91 años después buscan que sea juzgada como delito de lesa humanidad
Se trata de fotos y cartas descubiertas a 91 años de la brutal represión en la que murieron más de 400 personas de los pueblos tobas y mocovíes. Los documentos, que fueron interpretados por una antropóloga del CONICET, permiten reconstruir el contexto de la matanza.
Fotos y cartas guardadas en Alemania desde principios del siglo pasado aportan nuevas pruebas sobre la mayor masacre indígena del país: la matanza de Napalpí, en Chaco, en 1924. Los documentos fueron descubiertos a más de 91 años de la brutal represión desatada por un centenar de policías y civiles que asesinó a más de 400 personas de los pueblos tobas y mocovíes para disciplinar un reclamo por mejores salarios y derechos laborales.
Hace poco más de un año, la masacre comenzó a ser investigada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia con la expectativa de llegar a un juicio por la verdad, ya que los posibles responsables materiales y políticos del hecho ya han muerto.
A partir de documentación inédita que vio la luz pública después de casi un siglo, la antropóloga argentina Lena Dávila, becaria doctoral de CONICET, comprobó que la represión continuó durante varios meses después de la matanza y que tuvo como blanco a quienes había logrado escapar a la balacera del 19 de julio. Los sobrevivientes de la masacre fueron perseguidos con la intención de aniquilar a los posibles testigos y así garantizarse impunidad.
A pesar de la distancia con los hechos, esta documentación permite entender el contexto en el que se cometieron esos delitos, los intentos de encubrimiento de las autoridades provinciales y policiales, así como el rol de la prensa.
La investigadora se encontró con estas pruebas durante sus trabajos en el Instituto Ibero-Americano de Berlín sobre el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), quien residió en el país por casi 30 años. En junio de 1924, el científico alemán había viajado a la Reducción de Napalpí como parte de una investigación, sin embargo siempre negó públicamente haber presenciado la masacre. A partir de fotos y cartas entre Lehmann-Nitsche y su colega argentino Enrique Lynch Arribálzaga, Dávila pudo demostrar que no sólo fue testigo de esos hechos sino que además eligió callar por miedo a las represalias contra él y Lynch Arribálzaga, quien había sido director de la reserva indígena y permanecía en Chaco.
"Me había preguntado por su silencio en Napalpí. Él había hablado a favor de las reservas y los pueblos indígenas, pero cuando tuvo una verdadera oportunidad para defenderlos no lo hizo. Para muchos de los que veníamos tratando el tema, era obvio que había visto lo que había sucedido en la reserva", comentó Dávila.
El primer hallazgo fue de dos fotografías de Lehmann-Nitsche, una en la reducción y otra frente al avión utilizado para reconocer el campamento indígena antes del ataque. En la foto también figuran militares y civiles que participaron de la matanza. En sí, esas dos imágenes son suficientes para demostrar que el antropólogo estuvo en Napalpí en esos días en la reducción pero además, la antropóloga encontró correspondencia del argentino Lynch Arribálzaga con el alemán en la que se daba a entender su conocimiento de los hechos, así como el temor a que fueran perseguidos por la policía chaqueña y el entonces gobernador de la provincia, Fernando Centeno, quien había ordenado el ataque.
"Ya había visto Ud. la forma franca y sensacional como han sido revelados al Congreso los sucesos de Napalpí de que fue Ud. testigo", le dice Lynch Arribálzaga en relación a la investigación que había iniciado el diputado nacional socialista Francisco Pérez Leirós. El antropólogo argentino residía en Chaco y tenía miedo de la represalia policial luego de que su nombre surgiera en la investigación del Congreso. El objetivo de la citación era buscar quién había filtrado la información de la masacre y "descubrir una o más víctimas en quienes vengarse". Por esa razón, le confiesa en la carta que debió contar que la fuente era el propio Lehmann-Nitsche, quien ya se encontraba en Buenos Aires "fuera del alcance del machete policial chaqueño" y dispuesto a declarar sobre las "atrocidades cometidas contra los indios". "Se lo prevengo por consiguiente, para que estén prevenidos, por si llegan a molestarlos, interrogándolos por intermedio de esa policía, en cuyo caso creo que Uds. deben ser lo más parcos de palabras que puedan y, sobre todo, procuren evitar el dar el nombre de ningún residente en el territorio que haya colaborado en la pesquisa, para no exponerlo a persecuciones. Por fortuna Uds. se hallan lejos, repito", insistió.
Diez días más tarde, advertido por su colega argentino, Lehmann-Nitsche negó conocer lo que sucedió en la masacre al ser interrogado por carta por Centeno. "Contestando las preguntas del Sr. Gobernador con respecto a que si yo podía afirmar que he presenciado el encuentro de los indígenas con la policía durante mi permanencia en Napalpí en el mes de julio del corriente año, como así también que yo luego proporcionara datos o pruebas que revelen excesos cometidos por la policía en las personas de los indígenas me es grato manifestar que no he presenciado esos hechos ni sumado datos o pruebas que con ellos se relacionen", se retractó el investigador. Días después, el alemán realizaría gestiones para evitar represalias contra Lynch, quien le agradeció la intención: "Lo deseable es que no sólo yo goce de este privilegio, sino todos los habitantes de esta parte del país, y esto no se alcanzará mientras se mantengan malos funcionarios como agentes de gobierno. Por fortuna el asunto de la investigación no está muerto".
Al momento de ese intercambio de correspondencia, los testigos y sobrevivientes de la matanza indígena eran perseguidos y asesinados. El resto de hombres de la reducción, los que debían seguir aportando la mano de obra a los ingenios y algodonales, recibieron una cinta blanca en el brazo para evitar la represalia.
"La fuerza de haber encontrado las cartas y las fotos no sólo pone fin a ese debate sobre si Lehmann-Nitsche sabía o no, sino que comprueba que la represión continuó durante muchos meses e incluso siendo aniquilamiento, porque fueron a buscar a quienes habían escapado. Muestra la desigualdad que vivían los pueblos originarios y la desprotección", analizó Dávila y señaló que el temor de los dos antropólogos es una medida de la violencia en la que se vivía: "Si alguien de clase alta, con contacto en Buenos Aires y fuera del país vivía con miedo, qué le quedaba a personas que ni siquiera eran consideradas ciudadanas, que no tenían los mismos derechos como los pueblos originarios".
La masacre
Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1924, cuando una grupo de policías, gendarmes, militares y colonos de la zona enviados por el gobernador de Chaco, Fernando Centeno, reprimió a los tiros una protesta de las comunidades indígenas. El reclamo era por mejores condiciones laborales ya que la provincia les impedía a los miembros de la reducción trabajar fuera del territorio, donde conseguían salarios más altos, y había quitado del 15% de lo que ganaban en las cosechas de algodón a fin para costear los elementos de trabajo. Eso desató el reclamo de la suspensión de ambas medidas. En las protestas se produjeron ataques a los campos de algodón y robo de ganado, pero no hubo violencia. Pero la concentración de indígenas disparó los prejuicios de las élites justificados a través de los diarios.
La justicia
Casi un siglo después de los hechos, la masacre comenzó a revisarse.
Mientras los juicios por los crímenes de la dictadura eran juzgados, las comunidades indígenas de Chaco se preguntaban por qué seguían impunes los hechos de Napalpí. La respuesta se produjo el año pasado con una investigación iniciada por la fiscalía federal de Resistencia que logró recabar el testimonio del único sobreviviente de la matanza que permanece con vida, Pedro Balquinta, de 107 años y el expediente judicial de la época, en el que la justicia local encubrió el hecho.
"El Estado argentino todavía tiene grandes deudas con los pueblos originarios. Se ha avanzado mucho con los juicios en el campo de los derechos humanos pero sobre los pueblos originarios esa reparación histórica es un camino que falta recorrer. Sería una gran noticia que esto llegara a juicio y se pudiera juzgar como crimen de lesa humanidad y mostrar que, pese a que la historia oficial intentó borrarlo, siguen perdurando en la memoria y en los propios relatos de los miembros de estos pueblos. Forman parte de su historia, de nuestra historia, de cómo se construyeron los Estados en Latinoamérica", manifestó Dávila.
El rol de los medios
"Había habido conflictos con algunos criollos, con la policía. Pensar que ningún indígena se sobrepasaba es ir al otro extremo. Había mucha desigualdad de fuerzas. Los medios tendieron a aumentar la tensión en la zona. Los diarios reproducían una idea de malón o revuelta, de peligro para los criollos que vivían en los alrededores", analizó la antropóloga.
El diario La Nación advertía por supuestos alzamientos indígenas a los que mencionaba como "malones" y describía "la situación de desamparo en que se encuentran aquellos lugares de donde se han visto obligados a huir para poner a salvo sus vidas ante las amenazas constantes de los malones de salvajes y la absoluta falta de medios eficaces para defenderse". Días después de la masacre, el diario centenario minimizó y justificó la matanza al sostener que "las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso". Tanto La Nación como el diario La Voz del Chaco se limitaron a reproducir la versión oficial señalada por el gobierno de Chaco: que se había tratado de luchas entre Tobas y Mocovíes y que sólo habían muerto cuatro personas en manos de la policía. "No sería posible responsabilizar a la policía por la muerte de los asaltantes mencionados, pues bien podría ser el resultado de una venganza ejecutada por los indios tobas recluidos desde hace tiempo como rehenes por los mocovíes, y que en la huída al restituir su libertad, hubieran cometido tales venganzas, dado el antagonismo que existe entre ambas tribus", sostenía el diario centenario.
Las reducciones indígenas
En 1911, tras una campaña militar sobre el Chaco, se creó la reserva indígena de Napalpí para "acostumbrarlos a la vida sedentaria del agricultor", según su primer director, Lynch Arribálzaga.
En ese momento, explicó Dávila, las alternativas estaban entre el exterminio o la asimilación. "En 1880 la opción fue el exterminio en el sur y en el norte el disciplinamiento porque se requería mano de obra para la expansión de ingenios y algodonales. La opción del respeto de la diversidad cultural no existía. El tema volvía una y otra vez como problema indígena. En 1910 Lehmann-Nitsche propone que en Argentina se crearan reservas al estilo de Estados Unidos, donde supuestamente pudieran vivir a su manera y que pudieran trabajar en los ingenios y el obraje, dos cosas que no tenían nada que ver con sus medios de vida y que eran de tremenda explotación", detalló.
"En la reducción había una escuela de la que participaban los niños. La educación era una de las claves, la otra era el trabajo. Buscaba volverse el modelo a seguir y contribuir a la transformación de los indígenas, para que abandonaran sus prácticas y se volvieran 'ciudadanos'. El respeto por su tradición no era una opción y tampoco habían desaparecido (como sostenía el antropólogo argentino Juan Bautista Ambrosetti, 'por la codicia del blanco, el alcohol, las enfermedades de los blancos...') La alternativa era incorporarlo", agregó la antropóloga.
Gerardo Aranguren
Infonews
[N. de E.] Artículos relacionados:
Tiene 107 años, sobrevivió a dos masacres y declaró en la Justicia, por Milva Benítez. Infojus. [Enlace].
La masacre de Napalpí podría ser juzgada como delito de lesa humanidad, por Gustavo Ahumada. Infojus. [Enlace].
Aportan nuevas pruebas por la masacre de Napalpí, por Gustavo Ahumada. Infojus. [Enlace].
Robert Lehmann-Nitsche. Pruebas contundentes sobre su presencia en Napalpí en tiempos de la masacre, por Lena Dávila. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Enlace].
sábado, 5 de septiembre de 2015
La mujer que ocupó la fábrica
Antonia Argota es petisa, morocha, peronista, matancera y acaba de contar que vivió 45 días con cinco policías (tres hombres, dos mujeres) dentro de la fábrica recuperada que hoy preside en Lomas del Mirador, a sólo tres cuadras de Ruta 3, y a menos de 10 minutos de Capital Federal.
“¿45 días?”, es la repregunta, tonta y asombrada.
“45 días”, es la respuesta, concisa y sonriente.
Antonia deja un espacio al silencio. El grabador lo registra. Ella también: sonríe.
El silencio también se registra cuando se suben las escaleras que conducen a la enorme Cooperativa 10 de Noviembre –ex “Lanera El Mirador S.A.”–, adormecida durante las últimas semanas por una merma en la producción que detuvo las máquinas con las que esta empresa textil trabaja la fibra acrílica que después se exhibe en forma de bellos tejidos en hilanderías de la calle Corrientes. El silencio le duele a Antonia y al resto de los casi 20 integrantes de esta fábrica sin patrón del oeste del conurbano bonaerense: si no hay producción, tampoco hay dinero.
La cooperativa trabaja a fasón, es decir, para otras empresas que le proveen la materia prima y, luego, la comercializan. No tiene marca propia. Producen para Nube, que elabora hilados gruesos. Ese fue el motivo, explica Antonia, del parate: el traicionero invierno de la temporada 2015 les jugó una mala pasada, y los días primaverales acumularon un stock que aún no pudo venderse. “No pudieron sacar el material y nos cortaron el trabajo de una semana a la otra”, dice la mujer. “Arrancamos de vuelta con algunos clientes que sabemos que trabajan hilado fino, pero de a poquito. Te traen 500 kilos, pasan dos o tres semanas, a veces un mes, y te vuelven a traer 500, porque quieren ver cómo va el panorama con el tema de las votaciones. Muchos especulan con eso”.
Para tomar una idea de la magnitud: la fábrica estaba trabajando hasta 1800 kilos por semana, casi 8 mil al mes. “Con eso estaba a pleno. Inclusive trabajábamos algunos feriados, algunos domingos. Y cuando hubo mucho material ingresaron más personas. Llegamos a ser 23 compañeros. Pero vinieron temporadas malas y algunos buscaron irse”. La gran deuda es la marca propia. ¿Por qué no? “Sale muy cara”, dice Antonia. “Y si querés comprar de a 200 ó 300 kilos, no te traen. La compra tiene que ser mil kilos para arriba. Imposible: estamos hablando de 4,20 dólares el kilo”. A 8000 kilos por mes, serían casi 34.000 dólares: 334.000 pesos mensuales.
Antonia suspira: “Hoy por hoy estamos así”.
Los señores de traje
La cooperativa 10 de Noviembre reinició la producción en agosto de 2009 luego de dos años y medio. Lanera El Mirador cerró en 2007 sin presentar ningún drama económico. “No tenía problema, estaba lleno de material”, recuerda Antonia. “Las máquinas estaban llenas de material. Se había acumulado y la semana anterior habían entrado varios fardos, grandes como esta mesa. Ni siquiera teníamos problemas de cobro. Éramos 50 personas trabajando a pleno”.
Dice Antonia: “Todo comenzó por un problema interno”.
El problema interno detonó tres años después del fallecimiento del dueño. El relato oscila entre su viuda, unos primos, y una serie de conflictos familiares que se desataron con el correr de las semanas, y que derivó en movimientos sospechosos dentro de la fábrica que los trabajadores fueron percibiendo de a poco. Antonia recuerda que la fotografía habitual de la empresa, con las máquinas encendidas, los hilos enganchados y las madejas listas para salir, se fue manchando con la visita de misteriosos hombres de traje que llegaban para mirar las maquinarias. Un día notaron que uno de esos hombres llevaba en el traje una etiqueta que decía Conotex. “¡Era la empresa de las máquinas!”, recuerda hoy Antonia. “Yo pregunté por qué venían, y me respondieron que era porque la empresa había solicitado un préstamo y venían a verificarlas porque estaban como garantía. ¡Todo mentira! Venían porque se estaba por poner en venta la fábrica: la empresa iba a cerrar”.
Cuarenta y cinco
La alarma se encendió. A la visita de los hombres de traje se sumaban rumores que otras compañeras habían escuchado en el sindicato. No dudaron un segundo: reunieron las pruebas que tenían hasta entonces y presentaron una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo. La jugada fue estratégica porque fijó la postura de los trabajadores de cara a los futuros conflictos: querían mantener sus fuentes de empleo. El patrón, Juan Carlos Borrino, negó todas las acusaciones. Los trabajadores ya contaban con un abogado para asesorarse. Las audiencias fueron pasando una a una. Adriana Daquisto, 14 años en la fábrica, recuerda como si hubiera sido ayer las palabras del patrón en una de las jornadas en el Ministerio: “Esta empresa la abrí cuando yo quise y la voy a cerrar cuando yo quiera”. Las tensiones iban en aumento.
El 9 de noviembre de 2007 –era viernes– tres muchachos fueron a la fábrica. Se presentaron como militantes de Polo Obrero (el movimiento piquetero del Partido Obrero) y pidieron hablar especialmente con Antonia Argota. Eran aproximadamente las 17:30. Antonia bajó y los miró. Nunca los había visto en su vida. Recuerda ese momento: “Me preguntaron si podíamos reunir a todos los compañeros que ingresaban al día siguiente por la mañana. Dijeron que el patrón, el día 10 de noviembre, a las 14:30 horas, iba a venir y a cambiar todas las cerraduras”.
Acudieron al día siguiente ante el inesperado aviso. Se metieron. Esperaron. Pasaban los minutos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eran las 14:29. “Exactamente a las 14:30 llegó el patrón con 10 ó 15 patrulleros, personal de seguridad privada y cinco cerrajeros”. Todo un arsenal. Pero la fábrica estaba tomada. El patrón comenzó a gritar. Los policías pudieron desalojar a los trabajadores, pero no podían tocar a las mujeres. Quedaron tres adentro. Una de ellas era Antonia.
“¡Quedamos con cinco policías!”, exclama Antonia. “Eran dos mujeres y tres hombres contra nosotras tres. Pero a la primera semana se bajó una: tenía un bebé de 7 meses. Abandona. A los días abandona la otra: tenía un chico chiquito. Quedé yo. 45 días. Y cinco policías”.
45 días, sola, en una fábrica, con cinco policías.
Hoy Antonia Argota es la presidenta.
La ira
Subsistió más de un mes en el lugar donde había trabajado 25 años. La tenía clara: “Sabía que si salía, ya estaba: perdíamos toda la lucha”. No se fue. Afuera, en la calle, sus compañeros habían montado una carpa esperando el momento para volver a entrar. Sumaron apoyo de otras cooperativas y fábricas, de vecinos, de organizaciones sociales. Armaron ollas populares. Antonia no se movía. “Un día se me acercó un señor policía, grande de edad, me agarró y me dijo si podía hablar con él. Me dijo que nunca me acercara a la puerta, porque había muchísima plata puesta para que me sacaran a la calle. Imaginate: ni me acercaba”.
Antonia valora ese gesto. “Se hizo una convivencia”, recuerda. “Trajeron una cafetera eléctrica para que tomemos café. Y una estufa, porque dormía arriba de un banco con frazadas que me dieron los vecinos. Otras veces nos alcanzaban fideos. Mis compañeros le daban a los policías la comida por una ventanita y ellos me la traían”. Dice que los policías eran pagos: terminaban sus horarios de trabajo y llegaban porque hacían adicionales. “Nunca vino un fiscal con una orden de desalojo”, comenta. “Nosotros siempre dijimos que estábamos resguardando nuestro lugar de trabajo y que estábamos cuidando las máquinas, que son nuestra garantía de cobro de sueldos adeudados”.
Esa posición fue clave. “Legalmente también nos movimos bien”, expresa. Sin embargo, fueron 45 días los que estuvo allí. “Es una cosa que vos no lo pensás”, responde. “Son actos que nacen de adentro con la bronca, con la rabia. Imaginate: entré a esta empresa cuando tenía 16 años, soltera. Me casé trabajando en esta empresa, tuve mis hijas trabajando en esta empresa, tuve mi nieto trabajando en esta empresa. Era una historia de mi vida, familiar: todo lo que yo sé ahora y que puedo volcar al trabajo que hago lo aprendí estando en esta empresa. Era una madre soltera, separada, con dos hijas, que trabajaba sábado, domingo, feriado. Vivía acá, prácticamente”.
Sigue Antonia: “En ese momento pensás en todo y no pensás en nada. Los años que trabajé acá no me los devolvía nadie. Y teníamos compañeras grandes. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Por qué nos hacían esto? Es la ira tuya la que te hace defenderte y subsistir cada día. Vos te ponés más fuerte. Porque van pasando cosas, sí, pero no: yo tengo que seguir parada y con la bandera en mano”.
Después de 45 días ingresaron todos los compañeros y compañeras.
Empezaba otra batalla que sigue hasta hoy.
El Gran Hermano
Ocuparon la fábrica durante dos años y medio. De 2007 hasta 2009 la producción estuvo parada. Dos años y medio sin trabajar ni ver un centavo. El impacto se sintió: de 50 trabajadores quedaron 12. Algunos quedaban haciendo guardia, otros salían a buscar trabajo. El fondo de desempleo ayudaba algo, pero tampoco mucho. “Muchos compañeros eran grandes, no los querían tomar en ningún lado”, dice Andrea Daquisto. El camino fue durísimo. En el transcurso de la lucha, uno de los trabajadores (Rubén Palma) se enfermó. “Se fue agravando cada vez más mientras más se estiraba esto. Quedó inválido. Murió de un infarto”.
En 2010 murió otro obrero: Hugo Cejas. “Salía a buscar trabajo y no lo querían tomar en ningún lado por la edad. Tenía 54 años”, cuenta Antonia. “Eso le trajo conflictos con su pareja. Empezó a entrar en un estado depresivo. Lo ayudamos acompañándolo al médico, estando con él. Un día se fue y no regresó. Lo encontraron después de varias horas. Se ahorcó en su casa”.
No fue fácil la supervivencia. Muchas de las trabajadoras dormían con sus hijos en la fábrica durante sus turnos. Los niños iban al colegio y al jardín desde la propia empresa. Se llevaban los guardapolvos, las mochilas, los útiles. “La vida estaba totalmente cambiada”, sintetiza Josefina Argota, 16 años como obrera textil, que hacía guardias los fines de semana. “Mi nene en ese momento tuvo que hacer una historia para el colegio. Contó la historia de la cooperativa. Del comienzo. La maestra le preguntó si era real lo que había escrito. Le dijo que sí, que todo eso le había pasado a su mamá cuando cerró el patrón las puertas de la fábrica y ella se quedó sin su fuente de trabajo. Gracias a esa historia se llevó un 10”.
Salían a buscar cartón, botellas. Los chicos acompañaban. “Para ellos era una experiencia de juego”, dice Claudia Bellini, 5 años en la cooperativa, venía a acompañar a su madre. “Una no quería que pasaran por las cosas que pasamos nosotras, por eso decíamos: 'Hagamos que sea para ellos un juego'. Así les explicamos el valor de las cosas y el sacrificio que una tuvo que hacer”.
Argota: “La convivencia en ese tiempo fue como la casa de Gran Hermano”. No bromea.
María Alejandra Gallo trabajó un año, se fue y volvió cuando se conformó la cooperativa. Tiene experiencia en la familia: su papá es uno de los trabajadores que recuperó Cristalerías San Justo, también en La Matanza. “¿Por qué apostar a esto? Porque era lo que hacías y sabías que funcionaba. Había mucho trabajo. Sí, está bien, había un patrón, pero las que trabajábamos éramos nosotras”.
Daquisto: “Gracias a nosotras él tenía lo que tenía”.
Gallo: “Lo más importante estaba, y era saber quién podía hacer el trabajo: nosotras. Fue una alegría enorme el día que nos pusieron la luz y cuando prendimos las máquinas para escuchar cómo andaban. Era una fiesta”.
Argota: “Te revuelve muchas cosas. Cuando nos trajeron la primera materia prima después de dos años y medio, fue una alegría. Nos dio fuerza saber que estábamos en nuestra fuente de trabajo y que éramos nosotros los que íbamos a remar y a manejar esto entre todos los compañeros”.
Bellini: “Por eso cuesta hacerles entender a los nuevos que entrar a la cooperativa que no van a hacer sólo su trabajo y allí va a terminar todo. A veces hay poco entusiamo, pero es porque no la luchó y no estuvo para aguantarla como estuvimos nosotras”.
Argota: “Piensan, a veces, que como es una cooperativa y no hay patrón pueden hacer lo que quieren. Los horarios no lo respetan, porque piensan que nadie lo va a controlar”.
Las mujeres están hablando de la disciplina de la autogestión.
Esa es otra batallas que siguen hasta hoy.
Una familia
La producción está detenida pero el trabajo no se detiene. Las goteras y las intensas lluvias de las últimas semanas empujaron a un grupo de trabajadores a arreglar el techo. Es en la terraza de la fábrica donde habla Ricardo Herrera, 31 años, 13 en la fábrica, hoy tesorero de la cooperativa: “El conflicto fue duro. Aguantamos y apostamos, primero, por los compañeros, y después siempre creí en la cooperativa, en que íbamos a salir adelante todos juntos. Y hoy seguimos luchando, pese a las épocas buenas y malas. Cuando arrancamos no sabíamos nada: sólo manejar una máquina. Y de ahí uno tenía que empezar a reunirse con clientes, con proveedores. Uno se apichona, pero es hasta aprender a pararse de igual a igual. Nosotros discutimos con grandes clientes que vienen con saco y corbata, pero nosotros, con nuestra ropa de trabajo, tenemos que hablarles de igual a igual”.
Gustavo Matías Gómez, 23 años, hincha de Almirante Brown, explica que esa dignidad se construye día a día: “Cuesta hacerles entender a mis amigos qué es trabajar en una cooperativa. Piensan que es una de las creadas por el Estado. 'Ustedes se rascan todo el día. Total, siempre les van a pagar'”, me dicen. Más de una vez respondí: 'Vení una semana seguida a mi trabajo, fijate el esfuerzo que hacemos para tener lo que tenemos y cobrar, no como vos, que por más que hagas o no tu producción, a fin de mes vas a tener tu plata'. Si nosotros no entregamos la producción en tiempo y forma, nos vamos a llevar menos a fin de mes. Por eso tenemos que tirar todos para el mismo lado”.
Herrera: “No es que fuimos cooperativistas desde la cuna. Somos una empresa recuperada. El patrón nos empujó a esto. Ahí nos fuimos instruyendo y cambiando el pensamiento. Cuando estaba el patrón, venía y preguntaba las mismas cosas ocho veces. No me interesaba. Si algo se rompía, tampoco. Hoy uno cuida sus cosas como si fuera su casa. Y lo es: es nuestro segundo hogar”.
Qué hacer
Antonia habla y detrás suyo, sobre la repisa de una biblioteca, reposan una foto con Néstor Kirchner y otra con Cristina Fernández. “Soy peronista desde la cuna. Mi familia es peronista de Perón y de Evita. Mi abuela me cuenta que mi abuelo estuvo preso cuando el peronismo estaba proscripto”.
En medio del silencio de las maquinarias, cuenta que pocas veces tramitaron subsidios para la cooperativa. “Teníamos trabajo”, dice. Este fue el año que más se movieron. El objetivo a mediano y largo plazo es tener materia prima propia y producir una marca autónoma. Hacia allí se enfocarán las próximas demandas de la fábrica. Aun así, la plata que sí pudieron recibir la invirtieron en los repuestos de las máquinas: “Son muy caros”. Antonia subraya entonces dos instancias clave en la lucha de las empresas recuperadas: el antes y el después. El antes –clave, por supuesto– está signado por las batallas judiciales y policiales. Los 45 días de Antonia adentro y la carpa afuera se convierten así en una de las experiencias que condimentan la épica de un movimiento aún en formación. El después es el presente, que también implica el futuro, y conlleva nuevos aprendizajes cada día. Y dispara una pregunta: ¿cómo sostenemos la autogestión?
“Uno de los problemas que tenemos es a la hora de hacer trámites”, responde Antonia para ejemplificar una de las dificultades actuales que atraviesan al sector. “Desde el Estado no pueden distinguir de las cooperativas creadas por el propio Estado que las que nacen dentro de la economía social. Somos empresas recuperadas, y cada vez que tenemos que tramitar algo debemos llevar la ley de expropiación para que entiendan que no recibimos un sueldo del gobierno, sino que nuestra plata sale de lo que trabajabamos mes a mes. Tampoco hay contadores ni abogados que sepan trabajar y entiendan sobre cooperativas de trabajo dentro de la economía social”.
Antonia, en medio del doloroso silencio de las máquinas textiles, deja una enseñanza: “El sistema judicial y contable es uno solo. Y ahí hay que saber bien qué decir y qué hacer”.
Esa es la batalla que sigue hasta hoy.
Soldati tuvo una tragedia que estaba anunciada
El edificio está bajo la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Los vecinos denunciaron que vienen reclamando al gobierno porteño por el estado deplorable en que se encuentra. Y que nunca se ocupó de hacer los trabajos, pese a una ley y dos fallos judiciales.
La vigilia, junto a la fogata encendida sobre las vías de trocha angosta del Ferrocarril Belgrano Sur, en el cruce con Mariano Acosta, en Villa Soldati, era angustiosa y sobraban las razones. Tres adolescentes que jugaban mientras bajaban por las escaleras, en el sexto piso de un edificio de nueve, cayeron al vacío cuando uno de ellos –que falleció–, trastabilló y se tomó de la baranda de seguridad, que cedió bajo su peso. En un postrero intento, el chico se agarró de sus dos amigos y los arrastró con él. Los sobrevivientes están internados, graves, uno de ellos con riesgo de quedar inválido. Los vecinos están acongojados y furiosos, porque el complejo habitacional, que comenzó a construirse en 1973 y sufrió interrupciones durante la dictadura militar, tenía obras por terminar desde 2012 que nunca fueron realizadas por el gobierno porteño, que hasta desoyó dos órdenes judiciales para que las ejecutara (ver aparte).
Jacinto González, vecino y referente del barrio, confirmó la demora en la finalización de los trabajos “que acumula ya un montón de años, porque todavía no tiene el certificado de finalización de las obras”, a la vez que muestra un documento que forma parte de una gruesa carpeta de reclamos a las autoridades porteñas. “Mire acá”, dice Jacinto mientras señala una página en la que se lee una cifra cercana a los 50 millones de pesos. “Estos 49.261.407 pesos fueron invertidos hace poco, por el gobierno porteño, para pintar el frente de los edificios, la fachada, en vez de hacer las obras internas. Si hubieran asegurado las rejas de la baranda, estos chicos no hubieran fallecido.”
El Complejo Habitacional Soldati tiene 3200 departamentos donde viven 70 mil personas, que comenzaron a llegar entre los años 1978 y 1979. Muchos de ellos eran personas expulsadas de la Villa 31 de Retiro, de casas de inquilinato derribadas por las obras de la Autopista 25 de Mayo y del Bajo Belgrano. La responsabilidad de las obras es del Instituto de la Vivienda que depende del Gobierno de la Ciudad.
“Los tres estaban jugando, eran pibes, y cuando mi hermano trastabilló, la reja de la baranda cedió y se llevó con él a sus amigos, que intentaron salvarlo”, le dijo a Página/12 Fabián, uno de los hermanos de Cristian, el chico de 17 años que murió al caer al vacío desde el sexto piso.
Las otras dos víctimas son Nihuel y Gastón, de 15 y 14 años, quienes están internados en grave estado en el Hospital Piñero. “Todo ocurrió cerca de las 12 de la noche (del jueves)”, precisó Fabián, con el rostro marcado por el dolor y el cansancio de un día interminable para toda su familia. La ambulancia del SAME, afirman los vecinos, “demoró entre media hora y unos 40 minutos”. El hermano del chico fallecido recordó que “los primeros que llegaron fueron los bomberos y nosotros, que estábamos desesperados porque los chicos estaban ahí, tirados, sin atención médica, no pudimos aguantar la llegada de la ambulancia”.
Personal de Gendarmería, que también habían llegado al edificio 14, escenario de la tragedia, trató de impedir que tocaran a los heridos, pero “los levantamos igual y con las tablas que nos dieron los bomberos los sacamos de acá adentro; fuimos nosotros los que los levantamos y los sacamos hasta afuera y al rato llegó la ambulancia”, explicó Fabián. En el lugar donde cayeron los tres chicos todavía podían verse las manchas de sangre. “Lo que todos queremos es que nos den una solución, que alguien se haga cargo de este problema, porque venimos reclamando desde hace más de diez años y nadie nos escucha.”
Jacinto González le dijo a este diario que “el gobierno porteño nunca se hizo cargo de los ‘vicios ocultos’ que tiene este complejo habitacional y nadie escucha nuestros reclamos permanentes, que se han intensificado desde 2002 y que hasta cuentan con un fallo judicial a favor”. “Lo que pasó con estos chicos es que nunca aseguraron las rejas, no las soldaron como debían haberlo hecho hace mucho tiempo, y porque no funcionan los ascensores, que fueron clausurados por el gobierno nacional porque no hay certificado de finalización de obra y eso impide que se apruebe su utilización.”
González sostuvo que “éste no es el primer caso grave, porque ya murió otra vez un hombre que estaba arreglando un ascensor y tuvimos muchos problemas, tenemos muchos problemas, porque tenemos en el edificio a una pareja de no videntes a la que le adjudicaron un departamento en el cuarto piso, en un edificio sin ascensor; es una barbaridad lo que hacen con la gente”. El vecino explicó que el complejo habitacional fue declarado en “estado de emergencia”, hace doce años, por la Legislatura, pero “nunca se tomó ninguna medida desde el Gobierno de la Ciudad”.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que la ambulancia del servicio de emergencia llegó a las 0.39, confirmando el período de espera que señalaron los vecinos y familiares de los chicos accidentados. Sergio Touseda, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Soldati, informó que habían recibido el alerta a las 0.18 y que cinco minutos después llegaron al edificio donde estaban los chicos. Según Touseda, ellos dieron el aviso al SAME a las 0.31 de ayer, aunque confirmó que los familiares de Cristian habían llamado antes al 911 de la Policía Federal.
Los vecinos, que anoche seguían cortando las vías, repetían una y otra vez que “desde que vinimos al complejo estamos a la buena de Dios”, según señaló Elba Díaz, de la Comisión de Vecinos. Ella y Jacinto González coincidieron en hacer responsable al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) porque “nos reclama que organicemos el barrio, que designemos a nuestros representantes, pero no podemos hacerlo porque para eso tenemos que tener la escritura en regla y la mayoría de nosotros no podemos tenerla, porque nos falta el certificado de finalización de obra”.
Elba Díaz remarcó que algunos cuentan “con algunos papeles del año 2001, extendidos durante el gobierno de Aníbal Ibarra, pero después nunca fueron certificados por el IVC, que nunca nos recibe y que ni siquiera vino ahora para dar la cara”. Anoche corrió una versión según la cual un funcionario del IVC se iba a reunir con los familiares de las víctimas en la iglesia de la zona, pero hasta el cierre de esta edición el supuesto encuentro no se había producido.
Los vecinos entrevistados por este diario señalaron que “tenemos carpetas llenas de reclamos, pero de todos ellos, sólo una vez nos acondicionaron dos ascensores y nada más; desde que subió Mauricio Macri todo se paralizó”. Elba Díaz precisó que “además del problema con los ascensores y con las barandas de las escaleras, tenemos problemas con las válvulas esclusas, roturas de mampostería que no fueron reparadas cuando se hizo el trabajo de pintura del exterior; a las barandas de las escaleras hay que cambiarlas, directamente, porque no hay forma de repararlas para que sean seguras”.
La mujer confirmó que hace dos años falleció “un hombre que estaba tratando de arreglar uno de los ascensores y quedó apretado, abajo de la máquina, porque es muy frecuente que los ascensores se caigan”. Sobre las vías del Belgrano Sur, dos de los hermanos de Cristian, el chico fallecido, estaban rodeados de amigos que señalaban que el barrio había tenido “un crecimiento fulminante, tremendo”, desde su apresurada habilitación, con la obra sin terminar, en tiempos de la dictadura militar. “A nosotros nos echaron de la Villa 31 y nos metieron en un departamento donde todo estaba mal; nosotros tuvimos que arreglarlo con nuestro propio esfuerzo.” Con el tiempo, hasta los lugares asignados para locales fueron ocupados “por personas tratadas como animales”.
Carlos Rodríguez
Dos fallos que Macri incumplió
Por ley, el gobierno porteño debía resolver el deterioro. Y además, se lo ordenaron dos fallos judiciales. Pero nunca se hizo nada.
Apenas habían pasado las ocho de la mañana cuando María Eugenia Andicoechea llamó por teléfono entre sollozos a la asesoría tutelar de menores. Murió un chico. Dos más están muy lastimados. Jugaban en las escaleras, se apoyaron en una baranda oxidada, la baranda cedió. Cayeron al vacío. Es el mismo edificio donde vive ella en el complejo de viviendas de Villa Soldati. Conoce al dedillo los problemas estructurales, los de la instalación de gas, las fisuras, las filtraciones, los rincones que se inundan, los trozos de mampostería que caen, las escaleras sin escalones, las zonas de riesgo de todo tipo. Son las razones que la empujaron en 2009 junto con otra vecina a hacer una demanda y exigir el cumplimiento de la ley 623, que obliga al gobierno porteño a resolver las fallas estructurales y vicios de construcción de estas viviendas sociales. El objetivo era proteger a los niños de enfermedades y de accidentes. Por eso María Eugenia está impresionada. “Estaba anunciado, fue una muerte anunciada”, le repetía desesperada al asesor tutelar Gustavo Moreno, quien representó a los menores en la demanda. Se lo decía con la impotencia más inmensa, porque para colmo a ella, a su vecina y a sus hijos, los jueces les habían dado la razón hace tiempo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda nunca cumplieron los fallos de primera instancia (de 2011) y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (de 2014) que les ordenó concretar trabajos específicos con indicaciones precisas para el edificio donde murió Cristian, de 17 años. Ayer la jueza Patricia López Vergara los intimó, con un plazo de dos días, a que expliquen sus incumplimientos y su relación con la tragedia.
“Cuando acompañé a María Eugenia y Mirtha Corpache en la presentación de un recurso de amparo hace poco más de seis años ya, lo hicimos en representación de sus hijos y del colectivo de los niños que vivían y circulaban por el edificio. Logramos una sentencia que estaba firme, que nos daba la razón y que fue incumplida por las autoridades porteñas y el IVC, que además ignoran la ley. Anticipamos que la situación edilicia podría traer un perjuicio para los chicos, a quienes quisimos proteger, y hoy tenemos una tragedia con tres menores, uno fallecido”, explica a Página/12 el asesor tutelar Moreno. La jueza López Vergara, en cuyo juzgado tramitó el expediente desde un principio, actuó ayer de oficio ante lo sucedido. “Lo que quiero es que expliquen, el Gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda, por qué nunca acataron las disposiciones judiciales y que digan ellos qué relación encuentran con los acontecimientos. Tienen tiempo hasta las dos primeras horas del miércoles. Ya fueron notificados”, dijo la jueza, consultada por este diario.
El complejo de viviendas de Soldati está compuesto por doce “nudos” con edificios de distintas características y alturas, que contienen 3200 departamentos, construidos en la década del setenta. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el IVC son los responsable de su mantenimiento. El estado crítico de estas viviendas es historia vieja y determinó sucesivas alertas. En 2001, la ley 623 declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional. El artículo 9 decía que el Poder Ejecutivo local debía adoptar las medidas necesarias para solucionar las fallas estructurales, los vicios de construcción, mejorar la infraestructura y realizar el saneamiento ambiental. En 2003 una comisión técnica elaboró una propuesta promulgada en una publicación en el Boletín Oficial donde las autoridades porteñas se comprometían a realizar todos los trabajos necesarios, que se detallaban en una lista de 23 puntos que incluían la resolución de los problemas con la instalación de gas, la humedad, las escaleras, la protección de las estructuras de hierro, las fisuras de la construcción, las escaleras, las fisuras y toda clase de roturas, la conexión de agua para los bomberos, los ascensores, entre otras indicaciones.
Como pasó el tiempo y no hubo obras, María Eugenia y Mirtha decidieron hacer el reclamo en tribunales. Ambas hablaron del drama de la instalación de gas. Como había pérdidas en algunas de las viviendas les cortaron el suministro y eso, peor, determinó que muchos vecinos ante la falta de gas empezaran a montar conexiones clandestinas. Las demandas enumeraban los escalones rotos, casi desintegrados, las roturas, y los problemas de inundaciones y humedad dentro de las viviendas. En el caso de María Eugenia, ella especificó que esta última cuestión agravaba los problemas de salud de dos de sus hijos: una que sufre asma y otro que padeció bronqueolitis.
Cuando les tocó responder ante el juzgado primero y ante la Cámara después, el Gobierno porteño y el IVC esgrimieron argumentos técnicos para desentenderse de la responsabilidad que les tocaba, dijeron que habían hecho algunos trabajos, pero en un tramo incluyeron una explicación sorprendente: que la culpa de los problemas de infraestructura y edilicios en el complejo lo tienen los propios vecinos, ya que cuando firmaron el boleto de compraventa de las viviendas se comprometieron a “realizar el mantenimiento de la unidad funcional, el buen uso de la misma y a abonar las expensas”.
El expediente en primera instancia fue tramitado buena parte del tiempo por el juez Andrés Gallardo y la resolución que hizo lugar a la acción de amparo fue firmada por el subrogante Hugo Zuleta, que cuestionó en duros términos el argumento del gobierno porteño de responsabilizar a los vecinos. “Mal pueden ser atendidos” esos “argumentos”, decía la sentencia, del 27 de diciembre de 2011. “La parte demandada (el gobierno) no puede desligarse fácilmente de sus obligaciones máxima teniendo en cuenta que la salud integral de las personas que habitan en el complejo, y en especial los niños, corre peligro”, señalaba el fallo. Y en un tramo enumeraba anomalías detectadas, incluidas las barandas, como la que determinó la caída de los adolescentes. “Téngase presente que las escaleras se encuentran rotas, las barandas caídas, existen rajaduras en los edificios, filtraciones de agua, humedad en las paredes de los edificios y gran cantidad de basura desparramada por el predio entre otras cosas”, describía la resolución, a la que accedió Página/12. Para el juez, estaba “acreditada” la “omisión por parte del GCBA y el IVC” en el cumplimiento de la ley en los edificios 14 (ex 8), nudo 10 –donde cayeron los chicos– y en el 18 (ex 13). Les daba un plazo de quince días para elaborar un plan de obras, que nunca existió.
Cuando el reclamo llegó a la Cámara Contencioso Administrativo, los jueces hicieron una inspección en el lugar, con participación de peritos, y constataron todo lo que ya habían leído. En el fallo –firmado por Gabriel Seijas y Esteban Centanaro el 30 de abril de 2014– rechazan el intento de la administración macrista de desentenderse otra vez, le advierten que pasaron más de diez años desde que asumieron la realización de las obras. “Es improcedente excusarse de obligaciones asumidas”, le dicen, y recuerdan que la ley, cuando entró en vigor la ley 623, fijaba treinta días para empezar a implementarla con todo su plan de obras.
Una ley de 2001. Una demanda de 2009. Un fallo de 2011. Una sentencia de Cámara de 2014. El gobierno porteño relegó en todas sus facetas el problema de la vivienda en la Ciudad e ignoró de manera sistemática los órdenes judiciales. Los pobladores de Soldati batallaron, pidieron ayuda, recurrieron al sistema judicial como última esperanza y ayer lloraban lo que María Eugenia y todos a su alrededor sabían que sucedería.
Irina Hauser
Apenas habían pasado las ocho de la mañana cuando María Eugenia Andicoechea llamó por teléfono entre sollozos a la asesoría tutelar de menores. Murió un chico. Dos más están muy lastimados. Jugaban en las escaleras, se apoyaron en una baranda oxidada, la baranda cedió. Cayeron al vacío. Es el mismo edificio donde vive ella en el complejo de viviendas de Villa Soldati. Conoce al dedillo los problemas estructurales, los de la instalación de gas, las fisuras, las filtraciones, los rincones que se inundan, los trozos de mampostería que caen, las escaleras sin escalones, las zonas de riesgo de todo tipo. Son las razones que la empujaron en 2009 junto con otra vecina a hacer una demanda y exigir el cumplimiento de la ley 623, que obliga al gobierno porteño a resolver las fallas estructurales y vicios de construcción de estas viviendas sociales. El objetivo era proteger a los niños de enfermedades y de accidentes. Por eso María Eugenia está impresionada. “Estaba anunciado, fue una muerte anunciada”, le repetía desesperada al asesor tutelar Gustavo Moreno, quien representó a los menores en la demanda. Se lo decía con la impotencia más inmensa, porque para colmo a ella, a su vecina y a sus hijos, los jueces les habían dado la razón hace tiempo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda nunca cumplieron los fallos de primera instancia (de 2011) y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (de 2014) que les ordenó concretar trabajos específicos con indicaciones precisas para el edificio donde murió Cristian, de 17 años. Ayer la jueza Patricia López Vergara los intimó, con un plazo de dos días, a que expliquen sus incumplimientos y su relación con la tragedia.
“Cuando acompañé a María Eugenia y Mirtha Corpache en la presentación de un recurso de amparo hace poco más de seis años ya, lo hicimos en representación de sus hijos y del colectivo de los niños que vivían y circulaban por el edificio. Logramos una sentencia que estaba firme, que nos daba la razón y que fue incumplida por las autoridades porteñas y el IVC, que además ignoran la ley. Anticipamos que la situación edilicia podría traer un perjuicio para los chicos, a quienes quisimos proteger, y hoy tenemos una tragedia con tres menores, uno fallecido”, explica a Página/12 el asesor tutelar Moreno. La jueza López Vergara, en cuyo juzgado tramitó el expediente desde un principio, actuó ayer de oficio ante lo sucedido. “Lo que quiero es que expliquen, el Gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda, por qué nunca acataron las disposiciones judiciales y que digan ellos qué relación encuentran con los acontecimientos. Tienen tiempo hasta las dos primeras horas del miércoles. Ya fueron notificados”, dijo la jueza, consultada por este diario.
El complejo de viviendas de Soldati está compuesto por doce “nudos” con edificios de distintas características y alturas, que contienen 3200 departamentos, construidos en la década del setenta. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el IVC son los responsable de su mantenimiento. El estado crítico de estas viviendas es historia vieja y determinó sucesivas alertas. En 2001, la ley 623 declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional. El artículo 9 decía que el Poder Ejecutivo local debía adoptar las medidas necesarias para solucionar las fallas estructurales, los vicios de construcción, mejorar la infraestructura y realizar el saneamiento ambiental. En 2003 una comisión técnica elaboró una propuesta promulgada en una publicación en el Boletín Oficial donde las autoridades porteñas se comprometían a realizar todos los trabajos necesarios, que se detallaban en una lista de 23 puntos que incluían la resolución de los problemas con la instalación de gas, la humedad, las escaleras, la protección de las estructuras de hierro, las fisuras de la construcción, las escaleras, las fisuras y toda clase de roturas, la conexión de agua para los bomberos, los ascensores, entre otras indicaciones.
Como pasó el tiempo y no hubo obras, María Eugenia y Mirtha decidieron hacer el reclamo en tribunales. Ambas hablaron del drama de la instalación de gas. Como había pérdidas en algunas de las viviendas les cortaron el suministro y eso, peor, determinó que muchos vecinos ante la falta de gas empezaran a montar conexiones clandestinas. Las demandas enumeraban los escalones rotos, casi desintegrados, las roturas, y los problemas de inundaciones y humedad dentro de las viviendas. En el caso de María Eugenia, ella especificó que esta última cuestión agravaba los problemas de salud de dos de sus hijos: una que sufre asma y otro que padeció bronqueolitis.
Cuando les tocó responder ante el juzgado primero y ante la Cámara después, el Gobierno porteño y el IVC esgrimieron argumentos técnicos para desentenderse de la responsabilidad que les tocaba, dijeron que habían hecho algunos trabajos, pero en un tramo incluyeron una explicación sorprendente: que la culpa de los problemas de infraestructura y edilicios en el complejo lo tienen los propios vecinos, ya que cuando firmaron el boleto de compraventa de las viviendas se comprometieron a “realizar el mantenimiento de la unidad funcional, el buen uso de la misma y a abonar las expensas”.
El expediente en primera instancia fue tramitado buena parte del tiempo por el juez Andrés Gallardo y la resolución que hizo lugar a la acción de amparo fue firmada por el subrogante Hugo Zuleta, que cuestionó en duros términos el argumento del gobierno porteño de responsabilizar a los vecinos. “Mal pueden ser atendidos” esos “argumentos”, decía la sentencia, del 27 de diciembre de 2011. “La parte demandada (el gobierno) no puede desligarse fácilmente de sus obligaciones máxima teniendo en cuenta que la salud integral de las personas que habitan en el complejo, y en especial los niños, corre peligro”, señalaba el fallo. Y en un tramo enumeraba anomalías detectadas, incluidas las barandas, como la que determinó la caída de los adolescentes. “Téngase presente que las escaleras se encuentran rotas, las barandas caídas, existen rajaduras en los edificios, filtraciones de agua, humedad en las paredes de los edificios y gran cantidad de basura desparramada por el predio entre otras cosas”, describía la resolución, a la que accedió Página/12. Para el juez, estaba “acreditada” la “omisión por parte del GCBA y el IVC” en el cumplimiento de la ley en los edificios 14 (ex 8), nudo 10 –donde cayeron los chicos– y en el 18 (ex 13). Les daba un plazo de quince días para elaborar un plan de obras, que nunca existió.
Cuando el reclamo llegó a la Cámara Contencioso Administrativo, los jueces hicieron una inspección en el lugar, con participación de peritos, y constataron todo lo que ya habían leído. En el fallo –firmado por Gabriel Seijas y Esteban Centanaro el 30 de abril de 2014– rechazan el intento de la administración macrista de desentenderse otra vez, le advierten que pasaron más de diez años desde que asumieron la realización de las obras. “Es improcedente excusarse de obligaciones asumidas”, le dicen, y recuerdan que la ley, cuando entró en vigor la ley 623, fijaba treinta días para empezar a implementarla con todo su plan de obras.
Una ley de 2001. Una demanda de 2009. Un fallo de 2011. Una sentencia de Cámara de 2014. El gobierno porteño relegó en todas sus facetas el problema de la vivienda en la Ciudad e ignoró de manera sistemática los órdenes judiciales. Los pobladores de Soldati batallaron, pidieron ayuda, recurrieron al sistema judicial como última esperanza y ayer lloraban lo que María Eugenia y todos a su alrededor sabían que sucedería.
Irina Hauser
viernes, 4 de septiembre de 2015
Incógnitas presidenciales con certezas derechistas
Diferencias de estilo, coincidencias de fondo
Scioli, Macri y Massa promueven un giro conservador para implementar ajustes, devaluaciones y tarifazos. Pero disputan el mismo cargo y necesitan sustraerse votos. Por esta razón las acusaciones suben de tono y se destapan escándalos para ensuciar al adversario.
Ya no alcanzan las sonrisas en los spots publicitarios. Ahora se denuncian complicidades con el narcotráfico y manipulación de fotos en las redes sociales. El fraude en Tucumán superó la compra de votos en las listas colectoras e incluyó quemas de urnas y adulteración de certificados.
La competencia nacional es descarnada ante la ausencia de un triunfador seguro. Con los números obtenidos en las PASO Scioli no lograría imponerse en la primera vuelta. No alcanzó el 45%, ni consiguió 10 puntos de ventaja sobre el segundo. La perspectiva de ballotage atormenta al oficialismo.
Pero la oposición derechista tampoco forjó un frente, ni obtuvo las victorias que esperaba en las localidades afines. La oleada de favoritismo que imaginaba Macri tampoco apareció y el líder del PRO acomoda su discurso a los vientos de cada coyuntura.
La falta de polarización acentúa la indefinición. Nadie sabe si la actual fractura de votos favorecerá un desenlace en segunda vuelta. El trío se disputa un resultado conectado a los favores que cada uno ofrece para lograr el respaldo de Rodríguez Saa y De la Sota.
Pero el sorpresivo desplazamiento de varios intendentes vitalicios del Gran Buenos Aires indica que no resultará sencillo manejar a los votantes. Tampoco se conoce el destino final de los sufragios en blanco y de las papeletas que quedaron fuera del certamen.
Este cúmulo de interrogantes no reduce la invariable derechización de los presidenciables. Scioli refuerza el protagonismo del viejo justicialismo con elogios a Menen, mientras se acrecientan las especulaciones sobre la futura relación que mantendría con Cristina. La incapacidad de CFK para construir una sucesión anticipa todo tipo de conflictos.
Massa consolida su imagen de mano dura con mensajes centrados en la seguridad, amenazas contra los desocupados y coqueteos con la embajada estadounidense. Macri suaviza su léxico para disfrazar la política reaccionaria que prepara en todos los campos.
En la mayoría de los comicios realizados hasta ahora triunfaron los oficialistas que manejan los aparatos de cada provincia, distrito o municipio. Esta convalidación de los que gobiernan no obedece sólo a la digitación clientelar, que denuncian los perdedores o a los méritos de gestión, que realzan los ganadores.
Los oficialistas son beneficiarios del dominio ideológico que ejerce la clase dominante sobre el conjunto de la sociedad. El electorado es habitualmente inducido a optar por la continuidad del estatu quo.
El justicialismo utiliza, además, el temor a la ingobernabilidad que suscitan sus oponentes. Al momento de definir quién será el próximo mandatario se reaviva la creencia que sólo el peronismo garantiza la conducción de un país estructuralmente inestable.
Las grandes similitudes entre Scioli, Macri y Massa anticipan el escenario conservador del pos-kirchnerismo. Los medios suelen afirmar que este giro expresa la “moderación que reclama la sociedad”. Pero en los hechos esta exigencia proviene del establishment y ha sido asumida por los tres candidatos a ocupar el sillón presidencial.
Ese trío comparte también la pretensión de intentar el ajuste en forma gradual. La rebelión del 2001 está muy fresca en la memoria colectiva y nadie se atreve a reclamar una política de shock. La agresión social será ensayada con cierto cuidado por temor a esa reacción popular.
Los cuatro paros generales, el desborde de techos en las paritarias y las movilizaciones con piquetes ilustran la dificultad para implementar el ajuste, en un país con niveles de sindicalización superiores al promedio latinoamericano.
Este condicionamiento empuja al próximo presidente a probar un atropello en cuotas. Tratará de manejar la adversidad económica que se avecina con pactos sociales y endeudamiento externo. Si ese camino falla recurrirá a recetas ortodoxas, al cabo de turbulentas secuencias de descontrol cambiario.
Lo sucedido en Brasil anticipa un posible escenario local. Dilma triunfó sobre el derechista Neves utilizando la misma contraposición entre dos modelos, que actualmente Scioli despliega contra Macri. Pero apenas asumió olvidó sus promesas de continuidad progresista y designó a un ministro de economía ultra-liberal. Este curso envalentonó a los conservadores, pulverizó al Gobierno y desmoralizó a los seguidores populares del PT.
En el contexto electoral que prevalece en Argentina es muy alentador el caudal de votos que mantiene el FIT. La izquierda quedó ubicada entre las pocas listas que disputarán la final presidencial y tiene posibilidades de ampliar su actual bancada en el Congreso.
Gran parte de los nuevos sufragios del FIT se explican por el desplome que sufre el progresismo anti-oficialista. El kirchnernismo lideró un gobierno de centro-izquierda que anuló a todos los rivales de ese espacio. El empate logrado por la izquierda con Stolbizer confirma esta tendencia.
El FIT no canaliza en la misma medida las frustraciones que se verifican con el kirchnerismo. Cristina logró contener las deserciones e impuso la aceptación de Scioli como un mal menor. Pero este contubernio genera un disgusto, que tarde o temprano emergerá a superficie.
El FIT ha progresado en el interior confrontando con las oligarquías provinciales y se expande entre los trabajadores que batallan contra la burocracia mafiosa. También aumenta su inserción entre los estudiantes afectados por la precarización laboral.
Pero en su conformación actual, el frente afronta una limitación auto-impuesta por su encierro en tres partidos. El vasto universo de la izquierda no se reduce a estas organizaciones. Una coalición mayor es indispensable para obtener mayorías parlamentarias y construir el poder popular requerido para conquistar el Estado y la hegemonía de la sociedad.
Las distintas opiniones sobre el futuro del FIT serán procesadas en forma positiva, a medida que el frente consolide su intervención en las luchas sociales. Esta presencia explica la atracción que ejerce una lista compuesta por candidatos dispuestos a poner el cuerpo en la calle.
En las próximas semanas la izquierda puede hacer valer su mensaje de resistencia a los atropellos que se avecinan. El FIT es la opción progresista y promueve los únicos diputados comprometidos con la defensa de los trabajadores.
Claudio Katz
La Izquierda Diario
jueves, 3 de septiembre de 2015
Ocho de cada diez, con tóxicos
El estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras. Encontraron plaguicidas en el 83 por ciento de los cítricos y zanahorias. El 78 por ciento en morrones y 70 en verduras de hoja. Los venenos detectados fueron insecticidas y fungicidas.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”, aseguró Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán, prohibido en Argentina desde 2013.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados”, es el nombre del estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la UNLP. El trabajo, realizado entre noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83 por ciento de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias tiene agrotóxicos. También dieron positivo el 78 por ciento de los morrones y el 70 por ciento de las verduras de hoja verde (lechuga y acelga).
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato (el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros), pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y, con el paso de los años y con muchísimos afectados, lo retiran del mercado por la afección que produce en la salud.
Marino ejemplificó con el insecticida DDT. Creado en 1947, a inicios de la década del ’60 ya era muy cuestionado. Recién en 1972 los prohibió Estados Unidos y recién en 2001 ingresó al Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la ONU que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). “El agro en base a agroquímicos es una rueda infinita a expensas de la salud de los pueblos”, denunció el investigador. Y advirtió que con el famoso glifosato (utilizado en soja y maíz transgénico, entre otros cultivos) sucederá lo mismo.
El trabajo de análisis de verduras, frutas y hortalizas forma parte de un proyecto de extensión de la UNLP junto al Banco Alimentario de La Plata, ONG que recupera hasta cuatro toneladas de alimentos por mes. Y que se distribuye en comedores, parroquias y familias. También se seleccionaron frutas y verduras pertenecientes a comercios cercanos a la UNLP. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos.
Un apartado está dedicado al “Límite Máximo Regulatorio (LMR)”, que corresponde a lo estipulado por el Estado de cuánto veneno puede tener un alimento. El trabajo señala que, si se toma a rajatabla el LMR, el ocho por ciento de las muestras analizadas supera el valor permitido. Pero destaca que hay productos que no están regulados y no debieran tener determinados químicos, pero sí lo tienen. Ejemplo: en las verduras, cítricos y zanahoria se encontró el insecticida cipermetrina, que no tiene LMR establecido (y que no debiera utilizarse para esos alimentos).
El LMR está basado en la Ingesta Diaria Admisible (IDA). “No está claro cómo lo determinan. En muchos casos es resultado de una ‘caja negra’ de ingreso de datos, que además cuando se publican toman información preexistente que en algunos casos tiene casi diez años de antigüedad, y no se corresponde a la dinámica de la información científica”, alertó Marino. Tampoco se diferencia el LMR-IDA para niños.
Los investigadores de la UNLP resaltaron en su trabajo la preocupación de alimentos con agrotóxicos, aún cuando cumplan los límites establecidos por el Estado. “Según nuestras mediciones, una ensalada de varios componentes puede significar la exposición simultánea a una mezcla de plaguicidas y nada se sabe respecto a la respuesta biológica para su eliminación. La toxicidad de mezclas sigue siendo un gran capítulo de investigación y debate, poco se sabe respecto a efectos de mezclas de activos de plaguicidas y sus efectos sobre la salud, más en exposiciones crónicas como este caso”, aseguró Marino.
La investigación señala que se debe trabajar para consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas para el apoyo y acompañamiento desde los productores y hasta la comercialización.
Darío Aranda
Santa Hipocresía
El Papa anunció que la Iglesia “perdonará” a las mujeres que hayan abortado –lo que para el dogma católico es un pecado grave- si se muestran verdaderamente “arrepentidas de corazón”. La noticia causó un revuelo mediático sensacional.
Como ya adelantamos en La Izquierda Diario, el Vaticano ordenó a los sacerdotes de todo el mundo, perdonar los "pecados graves", provocando opiniones encontradas. El debate involucra a sectores conservadores que se alarman frente a las demagógicas decisiones de Bergoglio, como los norteamericanos del Tea Party que lo consideran un “marxista” y, en el otro extremo, a quienes avizoran, en esta inocua medida y un tanto exageradamente, un cambio radical sin precedentes en la milenaria y reaccionaria institución eclesiástica.
¿Es acaso un cambio en la consideración que tiene el dogma de la Iglesia sobre el “pecado del aborto”? En absoluto. Para el derecho canónico actualmente vigente, que data de 1983, al aborto le corresponde la pena de excomunión, precisamente para marcar la gravedad que la Iglesia le confiere a esta práctica.
De hecho, el documento de Bergoglio señala claramente que los sacerdotes “se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión.” Incluso, para obtener la indulgencia, se estipula que las mujeres arrepentidas deberán realizar “una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión”.
¿Novedad?
Pero que los sacerdotes ante quienes una mujer confesara este “pecado”, pudieran “perdonar” con la autorización del obispo de su diócesis, ya existía en la doctrina eclesiástica. Incluso, en algunos países, como Argentina, por disposición del ex arzobispo de Buenos Aires Antonio Quarracino, los sacerdotes ya están exentos hace muchos años de la obligación de consultar a sus autoridades eclesiales ante cada caso.
Lo novedoso es que ahora, esa posibilidad de “perdonar” el “pecado” del aborto, la tendrán todos los sacerdotes del mundo, sin tener que solicitar la autorización de los obispos ante cada caso. Un “perdón” que tan sólo se extenderá desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, fechas que marcan para la Iglesia el “Año de la Misericordia”.
La clandestinidad no perdona
Mientras tanto, en ese lapso en el que transcurrirá el “Año de la Misericordia”, se practicarán 42 millones de abortos inducidos en todo el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mitad, serán abortos inseguros, por cuyas consecuencias, cerca de 70 mil mujeres morirán por infecciones generalizadas, lesiones y hemorragias, perforaciones o desgarros uterinos.
La Iglesia no llegará a “perdonarlas” porque esas 70 mil mujeres no llegarán a tiempo siquiera de mostrar “verdadero arrepentimiento”.
La Iglesia, aliada indispensable de los gobiernos y Estados que no permiten la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo –como en Argentina-, no tiene ninguna preocupación por la discriminación que hace el aborto clandestino entre aquellas mujeres que pueden acceder a las prácticas seguras de un consultorio privado y aquellas otras, las más pobres del pueblo trabajador, que mueren por infecciones generalizadas, hemorragias, perforaciones y desgarros uterinos.
La separación de la Iglesia del Estado, para que no sea el dogma oscurantista el que legisle sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, no es tan solo una módica aspiración democrática, sino una necesidad imperiosa para evitar las muertes de millares de mujeres en todo el mundo.
Andrea D’Atri
@andreadatri
“Está probada la participación de Poch”
La fiscal explicó qué lugar ocupaba Julio Poch en la estructura represiva y que estaba capacitado para tripular aviones de pasajeros.
Varios esperaban ver al piloto Julio Poch, con su cartel de “soy inocente” escrito a mano, para las pantallas, en español y holandés. Pero no. El hombre que fue oficial piloto de una de las escuadrillas dependientes del todopoderoso Comando de Aviación Naval de la Armada no estuvo en la sala. Estuvo su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, que iba moviéndose inquieto en la silla mientras avanzaba el alegato, histórico y demoledor, contra su defendido. “Se encuentra probada no sólo la materialidad de los vuelos de la muerte como mecánica represiva utilizada por las Fuerzas Armadas, en especial por la Escuela de Mecánica de la Armada, sino también la participación de Julio Poch en estos aberrantes crímenes”, explicó la fiscal Mercedes Soiza Reilly, dedicada hace una semana al tramo vuelos de los alegatos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
“Como parte de las estructuras represivas de la empresa criminal conjunta, Julio Poch tripuló, en su calidad de oficial piloto y como miembro de la Aviación Naval de la Armada Argentina, aviones que eran utilizados en el sistema de eliminación física de personas, denominados ‘vuelos de muerte’, metodología utilizada en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad por el Grupo 3.3 de la ESMA, que fueron trasladadas desde esa dependencia naval a distintos aeropuertos o bases militares con pistas de decolaje, donde las ingresaban en las aeronaves de las cuales posteriormente eran arrojadas al agua con vida en pleno vuelo.”
Esta imputación, que a la vez intentó dejar sentada la mecánica de los vuelos de la muerte, es el centro de lo que la fiscalía intenta dejar asentado en este tramo del debate. Los fiscales –además de Soiza Reilly ejerce Guillermo Friele– están haciendo la reconstrucción de los vuelos en dos direcciones. Una histórica, compuesta por los primeros indicios que se fueron conociendo sobre esta mecánica y otra, que apunta a mostrar a los seis imputados de este juicio como eslabones de la estructura secreta de la Armada que proveyó de aeronaves y tripulantes al grupo de tareas. Es decir, reconstruir la estructura criminal de la que dependieron los pilotos. Y ahí está el funcionamiento del Comando de Operaciones Navales (COOP), órgano central en la estructura operativa, con sede justo debajo del comandante en jefe de la Armada. El COOP distribuyó hombres y recursos. De él dependieron las Fuerzas de Tareas de la Armada, entre ellas las de la ESMA y las dos áreas claves para los vuelos: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA). Poch integró una de las escuadrillas que dependieron del COAN.
El piloto argentino con ciudadanía holandesa llegó a ser investigado en esta causa por una confesión brindada a sus compañeros de trabajo, durante una cena de despedida en la ciudad de Bali, en Indonesia, en 2003. Según los testigos, Poch dijo haber participado de los vuelos de la muerte. Y cuando, impactados, le preguntaban sobre eso, él aseguró que se trataba de “terroristas”, que había habido una “guerra” y que deberían estar todos muertos. Quienes hicieron las denuncias recibieron todo tipo de presiones estos años. Hasta que los hostigadores, amigos y conocidos de Poch, fueron frenados por una causa en Holanda. Poch y el coro de quienes lo acompañan hablaron de “caza de brujas” y procesos sin justicia.
Poch mismo dice que es inocente. Que lo que dijo no lo dijo. Invocó a errores de interpretación por parte de quienes lo escucharon en aquella cena, y los atribuyó a la cruza de inglés y holandés. Pero más acá, ya comenzada la causa, también negó cuestiones más técnicas. Dijo que mientras estuvo en la Armada no participó de la “lucha contra la subversión”. Que no estaba capacitado para hacer vuelos con aviones de pasajeros, sino solo naves de “caza y ataque”. Y que estaba preparado para acciones de guerra convencional y no interna.
La fiscalía tomó uno a uno esos argumentos y, literalmente, los demolió: no usó sus confesiones sino documentos desclasificados –que fueron proyectados en la sala– provistos por los ministerios de Defensa y de Seguridad, uno encargado de los archivos de las Fuerzas Armadas y el otro, de los de Prefectura.
Uno de los primeros datos sobre Poch fue que sí intervino en la estructura represiva: un ejemplo presentado es el Operativo Sirena. El dato está en el legajo de Poch. “Esto descarta la ajenidad aludida por Poch antes y durante el debate”, dijo la fiscal. “Poch dijo que estaba preparado para la guerra convencional, nosotros hemos acreditado que esto no es cierto: que también participó en lo que ellos llamaron ‘guerra interna’”. Poch negó el carácter antisubversivo del Operativo Sirena. “Pero los documentos desclasificados y la prensa de la época no dicen lo mismo”, retrucó Soiza Reilly. Poch y los testigos convocados por la defensa restaron valor a ese operativo “evidentemente” –siguió la fiscal– porque el Sirena era “un operativo represivo por excelencia, gestado por la Armada Argentina en la lucha contra la subversión”. Para eso citó dos elementos. El testimonio en calidad de perito de la especialista Laura Guembe, que trabajó en ambos ministerios,, dejó en claro que el Sirena fue un operativo conjunto de fuerzas áreas navales argentinas y paraguayas y que entre otras actividades hizo “control poblacional”. Poch presentó como inocuos esos controles. Guembe dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remarcó la fiscal ya en la primera audiencia– “¡la detención de personas!”, muchas veces en lugares de difícil acceso a otras unidades de la Armada.
Poch estuvo ligado al Sirena II, entre 1975 y 1976. Según su legajo, revistó como secretario de los Estados Mayores de Planeamiento “de este operativo antisubversivo de tanta envergadura”, remarcó la fiscalía. Su estatus y el peso de ese operativo también quedaron resaltados por las Memorias Anuales en este caso de la Prefectura. En 1976, Poch pasó a la escuadrilla de trasporte de búsqueda y rescate. Y en 1977 estuvo en la de caza y ataque. En 1979 ingresó en Aerolíneas Argentinas.
El ingreso en Aerolíneas confirmó otro dato. Poch dice que sólo estaba capacitado para manejar aviones de caza y ataque, es decir no aviones multimotores que son los que tienen capacidad de transportar pasajeros. Nuevamente, precisó la fiscalía, los documentos dicen otra cosa. Poch ingresó en Aerolíneas Argentinas en 1979. Su legajo allí dice que tenía experiencia en transporte de pasajeros. Pero, además, un documento que está en la causa y valoró la fiscalía es su licencia civil de 1979. Esa licencia dice que Poch estaba capacitado para manejar aeronaves de hasta 5700 kilogramos de porte, aviones de vuelo nocturno y multimotores. La fiscal recordó un dato aportado por un perito en el juicio: ¿ustedes saben –preguntó– cuánto pesa un Skyban, señores jueces? Es decir, uno de los aviones de Prefectura usados en los vuelos de la muerte: 5580 kilos.
Para entonces, dos jueces no paraban de escribir. Ibáñez cada vez más inquieto comenzó a mandar mensajes con su celular. El juez Leopoldo Bruglia anotaba. Y Oscar Hergott, cuarto juez de la causa, levantaba y bajaba la cabeza para volver a sus notas.
Otro dato que sostiene Poch sobre la escuadrilla de Caza y Ataque es que no participó de la lucha contra la subversión. “Los documentos dicen otra cosa”, volvió a decir la fiscal.
Antonio Urbano es otro oficial como Poch que perteneció a su misma escuadrilla. Para pedir un ascenso explicó en una misiva interna –incorporada a la causa– que “participó de la guerra contra la subversión desde y con los medios aéreos”. Para la fiscalía, con esto se acreditó que las escuadrillas de Caza y Ataque no fueron ajenas a “la lucha contra la subversión”.
Otro punto en análisis fue su libreta de vuelo. Poch dijo que no tenía adulteraciones, y hasta intentó exhibirlo con un perito de parte. La fiscalía mostró con peritos todo lo contrario: “Nada tiene ese informe de objetivo y de serio. Es un informe terriblemente deficiente. Faltan firmas, sellos, foto del piloto, hay hojas con tachaduras no salvadas”, enumeró, entre otros defectos. Pero, además, esa libreta dice que sí voló aviones de trasporte de pasajeros.
Una de las estrategias de los acusados es decir que no estuvieron en la ESMA o en el Grupo de Tareas 3.3. La fiscal explicó por qué obviamente no estuvieron. “Hay que tener claro que estos vuelos se organizaban más allá de los campos de concentración. Que la ESMA fue el centro de exterminio por excelencia utilizado por la Armada. Que en él convergieron multiplicidad de fuerzas. Pero cuando la ESMA necesitaba de una aeronave con capacidad de transporte y lanzamiento de carga en vuelo, al igual que de pilotos especializados, hacía el pedido a la autoridades del Comando de Operaciones Navales y este al Comando de Aviación Naval. Pues –dijo– fueron las escuadrillas aeronavales quienes facilitaron las aeronaves para ese tramo final. Aeronaves y pilotos. La ESMA no contaba con una flota propia de aviones y de pilotos. Los traslados de los secuestrados del Grupo de Tareas los efectuaban miembros de la Aviación Naval y de la Prefectura, de la Armada. Por lo tanto, no reviste ninguna relevancia que el acusado diga que no estaba destinado a la ESMA, no es esta la imputación que se le atribuye, sino es haber participado en los vuelos de la muerte desde la estructura a la que pertenecía que era la que facilitaba la logística aeronaval al Grupo de Tareas 3.3.”
Finalmente, añadió la fiscal, los vínculos que los vuelos de la muerte tuvieron con las víctimas no están puestos en discusión. “Este juicio ha permitido casi, cuatro décadas después, probarlo.”
Por su rol de tripulante en los vuelos de la muerte, Poch deberá responder en calidad de coautor de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios. Las historias de las víctimas comenzarán a leerse en el alegato de la semana entrante.
Alejandra Dandan
Varios esperaban ver al piloto Julio Poch, con su cartel de “soy inocente” escrito a mano, para las pantallas, en español y holandés. Pero no. El hombre que fue oficial piloto de una de las escuadrillas dependientes del todopoderoso Comando de Aviación Naval de la Armada no estuvo en la sala. Estuvo su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, que iba moviéndose inquieto en la silla mientras avanzaba el alegato, histórico y demoledor, contra su defendido. “Se encuentra probada no sólo la materialidad de los vuelos de la muerte como mecánica represiva utilizada por las Fuerzas Armadas, en especial por la Escuela de Mecánica de la Armada, sino también la participación de Julio Poch en estos aberrantes crímenes”, explicó la fiscal Mercedes Soiza Reilly, dedicada hace una semana al tramo vuelos de los alegatos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
“Como parte de las estructuras represivas de la empresa criminal conjunta, Julio Poch tripuló, en su calidad de oficial piloto y como miembro de la Aviación Naval de la Armada Argentina, aviones que eran utilizados en el sistema de eliminación física de personas, denominados ‘vuelos de muerte’, metodología utilizada en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad por el Grupo 3.3 de la ESMA, que fueron trasladadas desde esa dependencia naval a distintos aeropuertos o bases militares con pistas de decolaje, donde las ingresaban en las aeronaves de las cuales posteriormente eran arrojadas al agua con vida en pleno vuelo.”
Esta imputación, que a la vez intentó dejar sentada la mecánica de los vuelos de la muerte, es el centro de lo que la fiscalía intenta dejar asentado en este tramo del debate. Los fiscales –además de Soiza Reilly ejerce Guillermo Friele– están haciendo la reconstrucción de los vuelos en dos direcciones. Una histórica, compuesta por los primeros indicios que se fueron conociendo sobre esta mecánica y otra, que apunta a mostrar a los seis imputados de este juicio como eslabones de la estructura secreta de la Armada que proveyó de aeronaves y tripulantes al grupo de tareas. Es decir, reconstruir la estructura criminal de la que dependieron los pilotos. Y ahí está el funcionamiento del Comando de Operaciones Navales (COOP), órgano central en la estructura operativa, con sede justo debajo del comandante en jefe de la Armada. El COOP distribuyó hombres y recursos. De él dependieron las Fuerzas de Tareas de la Armada, entre ellas las de la ESMA y las dos áreas claves para los vuelos: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA). Poch integró una de las escuadrillas que dependieron del COAN.
El piloto argentino con ciudadanía holandesa llegó a ser investigado en esta causa por una confesión brindada a sus compañeros de trabajo, durante una cena de despedida en la ciudad de Bali, en Indonesia, en 2003. Según los testigos, Poch dijo haber participado de los vuelos de la muerte. Y cuando, impactados, le preguntaban sobre eso, él aseguró que se trataba de “terroristas”, que había habido una “guerra” y que deberían estar todos muertos. Quienes hicieron las denuncias recibieron todo tipo de presiones estos años. Hasta que los hostigadores, amigos y conocidos de Poch, fueron frenados por una causa en Holanda. Poch y el coro de quienes lo acompañan hablaron de “caza de brujas” y procesos sin justicia.
Poch mismo dice que es inocente. Que lo que dijo no lo dijo. Invocó a errores de interpretación por parte de quienes lo escucharon en aquella cena, y los atribuyó a la cruza de inglés y holandés. Pero más acá, ya comenzada la causa, también negó cuestiones más técnicas. Dijo que mientras estuvo en la Armada no participó de la “lucha contra la subversión”. Que no estaba capacitado para hacer vuelos con aviones de pasajeros, sino solo naves de “caza y ataque”. Y que estaba preparado para acciones de guerra convencional y no interna.
La fiscalía tomó uno a uno esos argumentos y, literalmente, los demolió: no usó sus confesiones sino documentos desclasificados –que fueron proyectados en la sala– provistos por los ministerios de Defensa y de Seguridad, uno encargado de los archivos de las Fuerzas Armadas y el otro, de los de Prefectura.
Uno de los primeros datos sobre Poch fue que sí intervino en la estructura represiva: un ejemplo presentado es el Operativo Sirena. El dato está en el legajo de Poch. “Esto descarta la ajenidad aludida por Poch antes y durante el debate”, dijo la fiscal. “Poch dijo que estaba preparado para la guerra convencional, nosotros hemos acreditado que esto no es cierto: que también participó en lo que ellos llamaron ‘guerra interna’”. Poch negó el carácter antisubversivo del Operativo Sirena. “Pero los documentos desclasificados y la prensa de la época no dicen lo mismo”, retrucó Soiza Reilly. Poch y los testigos convocados por la defensa restaron valor a ese operativo “evidentemente” –siguió la fiscal– porque el Sirena era “un operativo represivo por excelencia, gestado por la Armada Argentina en la lucha contra la subversión”. Para eso citó dos elementos. El testimonio en calidad de perito de la especialista Laura Guembe, que trabajó en ambos ministerios,, dejó en claro que el Sirena fue un operativo conjunto de fuerzas áreas navales argentinas y paraguayas y que entre otras actividades hizo “control poblacional”. Poch presentó como inocuos esos controles. Guembe dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remarcó la fiscal ya en la primera audiencia– “¡la detención de personas!”, muchas veces en lugares de difícil acceso a otras unidades de la Armada.
Poch estuvo ligado al Sirena II, entre 1975 y 1976. Según su legajo, revistó como secretario de los Estados Mayores de Planeamiento “de este operativo antisubversivo de tanta envergadura”, remarcó la fiscalía. Su estatus y el peso de ese operativo también quedaron resaltados por las Memorias Anuales en este caso de la Prefectura. En 1976, Poch pasó a la escuadrilla de trasporte de búsqueda y rescate. Y en 1977 estuvo en la de caza y ataque. En 1979 ingresó en Aerolíneas Argentinas.
El ingreso en Aerolíneas confirmó otro dato. Poch dice que sólo estaba capacitado para manejar aviones de caza y ataque, es decir no aviones multimotores que son los que tienen capacidad de transportar pasajeros. Nuevamente, precisó la fiscalía, los documentos dicen otra cosa. Poch ingresó en Aerolíneas Argentinas en 1979. Su legajo allí dice que tenía experiencia en transporte de pasajeros. Pero, además, un documento que está en la causa y valoró la fiscalía es su licencia civil de 1979. Esa licencia dice que Poch estaba capacitado para manejar aeronaves de hasta 5700 kilogramos de porte, aviones de vuelo nocturno y multimotores. La fiscal recordó un dato aportado por un perito en el juicio: ¿ustedes saben –preguntó– cuánto pesa un Skyban, señores jueces? Es decir, uno de los aviones de Prefectura usados en los vuelos de la muerte: 5580 kilos.
Para entonces, dos jueces no paraban de escribir. Ibáñez cada vez más inquieto comenzó a mandar mensajes con su celular. El juez Leopoldo Bruglia anotaba. Y Oscar Hergott, cuarto juez de la causa, levantaba y bajaba la cabeza para volver a sus notas.
Otro dato que sostiene Poch sobre la escuadrilla de Caza y Ataque es que no participó de la lucha contra la subversión. “Los documentos dicen otra cosa”, volvió a decir la fiscal.
Antonio Urbano es otro oficial como Poch que perteneció a su misma escuadrilla. Para pedir un ascenso explicó en una misiva interna –incorporada a la causa– que “participó de la guerra contra la subversión desde y con los medios aéreos”. Para la fiscalía, con esto se acreditó que las escuadrillas de Caza y Ataque no fueron ajenas a “la lucha contra la subversión”.
Otro punto en análisis fue su libreta de vuelo. Poch dijo que no tenía adulteraciones, y hasta intentó exhibirlo con un perito de parte. La fiscalía mostró con peritos todo lo contrario: “Nada tiene ese informe de objetivo y de serio. Es un informe terriblemente deficiente. Faltan firmas, sellos, foto del piloto, hay hojas con tachaduras no salvadas”, enumeró, entre otros defectos. Pero, además, esa libreta dice que sí voló aviones de trasporte de pasajeros.
Una de las estrategias de los acusados es decir que no estuvieron en la ESMA o en el Grupo de Tareas 3.3. La fiscal explicó por qué obviamente no estuvieron. “Hay que tener claro que estos vuelos se organizaban más allá de los campos de concentración. Que la ESMA fue el centro de exterminio por excelencia utilizado por la Armada. Que en él convergieron multiplicidad de fuerzas. Pero cuando la ESMA necesitaba de una aeronave con capacidad de transporte y lanzamiento de carga en vuelo, al igual que de pilotos especializados, hacía el pedido a la autoridades del Comando de Operaciones Navales y este al Comando de Aviación Naval. Pues –dijo– fueron las escuadrillas aeronavales quienes facilitaron las aeronaves para ese tramo final. Aeronaves y pilotos. La ESMA no contaba con una flota propia de aviones y de pilotos. Los traslados de los secuestrados del Grupo de Tareas los efectuaban miembros de la Aviación Naval y de la Prefectura, de la Armada. Por lo tanto, no reviste ninguna relevancia que el acusado diga que no estaba destinado a la ESMA, no es esta la imputación que se le atribuye, sino es haber participado en los vuelos de la muerte desde la estructura a la que pertenecía que era la que facilitaba la logística aeronaval al Grupo de Tareas 3.3.”
Finalmente, añadió la fiscal, los vínculos que los vuelos de la muerte tuvieron con las víctimas no están puestos en discusión. “Este juicio ha permitido casi, cuatro décadas después, probarlo.”
Por su rol de tripulante en los vuelos de la muerte, Poch deberá responder en calidad de coautor de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios. Las historias de las víctimas comenzarán a leerse en el alegato de la semana entrante.
Alejandra Dandan
miércoles, 2 de septiembre de 2015
Tucumán: “Los trabajadores necesitamos una salida independiente de Cano y Manzur”
Entrevistamos a Carlos, trabajador del Hospital Padilla. Allí una asamblea votó movilizarse contra las elecciones fraudulentas sin apoyar a los candidatos del PJ y la UCR. Corresponsal
¿Cómo se vivió lo que pasó después de las elecciones?
Lo que pasó el domingo impactó en los laburantes, lo que hizo es abrir un poco los ojos y por primera vez los trabajadores de la salud convocaron a una asamblea donde el tema a debatir ya no era la paritaria sino que era un problema político sobre el fraude y la crisis provincial.
La dirección del Sitas había convocado un paro por la represión
Si, la medida también tuvo que ver con que parte de la directiva del Sitas (Sindicato de trabajadores de la Salud) apoya al Acuerdo para el Bicentenario. Los trabajadores nos convocamos en asamblea en primer lugar por el repudio a la represión del lunes por la noche, y segundo, para convocar a marchar en la jornada del martes. Decidimos como asamblea tomar primero lo podrida que está la política tucumana, adherirnos a la lucha contra el fraude y votar medidas de organización para comenzar a prepararnos para lo que se viene. Por lo que se vio el lunes en Tucumán, los laburantes lo sintieron como un proyección de lo que pasará en el futuro. Comenzó a haber un clima y un ánimo para organizarse ante los posibles ataques en general.
¿Y qué resolvió la asamblea?
Resolvimos como primer punto el repudio total a la represión, nos planteamos la necesidad de organizarnos mejor y sobre todo discutir que no apoyamos ni a Cano ni con Manzur porque el trasfondo del terreno corrupto son los acoples. Los acoples fueron la medida del fraude que utilizaron ambos. Hay que mencionar que los burócratas sindicales también forman parte, porque René Ramírez de ATSA fue electo legislador por un acople de Manzur y Eduardo Bourlé de La Bancaria fue electo por un acople de Cano. Ellos viven en condiciones diferentes a las nuestras, por eso los trabajadores necesitamos una salida independiente de estos sectores.
Posteriormente también comenzamos una campaña solidaria en el hospital por la libertad de José Kobak y los militantes del PO que se encuentran detenidos, con una causa armada por el gobierno y la Justicia.
Previo a las elecciones Manzur había hecho mucha campaña a partir de su gestión como ministro de Salud
Discutimos también lo que hizo Manzur a nivel nacional y lo que hizo en Tucumán, manipulando todos los índices de mortalidad infantil para quedar como el “salvador” cuando lo único que hizo fue encubrir todos los verdaderos índices. Y por otro lado también tomamos el rol de la oposición ya que Cano fue integrante de la comisión de Salud en el Senado, y no planteó ninguna política alternativa.
¿Cómo está la salud pública tras doce años de alperovichismo?
Nosotros vivimos en una provincia donde mueren los niños por desnutrición, donde mucha gente recurre al hospital público y cuando lo hace encuentra turno para dentro de cuatro meses. Esto no es un problema de los trabajadores de la salud, esto es más bien un problema de cómo está diseñado el sistema y por el poco presupuesto que hay.
Si el 50% de los trabajadores se encuentran en negro, significa que no tienen obra social y acuden al sistema público. Aun así se vacía el presupuesto de la Salud para destinarlo a la parte privada. Las clínicas de Tucumán son las que más han aumentado su patrimonio.
En estos doce años se han profundizado las desigualdades. Inauguran por ejemplo unidades de trasplante renal pero no tenemos alcohol en gel, hay una falta de insumos generalizada. Se hacen grandes negociados con la construcción pero en nuestro hospital se inundó un quirófano en plena cirugía y se cayó el techo en la terapia intensiva. En los hospitales empresas tercerizadas funcionan falsamente como cooperativas para que los dueños paguen menos impuestos y mantengan salarios de miseria. La situación del trabajador no ha mejorado en estos 12 años, Hay un problema estructural que ni el gobierno ni la oposición buscan resolver, somos los trabajadores los que sostenemos y defendemos a la salud pública.
Basta de matar a nuestros alumnos
Un grito de los docentes de Amsafe Rosario
“Basta de matar a nuestros alumnos” es un grito desesperado que intenta ponerle freno a la barbarie y a esa expresión extrema que es el asesinato de los pibxs. Denunciando el crimen buscamos cerrarle el espacio a la naturalización de la muerte joven y a la estigmatización de lxs jóvenes de los sectores más postergados. Señalamos con claridad a sus responsables: el Estado, el poder político, el poder judicial, el feroz entramado narco-policial.
De la ciudad obrera a la ciudad “narco”
Rosario es una ciudad joven pero con historia. Una historia diversa, cambiante, rica. Reivindicamos con orgullo ser uno de los lugares en donde socialistas y anarquistas organizaron un acto como parte de la primera jornada mundial del 1º de Mayo allá por 1890. Luego, anarquistas, socialistas y comunistas se disputaron momentos de abnegación, organización y lucha en toda la primera mitad del siglo pasado. Por un tiempo largo fuimos la “capital del peronismo” y allá por 1969 escribimos nuestras páginas más gloriosas con los dos Rosariazos, el “Rosariazo Estudiantil” del mes de mayo y el “Obrero” de septiembre. En la segunda parte de los 90, cuando las luchas contra el menemismo, fuimos “la capital nacional del paro”. Y ya el 2001 es nuestro presente, somos la ciudad que salió a la calle, que enfrentó la represión policial, donde mataron a 8 jóvenes, donde se llevaron la vida de Pocho Lepratti [el ángel de la bicicleta"].
También nuestra historia recoge varios procesos que dejaron marcas y nos presentaron ante el mundo con otros rostros. Fuimos la ”Chicago Argentina” por el importante desarrollo de la mafia local allá por los años 20. La “Rosario de Galtieri” cuando militares, empresarios y jerarcas de la Iglesia eran los dueños de la vida y la muerte en la región y la banda de Feced secuestraba, torturaba y mataba a voluntad. La ciudad de los “comegatos” en tiempos en que la crisis tocaba fondo en la larga noche del neoliberalismo.
Hace unos años –cuando el boom económico vinculado a la soja- el socialismo en el gobierno pretendió presentarnos como “la Barcelona argentina”; ya muy poco queda de esa extraña ambición. Hoy somos “la ciudad de los narcos”, “la Medellín argentina”, la de la impunidad para mafiosos y policías asesinos, la de los “bunker” en todos los barrios, la de la muerte temprana para tantos pibes.
Allí, en esa lista interminable de vidas jóvenes arrancadas de cuajo por las balas de la Policía y de las mafias del crimen organizado, está concentrada la brutalidad de un capitalismo que avanza a paso firme profundizando la barbarie. El “gatillo fácil” impulsado desde la institución policial y otras formas de muerte violenta en los barrios no son algo nuevo, pero en los últimos años el salto en las cifras no deja espacio para el acostumbramiento. Según estadísticas oficiales, en el año 2010 fueron asesinadas 126 personas en el departamento Rosario. La cifra sube en los años siguientes: 163 en 2011, 184 en 2012, 265 en el 2013. En el 2014 baja levemente a 248, aunque multiplica por cuatro la tasa promedio nacional de muertes violentas cada 100.000 habitantes.
Cifras que sacuden, que interpelan, que nos obligan a pensar. Quizás la primera tarea sea señalar con claridad las responsabilidades: la barbarie no es potestad exclusiva de narcos y policías asesinos; ella se ancla en un sistema social esencialmente injusto que condena a miles de jóvenes a la exclusión y tiene un lugar destacado en los despachos de políticos “progresistas” que llevan años gobernando para que la franja de excluidos del sistema siga creciendo; en las salas del Poder Judicial donde jueces y fiscales garantizan el festival de la impunidad; en capas de la “honesta y trabajadora” clase media y media baja que es capaz de formar en instantes una patota asesina para golpear hasta la muerte a David Moreyra, en un linchamiento repugnante que logró la adhesión de un sector de la sociedad para otro asesinato que sigue impune.
Son nuestrxs pibxs, son nuestrxs alumnxs
David Moreyra hizo la primaria en la Escuela 456 de Empalme Granero y cursó parte de la secundaria en la Escuela 243 de barrio Belgrano. Abandonó la escuela poco antes de que lo mataran.
Jonatan Herrera era un orgulloso Técnico Naval egresado de la Escuela 697. Tenía 21 años y un hijo de dos meses. Lo fusilaron tres policías cuando lavaba el auto en la puerta de su casa; aparentemente lo confundieron con un delincuente que estaban persiguiendo.
Dante Fiori era un joven de 25 años. Hizo la primaria en la Escuela 1148 de Villa Gobernador Gálvez y parte de la secundaria en el Nacional 1 de Rosario. Un policía lo fusiló a la vuelta de su casa cuando iba a encontrarse con un amigo.
Rolando Mansilla tenía penas 12 años cuando lo asesinaron. Era un niño pero “trabajaba” cuidando un bunker agazapado a la intemperie en el techo durante horas. Poco tiempo antes había venido del Chaco. No llegó a ir a una escuela de Rosario. Lo fusilaron los sicarios de una banda rival.
El caso más reciente es el de Gerardo Escobar, tenía 25 años, trabajaba en la repartición de “Parques y Paseos” de la Municipalidad. Pero seguía estudiando para completar su escuela primaria. Fue su maestra de la Escuela Nocturna 30 la que más fuertemente denunció su desaparición. A los pocos días el cadáver de Gerardo apareció flotando en el río Paraná. Sobran las evidencias sobre la participación policial en el crimen.
Apenas cinco casos entre cientos. Pero alcanzan. Para ponerle rostro a la muerte, para ir más allá de la cifra estadística, para entender –como entendimos en Amsafe Rosario– que todos son nuestrxs alumnxs. Los que estaban yendo a la escuela y los que ya no iban; los que habían logrado completar sus estudios y los que habían tenido que abandonar; y hasta los que no habían ido. Son nuestros alumnxs; los que tuvimos, los que tenemos, los que nunca pudieron llegar a la escuela.
“Basta de matar a nuestrxs alumnxs” es un grito desesperado que intenta ponerle freno a la barbarie y a esa expresión extrema que es el asesinato de los pibxs. Denunciando el crimen buscamos cerrarle el espacio a la naturalización de la muerte joven y a la estigmatización de lxs jóvenes de los sectores más postergados. Señalamos con claridad a sus responsables: el Estado, el poder político, el poder judicial, el feroz entramado narco-policial.
La campaña la desarrollamos con un grupo de delegadxs de escuela. Junto con la denuncia apostamos a desarrollar una discusión, desnaturalizar el sentido común, instalar la urgencia de hablar de esto en el conjunto de la base docente y la sociedad toda. Damos la batalla contra cierto discurso que culpabiliza a lxs jóvenes y que entiende que la solución está en seguir incrementando en forma interminable los miembros de las fuerzas represivas. Impulsamos campañas de fotografías para sensibilizar sobre esta situación. Buscamos reconstruir la “biografía escolar” del joven asesinado para que el crimen tome carnadura y adquiera su verdadera y brutal dimensión.
Repetimos que lxs pibxs no son peligrosxs, sino que están en peligro. Que la Policía es parte central del problema y no de la solución. Que hacen faltan más escuelas y lugares de recuperación para jóvenes con adicciones y no más cárceles. Más trabajo, más políticas sociales y acabar con la estigmatización y la represión contra lxs jóvenes.
No queremos que Rosario sea Medellín, no queremos que la Argentina avance por el camino de México. Pero el peligro está latente en el avance del narcotráfico y su entramado con sectores del Estado. También en las respuestas de la derecha –y que cuentan con una base social de adhesión innegable– que sostienen que todo se resuelve con más policías, más balas, más cárceles, en fin, más represión.
Nuestrxs pibxs en los barrios son las víctimas principales de esta situación. Son nuestrxs alumnxs y no podemos dejar que los sigan matando.
Necesitamos organizarnos recuperando las mejores tradiciones del pueblo de Rosario.
Juan Pablo Casiello, docente de Lenguas en escuelas secundarias.
Mercedes Castro, secretaria de Cultura de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe).
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/basta-de-matar-a-nuestrxs-alumnxs-un-grito-de-los-docentes-de
“Basta de matar a nuestros alumnos” es un grito desesperado que intenta ponerle freno a la barbarie y a esa expresión extrema que es el asesinato de los pibxs. Denunciando el crimen buscamos cerrarle el espacio a la naturalización de la muerte joven y a la estigmatización de lxs jóvenes de los sectores más postergados. Señalamos con claridad a sus responsables: el Estado, el poder político, el poder judicial, el feroz entramado narco-policial.
De la ciudad obrera a la ciudad “narco”
Rosario es una ciudad joven pero con historia. Una historia diversa, cambiante, rica. Reivindicamos con orgullo ser uno de los lugares en donde socialistas y anarquistas organizaron un acto como parte de la primera jornada mundial del 1º de Mayo allá por 1890. Luego, anarquistas, socialistas y comunistas se disputaron momentos de abnegación, organización y lucha en toda la primera mitad del siglo pasado. Por un tiempo largo fuimos la “capital del peronismo” y allá por 1969 escribimos nuestras páginas más gloriosas con los dos Rosariazos, el “Rosariazo Estudiantil” del mes de mayo y el “Obrero” de septiembre. En la segunda parte de los 90, cuando las luchas contra el menemismo, fuimos “la capital nacional del paro”. Y ya el 2001 es nuestro presente, somos la ciudad que salió a la calle, que enfrentó la represión policial, donde mataron a 8 jóvenes, donde se llevaron la vida de Pocho Lepratti [el ángel de la bicicleta"].
También nuestra historia recoge varios procesos que dejaron marcas y nos presentaron ante el mundo con otros rostros. Fuimos la ”Chicago Argentina” por el importante desarrollo de la mafia local allá por los años 20. La “Rosario de Galtieri” cuando militares, empresarios y jerarcas de la Iglesia eran los dueños de la vida y la muerte en la región y la banda de Feced secuestraba, torturaba y mataba a voluntad. La ciudad de los “comegatos” en tiempos en que la crisis tocaba fondo en la larga noche del neoliberalismo.
Hace unos años –cuando el boom económico vinculado a la soja- el socialismo en el gobierno pretendió presentarnos como “la Barcelona argentina”; ya muy poco queda de esa extraña ambición. Hoy somos “la ciudad de los narcos”, “la Medellín argentina”, la de la impunidad para mafiosos y policías asesinos, la de los “bunker” en todos los barrios, la de la muerte temprana para tantos pibes.
Allí, en esa lista interminable de vidas jóvenes arrancadas de cuajo por las balas de la Policía y de las mafias del crimen organizado, está concentrada la brutalidad de un capitalismo que avanza a paso firme profundizando la barbarie. El “gatillo fácil” impulsado desde la institución policial y otras formas de muerte violenta en los barrios no son algo nuevo, pero en los últimos años el salto en las cifras no deja espacio para el acostumbramiento. Según estadísticas oficiales, en el año 2010 fueron asesinadas 126 personas en el departamento Rosario. La cifra sube en los años siguientes: 163 en 2011, 184 en 2012, 265 en el 2013. En el 2014 baja levemente a 248, aunque multiplica por cuatro la tasa promedio nacional de muertes violentas cada 100.000 habitantes.
Cifras que sacuden, que interpelan, que nos obligan a pensar. Quizás la primera tarea sea señalar con claridad las responsabilidades: la barbarie no es potestad exclusiva de narcos y policías asesinos; ella se ancla en un sistema social esencialmente injusto que condena a miles de jóvenes a la exclusión y tiene un lugar destacado en los despachos de políticos “progresistas” que llevan años gobernando para que la franja de excluidos del sistema siga creciendo; en las salas del Poder Judicial donde jueces y fiscales garantizan el festival de la impunidad; en capas de la “honesta y trabajadora” clase media y media baja que es capaz de formar en instantes una patota asesina para golpear hasta la muerte a David Moreyra, en un linchamiento repugnante que logró la adhesión de un sector de la sociedad para otro asesinato que sigue impune.
Son nuestrxs pibxs, son nuestrxs alumnxs
David Moreyra hizo la primaria en la Escuela 456 de Empalme Granero y cursó parte de la secundaria en la Escuela 243 de barrio Belgrano. Abandonó la escuela poco antes de que lo mataran.
Jonatan Herrera era un orgulloso Técnico Naval egresado de la Escuela 697. Tenía 21 años y un hijo de dos meses. Lo fusilaron tres policías cuando lavaba el auto en la puerta de su casa; aparentemente lo confundieron con un delincuente que estaban persiguiendo.
Dante Fiori era un joven de 25 años. Hizo la primaria en la Escuela 1148 de Villa Gobernador Gálvez y parte de la secundaria en el Nacional 1 de Rosario. Un policía lo fusiló a la vuelta de su casa cuando iba a encontrarse con un amigo.
Rolando Mansilla tenía penas 12 años cuando lo asesinaron. Era un niño pero “trabajaba” cuidando un bunker agazapado a la intemperie en el techo durante horas. Poco tiempo antes había venido del Chaco. No llegó a ir a una escuela de Rosario. Lo fusilaron los sicarios de una banda rival.
El caso más reciente es el de Gerardo Escobar, tenía 25 años, trabajaba en la repartición de “Parques y Paseos” de la Municipalidad. Pero seguía estudiando para completar su escuela primaria. Fue su maestra de la Escuela Nocturna 30 la que más fuertemente denunció su desaparición. A los pocos días el cadáver de Gerardo apareció flotando en el río Paraná. Sobran las evidencias sobre la participación policial en el crimen.
Apenas cinco casos entre cientos. Pero alcanzan. Para ponerle rostro a la muerte, para ir más allá de la cifra estadística, para entender –como entendimos en Amsafe Rosario– que todos son nuestrxs alumnxs. Los que estaban yendo a la escuela y los que ya no iban; los que habían logrado completar sus estudios y los que habían tenido que abandonar; y hasta los que no habían ido. Son nuestros alumnxs; los que tuvimos, los que tenemos, los que nunca pudieron llegar a la escuela.
“Basta de matar a nuestrxs alumnxs” es un grito desesperado que intenta ponerle freno a la barbarie y a esa expresión extrema que es el asesinato de los pibxs. Denunciando el crimen buscamos cerrarle el espacio a la naturalización de la muerte joven y a la estigmatización de lxs jóvenes de los sectores más postergados. Señalamos con claridad a sus responsables: el Estado, el poder político, el poder judicial, el feroz entramado narco-policial.
La campaña la desarrollamos con un grupo de delegadxs de escuela. Junto con la denuncia apostamos a desarrollar una discusión, desnaturalizar el sentido común, instalar la urgencia de hablar de esto en el conjunto de la base docente y la sociedad toda. Damos la batalla contra cierto discurso que culpabiliza a lxs jóvenes y que entiende que la solución está en seguir incrementando en forma interminable los miembros de las fuerzas represivas. Impulsamos campañas de fotografías para sensibilizar sobre esta situación. Buscamos reconstruir la “biografía escolar” del joven asesinado para que el crimen tome carnadura y adquiera su verdadera y brutal dimensión.
Repetimos que lxs pibxs no son peligrosxs, sino que están en peligro. Que la Policía es parte central del problema y no de la solución. Que hacen faltan más escuelas y lugares de recuperación para jóvenes con adicciones y no más cárceles. Más trabajo, más políticas sociales y acabar con la estigmatización y la represión contra lxs jóvenes.
No queremos que Rosario sea Medellín, no queremos que la Argentina avance por el camino de México. Pero el peligro está latente en el avance del narcotráfico y su entramado con sectores del Estado. También en las respuestas de la derecha –y que cuentan con una base social de adhesión innegable– que sostienen que todo se resuelve con más policías, más balas, más cárceles, en fin, más represión.
Nuestrxs pibxs en los barrios son las víctimas principales de esta situación. Son nuestrxs alumnxs y no podemos dejar que los sigan matando.
Necesitamos organizarnos recuperando las mejores tradiciones del pueblo de Rosario.
Juan Pablo Casiello, docente de Lenguas en escuelas secundarias.
Mercedes Castro, secretaria de Cultura de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe).
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/basta-de-matar-a-nuestrxs-alumnxs-un-grito-de-los-docentes-de
martes, 1 de septiembre de 2015
Victoria Moyano: “Alegría por recuperar una nueva nieta, seguimos buscando a cuatrocientos”
Ayer al mediodía, en la sede de Abuelas Plaza de Mayo, se anunciaba la restitución de la identidad de la nieta 117. La Izquierda Diario dialogó con Victoria Moyano, nieta restituida en 1987, sobre qué significa recuperar un nuevo nieto y la importancia de seguir luchando por los 400 que faltan.
LID: Una nieta más que recupera su identidad ¿cómo recibiste esta noticia?
VM: Con alegría por encontrar una nueva nieta. Ahora somos 117 personas las que accedimos a nuestra verdadera identidad y con cada uno de nuestros casos demostramos que en el país hubo un genocidio.
Pero también, con cada uno de nuestros casos, queda claro que sólo con la lucha de Abuelas, familiares y víctimas de la dictadura pudimos recuperar nuestra identidad. Por su lucha infatigable, que nos llena de orgullo, y porque muchos nietos se animamos a dudar e iniciar los trámites, hoy somos 117 los conocemos la verdad, pero aún nos falta recuperar 400 nietos.
Al día de hoy todos tenemos entre 36 y 39 años, a este paso ¿a qué edad van a conocer la verdad los que tienen la identidad fraguada? No sé cuál es el porcentaje exacto, pero aproximadamente un 75% de niños que durante la dictadura fueron robados, 39 años después, su identidad sigue apropiada. Cada uno de los nietos que vamos encontrando nos marca esta contradicción, la inmensa alegría de ser uno más, y a la vez la ausencia de los que faltan. Que son muchísimos.
LID: ¿Cómo crees que se podría encontrar a los 400 nietos que faltan?
VM: Todavía están en manos del Estado los archivos de la dictadura. Tampoco este gobierno los abrió para que se conozca la verdad. Hace más de 30 años que muchos de los que integramos organismos de derechos humanos, independientes de todo gobierno de turno, venimos reclamando la apertura de todos los archivos, tanto los que están en manos del Estado como de la Iglesia.
Recientemente el Papa Francisco prometió entregarlos, ¿para cuándo?, ¿para cuando las inagotables abuelas ya no estén?
La Iglesia tiene esos archivos porque fue cómplice de la dictadura. Por eso la diputada nacional del PTS en el FIT, Myriam Bregman, abogada del CeProDH y querellante en múltiples causas de lesa humanidad, en una de las causas de robo de bebés llamó a indagatoria al entonces cardenal Jorge Bergoglio, quien por supuesto se negó a entregar información de la que se sabe que cuenta, como de la apropiación de la nieta de Estela de la Cuadra.
Mientras tanto seguimos peleando para que nos entreguen la nomina de quiénes fueron los genocidas, para saber qué pasó con nuestros padres y a quiénes entregaron los niños que nacieron en cautiverio. Con estos archivos se podría encontrar de forma más rápida la identidad de los nietos que faltan.
Nosotros creemos que no puede ser la responsabilidad de cada nieto buscar su propia identidad, como ha ocurrido en mucho de los casos, sino que es responsabilidad del Estado, que fue el desaparecedor de nuestros padres, de nosotros mismos, y de nuestras identidades, apropiadas durante décadas. Tiene que darnos los archivos, para que de forma inmediata podamos encontrar a todos aquellos que al día de hoy continúan con una identidad fraguada. Desde ya que cada nieto que sospeche que es apropiado es buenísimo que se acerque a la sede de Abuelas o a la CONADI, a plantear la denuncia, pero no puede caer sobre nuestras espaldas tener que denunciar esto, porque en mucho de los casos no se sospecha, y en otros resulta una decisión muy difícil. Por eso te repito, es una alegría inmensa cada vez que conocemos un nuevo nieto, pero muy doloroso porque, a casi 40 años de nuestra apropiación, los distintos gobiernos que dirigieron el Estado nos impiden conocer la verdad.
LID: ¿En qué año recuperaste tu identidad?
VM: En 1987, fui la nieta número 53, tenía 9 años. Pasaron 28 años y sólo hemos recuperado 64 nietos más. Este gobierno no se puede arrogar el derecho a decir que cada nieto que aparece se debe a la política de derechos humanos que implementaron. Por el contrario, es la dura tarea de las Abuelas, que es histórica, admirable, que nos llena de orgullo, pero de ninguna manera esto es mérito del gobierno. Una de las fundadoras de Abuelas, Chicha Mariani, continúa buscando a Clara Anahí, así como Mirta Baravalle a su nieto, es decir que es la lucha de las Abuelas, familiares y organismos de derechos humanos que buscamos a los que como yo, fueron apropiados, en la mayoría de los casos por los verdugos de nuestros padres.
Que este gobierno no se atribuya el logro de tener 117 nietos con su identidad restituida. Por el contrario, tiene que hacerse responsable de haberse negado a entregar los archivos para imputar y encarcelar a los responsables del genocidio, porque la apropiación de bebés nacidos en cautiverio fue parte del plan genocida.
Rosa D´Alesio
Muere Pepa Noia, la gallega fundadora de Madres de Plaza de Mayo
Los nervios la llevaron a ser la primera en llegar a Plaza de Mayo el día en el que iba a nacer el movimiento de madres que reclamaba verdad y justicia por la desaparición de l@s hij@s a manos de la dictadura argentina. Para Pepa Noia, de origen gallego, comenzaban entonces casi cuarenta años de búsqueda y lucha que solo terminan ahora, con su muerte en Buenos Aires.
Nació en 1921 y su verdadero nombre era Josefina García, pero siempre fue conocida como Pepa Noia. Su otro nacimiento acontecería en octubre de 1976, cuando desaparece su hija María Lourdes junto a su compañero. A partir de ese momento, empezaría la segunda vida de Pepa Noia, con la búsqueda incesante de su hija, y de la verdad y la justicia, a través de las Madres de Plaza de Mayo. La primera en llegar a la ronda que pondría en marcha aquel movimiento de mujeres en Argentina, Pepa Noia, era hija de la inmigración, y tanto su madre como su padre eran originarios de Orense.
Noia era el apellido de su marido, Juan Carlos Noia, con el que tuvo cuatro hijos. La tercera era María Lourdes, psicóloga y profesora que en 1976 tenía un hijo de año y medio al que Pepa ayudaba a criar. Desde el primer día de su ausencia, Pepa Noia comenzó una búsqueda que no acabaría nunca, primero en solitario, luego sumando fuerzas y emociones con otras madres, saliendo a la calle y reclamando justicia para todos aquellos jóvenes que la dictadura hizo desaparecer.
El 30 de abril de 1977 Pepa Noia fue la primera en llegar a la Plaza de Mayo para iniciar las rondas que se prolongarían durante tanto tiempo. "Yo llegué muy tempranito, dos horas antes de la hora que acordamos. No había podido dormir en toda la noche. Fui a la plaza, no había un alma. Eran las palomas y yo. Al ratito llegaron las otras mamás. Había una chica que no quiso dar el nombre. [...] Empezamos a dar las vueltas porque no podíamos quedarnos quietas, los policías nos hacían caminar", explicó en una de las múltiples entrevistas en las que contó el origen de un movimiento que sacó a las mujeres a la calle, del ámbito familiar al político.
Miembro del movimiento, después de la escisión en la Línea Fundadora, hasta el fin de sus días, infelizmente Pepa Noia poco pudo averiguar del destino final de María Lourdes. Confesaba que, por momentos, soñaba con ser la "hechicera" del conocido programa de televisión que movía la nariz y los deseos se cumplían. En su caso, había uno que se imponía sobre todos los demás, recuperar a su hija, pero, a pesar de la lucha, nunca se cumpliría.
En los últimos años Pepa Noia recibió muchos reconocimientos; entre ellos, fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y, sobre ella, el investigador Enrique Arrosagaray escribió el libro "Josefina Pepa de Noia. Una Madre de la primera hora", publicado en 2011.
"Ese sábado 30 de abril de 1977 llegó a la plaza dos horas antes, de ansiosa. Dio vueltas, esperó, miró, dio más vueltas. Cuando eran las cuatro y media se encontró con otras trece a un costado de la Pirámide, cerca de la calle Rivadavia. No supo ese día que en torno de Azucena Villaflor hacían nacer a una de las organizaciones humanitarias más valiosas en la historia mundial", escribió Arrosagaray de aquella madre de primera hora, la primera en llegar y la última en retirarse de una lucha en la que se implicó durante casi cuarenta años.
C.V.
Sermos Galiza
Traducido del gallego para Rebelión por Sara Plaza
Víctimas ante el victimario
Pese a las recomendaciones en contrario de la Cámara de Casación, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata le permitió realizar preguntas directas a testigos al ex fiscal Gustavo Demarchi, que integró la CNU y está detenido en Batán.
Gustavo Demarchi dejó la cárcel de Marcos Paz y está recluido en la unidad penitenciaria de Batán. El ex fiscal es uno de los once integrantes de la Concertación Nacional Universitaria que están en juicio en Mar del Plata, no por formar parte de la CNU, sino acusados de haber formado una asociación ilícita y asesinar a ocho personas en 1975. La semana pasada declaró la primera testigo del juicio. Pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal, Demarchi la interrogó en forma directa, autorizado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata a autodefenderse y ejercer como abogado. La situación genera preocupación entre testigos y fiscales: el TOF 1 ya contaba con una resolución de Casación que los obligaba a velar por el cumplimiento de la Acordada 1/12 que busca evitar revictimizar a testigos. Pero no solo eso conmocionó a los participantes del juicio. Ese mismo día, el mismo TOF 1, a pedido de un abogado defensor del Estado, les ordenó a quienes estaban en la sala quitarse los pañuelos en los que llevaban inscriptos los nombres de las víctimas o las palabras “CNU, asesinos”. Una mujer se quejó. El tribunal sugirió que si no obedecían podían ordenar el desalojo de la sala.
“A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que el TOF ordenara quitarse los pañuelos a personas que esperaron durante años este momento para expresarse de alguna manera”, dice la fiscal Laura Mazzaferri a este diario. “Ni siquiera les explicaron por qué lo hacían, una situación que entendimos muy, muy violenta.”
El TOF 1 de Mar del Plata está compuesto por jueces que no son del distrito: Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. Ellos deben juzgar a los once acusados, entre los que hay nombres emblemáticos como el propio Demarchi, por entonces secretario académico de la universidad provincial, pero además fiscal federal y en juicio justamente por su papel en la fiscalía. El juicio tiene prevista la declaración de 186 testigos, pero el ritmo de las audiencias también agrega preocupación. Las audiencias se hacen cada quince días. La semana pasada debían haberse hecho dos, pero se hizo una: el martes 25. Ese día debían haber declarado tres personas, pero declaró sólo una. El segundo testigo sufrió un ACV días antes. Y cuando debían escuchar al tercero, los jueces preguntaron si podían posponerlo porque uno de ellos tenía vuelo a las dos de la tarde. Eran las 12.45. La fiscalía se opuso. La defensa, en cambio, aceptó. Los jueces pasaron al testigo, su estrés y la angustia para el 7 de septiembre.
En ese contexto, el problema central parece ser qué papel tendrá el ex fiscal en el juicio, cuando ya demostró gran habilidad para dilatar la causa durante la instrucción. Demarchi pidió defenderse a sí mismo y, como es abogado, puede hacerlo. El problema es que, entre otras razones, eso implica que él mismo pregunte a testigos, una situación que cruza víctimas con victimario. Muchos abogados acusados intentan hacerlo, pero en general se encuentran con un tribunal que los obliga a estar acompañados por codefensores que quedan a cargo de hacer las preguntas. El TOF de Mar del Plata pareció seguir esa línea al comienzo, pero los fiscales entendieron que eso no iba a cumplirse cuando el codefensor de Demarchi no se presentó a una audiencia. En ese momento, hicieron una presentación en Casación. La Sala II, integrada por Alejandro Slokar y Pedro David, declaró “inadmisible” el pedido de los fiscales, pero buscó la manera de “bajar línea” a los jueces para que impidieran que Demarchi preguntara y garantizar así la Acordada de 2012, que compromete a los actores en juego a evitar todas las formas de revictimización. “La Sala II entendió que el tribunal de juicio tiene la potestad de restringir al imputado Demarchi, quien ejerce su autodefensa en el proceso, la posibilidad de llevar adelante los interrogatorios, que deberán quedar en manos del codefensor”, publicó la Sala en una gacetilla de prensa. “El fallo atendió al ‘riesgo de revictimización’ que podría originar que sea el imputado quien, durante el desarrollo del debate, interrogue a las víctimas”. Pues esto es lo que entró en crisis en la primera audiencia.
La primera y única testigo del martes 25 fue Lidia Ruggieri, prosecretaria de la universidad provincial en 1975. Lidia había declarado en el juicio por la verdad. Su testimonio era importante porque podía señalar las distintas funciones que llevaron a cabo los acusados dentro de la universidad. Dijo, entre otros cosas, que el ya fallecido Eduardo Cincotta, que integraba la patota, fue secretario general de la unidad académica. Y ubicó a Demarchi como coordinador. Pero más allá de los datos, también logró explicar que le daba la impresión de que el “poder real” lo ejercían Cincotta y Demarchi. En este punto, Demarchi interrumpió para decir que era un interrogante capcioso.
La fiscalía pidió a los jueces que no lo dejaran preguntar en forma directa. Estaba allí su codefensor. Los fiscales invocaron la Acordada de Casación. Los jueces dijeron que la Sala II de Casación no había dicho nada al respecto, que además la testigo no era víctima, y le permitieron preguntar al imputado. De allí en adelante, Demarchi guió el interrogatorio y dejó un par de preguntas a su abogado.
La fiscalía, conducida por el fiscal general Daniel Adler, presentó un informe para que la procuración lo presente a su vez ante la Comisión Interpoderes. Pero, además, el fiscal general ante la Cámara de Casación Javier de Luca acaba de elevar un recurso de queja ante la Corte. “Sobre la base de lo sucedido, se interpuso un recurso extraordinario sobre la declaración de inadmisibilidad del recurso. Entendemos que todavía no hubo un pronunciamiento de la Corte sobre este tipo de defensas porque de hecho hasta ahora los tribunales no permitieron que los imputados lleguen hasta aquí”, señala la fiscal Mazzaferri. “Lo cierto es que, a medida que los juicios avancen sobre los civiles, pueden repetirse situaciones como éstas, porque hay muchos abogados que probablemente van a querer autodefenderse.” Uno de los problemas de la intervención de Demarchi es la presión que su figura ejerce sobre las víctimas. “Lo que más nos preocupa es la revictimización, porque vemos como muy posible que suceda porque la sola presencia de él frente a las víctimas, los testigos, genera eso. El primer día del juicio, cuando nos opusimos, dijo ‘de qué víctimas me están hablando si al juicio no vienen víctimas’. Ya dijo esto. Ya desconoce a las víctimas que están ahí, familiares, amigos. Tiene una actitud muy hostil, miradas, caras amenazantes y es una persona que en ese momento era el encargado de representar los intereses de la sociedad y garantizó la impunidad.”
Los integrantes de la Sala II de Casación quedaron sorprendidos por la libre lectura que hizo el TOF de su resolución. El último viernes enviaron un pedido de informes al mismo tribunal en el que piden detalles sobre cómo están aplicando las reglas de la Acordada 1/12.
Alejandra Dandan
Gustavo Demarchi dejó la cárcel de Marcos Paz y está recluido en la unidad penitenciaria de Batán. El ex fiscal es uno de los once integrantes de la Concertación Nacional Universitaria que están en juicio en Mar del Plata, no por formar parte de la CNU, sino acusados de haber formado una asociación ilícita y asesinar a ocho personas en 1975. La semana pasada declaró la primera testigo del juicio. Pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal, Demarchi la interrogó en forma directa, autorizado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata a autodefenderse y ejercer como abogado. La situación genera preocupación entre testigos y fiscales: el TOF 1 ya contaba con una resolución de Casación que los obligaba a velar por el cumplimiento de la Acordada 1/12 que busca evitar revictimizar a testigos. Pero no solo eso conmocionó a los participantes del juicio. Ese mismo día, el mismo TOF 1, a pedido de un abogado defensor del Estado, les ordenó a quienes estaban en la sala quitarse los pañuelos en los que llevaban inscriptos los nombres de las víctimas o las palabras “CNU, asesinos”. Una mujer se quejó. El tribunal sugirió que si no obedecían podían ordenar el desalojo de la sala.
“A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que el TOF ordenara quitarse los pañuelos a personas que esperaron durante años este momento para expresarse de alguna manera”, dice la fiscal Laura Mazzaferri a este diario. “Ni siquiera les explicaron por qué lo hacían, una situación que entendimos muy, muy violenta.”
El TOF 1 de Mar del Plata está compuesto por jueces que no son del distrito: Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. Ellos deben juzgar a los once acusados, entre los que hay nombres emblemáticos como el propio Demarchi, por entonces secretario académico de la universidad provincial, pero además fiscal federal y en juicio justamente por su papel en la fiscalía. El juicio tiene prevista la declaración de 186 testigos, pero el ritmo de las audiencias también agrega preocupación. Las audiencias se hacen cada quince días. La semana pasada debían haberse hecho dos, pero se hizo una: el martes 25. Ese día debían haber declarado tres personas, pero declaró sólo una. El segundo testigo sufrió un ACV días antes. Y cuando debían escuchar al tercero, los jueces preguntaron si podían posponerlo porque uno de ellos tenía vuelo a las dos de la tarde. Eran las 12.45. La fiscalía se opuso. La defensa, en cambio, aceptó. Los jueces pasaron al testigo, su estrés y la angustia para el 7 de septiembre.
En ese contexto, el problema central parece ser qué papel tendrá el ex fiscal en el juicio, cuando ya demostró gran habilidad para dilatar la causa durante la instrucción. Demarchi pidió defenderse a sí mismo y, como es abogado, puede hacerlo. El problema es que, entre otras razones, eso implica que él mismo pregunte a testigos, una situación que cruza víctimas con victimario. Muchos abogados acusados intentan hacerlo, pero en general se encuentran con un tribunal que los obliga a estar acompañados por codefensores que quedan a cargo de hacer las preguntas. El TOF de Mar del Plata pareció seguir esa línea al comienzo, pero los fiscales entendieron que eso no iba a cumplirse cuando el codefensor de Demarchi no se presentó a una audiencia. En ese momento, hicieron una presentación en Casación. La Sala II, integrada por Alejandro Slokar y Pedro David, declaró “inadmisible” el pedido de los fiscales, pero buscó la manera de “bajar línea” a los jueces para que impidieran que Demarchi preguntara y garantizar así la Acordada de 2012, que compromete a los actores en juego a evitar todas las formas de revictimización. “La Sala II entendió que el tribunal de juicio tiene la potestad de restringir al imputado Demarchi, quien ejerce su autodefensa en el proceso, la posibilidad de llevar adelante los interrogatorios, que deberán quedar en manos del codefensor”, publicó la Sala en una gacetilla de prensa. “El fallo atendió al ‘riesgo de revictimización’ que podría originar que sea el imputado quien, durante el desarrollo del debate, interrogue a las víctimas”. Pues esto es lo que entró en crisis en la primera audiencia.
La primera y única testigo del martes 25 fue Lidia Ruggieri, prosecretaria de la universidad provincial en 1975. Lidia había declarado en el juicio por la verdad. Su testimonio era importante porque podía señalar las distintas funciones que llevaron a cabo los acusados dentro de la universidad. Dijo, entre otros cosas, que el ya fallecido Eduardo Cincotta, que integraba la patota, fue secretario general de la unidad académica. Y ubicó a Demarchi como coordinador. Pero más allá de los datos, también logró explicar que le daba la impresión de que el “poder real” lo ejercían Cincotta y Demarchi. En este punto, Demarchi interrumpió para decir que era un interrogante capcioso.
La fiscalía pidió a los jueces que no lo dejaran preguntar en forma directa. Estaba allí su codefensor. Los fiscales invocaron la Acordada de Casación. Los jueces dijeron que la Sala II de Casación no había dicho nada al respecto, que además la testigo no era víctima, y le permitieron preguntar al imputado. De allí en adelante, Demarchi guió el interrogatorio y dejó un par de preguntas a su abogado.
La fiscalía, conducida por el fiscal general Daniel Adler, presentó un informe para que la procuración lo presente a su vez ante la Comisión Interpoderes. Pero, además, el fiscal general ante la Cámara de Casación Javier de Luca acaba de elevar un recurso de queja ante la Corte. “Sobre la base de lo sucedido, se interpuso un recurso extraordinario sobre la declaración de inadmisibilidad del recurso. Entendemos que todavía no hubo un pronunciamiento de la Corte sobre este tipo de defensas porque de hecho hasta ahora los tribunales no permitieron que los imputados lleguen hasta aquí”, señala la fiscal Mazzaferri. “Lo cierto es que, a medida que los juicios avancen sobre los civiles, pueden repetirse situaciones como éstas, porque hay muchos abogados que probablemente van a querer autodefenderse.” Uno de los problemas de la intervención de Demarchi es la presión que su figura ejerce sobre las víctimas. “Lo que más nos preocupa es la revictimización, porque vemos como muy posible que suceda porque la sola presencia de él frente a las víctimas, los testigos, genera eso. El primer día del juicio, cuando nos opusimos, dijo ‘de qué víctimas me están hablando si al juicio no vienen víctimas’. Ya dijo esto. Ya desconoce a las víctimas que están ahí, familiares, amigos. Tiene una actitud muy hostil, miradas, caras amenazantes y es una persona que en ese momento era el encargado de representar los intereses de la sociedad y garantizó la impunidad.”
Los integrantes de la Sala II de Casación quedaron sorprendidos por la libre lectura que hizo el TOF de su resolución. El último viernes enviaron un pedido de informes al mismo tribunal en el que piden detalles sobre cómo están aplicando las reglas de la Acordada 1/12.
Alejandra Dandan
La primera en llegar a la Plaza
Pepa Noia, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, murió a los 94 años. El 13 de octubre de 1976 su hija María Lourdes –de 29 años– fue secuestrada junto con su marido en Constitución. Pepa fue una de las catorce mujeres que se reunieron el sábado 30 de abril de 1977 a las cuatro y media de la tarde en la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos.
“Nunca, nunca, van a decir: ‘La vimos llorar a Pepa’. Yo lloraba cuando salía a la calle. Cuando iba en los colectivos, me sentaba a fumar y lloraba. Cuando iba a los ministerios decía: No hay que mostrarles el dolor que una tiene. Ni bien salía, lloraba como una desgraciada todo el camino. Delante de ellos, no, jamás”, comentó Pepa en un reportaje.
En 2010 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Había vivido en Castelar y allí fue obrera textil. Su hija Lourdes era psicóloga y profesora de la Universidad de Morón. Pepa fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y estuvo en la primera ronda para reclamar por la aparición de su hija. De hecho, llegó dos horas antes a la cita programada por las mujeres, lo que la convirtió en la primera en llegar a la Plaza de Mayo. Fue amiga inseparable de Mirta Baravalle y Nora Cortiñas, compañeras de Línea Fundadora. Sus restos serán velados hasta hoy a las 10, en la Legislatura porteña.
“Nunca, nunca, van a decir: ‘La vimos llorar a Pepa’. Yo lloraba cuando salía a la calle. Cuando iba en los colectivos, me sentaba a fumar y lloraba. Cuando iba a los ministerios decía: No hay que mostrarles el dolor que una tiene. Ni bien salía, lloraba como una desgraciada todo el camino. Delante de ellos, no, jamás”, comentó Pepa en un reportaje.
En 2010 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Había vivido en Castelar y allí fue obrera textil. Su hija Lourdes era psicóloga y profesora de la Universidad de Morón. Pepa fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y estuvo en la primera ronda para reclamar por la aparición de su hija. De hecho, llegó dos horas antes a la cita programada por las mujeres, lo que la convirtió en la primera en llegar a la Plaza de Mayo. Fue amiga inseparable de Mirta Baravalle y Nora Cortiñas, compañeras de Línea Fundadora. Sus restos serán velados hasta hoy a las 10, en la Legislatura porteña.
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