Los cuadernos de Calvete

Casi al mismo tiempo que la Cámara Federal de Casación confirmaba el procesamiento de Alberto Fernández por sus chanchullos con las aseguradoras y pedía mayor celeridad al tribunal oral que juzga el primer tramo de la causa de los “Cuadernos de Centeno”, se conocían las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre la estafa $Libra -que involucra a los hermanos Milei- y el empresario farmacéutico Miguel Ángel Calvete era citado a declarar en el marco de la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). 

 Calvete es una figura clave en el esquema de sobornos que se negociaban en la Andis y sacaron a la luz los audios del abogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, su exdirector. Ocurre que como titular de Indecomm, una empresa suya que es proveedora del Ministerio de Salud, se organizaba la cartelización de las compras a las empresas del sector. La maniobra delictiva, dice La Nación (19/11), “se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno 'regular' donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de 'compulsas reducidas' donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta”. Su rol es parangonable al de Carlos Wagner en la “causa de los cuadernos”. El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción durante los gobiernos K tuvo a su cargo el funcionamiento de “la camarita”, también llamado “el club de la obra pública”, el ámbito donde un grupo selecto de capitalistas se repartían los negocios más jugosos con el Estado. En el juicio que se desarrolla actualmente por los “cuadernos de Centeno” hay 80 acusados, entre ellos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 63 empresarios que representan la flor y nata de la ´patria contratista´, en la cual revistan tanto ´kirchneristas´ como ´macristas´. Actualmente, Wagner colabora con la Justicia en calidad de ´arrepentido´. Su capitulación fue clave para que se iniciaran delaciones en cadena entre los empresarios y funcionarios involucrados. Hay otra analogía posible: así como el chofer Centeno apuntaba prolijamente día, hora y monto de los bolsos de dinero que recogía, Calvete llevaba una planilla donde apuntaba puntillosamente discriminados los “costos” y la “diferencia” que quedaba para los involucrados en la maniobra, junto a iniciales como KM (¿Karina Milei?) y SC (¿Santiago Caputo?). La primera fue apuntada por Diego Spagnuolo como la receptora del 3 % de la recaudación paralela, mientras que el segundo es el responsable político tras bambalinas de todo lo que ocurre en el Ministerio de Salud. El fiscal que sigue la causa del robo en la ANDis se llama Franco Picardi. “La trama, de acuerdo con lo investigado por Picardi, se remonta a mucho tiempo antes del arribo de los libertarios al poder” (Clarín, 19/11). Todo el mundo recuerda que Spagnuolo, en una de las grabaciones, menciona precisamente que la ´mordida´ aumentó del 5 al 8 % -” más chorros que los K”- y afirma también que esa diferencia llegaba directamente a Karina Milei. Hoy Spagnuolo se presentó a declarar y dijo que los audios “fueron manipulados” – en la Cámara Federal, en cambio, sus abogados dijeron que los audios eran ciertos, pero que violaban su intimidad (Página/12, 19/11)-. La ruta del dinero recaudado por Spagnuolo y Calvete condujo a una financiera, Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, un personaje cercano a “Chiqui” Tapia y muy vinculado al negocio del fútbol. A través suyo se habría blanqueado el dinero. Sin embargo, Vallejo no está imputado en esta causa sino en otra, por lavado de dinero. Hay más conexiones: la hija de Calvete y su esposo son funcionarios del Ministerio de Economía y también participaban de ´la rosca´: les encontraron 700.000 dólares en su departamento y mensajes entre padre e hija preparando la coartada en caso de que se produjera el allanamiento. En uno de los cuadernos encontrados en el domicilio de Calvete también aparece Gustavo Balabanian, expareja de Karen Reichardt, la exvedette que secundaba a José Luis Espert en las listas electorales de provincia de Buenos Aires. Balabanian es apuntado por Calvete como “exmarido de Karen, relación con Fred Machado”. 

 (Curiosidad: Calvete se encuentra detenido, pero por otra causa, donde está acusado de proxenetismo.) 

 Hay un tercer elemento análogo, se podría decir, entre las causas de los cuadernos de Centeno y los de Calvete. “La corrupción en la obra pública” fue ventilada ampliamente desde el Departamento de Estado norteamericano. Washington incluso había advertido que tomaría cartas directamente en el asunto si la investigación local no avanzaba. Antes, había dado un impulso fundamental al “caso Odebrecht”, porque la gigantesca contratista brasileña había penetrado en todos los países del continente -desde Cuba hasta Argentina- repartiendo sobornos a presidentes y funcionarios, impidiendo de hecho el ingreso de empresas norteamericanas al negocio. Ahora, el caso de Calvete y la corrupción en la compra de medicamentos tocan otro negocio sensible, el de los laboratorios. No es casual que el “acuerdo marco” que firmaron Trump y Milei haga mención específica a este rubro y a la protección de patentes. En su editorial de Odisea (17/11), el periodista Carlos Pagni se refiere a “las quejas” de los laboratorios extranjeros por este tema -el de las patentes-, pero agrega otras, sobre todo aquellas que formulan por “otra forma de protección que tienen los laboratorios nacionales respecto a los extranjeros: las ventas al Estado”. Se refiere a “una especie de colonización del Estado por parte de determinados laboratorios nacionales que venden a través de droguerías”, y cita como ejemplo los contratos del PAMI, “que consume el 40 % de los medicamentos del país y, por lo tanto, fija precios”. “Estas son protecciones paraarancelarias, que no tienen que ver con el arancel ni con las patentes, sino con la captura del Estado por determinados sectores económicos”, concluye. 

Lo que exponen los cuadernos de uno y otro es el entrelazamiento de los grupos capitalistas con el Estado, su carácter parasitario y las mafias que se conforman en torno al presupuesto público. En muchos casos el negocio se completa a través de la compra de deuda pública. En el marco de una nueva transición política y económica, agitada por los preparativos de guerra internacional, estos negocios han ingresado en una fuerte zona de disputa. 

 Jacyn 

 19/11/2025

Comisión $Libra: “Misión cumplida”

Al cabo de tres meses de labor, la comisión investigadora del caso $Libra presentó un informe de más de 200 páginas con sus conclusiones. La comisión logró establecer con notable rapidez la trazabilidad de fondos que fueron y vinieron de billeteras virtuales a cajas de seguridad y transferencias de miles de dólares en momentos clave entre los involucrados. Ninguno de los funcionarios citados aceptó comparecer ante la comisión. En paralelo, la causa judicial, a cargo del juez Marcelo Di Giorgi, arrastra los pies y no ha arrojado mayores resultados. El monto de la maniobra -que dejó un tendal de más de 1.300 damnificados y a un puñado de ganadores- alcanzaría entre 100 y 120 millones de dólares. 

 La conclusión de los diputados opositores que integran la comisión investigadora es, sin embargo, benévola con los principales implicados, Javier y Karina Milei. Ambos son señalados como “engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho” (Clarín, 19/11). Para los legisladores, el presidente con su posteo en la red social X “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”. Allí Milei, además de promover la inversión en la ´memecoin´ como un fondeo destinado a PyMES, publicó un número de contrato que, a diferencia de lo que dijo en los medios, no era de acceso público y sigue sin explicar cómo lo obtuvo. 

 Entre las conclusiones del informe final se apuntan “vínculos económicos entre los principales actores involucrados en la presunta estafa” y se afirma que “la promoción de $LIBRA por parte del Presidente comprometió su investidura, desdibujando los límites entre lo público y lo privado”. Se da por acreditada la realización de “reuniones no registradas oficialmente” entre el Presidente y los involucrados, facilitadas por Karina Milei, y concluye que el Presidente “podría haber violado la ley de ética pública y haber incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público”. Por tal motivo, recomiendan al Congreso que evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. “En la comisión señalan que ellos no pueden impulsar el juicio político, pero agregan que hubo negligencia, ausencia de controles y por eso sugieren que se evalúe el mal desempeño. Algo que difícilmente avance, sobre todo con la composición que tendrá la Cámara y las comisiones a partir del mes que viene” (Clarín, ídem). 

 El despacho de la comisión contó con el aval del interbloque de la “izquierda nacional y popular” y lleva la firma de Christian Castillo, del PTS, que lo reivindicó públicamente. “He señalado algunas disidencias en el informe sobre el carácter del Estado y del régimen político, pero que no hacen al cuerpo de la investigación que suscribo en su totalidad y que demuestran que acá hubo una estafa" (LID, 18/11).

 La “comisión investigadora” ha dado su veredicto y nada ocurrirá en el Congreso. Misión cumplida. 

 Jacyn 

 19/11/2025

La salud mental de la población, entre la estigmatización y el negocio de la medicalización

La semana pasada una ciudadana brasileña de 69 años fue asesinada a golpes por un joven que contaba con antecedentes de padecimiento mental. La ciudadana brasileña caminaba por la avenida Corrientes en la zona del Abasto, uno de los barrios capitalinos donde la inseguridad y las personas en situación de calle están a la orden del día. El hecho, trágico, expuso la crisis que atraviesa la salud mental en nuestro país. 

 Esta situación pone en evidencia una serie de contradicciones al vincular a las personas que se encuentran en situación de calle -producto de la política económica de los últimos años- con el delito, asignando de este modo a las personas con sufrimiento psíquico, a las que están en situación de calle el mote de peligrosos.

 Por otro lado, deja en evidencia el rol de “control” de las instituciones especializadas en Salud Mental que con el encierro “no normaliza los cuerpos, sino que destruye las almas”, aislando también al distinto, a lo desconocido. Existe en los hospitales generales de agudos, aunque no solo, una tendencia a solicitar “consignas policiales” que ejerzan el rol de control de la internación, privilegiando la seguridad de la sociedad y no el tratamiento de quienes lo necesitan, violando los derechos de las personas con padecimiento mental. La obligación de los gobiernos es aplicar el protocolo de Caracas de atención primaria en Salud, Educación, Promoción y Prevención. Si el Estado cumpliera con estas obligaciones, no se generarían incertidumbres, miedos, rechazos hacia el sufrimiento mental. La realidad es que los ataques callejeros o las situaciones de violencia producidas por personas con padecimiento mental representa menos del 3 por ciento de estos ataques. Pero resulta un engaño colocarlos en el lugar del delincuente. En la mayoría de los casos, se trata de personas que no tienen conciencia de la situación y son abandonadas a su suerte por el gobierno y, en muchas situaciones, también por su propia familia.

 Detrás de este modelo, las organizaciones médicas y la industria farmacéutica que ven en la internación y la medicalización un negocio redondo. 

 Son precisamente estas mismas organizaciones las que estimulan a las familias a exigir la derogación de la ley nacional 26.657, también llamada “ley de salud mental”, que restringe la internación involuntaria y por largos periodos y propone en cambio el tratamiento ambulatorio y las ´casas de medio camino´. Producto de una interpretación subjetiva de la ley, la idea generalizada y fogoneada de que “no sirve”, porque no se puede garantizar los tratamientos involuntarios, invisibilizando que lo que falta son recursos materiales y humanos para la atención adecuada a nivel estatal. Esta falta es producto del incumplimiento de la ley ya que el 10% del presupuesto anual debe de ser destinado a la Salud Mental, por un lado, pero por otro porque los fondos son destinados a la tercerización de los tratamientos y estadías en ´casas de medio camino´, ya que el Estado no concretó ninguna, a más de una década de aprobada la ley. 

 Corporaciones como Facoep facturan al Estado millones de pesos intermediando la atención en instituciones privadas y sobrevalorando la medicalización sobre otras estrategias de intervención. 

 Cabe señalar que esto se da en un contexto, además, de reducción de las políticas públicas, falta de personal para la atención en los espacios de salud, precarización laboral, desempleo. La crisis socioeconómica incide en las diferentes respuestas. 

 Desde Política Obrera denunciamos que la salud mental de los trabajadores no sólo es producto del modelo capitalista que nos oprime y genera malestares, sino sobre todo de un modelo que prioriza la mercantilización y medicalización como respuesta a ese malestar que él mismo genera. 

 Silvia Allocati 

 20/11/2025

Japón prepara la guerra contra China

Es un ‘proxy’ de Trump. 

 Los estiletazos entre China y Estados Unidos en torno de la isla de Taiwán se han agravado, a partir del protagonismo alcanzado por el principal aliado yanqui en la región – el gobierno de Japón. La primera ministra nipona Sanae Takaishi, perteneciente al derechista partido Liberal Democrático, revolvió el avispero al declarar su intención de enviar tropas en apoyo de Taiwán y de su gobierno “separatista”, en caso de un conflicto abierto entre China Popular y Taiwán. Takaishi argumentó que un ataque y ocupación de Taiwán, por parte de China, comprometería la seguridad de Japón. 

 En respuesta a sus dichos, China denunció a Japón en el Consejo de Seguridad de la ONU y “desaconsejó” las visitas turísticas de sus ciudadanos a Japón. La cancelación de 500.000 pasajes ha generado una crisis en la industria turística y en el comercio nipones, porque casi el 30% del turismo receptivo de Japón depende de China. Xi Jinping ordenó, también, cancelar importaciones de productos pesqueros y “bienes culturales” desde Japón, en lo que se prefigura como una declaración de guerra comercial. Takaichi respondió a estas acciones con la movilización de aviones de combate, con la excusa de haber detectado drones de origen chino en el espacio aéreo cercano al canal de Taiwán. 

 Historia y presente

 Varios observadores han situado estas escaramuzas dentro de la “histórica conflictividad” entre China y Japón, de un lado, y entre la China Popular y Taiwán, del otro. Las “viejas” cuestiones, sin embargo, cobran otro significado bajo el escenario de la guerra internacional en desarrollo, que tiene su norte estratégico en el antagonismo entre China y Estados Unidos. Taiwán, la isla donde se confinó la burguesía china después de la revolución de 1949, ha sido reclamada desde entonces como territorio propio por el régimen de China Popular. Desde comienzos de los 90, el planteo de “un país y dos sistemas” fue la oferta del régimen “comunista” a Taiwán. Detrás de las promesas de respetar a las relaciones capitalistas en la Isla, el slogan adelantaba la transición a “un solo sistema”, o sea, un salto cualitativo en la restauración capitalista de China continental. Pero esa restauración acentuó la disputa por inversiones y mercados por parte de las dos Chinas, o sea, la guerra de intereses capitalistas. Taiwán detenta el liderazgo mundial en la producción de semiconductores. La disputa en curso -“soberanía” o anexión a China- es sencillamente la forma que reviste la guerra en ciernes entre Estados Unidos y China por el dominio de la tecnología asociada al capital digital. En los últimos años, la presencia política y militar del imperialismo yanqui en Taiwán se ha incrementado decisivamente, al igual que en la región marítima aledaña. 

 Donald Trump visitó la región recientemente. Por un lado, celebró una distensión comercial con China, en medio de fotos y sonrisas. Por el otro, se reunió con la primera ministra nipona, anunciando acuerdos para la explotación de minerales críticos y tierras raras, y prometiendo una “nueva edad de oro” en las relaciones entre Japón y Estados Unidos. De ese modo, envalentonó a Takaishi a rechinar los dientes contra Xi Jinping. La “Milei” japonesa se ha convertido en un ariete de Trump en la preparación de un choque de alcance general entre Estados Unidos y China. 

 Rearme de Japón

 En la denuncia que formuló contra Japón en el Consejo de Seguridad, el representante de China acusó a Takaishi de haber roto el histórico “compromiso de su país con el desarrollo pacífico”. El vocero chino aludía a las restricciones que se le impusieron a Japón en la segunda posguerra, contra cualquier tentativa de rearme o intervención militar. En realidad, aquel desarme compulsivo ya ha sido largamente abandonado por Japón, bajo el incentivo de los mismos que se lo impusieron ochenta años atrás. En 2015, una enmienda constitucional habilitó a Japón a la “autodefensa” en caso de “peligro a la seguridad nacional” – es lo que ahora invoca Takaishi para una eventual intervención en Taiwán. Desde 2022, Japón experimentó una fantástica aceleración del gasto militar. Takaishi asumió su mandato prometiendo llevar ese gasto al 2% del PBI, algo así como 80.000 millones de dólares por año. Donald Trump, sin embargo, le reclamó a Takaishi escalarlo al 3,5% en un lapso breve. Como parte de ello, Japón se ha convertido en un proveedor sistemático de material bélico a Australia, el otro gran pilar del imperialismo norteamericano en la región. En agosto pasado, Japón anunció la venta a aquel país de once modernas fragatas de defensa, lo que marcó el regreso de la emblemática corporación Mitsubishi a la producción de naves con fines bélicos. El frenético rearme de los dos grandes derrotados de la última guerra mundial -Alemania y Japón- es un rasgo marcado de la guerra global en desarrollo. 

 De las escaramuzas a la guerra 

La intervención de Japón, por ahora en grado de tentativa, en la disputa por Taiwán, y en el enfrentamiento estratégico entre Estados Unidos y China, es otro episodio de una guerra internacional que multiplica sus frentes de batalla. Recientemente, y en la propia Asia, estos choques por “procuración” o por encargo enfrentaron, por caso, a Tailandia con Camboya. Un poco antes, a la India con Pakistán. Naturalmente, Japón no es cualquier “mandadero”: su involucramiento en la disputa por Taiwán es un salto cualitativo en la tendencia a la guerra. Japón paga ahora el precio de una fractura con uno de sus principales socios comerciales (China). Pero por el otro lado, la burguesía nipona se sube al carro de un “complejo industrial militar” propio, en la expectativa de remontar por esa vía una declinación económica de décadas.

 La diplomacia “trumpista” recluta aliados en cada frente de batalla de la guerra internacional. Es una confesión de los límites de una potencia declinante -el imperialismo yanqui- para intervenir en una guerra general a partir de sus propias fuerzas. Pero a la vez, es la confesión de que necesita imperiosamente de esa guerra para remontar su propia declinación histórica.

 Marcelo Ramal 

 20/11/2025

La precarización laboral mata: según la Anses los trabajadores sin derechos viven menos

Las conquistas salariales y en seguridad social influyen en una menor tasa de mortalidad entre los trabajadores. 

La reforma laboral va a agravar la situación 

 Un estudio de la Anses llegó a la conclusión de que los trabajadores informales, que carecen de derechos laborales, seguridad social y aportes previsionales, tienen una tasa de mortalidad considerablemente superior a los trabajadores registrados en relación de dependencia, estos últimos con una tasa de mortalidad 62% inferior a los primeros. La reforma laboral que pretende imponer el gobierno profundizaría esta situación, en la medida en que apunta precisamente a barrer con los aportes a la seguridad social y a flexibilizar las condiciones laborales; es por eso que es antiobrera. 

 Esta conclusión se desprende de los números calculados por la Anses, donde la tasa de mortalidad para los trabajadores informales asciende a 4,5 por mil, mientras que para quienes se encuentran registrados y en relación de dependencia, con aportes previsionales y a la seguridad social, se encuentran el 1,7 por mil. 

 “Entre los hallazgos principales del estudio, la condición de aportante previsional funciona como un factor protector ante el riesgo de muerte”, señala el trabajo de la Anses, considerando que los trabajadores bajo esta condición acceden a mejores prestaciones de salud y a un poder adquisitivo superior que les permite mejorar su calidad de vida. Un mayor ingreso aumenta la esperanza de vida, debido a mejores condiciones de salud, alimentación y vivienda. 

 Según datos oficiales del Indec de un total de 22.536.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados suman 11.122.000, los asalariados no registrados 5.566.000 y los por cuenta propia 5.848.000. Mientras que al considerarlos según la informalidad laboral, tanto en relación de dependencia como por cuenta propia, este universo supera los 9 millones de trabajadores, que carecen de derechos laborales. 

 El estudio de la Anses determina que con cada duplicación de ingresos el riesgo relativo de mortalidad baja un 17% para los trabajadores registrados en relación de dependencia, dando cuenta de que el trabajo formal, con derechos reconocidos y acceso a salud y un mayor poder adquisitivo, es la vía para tener una mejor calidad de vida. 

 A pesar de esta evidencia científica, emanada de los propios organismos del Estado, el gobierno nacional avanza con una reforma laboral antiobrera que plantea destruir los derechos laborales y formalizar la explotación del trabajo bajo las condiciones más precarias. Esto cuando casi el 40% de la población ya se encuentra trabajando en la informalidad laboral y carece de la mayor parte de los derechos laborales.

 La generalización de esta precarización laboral plantea una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y la imposición de condiciones de trabajo extenuantes y dañinas para la calidad de vida y la salud de las y los trabajadores, repercutiendo en nunca afectación generalizada de la población que extienda la tasa de mortalidad entre los trabajadores sometidos a estas condiciones. 

 Los trabajadores informales –o los “formales” sin derechos- mueren más rápido porque sobre ellos recaen procesos productivos sin control alguno, devastadores para los cuerpos y la salud, a cambio de un ingreso económico insuficiente que siquiera alcanza para revertir o atender médicamente las consecuencias directas de dicha explotación. Además de implicar una peor calidad de vida para las familias de estos trabajadores, con una peor alimentación y condiciones de vida, que afectan de conjunto a la población. 

 La lucha contra la reforma laboral de Milei y las patronales es una pelea por la vida de las y los trabajadores, para evitar un retroceso civilizatorio que destruya las condiciones de vida actuales, que siquiera alcanzan los las metas y necesidades de la población trabajadora. 

 Marcelo Mache

Milei le regala nuestros datos personales a las empresas tecnológicas norteamericanas

El acuerdo comercial anunciado entre Estados Unidos y Argentina incluye transferencia de información para que diversas compañías hagan negocios.

 Un acuerdo que viola la privacidad de las personas.

 Entre los puntos del acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos figura la “transferencia transfronteriza de datos”: datos web e información sensible como datos médicos, financieros, corporativos y personales en general. Se trata de un intento por beneficiar a grandes tecnológicas como Amazon, Google, Meta y Microsoft. 

 Los pormenores del tópico relacionado con la transferencia de datos no se conocen; lo mismo ocurre con el resto de los aspectos del acuerdo, que también permitirían un mayor dominio del capital norteamericano en la economía nacional. Aún así, se sabe que el objetivo sería “favorecer el tráfico comercial” y permitir “la circulación sin trabas regulatorias de bases de datos de clientes, operaciones comerciales y datos personales” (Clarín, 7/11).

 El movimiento de datos (cookies, historiales de búsqueda, algoritmos) beneficiaría a grandes tecnológicas como Amazon, Meta, Google y Microsoft. Argentina, además, reconocería como “válidas bajo su ley” a aquellas compañías que son válidas bajo la ley de Estados Unidos. El gobierno de Milei se comprometió a “abstenerse de discriminar” los servicios o productos digitales estadounidenses. 

 Valiéndose de los datos, las empresas pueden confeccionar el perfil online de una persona y perfeccionar su red de publicidad y negocios varios con anuncios segmentados. Las tecnológicas generan ingresos principalmente a través de la venta de productos (Amazon, Microsoft) y de la publicidad (Meta, Google), dos rubros relacionados. Por ejemplo, gracias a la publicidad, Google facturó 307.394 millones de dólares, un 9% más que en 2022; y Meta, 134.908 millones, un 16% más (Infobae, 1/2/2024). 

 Muchas veces, los ingresos son obtenidos en un contexto de vulneración de la privacidad. En 2021, los reguladores europeos impusieron una multa récord de 746 millones de euros a Amazon por violaciones a la protección de datos personales. La empresa de Jeff Bezos habría utilizado, con el objetivo de obtener ventajas, su acceso a datos de compañías que venden productos en su plataforma.

 En Francia, además de Amazon, Google enfrentó multas de 100 millones de euros por colocar cookies publicitarias sin el consentimiento de las personas. En 2018, Facebook traficó datos de sus usuarios con más de 150 empresas, entre ellas Apple, Amazon, Microsoft, Netflix y Spotify, a cambio de información más detallada sobre sus usuarios (en base a su interacción con esas plataformas). 

 A esto se suman las movidas turbias que habilitaría dicha política. Estados Unidos no tiene una norma federal regulatoria de datos, por lo que estos pueden ser robados con mayor facilidad. Esto involucra datos personales (nombres, direcciones, números de teléfono, etcétera), datos financieros (información bancaria, números de tarjetas de crédito, historial de transacciones, etcétera), datos de salud (expedientes médicos, resultados de pruebas, información de seguros de salud, etcétera), entre otros –como los vinculados a las corporaciones. 

 Se trata de un fenómeno que en Argentina adquirió dimensiones importantes. En 2023, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) recibió 35.447 reportes; inició 353 investigaciones preliminares y llevó adelante más de 800 asistencias a fiscalías en casos de estafas con billeteras virtuales, usurpación de identidad y fraude en línea, entre otras (Clarín, 2/8/2024). 

 En general, los datos son comercializados por brókers. Se introducen en foros y sitios de la dark web, o en Telegram; y se utilizan para hacer fraude, phishing (estafas mediante correos electrónicos apócrifos) y distintas movidas espurias (por ejemplo, realizar compras no autorizadas mediante tarjetas de crédito). Las credenciales de acceso a información financiera suelen ser utilizadas por grupos criminales. 

 Relevamientos privados detectaron que se filtraron 4,2 millones de credenciales en la deep web. En 2024, un cibercriminal publicó millones de licencias de conducir en un foro e incluso las puso en venta en Telegram, siendo una de las mayores filtraciones producidas en Argentina; en el foro, llamado Breach Forums, había carpetas con bases de datos de personas, incluso de extranjeros que residen en Argentina y de personal de la Armada. 

 También suelen filtrarse datos de filiación política, en momentos en que recrudece la persecución contra activistas y opositores tanto en Argentina como en Estados Unidos. En el primer caso puede verse en la arremetida judicial de Milei y Bullrich contra las organizaciones piqueteras y en el segundo en la deportación y los ataques de Trump contra los activistas pro Palestina. 

 Tanto la transferencia de datos a Estados Unidos y sus empresas como el resto de los puntos incluidos en el acuerdo anunciado implicarían una profundización del sometimiento del país a la mayor potencia imperialista del mundo, con el agravante de una violación a la privacidad de las personas cuyos datos podrían ser puestos al servicio de la obtención de ganancias de importantes grupos capitalistas y hasta de clanes criminales. 

 El Partido Obrero luchará contra la entrega del país en todos los terrenos. 

 Nazareno Suozzi

A partir del veredicto de un Jurado Popular condenan a perpetua a la familia Sena

El juicio por el asesinato, descuartizamiento y desaparición del cuerpo de Cecilia Strzyzowski, en Chaco, ha culminado con una sentencia de culpabilidad para la familia Sena y la condena a cadena perpetua, luego de 13 audiencias, por parte de un Jurado Popular. César Sena fue condenado por el delito de femicidio, doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios; y Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, empleados de los Sena, por el delito de encubrimiento agravado. El Jurado Popular extendió sus deliberaciones por presuntas diferencias. La defensa de Emerenciano reclamó que fuera enjuiciado por encubrimiento y no por femicidio, como ha sido caratulado por la Justicia. 

 Cecilia fue asesinada de una manera brutal por César Sena. Su cuerpo fue quemado en una chanchería de la familia de tal manera que en los restos no pudieran identificar el ADN. Sin embargo, no actuó sólo. Participaron, sin lugar a dudas, los padres, de acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio. La familia Sena procuró que el caso quede impune. La familia de Cecilia sufrió amenazas cuando encabezaba las marchas por su aparición, se les impidió el acceso a la causa durante los primeros días e incluso se apretó a testigos. El casamiento entre César y Cecilia, ocultado a los padres del primero, motivó un divorcio express, y luego el crimen. Hay que suponer, dada la fortuna acumulada por la familia Sena, un intento de preservar la propiedad, contra una mujer que no comulgaba con sus acciones políticas ni financieras. 

 Las movilizaciones de la madre de Cecilia adquirieron de inmediato un carácter político, al que se asoció la oposición al exgobernador kirchnerista Jorge Capitanich, que fue denunciado por sus vínculos con quienes reivindicaban la condición de movimiento social. La crisis desatada por un caso caratulado enseguida como femicidio le costó las elecciones provinciales a Capitanich. En las elecciones a gobernador, que tuvieron lugar en setiembre de ese año, ganó el radicalismo provincial en primera vuelta después de 16 años de gobiernos peronistas. En las elecciones de medio término triunfó una alianza de la UCR con LLA. Los Sena fueron detenidos y encarcelados de inmediato y no prosperó ninguno de los recursos para que asistan al juicio en libertad.

 Es altamente probable que los condenados procuren apelar esta sentencia terminante, con la expectativa de un cambio político en la provincia. Aún en este caso, sin embargo, la condena sería ratificada en las instancias últimas. 

 Política Obrera 

16/11/2025

Gabriel Solano: ¿Acuerdo comercial o pacto colonial?

Chipi Castillo: “Es abrumador cómo el informe de las maniobras de $Libra desmienten al Presidente”

Un “acuerdo marco” que aprieta más de lo que abarca

La guerra internacional en América Latina y la crisis del “plan reservas”. 

 El Acuerdo Marco que dio a conocer el gobierno de Trump con Argentina tiene todas las características de un tratado semicolonial. “Argentina va a ofrecer acceso preferencial al mercado a los productos de exportación de Estados Unidos", destaca el Financial Times. El comercio preferencial hace referencia a los mercados reservados para determinadas potencias imperialistas. Es un acuerdo desbalanceado -dice el operador financiero Martín Redrado- que cede posiciones de mercado en 12 de los 16 puntos transados. Algo parecido observa el diario británico, para el cual 12 posiciones favorecen a Estados Unidos, tres benefician a ambos países y sólo uno es conveniente para Argentina. Argentina, añade, abrirá su mercado al ganado en pie, vehículos a motor y autopartes, medicinas y maquinarias. Promueve cambios en la propiedad intelectual y el patentamiento farmacéutico, y la localización de cadenas de producción o valor entre ambos países. Argentina sale beneficiada en cuanto a exportación de carnes, en momentos de suba de precios de los alimentos en el mercado norteamericano. Es un arma de guerra comercial, asimismo, contra Australia y Canadá, fuertes exportadores de carnes premiun a Estados Unidos. La Cámara de Comercio Americana en Argentina adelanta más imposiciones, que seguramente serán establecidas en el texto dispositivo final. Reclama, por caso, que el uso de los glaciares para minería a cielo abierto quede en manos de las provincias y que se abran licitaciones de rutas al capital internacional; en definitiva, a las compras y gastos del Estado. Los tres rubros más importantes de la exportación de Argentina a Estados Unidos (acero, aluminio, biodiesel) sufren aranceles altos o con ingreso interdicto. 

 La preferencia comercial, sin embargo, es un arma, por sobre todo, contra diversos acuerdos de comercio con Argentina, como el reciente, de libre comercio, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), o el que se viene discutiendo desde hace dos décadas con la Unión Europea. El golpe más fuerte lo recibe el Mercosur, que tiene aranceles externos comunes en sus cuatro miembros. Para superar este conflicto, dice el Cronista, “Necesitábamos 50 posiciones más (del arancel externo del Mercosur) que (se) lograría (finalmente) con el apoyo de Brasil”. El Mercosur resignó aranceles proteccionistas para que Argentina pudiera someterse a los propósitos de Howard Lutnick, el secretario de Comercio norteamericano, y Trump. Lula, el paraguayo Peña y el uruguayo Orsi cedieron con facilidad porque ellos mismos quieren ‘pacificar’ la ofensiva comercial y financiera del imperialismo mandamás. 

 El núcleo de este Acuerdo, del cual sólo se conocen los objetivos y procedimientos, pero no sus disposiciones contractuales, es la guerra comercial y financiera internacional desatada, al menos en su fase más agresiva, por el segundo gobierno de Trump. La principal potencia económica del mundo ha sido desplazada del comercio internacional de la industria por China. Tiene un superávit comercial con el resto del mundo del orden de 1,5 billones de dólares (y de 250.000 millones con Estados Unidos). En cuanto a Argentina, el superávit comercial de China es de alrededor de los 6.000 millones de dólares. “Los galpones que se están importando prácticamente llave en mano desde China, describe Jairo Straccia en el Cronista (14/11), son solo una punta del iceberg de la creciente amenaza de la importación del gigante asiático para la industria”. “Desde los proveedores del sector del petróleo y gas hasta la construcción de viviendas y el turismo están en guardia por la creciente competencia mucho más barata de las manufacturas que llegan cada vez más de Oriente”. Es evidente, en estas condiciones, que el Acuerdo Macro de Trump y Caputo no tiene posibilidad de abrirse camino si no es por medio de una guerra despiadada contra el régimen de Pekín: esta es la ‘razón’ de la inminente guerra piloto contra Venezuela.

 “El ‘dólar Bessent’” (26/9), sin embargo, ha servido de gran incentivo, paradojalmente, a las importaciones de Asia. Ya, de entrada, China goza de la ventaja de un acero un 30 % más barato a nivel internacional, en un marco de elevada superproducción. La otra paradoja es que el proyecto RIGI (cero impuestos externos e internos a las inversiones superiores a 200 millones de dólares) no sólo es una ganga para los inversores de China, sino de cualquier otra inversión, por la posibilidad de importar equipos y materiales a menor precio. La exportación a Argentina creció 77 % en el año. Galpones llave en mano, proveedores al sector petróleo, construcción de viviendas, el RIGI favorece importación de bienes de capital. Costo del acero para China: se traen máquinas de China un 70 % más baratas. “Todos los dólares que lleguen terminarán en el embudo chino”. De aquí se desprenden dos conclusiones: el acuerdo Trump no favorece la llamada “inserción internacional” de la economía argentina, sino que la perjudica; además obligará a Argentina a adoptar medidas proteccionistas, no para la industria nacional, sino para ajustarse al nuevo carácter preferencial que tendrá la importación norteamericana. El texto del Acuerdo Marco abunda, precisamente, en un indeterminado número de restricciones contra la competencia de China, que violan, por supuesto, el régimen de comercio internacional (aún) vigente. Este Acuerdo “nace a partir de una profunda y necesaria re-configuración de las cadenas internacionales de valor”, escribe una columnista de Perfil; es parte de una guerra comercial internacional, que acompaña necesariamente la preparación y el desarrollo de la presente guerra mundial en el campo militar. La imposición del capitalismo en China había partido como una gran cadena de producción internacional que explotaba sus recursos y fuerza de trabajo baratas (Foxcom-Apple) y abría el (nuevo) mercado de China a la inversión extranjera. Ese proceso, que sirvió para producir una caída enorme en el valor de la fuerza de trabajo en el resto del mundo (y un proceso deflacionario generalizado) se ha agotado relativamente como consecuencia de nuevas cadenas de producción, bajo el control del Estado chino y la iniciativa de una clase capitalista asociada. A ellas apuntan las inversiones que se reclaman para el litio y el oro y el uranio o el cobre, para las que se reclaman infraestructuras pagadas por el Estado, o sea, los contribuyentes. El Acuerdo de marras no es una iniciativa ‘libertaria’, sino una imposición del imperialismo norteamericano para anexar a Argentina a una guerra de alcance económico, social, político y militar. Este escenario no es la simiente de un período de estabilidad, sino de lo contrario: de conflictos colosales. La parte del león de las cadenas internacionales de valor son apropiadas por el capital financiero que realiza el producto en los mercados mundiales. 

 Parecería lógico asociar la firma del Acuerdo a una extorsión de parte del gobierno de Trump por su “asistencia” a un default inminente de Argentina. Las negociaciones para arribar a este Acuerdo han llevado más de un año y tampoco han concluido. El abismo al default tampoco es reciente, sino que ha circunvalado al régimen liberticida desde un comienzo de su mandato. El default y el Acuerdo están enlazados como una cadena. Un columnista (Cronista, 17/11) asocia el Acuerdo y la política financiera de Caputo para concluir que el régimen de tipo de cambio en Argentina ha iniciado un período de transformación “acelerado”, que pasará de la restricción a una abundancia inédita de divisas. La minería, el petróleo, el comercio digital, convertirían a la economía ‘nostrana’ en superavitaria, que florecería con un dólar más barato. Es lo que los textos de las facultades denominan la “enfermedad holandesa”, porque el efecto de una moneda nacional cara podría llevar al mercado interno a una depresión. Para el mencionado columnista, por el contrario, serviría para “eliminar al capital prebendario” (subsidiado) y sustituirlo por uno robusto. Estamos ante una observación que sorprende, cuando Estados Unidos, la UE -y no digamos China- se encuentran en una fase de gran intervención estatal y subsidios para enfrentar la competencia internacional, especialmente en las nuevas tecnologías y los proyectos de rearme militar. Por otro lado, las sucesivas crisis severas que ha atravesado Argentina desde la de 1824 (en especial las de 1880, 1890, 1930, dos guerras mundiales, y el derrumbe de 2007/9) la han llevado también a una mayor intervención estatal y a una mayor reglamentación económica, con crisis financieras cada vez más acentuadas. 

 Lo cierto, de todos modos, es que el ‘éxito’ del Acuerdo y la política financiera de Caputo dependen ahora de dos ‘rescates’: el primero es que EE. UU. active un ‘swap’ de 20.000 millones de dólares, que no sería en la divisa norteamericana, sino en una moneda escritural: los Derechos Especiales de Giro que asigna el FMI a sus miembros, cuya circulación está limitada a ellos mismos. El segundo, que un “pool” de bancos internacionales organice un préstamo para que Argentina pueda recomprar la deuda externa, de modo de hacer subir su cotización y reducir, de ese modo, la tasa de riesgo del conjunto de la deuda. Caputo se encuentra empeñado en acumular reservas por medio de créditos, para rifarlas de inmediato al sostenimiento de un tipo de cambio insostenible.

 Que los swaps sean reservas es cuestionable, en todo caso no son de libre disponibilidad, ni son dólares en efectivo. En cuanto a un préstamo para recomprar deuda, los bancos no pueden otorgarlo “sin algún apoyo de Washington”, clarifica The Wall Street Journal (13/11). Los riesgos de estas operaciones, dice, son inusualmente elevados. En caso de que el peso se desvalorice, algo que es necesario, el Tesoro se quedará con activos (pesos argentinos) que han perdido valor”. Un crédito del Tesoro tendría preferencia de cobro sobre los préstamos del FMI y de los bancos. Se necesitaría un respaldo financiero excepcional para una operación riesgosa. Caputo y Milei se han lanzado a otro gran endeudamiento del Tesoro, luego de haberle cargado las deudas del Banco Central, por el equivalente a 80.000 millones de dólares, entre ex Leliqs y parte de los adelantos transitorios dejados por el ‘populismo’. Una deuda que carga con ajustes al Presupuesto nacional. 

 La salida del intríngulis para el impasse que provoca un nuevo recurso al endeudamiento sería una previa devaluación del peso y el libre cambio de la moneda, a fin de que el swap no se desvalorice después de activado, ni ocurra lo mismo con las colaterales o garantías de los créditos bancarios. Es la salida que promueven numerosos economistas y varios fondos internacionales, incluso a sabiendas de que provocaría un recrudecimiento de la inflación y de la crisis social. Las opciones, sobre las bases del régimen actual, serían una crisis deflacionaria o una inflacionaria, ambas potencialmente explosivas. No son ni una ni la otra, es el régimen social y político mismo. En este escenario, se levanta el fantasma que acosa a Caputo, pero que sobrevuela el mundo desde hace unos pocos doscientos años, a veces en forma subyacente y otras muy activa: “el comunismo”. Perseguido, reprimido, difamado, derrotado, siempre de pie. 

 Jorge Altamira 

 17/11/2025

El ´libremercadista´ Galperín se queja de las desregulaciones

El empresario Marcos Galperín, titular de Mercado Libre, se radicó en Uruguay solo para no pagar impuestos. Instalado allí, se caracteriza por militar en contra de la intervención del Estado y las regulaciones, especialmente en lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo.

 Es el hombre más rico del país, con un patrimonio personal de 8.300 millones de dólares. Su empresa, Mercado Libre, informó ingresos netos por 7.400 millones de dólares para el tercer trimestre del año, lo que representa un incremento interanual del 39 %. (Infobae, 12/11). Este desempeño marcó el 27° trimestre consecutivo con crecimiento interanual superior al 30 % (Ídem). Sus ganancias se ven abultadas por beneficios impositivos por 50 millones de dólares y de seguridad social (aportes) por otros 17 millones. En este sentido, ha recibido un 52 % más de beneficios que en 2024 (Ídem). 

 La libertad de mercado no solo es un caballito de batalla, sino que como plataforma online de compra y venta fomenta y permite la desregulación generalizada y la economía en negro. Permite vender productos sin regulaciones, a precios de dumping. Así y todo, no le alcanza. Ahora está preocupado por la competencia de las plataformas de venta chinas y, paradójicamente, le reclama regulaciones al Estado en contra del “libre mercado”. 

 Su presidente para Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó que el Estado frene el avance de las plataformas chinas Shein y Temu, a las que acusa de "competencia desleal" por vender productos más baratos. Para colmo de hipocresía lo hizo en nombre del “trabajo argentino”, luego de haberse cansado de defender la competitividad y mientras es punta de lanza de la precarización laboral. Mercado Libre no solo contrata a través de tercerizadas, sino que el grueso de sus empleados es despedido pasados los 6 (seis) meses de contrato. 

 Además, cuenta con un sindicato a medida, la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga que conduce Daniel Vila, al cual están afiliados los más de 2.000 trabajadores de los centros de distribución, en el Mercado Central y en Tres de Febrero. Para Mercado Libre, este sindicato también creó un convenio a medida que habilita el banco de horas y las vacaciones fragmentadas. 

 Son varios los sindicatos que están en disputa por la afiliación de los trabajadores. Camioneros reclama por los de logística. La bancaria, por los vinculados al sector financiero. Galperín no necesita de la reforma laboral porque ya la aplica de hecho. 

 Las proclamas por regulaciones de De la Serna se dan justo cuando el gobierno de Milei se apresta a imponer una reforma tributaria aún más regresiva en contra de los trabajadores y a favor de los capitalistas. 

 Cualquier argumento vale en pos de maximizar ganancias a costa del sudor ajeno. 

 Aldana González 

 17/11/2025

TRUMP bajo fuego: de las derrotas electorales al caso EPSTEIN + elecciones CHILE | Red Internacional

Charla-debate: ¿Cómo enfrentamos a la derecha? // Gabriel Solano y Martín Mosquera

La reforma tributaria elimina el monotributo… para que paguen más los precarizados

A los capitalistas les reduce el pago de aportes patronales, a costa de la seguridad social.

 Junto con los planes de imponer una reforma laboral antiobrera, el gobierno nacional avanza en la confección de una reforma tributaria, que implicaría una mayor carga impositiva para los trabajadores, con impuestos confiscatorios como Ganancias y el pasaje forzado de monotributistas al régimen de “autónomos”, y reducción de las cargas patronales para los capitalistas, desfinanciando el Pami, las jubilaciones y las obras sociales. El gobierno “liberal” vuelve a mostrar la hilacha, demostrando que solo quieren eliminar las “cargas fiscales” de los capitalistas, trasladándoselas al conjunto de los trabajadores. 

 En los planes del proyecto que estaría trabajando el gobierno se prevé la eliminación del monotributo –en crecimiento como resultado de las medidas de precarización y fraude laboral alentadas por el gobierno y las patronales- y la incorporación de todos los monotributistas al régimen de autónomos.

 La medida busca elevar la carga fiscal de millones de trabajadores, quienes actualmente pagan la escala mínima o más baja del monotributo como resultado, en gran parte, de una relación laboral no reconocida por las patronales (contratos basura, empleo en plataformas, prestaciones de obra y de servicios, etc.), haciéndose cargo los trabajadores de una carga fiscal que no les corresponde. 

 De esta forma, no solo se pasaría del monotributo, cuya categoría más baja plantea una erogación de alrededor $40.000 (con aporte jubilatorio y de obra social), al régimen autónomo, sino que también se elevaría el piso fiscal de este último, partiendo de los $100.000 por mes como mínimo: una confiscación a gran escala contra los trabajadores. Mientras que las categorías más altas –con mayor poder adquisitivo y empresarios encubiertos- reducirían su techo de $700.000 a $500.000. Además, quienes superen los $3.000.000 pagarán también IVA. Todo una regresión adicional de un sistema ya regresivo. 

 Respecto al Impuesto a las Ganancias sobre la cuarta categoría, por el cual Milei había afirmado que se cortaría una mano antes que reinstalar un nuevo impuesto para luego restablecer el impuesto al salario con la mentira de que sería “transitorio”, ahora el ministro de Economía Luis Caputo no solo busca revalidar su continuidad sino extenderlo a un mayor umbral de trabajadores, bajando el mínimo no imponible de actuales $2.843.180 (para un trabajador soltero) a $1.700.000. 

 Entre las reformas más graves, mal denominadas “impositivas”, y en unión con el espíritu esclavista de la reforma laboral antiobrera, el gobierno busca rebajar las contribuciones patronales para las empresas que incorporen personal, reduciendo los aportes del 25,5% al 17% y los aportes de los trabajadores del 17% al 13%. Esto último es presentado engañosamente ya que no implica ninguna mejora salarial, sino que las patronales –que actúan como agentes de retención- descuentan toda rebaja de los salarios. 

 De implementarse estas medidas tendríamos un vaciamiento del Pami, la Anses y las obras sociales, ya que las contribuciones patronales no implican impuesto alguno, sino que son fondos con destinos específicos a la seguridad social y previsional de los trabajadores. 

 El gobierno perfila una reforma tributaria en favor de los capitalistas, con beneficios y exenciones patronales, donde la carga impositiva del Estado es trasladada casi por completo al bolsillo de los trabajadores, quienes pagan todo tipo de impuestos regresivos y deformados (IVA, Ganancias, monotributo, Ingresos Brutos, impuestos a la vivienda, etc.). Los “libertarios antiimpuestos” son una farsa total: solo quieren libertad para los capitalistas y opresión para los trabajadores.

 Debemos derrotar toda esta ofensiva patronal con la movilización independiente, impulsada con un programa contra la confiscación de Milei y compañía, con la eliminación del impuesto al salario, la supresión de todos los impuestos regresivos como el IVA y los que gravan la vivienda única, el restablecimiento de los aportes patronales a niveles previos a la reforma menemista y la defensa del régimen previsional y de seguridad social, con jubilaciones que cubran la Canasta del Jubilado y acceso real a la salud, y un impuesto real a las grandes fortunas de los capitalistas. 

 Marcelo Mache

La explosión de Ezeiza fue una catástrofe anunciada, denuncia un exoperario de Logischem

“Es una logística donde hay depósitos de químicos tóxicos, corrosivos e inflamables en galpones”

 Las imágenes catastróficas del incendio devastador de Carlos Spegazzini no hacen más que confirmar que en la barbarie del capitalismo en decadencia la salud y la vida de los trabajadores no valen absolutamente nada. Lo único que impidió la pérdida de decenas o tal vez centenares de vidas obreras fue que el desastre se produjo un viernes por la noche, cuando prácticamente no había compañeros trabajando. Aún habiéndose producido en esas circunstancias, la explosión provocó heridas a casi 30 trabajadores. 

 Un exclarkista de Logischem, la empresa de logística que se incendió y provocó luego la explosión, contó a Prensa Obrera que la encargada de capacitar a los operarios en Seguridad e Higiene les decía que “si explota esta logística no hay forma de salir y se van a incendiar varias cuadras a la redonda”, tal como sucedió ayer. “Es una logística donde hay depósitos de químicos tóxicos, corrosivos e inflamables separados en galpones: tenés alimenticio, tóxico, inflamable, corrosivos. También todo tipo de ácido”, completó en una descripción contundente de la desidia impune con las que las patronales manejan la cuestión de la seguridad obrera. 

 La responsabilidad patronal es total. El Parque Industrial que se encuentra enfrente de Logischem, cruzando la Autopista Ezeiza-Cañuelas, es administrado por Alberdi Desarrollos, una empresa que pertenece al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, de estrechos vínculos con la familia Granados que gobierna el distrito. No por casualidad el municipio de Ezeiza que dirige Gastón Granados emitió un comunicado para afirmar que Logischem “cuenta con planos aprobados y habilitación vigente”. 

 Por su parte, ni el gobierno liberfacho de Milei ni el gobierno provincial peronista de Kicillof han hecho declaración alguna acerca de las indudables responsabilidades patronales, que se extienden a Rapallini como administrador del Polo Industrial. 

 El Polo Industrial está ubicado entre Tristán Suárez y Spegazzini sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas, y rodeado de fábricas como Flamia, Sinteplast, Guaymallén y Molino Cañuelas, en las que trabajan más de 1.500 obreros. En Molinos Cañuelas, ubicada a casi un kilómetro de Logischem y donde trabajan 500 empleados en turnos sucesivos, la explosión derribó varias paredes, produjo daños gravísimos en los vestuarios y provocó heridas a varios compañeros, entre ellos una fractura a uno que debió ser operado. De haber ocurrido en horario laboral las consecuencias para la vida y la salud de quienes trabajan en las fábricas más cercanas a Logischem hubiesen sido mucho peores. 

 También fue alcanzada por el fuego una planta de Iron Mountain, la empresa de almacenamiento de documentos en cuya planta de CABA se produjo el incendio intencional en el que murieron diez bomberos en 2014; lo que alimenta una de las probables hipótesis acerca de las causas de la explosión. Las plantas también cercanas de Larroca Minera, Almacén de Frío y Aditivos Alimentarios fueron directamente arrasadas, y los casi 400 bomberos que luchan incansablemente desde la noche contra el fuego se están concentrando en impedir que el incendio alcance las instalaciones de la metalúrgica Flamia, en la que se concentran importantes stocks de materias primas inflamables. 

 Aunque el esfuerzo mal pago de los bomberos parece haber logrado circunscribir el fuego y evitar que se siga expandiendo, las consecuencias para la salud de la población de Spegazzini, Suárez, Máximo Paz e incluso de Virrey del Pino en La Matanza, donde vive la población trabajadora que alimenta con su trabajo productivo las ganancias de Logischem y de las demás empresas, son motivo de una enorme preocupación. 

 La sensación de abandono estatal ante la catástrofe, de bronca frente a la complicidad con la impunidad de las patronales y de miedo a que se vuelva a repetir o incluso a que pudiera producirse una tragedia mucho peor, teniendo en cuenta la gran cantidad de empresas que en la zona trabajan con material tóxico e inflamable, recorre indignada los barrios de una punta a la otra.

 Luis Brunetto

La participación de la Armada argentina en el Comando Sur contra Venezuela

Metido de lleno en su campaña de alineamiento sin condiciones, el gobierno de Milei ordenó llevar apoyo naval a la flota del Comando Sur que estos días azota a las barcazas que navegan el Mar Caribe para preparar una acción militar contra Venezuela. El jefe de la Armada, Carlos Alievi, se negó, aduciendo que el buque solicitado no está en condiciones. La orden desde Casa Rosada había ordenado que un destructor argentino que participa de la Misión Unitas -ejercicios de colaboración multinacionales- se una a la flota norteamericana. 

 El destructor sólo tiene un cañón de 40 mm, pero no cuenta con misiles antiaéreos para su defensa, ni misiles Exocet buque-buque, ni torpedos de a bordo, ni cargas de profundidad. El riesgo que implica llevar un buque en estas condiciones a una zona de conflicto amenazaba con crear una crisis política en la Armada.

 Luis Petri, de salida del Ministerio de Defensa porque debe asumir una banca, dejó pasar el regreso del buque a Puerto Belgrano. Sin embargo, el grueso de la bronca de los Milei fue contra el jefe de la Armada, quien parece que también está de salida. La negativa del Almirante se debe, además de a la obsolescencia del Destructor, a la ilegalidad que comportaría esta acción no autorizada por el Congreso. 

 El planteo de asociar el destructor argentino a la flota norteamericana no habría sido una ocurrencia solitaria de Milei, sino un pedido expreso de la Casa Blanca, que Milei ha desmentido. En este caso, Milei habría sido más papista que el Papa, adelantando la política de asociación bélica con el imperialismo norteamericano. Es solo cuestión de tiempo para que Argentina participe activamente en la agresión militar del Pentágono contra Venezuela. Es lo que está haciendo Trinidad y Tobago. México colabora indirectamente interceptando embarcaciones sospechosas en aguas internacionales cercanas a su país . El único antecedente argentino de una participación militar de este tipo se remonta a principios de los 90, cuando Menem sumó a Argentina a la coalición internacional liderada por George Bush en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, aportando dos buques de guerras pertrechados con misiles. 

 La Operación Lanza del Sur 

Esto sucede mientras Estados Unidos anuncia la “Operación Lanza del Sur”, una misión encabezada por el Comando Sur y la “Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur” con la excusa de combatir al narcotráfico en América Latina. 

 Los argumentos de Trump a favor de estas operaciones fueron esgrimidos en un memorándum presentado al Congreso, y pasan por aducir que los narcotraficantes representan una amenaza inminente para los estadounidenses; los califica como “combatientes enemigos” que se encuentran en un “conflicto armado”. La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia también opina en este sentido. 

 Sin embargo, según indicó este jueves la CNN, el Pentágono puso sobre la mesa de Trump opciones para ejecutar operaciones militares dentro de Venezuela. 

 Milei está pronto a ser partícipe de este ataque contra Venezuela, que pondría a América Latina en un nuevo escenario territorial de la guerra imperialista internacional. En este contexto, podría justificar un conflicto con China en el marco de la guerra económica desatada por Trump. 

 Aldana González 

 16/11/2025

Acuerdan barrer con los glaciares

Milei y los gobernadores del PJ, UCR, Provincias Unidas y los pulpos mineros, "todos unidos triunfaremos". Luego del triunfo electoral, Milei ha decidido, una vez que se constituya el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, convocar a dos sesiones extraordinarias. En la agenda pretende, en diciembre, hacer aprobar el presupuesto 2026 y posteriormente, en febrero, las denominadas reformas estructurales, léase reforma laboral, reforma tributaria y reforma previsional. Dentro de este paquete pretende introducir un proyecto dirigido a modificar la ley de Glaciares, cuyo contenido estaba incluido en la llamada Ley Bases, pero que por diversos cuestionamientos que emergieron en aquel entonces, por parte de las organizaciones ambientalistas y sectores científicos, ese capítulo de la ley se retiró del debate. 

 En este último periodo tomaron estado público distintos pronunciamientos y reclamos orientados a modificar la Ley de Glaciares por parte de las empresas mineras y de los gobernadores de las provincias andinas. 

 El presidente de la CAEN (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Roberto Cacciola, enfatizó que “El tema de los glaciares tenemos que resolverlo ya”. “Hay una ley de glaciares que no protege glaciares, protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo”. Según explicó, la actual redacción normativa “puede interrumpir la posibilidad de que un proyecto se desarrolle”, generando incertidumbre jurídica que frena las inversiones. “Si eso no se clarifica, nadie va a poner la plata en Argentina”, remarcó. 

 Cacciola recordó que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció al respecto, y sostuvo que “esto no es un tema judicial, es un tema político”. “Provincia y Nación se tienen que poner de acuerdo”, insistió. “La Nación tiene que delegar determinadas atribuciones a las provincias, y eso es fundamental para que haya una mayor autonomía en las decisiones”. 

 A su vez, desde la Cámara Minera de San Juan, su presidente Iván Grgic puntualizó a El Tiempo de San Juan que la industria “no cuestiona la protección de los glaciares, sino la falta de precisión técnica de la norma”, y reclamó definiciones científicas sobre periglaciar, permafrost y los límites de protección. 

 Durante la conferencia de prensa organizada por LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, el vicepresidente de Lithium Argentina, Ignacio Celorrio, fue contundente: “Lo primero que surge es la imprecisión. Nadie va a comprometer inversiones de magnitud sin saber qué es un glaciar, qué es ambiente periglacial o cuál es su alcance”.

 En paralelo, en la cumbre LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, marcó el tono de la discusión regional. Sostuvo que los minerales críticos representan una oportunidad histórica, pero que el potencial geológico del país sólo se convertirá en riqueza si existe una gobernanza coordinada entre las provincias andinas. 

 La funcionaria enfatizó que las inversiones mineras se planifican a treinta o cincuenta años, por lo que los marcos regulatorios deben ser sólidos, previsibles y coherentes en todo el territorio. Su mensaje fue leído como un respaldo político explícito a la modificación de la Ley de Glaciares para que se ajuste a estándares modernos y, a la vez, respete la jurisdicción provincial. 

 En paralelo, el gobernador de San Juan, Orrego, y el de Jujuy, Sadir, plantearon en la Mesa del Cobre que sesiono en Mendoza, que cada provincia tenga la potestad de reglamentar la ley de Glaciares de acuerdo a su realidad geográfica y los proyectos mineros.

 Ni corto ni perezoso, Milei señaló, aludiendo al futuro proyecto de ley, que “los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales”. 

 Milei ha visto una oportunidad política servida en bandeja para avanzar en un acuerdo con los gobernadores de las provincias mineras comprometiéndolas a que aseguren el quorum en las sesiones extraordinarias e incluso que apoyen las iniciativas parlamentarias del gobierno. Varios de los gobernadores ya anticiparon su respaldo a la reforma laboral. 

 La estrategia, en este sentido, le serviría al gobierno para fisurar cuatro espacios distintos: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y las fuerzas provinciales no alineadas. Raúl Jalil (Catamarca) sigue siendo parte de Unión por la Patria; Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene su afiliación radical pese a su acuerdo con LLA en su provincia; Carlos Sadir (Jujuy) pertenece a la UCR, pero juega dentro de Provincias Unidas; Gustavo Sáenz (Salta) es un peronista independiente; y Marcelo Orrego (San Juan) conserva un bloque propio con identidad provincial. 

 El glaciar -las grandes masas de hielo visibles- está protegido por ley, al igual que los cuerpos menores, cubiertos o mezclados con roca, que conforman el ambiente periglacial. La ley actual impide realizar allí actividades industriales. Las reformas que se analizan reducirían las zonas protegidas, lo que despierta el rechazo de organizaciones ambientalistas y buena parte de la comunidad científica. 

 Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, todo indica que el eje será una nueva definición del área periglacial. 

 El texto original de la Ley Bases incluía una modificación de la Ley de Glaciares (26.639): buscaba habilitar la actividad económica en el ambiente periglacial, bajo control ambiental, y revertir lo que calificaba como “un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”. 

 El proyecto reducía el alcance de la protección actual: limitaba la categoría de glaciar a formaciones sólidas por más de dos años, de al menos una hectárea y con una “función hídrica efectiva y relevante”. 

 Las provincias reclaman, además, que la autoridad de aplicación sea local. Argumentan que la Constitución Nacional les otorga la potestad sobre los recursos naturales, mientras que la ley nacional fija los presupuestos mínimos ambientales. Esa superposición, nunca resuelta del todo, mantiene paralizadas las inversiones: las empresas no saben si la aprobación de un proyecto depende de la Nación o de las provincias. 

 En el gobierno aún no han decidido cómo van a instrumentar los cambios. Por un lado, un sector es partidario de modificar con un decreto la ley vigente para ampliar la actividad económica en áreas periglaciares, y que luego las legislaturas provinciales tomen ese decreto y lo hagan propio. Pero otros sectores plantean y es el que se va a imponer si finalmente se arriba a un acuerdo con las provincias, enviar una ley modificatoria, pues consideran que es “muchísimo más conveniente” para blindar jurídicamente a los proyectos con una ley nacional del Congreso que deje en claro todo.

 En contraposición, la Organización Metereológica Mundial (World Meteorological Organization) entregó su último informe en el que destaca otra vez que los glaciares son indicadores sensibles del cambio climático y están retrocediendo a nivel mundial debido al aumento de las temperaturas. 

 Se trata de uno de los informes más relevantes a nivel mundial en los que a través del monitoreo de los glaciares se proporcionan datos importantes para las estrategias de adaptación y mitigación del clima. 

 A raíz de lo que está pasando la OMM decidió que el 2025 sea el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, en razón de que son muy pocos países y regiones que toman en serio el cambio climático. De allí que la OMM y la UNESCO lideren los esfuerzos mundiales para la preservación de los glaciares. 

 Ya el informe da cuenta que el “Estado del clima global 2023 mostró que una vez más se batieron récords, y en algunos casos se pulverizaron, en cuanto a los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas superficiales, el calor y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, la capa de hielo marino antártico y el retroceso de los glaciares. 

 Las olas de calor, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales y los ciclones tropicales que se intensificaron rápidamente causaron miseria y caos, alterando la vida cotidiana de millones de personas e infligiendo miles de millones de dólares en pérdidas económicas.”

 La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con la UNESCO, está liderando los esfuerzos para el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares 2025 (AIGP 2025). 

 Esta iniciativa, establecida por la resolución A/RES/77/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) , adoptada en diciembre de 2022 durante la 77.ª AGNU, también designa el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares, a partir de 2025. 

 La OMM y la UNESCO sostienen que pretenden crear conciencia sobre el papel vital que desempeñan los glaciares, la nieve y el hielo en el sistema climático y el ciclo hidrológico, así como sobre los efectos de largo alcance del rápido derretimiento de los glaciares.

 “Ha llegado el momento de actuar. Si queremos un planeta más seguro, es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad común, una responsabilidad global”, dijo Celeste Saulo, secretaria general de la OMM en un informe que tuvo acceso Minería & Desarrollo. 

 En ese campo es vital para la industria minera mundial el monitoreo de todas esas geoformas, conocer su evolución y su protección para aquellos lugares en donde es significativo el aporte a las cuencas. Se trata de estudios que deben robustecerse en forma permanente con información en terreno”. 

 Pero esto es pedirle peras al olmo. La industria minera mundial se ha caracterizado en todo el planeta por derribar todos los obstáculos, incluso a los propios gobiernos, en aras de la explotación de los recursos y las máximas ganancias. No va a ser la excepción lo que va a ocurrir en nuestro país si se impone el actual curso político. 

 Lo que está planteado es impulsar asambleas, encuentros, pronunciamientos, mesas debates y movilizaciones populares para impedir que se consume este nuevo atropello al medio ambiente y la vida humana. 

 Daniel Blanco

 16/11/2025

Pérsico llama a no enfrentar la reforma laboral de Milei

El dirigente del Movimiento Evita miente al decir que dicha medida va a afectar únicamente a una minoría de los trabajadores. 

 En una entrevista en Radio con Vos, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, avaló la reforma laboral antiobrera que busca implementar Milei. “El 50% de los trabajadores no está registrado, incluso el 75% no tiene plenos derechos, lo que quiere decir que los que tienen derechos son una minoría del 25% o incluso menos… ¿por qué preocuparnos por la minoría de la clase trabajadora?”, sostuvo. Es un llamado a los trabajadores precarizados y desocupados y a las organizaciones sociales a dejarla pasar.

 En primer lugar, lo que dijo Pérsico es falso: la tasa de informalidad se ubicó en un 43,2% durante el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Muchos trabajadores informales son monotributistas que serán afectados por la reforma tributaria propuesta por el gobierno, que barre con el monotributo; pues si se aprueba millones tendrían que pagar mucho más dinero por su inclusión en el régimen de autónomos –lo que alentaría la informalidad. Si a esto se suma que se les pretende reducir las contribuciones a los capitalistas, el resultado es un desfinanciamiento masivo de la Anses, el Pami y las obras sociales. 

 Es decir, la aplicación de la reforma laboral afectaría a más de la mitad de la clase obrera. Por otro lado, contra lo que afirma Pérsico, también representaría un golpe contra el sector que se encuentra laborando bajo un régimen de informalidad. O sea que a Pérsico no le importan ni los trabajadores registrados ni los no registrados.

 La reforma laboral que el gobierno de Milei buscará aprobar en el Congreso incluye jornadas de trabajo de 12 horas, la eliminación y/o el abaratamiento de las indemnizaciones por despido, fraccionamiento de las vacaciones, convenios por empresa en desmedro de la negociación por industria, supresión de las asambleas, ataques contra el derecho a huelga, entre otras medidas reaccionarias. Un retroceso hacia el siglo XIX en nombre del “blanqueo” de trabajadores y de la “creación de empleo”. Ahora bien, ¿por qué dicha reforma no afectaría solo a una “minoría” de la clase trabajadora, como sostiene Pérsico? 

 Porque implicaría la legalización de las formas precarizantes del trabajo. Si tiene lugar tal “blanqueo” o creación de empleo, los informales no gozarían de ninguno de esos derechos. Con la reforma, los capitalistas quieren avanzar en una degradación general de las condiciones de trabajo y de los salarios. Tampoco constituye una política para combatir el desempleo: si se implementara, muchos trabajadores pasarían a realizar jornadas de hasta 12 horas de trabajo, es decir, que la oferta de empleo se reduciría fuertemente, y, además, las patronales tendrían más facilidades para avanzar en despidos. 

 En Argentina, bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, se aplicaron reformas laborales de este tipo que terminaron por producir desocupación masiva y tasas altísimas de trabajo no registrado. En ese marco tuvo lugar precisamente el surgimiento del movimiento piquetero, que se convirtió en un factor de lucha clave contra los despidos y en reclamo de la apertura de puestos de trabajo, así como también en el Argentinazo que volteó al gobierno de La Alianza. Ni siquiera la Ley Bases de Milei, que trajo consigo la eliminación de las indemnizaciones ante la nula o deficiente registración laboral, produjo una mejora: la tasa de informalidad mencionada anteriormente es la más alta desde 2008. 

 El Partido Obrero y el Polo Obrero, en cambio, están embarcados en una campaña para explicarles a los trabajadores y a la juventud por qué es necesario rechazar la reforma laboral, impulsando la organización y la lucha en los lugares de trabajo y de estudio. Nos separa una frontera de clase. Unidad de ocupados y desocupados para derrotar el plan de Milei y los capitalistas.

 Nazareno Suozzi

La fuga de capitales se va a acelerar con el acuerdo colonial con Estados Unidos

Los capitales yanquis son los principales agentes del saqueo del país.

 El acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca supone una mayor penetración de los capitales estadounidenses en sectores estratégicos de la economía argentina. Lo anterior es presentado por el gobierno de Milei como una carta de salvación para el país, cuando Estados Unidos ya ejerce un dominio económico y financiero sobre nuestro territorio, lo cual, lejos de traer prosperidad, ha redundado en un enorme saqueo. 

 Dicho acuerdo es lisa y llanamente un pacto colonial, que, entre otros puntos, establece que "Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos", remarcando el especial interés que tiene Washington en explotar las denominadas "tierras raras" que posee nuestro suelo y apropiarse de materias primas clave para la industria tecnológica, automotriz y militar. Ahora bien, la llegada de esas inversiones no supone una vía de desarrollo para el país sino una mayor rapiña de las riquezas nacionales a manos del capital imperialista.

 En Argentina no quedan ni las divisas provenientes de las exportaciones, que se van por el sumidero de la fuga de capitales. Sin ir más lejos, según un informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía, desde que asumió La Libertad Avanza, el superávit comercial de bienes y servicios fue de U$S 40.021 millones; no obstante, en ese mismo período, se fugaron U$S 45.883 millones. El desangre correspondió a U$S 17.246 millones destinados al pago de intereses de deuda pública (fundamentalmente al FMI), a U$S 2.157 millones dirigidos al pago de intereses de deuda privada, a U$S 1.446 millones de salida neta de inversión extranjera directa y a U$S 29.982 millones drenados mediante otros mecanismos de fuga (que proliferaron tras la eliminación del cepo cambiario para personas humanas). 

 Como vemos, las multinacionales -en su mayoría estadounidenses- que monopolizan el comercio exterior local, y lucran con la exportación de nuestros bienes comunes, participan de la sangría descripta a fin de repatriar sus ganancias. Incluso, el acuerdo bilateral supone una mayor transferencia de divisas desde Argentina hacia Estados Unidos por la vía de las importaciones, no solo porque encierra una política aperturista para las mercancías provenientes del Norte, sino que además, las principales empresas importadoras radicadas en suelo criollo son norteamericanas, las cuales extenderán sus prácticas de autopréstamos y sobrefacturación de importaciones para desplumar aún más al Banco Central.

 Otra parte del drenaje corre por cuenta del capital financiero internacional -donde también Estados Unidos detenta una posición hegemónica- mediante el cobro de los intereses usurarios que reporta la deuda externa argentina. A su vez, los dólares fugados regresan al país bajo la forma de nuevos préstamos, que, a su turno, financian la salida de capitales; perpetuando así el ciclo del saqueo, mientras somos los trabajadores quienes pagamos los costos del endeudamiento y la bancarrota.

 Finalmente, el último rescate del FMI tuvo como destino fondear las corridas subsiguientes, así como también, parte del swap con Estados Unidos se utilizó para que el Tesoro norteamericano hiciera carry-trade. Así las cosas, que crezca la influencia de las compañías yanquis sobre los rubros de exportación de nuestro país, como promete el acuerdo comercial, agravará el sometimiento de Argentina hacia el imperialismo estadounidense, acentuando la expoliación, la dependencia y el atraso de nuestra economía. 

 A este acuerdo entreguista debemos oponerle un programa de desarrollo autónomo del país, que parta del monopolio estatal bajo control obrero del comercio exterior y la banca para detener la fuga de divisas, el repudio soberano de la deuda externa fraudulenta y la ruptura con el FMI. Es el único camino para preservar el ahorro nacional y deshacernos de la injerencia imperialista sobre los destinos de Argentina. Solo un gobierno de trabajadores estará dispuesto a emprenderlo. 

 Sofía Hart

Bessent-Caputo, adónde va una relación incestuosa

Pagan un vencimiento de intereses con el FMI con la moneda ficcional del FMI. 

 Acaba de saberse que el pago de una cuota de interés al FMI, el primero de noviembre, por 680 millones de dólares, fue saldado por parte del Tesoro norteamericano (Financial Times, 13/11). Fue ejecutado por el Fondo de Estabilización Cambiaria en favor del Banco Central, mediante la transferencia de Derechos Especiales de Giro, equivalente a 870 millones de la divisa norteamericana. El FEC tiene en el activo de su balance unos 173.000 millones de dólares en DEGs. Los DEGs son una moneda escriturada del FMI, que se encuentra repartida entre sus miembros de acuerdo al porcentaje de participación en el capital del Fondo. La transferencia aparece en los balances del FEC y del Banco Central, pero ninguna de sus autoridades (tampoco del FMI) han querido informar acerca de esta operación. Los “acuerdos de confidencialidad” que amparan las transacciones financieras privadas, se han extendido a la esfera pública. Lo que ocurre en el seno de la democracia capitalista se encuentra guardada bajo siete llaves. 

 El trascendido de la trasferencia, por parte del Financial Times en la fecha de hoy, oscurece aun más la intervención pre-electoral del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios de Buenos Aires, donde habría vendido dólares a cambio de pesos por medio de las sucursales de dos bancos extranjeros – el Santander y el Morgan. Esta operación para contener la hemorragia de divisas y una fuerte devaluación del peso, aparece añadida al pago de intereses al FMI mediante un canje de monedas (“swap”) de valor desconocido. Todo sumado, el swap habría sido activado por alrededor de 3 mil millones de dólares. Los DEGs no son una moneda transaccional, dadas las restricciones que tiene impuestas. Pero pueden ser usados por los Tesoros para adquirir divisas en poder de los bancos centrales, por plazos cortos, o medianos, en caso excepcional. El pago de intereses al FMI se hizo en ‘circuito cerrado’: los DEGs fueron depositados en el Central, que los giró al FMI, o sea a los países miembros. Argentina ha quedado con una nueva deuda que, probablemente, el Central transferirá al Tesoro nacional, o sea al gasto público, a costa de prestaciones sociales y obras públicas. “Swap” o no, el Tesoro argentino ha quedado endeudado con el Tesoro norteamericano. – por primera vez. Estamos ante un caso extremo de las “relaciones carnales”, que hizo famoso el fallecido canciller de Menem, Guido Di Tella. En este caso, una relación incestuosa entre Bessent y Caputo, en medio del enorme escándalo que se ha descargado sobre Trump por el caso de prostitución de menores de edad que habría compartido con el matrimonio Epstein. 

 La relación incestuosa entre el Fondo de Estabilización Cambiaria, de Bessent, y el Banco Central de Caputo, plantea el interrogante acerca de quién pagará los vencimientos de deuda soberana en enero que viene, del orden de los 4.500 millones de dólares. Se hizo correr la versión que lo financiaría un cártel de bancos, encabezado por el JP Morgan, con el respaldo de fuertes garantías del Tesoro estadounidense y de Trump – no, por supuesto, del Banco Central de Argentina, que ha consumido por completo los ingresos del superávit comercial, los blanqueos de dinero no registrado, los nuevos préstamos del FMI y tres préstamos ‘repo’ de 6.800 millones de dólares con garantía en oro (alojados en bóvedas suizas). El FEC tiene en caja unos 30.000 millones de dólares, que quedaría vaciada si fuera usada para pagar los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2027. Pero tiene 180.000 millones de dólares en DEGs. Ámbito Financiero (7/11) cree haber descubierto una fuente alternativa a las dos mencionadas para pagar los vencimientos de bonos soberanos hasta 2027. El Tesoro norteamericano, de nuevo, estaría planeando una refinanciación de su propia deuda pública, mediante la emisión de nuevos bonos por sumas superiores a las necesarias, para dejar un saldo en “cash” del orden de los 60.000 millones de dólares, que serían utilizados para sacar del naufragio financiero a Luis Caputo – un timbero de profesión.

 El oficialismo ofrece un desapego fingido frente a esta crisis. Interpreta que la caída del riesgo de los bonos soberanos de Argentina (un desplome de más de 600 puntos en dos semanas) permitiría pagar los vencimientos por medio de operaciones corrientes de mercado. Apuesta a un “peso fuerte” para incentivar el ingreso de capitales de corto plazo con la zanahoria de altos rendimientos en moneda local y dólar devaluado, sin la necesidad de una acumulación previa de reservas; en lugar de ellas, tiene el respaldo de Bessent y del Tesoro estadounidense. Ha creado un clima de calma financiera ficticia que desplomaría las variables económicas comprometidas (inflación, tasas de interés, tipo de cambio) que se volverán a disparar a corto plazo, como ocurriera seis veces desde diciembre de 2023, dejando lucros enormes para unos y pérdidas para otros. Trump, por su lado, ha abierto un nuevo frente de conflicto con la FED (el Banco Central de USA), al cual debe venderle ahora los DEGs del FMI a cambio de dólares estadounidenses contantes y sonantes. Las operaciones de DEGs por dólares del Fondo de Estabilización del Tesoro norteamericano se realizan a través de la Reserva Federal de Nueva York. La banca central norteamericana se encuentra descentralizada en 14 regiones y es parcialmente privada. El JP Morgan, entre otros, interviene en la gestión de la deuda del Tesoro por parte de la FED. El rescate del régimen de Caputo-Milei se encuentra atrapado por numerosos intereses contradictorios. 

 El club de los economistas y casi toda la prensa financiera internacional discrepan con las fintas de Caputo y Bessent, y reclaman la “flotación del peso”, para que alcance una nueva cotización – ‘de acuerdo al mercado’. Aseguran que, de este modo, se acumularán reservas internacionales y se normalizaría el comercio interno, que con el “peso fuerte” tiene un fuerte sesgo deflacionario, importador, regulatorio e inhibidor de inversiones extranjeras a largo plazo. Caputo respondió a la cofradía de sus colegas con un eso es “comunismo” – inflación, estallido social y movilización obrera. Lo que busca, en realidad, es que se apruebe el Presupuesto 2026, con ajustes más severos, y se vote la liquidación del derecho laboral. Obtenidos estos ‘reaseguros’ dejará “flotar el peso” o, en su defecto, lo harán ‘flotar’ para devaluar.

 Argentina asiste, otra vez, a una crisis sin aditamentos, que es aquella que lleva a un estallido si se sigue por el ‘mal’ rumbo y también si se adopta el contrario. Ocurrió en julio de 1975 (rodrigazo); en febrero de 1981 (“el que compra dólares, pierde); en febrero de 1989 (la devaluación de Machinea); en 2001 (fin de la convertibilidad) – en 2008, 2014, 2018, 2021/2. Bajo el gobierno liberticida, la inflación es excepcional (dos dígitos anuales), con una depresión industrial que camina a convertirse en excepcional. 

 La camarilla financiera levanta el espectro del comunismo, sólo en parte como herramienta de extorsión. Con varios siglos de experiencia, sabe que el impasse y la inviabilidad del capitalismo ha sido siempre la antesala de las rebeliones populares y de la revolución social. 

 Jorge Altamira 

 13/11/2025