Acerca de las drogas, ¿un Anmat bajo control obrero?

El fallecimiento de más de una veintena de personas y la internación de más de treinta en hospitales de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín ha puesto sobre el tapete la discusión sobre las drogas y el narcotráfico. Las muertes obedecieron al consumo de cocaína adulterada. El PTS aprovechó la ocasión para para volver a plantear la "Legalización de las drogas para terminar con el negocio del narcotráfico", "regulación estatal para el control de daños" y "consumo recreativo vs consumo problemático". Sus principales figuras públicas no perdieron tiempo en difundir esta posición. La circulación mercantil de la cocaína y una ley regulatoria habrían impedido esta desgracia. El “control de daños”, por su parte, fue votado en la legislatura porteña en ocasión de las muertes en Time Warp, por iniciativa de Rodríguez Larreta y sus aliados. Allí, se estipulaba un fuerte abastecimiento de agua en las fiestas electrónicas, para que los consumidores de drogas no sufrieran deshidratación. 

 La reivindicación de “drogas para todos y para todas” está ampliamente desarrollada en la sociedad burguesa en decadencia, bajo la forma de la intensa medicalización de la salud. Se ha creado, de este modo, un mercado mundial farmacéutico fabuloso en términos de ventas y beneficios que compite con los principales rubros del comercio internacional. Ese es el destino de la “droga libre”. 

 La salida institucional al problema por medio de un “control de las sustancias que se producen y se ofrecen al público por parte de especialistas y científicos” (LID, 2/2) -una suerte de “ANMAT bajo control obrero”- por supuesto, es peor que ridícula, pues sufre de una limitación tanto sanitaria como penal. Los profesionales que lo integrarían se verían en problemas éticos para autorizar la pulverización del cerebro de los jóvenes y de los humanos en general. Es cierto que para evadir la responsabilidad médica y científica se podría recurrir a la ley de etiquetado frontal, muy reivindicada por el fituismo; es lo que ocurre con los cigarrillos – donde “fumar mata”. En el caso de las drogas el daño es más fulminante si se convierte en adicción, que es una consecuencia típica de los estupefacientes. El PTS defiende su planteo en nombre de la ‘libertad’, pero en seguida reclama regularla, algo que por otra parte es una novedad que ha introducido en el último año y medio. El discurso libertario da paso a la tutela del estado, porque se trata de una imposición y no de una recomendación de la medicina. A esta altura del tema nos interrogamos acerca de qué entiende el PTS acerca de que “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos” – porque se emanciparían de la tutela del Estado, del control de daños y de la dependencia de la droga. 

 Los socialistas debemos combatir con métodos socialistas la esclavización de la clase obrera, que ejercen la burguesía, el estado, la religión, el chauvinismo, el racismo, la misoginia y la de los estupefacientes. Históricamente, la alcoholización y la droga han sido diseminados como método de dominación colonial de los pueblos indígenas.

 Como en todas las cosas, es necesario ser concretos: la adicción a la droga, que empieza siempre de forma ‘recreativa’, adquiere un carácter masivo como consecuencia de la descomposición del régimen social vigente, y es una manifestación de la miseria social. No es el impasse de la escasez sino de la abundancia en su forma capitalista, o sea apropiada por una minoría cada vez más reducida relativamente. Como lo explicó un marxista muy importante, Román Rosdolsky, la miseria social no se limita al salario bajo y a la vivienda indigna, es la desolación de la vida misma. Es precisamente lo que ocurre en las barriadas de todo el país. 

 La libertad para drogarse no es libertad, no hace falta decirlo, pero es lo que reclama la izquierda "libertaria". Es una ruptura completa con la lucha por una sociedad socialista. Asume, por otra parte, un carácter completamente reaccionario, porque es motivada por el propósito de captar el voto de un electorado acorralado – que toma a la droga como una salida, para una crisis que es de otro alcance – histórico. 

 El planteo de la legalización debe considerarse en este marco. La difusión de la droga se disfraza como una defensa de la autodeterminación personal. Pero las víctimas de la droga no llegaron a esa situación por medio de la autodeterminación, sino por la pérdida de ella, parcial o completa. Estamos ante un encubrimiento libertario de la difusión de estupefacientes, no frente una oposición a la represión. Es convertir en un auténtico mercado mundial, lo que hoy está relativamente tabicado con la complicidad de gobiernos, políticos, militares y policías. Ni mercado tabicado ni mercado mundial: lucha contra toda forma de represión al pueblo, organizarnos por la revolución socialista. La lucha contra la represión al consumidor, que es siempre otra forma de represión contra el trabajador y la familia de trabajadores, debe partir de la lucha contra los difusores ideológicos, económicos y políticos de los estupefacientes. 

 Redacción de Política Obrera

 04/02/2022

Una cortina de humo sobre la Plaza Lavalle

La estéril y encubridora marcha “contra la Corte”. 

 La movilización kirchnerista contra la Corte Suprema tuvo un comienzo curioso: mientras el público reclamaba contra “la dictadura judicial”, la voz cantante del palco era copada por… un juez, el penalista Ramos Padilla. En definitiva, una camarilla judicial se enfrentaba con otra. Por lo demás, hace rato que el Frente de Todes y sus diferentes integrantes han sepultado en vida a la “democratización de la justicia” y otros slogans semejantes. Como expresión de ello, a la Plaza Lavalle sólo se acercaron quienes están en los márgenes del gobierno –como Boudou y D'Elía. Los diarios destacaron la ausencia de funcionarios o ministros, incluso de los cristinistas. Así las cosas, la marcha fue una operación de encubrimiento: en primer lugar, del impasse oficial frente a la justicia, y luego, de la propia desintegración del gobierno, en medio de la crisis de deuda y del acuerdo en puertas con el FMI. 

 Los que batieron el parche contra la Corte, en la tarde de ayer, saben mejor que nadie que carecen de la menor condición para zarandear el avispero judicial. Los Fernández no consiguieron siquiera remover al jefe de los fiscales, Casal, que es una rémora del malditomacrismo. Tampoco podrán frenar la tentativa de consagrar a un miembro de la Corte como presidente del consejo de la magistratura, después de que el máximo tribunal declarara inconstitucional al actual régimen de designación de jueces. Bajando todavía más las pretensiones, el gobierno ni siquiera tiene los votos para promover en el Congreso a un sustituto potable de la jueza Highton de Nolasco, recientemente retirada. En materia de “resultados”, los Cristóbal López y otros grupos capitalistas ya lograron las medidas absolutorias que le exigían a la “dictadura judicial”. Las cámaras de C5N le escatimaron minutos a la marcha de ayer –como se señaló repetidamente en las redes. En la crisis de gobierno, el canal de López ha tomado partido abiertamente por el tándem Alberto–Guzmán. La maldita Corte, por su parte, se ocupará de darle sustento a las medidas más confiscatorias del ajuste en curso, como la movilidad jubilatoria que dispuso el FdT en diciembre de 2019.

 Llegado este punto, la ofensiva contra los jueces ha quedado reducida al propósito más llano de la camarilla kirchnerista, que es el de su propia impunidad. El destino de CFK en la justicia es aún incierto –una absolución definitiva se juega en la arena más general de la crisis política, y de la “responsabilidad” de los K frente a las exigencias fondomonetaristas.

 La movilización de ayer fue un desfile de procesados, entre los que se destacaban los elementos más abyectos de la burocracia sindical, como el Caballo Suárez o el Pata Medina. Otras burocracias, como las del SMATA, que viene de otorgarle a la Toyota el pasaporte a la flexibilización laboral, también estuvieron, seguramente, en busca de su propio salvoconducto judicial. Lamentablemente, estos burócratas fueron caucionados por organizaciones de derechos humanos presentes, aun cuando la marcha no levantó una sola voz por los verdaderos luchadores procesados. 

 La marcha tuvo lugar en medio de la conmoción planteada por el acuerdo fondomonetarista y sus consecuencias sobre los trabajadores. Ni los oradores ni los dirigentes presentes aludieron a ella, aún cuando en su mayoría revistan en los supuestos “críticos” del acuerdo. Impotente respecto de la maldita justicia, la marcha sólo cumplió un papel distraccionista frente a la crisis política. Pero resultó reveladora sobre la política de los críticos “oficiales” al acuerdo con el Fondo: en momentos en que se prepara un cimbronazo contra los trabajadores, el kirchnerismo y sus agentes sindicales levantan una cortina de humo.

Marcelo Ramal

02/02/2022

Toyota asume la responsabilidad por el suicidio de sus obreros

El modelo Toyota y la reforma laboral. 

 Se dio a conocer que Toyota firmó un acuerdo por una demanda en la que se culpaba a la empresa japonesa del suicidio de uno de sus empleados por exceso de trabajo y acoso en el ámbito laboral. El presidente de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, le pidió «disculpas» a la familia, según informó la automotriz. Los detalles económicos del acuerdo no se han revelado, pero la demanda presentada por la familia del fallecido solicitaba 123 millones de yenes (1,1 millones de dólares) en daños (Clarín, 1/2).

 El Tribunal Superior de Nagoya decretó en septiembre de 2021 que la muerte del empleado estaba relacionada con su empleo, destacando que sufrió un grave estrés laboral antes de quitarse la vida en 2010. En un primer momento, Toyota, con sede en la ciudad de Toyota, cerca de Nagoya, había refutado las acusaciones. En 2019, Toyota reconoció en otra causa que el suicidio de un ingeniero de 28 años en 2017 estuvo causado por las burlas constantes de su jefe (ídem). 

 Los japoneses tienen una palabra para nombrar al fenómeno que significa, literalmente, “muerte por exceso de trabajo”: karoshi. En la isla, desde la crisis del petróleo de 1973 y el proceso de reestructuración capitalista, las jornadas laborales llegan hasta las 70 horas. Se extienden las historias de empleados que caían muertos en sus oficinas tras una extensa jornada laboral o que decidían suicidarse por no poder más con la presión del trabajo. Este fenómeno no se reduce simplemente a Japón, sino que es mundial. 

 De acuerdo con un informe de la OMS, el exceso de trabajo y estrés laboral provocaron 745.000 muertes por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016. Se trata del primer estudio global que analiza las muertes y enfermedades asociadas con el trabajo excesivo y prolongado. El reporte concluye que trabajar 55 horas o más a la semana se asoció con un 35% más de riesgo de accidente cerebrovascular y un 17 % más de riesgo de morir por una enfermedad cardíaca. Otro dato preocupante publicado en el estudio es que, a menudo, las muertes ocurren incluso décadas después (Observatorio Tec Mex, 1/6/21).

 El modelo Toyota y la reforma laboral 

Este modelo de flexibilización y superexplotación laboral de la automotriz nipona es el que el gobierno festejó en nuestro país, y es tan reclamado por la clase capitalista. La reforma laboral es uno de los puntos clave en el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En los primeros días de octubre del año pasado, la multinacional Toyota logró hacer pasar su reforma laboral en la planta de Zárate, con la que obtuvo la extensión de la jornada laboral a los sábados a cambio de un plus económico, un franco móvil y la efectivización de 1.012 trabajadores contratados. Esta flexibilización pasó gracias al favor de la burocracia del Smata. En plena campaña electoral, Alberto Fernández en persona fue a las plantas a reivindicar esa flexibilización como el modelo para la reactivación económica que promueve el gobierno. 

 Esta reestructuración patronal opera de tal modo que la empresa no solo logra forzar el trabajo los días sábado sino que no tiene que pagar el costo adicional de las horas extra, similar a lo que ocurriría con un banco de horas, como reclama la clase capitalista para abaratar “costos laborales”. La base de esta reforma es la negativa de la patronal a realizar nuevas inversiones para soportar los ritmos de producción -que, de paso, crearía nuevos puestos de trabajo-, lo que redunda en una mayor explotación del personal existente. La patronal de Toyota admite que con estas reformas el año próximo estaría alcanzando los 3.500 millones de dólares en exportaciones, mientras que los trabajadores pierden salud y condiciones laborales (Prensa Obrera, 24/11/21). 

 La reforma laboral es parte inseparable de una orientación contraria a todo desarrollo industrial. Siguiendo los pasos que exige el FMI solo se profundiza un régimen de saqueo y pobreza. Contra esta política y con la iniciativa del Frente de Izquierda Unidad, más de 200 organizaciones movilizarán el 8 de febrero a Plaza de Mayo y en todo el país. Abajo el pacto del gobierno con el FMI. Ni ajuste ni tarifazo. No al pago de la deuda. Vamos a todas las plazas del poder político a rechazar el pacto humillante del gobierno de los Fernández con el FMI. 

 Camila Mic

La cocaína adulterada y la descomposición de todo un régimen social

Las intoxicaciones masivas por cocaína adulterada (aunque ha comenzado a circular la versión de que se trataría de opiáceos) ha desnudado una crisis a la altura de la provocada por la negligencia en el tratamiento de la pandemia o del acuerdo con el FMI. En estas horas, se discute una vuelta anticipada del gobernador Kicillof desde Rusia –una demostración de que interpela al máximo poder del estado.

 Negocio narco, estado narco

 En declaraciones a la prensa, Sergio Berni aseguró que “en el AMBA se venden 200 mil dosis diarias” sólo de cocaína. Puesto en números implica un mercado de 3 a 4 millones de dólares diarios. El lavado de dinero por un negocio de semejante magnitud exige un vasto circuito empresario y financiero, sin comparación con los "dealers" que trajinan las villas y asentamientos. Es un entrelazamiento de alcance internacional. El consorcio de periodistas de investigación reveló, en 2020, que bancos como el Deutsche, HSBC, Barclays, JP Morgan se involucraron en el lavado de dinero, sin distinción de negocios de origen. De arriba hacia abajo, el circuito involucra a todo el sistema judicial y de seguridad. Sin la menor vergüenza, el mismo Berni señaló que “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados con el narcotráfico”, como si él no encabezara desde hace dos años a la fuerza que está en la mira de la indignación popular. En los barrios donde fueron detectadas las cuevas de los narcos, numerosos vecinos y jóvenes acusan a la bonaerense –“saben perfectamente dónde se vende la droga”. La penetración del narcotráfico en todas las capas del Estado no ocurre solo en esa provincia.

 Decadencia social 

El consumo de drogas es la consecuencia de un constante agravamiento de la miseria social y es su mayor expresión. El horizonte de las grandes masas se restringe de modo catastrófico, a la par del ocio y el parasitismo de la clase capitalista dominante. La circulación de opioides en Estados Unidos, provistos legalmente por las farmacéuticas, ha provocado 80 mil muertes, en su mayoría entre trabajadores de la industria. Las autoridades norteamericanas acaban de multar a algunas de esas compañías, por las muertes entre la población aborigen. No es necesario que se adultere en las cuevas –para producir la muerte, alcanza la cantidad promedio de consumo de drogas. La corriente libertina, en la derecha y en la izquierda, simplemente ha elegido ignorar que la circulación masiva de drogas es una manifestación de la descomposición capitalista. El imperialismo se ha servido del opio para someter a los pueblos de Asia. Muchos adictos costean su consumo operando en el tráfico al menudeo. La miseria social no se refiere a la falta de trabajo, pues incluye la usura del ser humano en el trabajo, de 12 a 14 horas, sin contar el transporte. El capital y sus estados no sólo "toleran" esta situación, la protegen; no sólo responde a grandes negocios, especialmente bancarios, sino a una política de desmoralización de la juventud, para destruir la capacidad de lucha. 

 Esta realidad refuta la campaña de magnates como Soros y publicaciones como The Economist, que señalan a la legalización del comercio de drogas como una salida racional y saludable. Es lo que sostiene también una izquierda pequeño burguesa, que vegeta en los poros de la sociedad burguesa. Ha descubierto un liberalismo tardío, que también le ha servido para rechazar las medidas sociales para terminar con la circulación comunitaria del Covid. Con considerable grosería ha descubierto la ley de la oferta y la demanda, por la cual el "mercado", y no los traficantes, regulan la circulación de la droga, y las autoridades administrativas supervisan la pureza de su contenido. La humanidad no enfrenta una deficiencia regulatoria sino la descomposición de un régimen social y la miseria existencial. 

 “Convivir con la droga” 

No hace falta la droga adulterada para reconocer los daños cognitivos irreversibles del consumo de cocaína y de categorías aún más explosivas. Está largamente comprobado por estudios científicos. La industria farmacéutica “legal” se enfrenta a juicios interminables por intoxicar letalmente a sus clientes. De nuevo, si de opiáceos se trata, nada menos que Johnson y Johnson acaba de ser condenada luego de un largo pleito en los Estados Unidos.

 Entre los partidarios de la legalización de las drogas revistan notorios magnates y grupos financieros, que quieren incorporar a su cartera de inversión al filón de los estupefacientes. El índice de cotizaciones de Morgan Stanley podría irse en este caso hacia arriba, aunque Facebook y Apple vean derrumbarse las cotizaciones en la Bolsa. El acoplamiento de la izquierda libertaria a la corriente legalista constituye la manifestación estratégica más relevante de su adaptación y eventual pasaje al sistema capitalista. Sencillamente, ha renunciado a luchar contra el régimen social que engendra las adicciones y destruye a la juventud. 

 En la pandemia, primero los Trump y los Bolsonaro llamaron a “convivir con el virus”, en vez de extirpar sus raíces sanitarias y sociales. Lo mismo planteó la izquierda libertaria desde un comienzo, a partir del grupo la “Sopa de Wuhan”, con la que hemos polemizado desde el inicio.

 En oposición a este acomodamiento a la descomposición capitalista, llamamos a la juventud a defender la vida y la salud, por medio de una lucha de clases que tiene que ser implacable. A concentrar nuestras energías y nuestra atención en la destrucción del régimen y los intereses sociales. El sistema de salud contra las adicciones se encuentra vaciado; la cosa empeorará con la crisis en curso y el sometimiento al FMI. Combatir el consumo de drogas no es penalizar a los consumidores, sino hacer un trabajo revolucionario y socialista de esclarecimiento y organización para combatir la deshumanización capitalista.

 Somos socialistas, no somos bomberos. No luchamos para emparchar un régimen social en descomposición, que quiere convertir a la sociedad en una gigantesca Unidad de Terapia Intensiva o en un crematorio de explotados. 

 Convocamos a la juventud a adherir con todas sus fuerzas a esta tarea.

 Redacción de Política Obrera 

 03/02/2022

Entrevista con Santiago O’Donnell: Las torturas a Julian Assange

Historia de los pactos de Argentina con el FMI // ¿La 22 es la vencida?

Emilio Ruchansky sobre el escándalo de la cocaína: “Nunca se puede confiar en la Policía”

La renuncia de Máximo Kirchner es el primer capítulo de una crisis que se las trae

Cuando aún faltan precisar los aspectos más importantes del acuerdo con el FMI, el mero anuncio del “entendimiento” acordado ya abrió una crisis política en el gobierno que muy probablemente se extienda también a la oposición de derecha. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos pone en cuestión la exigencia del Fondo de que el acuerdo alcanzado sea validado por una ley del Congreso Nacional, aún cuando su sucesor Germán Martínez asegure lo contrario. El silencio de Cristina Kirchner, que en carácter de vicepresidenta preside el Senado, agrega un elemento adicional de crisis que se suma a la generada por la renuncia de su hijo. En este cuadro Patricia Bullrich reclamó que el gobierno avance con el acuerdo mediante un DNU, renunciando al tratamiento parlamentario. Claro que para ello debería anular la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada hace un año atrás. No sabemos si la posición de la presidenta del PRO es compartida por el ala de Larreta. De no ser así, a la división del oficialismo se le sumaría la de Juntos por el Cambio. Contradictoriamente, una ley prevista para unificar al régimen en el pago de la deuda terminaría acelerando su fragmentación. Ante estas vacilaciones el nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, hizo un llamado al orden, y afirmó que el directorio del organismo solo tratará el programa que sea aprobado por el Congreso. 

 Ajuste sin destino 

Las disputas por escaparle a la autoría del acuerdo muestran la poca confianza que éste genera dentro de los partidos y coaliciones principales. Sucede que más allá de las frases de circunstancia, el ajuste que traerá aparejado tendrá un costo político del que nadie se quiere hacer cargo. La combinación de reducción del déficit fiscal con la menor asistencia del BCRA al Tesoro, sumada al compromiso de reforzar las reservas y elevar la tasa de interés, plantea en el corto plazo un combo de tarifazos, devaluaciones, aceleración inflacionaria, afectación de la actividad económica y menores salarios y jubilaciones. Por lo pronto, el primer paso ha sido un aumento de las naftas del 11% que tendrá un impacto inmediato en la inflación, que todos prevén que en enero será del orden del 4%. Este aumento de las naftas no será el último. Según los voceros de YPF y de otras petroleras el «atraso» de los precios es de al menos un 25%. A esto deberá sumarse el aumento de las tarifas, uno de los puntos más críticos del acuerdo. Según los funcionarios del FMI, el gobierno se comprometió a reducir los subsidios a la energía, para lo cual las tarifas deberían aumentar por encima de la inflación. Como ésta superará el 50%, los aumentos de la electricidad y el gas deberán estar cómodamente por arriba del 60%. Una medida de este tipo equivale a echar más leña al fuego de la inflación y puede disparar una rebelión popular. 

 Estas tentativas por evadir a la autoría del acuerdo no solo se deben al costo enorme que traerá aparejado su aplicación, sino al hecho de que nadie considera que sea consistente, ni en el corto ni en el largo plazo. En el corto plazo la reducción de déficit y de la emisión plantean el interrogante de cómo se financiará el Tesoro. La única medida posible es incrementando notablemente la colocación de deuda en pesos en el mercado local. Pero para ello la suba de la tasa de interés comprometida puede no ser suficiente. Este año el gobierno enfrenta vencimientos por 4,3 billones de pesos, los cuales superan en un 30% la base monetaria. Ya el año pasado, con compromisos menores, el gobierno no logró su objetivo de financiar con deuda el 40% del déficit, logrando cubrir solo el 25% y el resto debió hacerlo con emisión. El panorama para el año en curso es aún más sombrío. Las estimaciones hablan de que debiera tomarse deuda por 2,6% del PBI, una cifra enorme que requeriría una suba muy significativa de la tasa de interés, con su correlato negativo sobre la actividad económica y también sobre la renovación de las Leliq del BCRA, agravando el déficit cuasifiscal del Estado. Ante este cuadro sombrío, Domingo Cavallo acaba de pronosticar un default de la deuda en pesos que podría darse antes o después de las elecciones del 2023. 

 Este panorama sombrío del corto plazo se agrava cuando se analiza el contexto más general de la deuda, que el acuerdo con el FMI está lejos de resolver. Es que bien visto el acuerdo solo posterga por pocos años el peso mayor de los vencimientos, sin afectar en lo más mínimo el peso general de la deuda sobre la economía nacional. Repite en ese sentido la reestructuración de la deuda privada, que se limitó a posponer hasta el 2025-2026 la mayor parte de los vencimientos. Así, Argentina deberá enfrentar en pocos años pagos de deuda que son a todas luces imposibles de pagar. En el horizonte próximo se descuentan nuevas reestructuraciones y negociaciones, que alejan por completo la posibilidad de una reducción del riesgo país y una apertura para el Estado y para las empresas del mercado de crédito internacional. Esto, claro, sin tener en cuenta que la suba de la tasa de interés a nivel internacional anunciada para los próximos meses por la Reserva Federal de los Estados Unidos está llamada a agravar esta situación en todos los planos. En este cuadro la agencia de Moody’s señaló que el acuerdo con el FMI no evitará que Argentina tenga que reestructurar su deuda en los próximos años.

 Vigilancia y cogobierno 

La falta de expectativas sobre los efectos del acuerdo y sobre su cumplimiento alcanzan al propio FMI. Por eso el método elegido contempla una revisión trimestral de la política económica y de las metas previstas, que condicionará los desembolsos para hacer frente al pago de los vencimientos. Dicho de otro modo: si el ajuste no se lleva adelante en los términos previstos, el FMI puede imponer nuevas condiciones y medidas adicionales de ajuste, o dar por cancelado los desembolsos y empujar al gobierno al default. Después de todo, es lo que el Fondo hizo primero con el gobierno de Alfonsín y luego con el de De la Rúa. Tanto éstos como el de Macri pensaban que mediante los acuerdos con el FMI salvaban sus gobiernos y hasta lograban ganar las elecciones, pero ocurrió todo lo contrario. Terminaron siendo solo el primer paso para su salida del poder. 

 El método de la revisión trimestral incorpora un factor de crisis permanente para el período de tiempo que le resta al gobierno actual. La presencia de las misiones del FMI combinará las tendencias al cogobierno con el Fondo al chantaje y la ruptura, con la consabida amenaza de default. El tenor que alcanzó el discurso del presidente y su elenco, afirmando que sin acuerdo con el FMI Argentina quedaba “fuera del mundo” anticipan que la tendencia a la capitulación y la entrega adquirirá niveles aun mayores. 

 Enfrentar la entrega 

La experiencia indica que los acuerdos con el FMI terminan pariendo crisis económicas, políticas y sociales, como así también terminan generando rebeliones populares. Los recientes hechos en Ecuador y Colombia confirman esta tesis. Los que decían que Argentina sería una excepción se vieron rápidamente desmentidos por las crecientes divisiones en el elenco oficial, que derivaron en la renuncia de Máximo Kirchner. Esa renuncia, sin embargo, no debe confundirse con un intento real de enfrentar el pacto y sus consecuencias. El dirigente de La Cámpora lo dejó en claro en su carta, cuando señaló que no piensa obstaculizar al gobierno y que se queda en el bloque del Frente de Todos para colaborar con el presidente de la nación, o sea, con quien firmó el entendimiento con el Fondo. Los ministros y dirigentes de La Cámpora tampoco han renunciado a sus cargos en el gobierno, en una clara señala de no querer patear el tablero. 

 La intención de encapsular la crisis no es un operativo político sencillo. En su momento lo intentó el Chacho Álvarez cuando renunció al gobierno de De la Rúa prometiendo que no obstaculizaría la gestión, pero terminó generando una crisis de la cual la Alianza nunca se repondría. Acá el kirchnerismo enfrenta la misma situación, con el riesgo adicional de que si finalmente logra no agravar la crisis, caería él mismo en la intrascendencia. El sentido de la maniobra sin embargo apunta en otra dirección: contener el descontento que existe y que muy probablemente se va a incrementar en la medida que se sientan las consecuencias del pacto que se quiere sellar. Las condiciones políticas en las que opera el kirchnerismo para ese trabajo de contención están lejos de ser las ideales. El mismo es responsable de haber llevado a la presidencia a Alberto Fernández para hacer lo que según Cristina Kirchner a ella le iba a costar, en primer lugar, pactar con el FMI. Desde el punto de vista regional, el apoyo dado al acuerdo por el Grupo Puebla, y por los Lula y Mujica, muestra a los nacionales y populares de la patria grande encolumnados detrás del FMI. En el caso de Lula el apoyo anticipa cuál será el carácter de su eventual gobierno. 

 Lo antedicho debiera alcanzar para que la izquierda y todos los sectores activos del movimiento obrero y popular rechacen los planteos de quienes pretenden postergar toda acción de lucha independiente contra el pacto con el FMI en pos de buscar un frente con el camporismo o el kirchnerismo. Postular un frente con los Boudou, Moreau y compañía no solo tiene un grado de ilusión alarmante, sino que condena a la inacción a la izquierda facilitando el avance del FMI en el país. De más está decir que el programa de esta fracción disidente del gobierno nada tiene que ver con los planteos de romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, sino que plantean una negociación y un acuerdo en términos parcialmente distintos. 

 En este cuadro cobra una importancia enorme la movilización convocada para el próximo martes 8 de febrero por el plenario de organizaciones reunido en Parque Lezama el lunes pasado. Se votó la convocatoria con un programa claro, que refuerza un campo de clase independiente y de lucha contra el gobierno. En la voz de la mayoría de los participantes la movilización fue defendida como el inicio de un plan de lucha que debe buscar incorporar a franjas cada vez más significativa de los trabajadores y de los sectores populares. Para ello el llamado a la movilización irá acompañado, al menos por parte el Partido Obrero, de una fuerte agitación en las organizaciones obreras para denunciar la entregada de la burocracia sindical y plantear la necesidad de una acción de lucha independiente para derrotar el pacto del gobierno con el FMI. 

 Gabriel Solano

Una posición socialista frente a una crisis terminal

Mientras el avispero político tiene puesta la atención en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados del FdT, las habas se cuecen por otro lado. Calificado por la prensa financiera como un hecho excepcional, el FMI se ha visto obligado a rendir cuentas de urgencia, ante los bancos de inversión y las calificadoras de riesgo, por el acuerdo provisorio firmado con Argentina. Tuvo que explicarles, informa La Nación, (2.2), que “no están dadas las condiciones para una estabilización rápida”, que es lo que reclaman quienes representan a los fondos acreedores de Argentina. Traducido al lenguaje corriente, esa “estabilización” es la condición para que valoricen los títulos de deuda de Argentina, que esos fondos tienen en su poder. Como se ve, el FMI ha tenido que salir a responder al ‘fuego amigo”. Es precisamente lo que hizo el funcionario en cuestión, que puso énfasis en dos compromisos de parte de los Fernández: “una reforma de fondo de subsidios a la energía” y la aprobación del programa con el Fondo por parte del Congreso nacional. El día anterior, la secretaría de Energía reclamó en la audiencia pública un aumento de tarifas del 35 por ciento, mientras que las petroleras subían la nafta en casi un 10 por ciento. El corte de los subsidios a las empresas de luz y gas es una parte sustancial del mencionado plan de “estabilización”.

 Si nos atenemos a esta declaración de impasse por parte del FMI, Máximo Kirchner podría haber cometido un error de ‘timing’ con su renuncia, al no prever que el acuerdo podría terminar en el cajón de los recuerdos, nada menos que por una crisis al interior del mismo FMI. El compromiso de Argentina con el Fondo, por otro lado, debe pasar todavía por el escrutinio del directorio del organismo. Para el Financial Times, quien ayer “alertó por la crisis en el Gobierno”, en el día de hoy presentó las cosas desde otro ángulo: “el FMI tiene que pensarla de nuevo” (2.2), concluye terminante en su editorial. En este marco, el macrista Gabriel Lopetegui, ex director del FMI, luego de advertir que el programa no termina con la inflación, recuerda, en Clarín (2.2), que “en el Fondo todavía falta para cerrar el programa”. JxC enfrenta ahora la disyuntiva de si debe votar, en el parlamento, un programa que enfrenta resistencias públicas en el oficialismo de Argentina y en la banca de inversión que decide en el FMI. La crisis financiera luce más grave, en cierto modo, ahora que cuando ‘sarasa’ Guzmán corrió a pedir socorro al FMI para evitar, ha dicho AF, “una corrida cambiaria”. A la luz de estos desarrollos, el eje de la crisis en Argentina no pasa por el “carácter colonial” del acuerdo con el FMI, como por el estallido de todas las contradicciones históricas que han llevado al gobierno ‘nacional y popular’ a pedir el rescate del Fondo y a legitimar un endeudamiento manifiestamente ilegal contraído, por tramos, en 2018/9.

 El alcance de la crisis política 

La renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en Diputados no es, en primer lugar, un acto de ruptura o rebeldía sino de acomodo. Su denuncia del FMI, lejos de clara, es sinuosa, pues se refiere a sus “errores y abusos” y los califica de “irracional e inhumano” –que no apela a “razones” sino a la “fuerza”. Más allá de este vericueto infantil, añade, sin embargo, dos cosas más serias; la primera: “Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno”. Vamos con el FMI, entonces. Es, inequívocamente, una declaración anticipada de voto a favor del acuerdo, con independencia de que la prensa opositora especule con lo contrario, o de lo que haga el bloque de la Cámpora, en definitiva. El planteo tiene, además, una inadvertida caracterización política, pues, al referirse al “entorno” del Presidente, convierte al gobierno de gabinete en un gobierno dividido en camarillas. Esto es lo que seguramente llevó a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, a distanciarse en forma violenta de Máximo Kirchner, y a Ferraresi a desistir de la marcha contra la Corte. El gobierno ha quedado loteado entre una fracción albertista y otra kirchnerista –el ministro de Interior, De Pedro, y el de Justicia, Mena. Habrá que ver cómo se reproduce esta situación en las provincias, en especial en Buenos Aires, donde la espada anti-Fondo, Axel Kicillof, decidió quedarse del lado del “entorno”.

 Máximo Kirchner reivindica en su carta haber “(acompañado) como Jefe de Bloque, la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera sin quita de capital”, aunque podría decir lo mismo con el apoyo K a la eliminación de la mayor parte de los gastos por Covid. Esta defensa del pago de la deuda externa es una forma curiosa de justificar su crítica al acuerdo con el FMI. Aquella reestructuración guarda una relación umbilical con el acuerdo con el Fondo, porque de este acuerdo depende la viabilidad de aquel otro. Ante la demora del acuerdo con el FMI, ‘sarasa’ Guzmán canjeó títulos públicos de los fondos Pimco y Templeton en dos ocasiones, de pesos a dólares, al tipo de cambio oficial, un 30% más barato que el paralelo -un desfalco similar al cometido por el macrismo. ‘Sarasa’ alegó que, de lo contrario, los fondos habían amenazado pasarse al dólar financiero y elevar las cotizaciones paralelas. 

 Máximo Kirchner y también, por supuesto, CFK, no quieren asumir las contradicciones de su propia política, y las consecuencias que resultan de ella. La crisis que Argentina atraviesa ahora no se explica por enfoques políticos rivales en el seno del oficialismo, sino por el estallido de esas contradicciones de la política oficial. Lo mismo, bajo una forma un poco diferente, que ocurrió con el gobierno macrista. Por esta razón no tiene salida en el campo oficial, como tampoco la ha tenido en el macrismo. Es el estallido de estas contradicciones lo que explica la crisis antes expuesta entre el FMI, de un lado, y los fondos y bancos de inversión, por el otro. La salida a la crisis será determinada por una lucha que envolverá al conjunto de las clases sociales. 

 Bonapartismo, Congreso, Gabinete y más 

La votación del acuerdo por parte del Congreso, que es otro de los condicionamientos del FMI, ha quedado en veremos en este escenario político. La analogía de la renuncia de Kirchner (h) a la jefatura del bloque oficial, con la de Chacho Álvarez bajo De la Rúa, consiste en que en ambos casos apuntaron a conservar la continuidad del gobierno de turno –tal como caracterizamos esa renuncia en Prensa Obrera, oportunamente. Ni el Frepaso abandonó el gobierno de la Alianza, donde se mantuvo hasta el mismísimo 20 de diciembre de 2001, ni la Cámpora o la Vicepresidenta abandonan ahora las poltronas respectivas. Es la continuidad que reivindica la carta de Máximo Kirchner y lo que hizo Chacho cuando operó, más tarde, para traer a Cavallo al gobierno. Si la renuncia de Álvarez anticipó la caída de De la Rúa es porque fracasó en su propósito –como también podría ocurrir con la de Máximo. 

 La renuncia ha puesto en crisis la sucesión presidencial del FdT, para 2023, que el kirchnerismo reservaba para el ahora renunciante. Se trata de un factor de fragmentación política fundamental. El oficialismo gobierna en función de las generales del año que viene.

 Una votación favorable en el Congreso al acuerdo con el FMI, con el oficialismo dividido, remataría una disgregación política inédita, donde la oposición cumple los deberes del gobierno y el oficialismo los de la oposición, Es un terreno ‘ideal’ para que los bancos de inversión fuercen al FMI a “pensarla de nuevo”, y para que el directorio del Fondo dilate la aprobación del acuerdo. En el intermedio ‘pasarían cosas’ –como otra ‘corrida cambiaria’. 

 El gobierno podría recurrir, para aprobar el acuerdo, a la Ley de Administración Financiera, que otorga la autoridad al Ejecutivo. Esto serviría para disimular el acuerdo de hecho que habilitaría semejante maniobra con la oposición. Lo que resultaría de aquí es un gobierno bonapartista, o sea de decreto, amparado en un “entorno”, con un gabinete faccionalizado, dentro de una administración púbica también desmembrada entre facciones. El ‘entorno’ albertista –Manzur, Béliz, el embajador Arguello, Santiago Cafiero, Sergio Massa- es de reconocido cuño pronorteamericano, y ha sido el artífice del convenio de apuro arreglado en Washington con el FMI.

 Las fuerzas en presencia 

Una singularidad de la situación es que todas las fuerzas que representan al régimen político actual están de acuerdo con arreglar con el FMI. Todas. Responden a los intereses nacionales e internacionales que operan en el mercado local, cuya consigna es recuperar el financiamiento internacional. Las reformas previsionales, laborales y tributarias las dejan al gobierno de turno, como ha ocurrido en Brasil. Gran parte de esas reformas están en marcha, pero quedan en el tintero desindexar salarios y jubilaciones en un plazo breve, de un lado, para hacer el ajuste fiscal, del otro, para recrear el escenario para la jubilación privada, y por último eliminar los aportes previsionales de la patronal.

 La burocracia sindical se ha pronunciado hasta el cansancio por un acuerdo con el Fondo –no provisorio, sino integral. Incluso la burocracia de la CTA, de Ctera, de la Corriente Federal y hasta del kirchnerismo ‘autónomo’, como un sector de aceiteros. Por eso han convalidado la presencia laboral de contactos estrechos. Justifican que hay que defender la ‘gobernabilidad’. Por eso también firman paritarias trimestrales, que no reponen la pérdida salarial, sino que pactan en función de la previsión de inflación oficial. Forman un bloque estrecho con la agroexportación, Toyota, Techint, la cámara de la construcción, las petroleras y las mineras. El ultra kirchnerismo desató una campaña fugaz a favor del extractivismo, con el argumento de ganar divisas, en apoyo a la gran minería. A todos estos protagonistas los aterra que la crisis política sea la mecha de una rebelión popular en gestación. 

 Como lo prueban los roces entre bancos y FMI, los enfrentamientos entre la Mesa de Enlace y el Consejo agroindustrial, las divisiones de fondo en el oficialismo y también en el macrismo y el radicalismo, o las peleas dentro de la CGT recientemente reunificada, lo que demuestran es el predominio de los intereses particulares. La burocracia sindical, por caso, acaba de denunciar el ‘default’ del gobierno al incumplir con un compromiso de dinero para obras sociales –o sea que sólo aceptan el ajuste del FMI para los demás.

 Una política consecuente contra la confiscación de los trabajadores, por medio de la deuda pública y el FMI, debe caracterizar en forma concreta a las fuerzas sociales y políticas en presencia. Los “errores y abusos del FMI”, que señala la carta de Máximo, no son por supuesto una denuncia de la “política colonial”; sostener esto es filo-kirchnerismo. Los planteos del susodicho deben ser denunciados por ‘distraccionistas’ y como un recurso último para salvar del descrédito completo la ‘sarasa’ nacional y popular. Una cosa es el trabajo reivindicativo y político en los sindicatos, otra llamar a la burocracia a que movilice, lo cual es notoriamente una estafa. La consigna es que se pronuncien las fábricas con sus delegados e internas, en torno a un programa de clase –de ningún modo nacionalista. El arma más importante de una política socialista es unificar con un programa y un planteo de lucha y organización a los trabajadores desocupados con el conjunto de la clase obrera. 

 De lo que se trata es de trazar la perspectiva que se desarrolla a partir de la crisis histórica actual. ¿Es acaso una perspectiva de reformas, sindicales o parlamentarias, de luchas aisladas por reclamos ocasionales o particulares? En toda gran crisis se producen luchas de esa naturaleza, como de cualquier otro carácter, que ni siquiera se pueden advertir o inventariar. Pero debido a la perspectiva que se desprende de esta crisis, es necesaria una agitación política, que destaque las cuestiones de conjunto, y que dé una salida a aquellas luchas aisladas, ocasionales o particulares. Entre ellas, la más apremiante es la lucha por la salud y por una política de eliminación del Covid, no solamente de atención de afecciones y muertes. La pandemia se ha transformado en la actividad de mayor lucro en décadas, no sólo para farmacéuticas y medicinales, sino para el gran capital en general, a través de rescates del Estado. Se trata de una lucha de carácter internacional de clases, donde se juega cotidianamente la vida de la fuerza de trabajo. 

 La tarea que corresponde a las perspectivas históricas actuales es la lucha, es decir, la propaganda, la agitación y la organización por un Congreso de luchadores y delegados obreros. Ha sido la consigna histórica que ha guiado a las organizaciones obreras auténticamente socialistas en perspectivas semejantes. 

 Jorge Altamira 

 02/02/2022

La política de no testear detrás del descenso falso de casos de coronavirus

Una demostración del ajuste en salud, cuando se registraron 285 muertes diarias. 

 Los casos identificados de coronavirus se desplomaron en los últimos tres días, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud. De una semana a la otra se pasó de un promedio de 103 mil a 62 mil. A su vez, el registro del domingo fue el más bajo desde finales de diciembre, cuando la tercera ola recién estaba comenzando. Pero el descenso no es real, sino que se debe a la política de testear cada vez menos. 

 Lejos de responder a un desaceleramiento de la pandemia, es una consecuencia del ajuste. No es casualidad que el mismo día que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que los testeos solo estarán disponibles para personas con comorbilidades, mayores de 60 y embarazadas, los casos informados bajaron hasta 41 mil. Si los contagios reportaron bajas es porque los testeos cayeron un 30% con respecto a la semana anterior, de 116 mil a 86 mil si comparamos este lunes 31 con el de la semana pasada. Concretamente, la reducción en los testeos y el cambio en los criterios de los hisopados no dejan ver la magnitud de la crisis sanitaria. 

 La misma semana se autorizó la venta de autotest Covid en las farmacias, con un precio oficial de entre $1.500 y $1.650 pero sin nadie que lo controle. La combinación de los eventos dan a entender que el gobierno prepara el terreno para cada vez borrarse más de sus responsabilidades para con la pandemia y dejar que los privados den un paso adelante. Lo demuestran los testeos, claro está, pero también los nuevos criterios en los cuales una persona con síntomas y nexo epidemiológico se tiene que dar positivo sin necesidad de confirmación por hisopado.

 Ahora, la imposibilidad de hacerlo en el sistema público empuja a todo un sector de trabajadores a testearse en el sector privado para conseguir un certificado que les permita ausentarse en sus lugares de trabajo, en algunos casos pagando importantes sumas porque determinadas obras sociales o prepagas deciden no cubrirlo. Como habíamos adelantado en Prensa Obrera, se está dando paso a la privatización de los testeos La justificación del gobierno para eliminar los testeos por no ser el reflejo más fiel de la situación sanitaria demostró ser una sanateada que escondía la intención oficial de profundizar el ajuste en salud. Incluso el ministro bonaerense Nicolás Kreplak se animó a decir que en realidad lo único que valían eran las muertes, cuando justamente para detectar rápidamente esos casos graves se necesitan testeos masivos para todos aquellos sintomáticos y asintomáticos con nexo epidemiológico. Así las cosas, ayer se registraron 285 muertes. La realidad es que se niegan a hacer lo que corresponde -es decir colocar más centros de testeo con mayor disponibilidad horaria y personal capacitado- porque defienden el pacto con el FMI a costa de un mayor ajuste sobre la población trabajadora.

 En realidad, lo que se necesita en este momento va por la vereda contraria a lo que el gobierno ofrece. Fundamentalmente el aumento del presupuesto para salud, ciencia y tecnología, de manera que se pongan los recursos al servicio de las necesidades sociales y permita aumentar testeos, centros de vacunación para garantizar la inmunidad de la población y el reforzamiento del sistema sanitario en su conjunto. Además, se necesita avanzar en la centralización del sistema para garantizar que todos pueda acceder a una atención gratuita y de calidad. La vuelta de los aislamientos para los contactos estrechos y protocolos en todos los lugares de trabajo bajo control obrero. Un gobierno de estas características, tutelado por el Fondo, nunca podrá llevar adelante un programa de defensa de los trabajadores, que tenga como prioridades su vida y su salud; es tarea de un gobierno de trabajadores.

 Lucía Cope

El gobierno, el FMI y la falsa dicotomía entre el ajuste o el default

Desde la izquierda le oponemos el repudio soberano de la deuda usuraria. 

 Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, poniendo en evidencia el contenido ajustador de los compromisos asumidos con el FMI, Alberto Fernández y Martín Guzmán, que habían presentado el acuerdo como “una solución posible y razonable”, abandonaron el tono jubiloso para admitir que “no hay nada que festejar” y que “nadie puede estar contento con tener al Fondo en nuestro país”, pero que, sin embargo, la alternativa del default era, en palabras del ministro, “una puerta a la angustia”. De nuevo intentan presentar que la única variante a no pagar la deuda es el default, descartando de plano proceder a un repudio soberano de esta hipoteca impagable.

 Se trata de una impostura a dos bandas. Por un lado, el planteo esgrimido por el presidente y el titular de Economía de que se habría optado por el “mal menor”, así como el portazo de Máximo Kirchner blandiendo una posición anti ajuste -pero sin llamar a enfrentarlo-, cuando lo cierto es que el norte del Frente de Todos desde su conformación estuvo dictado por el rescate de la deuda en dólares a fin de reingresar al mercado de crédito internacional, preocupación de primer orden para la clase capitalista, apremiada por refinanciar sus pasivos. 

 Tal como indicó en su carta de dimisión Máximo Kirchner, el kirchnerismo respaldó el canje usurario con los bonistas en 2020, donde las concesiones fueron mayúsculas, de manera que por una deuda de USD 68.000 millones el país deberá pagar en los próximos 20 años alrededor de USD 95.000 millones. Luego el gobierno abocó su gestión a lograr un pacto con el Fondo, mostrándose dispuesto a pagar la totalidad del préstamo a pesar de reconocer su carácter fraudulento, y cancelaron uno por uno los vencimientos con el organismo, incluidos los intereses con sobretasa, a costa de una austeridad fiscal que se descargó sobre las jubilaciones, la salud y la asistencia social. “La espada de Damocles” de la que dice haberse librado Alberto Fernández luego del acuerdo obtenido volverá a erigirse sobre la economía nacional en cada monitoreo trimestral que realice el FMI para verificar la evolución del ajuste. 

 A su turno, es la propia política oficial la que viabilizó el escenario de escasez de reservas y corrida cambiaria, al cual hace alusión el presidente, que nos ubicó en la “palma de la mano” del FMI y de la banca. El gobierno dilapidó el superávit comercial récord alcanzado en el 2021 hasta quedar con reservas líquidas negativas en el Banco Central, como resultado del pago sistemático de vencimientos de deuda y de dejar prosperar los mecanismos que utilizan los capitalistas para fugar divisas.

 Por otro lado, la obligación de recortar la emisión monetaria y financiarse mediante endeudamiento deja todo el esquema preso de las presiones del capital financiero, al que el propio Guzmán culpa por la corrida cambiaria. 

 En estas condiciones, un default hubiese profundizado la fuga de capitales y los golpes de mercado. Sin embargo, llegamos a las puertas del mismo producto de una política orientada al pago de la deuda -inclusive el préstamo con el FMI tuvo como destino cancelar deuda anterior-, y, además, este nuevo acuerdo con el Fondo prepara las condiciones para un eventual default, debido a la magnitud de los vencimientos a afrontar, dando paso a futuras renegociaciones que van a prolongar la tutela del imperialismo sobre el país. 

 Un rumbo opuesto consiste en romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria, nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. De haber actuado en esa dirección, el país hubiera conservado el superávit comercial que arrojó el 2021 por casi USD 15 mil millones y recapitalizado así el Banco Central. Estos recursos, en lugar de tener como destino financiar la corrida cambiaria, pagar los vencimientos de deuda, etc. podrían haberse invertido en un desarrollo productivo del país que impulsara el empleo genuino, en planes de vivienda y obra pública (puntales de la reactivación económica), en salud y educación. A su vez, las restricciones a las importaciones que acicatean la recesión no hubieran sido necesarias, tampoco el caudal de deuda emitida en pesos que hoy cumple el objetivo de desalentar una corrida hacia el dólar, además de financiar al Estado. 

 Por su parte, la nacionalización bajo control obrero de la industria energética hubiera revertido la huelga de inversiones de las empresas hidrocarburíferas, causante del saldo deficitario en materia energética que prima en la actualidad, el cual debemos suplir por la vía de las importaciones utilizando las raídas reservas del BCRA, en un cuadro de ascenso en el precio internacional del petróleo y el gas. Además, consiste en una medida fundamental en vistas a que la explotación hidrocarburífera se vuelque a desenvolver las fuerzas productivas del país.

 Mediante el control obrero de las palancas económicas de Argentina se detendría la fuga de divisas a manos de la clase capitalista. También, la creación de una banca estatal única gestionada por los trabajadores permitiría planificar el crédito al servicio de la industrialización nacional. Por otra parte, llegaría a su fin el descontrol inflacionario que encuentra sustento en la bancarrota estatal y se combatiría la intransigencia patronal apelando a la apertura de los libros. En definitiva, un plan de reorganización económica dirigido por la clase trabajadora en beneficio del interés mayoritario, lo opuesto a la desorganización capitalista imperante, que pondera la ganancia individual, es fuente de sucesivas crisis y hunde en la miseria a los sectores populares. 

 El acuerdo con el FMI, a contramano del discurso gubernamental, obstruye esta posibilidad de crecimiento y salida en favor las necesidades del pueblo. Por el contrario, implica mayor endeudamiento en dólares, ya que el programa en curso contempla el arribo de desembolsos para cancelar los intereses de deuda que se presenten, y, a la vez, más saqueo nacional dirigido a nutrir los bolsillos del capital financiero. Esto, descontando las metas de ajuste pautadas -tarifazos, devaluación, reducción del gasto público- en perjuicio de la población trabajadora y los efectos recesivos que acarrean los postulados fondomonetaristas, tales como la tasa de interés positiva en el BCRA, el recorte a la obra pública y la exigencia de relegar las importaciones en nombre de reservar los dólares disponibles para afrontar vencimientos de deuda. 

 La oposición en las calles al pacto con el Fondo proviene de la izquierda y los trabajadores, en defensa de un verdadero programa alternativo. Esa es la impronta de la movilización del 8 de febrero, donde todo el movimiento popular está llamado a copar la Plaza contra este acuerdo colonial y sus agentes. 

 Sofía Hart

La renuncia de Máximo Kirchner, una crisis política en el acuerdo con el Fondo

Con la renuncia de Máximo Kirchner, el acuerdo con el Fondo Monetario abrió una crisis en el bloque oficialista. Los términos de la renuncia recuerdan a los de Chacho Alvarez, quien también prometió no obstaculizar al gobierno de De la Rúa pero cuya caída fue un hito fundamental en la descomposición del gobierno de la Alianza, que culminó empujando a la Argentina al abismo de la mano, justamente, del Fondo Monetario. Así como ayer Alvarez no jugó ningún rol en la lucha contra De la Rúa – Cavallo, ahora Máximo Kirchner asume que no romperá el bloque de diputados del Frente de Todos, con lo cual seguirá integrando las filas del oficialismo mientras éste se compromete a cogobernar con el FMI. Con esta política, busca contener dentro del Frente de Todos al sector díscolo contra el pacto con el FMI. De la misma manera, Lozano, otro crítico del acuerdo con el Fondo, aseguró que seguirá al frente del Banco Nación, como si se pudiera separar la orientación del gobierno hacia la banca pública de su orientación general de entrega colonial. 

 Esta situación muestra lo que tiene de maniobra de la renuncia de Máximo Kirchner, que se refuerza cuando se mira la permanencia en el gabinete de toda la tropa de La Cámpora o el apoyo de Axel Kicillof al pacto con el Fondo. Los términos de la carta también apuntan en esta dirección, puesto que mientras se critica el actual acuerdo se reivindica haber votado el canje de la deuda privada. Ahora, Kirchner recuerda que el mismo no tuvo quita de capital, un aspecto que en su momento fue encubierto con mentiras sobre el Valor Presente Neto de los bonos. Lo que la carta encubre, fundamentalmente, es el rol de la propia bancada de diputados del Frente de Todos en el ajuste que pavimentó el acuerdo con el Fondo. ¿O no fue fundamental el cambio en la fórmula jubilatoria que le dio otro golpe a los haberes en el ajuste fiscal que condujo al pacto? ¿O no fue fundamental la votación del canje de deuda privada? ¿O la defensa de los presupuestos de ajuste de 2021 y el malogrado de 2022? Todas estas medidas defendidas por Kirchner en el Congreso fueron medidas de ajuste y sembraron el terreno para el acuerdo, que lejos de ser un rayo en el cielo sereno, es la culminación de toda la orientación política del oficialismo desde, incluso, antes de asumir.

 Pero el aspecto de maniobra no agota la cuestión. Porque la renuncia de Kirchner al liderazgo del bloque ha abierto una crisis, no solo en el oficialismo, sino en el acuerdo mismo. Leopoldo Moreau, quien denunció que el gobierno llegó a la instancia de precipitar un acuerdo por la falta de reservas, le atribuyó los motivos de esta última a haber pagado desde el principio al organismo, y sostuvo que “revisaría” el pacto con el Fondo. Cristina Fernández permanece en silencio. Pero una revisión de los términos del endeudamiento en el Congreso es incompatible con un pacto con el Fondo: la votación deberá hacerse a libro cerrado para llegar a acordar. El Fondo no reclama un debate, sino que el Congreso oficie de escribanía de los pactos con Guzmán. 

Por eso los pactos anteriores de endeudamiento no pasaron por el Congreso: el capital financiero reclama un poder ejecutivo que oficie como un comando bonapartista capaz de imponer sus condiciones sin peros ni enmiendas. Por esto, ha surgido la versión de que el acuerdo podría no pasar por el Congreso. Una medida semejante hundiría definitivamente toda la crítica realizada al pacto macrista, justamente en nombre de que… no pasó por el Congreso. Sería un golpe al gobierno, que abriría la etapa de cogobierno con el Fondo Monetario que implica el acuerdo en condiciones de mayor debilidad.

 Si el acuerdo llegara al Congreso, por otro lado, cabe la posibilidad de que el gobierno termine votando el pacto con la oposición de La Campora, apoyado en el macrismo y el PJ -cuyo aparato de gobernadores, a través de Manzur, viene terciando en favor de acordar con el Fondo. En todo caso, el pacto con el Fondo abre una etapa de crisis y choques políticos. El elemento central de los mismos es la gravedad del ajuste y de los condicionamientos a la economía argentina que se vienen. 

 El debate en la izquierda 

Es evidente que la renuncia de Máximo Kirchner confirma la denuncia del carácter del acuerdo con el Fondo Monetario que viene realizando la izquierda, que ahora aparece puesta en boca de uno de los principales dirigentes del oficialismo. En la izquierda, la renuncia de Máximo Kirchner abrió un debate. El Nuevo MAS, en el plenario de Parque Lezama, propuso ir a golpear la puerta de las organizaciones kirchneristas para organizar una movilización común. Pretende erigir en principales opositores a la política del gobierno a quienes hasta hoy forman parte del Frente de Todos. El plenario, en cambio, votó una iniciativa de lucha concreta: salir a la calle el próximo 8 de febrero, contra el pacto con el Fondo, con una movilización multitudinaria contra el programa de ajuste que implica. La resolución del plenario fue adecuada a la situación, porque apuntan a explotar la crisis política y las vacilaciones del campo patronal y el gobierno con una posición independiente y de lucha. 

 Es que la izquierda enfrenta el pacto con el FMI con un programa propio: para que la crisis la paguen los capitalistas, por un salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil, por el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por la ruptura con el imperialismo y para destinar los recursos que genera el país a resolver los grandes problemas de los trabajadores. Máximo Kirchner no formula en su renuncia ningún planteo programático, pero reivindica en cambio toda su trayectoria como espada parlamentaria del gobierno del Frente de Todos y su política de ajuste. 

 La crisis al interior de la coalición oficialista es una oportunidad para golpear el acuerdo con el Fondo y la política de ajuste del gobierno, no porque haya que ir a buscar a Máximo Kirchner sino por otros motivos. Los choques parlamentarios van a contribuir a mostrar el verdadero carácter del pacto y sus implicancias. Las crisis por arriba puede contribuir a crear las condiciones de una intervención popular contra el acuerdo. La marcha del 8 apunta a consolidar estas tendencias. Planteamos organizar charlas y asambleas para convocar a todo el pueblo argentino a enfrentar esta política de ajuste y entrega colonial. 

 Juan García

Marcelo Ramal: “El acuerdo con el FMI es un ajuste contra el mundo del trabajo”

Gray y los Fernández encubren la destrucción del humedal Laguna de Rocha

A través de una nota enviada en los primeros días de enero al presidente Alberto Fernández, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó el otorgamiento de otro predio para Racing, que ocupa 64 hectáreas de la reserva natural y mixta Laguna de Rocha, en el sur del conurbano. En marzo de 2020, como presidente del comité de gestión para la protección del humedal Laguna de Rocha, el mismo Gray habilitó en forma precaria y con la oposición de los activistas ambientalistas, los emprendimientos inmobiliarios del club sobre la reserva natural. 

 El kirchnerismo, a través de algunas organizaciones ambientales, salió a felicitar a Gray por la nota y pidió a Axel y Alberto “ahora sí, cuidar la reserva". Sin embargo, se trata de un operativo de encubrimiento político de un proceso de privatización de los humedales y del suelo urbano en beneficio del capital inmobiliario.

 Un régimen dominado por la especulación inmobiliaria

 El 23 de junio de 2020 Racing Club anunció la construcción de un conjunto de emprendimientos sobre los terrenos de la reserva natural integral y mixta Laguna de Rocha. En la publicación se adjuntaba la nota enviada por el Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (FdT), a la Corte bonaerense, habilitando las obras. Estas obras -que abarcaban la construcción de un edificio central y cinco canchas- estuvieron paralizadas por una medida cautelar presentada por una agrupación ambientalista, luego de que los terrenos fiscales fueran cedidos por Néstor Kirchner en 2009 y que en 2013 la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense cedieran varias hectáreas a Racing Club y Boca Juniors. Las organizaciones ambientalistas se enteraron por los diarios de la maniobra del Intendente Gray para habilitar este negocio inmobiliario millonario. 

 Hecha la ley, hecha la trampa 

En mayo de 2013, apenas cinco meses después de sancionada la ley 14.488 que declara Reserva Natural a la Laguna de Rocha, la misma fue modificada por la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense a través de otra ley norma que recortaba el área protegida y cedía 64 hectáreas a Boca Juniors y Racing Club para construir hoteles, instalaciones deportivas y una docena de canchas de fútbol. Boca Juniors cesó su proyecto al conseguir terrenos en el municipio lindero de Ezeiza. Pero Racing avanzó, generando un desmonte de graves proporciones. En 2015 la Corte dictó una medida cautelar por considerar inconstitucional la modificación de la ley para ceder las 64 hectáreas. Sin embargo, en noviembre de 2016, dando lugar a la apelación de Racing Club, la Corte mandó a realizar una pericia sobre los proyectos que se pretendían construir sobre la Laguna y, según el resultado, levantar o mantener la cautelar. El propio Intendente Gray, representante de los intereses del capital inmobiliario, es quien hasta la actualidad preside el mencionado Comité. 

 El zorro cuida el gallinero 

El Intendente Gray, mediante una nota enviada a la Corte de la Provincia, habilitó finalmente el "plan de obras y evaluación del impacto ambiental” con el argumento de que las organizaciones ambientales le habían dado el visto bueno a Racing para la construcción del "Centro Deportivo Néstor Kirchner". Pero las propias organizaciones ambientalistas salieron a despegarse de la maniobra fraudulenta del Intendente Gray porque “el plan de obras y el Estudio de Impacto Ambiental de Racing no fue discutido, ni siquiera informado y menos circulado a la consideración de las tres agrupaciones ambientalistas presentes en la última reunión del Comité”. La escandalosa habilitación desnudaba, por un lado, el íntimo entrelazamiento existente entre el capital inmobiliario y el poder político, y por otro, el completo abandono del Estado hacia las barriadas populares, la falta de obras públicas y de vivienda popular. 

 Gray actúa como representante de una orientación política y social de privatización del suelo urbano y del lucro mediante la especulación inmobiliaria, mientras los barrios populares se inundan regularmente y crece cada vez más la necesidad de vivienda popular. Pero le teme a las movilizaciones contra la entrega de hectáreas de la reserva a Racing. 

 Ahora, Grey solicita que se le otorgue un nuevo predio y no denuncia el relleno ni el desmonte que produjo. Tampoco exige que se reparen los daños ambientales producidos desde el inicio de los emprendimientos. El kirchnerismo, luego de aspirar a imponer candidato propio en el distrito, ahora encubre a Gray, simplemente porque el contenido social de su programa es idéntico: la continuidad de los negociados inmobiliarios. 

 No estamos en presencia de ningún giro de Gray en su orientación política fundamental de proteger jugosos negocios inmobiliarios y beneficios al capital, que es un pilar del régimen político municipal, provincial y nacional. 

 Leo Benitez 

 01/02/2022

La crisis de poder avanza varios casilleros

A fuerza de repetir que “no será otro Chacho Álvarez”, Cristina Kirchner y los suyos han terminado anotándose en la fila del ex vice de De la Rúa, que es la misma que han seguido los gobiernos de todos los defolts de la Argentina. En un documento publicado en estas páginas hace sólo diez días atrás, señalábamos que “La bancarrota financiera de un estado se encuentra asociada siempre a una crisis de poder”. (https://politicaobrera.com/6340-lineamientos-para-el-debate-sobre-situacion-nacional)

 Paradójicamente, la desintegración del gobierno del Frente de Todos se ha acelerado después que el tándem Fernández-Guzmán anunciara un acuerdo con el FMI. Pero si eso ocurre, es porque el acuerdo no tiene condiciones para superar la cesación de pagos, que en el mejor de los casos sólo postergaría durante dos o tres años y a costa de agravar todas las contradicciones de la bancarrota argentina. Justamente en estas horas, otro especialista en quiebras nacionales, Domingo Cavallo, puso la lupa en el otro default en puertas -el de la deuda pública en pesos, que se redoblará explosivamente con la suba de las tasas de interés y la política de emisión "cero", ambas reclamadas por el Fondo. 

 En el medio, la coalición de los Fernández deberá rematar lo que le queda de autoridad política con tarifazos, devaluaciones y recortes sobre los salarios y jubilaciones. Este es el fardo con el que los Kirchner no quieren cargar, aún cuando del otro lado de la calle los espera un vacío político: a las pocas horas del acuerdo anunciado el viernes pasado, Lula y otros progresistas continentales saludaron sin vacilaciones el “temple de Alberto”. Los amigos continentales de Cristina no se saldrán del escenario armado por el capital financiero, al cual han “honrado” sin vacilaciones cuando gobernaron. Pero lo mismo vale para los Kirchner, pagadores seriales de la deuda defolteada en 2001 y revalorizada por los canjes de 2005 y 2010. El propio acuerdo con el FMI estuvo siempre en la agenda los K y del Frente de Todos. Los K apenas pretendían otro tipo de arreglo: uno que rigiera durante veinte años, y estirara la devolución del préstamo de Macri a costa de un régimen de coloniaje económico, no ya durante una década, sino durante toda una generación. Apostaron también a una gestión del G20 para reducir los cargos extraordinarios del préstamo a Argentina, la cual no tuvo destino. En la carta de renuncia a la presidencia de su bloque, Máximo K reivindica, además, “su apoyo a la reestructuración de la deuda privada”, sin quita de capital y con intereses leoninos, que La Cámpora votó con las dos manos en el 2020. El fracaso de todas estas tentativas de salida del defolt y la subsiguiente descomposición del gobierno, son la expresión política de una desintegración de las relaciones sociales capitalistas, que se manifiesta en un tendal de deudas públicas y privadas de carácter impagable. 

 Vaciamiento

 El portazo de Máximo K ha dejado al acuerdo con el FMI y al régimen político que depende de él, balanceándose sobre una cuerda muy delgada. Si el gobierno insiste en refrendar el acuerdo en el Congreso, debería buscar un pacto con el radical-macrismo y el pejotismo, siempre y cuando los primeros aceptaran actuar como rescatistas de un barco a la deriva. La alternativa de un acuerdo reducido a los Larreta y a los Morales es también improbable: el declive del gobierno ha avanzado demasiado como para que los “dialoguistas” de la otra vereda se jueguen por la "gobernabilidad". 

 Por todo lo anterior, el gobierno está buscando gambetear al Congreso, con el argumento de que sólo se estaría aprobando una “refinanciación”. Si lo consigue, el acuerdo con el FMI se convertirá en el decreto de un gobierno fracturado, con el solo apuntalamiento de la burocracia sindical y de algunos gobernadores. El acuerdo, que ya era precario en términos económicos -porque no evitaba un nuevo y próximo default- también será endeble en términos políticos. Así las cosas, la perspectiva de subir la cotización de la deuda argentina y recuperar el crédito –ansiada por toda la burguesía argentina- se torna más improbable. La cuestión del poder está colocada con toda su fuerza. En los bordes del arco político, los lenguaraces se confiesan: Milei ha sugerido “explorar la variante del default”, una forma sinuosa de pedir la caída del gobierno y rediscutir la hipoteca argentina sobre otra plataforma política.

 El movimiento obrero 

La burocracia sindical, en todos sus pelajes, ha sido una impulsora férrea del acuerdo con el Fondo. Antes de ello, colaboró en el monumental ajuste perpetrado en estos dos años contra los salarios y jubilaciones. Ahora, la fractura del gobierno, ni duda cabe, revolverá el avispero de los sindicatos obreros, multiplicando el campo de maniobras "por arriba" y la deliberación "por abajo". Con seguridad, aparecerán los “críticos del acuerdo” a lo “Cristina-Máximo”. O sea, rumiando las “inconveniencias” del mismo, pero sin interferir en su aplicación -es el sentido "patriótico" de la carta de renuncia del propio Máximo K. En el plano sindical, esto se expresará en declaraciones "críticas", por un lado, y en la pasividad frente a los agravios contra la clase obrera, del otro. El kirchnerismo político y sindical, en suma, quiere preservar su capacidad de maniobra contra cualquier acción independiente de la clase obrera. Ello, frente al agravamiento de la crisis social que augura el plan fondomonetarista, y la crisis de poder planteada por el desmoronamiento de la coalición de gobierno. En ese cuadro, convocar “a la acción” a los socios del ajuste y el pago serial de la deuda es una vía muerta. El activismo obrero y los luchadores tienen la gran tarea de abrir una deliberación sobre la crisis planteada por el default económico y político del gobierno. Promovamos un congreso obrero que prepare un plan de acción por las reivindicaciones amenazadas y le oponga, al régimen del hipotecamiento nacional y la agresión a los explotados, la lucha por un gobierno de trabajadores.

 Marcelo Ramal 

 01/02/2022

El gobierno acordó con el FMI

Al final se develó la incógnita y entre hoy y el comienzo de la próxima semana se cancelan 1.100 millones de dólares al FMI, en concepto de vencimientos de capital e intereses. 

 Eso ocurre porque se acordó con los negociadores del FMI un “préstamos de facilidades extendidas”, con 10 años de duración, cuyo primer vencimiento será dentro de 4 años y medio, o sea, a mediados del 2026, con cancelación prevista hasta el 2031. Es decir, el stand by de Mauricio Macri del 2018 con vencimiento en el 2024, se transforma en otro préstamo por idéntico monto en Derechos Especiales de Giro (DEG) con vencimiento en 2031. La hipoteca continúa. 

 Se alude a DEG, cuya cotización involucra a varias monedas de circulación internacional, en un tiempo en que el dólar viene devaluándose. Eso implica entonces que hacen falta más dólares para pagar los DEG desembolsados por el FMI. Los montos a devolver son mayores que los 44.500 millones de dólares de la cotización al 2018. Todo ello supone una mayor exigencia para devolver el préstamo del FMI.

 El acuerdo 

 Lo acordado deberá ser tratado en el Congreso Nacional y en el Directorio del FMI. Todavía falta para suscribir el acuerdo final y ahora viene el debate local y en el organismo internacional.

 El supuesto es de tratamiento y aprobación rápida, antes de los vencimientos de febrero y marzo, imposibles de cancelar sin desembolsos del FMI. La convocatoria del gobierno apunta a lograr el apoyo parlamentario del oficialismo y de la oposición. 

 Lo previsible será el voto de rechazo de la izquierda, que podrá extenderse a otros sectores políticos con diversas argumentaciones. Es un debate que juega en la disputa electoral hacia el 2023. 

 Según lo informado por el Ministro Martín Guzmán, una vez suscripto los acuerdos, con los memorándums técnicos correspondientes, el FMI desembolsará trimestralmente, previa revisión de que se cumplen con el “esquema de políticas macroeconómicas” y las “medidas de política económica” comprometidas, de mediano plazo, las que apuntan a la estabilización duradera de la economía local.

 En buen romance, el FMI auditará cada trimestre la evolución económica local y si da el acuerdo se efectivizan los desembolsos, y si no, se cae el acuerdo. 

El FMI se convierte en fiscal de la economía local. Claro que el acuerdo se presenta como un logro en defensa de la decisión soberana para mantener la senda del crecimiento de la producción y del empleo.

 Lo acordado es un programa por 2 años y medio, es decir, el tiempo que resta para cancelar el stand by del gobierno Macri. El FMI se compromete a desembolsar el equivalente de los vencimientos, incluido lo ya cancelado con el FMI en este tiempo, algo más de 5.000 millones de dólares, según dijo Guzmán. Según lo informado habría una meta de acrecentar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares, los que pueden integrarse con esos fondos recuperados desde el FMI.

 Los compromisos apuntan a bajar el déficit fiscal a -2,5% del PBI en 2022 (el Presupuesto sugería -3,3%); bajar a -1,9% en 2023 y a -0,9% en 2024, sin precisar detalles, solo señalando una “moderada” intervención sobre el crecimiento del gasto y una “mejora” en la administración recaudatoria. Se trata de ver las planillas en concreto sobre el ajuste por gastos e ingresos. 

 Es un tema de alarma en materia de ajuste fiscal. Se compromete el gobierno a reducir el financiamiento del BCRA al tesoro hasta prácticamente eliminarlo hacia 2024, con reducción de las emisiones monetarias y fortaleciendo el mercado de capitales en moneda local, cambiando el balance de la deuda pública en divisas a pesos. 

 Se informó que no habrá reformas laborales o previsionales, ni aliento a privatizaciones, aunque se continua con el plan de reducir subsidios por servicios públicos. 

 La apuesta es a crecer productivamente sobre la base de exportaciones y que se generen suficientes divisas para hacer frente a los compromisos que se asumirán. 

 En síntesis, se aprueba la continuidad de los compromisos del Estado, aun cuando el Jefe de Gabinete habló de la “irresponsabilidad” del gobierno Macri en la suscripción del préstamo. El Ministro Guzmán aludió al “fracaso” de las políticas comprometidas y que el dinero se usó para cancelar deuda y fugar capitales. Aun cuando se alude a las múltiples causas de la inflación, las medias enunciadas siguen el rumbo de la estabilización y el ajuste.

 Argentina vuelve a perder otra oportunidad de investigar a fondo el endeudamiento y para actuar en consecuencia en el rechazo de la deuda ilegal, ilegitima, fraudulenta y odiosa. La campaña por el rechazo al acuerdo con el FMI, la suspensión de pagos y auditoría deberá profundizar su campaña para esclarecer los efectos del acuerdo favorable a legitimar una deuda odiosa que hipoteca recursos públicos alejando soluciones demandas por la sociedad empobrecida.

 Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Nuevos virus hallados en el Riachuelo

Castigo a los contaminadores. 

 Un estudio realizado por profesionales del Conicet, el Malbrán y el Instituto Leloir [1] reveló una alta circulación de los virus Cosavirus (CoSV) y el CardiovirusSaffold (SAFV) en muestras tomadas de la Cuenca Matanza-Riachuelo entre los años 2005 y 2015. 

 Los virus están asociados a la generación de enfermedades respiratorias y digestivas. Un reciente estudio realizado en Irán demuestra que enfermedades neurológicas como la meningitis y la encefalitis están relacionadas con el CoSV. Los investigadores detectaron el virus en muestras de líquido cefalorraquídeo en niños. [2]

 Aunque por ahora estos virus estarían moviéndose de manera silenciosa y no se cuenta con registros de brotes, el doctor en Bioquímica y Virología, Daniel Cisterna, quien dirigió la investigación, señaló que “la presencia continua del virus en las muestras nos está diciendo que ese virus está circulando continuamente en forma silenciosa en la población”. Estos virus tienen una vida corta fuera de los hospedadores (las personas). 

 El descubrimiento de estos nuevos virus viene a revelar la estafa de la política de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

 Contaminación del riachuelo: un problema histórico 

La cuenca Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. En ella habitan alrededor de cinco millones de habitantes y se calcula que cerca de un millón de ellos padecen un alto riesgo de salud producto de la contaminación y los brotes infecciosos relacionados al Riachuelo. La contaminación es causada por tres factores principales: desechos cloacales provenientes de 14 municipios (incluyendo la CABA), los desechos industriales y los residuos sólidos. 

 Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), desde el punto de vista de la epidemiología, los habitantes aledaños al Riachuelo padecen de problemas ‘mosaicos’’, es decir, que a los problemas de salud asociados a falta de vivienda, agua potable, cloacas, plagas y otros, se superponen los problemas de contaminación química industrial.

 Desde el punto de vista de la urbanización y la salud, la falta de agua potable y de cloacas en las villas y barrios que rodean el Riachuelo limita las primeras necesidades básicas sanitarias de la población: no hay agua para higienizarse - lo que fue motivo de movilizaciones en la villa 21-24 durante la pandemia-; las cloacas informales se rebalsan con residuos fecales en los baños de los hogares y los pasillos y calles de las villas y barrios. La mayoría de estos residuos desembocan en el Riachuelo, a metros de muchas viviendas. 

 Un informe técnico dirigido por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA realizado en mayo de 2019 comprobó, también, la filtración de materia fecal en el agua de las canillas de los hogares de la villa 21-24. El principal sector afectado corresponde a las manzanas 16, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, que se encuentran colindantes al Riachuelo. [3] 

 Ya en el 2006, el Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA había publicado una investigación, en la que se revelaba que el 83,3% de los niños y niñas de la villa 21-24 estaba afectado por algún parásito intestinal. [4] 

 En cuanto a la contaminación producida por desechos industriales, el 90% de los contaminantes son producidos por 80 empresas, entre las que se encuentran Coto, Parex Klaukol, Alfajores Jorgito, Coca-Cola Femsa, YPF, Puma (petrolera), Petrolera del Cono Sur, Mercedes-Benz, entre otros. 

 Este nivel de contaminación es especialmente riesgoso para grupos vulnerables de la población como niños, embarazadas y adultos mayores. Según la FARN “Tos o dificultad para respirar, diarreas, problemas dermatológicos y parasitosis son algunas de las dolencias que con mayor frecuencia padecen los habitantes de las zonas cercanas a la Cuenca Matanza-Riachuelo, producto de la presencia de plomo en la sangre y otros agentes contaminantes”. [5] 

 La sugerencia de “hervir el agua antes de consumirla” sólo aplica para algunas bacterias, y bajo ningún punto de vista para los metales pesados que no se evaporan. Además, los metales pesados no sólo pueden filtrarse en el agua, sino que también en el suelo, llegando a contaminar frutos, hortalizas y otros alimentos para consumo que se encuentren en el radio del suelo contaminado o que utilicen algún sistema de drenaje dependiente del Riachuelo. 

 Por último, la contaminación por residuos sólidos tiene que ver con los basurales y los cementerios de autos aledaños. La Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos de ACUMAR ‘destaca la labor de las cuadrillas integradas por las cooperativas de trabajo que han retirado más de 52 mil toneladas de residuos’. Sin embargo, las tareas de estos ‘cooperativistas’, víctimas de la precarización laboral, no son monitoreadas desde el punto de vista de la salud laboral. Se desconoce el impacto que puede provocar el contacto con estos desechos en la salud de los trabajadores.

 La “causa Mendoza” 

En 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado con jurisdicción en la cuenca Matanza-Riachuelo avanzar en soluciones por el daño ambiental; es conocido como el “fallo Mendoza”[6]. El fallo ordena al Estado, entre otras cosas, construir 17.771 viviendas para las personas afectadas por la contaminación y el riesgo ambiental. A la fecha, sólo se han entregado poco más de 5 mil viviendas. El relevamiento realizado en su momento carece ya de toda relación con la realidad demográfica actual. Doce años después, el número de familias y ellas mismas han crecido, y la necesidad de vivienda supera lo planificado hace más de una década. 

 Los distintos organismos involucrados no han dado solución definitiva a lo ordenado por el fallo. En el caso de las obras de agua y cloacas a cargo de AySA y los diferentes gobiernos locales, no se ha visto ningún avance real después de doce años. Por su parte, la instrucción e involucramiento de ACUMAR no ha demostrado la mejoría de la calidad del aire y el agua del Riachuelo, así como tampoco la mejoría de los sistemas de recolección de residuos más allá de la precarización laboral de las cuadrillas.

 Según la actual directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar, María Dakessian, el riesgo de la exposición a la contaminación no sólo se debe a la contaminación industrial sino a ‘la exposición de las propias personas dedicadas a la recolección de chatarra’. Para Dakessian, esto se solucionaría con ‘educación ambiental’ y ‘empleos verdes, sostenibles y sustentables’. Además, considera que no todas las soluciones a la contaminación pasan por la ‘relocalización en nuevas viviendas’.

 Desde el Polo Obrero Tendencia, rechazamos la política de ACUMAR que libera de responsabilidad a las empresas contaminantes; responsabiliza a los propios desocupados por exponerse a la contaminación; que promueve el trabajo precarizado en condiciones de insalubridad de las cuadrillas; y su pretensión de que la solución definitiva no es la relocalización cuando ni siquiera han logrado sanear el Riachuelo. 

 Rechazamos también el hecho de que a la fecha no haya otorgado ninguna reunión con las organizaciones y vecinos para informar y trabajar sobre los nuevos virus encontrados en el Riachuelo, y que nos tuviéramos que enterar por los medios. 

 Las organizaciones y vecinos de la villa 21-24 desconocemos los índices reales de enfermos producto del impacto de la contaminación del Riachuelo sobre el total de la población del barrio. Es común que el porcentaje de víctimas por problemas respiratorios, neurológicos, digestivos, etc., en sectores contaminados sea mayor que el índice promedio de esas mismas enfermedades en el resto de la población. La misma situación deben atravesar los vecinos de Villa Inflamable, La Boca y Pompeya, el sector más contaminado del Riachuelo. 

 Relocalización autorizada por los vecinos del Camino de Sirga y vivienda asegurada. No basta con mejorar las viviendas. 

Entrega diaria de agua potable a través de los camiones cisterna de Aysa. Terminación de las obras de agua y cloacas a cargo de Aysa, los 14 municipios involucrados y ACUMAR.

 Actualización PERMANENTE del impacto real sobre la salud de la población producido por la contaminación por metales pesados, virus, bacterias y parásitos en agua y suelo, aire, frutas y verduras del radio contaminado, bajo control de las organizaciones, vecinos y profesionales de salud de los barrios. 

Seguimiento a la salud de las familias relocalizadas que estuvieron expuestas a altos índices de contaminación por metales pesados. 

Actualización del censo a las villas y barrios bajo control de la organizaciones y familias del barrio. 

Pase a planta permanente de los trabajadores precarizados de las cuadrillas de limpieza, bajo condiciones laborales que protejan su salud. 

Pase a planta de las promotoras de salud precarizadas de los barrios. 

En la villa 21-24 necesitamos más trabajadores de salud en el CEMAR y los CESACS.

 Por la organización de asambleas por manzanas de organizaciones y los vecinos. 

Por un comité barrial de activistas y vecinos independiente del Estado.

 Presupuesto para estas necesidades, no para pagar a los fondos financieros y al FMI 

 Javiera Sarraz

 29/01/2022

 NOTAS:

 [1] https://drive.google.com/file/d/1IXUtueOWW0q1qN-oynXBqJN48M5PQtfp/view 

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34870389/

 [3] https://observatoriociudad.org/panel/biblioteca/19_28_532019%20-%2005%20-%20MAYO%20-%2015%20-%20informe%20Relevamiento%20Villa%2021-24.pdf 

[4] http://www.fcen.uba.ar/prensa/noticias/2006/noticias_04dic_2006.html

 [5] https://farn.org.ar/las-condiciones-de-salud-de-los-habitantes-de-la-cuenca/

 [6] https://www.acumar.gob.ar/causa-mendoza/ ; https://farn.org.ar/caso-medonza-cronologia/

 Otros informes: 

http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Informe-Final-Camino-de-Sirga-21-24-CABA.pdf 

http://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Dosier-EISAAR-Villa-21-24-El-Tri%C3%A1ngulo-CABA.pdf

Los acuerdos con el FMI en el mundo y sus consecuencias

El expte. ucraniano Petro Porochenko, junto a la exdirectora del FMI, Christine Lagarde. 

Ucrania, Ecuador y Colombia, tres casos emblemáticos. 

 Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen dos características bien visibles. Una es que están atados a toda clase de condicionamientos económicos. La otra es que no resuelven los problemas de los países, a punto tal que éstos -como la Argentina- terminan muchas veces recayendo en las redes del organismo financiero. La deuda externa se vuelve así, en definitiva, un mecanismo de opresión por parte del capital imperialista. Veamos algunos últimos ejemplos. 

 Ucrania

 La nación del este europeo que hoy está en la mira por el conflicto entre la Otan y Rusia, es una de las que más ha sufrido las políticas del Fondo. En 2014, tras la caída del gobierno de Viktor Yanukovich, afín a Moscú, y el establecimiento de un gobierno “pro-occidental”, el organismo otorgó un préstamo por 17 mil millones de dólares. De estos, sin embargo, solo 12 mil millones quedaban en neto, dado que otros 5 mil eran para devolver a la institución por créditos anteriores. A cambio de la ayuda, Ucrania procedió al despido inmediato de 24 mil empleados públicos, aumentó impuestos al consumo (alcohol, cigarrillos) y se comprometió a una reforma energética (aumento de los precios) y la libre fluctuación de la grivna, la moneda nacional, o sea, su devaluación. De ese acuerdo, solo se desembolsaron 4.600 millones. Se rediscutió en 2015, añadiéndose préstamos más pequeños por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Banco Mundial. En ese momento, el FMI saludó el ajuste fiscal realizado (hubo un déficit del 4,6% en 2014, frente al 5,8% previsto), la suba del gas y de los combustibles. Pero el organismo es insaciable: exigió al gobierno avanzar en un mayor control de las empresas públicas, en una reforma judicial, tributaria y jubilatoria. En abril de 2020, el parlamento votaba, a instancias de un reclamo del FMI, una ley de tierras que permite la venta de hasta 10 mil hectáreas. En el medio de la duración del acuerdo, Ucrania reestructuró su deuda con los acreedores privados (excepto los rusos), pero al día de hoy ésta todavía ronda el 60% del PBI. 

 Las políticas del Fondo terminaron por consagrar a Ucrania como el país más pobre de Europa. Y en junio de 2020, Kiev volvió a suscribir un acuerdo stand-by con el organismo, esta vez por 5 mil millones de dólares, a asignar en distintos tramos, condicionados al cumplimiento de ciertas metas. Se desembolsaron entonces algo más de 2 mil millones, y en noviembre del año pasado unos 700 millones más. Claro que para destrabar el último envío Ucrania debió presentar un memorándum con metas de déficit fiscal en el presupuesto 2022 (3,5% del PBI), y el compromiso de privatización parcial o total de los bancos PrivatBank y Oschadbank. En pocas palabras, la deuda y los acuerdos con el FMI son la avanzada de una colonización económica por parte del imperialismo. 

 Ecuador 

Poco antes de finalizar su mandato, el gobierno de Lenín Moreno suscribió en noviembre de 2020 un acuerdo con el FMI por 6.500 millones de dólares. El gobierno se comprometió a aumentar el IVA, a despidos y rebajas salariales en el sector público, y a aplicar “reformas estructurales”. El actual gobierno del banquero Guillermo Lasso está tratando de imponer esa agenda, lo que ya ha desatado movilizaciones de rechazo. Busca aprobar una reforma laboral que habilite la contratación a tiempo parcial y temporal; ya entró en vigor una reforma tributaria que aumenta la recaudación para asegurar el repago del préstamo; y además dispuso un aumento de los combustibles en octubre. Este es un punto sensible: en 2019, la supresión de los subsidios por parte de Lenín Moreno desató un levantamiento popular cuya sombra aún perturba al poder político. 

 Colombia 

A fines de marzo de 2021, siguiendo las recetas del FMI, el gobierno de Iván Duque implementó una reforma tributaria regresiva que imponía o aumentaba el IVA en productos básicos (café, azúcar, chocolate) y sumaba cientos de miles de trabajadores al pago del impuesto a la renta. El 90% de los ingresos a recaudar recaían sobre la clase trabajadora, y solo el 10% restante sobre los capitalistas.

 Aquella reforma, que se intentó aplicar en uno de los peores momentos de la pandemia, en medio de un aumento de la pobreza, desató también un levantamiento popular, que obligó al gobierno a retirarla, lo mismo que a un proyecto de reforma de salud.

 Las reformas fondomonetaristas son un instrumento de sometimiento de naciones enteras y acarrean grandes penurias para la población trabajadora. Por eso mismo, también, pueden desatar la respuesta de las masas. La movilización del pueblo ecuatoriano y del pueblo colombiano muestra que es posible enfrentar los planes del FMI. Cuando el gobierno de Alberto Fernández afirma falsamente que el acuerdo que anudó no contempla un ajuste, se está previniendo de esta situación. 

 Gustavo Montenegro