

Marina Silva se ligó en sus inicios a la lucha de los caucheros liderada por el histórico activista Francisco Alves Méndes, más conocido como Chico Mendes, en el Estado de Acre, contra la tala indiscriminada que liquidaba la fuente de trabajo de los seringueiros. Más tarde colaboró en la fundación de la Central Única de Trabajadores y luego del PT en el mismo Estado. Con una larga carrera parlamentaria, fue nombrada Ministra de Ambiente durante el primer y segundo mandato de Lula, hasta que renunció en 2008. Su renuncia se produjo en el contexto del Plan de Aceleración del crecimiento desplegado por el gobierno de Lula en 2007. El PAC planificaba la construcción de grandes carreteras, refacción y construcción de puertos y aeropuertos y la construcción de megaproyectos de centrales hidroeléctricas en las distintas trazas de la cuenca del río Amazonas. La ministra se fue en medio de fuertes polémicas por sus trabas a la aprobación del megaproyecto hidroeléctrico del Río Madeira. Lula afirmo en ese momento que “No podemos pensar en la Amazonía como un santuario de la humanidad”.

 El despliegue del programa, puso en agenda la privatización de las tierras de la selva ocupadas ilegalmente. En un decreto del ejecutivo, Medida Provisoria 458, que luego se convirtió en Ley en junio de 2009, el gobierno del PT convirtió en propiedad legal 67 millones de hectáreas o casi 700.000 km2 de tierra que podían ser vendidas en el término de 3 años. Aun estando contra la ley, Marina Silva saludó que el presidente haya vetado el articulado de la misma que refería a que las empresas pudieran ser beneficiarias de la legalización de tenencias. Sin embargo esta tenencia podía lograrse luego con la compra. La vuelta de Marina al PT no es más que la confirmación de un oportunismo alejado de cualquier convicción medioambiental. El derrotero desde el Partido Verde, pasando por el Partido Socialista de Brasil y llegando a la construcción de su propio aparato (REDE) solo fue un intento de “hacer leña del árbol caído”. Su política ambiental no se despegará de los lineamientos internacionales en la materia: mayor monitoreo y poder de policía para castigar el delito de deforestación. Pero la mayor herramienta de esta política, las fuerzas de seguridad, son las mayores implicadas en este andamiaje y las encargadas de garantizar su desarrollo. En el negocio ilegal de la tala y el oro, que incluye tráfico de drogas y armas, hay implicada también una estructura financiera, encargada de blanquear los flujos de dinero que aceitan el circuito. Cualquier iniciativa en este marco llevará a violentos choques. 

 La selva y la guerra 

Lo dicho hasta aquí refuta la idea de la prensa burguesa europea y norteamericana acerca de que Marina “impuso condiciones” a Lula antes de su nombramiento. En todo caso, la misma burguesía brasileña creyó conveniente su nombramiento para reparar lazos con la UE: “En la sociedad hay un ala rural modernizada y grandes empresarios ilustrados que se han convertido a la causa del calentamiento global. Incluso es probable que lleguen flujos financieros más sustanciales desde el extranjero para apoyar el desarrollo sostenible” (Folha, 2/01). La visita de Lula a la COP 27 para retractarse de sus dichos en tiempos del PAC y prometer acerca de la “deforestación 0”, debe leerse en este sentido. Pero el capital imperialista quiere algo más que promesas: “para salvar la selva, Lula debe convencer a Pekín de adoptar medidas efectivas que garanticen el rastreo del origen de la soja y la carne que le compra a Brasil.” (NYT, 3/3). El capital norteamericano es el más interesado en el reforzamiento de las sanciones a lo que llama el “ecosistema ilegal” del Amazonas. Oculta que este “ecosistema” es la primera forma que tiene el capital para apropiarse de lo que no le pertenece. También oculta que la privatización de tierras en la selva y los megaproyectos del PAC impulsados por el PT lo han beneficiado. La discusión sobre los métodos con los que debe abordarse la cuestión ambiental, que no es más que la discusión entre destrucción caótica o regulada del medio ambiente, esconde una disputa por las riquezas potenciales del Amazonas.

 En el marco de la guerra de Rusia con la OTAN y de la disputa internacional entre EEUU y China la cuestión del Amazonas está siendo utilizada para lograr un cambio de frente por parte del gobierno de Lula. Bolsonaro ha tenido una posición de abierto apoyo a Rusia, mientras que Lula, sin sacar los pies del plato, ha llamado a la “paz”, esto ha sido suficiente para que la OTAN se ilusione. El fracaso de la COP 27 en los compromisos de reducción de la emisión de Carbono para 2030 estuvo directamente asociada al desarrollo de la economía de guerra. Lejos de las ilusiones de Marina Silva y de su estrategia de frente popular para evitar un “desastre mayor” en el Amazonas, la crisis internacional y la guerra por un lado, y la crisis nacional y los enfrentamientos con las bandas fascistas, por otro, acentuarán la deforestación, el acaparamiento y ahora más, las tendencias al desarrollo de la minería ilegal y la producción energética (petróleo e hidro-electricidad). Sucede que la destrucción del ecosistema proviene de las entrañas del capital que, en épocas de guerra, lleva a la catástrofe. 

 Catalina Rojo

 07/01/2023

La disputa por la coparticipación se fue de mambo

El Juicio Político a todos lo harán los trabajadores. 

 Han pasado seis meses desde que la Corte modificó la estructura del Consejo de la Magistratura, cuatro meses del atentado contra Cristina Kirchner y dos de la condena en el juicio por Vialidad. En ese mismo espacio de tiempo, CFK alteró la representación del Senado en la Magistratura, Luis Juez apeló ese cambio en la Corte, la Corte lo designó Consejero y el Senado ignoró esa sentencia. Enseguida después la Corte cambió el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández desoyó el fallo y luego de este amague reculó depositando el dinero en bonos y no en dinero, con perjuicio evidente para la administración porteña. En este marco de “guerra entre poderes”, que siempre dejó de lado a Sergio Massa, cuyas referencias son Nueva York y el FMI, aparecieron los ‘chats’ de los visitantes a Lago Escondido, que ponían de manifiesto un contubernio ‘sottoterra’ entre macristas, jueces, funcionarios de Larreta y hasta un asesor de Fernández – todos cobijados por el grupo Clarín. Cuando la copa se encontraba llena, otro ‘hackeo’ descubrió las comunicaciones ‘non sanctas’ entre el vocero del presidente de la Corte y los cortesanos porteños de Larreta para orientarlos en la disputa parlamentaria por la mencionada coparticipación y por la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura. De pasó volvió a estallar la estafa del acarreo de autos en la Ciudad y el monopolio de las playas de estacionamiento, seguida de una crisis de gabinete local. Por cuerda separada, los representantes judiciales de CFK exigían a la jueza Capuchetti la unificación de causas por el atentado y aseguraban poder demostrar la responsabilidad que les correspondían a Gerardo Millman, un acompañante de Patricia Bullrich, y a Caputo, un negociante macrista en lo ocurrido en la noche del 1 de septiembre. Como Marcelo D’Alessandro, el funcionario más ‘chateado’ en los ‘hackeos’, es ministro de Seguridad de Larreta, los K no dudaron en demandar que sea investigado por el atentado ocurrido en la jurisdicción de la policía de la Ciudad.

 JxC y el diario Clarín no perdieron el tiempo en denunciar que todo este trapisondeo era el resultado de una “mesa militar” en la AFI, bajo la jefatura del ex jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani. Esto desató una disputa entre Milani y el jefe de la AFI, Agustin Rossi. El ex militar reprocha al albertista no haber salido en su defensa frente a los ataques. El intercambio de fogueos permitió que la opinión pública se enterara de que, bajo el gobierno de los derechos humanos, centenares de militares retirados operan desde el ministerio de Defensa y en la AFI – antiguos carapintadas de Seineldin y acusados de masacres en la represión al asalto al cuartel de Tablada en febrero de 1989. A fuerza de ‘hackear’ adversarios, los operadores del kirchnerismo se encontraron ellos mismo hackeados. Carlos Pagni no tuvo reparos en citar a un investigador norteamericano para denunciar que el gobernador de Santiago del Estero y su mujer, vicepresidenta del Senado, están involucrados en el narcotráfico y en el ingreso del Primer Comando Capital en Argentina, una organización que opera desde cárceles brasileñas. Tampoco se ha privado de mencionar que Rosatti, el presidente de la Corte, tiene al narco, o sea a Zamora, en su mira. En la contraofensiva de JxC reapareció el histórico espía ‘Jaime’ Stiuso, que pasó la información de la existencia de una ‘mesa militar’ en la AFI al Pro. La división en el frente oficial -peronismo, FdT- encontró su réplica en el bloque contrario. El vapuleado D’Alessandro tuvo que pedir ‘licencia’ para que no lo echen; el procurador de la Ciudad se encuentra en una situación similar. La relación mafiosa de funcionarios porteños con la Corte desató, además, una serie de choques y escisiones, tanto en el Pro como en la UCR. La política de los oficialismos -kirchneristas y macristas- se ha convertido en una operación de espionaje. La división es general. 

 En este contexto, a Alberto Fernández se le ocurrió plantear el juicio político a la Corte – en gran parte, advertimos, para madrugar al macrismo, ya listo para pedir lo mismo contra él, por tanto celular pinchado. Sergio Massa, que todos los días debe emitir billones de pesos para pagar intereses de Leliqs o comprar bonos de la deuda pública por medio del Banco Central, ha vuelto a pedir que lo dejen fuera del balurdo. Es también lo que más desean los dos Fernández, para que no les estalle en vacaciones una corrida cambiaria. El juicio político no puede prosperar en el Congreso, porque el oficialismo no tiene la posibilidad de reunir los dos tercios de los votos en Diputados. No es, tampoco, lo que importa al gobierno: el propósito es legitimar los ‘hackeos’, o sea probar su veracidad mediante la investigación que encarará la comisión parlamentaria para reclamar el Juicio Político. Todo esto podría ser una extorsión para mejorar la situación judicial de CFK, tanto en la apelación por Vialidad como en otros procesos que enfrenta. Arriesga convertir a la campaña electoral en el escenario de una disgregación política. 

En este aquelarre hay algo que es verdaderamente real. Las instituciones del Estado y los partidos que responden a los intereses del capitalismo se han convertido, como nunca, en antros de conspiración política. Rosatti y la Corte son culpables; lo es la mafia de Lago Escondido; lo es el kirchnerismo y su cortejo de militares reaccionarios; lo son las estafas económicas de CFK, Macri, Larreta, De Vido, los contratistas de obras públicas, los Sturzenneger y los Massa – pagadores de una deuda usuraria con el sacrificio del pueblo. 

 Jorge Altamira

En Argentina la malnutrición ya llega a la mitad de los niños

Durante la última semana del año 2022 se publicaron una serie de estudios sociales con foco en la alimentación de niños y jóvenes donde se reveló un aumento en todos los índices. En el estudio presentado por Barrios de Pie a través de su universidad popular se muestra que el 49% de los niños presentan sobrepeso, obesidad o baja estatura y el 40% de ellos no llega a consumir las 4 comidas diarias. Con lo que la malnutrición creció un 5% del año 2019 a hoy.

 El foco de este crecimiento está en las villas y barrios populares, pero tampoco es exclusivo de estos sectores. El informe presentado por la organización oficialista es acompañado por un estudio médico de profesionales que incluyó 40.000 casos de estudio y abarcó 16 provincias. Se realizó siguiendo las técnicas antropométricas y de detección de malnutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación. El trabajo fue elevado al presidente Alberto Fernández y a su ministra de Desarrollo Social. 

 Se distingue entre el crecimiento de los índices el sobrepeso que llega al 21%, la obesidad 24,5% y el déficit en el peso 3,2%. La desnutrición crónica y la baja talla llegan al 7%, subiendo para los menores de 2 años al 20% y en la franja de 2 a 6 años al 9%. Marcos Caviglia, unos de los médicos entrevistados aclaró sobre el informe: “Se evidencia así un aumento marcado de la malnutrición con respecto a los datos previos a la pandemia” y agregó “Los altos índices de malnutrición tienen relación directa con el tipo de alimentación de las familias de los barrios vulnerables, altas en hidratos de carbono complejos y grasas saturadas y baja en frutas, verduras y carnes magras”.

 En estas fechas la ministra de Desarrollo Tolosa Paz está bajo la mira de las organizaciones sociales por las demoras en la entrega de alimentos para los comedores (en particular en las provincias del Norte) y el no cumplimiento de una canasta de alimentos que aporte las proteínas adecuadas para una alimentación sana. Sobre la canasta de alimentos que llega desde el Ministerio informaron: “no cubre los requerimientos nutricionales necesarios para un desarrollo y crecimientos adecuados y para mantener una salud óptima”. 

 Lo que alarma a los expertos es que la malnutrición ya no abarca el cuadro clásico de desnutrición y baja talla, sino que emerge, con el exceso de nutrientes de baja calidad, el sobrepeso en etapas tempranas del desarrollo de niños y niñas. Esto impacta negativamente en el sistema inmune con una mayor cantidad de infecciones, en la baja de la capacidad intelectual, del aprendizaje, en los problemas respiratorios, gastrointestinales, hepáticos, la reducción de la capacidad para la actividad física y la tendencia a la depresión y a la ansiedad. 

 Al ahondar sobre las características de los alimentos que llegan a los hogares, solo el 17% de las familias come carne o huevo una vez al día, que es lo recomendado. Y el 30% lo hace una vez por semana o menos. Las verduras solo llegan al 14% de los hogares diariamente y al 44% semanalmente, y lo mismo pasa con las frutas. Para el caso de los lácteos sube al 25% el consumo diario.

 En suma, la caída en los nutrientes esenciales para las familias llega al 50% y como contracara el consumo de alimentos nutricionalmente pobres subió un 35%, consolidando un exceso en hidratos de carbono como la papa, la batata, el arroz y los fideos. 

 Leonardo Perna 

 05/01/2023

Fernando Báez Sosa: el juicio que conmueve al país

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa ha capturado la atención popular. Los medios siguen minuciosamente las alternativas de las audiencias que se desarrollan en Dolores. Está previsto que el debate se extienda por lo menos un mes. 

 En febrero de 2020, pocos días después del ataque que le costó la vida, una multitud se reunió en Congreso para reclamar justicia. El crimen de Fernando conmovió seguramente por varias razones – la cobardía del ataque, la ausencia de remordimiento de los agresores, su posición acomodada. Actualmente están detenidos en un pabellón especial, separados del resto de los presos.

 La patota que agredió y mató a Fernando era conocida en Zárate, su ciudad natal, por sus recurrentes peleas. Hijos de funcionarios y empresarios, se conducían con la más completa impunidad. Los primeros testigos que declararon ante el tribunal -amigos de Fernando, un taxista, un chica que intentó reanimarlo, personal de seguridad del boliche Le Brique, un kiosquero, policías-, sumados a los videos de celulares y cámaras de seguridad, han sido demoledores. Según las crónicas, hasta el personal de custodia se sintió afectado por los relatos que se escucharon. Los acusados, en cambio, mantuvieron una actitud desafiante. Están previstas 177 declaraciones. 

 Los ocho rugbiers son juzgados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". La pena que pueden enfrentar es la de reclusión perpetua. Además, serán juzgados por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que intentaron socorrerlo durante el ataque. Todo habría comenzado con una pelea dentro del boliche. De acuerdo a los testimonios, uno de los amigos que se encontraban con Fernando fue agredido por los rugbiers en la pista de baile. Se produjo un intercambio de algunos golpes y tironeos entre ambos grupos, hasta que los patovicas de seguridad los separaron y desalojaron del lugar. Afuera del boliche, los testigos coinciden en que Fernando fue emboscado. “A este negro de mierda me lo llevo de trofeo", dijeron por lo menos dos testigos haberle oído decir a uno de los agresores. 

 La querella de la familia de Fernando acusa una matanza planificada. La defensa reclama que se especifique el rol de cada uno de los acusados en dicho ´plan´; de lo contrario, esgrime, estos no saben de qué se los acusa. Los defensores también han planteado la nulidad del juicio por la difusión del caso en los medios -la difusión de la identidad de los detenidos habría inducido determinados testimonios- y otras supuestas irregularidades. Por ejemplo, no haberles exhibido a los atacantes las filmaciones al momento de haberles tomado la primera declaración. Las impugnaciones fueron rechazadas por los jueces. Subsidiariamente, intentarán demostrar que se trató de una riña y que no se puede discernir quién o quiénes aplicaron finalmente los golpes mortales. Eventualmente, podrían intentar descargar el mayor peso sobre Máximo Thomsen, uno de los acusados más comprometidos, sindicado como cabecilla del grupo y autor de varias patadas en la cabeza de Fernando. Cabe agregar que la defensa no ha vacilado en apelar a todo tipo de chicanas, al punto de sugerir ´mala praxis´ durante los intentos de reanimamiento que un policía y una adolescente practicaron sobre el cuerpo inerte de Fernando hasta la llegada de la ambulancia. En varias de sus interpelaciones, el defensor de los rugbiers sugirió que mediaron sustancias o bebidas que alteraron a los involucrados, como una forma de intentar atenuar la responsabilidad de sus pupilos. 

 Si la acusación de la familia prospera, en cambio, el rol de cada uno de los acusados es secundario. A todos, tanto a los que pegaron como a los que ´custodiaron´ la golpiza o agredieron a quienes intentaron mediar, les cabrá la coautoría del homicidio. No hubo una gresca en las afueras del boliche Le Brique sino una masacre. 

 Jacyn 

 06/01/2023

Peleas y operaciones al margen de los intereses populares

Espías, jueces, funcionarios, todos mezclados.

 En su intento de iniciarle juicio político a la Corte Suprema, Alberto Fernández perdió a ocho gobernadores que habían apoyado su reclamo contra el fallo respecto a la coparticipación de CABA. Entre los “desertores” se encuentran no solo los cuatro independientes (Sáenz de Salta, Herrera Ahuad de Misiones, Gutiérrez de Neuquén y la gobernadora Arabela Carreras de Río Negro) sino también gobernadores peronistas como Uñac de San Juan, Rodríguez Saá de San Luis, Bordet de Entre Ríos y Arcioni de Chubut. En el caso de Schiaretti de Córdoba y Perotti de Santa Fe estos no habían acompañado ninguno de los reclamos. Con Bordet hubo una crisis particular porque salió a desmentir su firma de apoyo que había sido anunciada minutos antes por el gobierno.

 Lo de Arcioni es más esclarecedor. Arcioni está de licencia y fuera del país por lo tanto tendría que haber firmado su vice a cargo del ejecutivo provincial, cosa que no hizo. Arcioni es un aliado de Sergio Massa o sea que su no firma cobra mayor valor. El gobierno había juntado en el primer reclamo las firmas de 18 gobernadores y anunció la decisión de desobedecer el fallo de la Corte que le ordenaba pagarle a CABA casi el doble de lo que venía transfiriéndole. Sin embargo a las pocas horas retrocedió en esa postura y anunció su disposición a pagar en bonos, cosa que el gobierno de Larreta rechaza. De todas las medidas de “guerra” contra la Corte que anunció Fernández luego de la primera reunión con los gobernadores solo quedó en pie la del juicio político. 

 La marcha atrás según todos los indicios vino como resultado del revuelo que se armó entre los agrupamientos capitalistas, a los que no les gusta que se vulnere la “seguridad jurídica”. La alarma sonó también en el exterior. Desde la Casa Blanca mandaron un mensaje directo al presidente avisándole que si persistía en desconocer el fallo Estados Unidos le quitaba su apoyo en el FMI. En los círculos financieros, algunos advirtieron que los perjuicios económicos, por la caída de las acciones del país, iban a ser mayores que el costo de acatar la orden de la Corte. Seguramente los gobernadores “desertores” habrán evaluado que no era conveniente meterse en aventuras destinadas al fracaso que además irritan a los capitalistas. Massa, a todo esto, no abrió la boca pero es evidente que se encargó de revertir las “bravuconadas” iniciales, Arcioni lo corrobora. 

 A esta altura es claro que la pretensión de Alberto de liderar al “peronismo unido” en la lucha contra el Partido Judicial está condenada al fracaso. No hay ninguna unidad sino pase de facturas y para más el juicio político a la Corte no tiene chances de ser aprobado por la cámara acusadora, la de diputados, y a esta altura hay que ver si lo aprueba la comisión previa. ¿Insistirá AF metiendo el punto en la convocatoria a extraordinarias, condición indispensable para empezar a tratarla antes del 1° de marzo? Veremos. El pedido de juicio es una buena cortina de humo mientras el ajuste no solo se sigue aplicando sino que el FMI exige ir más a fondo, en un año electoral.

 Estamos ante un gobierno que se va deshilachando al calor de la crisis, cada vez con más fugas y cambios de funcionarios. Lo único que lo sostiene, por ahora, es el apoyo de todas las fracciones del Frente de Todos a Sergio Massa y el cumplimiento del ajuste dictado por el Fondo. 

 A Larreta “las balas le pican cerca” 

Con la resolución de la Corte Suprema a su favor, Larreta pensó que había avanzado varios casilleros en su carrera hacia la presidencia. A pesar de la filtración de los chats que involucran a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, conspirando para ocultar una reunión en la mansión de Joe Lewis, en Lago Escondido, con espías, jueces, empresarios, hombres de Clarín, etc., el dictamen de la Corte obligando al gobierno nacional a pagar gran parte del reclamo por la coparticipación le daba un triunfo sobre sus competidores dentro del PRO: Patricia Bullrich y Macri. La incorporación de algunos bullrichistas (como el diputado Wolf) a su entorno así lo indicaba. Pero, las cosas se complicaron. 

 La aparición de nuevos chats hackeados del teléfono de D’Alessandro apuntó directo a Larreta. A través de ellos es claro que el ministro de Seguridad era a su vez recaudador de fondos “para la Corona” y que además actuaba de intermediario entre el propio jefe de Gobierno y empresarios del sistema de grúas y playas de estacionamiento para habilitar negocios amparados por el gobierno (D’Alessandro extendía su influencia incluso a Mar del Plata, sobre el intendente Montenegro). 

 La decisión de D’Alessandro de pedir una licencia “para defenderse” ha abierto otra crisis. Carrió, que apoya abiertamente a Larreta en la disputa dentro del PRO, salió a cuestionarlo por no defender a rajatabla a su colaborador directo. Bullrich salió a atacarlo por no colocar como eje la denuncia del operativo de hackeo, acusándolo de ceder ante una maniobra que atribuye al oficialismo y sobre todo al kirchnerismo, con eso vuelve sobre el planteo de que Larreta no tiene autoridad para gobernar el país. Algunos sospechan que la operación sobre el celular de D´Alessandro viene de adentro de PRO, o sea fuego amigo, lo cierto es que el propio larretismo ya avisó que aparecerán nuevos chats y que estos apuntarían a otra de las manos derechas del “Pelado”: Diego Santilli que fue jefe de D’Alessandro cuando siendo vicejefe del gobierno de la Ciudad manejaba el área de seguridad.

 Jueces, espías, carpetazos: ningún interés popular en juego 

Que las dos fuerzas políticas más importantes, las que manejan los resortes del Estado, estén envueltas en denuncias cruzadas no solo entre ellas sino también dentro de ellas es un síntoma de una crisis más profunda. Por un lado echa luz sobre la descomposición de régimen político la cual se ha ido acentuando a lo largo de las últimas décadas casi sin solución de continuidad. La justicia ocupa cada vez un papel más relevante en el rumbo de la situación política, cuando ella misma es parte de una lucha entre las distintas facciones capitalistas. 

 El acuerdo con el FMI y la necesidad de proceder a un ajuste draconiano implica por un lado enfrentar la resistencia de los trabajadores, que a través de luchas y conflictos demuestran la voluntad de dar pelea para impedir un mayor deterioro de sus condiciones de vida. Cuando solo habían pasado un par de días de iniciado el año, en pleno verano, la Unidad Piquetera se declaró en estado de alerta por el incumplimiento de los compromisos de la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz. Los trabajadores de Molino Cañuelas están en conflicto por su salario, los portuarios de Rosario le arrancaron la continuidad del plan de lucha a la burocracia, los trabajadores del hospital Eva Perón de Merlo, en el conurbano, están de paro por tiempo indeterminado. Los conflictos revelan que la situación no permite tomarse vacaciones con los reclamos. 

 Por otro lado, la marcha del plan Massa está llena de incertidumbres que se expresan en un freno en la actividad industrial por la falta de dólares para importar insumos, la caída del consumo, las presiones para devaluar que se manifiestan a través de los dólares financieros y las dificultades para afrontar la deuda en pesos. Todo esto agudiza la puja de intereses dentro de la clase capitalista y por lo tanto agudiza la crisis política. La dependencia del capital financiero y el emblocamiento con el imperialismo yanqui es un factor de desestabilización. 

 Para los trabajadores lo más importante es tener en claro que atrás de estas peleas que ocupan los titulares de los medios no hay ningún interés popular en juego. Para revertir la situación que padecen decenas de millones de habitantes de este país es necesario concentrarse en la organización de la lucha por los reclamos de los trabajadores, la exigencia de romper con el FMI, poner fin al saqueo capitalista del país, y para ellos es necesario actuar con independencia política de los partidos que nos vienen gobernando, romper con ellos y organizarnos bajo nuestras propias banderas.

 Eduardo Salas

“María Luisa Bemberg: El eco de mi voz”, la reivindicación cinematográfica de la mujer

Homenaje por el centenario de la fallecida directora de cine

 “A la mujer no le está permitido hacer una obra positiva, y por consiguiente, hacerse reconocer como una persona completa. Por respetada que sea, no deja de ser una criatura subordinada, secundaria, parasitaria. La pesada maldición que gravita sobre ella consiste en que el sentido mismo de su existencia no está en sus manos.”

 Simone De Beauvoir 

 María Luisa Bemberg (1922-1995) es la protagonista de la semblanza cinematográfica realizada por Alejandro Maci en 2021, a modo de homenaje a, quien fuera en vida, su mentora. La plataforma Star+ estrenó recientemente el documental. 

 Fundamentalmente se destaca allí que en todas sus películas ha tratado la cuestión de la mujer, profundizando, en cada una de ellas, diferentes aspectos de su rol social y de la opresión histórica que sufre. El documental logra destacar el gran papel que ha tenido la directora en el cine femenino, empezando por su propio salto hacia un trabajo que estaba destinado al mundo de los varones. 

 Juan Carlos Desanzo, director de cine, fue uno de los mayores impulsores en su carrera. Ante los reclamos de Bemberg por cómo le “destruían” sus guiones, le dijo: “para que eso no pase, empezá a dirigir vos tus propias historias”. Ese puntapié inicial motivó a que quien hasta entonces se había mantenido en la escritura, tomara las cámaras y comenzara a especializarse. No alcanzaba con volcar en diálogos y escenas la opresión femenina, sino con tener la mirada –literal- de quien la experimenta desde su condición de género. 

 Las doce películas de Bemberg tienen una raíz común: la desigualdad de la mujer en un mundo de hombres, creado y dirigido por ellos. Es interesante que el documental cuente con declaraciones suyas, que corresponden a grabaciones de charlas con Maci, en los últimos días de vida de la directora, ya que es la misma Bemberg quien narra aquello que vivió y cómo resultó en un camino irreversible, que supo plasmar en la pantalla grande. 

 Su maternidad, la vida familiar, sus orígenes patricios en la sociedad high society porteña (es descendiente del fundador de la Cervecería Quilmes), implicaron situaciones que llevaron a su propio reconocimiento de que ello la obligaba a hacer concesiones, y que con ese rol social no le alcanzaba. 

 Lo que plasmó en sus obras fue a mujeres que van en contra del prejuicio, empezando a romper sus cadenas, a cuestionar y a mostrar que el quiebre puede darse. Así mismo, ella supo la trascendencia de su obra y acción: “si yo me equivocaba, me equivocaba por todas”. 

 Libertad y poder

 El recorrido por las películas de Bemberg permite ver cómo su reivindicación de la libertad de la mujer entra en choque con los poderes, tanto al interior de la trama como a la luz de su exhibición y recepción pública. Sus dos primeros films como directora, “Momentos”–donde presenta a una mujer casada que comienza un romance- y “Señora de nadie” –que gira sobre una mujer casada y engañada e incluye a un personaje homosexual-, fueron realizados durante la dictadura militar y tuvieron que hacer frente a la censura. 

 Pero quizás “Camila”, de 1984, sea la que mejor expone ese choque. La película pone en escena el histórico amorío de Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez en la década de 1840 (una historia que se había pretendido llevar al cine en 1954 y a la que Perón le bajó el pulgar para evitar roces con el clero). En el film de Bemberg, de gran dinamismo narrativo, queda expuesta la persecución hacia los amantes por parte de la Iglesia y todos los bandos de la política patronal, tanto los unitarios ensalzados por la historia oficial como el federalismo de Juan Manuel de Rosas, quien ordena el fusilamiento de la pareja. La realización fue nominada al Oscar como mejor film de habla no inglesa; “El eco de mi voz” recupera las entrevistas hechas a la directora, tras esta trascendencia internacional, por parte de conductores y periodistas misóginos.

 A su turno, Bemberg supo plasmar su conocimiento de primera mano de la burguesía argentina para retratar su carácter decadente, destacándose en este hilo películas como “Crónica de una señora” (1971), con guion de Bemberg y dirección de Raúl de la Torre. En ese sentido, puede asociársela con otras artistas de su misma generación que, en los ’60 y ’70, hicieron lo propio en el campo de la literatura, como las exitosas Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch, o la ahora reivindicada Sara Gallardo. 

 Ecos 

Bemberg trabajó la libertad como temática, desde el amor, pero no a través del amor romántico, sino a partir de los quiebres y vaivenes sociales, recuperando la voz de la mujer, el amor de la mujer y su identidad como tal, mostrando las continuas tensiones con el Estado, el matrimonio, la maternidad, la Iglesia, la mirada social de otras mujeres. Su propia militancia también está reflejada como una evolución en sus películas: fue fundadora del grupo UFA (Unión Feminista Argentina), en los años 1960´s. 

 En épocas donde la Iglesia y sus planteos oscurantistas se mantienen en la agenda política, en las que se hace gala de un Ministerio de Mujer, Género y Diversidad mientras continúa la violencia sobre las mujeres y diversidades, el eco de la voz de María Luisa Bemberg debe seguir resonando, tomando sus saltos como ejemplos de trascendencia e impacto políticos en la conquista de los derechos de las mujeres. 

 Julieta Rusconi

Descubren nuevos manuscritos con lecciones de Hegel

Marx lo consideró el responsable de haber expuesto por primera vez, de forma amplia y consciente, las formas generales del movimiento de la dialéctica. A finales de octubre de 2022, se ha descubierto un auténtico tesoro documental para el estudio del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Se trata de más de 4.000 páginas de apuntes de sus cursos, tomados por su alumno Friedrich Carové (1789-1852). Los manuscritos fueron rescatados por Klaus Vieweg, biógrafo del pensador, quien está preparando su publicación. 

 Los libros que Hegel publicó en vida son escasos. Gran parte de su trabajo consistió, más bien, en su labor docente. Muchos textos que circulan como obra suya son, en realidad, notas de sus clases, elaboradas por sus estudiantes. De allí la importancia del hallazgo. Vieweg comentó que un descubrimiento como este “probablemente solo suceda una vez en la vida, y es comparable a encontrar una nueva partitura de Mozart”. 

 Hegel y nuestra época 

En la tradición marxista, el estudio del pensamiento hegeliano ha sido uno de los estímulos más potentes para la lucha teórica. Este combate solo es tal si se desarrolla como crítica hacia los distintos discursos ideológicos de la clase dominante. La importancia y vigencia de dicha tarea se plantea a partir de la variedad de instrumentos y recursos políticos que despliega la clase capitalista. A pesar de que ya ha agotado su papel histórico (es decir, a pesar de que no puede conducir a la sociedad hacia salidas progresivas para sus males y problemas más elementales), la burguesía todavía pugna activamente para no ser derrocada. Los revolucionarios necesitamos desarrollar una crítica que revele y neutralice estos recursos.

 Sin embargo, la experiencia del stalinismo erigió un obstáculo para la lectura de Hegel en el presente. La escuela de falsificación de Stalin redujo al marxismo a una serie de esquemas sencillos y dogmas, y rechazó un estudio más profundo de la obra hegeliana. Algunos de sus mitos circulan hasta hoy, como la caricatura según la cual Hegel creía que la realidad solo estaba constituida por ideas, o que habría sido un autor “reaccionario”. Las distintas variantes de la filosofía burguesa también dieron su aporte a la causa antihegeliana. 

 Esta oposición fervorosa se debe a que la de Hegel era una filosofía del movimiento, de la transformación, de las transiciones. Hegel tomó a la contradicción como el origen de toda vida. Podríamos decir que, cuando este pensador captaba un objeto para su reflexión, en lugar de preguntarse qué es, se planteaba cómo llega a ser. De allí que la dialéctica sea un arma contra quienes pretenden ver en el capitalismo un sistema eterno, que tendería al equilibrio. Su estudio fue la base del análisis de Marx y Engels sobre las contradicciones en la sociedad capitalista y la tarea de su superación. 

 Hegel y su época

 De la misma forma que un artista manifiesta emociones a través de una sinfonía, Hegel se propuso expresar su época a través del pensamiento. Fue una tarea ardua, dado que vivió en una era de guerras y revoluciones que instauraron la sociedad burguesa moderna. Friedrich Carové, autor de los manuscritos hallados, fue un destacado activista y publicista político, referente de la juventud que se organizaba en fraternidades (Burschenschaften), en las universidades alemanas. Estos sectores se volcaron al pensamiento hegeliano porque encontraron en él una alternativa al discurso de la clase dominante feudal en Alemania. 

 Los mitos del stalinismo ayudaron a reforzar la idea errónea de que la escuela hegeliana estaba dividida en un ala “reaccionaria” y otra “revolucionaria”. Sería más certero señalar que los llamados “hegelianos de derecha” no reivindicaban a la reacción feudal, sino que depositaban expectativas en la acción del Estado. Creían que el aparato estatal podía ser el protagonista de la lucha por la emancipación social, mediante reformas contra su propia base. Pero la burguesía democrática y liberal, asustada por el nacimiento del proletariado como un sujeto social y político independiente, cerró filas con las aristocracias feudales y las monarquías reaccionarias. Los hegelianos terminaron siendo víctimas de un viraje represivo. 

 La dialéctica, estudio del movimiento y el cambio 

Hegel descubrió que la identidad de cualquier objeto consigo mismo está siempre determinada por aquello de lo cual se diferencia. Algo es lo que es por oposición a lo que no es. Por eso, por “contradicción” entendía una relación entre dos polos opuestos que se construyen el uno al otro. Esta fue una de sus apuestas fuertes principales, debido a esta lógica interna de contradicciones, una oposición es arrancada y llevada más allá de sí misma debido a su propio peso. Dicho de otro modo, las transformaciones fundamentales de un fenómeno no provienen de factores externos, sino que son el producto de su automovimiento. Todo ser temporal está sometido al cambio a partir de su propio impulso interno.

 Este planteo sigue siendo de lo más venenoso para la ideología capitalista, y para la izquierda democratizante que se adapta a ella. El despliegue mismo de las relaciones capitalistas es lo que genera crisis y derrumbes, porque el capital tiende a su propia disolución. La fortaleza y vigencia de la lucha revolucionaria proviene de este proceso objetivo, pero no se trata de un trámite automático. Necesita encarnarse en organización y lucha. 

 El descubrimiento de estos manuscritos es una buena noticia, ya que su estudio podrá nutrir a la crítica contra lo existente. Es decir, servirá para formarnos y combatir a un régimen social en decadencia, que debe ser superado.

 Iván Tsarévich

"La polémica que tienen el FdT y JxC es quién avanza más en el ajuste" // Romina Del Plá en IP

#AltamiraResponde “¿Podría explicar por qué los gobiernos nacionalistas son inviables en esta etapa?”

Abajo el golpe de Estado de Boluarte, el Congreso y las Fuerzas Armadas

Reproducimos la declaración de la Asamblea de la Agrupación de Trabajadores de Perú en la Argentina. 

 ¡Derogar el Estado de Emergencia! Plena vigencia de las libertades democráticas 

¡Libertad a Castillo y a los detenidos por luchar! Fuera la represión militar-policial: cárcel a los asesinos y represores del pueblo. 

 Abajo el golpe de Estado de Boluarte, el Congreso y las Fuerzas Armadas. Por una Asamblea Constituyente libre y soberana.

 ¡Asamblea nacional de trabajadores para unificar la lucha popular!

 En Perú se ha consumado un golpe de Estado, impulsado por el imperialismo yanqui y la OEA, que ha constituido un gobierno cívico-militar criminalmente represivo contra el pueblo. Las movilizaciones populares son enfrentadas por las balas de las Fuerzas Armadas: 31 trabajadores y campesinos asesinados, alrededor de 300 heridos y centenares presos, entre ellos el destituido presidente Pedro Castillo. 

 Se ha declarado el Estado de Emergencia y limitado drásticamente las libertades democráticas, iniciando allanamientos contra locales sindicales (Confederación Campesinas en Lima, etc.) y políticos y la persecución contra dirigentes y activistas de izquierda y obreros. 

 Dina Boularte y el Congreso derechista que la nominó como presidenta golpista, no tienen apoyo popular. Antes del golpe, encuestas públicas evidenciaron que solo el 15% de la población apoyaba el parlamento derechista, teniendo en claro su carácter abiertamente antiobrero y antipopular (no solo clasista, sino también racista contra la mayoría nacional indígena). Sin el apoyo de la sangrienta represión militar caería irremediablemente.

 Los golpistas han anunciado ahora el adelanto de las elecciones que debieran haberse realizado en el 2026 a abril del 2024. Se trata de una maniobra política que busca confundir a la población y desmovilizar a las masas en lucha y para realizar “reformas políticas” antidemocráticas y proscriptivas que permitan armar una salida “institucional” reaccionaria a favor de la derecha fujimorista y sus aliados. 

 Lo que sostiene el golpe no son solo las balas y palazos represivos. Sino fundamentalmente la falta de unificación de las sublevaciones y la resistencia popular. Hace falta coordinar esta lucha en un gran torrente nacional que será imparable. Para ello es necesario que las organizaciones de masas de los trabajadores rompan con toda ilusión en la política de “dialogo” y colaboración de clases con el gobierno golpista y las coaliciones burguesas. Dina Boularte habla de “diálogo” para adormecer la lucha popular, mientras da vía libre a la represión. No habrá salida democrática con el gobierno golpista. 

 ¡Abajo el golpe! ¡Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana! 

 La Constituyente no vendrá de la mano del gobierno golpista, sino contra este. En el mejor de los casos, una Constituyente convocada por el golpismo será una Asamblea trucha, amañada al poder. Necesitamos no solo cambios institucionales, sino económicos y sociales contra los monopolios y el agropoder y para terminar con la superexplotación de los trabajadores que ha convertido al Perú en un paraíso de los capitalistas imperialistas y nativos. 

 Es necesario confluir en un gran Plenario Nacional de Trabajadores, donde se vote un programa de lucha contra el golpe, por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana y por las reivindicaciones sociales de las masas y antiimperialistas. Avanzar de las rebeliones populares a la Huelga General.

 La heroica lucha popular contra el golpe ha conquistado la simpatía de los trabajadores de la Argentina y el continente. Pero los gobiernos que se reclaman “nacionales y populares” como el de Lula en Brasil, Alberto Fernández en Argentina, o Boric en Chile, le han dado el apoyo a la golpista Boularte. Afirman que fue votada por una mayoría de un parlamento derechista y que, por lo tanto, sería correcto “constitucionalmente”.

 ATraPer se ha venido movilizando frente a la Embajada y el Consulado de Perú junto a otras organizaciones de militantes de izquierda, piqueteras y de residentes peruanos. Llamamos a profundizar la movilización. Asambleas en las barriadas donde residen las comunidades de trabajadores peruanos que se pronuncien contra el golpe. Organizar nuevas y más masivas movilizaciones que aíslen a los golpistas y alienten la lucha de nuestros hermanos de clase en Perú. ¡Viva el Perú de los obreros y campesinos! ¡Viva la solidaridad internacionalista de los trabajadores argentinos y latinoamericanos! 

 Declaración votada en Asamblea de ATraPer (27/12/22)

El gobierno le perdona deuda a las distribuidoras de energía mientras habilita nuevos tarifazos

Estas empresas no pagan el total de la energía que consumen desde 2020.

 El gobierno le perdonó a las distribuidoras de luz $62.000 millones de los casi $500.000 millones adeudados a Cammesa (la administradora mayorista estatal del sistema eléctrico). La deuda se generó porque estas empresas no pagan el total de la energía que consumen desde 2020 con la excusa de que no pueden afrontar el pago porque las tarifas se encuentran retrasadas, una extorsión. En tanto, en el marco del ajuste fiscal, el FMI exigió encontrarle una solución al problema para que ingrese la plata a las arcas del Estado.

 La subsecretaría de Energía anunció el viernes que llegó a un entendimiento con 11 distribuidoras y 5 cooperativas, para regularizar $210.000 millones que estaban pendientes de cobro. Edesur debía, al 31 de agosto, más de $ 66.000 millones. De ese total, refinanciará $ 47.000 millones, el resto (19.000 millones) corresponde a una “compensación”, es decir una condonación, lo que hará que la empresa no tenga que pagar esa parte. Edenor poseía una deuda de $ 57.000 millones. Pagará $ 33.000 millones. Unos 24.000 millones entraron como “compensación”. 

 Cabe destacar que esta última distribuidora cambió de accionista mayoritario, dejó de ser de Pampa, para estar en manos de un grupo controlado por José Luis Manzano y Daniel Vila, ambos son amigos del ministro de Economía, Sergio Massa, que también son dueños de la mendocina Edemsa, la cual también obtuvo también un tercio de compensaciones. Los políticos capitalistas defienden los intereses de su propia clase social, parasitaria del Estado. 

 En tanto, Entel puso a la venta los activos de Edesur en Argentina y en varios países de latinoamérica, es decir se desprenderá de la distribuidora y cederá sus operaciones alegando que los precios de las tarifas no se condicen con los altos precios internacionales de la energía. En la Argentina, la italiana también es propietaria de centrales térmicas a gas, como Costanera y Dock Sud, y de la hidroeléctrica El Chocón. Además, posee las líneas de transmisión CTM y Tesa, que conectan los sistemas de energía eléctrica del noreste argentino con Brasil, y Yacylec, transportadora de la energía de Yacyretá. Es decir, un pulpo energético que continuará pugnando por mayores beneficios a sabiendas de que cuenta con la propiedad de la mayor parte de la producción. 

 Estas empresas han demostrado la total desinversión que recae sobre el sistema eléctrico del país, incluso a pesar de que el Estado les haya concedido los aumentos de tarifas que reclamaban. De esto pudo dar cuenta el apagón del 1 de enero, que dejó a 400 mil usuarios sin luz, o el corte del suministro durante el fin de semana largo de diciembre que dejó a a más de 500 mil usuarios del Amba sin servicio. Asimismo, también es conocido el reclamo salarial y de condiciones de trabajo por parte de quienes trabajan en estas distribuidoras, lo que da cuenta que además de no invertir la empresa busca abaratar los costos de la mano de obra constantemente para acrecentar sus dividendos. 

 Sin embargo, además de condonarle las deudas, el gobierno autorizó una nueva audiencia pública para las semanas próximas en las que se tratará un nuevo aumento de tarifas, puesto que las distribuidoras argumentan que estas se encuentran un 300% atrasadas y amenazan con nuevos cortes. Es decir, buscan preservar sus márgenes de ganancia a costa de mayores tarifazos que golpearán aún más el bolsillo de las familias trabajadoras, y que sean estas quienes terminen pagando la deuda con el Estado. 

 El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, y el peronismo ha fracasado en resolver las necesidades básicas de la población, como es la energía. Es necesario poner en pie un nuevo movimiento popular que enarbole las banderas del socialismo, porque la solución requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energético. Esto es algo que los políticos capitalistas no harán porque sería contrario a los intereses de su propia clase social, antagónicos totalmente a las demandas del pueblo trabajador. 

 Camila García

La guerra imperialista y la profundización de la crisis económica en Europa

La guerra de Ucrania golpea a la economía europea

 El precio del gas se multiplica por 20 

Antes del estallido de la guerra imperialista provocada por la invasión del ejército de Putin, la Unión Europea importaba gas ruso al precio medio negociado de 15 euros por megavatio-hora (MWh), a través de largos contratos de suministro que garantizaban precios bajos independientes de los precios de mercado. 

 Desde las sanciones y el cese de las entregas de gas ruso a Europa, el precio, sujeto al mercado spot de gas, se ha situado entre 100 y 350 euros en los últimos meses. Como resultado, según BNE Intellinews: “En Alemania, la potencia industrial de Europa, las industrias más intensivas en energía ya se ven muy afectadas por costes insostenibles: la energía representa el 26% de los costes de la industria metalúrgica; el 19 por ciento de la producción química básica; 18% de la fabricación de vidrio; 17% para papel y 15% para materiales de construcción”.

 Las industrias del aluminio y zinc se están desmantelando

 Debido a las subidas de la energía, quince acerías en Europa estaban inactivas o cerradas al final del verano. El 6 de septiembre, el presidente de la Asociación Europea de Metales escribía a la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen: “El 50% de la capacidad de producción de aluminio y zinc de la UE ya ha sido desmantelado debido a la crisis eléctrica, así como importantes recortes en la producción de silicio y ferroaleaciones, y otros impactos se sienten en los sectores del cobre y el níquel. Durante el mes pasado, varias empresas han tenido que anunciar cierres indefinidos, y muchas más están al borde de un invierno de vida o muerte. Los productores hacen frente a costes de electricidad y gas más de diez veces más altos que el año pasado (…) Una vez que una fábrica está cerrada, muy a menudo se convierte en una situación permanente, porque la reapertura implica incertidumbre y costes significativos”.

 El CEO de Volkswagen, segundo fabricante mundial de automóviles, dijo el 28 de noviembre: “Si no logramos reducir rápida y confiablemente los precios de la energía, las inversiones en producción intensiva en energía o nuevas plantas de fabricación de baterías en Alemania y la UE no serán sostenibles. La creación de valor en esta área tendrá lugar en otros lugares”, citando a Estados Unidos y China. Pidió cambiar las “normas obsoletas y burocráticas sobre ayudas estatales” para las empresas de la UE, ya que la administración Biden otorga generosas ayudas a las empresas de los EE.UU.

 No hay rentabilidad para continuar la producción en Europa, ni visibilidad y certeza para futuras inversiones y desarrollos 

El 6 de septiembre, una alianza de asociaciones industriales (Fertilizers Europe, Verre Alliance Europe, Euromines, la Asociación Europea del Cemento, la de la Cal, la de la Arcilla, la de Productores de Ferroaleaciones, la del Acero, la de Metales No Férreos, la de la Industria Cerámica, el Consejo Europeo de la Industria Química y la Confederación de Industrias Papeleras Europeas) enviaron una carta conjunta al presidente de la UE: “Para muchas industrias intensivas en energía, actualmente no hay rentabilidad para continuar la producción en Europa, ni visibilidad y certeza para futuras inversiones y desarrollos. Los efectos de estos cierres están empezando a tener un impacto severo en nuestras cadenas de valor, poniendo en peligro la base industrial europea y la disponibilidad de productos esenciales”.

 La crisis de los fertilizantes amenaza la próxima cosecha

 Debido a la escasez y precio del gas, el 70% de la capacidad de producción de amoníaco –utilizado para producir fertilizantes- en Europa se ha cerrado. Según un informe de Independent Commodity Intelligent Services, es poco probable que la capacidad de producción regrese. El costo del gas es, con mucho, el factor más importante en la producción de amoníaco y fertilizantes nitrogenados. El gas licuado (GNL), vendido por los EE.UU. -cuatro veces más caro que en su mercado interno- y el vendido por China mientras su mercado interno permanezca contraído por la política cero Covid, no bastan para cubrir las necesidades europeas. En septiembre, los productores estadounidenses de petróleo y gas de esquisto declararon inequívocamente que no era posible aumentar la producción para ayudar a Europa. El canciller alemán, Olaf Scholz, viajó a Catar y los Emiratos Árabes para solicitar entregas de GNL, pero Catar declaró que no podía compensar los volúmenes de gas que Rusia suministraba a Europa. 

 Según Euronews, la “crisis de los fertilizantes amenaza la próxima cosecha. Podría conducir a menores rendimientos, menor producción y productos alimenticios más caros”. China, Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de fertilizantes. En 2021, China prohibió las exportaciones de fertilizantes para asegurar su propio suministro. Rusia enviaba amoníaco a Europa, a través de Ucrania, de Estonia y Letonia, pero ambas rutas están bloqueadas por la guerra y las sanciones de la UE. La comercialización del 58% de la producción mundial de amoníaco está ahora prohibida en Europa, lo que llevará a nuevas subidas de precios de los fertilizantes, que ya han aumentado en un 150% en un año.

 Las bases industriales del Viejo Continente están siendo destruidas 

Los paros de producción y cierres de plantas en Europa son tan graves que la demanda de gas en la UE cayó un 25% en octubre. La caída de la demanda en Europa y la paralización de la producción en China han hecho bajar los precios del gas en el mercado, actualmente a unos 110 euros/MWh. Pero sigue siendo casi diez veces más alto que el precio del gas ruso que recibía la Unión Europea.

 Las sanciones a Rusia llevan a una desindustrialización masiva de Europa. En esta etapa de la guerra imperialistas se perfilan entre los distintos bandos potenciales beneficiarios de esta crisis los EE.UU., con enormes reservas de gas de esquisto barato, y China, que recibe gas ruso barato a través de la línea Power of Siberia. 

 La decadencia europea viene de antes de la guerra y la pandemia Europa ya estaba en una crisis económica mucho antes de que comenzara la guerra. 

Los precios del gas ya habían comenzado a subir de manera constante en 2021, de modo que cuando estalló la guerra en Ucrania, la industria ya se estaba quedando sin fuerza. 

 Tras dos años de altos precios del gas, sectores enteros de la industria europea están a punto de desaparecer. Muchos países europeos pierden entre el 40% y el 100% de su suministro de gas, al perder el suministro de gas ruso barato. 

 En cuanto a las importaciones de petróleo ruso, Rusia ha declarado no aceptar la limitación del precio a 60 euros, que la UE ha decidido. Europa importa más de siete mil millones de dólares en metales, caucho y minerales (níquel, paladio, litio, platino, cobalto, gas neón, aluminio, cobre…) de Rusia cada año. Todos, de vital importancia para baterías, coches eléctricos, paneles solares, redes inteligentes, turbinas eólicas. Las consecuencias de la guerra y las sanciones pueden llegar a ser peores de lo que son hoy.

 La “deslocalización”: el permanente chantaje de la burguesía europea para recomponer la tasa de beneficio

 La alemana BASF, compañía química más grande del mundo, advirtió que, si la situación continúa, podría cerrar su mayor planta, la de Ludwigshafen, en el sur de Alemania, donde emplea a 39.000 personas, en una instalación que consume tanta energía como toda Suiza. Su factura de gas se triplicó en los primeros nueve meses del año y es nueve veces mayor que en 2020. El CEO Martin Brudermüller dijo que, aunque los precios del gas se estabilizarán, “a largo plazo serán alrededor de tres veces más altos en Europa que en Estados Unidos, aunque solo sea por los mayores costos del GNL”, que reemplaza parcialmente las importaciones de Rusia. 

 El gobierno alemán ha puesto 200 mil millones de euros sobre la mesa para ayudar a los hogares e industrias alemanas. Ofreció rescatar a las empresas para ayudarlas a mantenerse con vida. Pero esto supone que la crisis es temporal y que las cosas pronto volverán a la “normalidad”, lo que está lejos de ser el caso. Sobre todo porque el problema de Europa no es tanto de precio como de suministro de energía. 

 Su dependencia de las fuentes de energía rusas (gas, petróleo, carbón) es tan grande que no puede reemplazar completamente las pérdidas debidas a las sanciones impuestas a Rusia. Según un funcionario de BASF, citado por la revista Fortune: “si el suministro cayera significativa y permanentemente por debajo del 50%, nos veríamos obligados a cerrar el sitio de producción (en Ludwigshafen)“. 

 En el mundo de los negocios, si una fábrica cierra, los clientes se van a otra parte. Según el representante de BASF: “es muy probable que el complejo de Ludwigshafen esté condenado independientemente del racionamiento, ya que los precios del gas europeos persistentemente altos reducen la competitividad de los productos alemanes de BASF frente a sus rivales en los Estados Unidos y Oriente Medio. (…) No es solo Basf la que está luchando. Las empresas intensivas en energía estarán parcial o totalmente cerradas, especialmente en Alemania, pero habrá una reducción de la capacidad en toda Europa”. 

 La guerra implica el desmantelamiento de sectores industriales enteros

 En octubre, Gerald Haug, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Alemania, dijo: “si no actuamos ahora, perderemos sectores industriales enteros, especialmente en la industria de materias primas”. 

 Las industrias metalúrgica y química no son las únicas afectadas. Los fabricantes de papel también anuncian cierres y recortes masivos de producción: “el gigante del embalaje de cartón ondulado Smurfit Kappa ha optado por reducir la producción en alrededor de 30.000 a 50.000 toneladas en agosto porque, con el precio actual de la energía, no tiene absolutamente ningún sentido almacenar”.

 La Federación Europea de la Industria del Papel advirtió que las posibles interrupciones en el suministro de gas “afectarían a toda la logística de la UE, la disponibilidad de envases de papel para alimentos y productos farmacéuticos, así como productos de higiene esenciales”. 

 Abajo la guerra imperialista, por los Estados Unidos Socialistas de Europa 

El movimiento obrero y los pueblos de Europa. se enfrentan simultáneamente a la guerra imperialista, presupuestos militaristas y como la otra cara de la moneda a destrucción de sus conquistas y puestos de trabajo y luchan por defender sus salarios, pensiones y derechos. La clase obrera europea, la única capaz de salvar a la vieja Europa, apela a las huelgas que recorren el continente empezando por el Reino Unido. 

 Las huelgas en defensa de los salarios frente a la inflación y la defensa de los puestos de trabajo tienen que empalmar con movilizaciones masivas contra la guerra imperialista y la OTAN. Sobre todo la juventud debe recuperar el rol que ha jugado históricamente contra el militarismo. La unidad de estas luchas es la tarea de la hora para evitar la catástrofe económica, social y humanitaria que atraviesa a Europa

 Abajo la guerra y los gobiernos que la llevan adelante y en esa perspectiva es estratégico el planteamiento de los Estados Unidos Socialistas de Europa de Lisboa a Vladivostok.

 Antonio Rosselló

2022 a través de Prensa Obrera // Los hechos políticos más relevantes del año.

"El gobierno ajusta a los trabajadores a pedido del FMI" // Eduardo Belliboni en Crónica

Un hombre de los agrotóxicos sube como jefe de Asesores de Alberto Fernández

Antonio Aracre, ex CEO de la multinacional Syngenta, fue designado como nuevo jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández. No es la primera modificación que tiene lugar en el funcionariado oficialista, Victoria Donda acaba de abandonar la presidencia del Inadi, Félix Crous dejó la dirección de la Oficina Anticorrupción,y Rodolfo Gabrielli, presidente de la Casa de la Moneda, fue despedido por Massa. 

 El jefe de Asesores tiene influencia en la toma de decisiones que tienen que ver con la orientación política y económica del Ejecutivo. La colocación de Aracre en ese lugar profundiza la política prosojera del gobierno. El novel funcionario es, asimismo, un promotor de la devaluación monetaria. 

 Syngenta es proveedora de semillas y pesticidas para el desenvolvimiento del agronegocio. Tyrone Hayes, científico de la Universidad de California, denunció a Syngenta por utilizar atrazina (uno de los agrotóxicos más utilizados en Argentina), un herbicida que puede tener efectos nocivos sobre el sistema endocrino de las personas. 

 Esta empresa y Bayer-Monsanto fueron beneficiadas por el gobierno con la habilitación de la libre comercialización del trigo transgénico HB4, que utiliza un agrotóxico 15 veces más dañino para la salud que el glifosato. 

 El gobierno promueve el agronegocio para recaudar divisas y afrontar el pago de la deuda externa. La política económica del Ejecutivo refuerza el carácter primarizado de la economía nacional y el lugar subordinado de Argentina en el mundo. 

 Prensa Obrera

Amplían la emergencia sanitaria, pero sin recursos ni políticas

Prorrogan un régimen de excepción en medio de un ajuste al sistema de salud público. 

 Previo a finalizar en 2022, el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia sanitaria, en vistas a la continuidad de la pandemia de Covid-19 y al alza de casos detectados en las últimas semanas. La resolución habilita algunas medidas de excepción sin alterar el ajuste en Salud, con una infraestructura sanitaria de pandemia desmantelada y en los marcos de distintos procesos de lucha de los trabajadores de la salud por salarios y condiciones laborales. 

 Se trata del decreto 863/2022 por el cual se dispone que el gobierno podrá establecer condiciones de excepción para la matriculación y/o certificación de títulos (en trámite o revalidaciones), contratar personal de salud jubilado o retirado o con titulación extranjera no validada en el país, y la instalación de hospitales de campaña sin bloqueo administrativos previos. También se habilita a la reasignación de partidas presupuestarias para atender las necesidades sanitarias de la pandemia. 

 La prórroga de la emergencia sanitaria contrasta con el desmantelamiento del sistema de salud para enfrentar la pandemia y las consecuencias de un sistema saturado: entre los propios considerandos del decreto se menciona “el descenso de casi el 50 % en la atención de pacientes ambulatorios y ambulatorias y la cancelación de alrededor del 60 % de las prácticas médicas”. 

 El gobierno ha eliminado casi en su totalidad la política de testeos públicos, reservándola solo para casos especiales de personas con riesgo sanitario, comorbilidades y adultos mayores, lo que ha repercutido en un salto en la adquisición de autotests y en una caída significativa del monitoreo del estado epidemiológico en el país. 

 También se han dejado caer medidas preventivas sobre la propagación, como la presunción del Covid-19 como enfermedad laboral, algo que invierte la carga de la prueba lo que implica que muchos trabajadores asistan a trabajar a pesar de contar con síntomas de la enfermedad.

 Esta resolución no solo se da en el marco de un crecimiento de los casos de Covid, sino también bajo el aumento de enfermedades y padecimientos que surgen como consecuencia de la pandemia. Tal es el caso de enfermedades cardiovasculares y metabólicas por efecto de un cambio en los hábitos alimentarios, aumento de peso por confinamiento y reducción de la actividad física. 

 El decreto del gobierno es solo a los fines de cubrirse las espaldas en caso de un nuevo salto en los contagios, pero no implica necesariamente un reforzamiento del sistema sanitario público, sino un régimen de excepción para mantener el ajuste y reducir las contingencias a un mínimo impacto fiscal.

 La falta de personal en áreas enteras del sistema de salud público se debe principalmente a los bajos salarios y las paupérrimas condiciones laborales, que han quedado de manifiesto con las lucha de los trabajadores de la salud en CABA y provincia de Buenos Aires y en el resto del país. 

 La mejor forma de acondicionar el sistema sanitario para enfrentar los golpes de la pandemia es por medio de la prevención con testeos públicos al alcance y garantías salariales y laborales para el conjunto de los trabajadores del sector, ampliando el personal y cubriendo los cargos y áreas vacantes y necesarias. Algo incompatible con el sometimiento fiscal al FMI y su ajuste. 

 Marcelo Mache

Los contagios por Covid han explotado en China

Escenas alarmantes en las salas de emergencia de los hospitales.

 Unas 9.000 personas mueren cada día en China a causa del Covid-19, una cifra que prácticamente duplica su estimación de hace una semana, a medida que las infecciones se propagan por el país más poblado del mundo, según señaló en un informe la empresa británica de datos sanitarios Airfinity (Infobae, 29-12). Las infecciones empezaron a extenderse por China en noviembre, y se aceleraron este mes después de que Beijing desmantelara sus políticas de Covid cero. 

 Las muertes acumuladas en China desde el 1 de diciembre han alcanzado probablemente las 100.000, con un total de 18,6 millones de infecciones, según el comunicado de Airfinity. Esta entidad espera que las infecciones por Covid en China alcancen su primer pico el 13 de enero, con 3,7 millones de casos al día. Esta cifra contrasta con las oficiales que mencionan apenas unos miles de casos diarios, después de que se desmantelara en gran medida una red nacional de centros de pruebas de PCR al pasar las autoridades de la prevención de infecciones al tratamiento de las mismas. Desde el 7 de diciembre, cuando China dio un brusco giro a su política, las autoridades han notificado 10 muertes por Covid. Las autoridades sanitarias declararon recientemente que definen como muerte por Covid la de una persona que fallece por insuficiencia respiratoria causada por el Covid-19, excluyendo las muertes por otras enfermedades y afecciones, incluso si el fallecido ha dado positivo en las pruebas del virus.

 Airfinity prevé que el 23 de enero se alcance un máximo de 25.000 muertes al día, con un total acumulado de 584.000 muertes desde diciembre. Y si persistiera esta tendencia contempla 1,7 millones de muertes en toda China para finales de abril, según su declaración. La falta de información oficial ha llevado a la Organización Mundial de la Salud y a algunos gobiernos a exigirle a Pekín mayor transparencia sobre nuevos casos, la severidad de estos y el número de hospitalizaciones 

 Los centros de salud han empezado a colapsar. Ha pasado a ser usual las escenas alarmantes en las salas de emergencia de los hospitales, con pacientes -muchos de ellos ancianos- acostados en camillas, llenando los pasillos en espera de un diagnóstico o para ser internados con los familiares parados cerca de ellos, obstaculizando el paso. Este contacto cercano entre los enfermos y personas supuestamente no infectadas podría disparar los casos. 

 La unidad de emergencias del hospital Zhongshan, uno de los más importantes en China, estaba manejando unos 1.000 pacientes diarios, entre 700 y 800 más que en la misma época el año pasado (La Nación, 29-12). 

 Las autoridades chinas han empezado convocar a los trabajadores de la salud jubilados para ayudar con la avalancha de casos y para reemplazar a los doctores y enfermeras que se han contagiado de Covid. El nivel de contagio del personal de salud, según diferentes crónicas, superaría el 50 % y llega en algunos casos hasta el 90 %. Hay denuncias de trabajadores de la salud que señalan que “le habían dicho que se presentaran a trabajar aunque tuvieron positivo y fiebre” (La Nación, 27-12).

 También hay preocupación de que muchos hospitales ya no tengan reservas de medicamentos específicos para tratar la Covid y solo estén ofreciendo fármacos contra síntomas específicos como la tos. Por otra parte, China ha quedado rezagada con su programa de vacunación de Covid. Además, las vacunas que desarrolló y produce son consideradas menos efectivas para proteger contra las infecciones graves por Covid que las vacunas ARNm utilizadas en el resto del mundo.

 Río revuelto 

La relajación de las medidas de control venía siendo reclamada por la burguesía china pero, en especial, por el capital internacional que veían con preocupación el perjuicio a sus negocios y que traían como consecuencia la paralización de la producción y la ruptura de la cadena de suministros. La política de Beijing de contemporizar con las exigencias patronales ha terminado por potenciar la propagación de los contagios en forma gigantesca. 

 Este viraje brusco e improvisado revela el callejón sin salida de política del gobierno de Xi Jinping. No se nos puede escapar que la política de control y aislamiento severos permitieron que en China no se produjera la tragedia que se vivió en las principales economías capitalistas, pero este hecho no nos puede hacer perder de vista que Beijing no brindó prácticamente asistencia económica, en medio de las cuarentenas, a las decenas de millones de afectados por las medidas, en particular a quienes tienen un trabajo informal, cuentapropistas y también pequeños comerciantes que debieron cerrar sus puertas durante ese período. Esto ha creado una corriente creciente de rechazo y malestar en el pueblo, que está predispuesto desfavorablemente cuando se anuncia cualquier reimplantación de nuevos confinamientos. 

 Lo cierto es que la decisión de levantamiento de los controles y apuntar a la “inmunidad de rebaño” ha abierto un situación explosiva, cuyo alcance y consecuencias se irán develando en las próximas semanas. Por lo pronto, el colapso de la salud puede crear un escenario ingobernable y ser un caldo de cultivo para que se abra paso una reacción popular. Las protestas que en el pasado se dirigieron contra los confinamientos masivos se dirigirían, esta vez, contra la falta de asistencia sanitaria y apoyo económico a la población, expuesta al crecimiento exponencial de la pandemia. Recordemos que ya hay un mar de fondo entre los trabajadores donde anida un creciente descontento que se nutre de la marcada desaceleración de la economía del país, donde la desocupación de la juventud orilla el 20 %. El gigante asiático se está convirtiendo en un polvorín social, lo que se expresa en la curva ascendente de protestas y huelgas. Las protestas en Foxconn, la principal planta del mundo en la producción de celulares, que ocuparon semanas atrás la primera plana de los diarios, es emblemático de este proceso. Los trabajadores entraron en huelga no solo por la cuestión sanitaria sino por reclamos salariales. 

 A la par de ello, en río revuelto, la clase capitalista no se priva de sacar provecho de la actual crisis y apunta a acelerar la apertura y una desregulación mayor de China –no solo en el ámbito sanitario sino en todos los planos- en vistas a avanzar en el proceso de restauración capitalista aún inconcluso.

 Lo que está claro, en el marco de este tembladeral, es que el debut de Xi Jinping, luego de salir airoso en del XX Congreso que lo ha consagrado en una suerte de presidente vitalicio, no ha sido de los más auspicioso. El líder chino está sufriendo un duro golpe a su ascendiente y autoridad y habrá que ver sus consecuencias en una crisis que recién comienza. No hay que descartar, en este contexto, que el gobierno se vea obligado a nuevos giros 

 Asistimos, en definitiva a un panorama agitado y fluido, atravesado por los el fuego cruzado de la burguesía, el imperialismo y las masas, cuyos intereses son disimiles, contradictorios y hasta antagónicos entre sí. 

 Independencia obrera

 En este contexto, los trabajadores tiene que enarbolar su propio programa para intervenir en la crisis en curso: control popular y de los trabajadores de las medidas que se adopten para enfrentar el nuevo brote de Covid, protocolos obreros, asistencia económica a todos los damnificados, provisión gratuita de los tests y demás insumos médicos, reforzamiento de los presupuestos de salud Fuera la represión y persecución estatal. Por la libertad de organización política y sindical de los trabajadores. Por un plan de inmunización masiva, que incluya las vacunas más eficaces que se fabrican mundialmente. China debe tener acceso a las mismas sin ningún condicionamiento o extorsión de los laboratorios y de las potencias imperialistas. Una plataforma de esta naturaleza contribuirá a ir delineando un programa de salida obrera y socialista frente la crisis.

 Pablo Heller

Lo que no dice la resolución que anula las recetas médicas por WhatsApp

Mediante una nueva resolución, el gobierno invalidó la compra de medicamentos con fotos de recetas enviadas por mail o WhatsApp. Anuló la ley sancionada en el 2020 que lo permitía, como parte de las medidas sanitarias preventivas en el marco de la cuarentena contra el Covid 19. Aplicada de forma intempestiva, las quejas por falta de preaviso forzó al Ministerio de Salud a prorrogarla hasta el 28/2.

 Lo que dice el gobierno 

Como excepción, durante la cuarentena y con el objetivo de disminuir la circulación social, se había autorizado la utilización de las fotos de las recetas para reducir al mínimo la concurrencia a los centros de salud y a las farmacias. Esta medida funcionó parcialmente ya que no se logró evitar la circulación de personas en las farmacias con las recetas en sus celulares. La nueva resolución no anula el uso de recetas digitales o electrónicas, con firma electrónica y/o digital registrada. Las recetas que provienen de plataformas informáticas específicas de obras sociales como las de PAMI siguen siendo válidas. 

 A diferencia de las anteriores a éstas, las fotos de recetas carecen de medidas de seguridad. Pueden ser fácilmente falsificadas, compartirse entre varias personas, ya que no es necesario que el titular de la receta sea quien efectúe la compra, pueden ser utilizadas en varias farmacias al mismo tiempo, ya que se pueden hacer varias copias de una misma foto, para dar algunos ejemplos. “El procedimiento anterior mediante el cual un paciente podía enviar una foto de la receta, incumplía una serie de leyes, como la Ley de Farmacia, la Ley de Ejercicio profesional, entre otros” afirmó la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de nación para explicar la decisión. (Infobae, 30 de diciembre). 

 Resuelto de forma improvisada no se han prorrogado todas las recetas sino solo las de enfermedades crónicas. No se ha aclarado si corresponden a un listado determinado de patologías, si la misma debía indicar tratamiento prolongado para considerarla dentro de esa excepción, ni qué pasa si el médico omite el diagnóstico o el diagnóstico figuraba como S/M (secreto médico) para saber si era crónico o no, etc. Ante tantas desprolijidades, muchas farmacias decidieron no aceptarlas ya, por temor a que las obras sociales luego no efectúen el pago correspondiente. 

 Lo que no dice el gobierno 

A pesar de todas las graves falencias de la resolución 2020 en el marco de la cuarentena, la misma colocaba las normativas en un cuadro de pandemia. Su anulación produce mayor circulación de personas, cuando todavía estamos en pandemia, en medio de una enorme ola de Covid que azota en todo el mundo y que en nuestro país no ha tocado su techo aún. Ningún sector de la oposición ni de la izquierda, que ha defendido la apertura de las medidas, se ha manifestado en contra. 

 Luego de ver los límites del sistema que se implementó, no se ha hecho nada para idear un método más seguro, a través de un software oficial, y que implique menos circulación de gente. El uso de fotos a través de dispositivos digitales debe ser reemplazado por recetas digitales y/o electrónicas en una plataforma informática general que abarque también recetas que no sean de obra social e incluyan todas, también la de los hospitales públicos. 

 Este sistema que es más seguro y que va directo desde el prescriptor a la farmacia, y que garantiza un solo uso de cada prescripción ya que queda registrado que el paciente ya realizó la compra, debe instalarse en forma general, no solo por la pandemia, sino también para garantizar una caligrafía 100% clara que ayuda a disminuir errores de dispensación. 

 La anulación de la resolución es la voluntad del gobierno de limpiar todo vestigio de normativa que mantenga en vigencia la idea de medidas de protección sanitaria. En los hospitales, los elementos de bioseguridad, como el barbijo, son escasos y su uso queda a criterio del trabajador. Pero las nuevas sub variantes de cepa Omicron no son atacadas por la vacuna que sigue aplicando el gobierno nacional y las enfermedades posteriores - Long Covid- de los que se contagiaron crecen. 

 Está claro: no hay ninguna intención del sistema capitalista de volver a frenar la producción para salvar vidas. Como no piensan frenar la producción, no van a idear ningún plan alternativo para un supuesto nuevo aislamiento. Los intereses de la clase capitalista no son compatibles con el resguardo de la salud de los trabajadores. Es urgente discutir un plan de nuevas medidas sanitarias de cuidado. 

 Claudia Jati

 30/12/2022

Grabois en Lago Escondido: “amague y recule”

El escándalo de la reunión de jueces, fiscales, ministros larretistas y operadores mediáticos en Lago Escondido reveló la trama subterránea de la ‘democracia’; es decir, la real, la que maneja las llamadas instituciones. Quedó al descubierto una ‘asociación ilícita’ de opositores. 

 Este ‘drama’ acaba de tener su comedia. Juan Grabois, el líder de las cooperativas del MTE y embajador del Papa, decidió apersonarse en esa estancia, en el Bolsón, acaparada por el magnate inglés Joe Lewis. Fue acompañado por el diputado nacional Federico Fagioli y algunos referentes sociales del kirchnerismo; unas decenas en total. Una vez dentro del predio de 12 mil hectáreas, Grabois y compañía “izaron” una bandera Argentina con el lema “las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también”. 

 En un comunicado sostuvieron que “a pesar de un fallo firme del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro que data del 2012 y confirma un fallo de 2002, ni el gobierno provincial ni el nacional ha habilitado un paso que permita al pueblo disfrutar de la maravilla natural que constituye el Lago Escondido”. Añadieron que “nuestra acción de hoy se enmarca en el concepto de Resistencia No Violenta con el que [Mahatma] Gandhi enfrentó el imperialismo inglés en la India”. Como es sabido, Ghandi pactó con el Estado británico una retirada indolora que dejó en pie su dominación económica. Ocho décadas más tarde, ese imperialismo es un espectro de aquel pasado y la India acabó con un enfrentamiento entre hindúes y musulmanes, una escisión territorial y una guerra latente. 

 Grabois fundamenta su acción, en ese comunicado, con dos reivindicaciones: el desmantelamiento del “Estado paralelo”, por un lado; “recuperar esta porción de territorio nacional”, por el otro. En el texto no faltan palos al gobierno, como el ajuste en “inversión social”, el dólar-soja, la represión en Villa Mascardi y el servilismo al FMI. No explican, sin embargo, por qué siguen siendo funcionarios de ese gobierno. Grabois instaló junto con su comitiva, a orillas del lago, un campamento “por tiempo indeterminado”. Al día siguiente, Página/12 comentó que “pese al empuje inicial (sic), la medida duró menos de 24 horas”. 

Grabois denunció amenazas de encapuchados y amedrentamiento por parte de la policía provincial. Como diría Cristina Kirchner, es otra versión del “amague y recule”. 

 El “Estado paralelo” que denuncia Grabois, por otra parte, se encuentra protegido por el Estado oficial y por el gobierno. Desde 2003, los K han gobernado por dieciséis años, que usaron para armar su propia sucursal en las penumbras o para proteger a otras, largamente instaladas, como la burocracia que cultiva, en palabras de la Vice, “un sindicalismo que construye”. 

 Con 16 años de retraso, el “Ghandi argentino” copia lo que llevó a cabo otro exlíder piquetero y -en ese entonces- funcionario del gobierno, Luis D'Elía, en las estancias del empresario norteamericano Douglas Tompkins, en la provincia de Corrientes. El que en ese momento tuvo que salir a desmentir a D'Elía fue quien por entonces fungía de Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando afirmó que “el Gobierno no impulsa la expropiación de tierras”. En su momento, desde Prensa Obrera titulamos “¡Más solo que… D’Elía cortando alambres!”. 

 Mientras “ocupaba” Lago Escondido con 30 personas, la organización que lidera Grabois se sentaba en las oficinas del ministerio de Desarrollo Social para firmar una “paz social” con el gobierno del “ajuste en inversión social”. De esa paz social, las organizaciones oficialistas se embolsarán importantes sumas de dinero en materia de sostenimiento a las cooperativas que se encuentran bajo su ala y de las compras estatales de sus productos. El grueso de la población seguirá padeciendo el ajuste del plan “Massa-FMI”. 

 El nacionalismo criollo tiene un largo historial de gesticulaciones y muy poca firmeza política. Es el movimiento del “amague y recule”. 

 El Be 

 29/12/2022