La caída de Aranguren plantea una crisis de fondo de la política oficial. El ex (¿?) mandamás de Shell en la Argentina personificó el programa macrista de dolarización de las tarifas de los servicios públicos e internacionalización de los precios de los combustibles. Esta política, que reportó un aumento de tarifas que en muchos casos rozó el 1.500%, fue justificado en nombre de que incentivaría la inversión y producción de petróleo y gas, y en la infraestructura de transporte y distribución energética. Sin embargo, nada de eso ocurrió: la producción de petróleo retrocedió en los dos primeros años de gobierno macrista y la de gas se mantuvo en los niveles previos. El gobierno se encargó de difundir inversiones en Vaca Muerta, pero ocultó la desinversión en otras provincias, como es el caso de Santa Cruz, incluso por la propia YPF.
En materia de gas, la dolarización incluyó el establecimiento de un sendero de precios muy superior al internacional. El esquema trazado por Aranguren fue establecer un precio de u$s7.50 el millón de BTU, que las petroleras embolsarían mediante un combo de tarifazos y subsidios. Para esta política Aranguren se inspiró en Kicillof, quien siendo ministro de Economía estableció un precio preferencial para la producción de gas que superara los niveles previos. Luego, con el pacto YPF-Chevrón, agregó para la empresa fundada por Rockefeller una serie de beneficios impositivos y financieros, protegidos con celo bajo el manto de la “confidencialidad”. Aranguren no hizo más que generalizar esos beneficios y los precios elevados para la producción de gas.
Como señalamos de manera reiterada en Prensa Obrera, la dolarización de tarifas no tenía una justificación económica en tanto que la mayor parte del gas y el petróleo que se consume en Argentina es de producción local y sus costos por lo tanto deben calcularse en pesos y no en dólares. Pero esta dolarización no sólo actuó como un premio enorme a los monopolios, sino que se convirtió en una bomba de tiempo de mecha corta sobre toda la economía nacional, ya que toda modificación en el tipo de cambio y/o en el precio internacional del petróleo terminaría impactando en las tarifas de los servicios públicos y en los combustibles. Como el gobierno de Macri en dos años y medio ejecutó dos devaluaciones fuertes, y en el medio varias de menor alcance, el valor de las tarifas se transformó en una losa sobre el conjunto de la economía nacional. A esta situación, de por sí ya muy grave, se le sumó el aumento del precio del barril de petróleo producto de la escalada bélica del imperialismo en Medio Oriente.
Este combo de devaluación y aumento del precio internacional creó las condiciones para un verdadero estallido. De aplicarse la política diseñada por Aranguren, en los próximos meses la tarifa de gas debiera incrementarse por arriba del 60%. Teniendo en cuenta que la matriz de generación de energía eléctrica es sobre la base del gas, el aumento de éste impacta directamente en la tarifa de electricidad. En relación a las naftas, según Aranguren, el ´atraso´ actual del precio es de un 40%, y esto calculado a un tipo de cambio menor al actual. Con una inflación que ya ronda el 30% anual, un aumento de tarifas y naftas de la dimensión que tenía prevista Aranguren hubiera conducido directamente a un estallido de la economía. Dentro de la propia clase capitalista se advirtió su inviabilidad, no sólo por miedo a la ´gobernabilidad´, sino también porque afecta los costos industriales de manera decidida. Esta división interna de la clase capitalista ya se había puesto de manifiesto cuando la UIA no sumó su firma a la solicitada de las cámaras patronales en respaldo al veto presidencial a la ley de tarifas aprobada en el Congreso.
La caída de Aranguren, por lo tanto, es el resultado de la inviabilidad de su política. Quien ocupa ahora su lugar, Javier Iguacel, viene con un programa de limitación de los aumentos acordados, lo que produjo de entrada una caída significativa de las acciones de las empresas energéticas en la Bolsa de Comercio. Con seguridad las empresas reclamarán que si se posterga el cronograma de aumentos deberán ser compensadas con subsidios del Estado. Pero los subsidios, dados los montos que están en juego, entran en contradicción con el programa de ajuste firmado por el FMI. Al interior de la clase capitalista se abre un escenario de choques y mayores divisiones. Ya han circulado versiones que Iguacel tendría como una de sus misiones avanzar en la venta de las acciones que el Estado tiene de YPF. Los fondos conseguidos por esa venta serían usados –del mismo modo que las acciones que tiene el fondo de garantía de la ANSES– para cumplir el cronograma de reducción del déficit pactado con el FMI.
El gobierno puede ofrecer como ´compensaciones´ mayores entregas en materia de concesiones e intentar ir aún más a fondo en los derechos laborales de los trabajadores petroleros. Es el modelo Vaca Muerta, donde la adenda admitida por la burocracia sindical de Guillermo Pereyra dejó de lado parte del convenio colectivo de trabajo. Pero no está claro que eso sea considerado suficiente por las empresas. Lo más probable es que la caída de las acciones en la Bolsa anticipe una política huelga de inversiones, que llevará a que la crisis se exprese por otra vía: una caída de la producción y la necesidad de recurrir a mayores cuotas de importación de gas y petróleo.
Tratar de emparchar a la fracasada política de Aranguren conducirá a nuevos fracasos. En tanto y en cuanto los recursos naturales estén en manos de los monopolios petroleros las inversiones y la producción estarán condicionados a los beneficios monopólicos que reclaman para sí. Por ello es necesario un cambio de 180°. Ese cambio es el que plantea el programa del Frente de Izquierda: nacionalizar los recursos naturales, empezando por el petróleo y el gas, y toda la red de transporte y distribución energética. Esta nacionalización permitiría un plan de crecimiento de la producción y una reducción de los precios, que permita reducir los costos locales viabilizando un plan de desarrollo industrial del país. Para financiar las inversiones necesarias es necesario proceder a la nacionalización de la banca, de modo tal que el ahorro nacional deje de ser fugado a través del sistema financiero y sea re-invertido en el país. A pesar de su enorme deuda pública, Argentina es un país acreedor, ya que los capitales que la clase capitalista tiene en el exterior (medio billón de dólares) supera con creces a la deuda (aprox. 350 millones de dólares). Estas nacionalizaciones (de los recursos naturales y de la banca) son medidas fundamentales de un plan económico de un gobierno de los trabajadores. Por eso son levantadas sólo por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, pero están ausentes por completo en los programas de los partidos y tendencias nacionalistas y centroizquierdistas defensoras del capital.
Ante el fracaso de Aranguren y su política, llamamos a desarrollar una campaña por la nacionalización de los recursos naturales, bajo el control y la dirección de los trabajadores.
Gabriel Solano
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero - Frente de Izquierda
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