Mientras el mundo de la realpolitik baila al compás de los golpes de efecto pergeñados por los administradores políticos de la explotación de las personas y de la naturaleza –quién es el vicepresidente de quién, a qué tren se suben dirigentes que podrían subirse a cualquier vehículo, y lindezas así–, la economía, la sociedad y el sistema político de la Argentina parecen encaminarse hacia la tercera gran crisis desde el retorno de la democracia en 1983. La primera crisis de esta magnitud tuvo lugar en 1989 (antecedida, no lo olvidemos, por el “Rodrigazo” de 1975 y el golpe de estado de 1976), y se precipitó con un proceso hiperinflacionario que provocó saqueos y llevó a un traspaso acelerado del gobierno. Con Carlos Menem ya en el poder, tras algunas dudas y vaivenes, la estabilización económica fue obtenida por medio del plan Cavallo, en el marco de la privatización desembozada de empresas públicas, el desempleo acrecentado y la flexibilización laboral. La estabilidad monetaria (potenciada por el reciente y traumático recuerdo de la hiperinflación), la desarticulación de la oposición obrera y de las fuerzas de izquierda durante la dictadura, y la expansión del crédito al consumo, permitieron que la más radical redistribución del ingreso de los pobres hacia los ricos pudiera realizarse con apoyo electoral. El “voto cuota” –apoyar al gobierno que estableció la estabilidad para poder pagar los bienes adquiridos a crédito y gozar de las posibilidades de un cambio favorable en relación a los países vecinos– permitió que un segmento considerable de los asalariados apoyaran al neoliberalismo criollo, mientras otra parte se hundía en la más espantosa miseria. Hacia finales de los ’90, sin embargo, el modelo implementado por Cavallo hacía agua. La crisis estalló poco después, en 2001, cuando el gobierno de la Alianza gobernaba cuestionando la corrupción menemista, pero no su legado económico. Cacerolazos, piquetes, corralito, estado de sitio, un presidente que debe irse en helicóptero, varios presidentes en pocos días … caos económico, caos político.
En medio de esta crítica situación, la devaluación decretada por el presidente provisorio Eduardo Duhalde permitió relanzar el ciclo económico por medio de una fenomenal caída de los salarios reales, y con el empujón no menor de una elevación significativa del precio de los bienes agrícolas exportados por Argentina. Allí están las bases económicas de la “década ganada” kirchnerista. Sin embargo –como ocurre recurrentemente con la economía argentina debido a sus características estructurales, que jamás los políticos y economistas del establishment se atreven a discutir abiertamente– el ciclo comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Una nueva crisis se avecinaba. En ella estamos. ¿Llegará a estallar políticamente, como en 1989 y 2001? Quizá sí, quizá no. Pero las condiciones están dadas, aunque todos los actores políticos de verdadero peso, desde las cámaras empresariales a la CGT, desde Macri a Cristina, desde el PJ al PRO harán todo lo que puedan por amortiguar los efectos y evitar el estallido. Pero no será sencillo ni seguro que lo logren.
...
¿Cómo tomaron las crisis precedentes a la izquierda argentina?
En 1989 –aniquiladas las izquierdas armadas setentistas antes y durante la dictadura– otras fuerzas revolucionarias que habían sido menos relevantes en las décadas pasadas lograron tomar cierto relevo, con alguna incidencia en la esfera sindical (aunque no tanto a nivel de los estratos dirigentes). Sin embargo, su influencia alcanzaba un segmento muy minoritario no sólo de la población total, sino incluso de la clase trabajadora. En medio de la crisis, Izquierda Unida –alianza entre el trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido Comunista (PC)– tuvo electoralmente lo que podría ser considerado una buena perfomance, catapultando a Luis Zamora como el primer diputado trotskista de América. Pero la izquierda operaba en los márgenes de la vida política. Entre tanto, las medidas tomadas por Menem generaron grandes resistencias populares, y la izquierda, sobre todo el MAS y el Partido Obrero (PO) participaron fuertemente en las mismas. Pero antes o después esas luchas fueron derrotadas. Por entonces la fuerza más dinámica de aquellos años, el MAS, atrapada en la disyuntiva (bien expuesta por Horacio Tarcus) entre ser una “secta grande” o un “partido chico”, se sumergió en una crisis vertiginosa que lo llevó a un verdadero estallido. Mientras los ladrillos del muro de Berlín golpeaban por igual a la izquierda stalinista y antistalinista, ninguna fuerza socialista, a nivel mundial, pudo capitalizar las revoluciones de Europa oriental. El neo-liberalismo se impuso sin atenuantes a escala mundial. La izquierda argentina no pudo escapar a la situación general de retroceso. El impacto de la desacreditación ignominiosa de la que era la única experiencia de economía industrial no capitalista todavía no ha sido debidamente calibrado.
Hacia finales de los noventa, con todo, el neoliberalismo mostraba que su capacidad para relanzar el crecimiento económico y elevar la tasa de ganancias era limitada. Sus enormes costes sociales, además, habían generado resistencias y protestas en todos lados. En Argentina la crisis estalló en 2001. Por entonces, las dos fuerzas que integraron la alianza Izquierda Unida se habían reducido a su mínima expresión. El PC era una sombra de lo que había sido, en tanto que el antiguo MAS se había dividido en varios fragmentos, la suma de los cuales tenía una cantidad de militantes y una influencia de masas menor que el antiguo tronco común. Entre tanto, otras dos fuerzas de origen trotskista habían crecido significativamente: el PO y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS, surgido de una escisión del MAS en 1988). Pero, en paralelo, una pléyade de organizaciones sociales, fuertemente vinculadas al naciente movimiento piquetero, había dado lugar a una pujante izquierda independiente que cuestionaba las estrategias trotskistas y el sectarismo imputado a esta tradición, al tiempo que propiciaban una forma de construcción política menos vertical y más autonomista. De todos modos, la suma de la izquierda trotskista y de la nueva izquierda no agrupaba más que a un pequeño sector militante y una estrechísima franja electoral. La crisis del 2001 encontró a la sumamente dividida izquierda completamente incapaz no ya de ofrecer una alternativa de masas, sino incluso de experimentar una influencia creciente, notoria y sostenida en el tiempo. Como era de prever, de la crisis se salió corriendo en dirección de la cultura política más fuerte del país: el peronismo.
...
La estabilización alcanzada por el kirchnerismo impactó de manera desigual en las fuerzas de izquierda. En condiciones objetivas en las que era y es muy dificultoso conciliar una política con influencia de masas capaz de inscribirse claramente en un horizonte revolucionario, la llamada izquierda independiente se escindió entre quienes continuaron reivindicando una fuerte autonomía respecto del estado, y quienes propugnaron un acercamiento a un gobierno “progresista”. El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) –posiblemente la fuerza más dinámica de la “izquierda independiente”– se escindió en medio de una fuerte crisis. La izquierda partidaria, acostumbrada a la minoridad política, pudo resistir mejor la cooptación estatal y sostener las históricas banderas, sin perder peso e influencia. En 2011, la reforma de la ley electoral y la introducción de las PASO llevó a los partidos trotskistas más grandes del momento (PTS, PO y una organización proveniente del viejo MAS: Izquierda Socialista) a constituir un frente electoral, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que, contra lo que muchos esperaban, ha logrado continuidad en el tiempo e incluso se ha ampliado, con la reciente incorporación del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). La conformación de una fuerza de izquierda unitaria consiguió, desde el principio, sumar los votos de las diferentes fuerzas que la integraban y aglutinar a una parte de votantes ideológicamente de izquierda que anteriormente, decepcionados por la fragmentación del espacio, culminaban votando a alguna fuerza de centroizquierda con posibilidades electorales, votando en blanco o no yendo a votar como “castigo” a la falta de unidad. La conformación del FIT permitió la concentración del voto “ideológico” y, a partir de este núcleo, influir en otros segmentos sociales e incluso incrementar su volumen electoral.
...
La coyuntura actual, pues, encuentra una izquierda con una unificación electoral superior a la de cualquier momento pasado, y con mayor representación parlamentaria. El peso de las fuerzas trotskistas es claramente dominante. Sin embargo, aunque el volumen de votos obtenidos por el FIT no es despreciable (más de un millón en las pasadas elecciones), en términos relativos apenas roza el cinco por ciento del total, aunque muy desigualmente repartido en términos geográficos. La unidad conseguida y mantenida en el plano electoral, por lo demás, no se ha trasladado a otros campos. Característicamente, el FIT casi nunca ha logrado frentes o listas unitarias en los sindicatos. Con un historial tan plagado de rupturas, que el FIT haya logrado una continuidad de ocho años no es un dato menor, incluso cuando no siempre las razones de la unidad hayan sido las mejores.
De todos modos, la influencia electoral de la izquierda es todavía demasiado minoritaria, en tanto que su influencia social y sindical (más difícil de medir) puede ser considerable en el plano de las luchas y las movilizaciones, pero escueta en términos numéricos globales. Pero la volatilidad política que suele caracterizar a las crisis puede abrir un amplio espacio para el crecimiento de fuerzas antisistema. Con un elemento adicional no menor: en Argentina no existen fuerzas “antisistema” de derecha, como sucede en Europa. El descontento radical debería canalizarse hacia la izquierda, si la misma conserva su unidad y mantiene su perfil intransigente. Aunque el poder estatal se halla utópicamente lejano de la izquierda argentina, una política revolucionaria desarrollada con inteligencia podría crear, en los próximos años, un escenario en el que la izquierda “roja”, antisistema, posea una presencia electoral, sindical y social minoritaria, pero ya no marginal; y, a partir de esas bases, comenzar a pensar seriamente en el asalto al poder y la revolución social.
...
Aunque realista, este posible escenario futuro de la izquierda en argentina se halla rodeado de amenazas. Una de ellas son las ansias prematuras de poder, que se pueden manifestar de dos maneras diferentes: ya sea por medio de una moderación del perfil político en pos de amplias coaliciones (lo que casi ineludiblemente disolvería los impulsos radicales, comprimiendo el horizonte de lo posible a lo “factible” sin alterar la naturaleza del sistema); ya sea (lo que es mucho más probable) por excesos sectarios estableciendo líneas de demarcación acaso justificables en los momentos decisivos, pero totalmente nocivas al confundir el momento de acumulación de fuerzas con instancias insurreccionales o cosas así.
La importancia concedida al partido como sujeto de la revolución ha permitido al trotskismo una prolongada y geográficamente extendida presencia –bien que en los márgenes de la vida política– en circunstancias muy adversas para las opciones revolucionarias. Mientras la socialdemocracia devenía neoliberalismo puro y duro, los antiguos Partidos Comunistas y sus satélites tendían a ocupar el lugar del reformismo aguado y sistémico abandonado por la socialdemocracia, y mientras muchos antiguos guerrilleros (de los que no fueron masacrados en los ’70) devenían burócratas; el trotskismo se mantuvo como una fuerza organizada (bien que fragmentada) con aspiración revolucionaria. Su pervivencia merece alguna explicación, dado que otras corrientes políticas coetáneas, en modo alguno desprovistas de dirigentes reconocidos, sólida elaboración intelectual e influencia de masas no han corrido la misma suerte: hoy en día prácticamente no existen organizaciones políticas que se reivindiquen luxemburguistas, consejistas o austro-marxistas, por poner algunos ejemplos destacables. Todas estas tradiciones, sólidamente afincadas en la clase obrera como sujeto de transformación, tuvieron grandes dificultades cuando la clase trabajadora adoptó posturas de acomodación al sistema, abandonó el espíritu insurgente y redujo a un mínimo la participación política. Cuando las masas obreras, sujeto imputado de la revolución, se sumieron en un prolongado período de pasividad, todas estas corrientes mostraron dificultades para sostener la organización militante. El trotskismo, con su característica acentuación del partido (herencia leninista por antonomasia) logró sobrevivir como fuerza mínimamente organizada. Sin embargo, la propia preponderancia concedida al partido (baza fuerte en momentos en que las masas no son revolucionarias), muchas veces ha actuado como un obstáculo para que las organizaciones trotskistas valoren adecuadamente la importancia de la construcción de organizaciones democráticas de masas: el peso concedido a la construcción partidaria ha tendido a la desvalorización de la construcción de organizaciones sociales reivindicativas amplias, al interior de las cuales los trotskistas suelen actuar de manera sectaria o puramente instrumental.
…
¿Es el sectarismo un elemento constitutivo e inerradicable de la tradición trotskista, como sugiere el viejo chiste que reza que todo trosko es divisible por dos? ¿O ha sido más bien el precio a pagar por no ceder a los encantos del reformismo y la acomodación? Consolidado como fuerza dominante dentro de la izquierda, el trotskismo en Argentina enfrenta el desafío de dar una respuesta en favor de la segunda opción. En la medida en que el FIT logre trasladar su unidad electoral a la acción conjunta y coordinada al interior de las organizaciones de masas (sindicatos, etc.), la izquierda argentina podría estar a las puertas de un salto político, consolidando un segmento social minoritario pero numeroso relativamente inmune a los cantos de las sirenas reformistas del sistema, que mantiene en alto las banderas de la revolución socialista combinando acción y representación parlamentaria con acciones callejeras y organización popular. Una plataforma social sobre la que puedan retomarse –y desarrollarse– los viejos debates estratégicos ante una audiencia participativa y relativamente numerosa. Porque una masiva politización teórica y práctica es un prerrequisito ineludible de cualquier revolución deseable y posible. Pero, todo hay que decirlo, el panorama en este terreno se presenta sombrío: las organizaciones sindicales agrupan apenas una minoría de los trabajadores activos, y en casi todos los casos poseen estructuras y conducciones burocráticas deleznables. El movimiento feminista posee más brío y gran capacidad de movilización, pero sus estructuras militantes son todavía débiles y fragmentarias. Los estudiantes son una incógnita. Los encantos de la política vía redes sociales no deberían obliterar que no es posible una transformación política radical sin sólidos compromisos personales y extensas y perdurables organizaciones.
La imposibilidad –hasta el momento– de trasladar los acuerdos electorales a los frentes sindicales habla a las claras de la precariedad y el carácter limitado de la unidad conseguida por el FIT: nada puede darse por seguro. En la hora actual, mientras el PTS ha hecho un atendible llamado a conformar un partido unificado de la izquierda, el PO se halla a ojos vista en una dura crisis interna, e incluso la ampliación del FIT como frente electoral se topa con obstáculos (en concreto, ni Autodeterminación y Libertad ni el Nuevo MAS se han incorporado al frente, como hubiera sido de desear).
Un partido revolucionario unificado es, ciertamente, un horizonte deseable. Pero sería un error forzar los tiempos. La crisis en curso amplía las posibilidades políticas, pero la izquierda argentina tiene todavía un largo camino por recorrer, antes de aspirar a ser una fuerza con capacidad para ejercer algún liderazgo. Quizá el mejor remedio contra las tentaciones sectarias, en el camino de una necesaria unificación política, sea el compromiso con la construcción de organizaciones o frentes de masas que funcionen por medio de asambleas de base, al interior de las cuales las diferentes fuerzas políticas podrán pujar democráticamente por convencer a la mayoría. Sería una buena idea apostar a la construcción por abajo, antes que a los acuerdos de cúpula (como ha sido norma en la trayectoria del FIT), atrayendo a la actividad política cotidiana a amplios sectores sociales que no forman parte de la militancia orgánica de cada partido. Si hubiera voluntad, seria factible constituir frentes u organizaciones de base en los diferentes sectores sociales (sindicales, estudiantiles, etc.) y tener también expresión electoral (por ejemplo por medio de “comités de base del FIT”). Quien conozca los viejos debates podría catalogarlo como un frente único desde las bases. Si frentes de este tenor tuvieran existencia real y sostenida, entonces, muy probablemente, en un futuro no tan lejano el loable sueño de un partido unificado sea la consumación institucional de una práctica política revolucionaria de base preexistente.
...
Entre tanto, una izquierda con pretensiones, en el siglo XXI, debe tener el coraje y la capacidad de extraer todas la enseñanzas posibles (sin caer en simplificaciones bienpensantes) del inapelable fracaso de los intentos socialistas del siglo XX, así como la responsabilidad de elaborar proyectos viables de sistemas políticos y económicos socialistas. Aunque la izquierda intelectual ha producido al respecto una bibliografía en modo alguno despreciable (pero casi siempre sin mayor vinculación con organizaciones políticas o acciones de masas), la izquierda políticamente organizada ha permanecido más bien muda, e incluso sorda. Para revertir esta situación resulta indispensable un mayor compromiso militante de parte de los intelectuales, y un mayor respeto por la especificidad de la elaboración intelectual de parte de las organizaciones políticas. Luego de lustros en los que la producción intelectual partidaria era de muy baja calidad (falta de actualización bibliográfica, recurso sistemático al criterio de autoridad, poca voluntad de diálogo, incapacidad para comprender “en sus propios términos” las teorías rivales o ajenas, etc.), en los últimos años han aparecido obras de calidad como Estrategia socialista y arte militar, de Emilio Albamonte y Matias Maiello, o Hegemonía y lucha de clases, de Juan Dal Maso. Se comparta o no sus análisis, son textos de una categoría muy superior a la de anteriores producciones de militantes de la misma organización o de otras fuerzas partidarias locales. Por lo demás, en los últimos años se puede apreciar en Argentina una significativa producción académica marxista: libros como Marxismo inquieto, de Julia Espósito; ¿Alguien dijo crisis del marxismo?, de Santiago Roggerone; Marxistas y liberales, de Fernando Lizárraga; o los estudios económicos (con diferente perspectiva) de Rolando Astarita y Claudio Katz, entre otros, nutren esta pléyade. La posibilidad de restablecer un círculo virtuoso entre producción intelectual y praxis militante luego de décadas de desencuentros, está planteada. Queda por ver si se hace realidad.
Ariel Petruccelli
Ideas de Izquierda
Ariel Petruccelli, historiador de la Universidad Nacional del Comahue
miércoles, 26 de junio de 2019
Irán: el recule de Trump y los tambores de guerra
No a la intervención imperialista
Trump anunció este lunes nuevas sanciones económicas contra Irán, tras un abortado ataque militar contra la nación persa que fue el colofón de una serie de incidentes en la zona, entre ellos los atentados contra buques mercantes cerca del Golfo Pérsico, los ciberataques contra objetivos militares y de inteligencia iraní y el envío de nuevas tropas yanquis a la región. Las cosas se venían calentando: Trump incorporó este año a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de grupos terroristas y reforzó las sanciones económicas (prohibición de compra del petróleo iraní, sanciones a la industria petroquímica), en tanto que Irán anunció que en pocos días superará los límites de enriquecimiento de uranio (y en unas semanas más, de agua pesada) establecidos en los acuerdos de Viena. En el medio, fracasó una mediación japonesa.
El imperialismo yanqui es responsable de esta escalada debido a sus provocaciones constantes en la región, donde tiene apostados decenas de miles de soldados (15 mil en Kuwait, 10 mil en Qatar, 9 mil en Irak, 7 mil en Bahrein y 5 mil en los Emiratos, según un informe de Resumen Medio Oriente del 30/1/18). Sobre el ataque a los buques, se apresuró en señalar a Irán sin ningún tipo de evidencia.
El recule de Trump en la agresión militar, cuyo pretexto era el derribo de un dron espía que invadió el territorio iraní, es expresivo de las vacilaciones, divisiones e inclusive las improvisaciones que caracterizan al gobierno yanqui en su política exterior. El propio magnate norteamericano ya había expresado públicamente sus dudas con la política de dos de sus halcones, el asesor de seguridad John Bolton y el canciller Mike Pompeo, proclives a un ataque militar.
Trump ha tratado de resolver esta tensión aumentando las sanciones y planteando, al mismo tiempo, que “todas las opciones están sobre la mesa”, al estilo de lo que suele decir sobre Venezuela.
Que sí, que no…
Las vacilaciones en el gobierno norteamericano traducen las dificultades que el imperialismo yanqui ha encontrado en el último período. En Afganistán se encuentra empantanado y en el conflicto sirio ha perdido influencia. En el caso de Venezuela, ha resultado un blef el patrocinio del golpista Juan Guaidó, quien protagonizó dos sublevaciones frustradas y tiene dos alfiles enredados en un escándalo de corrupción por la malversación de la ayuda extranjera para financiar a la disidencia militar. También en el terreno de la guerra comercial se topa el gobierno con todo tipo de obstáculos y disensiones internas.
Trump se retiró de los acuerdos firmados por Obama en 2015, suscriptos también por europeos, rusos y chinos, que habían establecido un límite en la carrera nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.
Detrás de la reinstauración de dichas sanciones, que implicaron un golpe a las inversiones europeas, y de la bravata belicista, Trump busca arrancar mayores concesiones de Irán respecto a su proyecto misilístico y que detenga el apoyo a Hezbollah, la milicia chiíta que juega un rol clave en Siria. Las monarquías del Golfo e Israel acompañan a los yanquis en este propósito. En Jerusalén se acaba de producir un cónclave Bolton-Netanyahu, que según algunos medios tenía como propósito discutir la erradicación de la ‘influencia iraní’ en la frontera sirio-israelí. Israel viene efectuando ataques, con decenas de muertos como saldo. Simultáneamente, Pompeo visitó Arabia Saudita y los Emiratos para aislar a la nación persa.
Trump está buscando un logro en política exterior que lo reposicione en el frente interno de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán equivaldría a un incendio del Medio Oriente, puesto que uniría en un mismo tablero esa confrontación con la guerra siria y probablemente la de Yemen. Y tendría un hondo impacto en el precio del petróleo. Detrás del conflicto aparecen los intereses cruzados de los yanquis, las monarquías del Golfo, el sionismo, los turcos, los rusos, los chinos y el propio régimen teocrático.
Europa y Rusia
El gobierno iraní reclama el levantamiento de las sanciones económicas como condición para sentarse a negociar. Como parte de los intentos por forzar esa negociación, hizo los anuncios de enriquecimiento de uranio. Tras la ruptura de los acuerdos de Viena, el primer ministro Hassan Rohani, que llegó al poder a través de una coalición de “moderados” y “reformistas”, se vio obligado a endurecer sus planteos. Contradictoriamente, las sanciones amplían el margen de acción de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los sectores más conservadores al interior del Estado.
Si bien las potencias europeas han rechazado las acusaciones de Trump sobre una mano iraní detrás de los ataques a los buques mercantes, y defienden el regreso a las negociaciones, también se colocan en el fondo en una línea de extorsión sobre Irán. Un editorial del diario madrileño El País (18/6) afirma que la “violación definitiva” del tratado, por referencia al traspase de los límites de enriquecimiento de uranio, “no les dejará más remedio” a los europeos que “volver a un estado anterior de sus relaciones con Teherán”. Incluso Rusia ha expresado su oposición al retome del plan nuclear.
Irán, puertas adentro
Las sanciones económicas, por lo pronto, van haciendo un trabajo de ahogo sobre el régimen de los ayatollahs y la población persa. La economía retrocedió el año pasado y se espera una contracción del 6% del PBI para 2019. Miles de fábricas han cerrado. El desempleo asciende al 27% en la juventud (según cifras extraoficiales es aún más alto). A esto se añade el brutal ajuste del régimen contra las masas (derrumbe salarial, privatizaciones, fin de los subsidios a los combustibles y alimentos, tercerización y precarización laboral). Pese al cuadro represivo, se han producido movimientos reivindicativos este año de maestros y azucareros, entre otros sectores. En enero del año pasado se produjo una revuelta. Las mujeres liberan su propia lucha contra la opresión teocrática.
Provisoriamente, Trump ha elegido acentuar las sanciones. Pero el ataque militar está en la paleta de opciones de su gobierno. Es necesario rechazar enérgicamente las sanciones y cualquier intervención imperialista en Irán. El imperialismo es el principal factor de desestabilización de la región. Dicho en otras palabras, es sinónimo de barbarie.
Gustavo Montenegro
martes, 25 de junio de 2019
El juicio por YPF, las vísperas de un nuevo pacto buitre
El Estado argentino sufrió ayer un revés en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde fue rechazado su pedido para que el juicio por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF siga su curso en nuestro país. En el proceso, Argentina ya lleva dos fallos adversos en primera y segunda instancia en la justicia neoyorquina, que prefiguran la posibilidad de una sentencia que obligue a pagar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.
La demanda remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la española Repsol, ejecutada en el año 2012. En mayo de 2014, el gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como intermediario, indemnizó a Repsol por US$8900 millones (si sumamos bonos e intereses), a pesar del enorme vaciamiento y los pasivos ambientales que el pulpo le dejó a la petrolera argentina. El reclamo actual parte originalmente del Grupo Petersen de los Eskenazi -que en aquel momento controlaba el 25% de la compañía- tras no recibir una compensación equivalente, ya que sus acciones no fueron expropiadas.
Una estafa contra el país
Toda la trama del juicio sirve para mostrar el carácter parasitario de la burguesía nacional y la completa subordinación del país a los intereses del capital imperialista.
Resulta que los Eskenazi (dueños ya del Banco de Santa Cruz) crearon en España las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma sin activos ni actividad, para adquirir el 25% de la petrolera, en lo que Néstor Kirchner impulsó como la “argentinización de YPF”. Se apropiaron de esas acciones sin poner un peso, ya que en una maniobra fraudulenta utilizaron las propias utilidades de la empresa para pagar el préstamo que recibió por parte de un consorcio bancario y de la misma Repsol, que ni siquiera le pidieron garantías para otorgárselo.
Entre los años 2008 y 2011, Repsol y los Eskenazi se repartieron en concepto de dividendos $24.193 millones (unos u$s6.000 millones), mientras que las ganancias de la compañía fueron de $16.676 millones (u$s4.000 millones). Un desfalco en regla. YPF quedó sobreendeudada con un pasivo que saltó de 3.000 a 9.000 millones de dólares, su producción de petróleo cayó 21% y la de gas un 10%, las reservas netas se desplomaron un 24% y la exploración tocó el punto más bajo de su historia.
Todo ello fue el marco de una corruptela monumental. Recientemente fueron reveladas cartas enviadas en aquellos años por el presidente de Repsol YPF, dirigidas a Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi cuando eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera, donde queda demostrado cómo les otorgaba bonificaciones millonarias extra salariales que no eran aprobadas por la asamblea de accionistas. Esta relación carnal de quienes lucraban vaciando los recursos estratégicos del país pinta de cuerpo entero la impostura de la pretendida reconstrucción de la burguesía nacional, que Kirchner se trazó como norte al asumir la presidencia. Lo que hicieron fue beneficiar a los especuladores locales y foráneos.
Finalmente, luego de la expropiación a Repsol la gestión “nacional y popular” ejecutó un naftazo total de 230% desde 2012 hasta diciembre de 2015, y procedió a la entrega de Vaca Muerta a Chevron, otorgándole concesiones leoninas para permitirle inversiones mínimas y libertad para fugar dividendos. Más tarde, generalizaría esas cláusulas a todos los pulpos petroleros con la Ley de Hidrocarburos.
Buitres
Con todo, quienes hoy tienen en vilo al Estado argentino poco tienen que ver con el Grupo Petersen. Sus empresas se declararon en quiebra y el derecho a litigar fue comprado por un estudio de abogados inglés, Burford Capital. Adquirieron el 70% de los derechos por 15 millones de dólares en 2015, y revendieron parte de ellos obteniendo una ganancia de 236%. En caso de lograr efectivamente el fallo favorable a su demanda, embolsarían hasta un 500% sobre lo “invertido”. Un negocio tan redondo sólo es comparable al rendimiento que supieron conseguir los fondos buitre en 2016, tras el pacto infame que votó el Congreso Nacional por orden de un juez de Nueva York.
El juicio contra YPF es por todo esto una estafa contra el país, en beneficio de un fondo buitre que especula con la subordinación del Estado argentino a los tribunales internacionales. Cuando Burford se embarcó en esta operación, Kicillof ya ensayaba la política de “vuelta a los mercados” pagando todas las sentencias del CIADI contra Argentina, que sumaron 1.000 millones de dólares sólo durante los últimos años de gobierno de CFK.
El dato de color es el ocultamiento de quiénes son los propietarios del otro 30% de los derechos para litigar, que se asociaron a Burford en este megajuicio. Algunos medios vaticinan un escándalo de gran impacto en el plano local en caso que la jueza a cargo de la causa resuelva una investigación a fondo, que podría sacar al descubierto cuáles son los demandantes argentinos que especulan con este nuevo desfalco al Estado.
El panorama para Argentina es más complejo que la posibilidad cierta de un fallo que obligue a pagar 3.500 millones de dólares. Con ello, se fijaría un precedente para la causa que se está iniciando por el pasivo ambiental dejado por la norteamericana Maxus, que YPF compró en los ’90. La demanda, radicada también en Estados Unidos, es por 14.000 millones de dólares. A la deuda externa impagable, se le suman así nuevos juicios impulsados por fondos buitre que embolsan ganancias siderales.
Sólo quienes planteamos la ruptura con el FMI sostenemos el rechazo a esta estafa antinacional. Los que se candidatean para pagar al Fondo son quienes mantienen la colonización de Argentina, cuyo régimen jurídico, económico y político es ubicado por debajo de un tribunal municipal de Nueva York.
Iván Hirsch
Presentación de listas: más unidad entre las iglesias y el Estado
Las listas electorales se presentaron el 22 y en todo el país se ha repetido un patrón: puja por la colocación de sectores católicos y evangélicos, raleo de caras visibles en la lucha por el aborto legal y un sin fin de maniobras que terminarán de definir el panorama terminadas las PASO.
Mientras que los medios nacionales destacan el ingreso de evangélicos a la legislatura provincial de Santa Fe de la mano de Amalia Granata, pocos recuerdan que los primeros en incorporar a un órgano legislativo de esa provincia a un pastor evangélico fueron los progres de “Ciudad Futura”. Este bloque acaba de sacar el 18% de los votos de la Ciudad de Rosario, son parte del entramado político de agrupaciones que participan de las iniciativas del Vaticano como el Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y mientras escenificaban en 2017 una lista de mujeres para un tramo en el que no tenían chances (diputados nacionales), colocaban al Pastor Evangélico Eduardo Trasante a la cabeza de los concejales de dicho espacio. En diciembre el pastor (padre de una víctima del triple crimen de Villa Moreno) fue removido por denuncias de acoso sexual.
El “caso Granata” es más conocido, ya que en las redes y notas periodísticas la progresía lo denuncia como si lo que ocurre con ella no ocurriera entre las opciones políticas que apoyan estos sectores mayoritariamente, el PJ y el kirchnerismo. Sin embargo la historia del avance evangélico viene de larga data y hunde sus raíces entre todos los espacios políticos gobernantes.
Por mencionar sólo algunos casos, el intendente kirchnerista de Hurlingham Juan Zabaletta, lleva como Secretario de Culto al evangélico Gustavo Legname, que hace poco tiempo armó una reunión en el Instituto Patria para competir con el acercamiento evangélico a Cambiemos.
Vanina Biasi
Mientras que los medios nacionales destacan el ingreso de evangélicos a la legislatura provincial de Santa Fe de la mano de Amalia Granata, pocos recuerdan que los primeros en incorporar a un órgano legislativo de esa provincia a un pastor evangélico fueron los progres de “Ciudad Futura”. Este bloque acaba de sacar el 18% de los votos de la Ciudad de Rosario, son parte del entramado político de agrupaciones que participan de las iniciativas del Vaticano como el Encuentro Mundial de Movimientos Sociales y mientras escenificaban en 2017 una lista de mujeres para un tramo en el que no tenían chances (diputados nacionales), colocaban al Pastor Evangélico Eduardo Trasante a la cabeza de los concejales de dicho espacio. En diciembre el pastor (padre de una víctima del triple crimen de Villa Moreno) fue removido por denuncias de acoso sexual.
El “caso Granata” es más conocido, ya que en las redes y notas periodísticas la progresía lo denuncia como si lo que ocurre con ella no ocurriera entre las opciones políticas que apoyan estos sectores mayoritariamente, el PJ y el kirchnerismo. Sin embargo la historia del avance evangélico viene de larga data y hunde sus raíces entre todos los espacios políticos gobernantes.
Por mencionar sólo algunos casos, el intendente kirchnerista de Hurlingham Juan Zabaletta, lleva como Secretario de Culto al evangélico Gustavo Legname, que hace poco tiempo armó una reunión en el Instituto Patria para competir con el acercamiento evangélico a Cambiemos.
Vanina Biasi
Piquetes en La Plata por un apagón que dejó a 80 mil personas sin luz desde el sábado
Fuera Edelap, apertura de los libros y control popular del servicio
Desde el sábado a la noche, por lo menos 15.000 hogares continúan sin electricidad en la zona norte de La Plata, City Bell, Villa Elisa, Villa Castels, Hernández, Arturo Seguí y Gorina. A solo 6 días del apagón histórico que afectó a todo el país, alrededor de 80 mil personas quedaron sin luz por una falla en un cable de alimentación de alta tensión que conecta la subestaciones de Tolosa y City Bell, según informó Edelap, la empresa concesionaria del servicio.
El prolongado corte generó la falta de agua en toda la zona afectada, motivo por el cual se suspendió el dictado de clases en 23 escuelas y jardines. Los vecinos denuncian aumentos especulativos de los precios de los productos esenciales como velas, agua y pilas. Para colmo, la Policía liberó la zona para que proliferen robos en casas y comercios. Indignados por esta situación mientras confiscan sus ingresos con sucesivos tarifazos, los habitantes de esas localidades organizaron piquetes en distintas alturas del Camino Centenario y el Camino General Belgrano.
Vaciamiento
El desperfecto pinta de cuerpo entero el estado del tendido eléctrico de la región. Toda la zona se abastece de un único cable subterráneo de 4km de extensión, el cual según afirmaron fuentes de la UNLP tendría unos 50 años de uso. Ante la interrupción de ese suministro, no existe ninguna vía alternativa para atender la demanda. Este retrato del vaciamiento de Edelap explica el por qué de los reiterados cortes de luz en distintas zonas, que se cansan de denunciar entre otros los médicos y trabajadores del Hospital San Martín.
La empresa había afirmado que restituiría el servicio a la totalidad de los afectados para el lunes al mediodía, pero hasta hoy siguen la mayoría de ellos sin electricidad. Resulta que los trabajos de reparación demandan días, pero afirmaban que con el alquiler de generadores se normalizaría la situación. En lugar de ello, los vecinos denuncian que la mayor parte no recibió la provisión de luz alternativa, y quienes sí fueron conectados afirman que se abastece de muy baja tensión, insuficiente para los electrodomésticos y dar arranque a los motores para tener agua. Tan escaso es el suministro que hacia la noche muchos sufrieron nuevos cortes.
Desmintiendo al gobierno, que justificaba los tarifazos aludiendo que se terminaría el vaciamiento energético, queda en evidencia que los aumentos fueron aprobados sin el menor control del estado de mantenimiento e inversión de las empresas. Macri y Vidal habilitaron la dolarización de las tarifas para ahorrarse una parte de los subsidios millonarios sin afectar el negocio de las privatizadas.
Los zares de la energía
Tanto el régimen de subsidios que aún defiende el kirchnerismo como el régimen de tarifazos permanentes apuntan en una dirección: favorecer la concentración monopólica. Edelap, al igual que las otras tres distribuidoras de electricidad que operan en el interior de la Provincia de Buenos Aires, está en manos de Rogelio Pagano, un ex ejecutivo del grupo Mindlin. Entre DESA de Pagano y Pampa de Mindlin tienen cautivo a más de un tercio de los usuarios de energía eléctrica del país.
La venta de Edelap en 2017 fue aceitada gracias a que Cammesa (organismo del Estado nacional) condonó a fines de 2016 una deuda que tenía esta empresa por 1.798 millones de pesos. Luego de habilitar la compra, OCEBA (órgano de control del Estado provincial) incrementó los subsidios que brinda a las distribuidoras de 550 millones de pesos en 2017 a más de $1.355 millones en 2019. El Estado es el principal garante de la monopolización del servicio eléctrico. Un negocio redondo a costa de los usuarios, que acumulan un 2000% de aumentos durante los últimos años.
Apertura de los libros y control popular
El intendente Julio Garro, de Cambiemos, ha salido a desmarcarse de lo sucedido, hablando de la impericia de Edelap y amenazando con pedir la cancelación del contrato de concesión. Con esta pirotecnia verbal Garro en realidad pretende ocultar su propia impericia, porque el municipio brilló por su ausencia, poniendo nuevamente de manifiesto la ausencia de todo plan de contingencia para atender cualquier situación que se presenta. Por eso la bronca que expresan los vecinos en los piquetes.
Este nuevo apagón que llega en el inicio de la campaña electoral muestra la justeza del programa que levanta el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, exigiendo la apertura de los libros contables de las privatizadas para dar con el desfalco perpetrado todos estos años, rescindir los contratos de concesión y proceder a la estatización sin pago para poner el servicio bajo control de trabajadores y usuarios.
Este programa es el único que apunta a terminar con el régimen menemista de las privatizadas de servicios. Los Fernández se limitan a una demagogia contra los tarifazos, pero defienden los subsidios a estos estafadores. Los seis precandidatos a intendente del Frente Todos en La Plata hicieron su presentación en la sede del Partido Justicialista que controla el ex intendente Pablo Bruera, principal responsable del colapso de la ciudad al entregarla al boom de la especulación inmobiliaria sin invertir en la necesaria infraestructura, factor fundamental de la saturación del tendido eléctrico. Para terminar con estos oscuros negociados, tenemos que desarrollar nuestra propia alternativa política.
Iván Hirsch y
Fer López Plá
Desde el sábado a la noche, por lo menos 15.000 hogares continúan sin electricidad en la zona norte de La Plata, City Bell, Villa Elisa, Villa Castels, Hernández, Arturo Seguí y Gorina. A solo 6 días del apagón histórico que afectó a todo el país, alrededor de 80 mil personas quedaron sin luz por una falla en un cable de alimentación de alta tensión que conecta la subestaciones de Tolosa y City Bell, según informó Edelap, la empresa concesionaria del servicio.
El prolongado corte generó la falta de agua en toda la zona afectada, motivo por el cual se suspendió el dictado de clases en 23 escuelas y jardines. Los vecinos denuncian aumentos especulativos de los precios de los productos esenciales como velas, agua y pilas. Para colmo, la Policía liberó la zona para que proliferen robos en casas y comercios. Indignados por esta situación mientras confiscan sus ingresos con sucesivos tarifazos, los habitantes de esas localidades organizaron piquetes en distintas alturas del Camino Centenario y el Camino General Belgrano.
Vaciamiento
El desperfecto pinta de cuerpo entero el estado del tendido eléctrico de la región. Toda la zona se abastece de un único cable subterráneo de 4km de extensión, el cual según afirmaron fuentes de la UNLP tendría unos 50 años de uso. Ante la interrupción de ese suministro, no existe ninguna vía alternativa para atender la demanda. Este retrato del vaciamiento de Edelap explica el por qué de los reiterados cortes de luz en distintas zonas, que se cansan de denunciar entre otros los médicos y trabajadores del Hospital San Martín.
La empresa había afirmado que restituiría el servicio a la totalidad de los afectados para el lunes al mediodía, pero hasta hoy siguen la mayoría de ellos sin electricidad. Resulta que los trabajos de reparación demandan días, pero afirmaban que con el alquiler de generadores se normalizaría la situación. En lugar de ello, los vecinos denuncian que la mayor parte no recibió la provisión de luz alternativa, y quienes sí fueron conectados afirman que se abastece de muy baja tensión, insuficiente para los electrodomésticos y dar arranque a los motores para tener agua. Tan escaso es el suministro que hacia la noche muchos sufrieron nuevos cortes.
Desmintiendo al gobierno, que justificaba los tarifazos aludiendo que se terminaría el vaciamiento energético, queda en evidencia que los aumentos fueron aprobados sin el menor control del estado de mantenimiento e inversión de las empresas. Macri y Vidal habilitaron la dolarización de las tarifas para ahorrarse una parte de los subsidios millonarios sin afectar el negocio de las privatizadas.
Los zares de la energía
Tanto el régimen de subsidios que aún defiende el kirchnerismo como el régimen de tarifazos permanentes apuntan en una dirección: favorecer la concentración monopólica. Edelap, al igual que las otras tres distribuidoras de electricidad que operan en el interior de la Provincia de Buenos Aires, está en manos de Rogelio Pagano, un ex ejecutivo del grupo Mindlin. Entre DESA de Pagano y Pampa de Mindlin tienen cautivo a más de un tercio de los usuarios de energía eléctrica del país.
La venta de Edelap en 2017 fue aceitada gracias a que Cammesa (organismo del Estado nacional) condonó a fines de 2016 una deuda que tenía esta empresa por 1.798 millones de pesos. Luego de habilitar la compra, OCEBA (órgano de control del Estado provincial) incrementó los subsidios que brinda a las distribuidoras de 550 millones de pesos en 2017 a más de $1.355 millones en 2019. El Estado es el principal garante de la monopolización del servicio eléctrico. Un negocio redondo a costa de los usuarios, que acumulan un 2000% de aumentos durante los últimos años.
Apertura de los libros y control popular
El intendente Julio Garro, de Cambiemos, ha salido a desmarcarse de lo sucedido, hablando de la impericia de Edelap y amenazando con pedir la cancelación del contrato de concesión. Con esta pirotecnia verbal Garro en realidad pretende ocultar su propia impericia, porque el municipio brilló por su ausencia, poniendo nuevamente de manifiesto la ausencia de todo plan de contingencia para atender cualquier situación que se presenta. Por eso la bronca que expresan los vecinos en los piquetes.
Este nuevo apagón que llega en el inicio de la campaña electoral muestra la justeza del programa que levanta el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, exigiendo la apertura de los libros contables de las privatizadas para dar con el desfalco perpetrado todos estos años, rescindir los contratos de concesión y proceder a la estatización sin pago para poner el servicio bajo control de trabajadores y usuarios.
Este programa es el único que apunta a terminar con el régimen menemista de las privatizadas de servicios. Los Fernández se limitan a una demagogia contra los tarifazos, pero defienden los subsidios a estos estafadores. Los seis precandidatos a intendente del Frente Todos en La Plata hicieron su presentación en la sede del Partido Justicialista que controla el ex intendente Pablo Bruera, principal responsable del colapso de la ciudad al entregarla al boom de la especulación inmobiliaria sin invertir en la necesaria infraestructura, factor fundamental de la saturación del tendido eléctrico. Para terminar con estos oscuros negociados, tenemos que desarrollar nuestra propia alternativa política.
Iván Hirsch y
Fer López Plá
Casi 71 millones de desplazados en todo el mundo por hambre, guerra y persecución
Según la ACNUR es la mayor cifrá de la historia moderna. Casi 37 mil personas por día abandonaron sus hogares, huyendo de la guerra o la violencia.
La guerra, el hambre, la represión o la violación de derechos humanos, son algunas de las principales causas que forzaron a millones de personas a migrar de sus hogares. El año pasado el desplazamiento de 2,3 millones de personas en todo el planeta llevó la suma a un total de 70,8 millones; el mayor número de la historia moderna.
La cifra fue dada a conocer por el informe anual de la ACNUR (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) difundido este miércoles, en vísperas del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora este jueves 20 de junio.
El reporte anual "Global Trends" publicado por la ACNUR incluye el número de refugiados y los solicitantes de asilo, además de los desplazados internos en todo el mundo algunos casos tras décadas viviendo lejos de su hogar.
Según la agencia de las Naciones Unidas, casi 70,8 millones de personas se vieron obligados a dejar sus casas hasta finales del año pasado, elevando la cifra que en 2017 alcanzaba unas 68,5 millones, y casi un 65% más que hace una década. Tres de cada cinco (más de 41 millones de personas) estaban desplazados dentro de su propia nación.
Además de crecer en tamaño, también ha aumentado en duración. Alrededor de cuatro quintas partes de las "situaciones de desplazamiento" han durado más de cinco años. En Siria, por ejemplo, su población siguen siendo la mayor entre personas desplazadas, con alrededor de 13 millones.
Los menores de 18 años componen la mita de la población de refugiados, en 2018, aumentando la cifra que en 2009 era de un 41 por ciento de 2009. Por los menos 138.600 menores se encuentran solos o fueron separadas de sus familias y sus hogares. Y 27.600 de estos niños pidieron asilo por su cuenta, sumándose a un total de 111.000 niños refugiados sin compañía, registrados el año pasado.
Una situación que se repite en varios países, alentada por la política antimigrantes de los gobiernos de las principales potencias. Una muestra clara ha sido la situación de los menores detenidos en los Estados Unidos. Las imágenes de menores separados de sus padres y detenidos en los centros de la patrulla fronteriza, en condiciones brutales, recorrieron el mundo mostrando la peor cara del imperialismo norteamericano.
La crisis tomó dimensiones planetarias y la respuesta de las principales potencias es redoblar la ofensiva contra los migrantes. Desde la política antiinmigratoria de Trump, la cara más brutal de las medidas antimigrantes de administraciones anteriores como la de Barack Obama, hasta el endurecimiento de medidas contra inmigrantes en Europa.
Son millones los que deben escapar de sus hogares, dejando atrás toda una vida, empujados por la miseria económica creada por la injerencia de las multinacionales y el capital financiero y las crisis y guerras donde las principales potencias internacionales intervienen directa e indirectamente.
La contracara a la brutal política de los gobiernos la muestran las movilizaciones en defensa de los inmigrantes y refugiados en Estados Unidos y varios países de Europa. En esos lugares, trabajadores, movimientos de mujeres y jóvenes se han movilizado contra los planes de austeridad y se solidarizan con los inmigrantes. Una de las últimas muestras de esa solidaridad se dio en Suiza, donde decenas de miles de mujeres se movilizaron en un día de huelga y entre sus demandas incluían la defensa de los derechos de las mujeres migrantes.
El desafío es doble enfrentar las políticas xenófobas de sus gobiernos y los planes de ajuste que buscan aplicar en favor de las grandes empresas en sus países y en el resto del mundo, la única salida para terminar con la inhumana situación a la que empuja el capitalismo.
Diego Sacchi
@sac_diego
Miércoles 19 de junio | 11:37
lunes, 24 de junio de 2019
La Argentina del FMI: trabajadores pobres, jubilados indigentes
Los últimos datos suministrados por el INDEC sobre la situación social en la Argentina muestran un panorama de retroceso sistemático en las condiciones de vida del pueblo. Con una inflación que supera ampliamente los aumentos de salarios y jubilaciones, cada vez son más los trabajadores y jubilados que son condenados a vivir por debajo de la línea de pobreza y aún de indigencia.
Según el INDEC, un hogar necesita para no caer en la pobreza un ingreso mínimo de $ 30.337 y de $ 12.086 para no caer en la indigencia. El aumento de ambos índices de referencia estuvo por delante de la inflación general del país. Esto se debe a que la inflación para la población con menos ingresos es superior al resto, por el peso que los alimentos y otros productos básicos tienen en su consumo cotidiano.
Ahora bien, con el último aumento otorgado por la ANSES la jubilación mínima quedó establecida en $ 11.528, es decir, $ 558 por debajo de la llamada línea de indigencia. Peor aún están los que reciben quienes no han logrado jubilarse, pues cobran sólo el 80% del haber mínimo. De este modo tenemos que una parte muy considerable de los jubilados (casi un 40% del total) está no ya bajo la línea de pobreza sino de indigencia. Para tomar dimensión de la situación que enfrentan vale comparar con los índices que elabora la Defensoría de la Tercera Edad, que estableció la canasta del jubilado en un monto superior a los $ 30.000 mensuales.
La situación de los jubilados no dista de la del resto de los trabajadores. Sucede que en la actualidad el salario mínimo es de $ 12.500, apenas por encima de la línea de indigencia. Pero si incluso en un hogar tiene dos ingresos, lograrían sumar $ 25.000, quedando por debajo de la línea de pobreza fijada por el INDEC en $ 30.337. La referencia del salario mínimo sigue siendo vital para los trabajadores, sobre todo para quienes están en la informalidad. Un estudio recién publicado por la UCA arroja una información que confirma los datos antes señalados: el 49.3% de los trabajadores tiene empleo informal, y cuenta con un salario promedio de $ 10.283.
A la luz de lo expuesto, queda claro que la principal causa de aumento de la pobreza y de la indigencia es la caída en picada de los salarios y de las jubilaciones. Y que las víctimas directas de ello no son los sectores “excluidos”, como suele llamarlos la centroizquierda, sino los trabajadores activos y pasivos. En síntesis, el aumento de la pobreza y la indigencia es el resultado de la superexplotación de la fuerza de trabajo para incrementar la tasa de beneficio del capital.
Llama la atención, sin embargo, que tanto las cámaras patronales como la totalidad de los bloques políticos patronales, insistan en afirmar que el problema que tiene la Argentina para la creación de empleo sea el alto costo de la fuerza de trabajo. Pero el salario mínimo está por debajo de los 300 dólares, dando lugar a un retroceso histórico incluso si se lo compara con otros países de la región. Mientras el costo de la fuerza de trabajo cae suben los costos de la patronal, sea por las tasas de interés usuarias, las tarifas dolarizadas o simplemente por una tasa de beneficio que es superior a la internacional.
Frente a esta situación los planes sociales de contingencia para contener la crisis han fracasado, al punto que no han impedido el crecimiento de la pobreza y la indigencia. La salida pasa por otro lado: reorganizar la economía en función de los intereses de los trabajadores, para asegurar un salario mínimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados. Una salida de este tipo requiere una transformación social integral, que parte de nacionalizar los resortes fundamentales de la economía, empezando por la banca, el comercio exterior y la energía, establecer el control obrero general y repudiar la deuda usuaria.
Este programa sólo es defendido por el Frente de Izquierda.
Gabriel Solano
La burocracia sindical, casi afuera de las listas
La participación de la burocracia en las listas electorales quedó muy lejos de aquel “treinta y tres por ciento” que históricamente se reservaba a la CGT en los armados del PJ. Incluso fue menor que lo conseguido en las legislativas de 2017.
Los más relegados fueron los aspirantes a figurar en las boleta de los Fernández. La Corriente Federal pretendía dos diputaciones nacionales y otras dos en la Legislatura provincial; mientras Hugo Moyano esperaba colocar, como mínimo, a dos de sus hijos (Pablo, muy necesitado de fueros, por la causa Independiente).
La visita de Alberto y Cristina Fernández a la sede de La Bancaria, días antes del cierre, fue una señal política fuerte, a favor del FreSiMoNa y las CTA; pero no resultó más que eso. Apenas se les cedieron dos posiciones: una para Facundo Moyano, en el puesto once - una concesión a su padre y a su jefe político Felipe Solá - y otra para Claudia Ormaechea (palazzista), en el catorce. En un simbólico lugar dieciocho fue María Rosa Martínez, designada por el gráfico Héctor Amichetti.
Entre otros referentes sindicales de peso quedaron afuera el canillita Omar Plaini (articulador de los principales apoyos gremiales al binomio Fernández), el metalúrgico Abel Furlán y Roberto Baradel. El resultado no fue mejor en la Ciudad, ya que no ocupó ninguno de los cuatro primeros lugares expectables; recién el sexto fue para la massista Carla Pitiot, dirigente de Apoc (Asociación del Personal de los Organismos de Control).
En Juntos por el Cambio, Ramón Ayala, de UATRE y del partido FE (sucesor del extinto Momo Venegas) llevará como candidatos a diputados nacionales al taxista José Ibarra por Salta (competirá en la PASO) y al remisero Alejandro Poli (provincia de Buenos Aires, con pocas chances de conseguir una banca). Martín Domínguez Yelpo, hijo de Daniel Domínguez, Secretario Adjunto nacional de la UTA, irá por la renovación de su banca de diputado provincial bonaerense por el macrismo.
El zorro Barrionuevo
El barrionuevismo tuvo una mejor cosecha en las listas de Consenso Federal 2030: la segunda candidata a diputada nacional por la Capital (Maia Volcovinsky, dirigente de la Unión de Empleados de la Justicia) y por la provincia de Buenos Aires, en el sexto puesto, logró ubicar a Oscar Romero, ex hombre de Pignanelli del Smata.
El propio Luis Barrionuevo y su esposa Graciela Camaño se llevaron la cabeza de dos listas a diputados nacionales en el espacio que comanda Roberto Lavagna: Catamarca y Buenos Aires.
La burocracia, al descenso
Algunos desplazados optaron por buscar ubicaciones en ligas inferiores: Plaini será candidato a primer senador bonaerense por la octava sección y en la CTA afirman haber reservado espacios legislativos en el interior del país.
El metalúrgico “Barba” Gutiérrez intentará recuperar Quilmes (previa PASO del Frente de Todos) y en Lanús competirán entre sí dos viejos rivales de ATE: Edgardo Depetri, con el apoyo de la mayoría del PJ, y Víctor De Gennaro por Unidad Popular.
Chubut adelanta
En muchos lugares la conformación final de las listas dejó un tendal de heridos políticos. En Chubut, hubo además heridos reales. El “dedo” de Cristina alteró los acuerdos previos con Camioneros, uno de los principales gremios de la provincia, y desató agresiones y destrozos en el local partidario de Rawson.
En la cabeza de la lista se impuso al camporista Santiago Igón, “muy allegado a Máximo Kirchner”, en lugar del actual diputado nacional y líder del sindicato en Chubut, Jorge Taboada. Aunque se dice que el propio Moyano apretó a Taboada para que acepte bajarse, la mojada de oreja fue para arriba; es la primera crisis seria de la sociedad de Moyano con los Fernández; como se sabe, la historia de enfrentamientos entre el camionero y CFK está todavía fresca.
La sujeción de la clase obrera, la subordinación de los reclamos en función de la acumulación electoral y, en particular, de la interna del PJ, fue un servicio de la dirigencia sindical a la burguesía que no encontró una correspondencia en una integración mayor a sus partidos. Visto de conjunto el fracaso de la burocracia sindical – en todas sus expresiones –es un golpe a los planes de contención futuros.
En contraste con las trenzas y las disputas sin principios de la burocracia, los luchadores y luchadoras que pueblan las listas del FIT-U, se unen detrás de un programa de clase: se trata de métodos y perspectivas históricas antagónicas.
Miguel Bravetti
Ya está en marcha la campaña de los candidatos obreros del FIT – PO en la Ciudad
El 29 de junio, vamos a un gran asado de presentación de las candidaturas.
Para el sábado 29 se prepara un gran asado de la Coordinadora Sindical Clasista en la Ciudad de Buenos Aires, que oficiará como un acto de presentación de los candidatos obreros del Partido Obrero-Frente de Izquierda, quienes tomarán la palabra junto al candidato a Jefe de Gobierno del FIT, Gabriel Solano.
La actividad contará también con música y entretenimientos para los niños y niñas, para que los y las trabajadores puedan disfrutar de una jornada de esparcimiento y desarrollo político.
Su orientación y la nuestra
La fórmula F-F logró reunir el apoyo de prácticamente la totalidad de las fracciones de la burocracia sindical. Alberto Fernández ya anunció que su equipo económico estará encabezado por Guillermo Nielsen, el economista que se cansó de criticar a esta gobierno por “gradualista” a la hora de avanzar con el ajuste y que reclama avanzar con las “reformas estructurales pendientes. Se refiere a la reforma laboral y la previsional, repudiadas por los trabajadores, que apuntan a dar una salida a la crisis sobre la base de incrementar la explotación sobre los trabajadores y retrotraer las condiciones laborales a principios del siglo pasado.
Detrás de esa candidatura, y en nombre de sacarse a Macri de encima cueste lo que cueste, se encolumnaron desde el centroizquierdista Hugo “Cachorro” Godoy hasta el binomio de Daer y Acuña que conduce la CGT, que han sido cómplices necesarios del ajuste de este gobierno que llevó el desempleo a dos dígitos e impuso una pérdida del poder adquisitivo a los asalariados privados del 20% en los tres años que gobierna Cambiemos.
Pero también estarán los que, agrupados en el Frente Sindical, oficiaron de oposición dentro de la CGT y que, a pesar de bregar por la candidatura presidencial de CFK, aceptaron sin chistar su capitulación ante los mercados y el FMI en favor de Alberto Fernández. Los sindicatos dirigidos por los kirchneristas también han jugado un papel de tregua frente al gobierno nacional y de divisón de las luchas, postergando una y otra vez las medidas de conjunto en nombre de “votar bien en 2019”. Así actuó la burocracia docente de Yasky y Eduardo López en UTE. Han sido pioneros en la entrega de los convenios, como es el caso de los automotrices del SMATA, los trabajadores de la televisión del SAT o los lecheros de ATILRA. Todos juntos, ahora, disputarán espacios en las listas del Frente de Todos, pasando por alto que la continuidad del acuerdo con el FMI resulta incompatible con las reivindicaciones obreras.
Bien distintas serán las candidaturas obreras de diputados y legisladores porteños que acompañarán a la fórmula del Frente de Izquierda encabezada por Nicolás del Caño y Romina Del Plá.
En la Ciudad formarán parte los dirigentes de los sindicatos que actuaron en forma consecuente en la defensa del salario, las condiciones laborales y las jubilaciones. Es el caso de Vanina Biasi, delegada general de la comisión interna no docente de Sociales UBA por varios años y ahora delegada de base, que irá como candidata a diputada por la CABA en las listas del FIT.
O de los dirigentes del sindicato docente porteño Ademys, como Jorge Adaro y Amanda Martín, y de las minorías del sindicato del Subte AGTSyP (Christian Paletti) y del gremio telefónico (Pablo Eibuszyc). Se trata de constructores de una política común para poner en pie una nueva dirección en el movimiento obrero; promotores de un paro activo de 36 horas en oposición a la tregua de la burocracia sindical y en la lucha por un Congreso de bases del movimiento obrero. En definitiva, animadores de la lucha por la organización política y sindical independiente de los trabajadores.
Un gran campo de intervención
Esos dirigentes, junto con candidatos de los trabajadores estatales, de prensa, las enfermeras que lucha por su encuadramiento como profesionales de la salud serán los oradores del asado del 29.
Es una campaña que ya se encuentra en marcha: ya se realizaron dos charlas con nuestra candidata a vicepresidenta Romina Del Plá, una con trabajadores telefónicos y otra con docentes universitarios, que reunieron entre ambas a un centenar de trabajadores. También un asado con decenas de aeronáuticos y la presencia de Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional, y una reunión de los enfermeros en lucha con Gabriel Solano, que trazaron perspectivas específicas de campaña.
Es una pauta del enorme campo político que se ha abierto para una lista de independencia de clase y de los trabajadores, ante la polarización al centro que se ha producido en todas las variantes políticas patronales, que confluyen en el sostenimiento del acuerdo con el FMI. Ya se han hecho actos en la zona de los trabajadores bancarios, recorridas en el subterráneo y hay planificadas para esta semana recorridas en el Hospital Garrahan, así como en el edificio República de los telefónicos.
Es apenas el preámbulo de una gran campaña militante y de reagrupamiento político, para que la crisis la paguen los capitalistas.
Alfonso V.
Para el sábado 29 se prepara un gran asado de la Coordinadora Sindical Clasista en la Ciudad de Buenos Aires, que oficiará como un acto de presentación de los candidatos obreros del Partido Obrero-Frente de Izquierda, quienes tomarán la palabra junto al candidato a Jefe de Gobierno del FIT, Gabriel Solano.
La actividad contará también con música y entretenimientos para los niños y niñas, para que los y las trabajadores puedan disfrutar de una jornada de esparcimiento y desarrollo político.
Su orientación y la nuestra
La fórmula F-F logró reunir el apoyo de prácticamente la totalidad de las fracciones de la burocracia sindical. Alberto Fernández ya anunció que su equipo económico estará encabezado por Guillermo Nielsen, el economista que se cansó de criticar a esta gobierno por “gradualista” a la hora de avanzar con el ajuste y que reclama avanzar con las “reformas estructurales pendientes. Se refiere a la reforma laboral y la previsional, repudiadas por los trabajadores, que apuntan a dar una salida a la crisis sobre la base de incrementar la explotación sobre los trabajadores y retrotraer las condiciones laborales a principios del siglo pasado.
Detrás de esa candidatura, y en nombre de sacarse a Macri de encima cueste lo que cueste, se encolumnaron desde el centroizquierdista Hugo “Cachorro” Godoy hasta el binomio de Daer y Acuña que conduce la CGT, que han sido cómplices necesarios del ajuste de este gobierno que llevó el desempleo a dos dígitos e impuso una pérdida del poder adquisitivo a los asalariados privados del 20% en los tres años que gobierna Cambiemos.
Pero también estarán los que, agrupados en el Frente Sindical, oficiaron de oposición dentro de la CGT y que, a pesar de bregar por la candidatura presidencial de CFK, aceptaron sin chistar su capitulación ante los mercados y el FMI en favor de Alberto Fernández. Los sindicatos dirigidos por los kirchneristas también han jugado un papel de tregua frente al gobierno nacional y de divisón de las luchas, postergando una y otra vez las medidas de conjunto en nombre de “votar bien en 2019”. Así actuó la burocracia docente de Yasky y Eduardo López en UTE. Han sido pioneros en la entrega de los convenios, como es el caso de los automotrices del SMATA, los trabajadores de la televisión del SAT o los lecheros de ATILRA. Todos juntos, ahora, disputarán espacios en las listas del Frente de Todos, pasando por alto que la continuidad del acuerdo con el FMI resulta incompatible con las reivindicaciones obreras.
Bien distintas serán las candidaturas obreras de diputados y legisladores porteños que acompañarán a la fórmula del Frente de Izquierda encabezada por Nicolás del Caño y Romina Del Plá.
En la Ciudad formarán parte los dirigentes de los sindicatos que actuaron en forma consecuente en la defensa del salario, las condiciones laborales y las jubilaciones. Es el caso de Vanina Biasi, delegada general de la comisión interna no docente de Sociales UBA por varios años y ahora delegada de base, que irá como candidata a diputada por la CABA en las listas del FIT.
O de los dirigentes del sindicato docente porteño Ademys, como Jorge Adaro y Amanda Martín, y de las minorías del sindicato del Subte AGTSyP (Christian Paletti) y del gremio telefónico (Pablo Eibuszyc). Se trata de constructores de una política común para poner en pie una nueva dirección en el movimiento obrero; promotores de un paro activo de 36 horas en oposición a la tregua de la burocracia sindical y en la lucha por un Congreso de bases del movimiento obrero. En definitiva, animadores de la lucha por la organización política y sindical independiente de los trabajadores.
Un gran campo de intervención
Esos dirigentes, junto con candidatos de los trabajadores estatales, de prensa, las enfermeras que lucha por su encuadramiento como profesionales de la salud serán los oradores del asado del 29.
Es una campaña que ya se encuentra en marcha: ya se realizaron dos charlas con nuestra candidata a vicepresidenta Romina Del Plá, una con trabajadores telefónicos y otra con docentes universitarios, que reunieron entre ambas a un centenar de trabajadores. También un asado con decenas de aeronáuticos y la presencia de Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional, y una reunión de los enfermeros en lucha con Gabriel Solano, que trazaron perspectivas específicas de campaña.
Es una pauta del enorme campo político que se ha abierto para una lista de independencia de clase y de los trabajadores, ante la polarización al centro que se ha producido en todas las variantes políticas patronales, que confluyen en el sostenimiento del acuerdo con el FMI. Ya se han hecho actos en la zona de los trabajadores bancarios, recorridas en el subterráneo y hay planificadas para esta semana recorridas en el Hospital Garrahan, así como en el edificio República de los telefónicos.
Es apenas el preámbulo de una gran campaña militante y de reagrupamiento político, para que la crisis la paguen los capitalistas.
Alfonso V.
Las apariencias engañan: los datos duros de la economía argentina
Mientras la propaganda oficial, seguida de voces oficialistas en los medios de comunicación, aún mayoría abrumadora, anuncian la mejora de la macroeconomía de la Argentina, los datos de la realidad son contundentes en los nefastos efectos sociales de la recesión.
La calma del dólar, la baja de la tasa de interés y la reducción del riesgo país remite a un discurso oficialista de estabilización con perspectivas de mejora de la actividad económica, fuertemente desmentida por los datos oficiales del INDEC. En efecto, el desempleo abierto volvió a los dos dígitos, con una tasa del 10,1% para el primer trimestre del 2019 y el PIB cayó en el mismo periodo un -5,8%.
Cruda es la realidad contra el dato propagandístico de contención de algunas variables. Lo concreto es que la baja de las importaciones se motiva en la cotización del peso contra las principales monedas en que se establecen los intercambios comerciales. Es sabido que la industria local es dependiente del ingreso de insumos externos y la recesión en el sector manufacturero resulta agobiante. Ante el cierre de empresas industriales, o ante la recesión productiva, la demanda de importaciones como bienes intermedios para la producción industrial se retrae. De hecho, en el primer trimestre del año las importaciones se redujeron un -24,6%. No se trata de que pretendemos estimular el ingreso de esos bienes, sino que la debacle es consecuencia de la política monetaria y cambiaria, sin un proceso de aliento y estímulo a un proceso industrial no subordinado, lo que requeriría de otro rumbo de la economía y la política en general.
Un aspecto clave del desarrollo capitalista pasa por las inversiones, el punto de partida de la producción y reproducción de la ganancia y del capital. Es harto conocida la expectativa gubernamental por el desembarco de inversiones externas para reactivas la economía local, sin embargo, para el primer trimestre del 2019, el INDEC señala que la inversión cayó -24,5% y se explica principalmente por la baja en el sector de maquinarias y equipos, con un registro de -31,5%. La construcción, sector que rápidamente activa la economía muestra una caída de la inversión de -9,9%. Sin inversiones, públicas o privadas, no hay posibilidad de recuperar la actividad económica y la política oficial confirma un escenario de recesión productiva, todo en aras de estabilizar la economía.
El resultado se concentra en la caída del consumo privado en -10,5, principalmente relativo a la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, afectados por la persistencia de la elevada inflación.
Recesión e inflación definen el cuadro de situación económico de la Argentina, aun cuando la propaganda oficial orienta la evaluación de contexto en la contención relativa de ciertas variables: precio del dólar, evolución de las tasas de interés y del riesgo país. Es cierto que este combo impacta en cierta “cultura económica” de la sociedad argentina, con predicamento en el sentido común que instalan los sectores dominantes vía medios de comunicación social.
¿Qué impacto tendrá la contradicción señalada en las elecciones de agosto (PASO) y octubre (primera vuelta)?
En rigor, la discusión remite a la prevalencia de un enfoque u otro en las opciones electorales de renovación presidencial, proceso en curso con la definición de listas de candidatos a partir de hoy.
Igual, hay que señalar que la respuesta política al interrogante puede no resolver la ecuación relativa a la reversión del impacto económico sobre la mayoría empobrecida de la sociedad.
Lo que pretendemos señalar es que, si la opción electoral confirma la continuidad del proyecto en el gobierno, el correlato será la aceleración del ajuste y la reestructuración comprometida en el acuerdo con el FMI.
Es cierto que como se vio a fines del 2017, como la política no son solo votos, la resistencia popular puede frenar cualquier intento de modificar regresivamente las relaciones laborales o el régimen previsional. El triunfo electoral de Macri en octubre de 2017, elecciones de medio turno, envalentonó y estimuló el proyecto de reforma laboral, postergado ante la inmensa movilización sindical y popular. Las elecciones sugieren una parte del consenso social, pero no todo el apoyo político para cambios estructurales regresivos.
Otra posibilidad es el triunfo de la oposición, con reales posibilidades en el acuerdo logrado por la fórmula de los Fernández y un amplio espectro de una veintena de partidos políticos.
No resulta menor impedir la continuidad del proyecto actual en el gobierno, restando las definiciones concretas sobre el futuro e inmediato rumbo económico. La expectativa estará en la respuesta a la situación recesiva e inflacionaria, con efecto social regresivo de estos años. Es una cuestión agravada con serios problemas que arrastra la economía local en el marco de la irresuelta crisis mundial del 2008.
En efecto, la situación mundial resulta muy distinta del momento de la recuperación operada desde el 2002 ante la recesión arrastrada desde 1998. Ni los precios internacionales de exportación ayudan en la coyuntura, ni el clima de época de la economía mundial favorece. Remito a la guerra comercial provocada por EEUU contra China y muchos otros conflictos de base económica que promueve la presidencia Trump desde 2016, que asociado al BREXIT implican un nuevo tiempo en el despliegue de las respuestas globales a la difícil situación del capitalismo mundial, con crecimientos ralentizados según todas las fuentes de análisis de sistema mundial. Situación exacerbada con los cambios políticos en Brasil y la ofensiva de las derechas en la región.
Interesa frenar la ola conservadora, de ajuste y reestructuración regresiva que supone el gobierno Macri, que intenta constituir una nueva representación política en la Argentina para habilitar una adecuación estructural del país a los tiempos y necesidades del capital más concentrado del sistema mundial, por eso las reformas empujadas y varias veces anunciadas en materia laboral, previsional e impositiva. Pero insistiremos que no alcanzará con frenar la reelección de Macri, el PRO y Cambiemos, ahora ampliado con la inclusión de Miguel Angel Pichetto en la formula presidencial, sino que el descontento y la protesta social deberá confrontar con cualquier escenario futuro en la Argentina y contrarrestar el fuerte condicionante de los acuerdos con el FMI.
Existe la incógnita sobre la respuesta social ante las elecciones, más aún ante el creciente descontento por la situación social y aún con protesta o desconformidad, interesa habilitar una discusión sustancial relativa al qué hacer, en Argentina, la región y el mundo para superar los límites en que se debate el orden capitalista contemporáneo. Son muy pocos las opciones que emergen en el debate actual para intentar un rumbo económico y político más allá y en contra del capitalismo. Un aliciente en ese sentido se expresó entre el 19 y 21 de junio en los debates por los 20 años de la red ATTAC en Argentina, cuyas deliberaciones apuntaron no solo a mirar el pasado, sino a considerar el horizonte temporal de las próximas décadas, que amenazan la continuidad de la vida a manos del modelo productivo y de desarrollo depredador del régimen del capital. Es una discusión que necesita extenderse más allá del activo militante y desplegarse en el conjunto de la sociedad con pretensión de constituirse en debate cultural por el cambio social.
Julio C. Gambina
La calma del dólar, la baja de la tasa de interés y la reducción del riesgo país remite a un discurso oficialista de estabilización con perspectivas de mejora de la actividad económica, fuertemente desmentida por los datos oficiales del INDEC. En efecto, el desempleo abierto volvió a los dos dígitos, con una tasa del 10,1% para el primer trimestre del 2019 y el PIB cayó en el mismo periodo un -5,8%.
Cruda es la realidad contra el dato propagandístico de contención de algunas variables. Lo concreto es que la baja de las importaciones se motiva en la cotización del peso contra las principales monedas en que se establecen los intercambios comerciales. Es sabido que la industria local es dependiente del ingreso de insumos externos y la recesión en el sector manufacturero resulta agobiante. Ante el cierre de empresas industriales, o ante la recesión productiva, la demanda de importaciones como bienes intermedios para la producción industrial se retrae. De hecho, en el primer trimestre del año las importaciones se redujeron un -24,6%. No se trata de que pretendemos estimular el ingreso de esos bienes, sino que la debacle es consecuencia de la política monetaria y cambiaria, sin un proceso de aliento y estímulo a un proceso industrial no subordinado, lo que requeriría de otro rumbo de la economía y la política en general.
Un aspecto clave del desarrollo capitalista pasa por las inversiones, el punto de partida de la producción y reproducción de la ganancia y del capital. Es harto conocida la expectativa gubernamental por el desembarco de inversiones externas para reactivas la economía local, sin embargo, para el primer trimestre del 2019, el INDEC señala que la inversión cayó -24,5% y se explica principalmente por la baja en el sector de maquinarias y equipos, con un registro de -31,5%. La construcción, sector que rápidamente activa la economía muestra una caída de la inversión de -9,9%. Sin inversiones, públicas o privadas, no hay posibilidad de recuperar la actividad económica y la política oficial confirma un escenario de recesión productiva, todo en aras de estabilizar la economía.
El resultado se concentra en la caída del consumo privado en -10,5, principalmente relativo a la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, afectados por la persistencia de la elevada inflación.
Recesión e inflación definen el cuadro de situación económico de la Argentina, aun cuando la propaganda oficial orienta la evaluación de contexto en la contención relativa de ciertas variables: precio del dólar, evolución de las tasas de interés y del riesgo país. Es cierto que este combo impacta en cierta “cultura económica” de la sociedad argentina, con predicamento en el sentido común que instalan los sectores dominantes vía medios de comunicación social.
¿Qué impacto tendrá la contradicción señalada en las elecciones de agosto (PASO) y octubre (primera vuelta)?
En rigor, la discusión remite a la prevalencia de un enfoque u otro en las opciones electorales de renovación presidencial, proceso en curso con la definición de listas de candidatos a partir de hoy.
Igual, hay que señalar que la respuesta política al interrogante puede no resolver la ecuación relativa a la reversión del impacto económico sobre la mayoría empobrecida de la sociedad.
Lo que pretendemos señalar es que, si la opción electoral confirma la continuidad del proyecto en el gobierno, el correlato será la aceleración del ajuste y la reestructuración comprometida en el acuerdo con el FMI.
Es cierto que como se vio a fines del 2017, como la política no son solo votos, la resistencia popular puede frenar cualquier intento de modificar regresivamente las relaciones laborales o el régimen previsional. El triunfo electoral de Macri en octubre de 2017, elecciones de medio turno, envalentonó y estimuló el proyecto de reforma laboral, postergado ante la inmensa movilización sindical y popular. Las elecciones sugieren una parte del consenso social, pero no todo el apoyo político para cambios estructurales regresivos.
Otra posibilidad es el triunfo de la oposición, con reales posibilidades en el acuerdo logrado por la fórmula de los Fernández y un amplio espectro de una veintena de partidos políticos.
No resulta menor impedir la continuidad del proyecto actual en el gobierno, restando las definiciones concretas sobre el futuro e inmediato rumbo económico. La expectativa estará en la respuesta a la situación recesiva e inflacionaria, con efecto social regresivo de estos años. Es una cuestión agravada con serios problemas que arrastra la economía local en el marco de la irresuelta crisis mundial del 2008.
En efecto, la situación mundial resulta muy distinta del momento de la recuperación operada desde el 2002 ante la recesión arrastrada desde 1998. Ni los precios internacionales de exportación ayudan en la coyuntura, ni el clima de época de la economía mundial favorece. Remito a la guerra comercial provocada por EEUU contra China y muchos otros conflictos de base económica que promueve la presidencia Trump desde 2016, que asociado al BREXIT implican un nuevo tiempo en el despliegue de las respuestas globales a la difícil situación del capitalismo mundial, con crecimientos ralentizados según todas las fuentes de análisis de sistema mundial. Situación exacerbada con los cambios políticos en Brasil y la ofensiva de las derechas en la región.
Interesa frenar la ola conservadora, de ajuste y reestructuración regresiva que supone el gobierno Macri, que intenta constituir una nueva representación política en la Argentina para habilitar una adecuación estructural del país a los tiempos y necesidades del capital más concentrado del sistema mundial, por eso las reformas empujadas y varias veces anunciadas en materia laboral, previsional e impositiva. Pero insistiremos que no alcanzará con frenar la reelección de Macri, el PRO y Cambiemos, ahora ampliado con la inclusión de Miguel Angel Pichetto en la formula presidencial, sino que el descontento y la protesta social deberá confrontar con cualquier escenario futuro en la Argentina y contrarrestar el fuerte condicionante de los acuerdos con el FMI.
Existe la incógnita sobre la respuesta social ante las elecciones, más aún ante el creciente descontento por la situación social y aún con protesta o desconformidad, interesa habilitar una discusión sustancial relativa al qué hacer, en Argentina, la región y el mundo para superar los límites en que se debate el orden capitalista contemporáneo. Son muy pocos las opciones que emergen en el debate actual para intentar un rumbo económico y político más allá y en contra del capitalismo. Un aliciente en ese sentido se expresó entre el 19 y 21 de junio en los debates por los 20 años de la red ATTAC en Argentina, cuyas deliberaciones apuntaron no solo a mirar el pasado, sino a considerar el horizonte temporal de las próximas décadas, que amenazan la continuidad de la vida a manos del modelo productivo y de desarrollo depredador del régimen del capital. Es una discusión que necesita extenderse más allá del activo militante y desplegarse en el conjunto de la sociedad con pretensión de constituirse en debate cultural por el cambio social.
Julio C. Gambina
Honduras: 10 años de golpes y neoliberalismo
Las movilizaciones populares se suceden en Honduras. En estos días, son 60.000 médicos y maestros en pie de guerra contra un sistema político que busca, por imposición del Fondo Monetario Internacional, la privatización de la salud y la educación. Las movilizaciones cuentan con tal grado de apoyo popular, que hasta la Policia Nacional se ha sumado al paro, forzando al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión de las protestas populares.
Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018, cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al Presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.
El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un referéndum que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.
Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, o Rafael Correa.
Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.
En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país pero imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La inxperiencia de Libre y su desigual implementación territorial llevó a que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la Embajadora de Estados Unidos en Honduras.
Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más claridad que cualquier análisis político que podamos escribir: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.
3 golpes de Estado en 10 años, uno militar y 2 electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del Presidente JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, es problemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.
Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.
Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los medios de comunicación masivos nos quieran hablar de Derechos Humanos o del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve como reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.
Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy claro: JOH debe irse YA.
Katu Arkonada
Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018, cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al Presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.
El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un referéndum que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.
Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, o Rafael Correa.
Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.
En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país pero imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La inxperiencia de Libre y su desigual implementación territorial llevó a que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la Embajadora de Estados Unidos en Honduras.
Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más claridad que cualquier análisis político que podamos escribir: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.
3 golpes de Estado en 10 años, uno militar y 2 electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del Presidente JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, es problemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.
Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.
Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los medios de comunicación masivos nos quieran hablar de Derechos Humanos o del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve como reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.
Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy claro: JOH debe irse YA.
Katu Arkonada
domingo, 23 de junio de 2019
Un Inca en las Cortes españolas
Entre los héroes de la revolución hispanoamericana ocupa un lugar importante, aunque tal vez no tan conocido, el Inca Yupanqui, diputado americano en las Cortes de Cádiz durante la ocupación francesa en España.
Dionisio Uchu Inga Yupanqui nació en Los Reyes, Perú, en 1760, y fue nombrado representante americano en la Junta Central de Cádiz en 1810. Era hijo de un noble indio de origen mestizo, Domingo Uchu Inga Ampuero (Teniente Coronel del Ejército Real), y de la acaudalada criolla Isabel Bernal. Descendiente del gran emperador inca Pachacuti por vía materna (4ª generación), habiéndose trasladado con su familia a España cuando tenía nueve años, fue educado en el Real Seminario de Nobles de Madrid por ser hijo de noble indígena. Americano como el plebeyo y mestizo José de San Martín, Yupanqui luchó igual que aquel en la guerra por la independencia española contra las tropas francesas de Napoleón en la península ibérica. La revolución de mayo de 1810 en el Río de la Plata encontró a ambos del otro lado del Atlántico.
Fue nombrado diputado suplente en las Cortes de Cádiz (aunque ejerció la titularidad todo el tiempo entre 1810 y 1813) en representación del Virreinato del Perú (1). Como tal le cupo una destacada labor a favor de los derechos indígenas y americanos. A él se debe la frase, luego parafraseada por el mismo Carlos Marx: “Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. Ése sería el argumento principal del famoso discurso del Inca Yupanqui en las Cortes Españolas el 16 de diciembre de 1810.
El discurso del Inca Yupanqui
En su memorable discurso, el Inca Yupanqui interpelaría al rey ausente (prisionero de los franceses), cuya autoridad era asumida en su ausencia por la popular Junta de Cádiz: “Señor, Diputado Suplente por el Virreynato del Perú, no he venido a ser uno de los individuos que componen este cuerpo para lisonjearle: para consumar la ruina de la gloriosa y atribulada España, ni para sancionar la esclavitud de la virtuosa América… V.M. no la conoce. La mayor parte de sus diputados y de la Nación apenas tienen noticias de este dilatado continente. Los gobiernos anteriores le han considerado poco, y sólo han procurado asegurar las remesas de ese precioso metal, origen de tanta inhumanidad, de que no han sabido aprovecharse. Le han abandonado al cuidado de hombres codiciosos e inmorales; y la indiferencia absoluta con que han mirado sus más sagradas relaciones con este país de delicias ha llenado la medida de la paciencia del padre de las misericordias, forzándole a que derrame parte de la amargura con que alimentan aquellos naturales nuestras provincias europeas” (2).
“Sacuda V.M. –proseguía Yupanqui- apresuradamente las envejecidas y odiosas rutinas, y bien penetrado de que nuestras presentes calamidades son el resultado de tan larga época de delitos y prostituciones, no arroje de su seno la antorcha luminosa de la sabiduría ni se prive del ejercicio de las virtudes. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre…”. “Napoleón –concluía el Inca-, tirano de la Europa su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa España. Esta, que lo resiste valerosamente no advierte el dedo del altísimo, ni conoce que se castiga con la misma pena al que por espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la consideración de V.M. un cuadro sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sabias e importantes…” (3).
La Junta de Cádiz y la revolución americana
Instalada el 24 de septiembre de 1810, desde un principio, la Junta Central de Cádiz se había dividido entre “liberales” y “serviles”, de cuya paradójica unión resultó la célebre Constitución española de 1812. Sería a partir de entonces que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española, rezaba ya un decreto de 1809 (4). Por primera vez en trescientos años, dejaba de emplearse en los documentos oficiales de las cortes españolas el vocablo “indias” o “colonias”, para ser reemplazado por la palabra América.
Pero una cosa era la letra y otra la realidad española y americana. Como bien dice el autor de “Historia de la Nación Latinoamericana”, “la política vacilante de la Junta y su temor al pueblo en armas no logró sino un fracaso tras otro” (5), neutralizando todos los intentos por mejorar la situación de unos y otros. Tal vez, dice el mismo autor, “el desenvolvimiento del imperio español-americano mediante el progreso del capitalismo en la metrópolis, podría haber proporcionado a las colonias un nacimiento histórico más sano” (6).
Así también, la lucha por la independencia nacional contra los franceses (que unía a españoles y americanos de todos los bandos) era indisociable del derrocamiento del absolutismo español (defendido todavía por los “serviles”) y de la conquista de las libertades y soberanía popular (que reclamaban los “liberales”). Pero ni España saldría del absolutismo y se desenvolvería en términos capitalistas modernos como las naciones más desarrolladas de Europa, ni América sería considerada en igualdad de condiciones con España, ni el pueblo ni las “clases infames” lograrían las libertades y digna condición reclamadas por Yupanqui y los diputados americanos.
Si al separar la independencia de Francia de la revolución española, España se condenaba al atraso y al fracaso de la revolución iniciada, al negarle derechos efectivos a los americanos, le imponía como única solución la Independencia. Sin destino ya en la península, regresaban en 1812 a América algunos oficiales criollos como San Martín, Alvear, Iriarte, y la revolución americana cobraba vida propia.
Aunque tampoco la independencia de España equivaldría a la democratización y modernización de la vida económica y social de América. Las oligarquías lugareñas que hegemonizaban la revolución independentista -para nada comprometidas con la unidad nacional, la revolución democrática ni la revolución social-, le darían la espalda a San Martín y Bolívar, asesinarían a Monteagudo, exiliarían a O`Higgins y condenarían al ostracismo de por vida al gran Artigas, haciendo fracasar en definitiva la revolución nacional indoíberoamericana, que suponía independencia con unidad continental, revolución industrial y democrática e igualdad social.
La disgregación de las repúblicas americanas impediría la soberanía y el desarrollo de América. “En lugar de una sola y fuerte soberanía –señala Ramos-, obtuvo el grotesco triunfo de elevar dos docenas de provincias a la categoría de “Naciones”” semicoloniales (7), jurídicamente independientes pero económica y culturalmente dependientes. De allí la frase que sintetiza nuestro drama histórico: “América Latina no se encuentra dividida porque es “subdesarrollada” sino que es “subdesarrollada” porque está dividida” (8), empujada a ese destino por los intereses de las oligarquías portuarias aliadas al capitalismo extranjero, que a su vez impediría hasta hoy el desarrollo de un capitalismo nacional autónomo y proveedor de derechos, identidad y bienestar para el conjunto.
Elio Noé Salcedo
Diplomado en Historia Argentina y Latinoamericana.
Notas
1- Dada las dificultades que tenían para llegar a España los representantes americanos durante la ocupación francesa, los españoles designaron como delegados suplentes para las Cortes (Junta Central de Cádiz) a los americanos que residían en Madrid. Más allá de las intenciones de los peninsulares, los americanos residentes en España (como era el caso de Yupanqui y del propio Coronel San Martín) tenían cabal conciencia de su origen y no andaban vendiendo su identidad al mejor postor. De ese modo, mientras el Inca Yupanqui defendía al pueblo indo-hispano-americano desde las Cortes de Cádiz (1810 – 1813), San Martín volvería a América (1812) para defender a sus paisanos desde el propio territorio de origen.
2- Ramos J. A. (2006). Historia de la Nación Latinoamericana. Buenos Aires. Dirección de Publicaciones del Senado de la Nación, pág. 125.
3- Ídem, pág. 126.
4- Ídem, pág. 120.
5- Ídem, pág. 119.
6- Ídem, pág. 143.
7- Ídem, pág. 129.
8- Ídem, pág. 15.
Imagen de portada: ‘La promulgación de la Constitución de 1812’, obra de Salvador Viniegra. – Foto: museo de las cortes de cádiz. Fuente: diariodeburgos.es
Una radiografía de los candidatos del FMI
El cierre de listas de Macri-Pichetto y Fernández-Fernández
El cierre de listas va precisando definiciones en los armados políticos patronales que disputarán las próximas elecciones. En la pelea por quién presidirá el intento de evitar una declaración de quiebra del país y de honrar los compromisos con el capital financiero, todos coinciden en que ello debe hacerse descargando la factura sobre los trabajadores.
Macri-Pichetto
La fórmula Macri-Pichetto apunta a revertir los duros reveses que sufrió en casi todas las elecciones provinciales adelantadas.
En la provincia de Buenos Aires, la boleta de diputados nacionales de Juntos por el Cambio será encabezada por el ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, rabioso defensor de Chocobar y del gatillo fácil -como puso sobre la mesa el accionar policial en la masacre de San Miguel del Monte-, en cuyo currículum figuran también las feroces represiones a los obreros del Astillero Río Santiago y a los bancarios del Provincia mientras les robaban su jubilación. Suena para secundarlo María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Masacre de Once, en un intento de cooptación del gobierno para explotar demagógicamente el eje anticorrupción contra el kirchnerismo. En la lista también figurará Silvia Lospennato, aunque -para compensar la presencia de esta partidaria de legalizar el aborto- el macrismo dejó afuera a Daniel Lipovetzky (quien coordinara aquel debate en Diputados) y ofreció un lugar a los grupos de mujeres evangélicas, para que hagan campaña con el pañuelo celeste.
En la Ciudad, la nómina de senadores nacionales la encabezará Martín Lousteau, seguido –tras un pedido público suyo- por la funcionaria de Larreta en Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri. Losteau fue ministro de economía con los K, enfrentó a Rodríguez Larreta en 2015 por la jefatura de gobierno (al frente de ECO) y ahora se unió a este último. Un saltimbanqui. Rodríguez Larreta es contrario al aborto legal, pero en su intento de conquistar el voto de la juventud porteña y de ganar sin necesidad de ballotage, eligió encabezar con estos candidatos que se han expresado a favor de la legalización. Sin embargo, los eclesiásticos son compensados con puestos en la lista de diputados nacionales, ya que debajo de Maximiliano Ferraro (de la Coalición Cívica) irá una actual funcionaria de Carolina Stanley, Victoria Morales Gorleri, reconocida militante contra el aborto y con vínculos con el Vaticano, al igual que otra “celeste” de la misma cartera, Dina Rezinovzky, integrará también uno de los lugares expectables. Esta manipulación electoral de un hondo reclamo del movimiento de mujeres debe ser esclarecida. Tercero en esa lista figurará el capo mafia de la Franja Morada de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Fernández-Fernández
La lista del Frente de Todos tiene también sus perlitas. En la Provincia de Buenos Aires es sabido que quien encabezará la lista de diputados nacionales será Sergio Massa, uno de los garantes de la aprobación de las leyes de ajuste de Vidal, al punto que su espacio presidió la cámara baja bonaerense durante el primer año de mandato de la gobernadora. Es por ello que un columnista en Página 12 (21/6) definió la lista como un giro hacia un “kirchnerismo de centro”, con el fin de “inaugurar la era de la post-grieta”. Debajo de él aún restan por definirse los detalles del reparto, pero en consonancia con este objetivo La Cámpora verá reducirse su peso político, ya que pone 8 bancas en juego pero contará con lugares para renovar sólo 4 de ellas. Entre las que se bajan está la referente K que figurara entre las primeras firmantes del proyecto de legalización del aborto, Mayra Mendoza. El responsable del asesinato de Kosteki y Santillán, Felipe Solá, tiene también un espacio con su nombre. La burocracia sindical contaría con lugares reservados para Facundo Moyano y Aber Furlán de la UOM.
Otros burócratas sindicales como “Huguito” Moyano (Camioneros) y Omar Planini (Canillitas) se ubicarán en el primer lugar de sus listas seccionales de legisladores provinciales. Acompañarán así a la fórmula a la Gobernación que ocupan Axel Kicillof y Verónica Magario. El primero es el ex ministro de Economía de CFK que buscó el regreso a los mercados financieros, pagando al CIADI y a Repsol y devaluando la moneda; mientras que la segunda, intendenta de La Matanza, ejecutó el ajuste en su municipio y sostiene a las iglesias evangélicas, para quienes armó una secretaría municipal y les cedió lugar en las escuelas para que hagan campañas oscurantistas.
En CABA, la candidatura a Jefe de Gobierno fue otorgada a Matías Lammens, un hombre del mundo de los negocios, que coló en las listas de legisladores nada menos que a la ex ministra de Salud de Vidal, Zulma Ortiz. Mariano Recalde, que aspiraba a competir contra Larreta, debió conformarse con encabezar la boleta de senadores nacionales. Aún hay una disputa por el primer puesto en diputados nacionales, que por el momento quedaría para Pino Solanas, escoltado por Victoria Donda, sepultando así un espacio centroizquierdista en la Capital. El tercer lugar quedaría para el otrora embajador K en el Vaticano, Eduardo Valdés (acusado de ser el mentor de una operación para desplazar a Claudio Bonadio y Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos). La nómina de legisladores porteños será encabezada por Claudia Neira, quien responde a Juan Manuel Olmos, el hombre que presidiendo el Consejo de la Magistratura capitalino servía de puente para los acuerdos del entonces gobierno nacional de Cristina con el gobierno porteño de Macri.
Los gobernadores del PJ
Uno de los terrenos más disputados es el apoyo, o al menos una imparcialidad, de los gobernadores peronistas que triunfaron en los comicios adelantados. La “misión Pichetto” habría logrado uno de sus objetivos primordiales, al negociar la presentación de las llamadas boletas cortas, es decir listas de legisladores nacionales descolgadas de las boletas presidenciales. El de mayor impacto es el caso de Córdoba -la provincia que inclinó la cancha para que triunfe Macri en 2015- donde Juan Schiaretti ya definió esa modalidad. El mismo camino seguirían los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Misiones, Chubut y Tierra del Fuego.
Para combatir esta situación, Alberto Fernández viene de decir que va a “trabajar codo a codo con los gobernadores” nada menos que en San Juan, el paraíso de la megaminería, junto al gobernador Sergio Uñac y el presidente del PJ nacional José Luis Gioja. Allí aseguró contar con el apoyo del mandatario electo de Santa Fe, Omar Perotti, y del entrerriano Gustavo Bordet. La disputa por los aparatos peronistas de los gobiernos provinciales muestra hasta qué punto han sido los garantes de la gobernabilidad y el ajuste macrista. El kirchnerismo bajó listas propias para llamar a votar a esos gobernadores o para integrarse como cuarto violín de aquellos.
La “tercera vía” de Lavagna-Urtubey intenta nutrirse de los restos y “heridos” que dejan los dos grandes polos patronales. Completan el panorama los armados derechistas de José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión. Este último lidera un armado “celeste”-castrense. El macrismo intentó bajar estas dos candidaturas porque restarían votos a su espacio.
Vamos con el FIT Unidad
Los candidatos del FIT-U, cuya fórmula presidencial está integrada por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, expresan un reagrupamiento para enfrentar estos armados patronales, que lejos de representar dos polos antagónicos comparten el mismo programa de cumplir con el pago al Fondo Monetario e imponer las reformas laboral, jubilatoria y tributaria. Contra esa plataforma de ofensiva capitalista contra los trabajadores, el FIT Unidad desarrollará un programa obrero de salida a la crisis, indisolublemente ligado al impulso a las luchas en curso contra el ajuste.
Iván Hirsch
Cierre de listas: la burocracia, a los codazos
Las distintas alas de la burocracia pelean entre sí por lugares en las listas
Al filo del cierre de listas, la disputa entre las distintas fracciones de la burocracia por no quedar afuera del reparto, es frenética. Todavía arde el recuerdo de la magra participación gremial en las legislativas de 2017. Y los lugares en las boletas de los armados capitalistas -Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal- son un bien escaso.
La mayoría se encolumna hoy detrás de la fórmula de los Fernández: los moyanistas, las tres divisiones de la CTA (incluido el centroizquierda de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro) y Héctor Daer; más recientemente, el metalúrgico Antonio Caló (un “intermedio” en la interna de la central), el taxista Omar Viviani (ex aliado del salteño Juan Manuel Urtubey) y el massista Carlos Acuña, que acompañó el desplazamiento de su jefe.
Sin embargo, la visita de Alberto y Cristina Fernández, junto a Axel Kicillof y Verónica Magario, a la sede de La Bancaria, para compartir un almuerzo con los referentes del sindicalismo kirchnerista -Fresimona y las CTA- alteró los nervios de la “mesa chica” de la CGT.
Aunque su reunión con el candidato presidencial fue agendada antes, no se concretó.
En declaraciones a la prensa, Hugo Moyano resaltó que "Alberto y Cristina” dan “prioridad a los dirigentes que hemos estado peleando contra las políticas nefastas de Macri": una patada a Los “Gordos” y los “Independientes”, que han sido el pilar central de la gobernabilidad macrista. Los moyanistas del “hay 2019” fueron el pilar subsidiario.
Los Daer y los Gerardo Martínez consideran a Moyano su enemigo interno “número 1” y temen la posibilidad de sufrir en un futuro el acaparamiento de espacios sindicales por parte del camionero, como ocurrió a partir de su pacto con Néstor Kirchner en 2003 hasta 2011 cuando rompió con Cristina Fernández.
Alberto Fernández pudo percibir el descontento y un reclamo de mayor equilibrio. Incluso, algunos de los gremios más fuertes de la central -Uocra, UPCN, Unión Ferroviaria, UTA, La Fraternidad- manifestaron su disconformidad con la elección de Axel Kicillof como candidato a gobernador.
Por ahora, ninguno de ellos amaga con abandonar su apoyo a un espacio bendecido por los sondeos; pero tampoco han aceptado formalmente la invitación de Sergio Palazzo para unirse a la Mesa Sindical del Frente de Todos. Por lo bajo no ocultan que sigue abierta la línea con Lavagna, por medio de Luis Barrionuevo, y con el ala peronista del gobierno a través de Miguel Pichetto.
El flamante candidato a vice de Macri fue durante estos años, como jefe del bloque de Senadores del PJ, un interlocutor permanente de la burocracia sindical y uno de sus primeras misiones es reforzar la raquítica pata sindical oficialista, encabezada por una de las 62 (se dividió en tres), que responde a Ramón Ayala, heredero del “Momo” Venegas en Uatre.
El primero en saludar la designación de Pichetto fue el petrolero Guillermo Pereyra, del MPN, un aliado de peso del macrismo y pionero de la entrega de los convenios colectivos. Ambos se cruzaron en el pre-coloquio de Idea en Vaca Muerta. Algunos gremios del transporte aún deshojan la margarita.
En el campo de los sindicatos kirchneristas también abundan los codazos. Tanto que cada sector está negociando sus lugares por separado. La Corriente Federal pretende cuatro cargos y ya nominó a quienes los ocuparían: Pablo Biró, del sindicato de Pilotos, y Palazzo, para diputados nacionales; y Carlos Ortega (trabajadores de Anses-Apops) y Hernán Escudero (Sadop), para la Legislatura provincial.
Moyano, por su parte, pretende colocar a sus hijos Pablo y Facundo (cuyo mandato como diputado vence este año). “No sólo vamos a acompañar en la calle y con los votos, sino también en las listas: provinciales, nacionales y de cada distrito", adelantó Pablo, muy necesitado de fueros, habida cuenta de su complicada situación judicial por la causa Independiente.
Los Sindicatos en Marcha por la Unidad Nacional (Semun), liderados por la Unión Ferroviaria de Sergio Sasia, y Luz y Fuerza al mando de Guillermo Moser, conscientes de la dificultad de morder algo por ahí han definido otra estrategia: “nosotros no solicitamos candidatos. Después de las elecciones nos deberán escuchar… queremos aportar experiencia en los ministerios o secretarías…”.
En resumen, el trajín mendigando cargos por parte de todas las alas de la burocracia sindical expresa una realidad. La fragmentada burocracia sindical es un apéndice de las listas fondomonetaristas y antiobreras que integran las distintas alas del peronismo. El reagrupamiento de la vanguardia obrera en el FIT Unidad reforzará la batalla contra la burocracia, por una nueva dirección clasista del movimiento obrero. Formemos comités de apoyo en todos los gremios.
Miguel Bravetti
Los anuncios de la Reserva Federal: ¿hacia una guerra de monedas?
La Fed cierra filas con Trump
En medio de una nueva escalada en la guerra comercial, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dado una señal muy fuerte para avanzar en una rebaja de sus tasas de interés.
Los tres años de la administración Trump estuvieron signados por un enfrentamiento directo contra la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), el Banco Central de los Estados Unidos, la cual consistió en una suba progresiva de los tipos de interés. La rivalidad se entiende a la hora de contrastar esta política con la llevada adelante por el gobierno, la cual se basa en rebajas impositivas, empleo barato y, sobre todo, guerra comercial. La contradicción es evidente: mientras Trump busca una expansión en su economía, la Reserva Federal desarrolla una política contractiva.
Esto viene ocurriendo pese al cambio de timón realizado en la Fed en el 2017, cuando el presidente impulsó a Jerome Powell como recambio de Janet Yellen. Sin embargo, el actual chairman del banco, continuó con el rumbo de su predecesora, lo cual generó una relación muy turbulenta con el presidente Trump, con múltiples amenazas y acusaciones, hasta el punto de analizar la destitución en febrero pasado del mandatario de la Reserva Federal, según reveló Bloomberg esta semana.
Sin embargo, las expectativas han cambiado: sobre la base de las declaraciones y minutas de reuniones directivas de la Fed, los especuladores de Wall Street descuentan un proceso de recorte en las tasas de interés en el futuro cercano y los especialistas esperan dos bajas durante este año. La nueva situación está siendo festejada con una suba generalizada en la bolsa estadounidense.
¿A qué se debe este giro en su política monetaria? En principio, los números de Estados Unidos comienzan a mostrar cierta debilidad que amenaza con convertirse en tendencia: crecimiento en los datos de desempleo, desaceleración en los niveles de actividad, una tasa de inflación por debajo de la meta del 2%, información que se ve consolidada en las conclusiones de los informes de diversos organismos internacionales, entre ellos el FMI, los cuales advierten sobre la posibilidad de una recesión en el futuro cercano.
Sin embargo, no es casualidad que estos anuncios se den en medio de una nueva escalada en la ofensiva de Trump hacia sus rivales comerciales. La amenaza de imponer aranceles a México bajo condición de frenar la inmigración ilegal hacia el país del norte, la escalada bélica sobre Irán, y el ataque directo a China mediante imposiciones tarifarias a sus exportaciones y el veto contra la tecnológica Huawei bajo el pretexto de proteger la “seguridad nacional” (un clásico), es el marco en el cual Powell ha decidido respaldar al presidente estadounidense en su cruzada.
De efectivizarse, la relajación en política monetaria de la Reserva Federal servirá para contrarrestar la política de China de mantener el valor del Renminbi bajo mediante devaluaciones, lo que Trump denuncia como “manipulación de su moneda” por parte del país asiático. Los reclamos del presidente no sólo apuntan al comportamiento chino, sino que van directamente dirigidos hacia el frente interno, planteando la necesidad de poder responder depreciaciones monetarias extranjeras con devaluaciones propias para competir por la colocación de sus productos en el mercado internacional. En criollo: Donald Trump busca sumar una guerra de monedas a la guerra comercial.
Sin embargo, no se trata sólo de una respuesta hacia China. La Unión Europea viene desarrollando una política de tasas de interés neutras o incluso negativas desde hace varios años, pero los dichos del presidente del Banco Central Europeo, que indicaron la posibilidad de hundir aún más la tasa de interés europea llevaron a una devaluación importante del euro frente al dólar, lo cual desató la ira de Trump en Twitter. Su mensaje fue clarificador: “Mario Draghi acaba de anunciar nuevos estímulos, lo que inmediatamente dejó caer al euro frente al dólar, lo que hace más fácil para ellos competir contra los EE.UU. Han estado saliéndose con la suya con esto durante años, junto con China y otros”.
El caso europeo demuestra la incapacidad que la política monetaria expansiva puede llegar a tener en economías excesivamente endeudadas: las tasas de interés negativas del BCE datan desde el 2016 y fueron ejecutadas para apuntalar el crecimiento de sus países miembro, sin embargo, lo único que podemos observar son países quebrados como Grecia e Italia, gigantes financieros como el Deutsche Bank al borde de la quiebra y fuertes tendencias hacia la disgregación de la Unión Europea como respuesta.
La economía estadounidense no es ajena a este escenario, con un nivel de deuda que asciende a más del 100% del PBI norteamericano, existen serias dudas sobre la capacidad de reactivación que pueda llegar a tener una relajación monetaria, las cuales se ven reflejadas por ejemplo, en el alza en el precio del oro, el refugio por excelencia de los capitalistas frente a escenarios de incertidumbre. Recordemos que la crisis mundial del 2008 fue desencadenada luego de la explosión de la burbuja financiera fogoneada por tasas de interés muy bajas en Estados Unidos.
Finalmente, la Fed ha cedido a los reclamos de Donald Trump en un movimiento que promete generar grandes turbulencias en el futuro cercano. Asistimos a la evolución de la guerra comercial hacia la guerra monetaria en escala planetaria.
Gonzalo Finlez
Suscribirse a:
Entradas (Atom)