Sigue existiendo una creencia generalizada entre economistas u analistas políticos que los resultados macroeconómicos en Argentina son el resultado de serios errores por parte del Gobierno de Cambiemos. Obviamente esta idea se ve reforzada por la impericia e ignorancia militante de su dirigencia. Encabezada por un presidente que maneja un vocabulario que no supera las ciento cincuenta palabras, menos que las de un campesino de la edad media y demuestra en todo momento no haber leído un libro importante en su vida.
Los resultados de la economía: inflación reconocida superior al cuarenta y siete porciento, real superior al ochenta, dólar por encima de los cuarenta pesos, incremento incesante de las tasas de interés, aumento de la pobreza y la desocupación, cierre constante de industrias y comercios, crisis de las economías regionales, fracaso absoluto respecto a la llegada de inversiones y otro tantos indicadores de profundización de la crisis. Estos no son errores de gestión sino que por el contrario son decisiones de gobierno tendientes a beneficiar solamente a un sector concentrado y selecto de la sociedad. Cambiemos ha reeditado y declarado la lucha de clases y deberá hacerse cargo de esto.
Cuando se analiza la historia social de los grandes países del mundo se encuentra que la mayoría de ellos ha atravesado por tremendas guerras civiles cuyo principal resultado ha sido la destrucción de la sociedad del privilegio. Nuestro país no tuvo una guerra civil de esas características, esta es quizás una asignatura pendiente de su historia que ciertos y selectos grupos de nuestra sociedad han sabido aprovechar para situarse dentro del tejido social preservando su diferenciación.
Estos sectores: la vieja oligarquía terrateniente, los nuevos ricos del siglo veinte, los grupos económicos surgidos al amparo de la última dictadura, el sector petrolero, los bancos, las empresas privatizadas en los noventa y algunas pocas actividades concentradas son los destinatarios de las políticas de Cambiemos y los grandes apropiadores de los excedentes económicos de los últimos tres años.
Esta situación nos conduce a reconocer dentro de la Ciencia Política a un nuevo tipo de Dictadura que se suma a las tipologías tradicionales: La de los regímenes conformados por una Elite que gobierna para sí misma y para otras elites altamente concentradas. Eso es Cambiemos , una dictadura.
El derecho de rebelión, derecho de revolución o derecho de resistencia a la opresión es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad.1
El derecho a la resistencia frente al tirano, que ha llegado a justificar la muerte de éste, se puede encontrar en la Antigüedad. Así ya Platón trató el tema de la tiranía y del derecho del pueblo a defenderse contra el tirano y la injusticia. A partir de él, numerosos autores han desarrollado el tema a lo largo de la historia, tales como San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino.2
Este derecho puede considerarse implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.
El derecho a la resistencia fue incluido de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) de la Revolución francesa, pero se encuentra más desarrollado en los tres últimos artículos de la que se redactó nuevamente el 24 de junio de 1793:
Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.
Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.3
Miguel de Cervantes ya afirmaba algo parecido a este último artículo: "Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida" (Don Quijote, II, cap. 58). La Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU) reconoce este derecho de forma implícita, estableciendo no obstante que las partes se deben someter a las decisiones de su Consejo de Seguridad, que componen quince estados, los cinco con derecho a veto y diez más que ejercen su función por un periodo determinado y rotativo.4
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, este derecho no es reconocido explícitamente, pero sí implícitamente en el Preámbulo:
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Es la es la hora del pueblo, es la hora de la reacción, es la hora de la rebelión popular. Están en juego nuestro futuro, nuestra familia y nuestra patria.
Luis Yanes
lunes, 25 de febrero de 2019
Kirchnerismo y FMI: ¿es Portugal un ejemplo para salir de la crisis?
El exministro de Economía, Axel Kicillof, se exhibe como interlocutor responsable frente al FMI. ¿Es posible compatibilizar connivencia con el organismo y mejora en las condiciones de vida?
“Había trascendidos, operaciones, diciendo que el próximo gobierno no iba a pagar, que el próximo gobierno va a reestructurar. Son fantasmas que tratan de plantear (…) Primero les dije que yo fui el último ministro de Economía de un gobierno que pagó una deuda gigantesca que no había contraído, sin pedir prestado”, así le explicó Axel Kicillof al periodista Alejandro Bercovich el contenido de su reunión con la delegación del FMI.
El Fondo su mueve en el país como pez en el agua: no sólo monitorea la economía, sino que también testea a políticos, dirigentes empresariales e, incluso, a la repudiada conducción de la CGT. La ubicación de Kicillof de mostrarse como interlocutor del organismo supone que habrá que convivir con las huestes de Christine Lagarde por largos años.
Ese panorama es desesperanzador para la experiencia histórica del pueblo trabajador argentino con las recetas del FMI: las encuestas indican un amplio repudio al organismo. Por eso, el kirchnerismo sacó de la galera el caso de Portugal, bajo el Gobierno del Partido Socialista comenzado en 2015, para mostrar que “otro camino es posible”: convivir con el Fondo y que la economía se recupere. Son espejitos de colores.
Sobre cerdos
Bajo la impronta de la crisis mundial desatada en 2008, a partir de 2011 los medios anglosajones comenzaron a llamar despectivamente PIGS (en inglés significa cerdos) a Portugal, Italia, Grecia y España (Spain en inglés): se trataba de países del sur europeo con graves problemas económicos, principalmente con dificultades para afrontar los pagos de la deuda pública. Los problemas de deuda no surgieron de la nada, sino del salvataje al capital privado, principalmente a los bancos. Ironías de la historia, más tarde se empezó a incluir a Gran Bretaña en ese grupo.
En 2009 el capitalismo mundial exhibió una tasa de negativa de crecimiento por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial: en la Unión Europea (UE) el derrumbe fue cercano al 5 %. Desde 2010 en adelante las tasas de crecimiento se sostuvieron en zona positiva (con excepción de 2012 donde la UE volvió a caer levemente), pero en niveles muy moderados.
Los PIGS, además de acompañar la caída del conjunto de la UE en 2009 y 2012, sufrieron una recesión más prolongada y profunda entre 2011 y 2013 producto de los ajustes brutales sobre la mayoría del pueblo trabajador.
Bajo el comando de la Troika -compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- se buscó salvar el euro y rescatar de la quiebra a los bancos, principalmente a los alemanes y franceses. En contraste, el pueblo perdía sus casas por no poder pagar las hipotecas.
La Troika impuso a la economía griega un declive económico de casi una década: con el récord de -9 % en 2011, exhibió tasas negativas de crecimiento todos los años desde 2008 a 2016, con excepción de 2014 donde creció menos de 1 %. En 2017 y 2018 recuperó el crecimiento. Claro que después de atravesar el desierto un vaso de agua significa la vida misma, pero los números de crecimiento no dejan de ser lastimosos y la desocupación sigue encima del 20 %.
La tragedia griega fue responsabilidad de partidos conservadores y del Partido Socialista (Pasok en griego) hasta que en 2015 accedió al poder Syriza, una coalición de centroizquierda. Alexis Tsipras, el líder de la coalición y actual primer ministro, fue celebrado por el kirchnerismo y otras fuerzas políticas, incluso de la izquierda radical. Basó su campaña electoral en el rechazo a la austeridad para una vez en el gobierno transformarse en un brutal ajustador junto con la Troika. Al extremo que convocó un referéndum donde el pueblo griego votó mayoritariamente contra los planes de austeridad, mandato popular que fue finalmente desconocido por Tsipras.
Hoy nadie es su sano juicio puede defender el “modelo” griego. Tal vez este sea el motivo por el cual el kirchnerismo sacó a relucir el “milagro” portugués. Se trata de un caso que también cuenta con el agrado de Roberto Lavagna, exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. ¿Qué tiene de particular Portugal? Que combina un monitoreo de la economía por parte de la Troika (es decir: nada de andar echando al FMI) con crecimiento económico. El kirchnerismo quiere convencer que este crecimiento está motivado por el supuesto abandono de la austeridad, algo que no es enteramente cierto.
Asumido en noviembre 2015, el primer ministro portugués, Antonio Costa, encabeza el ejecutivo en manos de su partido, el Socialista, que mantiene una coalición parlamentaria junto con el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista. Luego de convivir varios años con la economía monitoreada, en diciembre último el primer ministro, Antonio Costa, anunció que cancelaban la deuda con el FMI: como los kirchneristas, paga por anticipado hasta la última moneda a los saqueadores. Pero el objetivo de esa política no es una ruptura con los organismos internacionales, sino ahorrar intereses de la deuda: Costa aclaró que lo hacía porque creía que "reforzará la credibilidad internacional".
Es cierto que en los dos últimos años Portugal consiguió tasas de crecimiento moderadamente más elevadas que la Unión Europea. Pero el signo común en el viejo continente desde la crisis de 2008 es el crecimiento excesivamente bajo, fenómeno del que no escapan los lusitanos: crecieron 2,7 % en 2017 y 2,8 % en 2018. Con los números en la mano, desde el punto de vista del crecimiento, Portugal no representa ningún milagro económico. Incluso, la inversión (una suerte de medida del estado de salud de la economía) es particularmente baja en Portugal en comparación con la UE.
A decir verdad, el inicio del crecimiento precedió al Gobierno de Costa: comenzó a mediados de 2013 cuando el primer ministro era el conservador Pedro Passos Coelho (ocupó el cargo entre junio de 2011 y noviembre de 2015). El crecimiento se consolidó desde 2014 a tasas crecientes. ¿Por qué se logró el crecimiento desde entonces? Porque en lo esencial el ajuste y el rescate a los bancos ya se había consumado: entre 2011 y 2014, el recorte del gasto público comprometido fue de 4.700 millones de euros.
Pero además, como ya fue mencionado, Portugal se benefició del empuje de la economía europea (de nuevo, a tasas muy moderadas). La estabilización del crecimiento de la UE sigue siendo extremadamente precario y se logró con un costo social que alcanza manifestación en el descontento en los “chalecos amarillos” de Francia, en el Brexit y más en general en la polarización política en el viejo continente.
Digámoslo todo
El “milagro” portugués se logró gracias a una ofensiva enorme de los capitalistas sobre la clase trabajadora. Esa ofensiva se inició bajo la gestión como primer ministro de José Sócrates del Partido Socialista (el mismo partido del actual primer ministro, Costa), quien se vio obligado a dimitir en 2011 en favor del conservador Pedro Passos Coelho cuando el Parlamento le rechazó su cuarto plan de ajuste.
En 2015, cuando asumió Costa en oposición a algunos planteos ajustadores gran parte de la tarea sucia estaba hecha. Pero más importante aún, la "voluntad" de Costa fue forzada por una movilización obrera y popular que rechazaba la austeridad. Aunque la iniciativa gubernamental está en manos de Costa, en tanto primer ministro, en Portugal gracias a la pesada herencia monárquica, también se elige presidente: en la actualidad ese cargo está en manos de Marcelo Rebelo de Sousa, un católico y conservador, perteneciente al Partido Social Demócrata, el líder con más apoyo en las encuestas en este momento. Es decir, que el “milagro” se debe a la intervención divina de todos los partidos del régimen patronal.
El crecimiento argentino posdevaluación duhaldista tiene un punto de coincidencia muy fuerte con Portugal. Aunque no hubo devaluación porque Portugal delegó la soberanía monetaria en el euro (en nuestro país sí hubo y puede haber más), los efectos son parecidos, lo cual permite desentrañar qué buscan los peronistas y su fracción kirchnerista: el 2001/2002 fue devastador para el salario que perdió un 30 % del poder de compra. Ese derrumbe salarial fue facilitado por el efecto disciplinador de la lenta agonía de la convertibilidad que dejó un tendal de desocupación y pobreza. Mientras todo el mundo se hundía, las ganancias empresarias se fortalecieron con el anabólico de los salarios devaluados.
El dejar pasar todo el ajuste sin luchas serias, como hizo el peronismo en aquél entonces y repite hoy, tiene una funcionalidad posterior que alberga la pretensión de presentarse como el gran salvador luego de que la burguesía se lleva tajadas enormes y los trabajadores recuperan apenas unas migajas, cosa que, tiempo después, vuelve a empezar, como ahora, con los trabajadores pagando la crisis otra vez: así funciona el país burgués ya sea "progre" o no "progre". El "modelo" portugués al que se alaba tanto significa dejar que se repita la misma historia del 2001, que condujo a los trabajadores a un desgraciado callejón sin salida.
Haciendo abstracción de otros elementos (crecimiento de la economía mundial, alza de precios de materias primas, etcétera), la destrucción salarial es la que permitió la recomposición de ganancias y el reinicio del ciclo económico argentino. En aquella tarea de destrucción salarial contribuyó Lavagna como ministro de Eduardo Duhalde. Aunque como Edipo, los kirchneristas quisieron matarlo, el padre del “modelo” fue el Cabezón. ¿Vendrá de allí el enamoramiento con el “modelo” portugués de Lavagna y los kirchneristas?
Así, en la medida que los trabajadores no encuentran una salida independiente a la crisis, el régimen capitalista impone su audacia alternando su personal político: la ofensiva sobre las condiciones de vida para recuperar las ganancias empresarias tiene una potencia mayor que la recuperación posterior.
No es que el capitalismo no se recupera nunca: aunque anémico, hasta Grecia está mostrando un reanimamiento, pero tiene lugar luego de una década de ataques sostenidos. Y es probable que el crecimiento no sea duradero en el panorama actual: hasta los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, están perdiendo la esperanza en el crecimiento mundial y proyectan una desaceleración.
Del mismo modo, durante los años de mayor austeridad los trabajadores portugueses sufrieron los efectos de una reforma laboral para abaratar “costos”, los empleados públicos vieron como sus salarios eran recortados un 25 %, los docentes llevan una década de salarios congelados, y los adultos mayores fueron obligados a trabajar más a causa de que se elevó la edad jubilatoria; el regresivo Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió de 21 % a 23 % durante el Gobierno de Sócrates y no volvió a bajar. Excepto por el impulso de la reducción de la jornada laboral del empleo público a 35 horas semanales (tal como era previamente a que los planes de austeridad la elevaran a 40 horas), el “milagro” portugués no devolvió a la clase trabajadora casi nada de lo perdido durante los días de borrasca. ¿Kicillof y Lavagna están dispuestos a revertir la reforma tributaria y el cambio en la movilidad jubilatoria del macrismo? ¿Qué harían con los pagos comprometidos con los fondos buitres?
A pesar del módico crecimiento económico, uno de los fenómenos más notorios de Portugal es la baja de la tasa de desempleo que en 2013, en el pico de la crisis, se ubicó en 16,2 % de la población activa. La reducción del desempleo también comenzó con el gobierno conservador, pero se acentuó en la gestión de Costa hasta reducirse al 7,3 % de 2018. Aun así, se trata de un nivel todavía más elevado que el promedio de período que va desde el 2000 al 2008, que fue de 6,1 %.
Justamente en la creación de empleo se hacen evidentes los efectos duraderos de la ofensiva del capital sobre los trabajadores durante la fase aguda de la austeridad: dos tercios de los nuevos empleos generados son precarios, de tiempo parcial o mediante contrato de obra, sin estabilidad laboral. Un modelo de "modernización" como sueña Macri.
Donde verdaderamente Portugal vive un boom económico es en el sector turismo y en el inmobiliario de manos de capitales extranjeros que llegaron a aprovechar las ventajas impositivas y los bajos salarios en relación a las potencias de la Unión Europea. Así, los trabajadores portugueses pagan el rescate al capital financiero y de la moneda europea con salarios de alrededor de 800 euros contra 1.500 de Francia; con el salario mínimo a menos de la mitad que en Francia y Alemania; y con jubilaciones que rondan los 500 euros.
No sólo eso. El boom del turismo y de los negocios inmobiliarios está generando un proceso de gentrificación que expulsa a los trabajadores y sectores populares desde las áreas centrales de las grandes ciudades del país hacia la periferia.
Portugal no llevó adelante ninguna ruptura con el capital financiero internacional. Tanto que, para elogiarlo, a Mario Centeno, el ministro de Finanzas, se lo llama el “Ronaldo de las finanzas” (en alusión al crack Cristiano Ronaldo). El elogio no surgió de una tribuna de fútbol, sino del ultraortodoxo exministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble. Centeno se benefició de la posibilidad de endeudarse en los “mercados” pagando una tasa de interés más baja que la pagada al FMI (un beneficio reservado a las economías europeas que a Macri le provocaría una sonrisa de oreja a oreja).
La deuda barata y las medidas de impulso del Banco Central Europeo le permitió gestionar el “gradualismo” a la portuguesa, pero implicó construir una deuda enorme, principalmente con el sistema financiero, que equivale al 130 % del PIB, un factor de riesgo latente para la economía lusitana. Es una hipoteca formidable que ante cualquier shock que revierta la situación disparará nuevas rondas de ajuste. Incluso el sistema bancario no está totalmente saneado y limita el crédito a pesar que el gobierno socialista le suministró más de 4 mil millones de euros.
Esperando el milagro
No debería extrañar (aunque vale la pena recordarlo) la responsabilidad del exministro de economía, Axel Kicillof, con los organismos internacionales y el capital imperialista: acordó pagar litigios en el Ciadi (un tribunal que actúa en el seno del Banco Mundial); arregló con el Club de París pagar una deuda con origen en la dictadura y reciclada en la crisis del fin de la convertibilidad; realizó un pacto neocolonial con Chevrón para explotar Vaca Muerta; e indemnizó a Repsol en agradecimiento por el vaciamiento energético.
En ese derrotero, había un fin último que era regresar a los “mercados” de capitales, tarea que quedó inconclusa por la falta de acuerdo con los fondos buitre, a los que en 2014 Kicillof ofreció 300 % de ganancias, pero los carroñeros encabezados por Paul Singer especularon con el cambio de gobierno y cuando llegó el macrismo obtuvieron mucho más por unos bonos que compraron por centavos especulando y empujando al país a la crisis durante el catastrófico principio de siglo.
El regreso a los “mercados” llevó al desbarranque económico del año pasado y al pedido de rescate al FMI. Bajo el impacto de las políticas acordadas por el Gobierno que encabeza Mauricio Macri con el organismo internacional, la economía está atravesando un derrumbe que en muchas cifras es inédito en el nuevo siglo: es lo que se lee de los últimos datos sobre el hundimiento industrial.
No obstante la agresiva política recesiva, implementada a través del ajuste de las cuentas públicas y de las elevadas tasas de interés que paga el Banco Central, la inflación no cede. No podía ser de otra manera: por un lado, porque los tarifazos siguen su curso; por el otro, porque el shock devaluatorio de 2018 impacta en ruedas sucesivas sobre los precios.
Nadie puede afirmar a ciencia cierta que nuevas corridas cambiarias no terminen de quebrar la política oficial conduciendo la economía, no sólo a una zona más catastrófica, sino directamente al caos: default obligado de la deuda pública, espiralización entre suba del dólar y de la inflación, figuran en el combo de diagnósticos que surgen, ya no exclusivamenete de los críticos del oficialismo, sino incluso de personajes que defienden al macrismo, como Carlos Melconian.
Los kircheristas y peronistas se embelesan con las maravillas del “milagro” portugués para instalar la ilusoria idea de que negociando con el FMI, que en palabras de Kicillof es más “flexible” que el propio macrismo, se puede lograr que el ajuste sea socialmente admisible.
Pero la dimensión de la catástrofe económica en curso y la situación internacional en declive no da margen para ninguna salida intermedia o reformista. Como vimos, Portugal no muestra algo distinto. No sólo eso: nuestro país (valga la aclaración, aunque resulte redundante) no es parte de la Unión Europea, sino un país dependiente donde el dominio de las potencias imperialistas brota hasta en el más mínimo detalle.
No se podrán recomponer los salarios, mejorar las condiciones de vida, mejorar los servicios públicos sin tarifazos si no se expulsa al FMI del país, se deja de pagar la deuda a los especuladores y se nacionaliza la banca y los servicios públicos en beneficio de las mayorías. O damos vuelta todo o ganan los sospechosos de siempre.
Pablo Anino
@PabloAnino
¿Qué hacía Victoria Donda en el Congreso del PJ?
La sorpresa en el Congreso del PJ Bonaerense que se realizó en La Matanza la dio la diputada y referente del espacio Somos. Tras más de 10 años de su alejamiento del Frente para la Victoria, la ex Libres del Sur se mostró a favor de un acuerdo con el kirchnerismo. Un breve repaso por su trayectoria.
El septiembre del año pasado Victoria Donda lanzó “Somos”, su tercera fuerza política en cinco años. En aquel entonces formalizaba su ruptura con Libres del Sur y Humberto Tumini, para habilitar una nueva confluencia en el interbloque Red por Argentina.
En aquel momento se especulaba con un posible acuerdo con la fuerza que conduce Cristina Fernández de Kirchner, tras más de 10 años de su alejamiento del Frente para la Victoria. Este jueves 21 de febrero, en el Congreso del PJ Bonaerense realizado en La Matanza, esa alternativa quedó más cerca de concretarse.
La presencia de Donda en el Congreso del PJ sorprendió a más de uno. La actual diputada posó sonriente para las fotos junto a la intendenta Verónica Magario y la diputada Mayra Mendoza, entre otras. Tras un largo camino recorrido, los rumores que la vinculan a una alianza con el peronismo para las elecciones se acrecientan.
Camaleón
En el 2007 Victoria Donda Pérez fue elegida como diputada nacional por Libres del Sur, fuerza que lideraba junto a Tumini. En aquel entonces, su fuerza política integraba la alianza del Frente para la Victoria y la lista la encabezaba el exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá.
Sin embargo en 2008 llegaría la escisión, motivada por la asunción de Néstor Kirchner como presidente del PJ y el abandono de una supuesta “renovación política”. Tras la crisis con las patronales del campo, Libres del Sur y Felipe Solá abandonarían las filas del FpV, aunque lo harían por caminos separados. Mientras Solá se marchó con Mauricio Macri y Francisco De Narváez para conformar la alianza Unión PRO, Donda formalizó un acuerdo junto a Pino Solanas y Proyecto Sur.
En 2011, el movimiento Libres del Sur se incorpora al Frente Amplio Progresista (FAP): una nueva coalición liderada por el dirigente del Partido Socialista Hermes Binner y que también integraba el GEN de Margarita Stolbizer. En las elecciones de ese año, el FAP saldría segundo y Donda renovaría su banca como diputada de la Nación.
Durante 2013 y junto a Prat Gay y Gil Lavedra, Donda denunciaba a Cristina Fernández de Kirchner y Guillermo Moreno por “falsificación de las estadísticas del INDEC”, “asociación ilícita” y “defraudación contra la Administración Pública”. Era la antesala de la nueva alianza que conformaría junto a ambos: el Frente Amplio UNEN, que contaría con la presencia de la Coalición Cívica - ARI de Elisa Carrió, Proyecto SUR de Pino Solanas, el Partido Socialista y la UCR, entre otros.
Las elecciones del 2015 marcarían un nuevo quiebre. Tras la decisión tomada por Carrió y el radicalismo de aliarse con el PRO de Mauricio Macri, el FAUNEN implosiona y Libres del Sur conforma el Frente Progresista junto al GEN y el Partido Socialista, coalición a través de la cual Donda accedió a su tercer mandato como diputada de la Nación.
Las legislativas de 2017 encontraron a Donda y a Tumini en la búsqueda de una nueva coalición electoral, esta vez de la mano de Sergio Massa: el frente 1 País, que reunía también a Margarita Stolbizer y a Felipe Solá, quien integraba las filas del Frente Renovador desde 2013. Sin embargo, las negociaciones durarían menos que un suspiro: un mes después de participar del lanzamiento del espacio y a tan sólo una semana del cierre de listas, Libres del Sur se retiró del frente en la Provincia de Buenos Airs al no ponerse de acuerdo en el reparto de candidaturas. Mientras tanto, sí integró el espacio en CABA, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Mendoza, tejiendo acuerdos con el gobernador Cornejo en esta última provincia.
Septiembre de 2018 marcó la ruptura de Libres del Sur y Victoria Donda pegó un portazo junto al dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. El fin de su histórica alianza con Humberto Tumini estuvo marcado por rumores de acercamiento con la expresidenta. Mientras el dirigente insiste con mantener un acuerdo con Stolbizer y el socialismo santafesino, Donda se integró al interbloque de Red por Argentina junto a Facundo Moyano, Felipe Solá y los legisladores del Movimiento Evita Leonardo Grosso y Lucila de Ponti, entre otros. Desde allí buscan restablecer el diálogo con el kirchnerismo y explorar un posible acuerdo para las presidenciales de este año, en vistas de un gran frente de unidad que incluya a massistas, burócratas sindicales, e intendentes.
Diez años después de su alejamiento del Frente para la Victoria y sus críticas hacia “la vieja política” y el abandono de la supuesta “renovación”, Donda dio la sorpresa con su presencia en el Congreso del PJ que reunió a intendentes como el massista Julio Zamora, Hugo Curto o Mario Ishi, y los dirigentes sindicales Omar Plaini y Hugo Moyano, entre tantos otros. “El Partido Justicialista es un partido de muchos años, uno de los más tradicionales, y creemos que hoy le hace bien a la unidad”, aseguró la diputada.
Un paso más en la negociación de lo que, todo parece indicar, será una nueva alianza electoral en su largo historial.
Juan Manuel Astiazarán
@juanmastiazaran
Favor a la impunidad: suspenden el comienzo del megajuicio de Campo de Mayo
El viernes las querellas fueron notificadas por el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín de la suspensión del debate oral de esta megacausa. Su inicio estaba previsto para el próximo 7 de marzo.
En la misma están imputados 19 represores, exintegrantes del Ejército, expolicías y civiles. Siete de ellos llegan por primera vez a esta instancia.
Entre las víctimas están los trabajadores de la automotriz alemana Mercedes Benz, empresa que en 1975 donó un equipo de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, el centro clandestino mas grande del país por el que pasaron sus obreros y que en su mayoría aún hoy continúan desaparecidos. También por trabajadores ferroviarios, entre otros casos que desde 1983 no han sido juzgados.
En menos de una semana este es el cuarto juicio de lesa humanidad suspendido. Los otros tres fueron en Salta, La Rioja y uno en los mismos tribunales federales de San Martín.
El argumento para la suspensión firmada por los jueces Daniel Gutiérrez y Silvina Mayorga es que no cuentan con tercer ni cuarto juez para llevar adelante las audiencias y que tampoco están disponibles los recursos que se solicitaron el año pasado a la Corte Suprema.
Argumento más que repetido cuando de causas de lesa humanidad se trata. Pero cuando se trata de perseguir y criminalizar la protesta social los mecanismos del Poder Judicial funcionan a la perfección.
Campo de Mayo: el mayor centro clandestino del país
Campo de Mayo fue el mayor centro clandestino del país y tenía, además, una maternidad clandestina en la que más de doscientos de niños y niñas nacieron en cautiverio y fueron apropiados. Pero a fines del año pasado el gobierno de Mauricio Macri convirtió por decreto el predio en una “reserva natural”.
Es indudable que el gobierno negacionista de Macri viene llevando adelante una política para debilitar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad. Pero que después de 42 años los sobrevivientes y familiares no hayan logrado ver en cárcel común y efectiva a muchos de los responsables, no es solo consecuencia del macrismo.
Que durante todos estos años no se hayan abierto los archivos de la dictadura que están en poder del Estado, de las empresas y de la Iglesia, y que hoy sigan en actividad miles de militares y policías que participaron del genocidio, sólo por mencionar algunos ejemplos muestra que, pese a determinadas concesiones arrancadas con la lucha en momentos determinados por parte de algún que otro gobierno, todos los partidos que han gobernado desde 1983 a la fecha mantuvieron intacto el aparato represivo del Estado e implementaron mil y unas maniobras para garantizar la impunidad a los genocidas.
Andrea López
CeProDH Zona Norte del Gran Buenos Aires
La muerte de Otto Vargas, inspirador del maoísmo argentino
Su vida no puede ser analizada por fuera de su obra: la construcción del Partido Comunista Revolucionario como expresión del maoísmo criollo, organización que condujo sin fisuras durante cuatro décadas.
Murió Otto Vargas, máximo dirigente y fundador del PCR de Argentina. Exponente estratégico e ideológico del maoísmo criollo que se caracterizó por la defensa abierta de la alianza con sectores reaccionarios del nacionalismo y la tradición estalinista.
La vida de Otto Vargas no puede ser analizada por fuera de su obra, que fue la construcción del Partido Comunista Revolucionario como expresión del maoísmo en Argentina, conducción que ejerció sin fisuras durante cuatro décadas.
Otto Vargas comenzó su militancia a fines de los ‘40, en las filas de la Federación Juvenil Comunista donde ingresó con 19 años. En aquel entonces, el PC había participado en el frente antiperonista de la Unión Democrática con el argumento de luchar contra el “nazi-peronismo”. Al poco tiempo ingresó en su aparato y tomó tareas internacionales que lo llevaron a vivir en Cuba, entre 1958 y 1959 como apoyo del PSP en los primeros meses de la Revolución cubana. A principios de los ‘60 Vargas se opone a la línea de desestalinización impulsada por Nikita Kruschev desde la URSS.
En 1968, Otto Vargas rompe con el PC llevando detrás de sí a un sector significativo de la Fede y funda el Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria que en 1969 adoptó el nombre del PCR. En sus orígenes mostraron sus simpatías por la Revolución Cubana y el Che Guevara. Este último, concluyó a partir de la experiencia de la Isla, que las burguesías criollas eran furgones de cola del imperialismo, planteando que la alternativa era “revolución socialista o caricatura de revolución”. Otto Vargas por el contrario, va a defender la concepción teórica del estalinismo de la revolución por etapas y el seguidismo a la burguesía nacional.
El PCR planteó, en continuidad con la concepción teórica del PC, que Argentina era dominada por los monopolios y la burguesía terrateniente y por lo tanto el carácter de la revolución va a ser “antimonopolista, antiimperialista, agraria y popular en camino al socialismo”. Ya esta base teórica originaria los llevó a definir una estrategia política de colaboración de clases.
Después del Cordobazo el PCR ganó importantes posiciones en la vanguardia obrera de la provincia que le permitió, tiempo después, conquistar la dirección del SMATA Córdoba dirigido por el desaparecido René Salamanca.
En aquellos años que desembocó en el desvío del ascenso de masas a partir del acuerdo entre el general Lanusse y Perón, que pone fin a la proscripción del peronismo, el PCR hará seguidismo de las posiciones ultraizquierdistas. En lugar de oponer al peronismo la candidaturas clasistas y un frente de trabajadores, tendrá como línea la de “ni golpe, ni elección, insurrección”, negándose a dar la batalla política contra el peronismo.
El maoísmo y la teoría del socialimperialismo
En 1972, luego de una gira en China, Otto Vargas y el PCR asumió el maoísmo como su concepción teórico estratégica, profundizando su ruptura con el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética). En función de su nueva adscripción ideológica, el PCR definió que Argentina es un campo de disputas inter-imperialistas entre los EEUU y lo que Otto Vargas define como el “socialimperialismo” soviético, cuyos agentes van a ser alternativamente Lanusse, la guerrilla montonera y del ERP, Lorenzo Miguel y el genocida Videla. Para enfrentar esta contradicción principal llamaba a constituir un bloque común con “los sectores patrióticos y democráticos de la burguesía urbana y rural”.
El PCR frente al lopezrreguismo
En la práctica política esto significó un alineamiento sin fisuras del PCR con el gobierno de Perón a partir de 1973 y de Isabel en el ‘74, caracterizados como nacionalistas que resistían a los bandos imperialistas. El tercer gobierno peronista se caracterizó por gobernar dando rienda suelta a las bandas fascistas de la Triple A dirigidas por López Rega, quienes casualmente se identificaban con el lema de “ni yanquis ni marxistas”.
La orientación que adoptó el PCR los llevó a boicotear las luchas contra el gobierno, negándose a señalar la responsabilidad de Perón en el golpe policial derechista en Córdoba, conocido como el Navarrazo, en enero de 1974. Más tarde se opondrán a la primera huelga general contra un gobierno peronista, como fueron las jornadas revolucionarias contra el Plan Rodrigo en junio y julio de 1975, calificándolas de “movilizaciones golpistas”. De la política sostenida durante este período el PCR se ganó en el conjunto de la vanguardia militante de los trabajadores, la juventud y la izquierda el mote de aliados del lopezrreguismo.
El apoyo a Menem y los carapintadas
Terminada la dictadura genocida, a quien señalaron siempre como “pro-rusa” a pesar de su furibundo anticomunismo, el retorno a la democracia los encontrará militando a la vera del peronismo de derecha de Italo Luder, Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias. De aquellos primeros años de la restauración democrática, también proviene su apoyo a los carapintadas dirigidos por Aldo Rico y sobre todo Mohamed Alí Seineldin, quienes pedían la misma cuota de impunidad que los generales por sus responsabilidades en el genocidio. El PCR los consideraba un ala malvinera nacionalista que debía ser apoyada en sus demandas. Como corolario de este período el PCR integró el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1991.
El PCR y el frente devaluador
En los ‘90 el PCR tuvo un momento de crecimiento al calor de los primeros levantamientos provinciales de trabajadores estatales del año 1994. También a partir de la creación de la Corriente Clasista y Combativa y la figura del dirigente municipal jujeño Carlos "Perro" Santillán, por entonces militante de este partido. La CCC practicó una política de alianza con la CTA de Víctor De Gennaro y Hugo Moyano con quienes convocaran a la primera Marcha Federal en julio del 94, puesta al servicio de la oposición representada entonces por Carlos Chacho Alvarez y el FrePaSo.
A fines de los ‘90, la CCC será parte constitutiva del movimiento piquetero en la provincia de Buenos Aires junto a Luis D’Elia. Como parte de la dirección piquetera el PCR y D’Elia se abstuvieron de participar de la rebelión popular que en diciembre del 2001 terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa y la Alianza. Más tarde sellaran un acuerdo de paz social que le permitió al duhaldismo capear las movilizaciones sociales en su contra.
Maoísmo sojero
Durante el kirchnerismo el PCR se caracterizó por el abierto alineamiento con la Mesa de Enlace sojera en el conflicto del 2008. Apoyó a Alfredo De Angelis, con quien compartía la presidencia de la Federación Agraria de Entre Ríos a través de Juan Echeverría. Caracterizando la protesta de las patronales agrarias contra las retenciones como el resurgir del “Argentinazo”, el PCR y Otto Vargas definieron que este movimiento expresaba que "se ha puesto de pie el principal aliado del proletariado revolucionario". Años después esta posición les valió la ruptura de buena parte de la juventud que denunciaba los acuerdos entre el PCR y la Fundación Alvarado-Tejar, representación de lo más rancio de la oligarquía terrateniente.
En los últimos años el PCR, diezmado, se sumó al triunvirato de San Cayetano orientado por Bergoglio, a quien visitó en Roma en agosto del 2016 para “mostrarle adhesión a su visión del mundo”. Desde la asunción de Cambiemos al poder el PCR levanta la estrategia de un gran frente antimacrista. En la actualidad el peso obtenido por el PCR en la superestructura del movimiento de mujeres, lo encuentra actuando como agente del peronismo de las provincias y la Iglesia y aparateando como una auténtica burocracia la autodeterminación de las mujeres.
Con Otto Vargas se va el último dirigente político estalinista de peso en Argentina. Su prédica de la revolución por etapas y la colaboración de clases y su apoyo a fuerzas reaccionarias, es el legado que deja como inspirador máximo del maoísmo criollo. Queda por nuestra parte el reconocimiento a la entrega abnegada de los luchadores y luchadoras que integraron sus filas y honestamente dieron su vida para la revolución.
Facundo Aguirre
domingo, 24 de febrero de 2019
sábado, 23 de febrero de 2019
Otto Vargas y el PCR, un balance histórico
Ha fallecido Otto Vargas, secretario general del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Su vida está íntimamente ligada al partido del cual fue fundador y constructor.
En sus inicios militantes, a fines de los 40 –según me confesó personalmente en una reunión de direcciones entre nuestros dos partidos– estuvo tentado de incorporarse a un agrupamiento que se reclamaba trotskista en La Plata. Pero finalmente lo hizo al Partido Comunista Argentino (PCA) dirigido por Victorio Codovilla. Ahí se desarrolló como un cuadro internacional, viajando a las escuelas de formación del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).
En 1967, precipitó la ruptura de la mayoría de la juventud del PCA. En una primera etapa se planteó “la recuperación revolucionaria” del PCA, ligándose a un sector de la burocracia del PCUS. Pero a principios de 1968 terminó constituyendo el PCR.
Su ruptura con el PCA codovillista fue parte del proceso de crisis del viejo aparato stalinista mundial y del ascenso revolucionario que produjo la revolución cubana, entre cuyas manifestaciones se cuentan el Mayo Francés y la guerra de Vietnam. La revolución cubana fue atacada y resistida por el PCA y el aparato internacional del PCUS. Uno de los factores que influyó en la constitución del nuevo Partido, fue la traición abierta del PCA y el PCUS, junto al PC boliviano, a la lucha del Che Guevara en Bolivia. Esa traición fue denunciada en el Diario del Che y por Fidel Castro. En 1967, nuestro Partido y el Comité de Recuperación Revolucionaria del PC, dirigido por Otto Vargas, llegaron a sacar declaraciones comunes llamando a movilizarse en apoyo al Che.
Años más tarde (1972), en el marco de la crisis y polémica internacional entre el PCUS y el Partido Comunista Chino (PCCh), el agrupamiento de Vargas se volcó abiertamente al maoísmo, encontrando en el mismo un punto de apoyo contra el PCA ligado a la burocracia “revisionista” rusa. La lucha interburocrática China-URSS había llevado a los primeros a ensalzar a Stalín, que venía de ser defenestrado en el XX Congreso del PCUS, en un intento por contener y desviar el creciente descontento de la clase obrera de la URSS. Otto Vargas cambió de referencia internacional, pero mantuvo a Stalin como referencia histórica. Su descubrimiento del carácter restauracionista de la burocracia de la URSS no le permitió caracterizar que el mismo proceso estaba en desarrollo en China. Ese mismo año Nixon viajó a Pekin para establecer un ‘acuerdo’ con Mao. En corto tiempo (1979) el mismo Otto Vargas llegó a la conclusión que en China estaba en pleno desarrollo el proceso de restauración burocrática del capitalismo.
Vargas, sin embargo, se atrincheró en la defensa la concepción menchevique del stalinismo: la llamada revolución por etapas con la burguesa democrática al frente, y la búsqueda desesperada de sectores progresistas de la burguesía nacional con los cuales hacer frente común. Ello, contra los intentos de organización política independiente de la clase obrera para acaudillar la lucha por la revolución permanente y la dictadura del proletariado.
Al poco tiempo de su nacimiento, el PCR intervino protagónicamente en el proceso del ‘cordobazo’ y estableció acuerdos de trabajo, aunque con diferentes estrategias, con nuestro PO. Fue así que se conformó la lista Marrón dirigida por René Salamanca, que integramos y recuperó el combativo SMATA Córdoba. Pero la sujeción a la burguesía nacional llevó al PCR a considerar al gobierno de Perón e Isabelita progresivo y antiimperialista y a apoyarlo activamente. Esto, a pesar de que ese gobierno se constituyó en eje de la reacción contra el proceso revolucionario abierto con el ‘cordobazo’, desarrollando una fuerte política represiva contra las luchas de la clase obrera y la izquierda, implantando el “Pacto Social” (tregua impuesta a la lucha de los trabajadores); el terror parapolicial y burocrático contra sectores combativos de la vanguardia obrera y estudiantil; la intervención y represión del sindicato clasista metalúrgico de Villa Constitución, y otros ataques a la clase obrera. En el plenario clasista y antiburocrático de Villa Constitución (1974), el PCR se opuso a la formación de una Coordinadora Nacional propuesta por nuestro Partido y otras organizaciones para articular las luchas contra el Pacto Social. Después de la muerte de Perón, el PCR defendió abiertamente al gobierno de Isabelita-López Rega, criticando las luchas que lo desestabilizaban y considerándolas parte de una tendencia golpista (ver la carta de autocrítica de Salamanca a los obreros del SMATA, de 1975, donde subordina las huelgas ‘económicas’ a la defensa antigolpista del gobierno). Con otro discurso, el PCR estaba colocado en el mismo terreno que el PCA, con el que había roto.
El golpe militar de 1976 ilegalizó al PCR, al igual que al PO y otras organizaciones. Durante gran parte de este período su oposición estuvo encuadrada en el terreno de la burocracia china, que consideraba a la dictadura como ‘pro rusa’, mientras hacía la vista gorda frente a la dictadura chilena pinochetista anti URSS.
Al finalizar la dictadura, el PCR volvió a apoyar al nacionalismo burgués peronista en la candidatura de Luder, el presidente del Senado de Isabel Perón que avaló la intervención del ejército en la represión a los trabajadores a partir de la huelga general de 1975 (antecedente del golpe militar del 76). Nuevamente se encontraba en el mismo campo que el PCA. Y volvió a apoyar a Menem en 1989, cuyo gobierno integró con funcionarios. En todo ese período y hasta avanzado el kirchnerismo, se opuso fuertemente a la presentación de candidaturas obreras y de izquierda independientes. Practicó un antielectoralismo vulgar, que entregaba a la burguesía y sus partidos la lucha política-electoral. Esta ceguera lo llevó a celebrar que el voto en blanco y nulo (por su propia naturaleza, heterogéneo) se había “destacado” en varios procesos electorales. Pero cuando se ‘autocritico’ de esta postura ultrista en materia de lucha electoral, no lo hizo para desarrollar en este terreno la independencia política de la clase obrera, sino para apoyar a diferentes frentes de conciliación de clases.
Hacia el final del menemato y en el posterior gobierno de la Alianza, tuvo el impulso progresivo de contribuir a organizar de los desocupados. En ese terreno, y en acuerdo con nuestro Partido y la CTA, impulsó la centralización nacional del movimiento piquetero (Plenario de La Matanza) y sus planes de lucha nacionales, transformándolo en un factor político dinámico en la lucha política y de clases. Este derrotero volvería a frustrarse en el ‘argentinazo’ del 2001. Entonces, el PCR (y su CCC) quebró a la Coordinadora Piquetera Nacional, para transformarse en furgón de cola de los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde. Así, debilitó la perspectiva de un amplio desarrollo político independiente y combativo de la vanguardia piquetera. En ese período, desarrolló una política participacionista, integrando los consejos consultivos promovidos por la iglesia. Por eso, estuvieron ausentes de la gran lucha piquetera del puente Pueyrredón, donde cayeron asesinados Kosteki y Santillan.
Su búsqueda de un sector progresista de la burguesía nacional lo llevo a ponerse del lado del capital agropecuario, en la crisis por la 125 y las retenciones a las exportaciones. Se opuso a la FUBA de izquierda y piquetera para apoyar a los radicales que forman ahora parte del gobierno macrista. Esto le ocasionó un retroceso entre la juventud estudiantil y obrera y terminó provocándole una ruptura política nacional que denunció los acuerdos del PCR con la burguesía rural y se acercó, al menos inicialmente, a la FUBA liderada por el PO y al Frente de Izquierda.
La crisis del macrismo ha embarcado al PCR en otro viraje, esta vez, en favor de la “unidad peronista” con quienes le votaron más de 100 leyes ajustadoras a cambiemos. Como parte de este giro, el PCR está rompiendo los acuerdos antiburocráticos realizados con la izquierda en los sindicatos de profesores universitarios y de la docencia bonaerense (listas multicolores) para alinearse con la burocracia de Yasky y Baradel. En esta estrategia, pasó a apoyar al papa Francisco y constituyó el trío de “los cayetanos”, que tiene una política de contención social frente al ajuste oficial.
La parábola de Vargas y el PCR es clara: en su trayectoria de medio siglo volvió a la senda de la cual se apartó –sólo empíricamente– en 1968. Dentro de sus contradicciones, Otto Vargas fue un fuerte adversario del trotskismo en Argentina y el mundo.
Rafael Santos
Rubios y morochos: los espejismos del Ministerio de Producción
Contra las afirmaciones del gobierno, somos los trabajadores los que pagamos más impuestos.
Unos pocos hombres y mujeres vestidos de traje, blancos y en su mayoría rubios, sostienen el peso de una masa indiferenciada de personas de tez oscura con vestimenta y calzado más o menos informal.
La imagen, repudiada en las redes sociales, forma parte de una presentación del Ministerio de Producción ligada al relanzamiento de una reforma laboral en beneficio de los capitalistas. El documento en cuestión, denominado “Leyes para la transformación productiva”, apunta a la reducción del llamado “costo laboral” –es decir, a la devaluación del salario y la liquidación de conquistas obreras– y especifica el objetivo de “desincentivar la litigiosidad laboral” –esto es, los juicios por violación de derechos y accidentes de trabajo. Todo ello, se dice, en beneficio de las PyMES y en función del “blanqueo” de los trabajadores que están en negro -si bien estos, con la reforma, pasarían a ser trabajadores formales… en condiciones semiesclavas.
En el sinfín de mentiras y falsificaciones del documento, la que da origen a la imagen es particularmente embustera. Con el fin de justificar nuevas exenciones y favores a los empresarios, se los presenta como los más perjudicados por el sistema impositivo vigente, obligados a cargar sobre sus hombros a las mayorías populares. Bien por el contrario, el mismo tiene un carácter fuertemente regresivo, gravando con más fuerza a quienes tienen menores ingresos. El caso ejemplar es el del Impuesto al Valor Agregado, que afecta directamente al consumo popular, al punto de insumir el 17% de los ingresos de una familia que cobre la Canasta Básica, y representa un tercio de la recaudación fiscal. Lo propio sucede en las provincias y municipios, donde las tasas urbanas que afectan al bolsillo popular superan sideralmente –en porcentaje y en monto– los mínimos gravámenes a las patronales agrarias. Este carácter históricamente distorsivo se ha visto profundizado por la reforma impositiva del gobierno (2017) y sucesivas exenciones y recortes en favor de los empresarios. Ello se ve en el ascenso del ingreso por IVA en el total de la recaudación (de 25,9% en 2016 a 32,6% en 2018). El IVA y otros impuestos indirectos “crecieron un 40,4% en 2018 versus un salto del 30,8% de los impuestos directos”, es decir, los que se aplican sobre la riqueza (Tiempo Argentino, 6/1). En este escenario, “la recaudación del mes de diciembre de 2018 se compuso por más de dos terceras partes por impuestos indirectos (69,3%) y la parte restante por impuestos directos (30,7%)” (ídem). Ello sin computar la distorsiva aplicación de impuestos directos sobre los salarios, como sucede con el Impuesto a las Ganancias.
Por lo demás, la presentación sobre la colaboración de cada grupo en la recaudación es tan amañada –reúne sin distinción a empresarios y trabajadores en blanco– como ilusionista, porque se abstrae de cualquier comparación entre esa recaudación y las riquezas de capitalistas y trabajadores. Solo en el año pasado, los asalariados retrocedieron tres puntos su participación en el PBI nacional, mientras el “Excedente de Explotación Bruto” –indicador de las ganancias empresarias– saltó de 36,9% en el primer trimestre a 45,9% en el segundo, según los propios datos oficiales. Ahora, las patronales buscan volcar la crisis industrial generada por las políticas del gobierno sobre las espaldas de los trabajadores, como se ve en el plan de 35 medidas propuesto por la Unión Industrial Argentina, en línea con la reforma laboral promovida por el documento.
Un dibujo definitivamente al revés: el peso de los parásitos empresarios se ha vuelto intolerable para las espaldas de quienes viven de su trabajo.
Prensa Obrera
El FIT convoca a movilizar a la embajada yanqui contra la intentona golpista en Venezuela
El Frente de Izquierda convoca a movilizar a la embajada yanqui en Buenos Aires, para repudiar la intentona golpista en Venezuela y la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, bendecida por Trump y sus agentes en América Latina –los Bolsonaro, Macri y Piñera. Este intervencionismo imperialista busca justificarse en nombre de la “democracia” y los “derechos humanos”. Pero quienes lo comandan son históricos impulsores del golpismo y el avasallamiento a todos los pueblos del mundo, comenzando por el imperialismo yanqui. Lo mismo puede decirse del ultrarreaccionario Bolsonaro, que reivindica a la dictadura brasileña, o del derechista Macri, que impulsa una escalada represiva en la Argentina y forma parte de una corriente política que ha apoyado a todos los golpes militares en Argentina. Repudiamos el reconocimiento que el presidente Macri ha hecho del seudopresidente Guaidó así como de su representante en Argentina, y exigimos el retiro de Argentina del grupo de Lima, ariete del imperialismo en la región.
Denunciamos el brutal cerco económico que el imperialismo ha establecido sobre Venezuela, al disponer la intervención de los activos de ese país en los Estados Unidos, así como la amenaza declarada de apelar a una invasión militar, para asegurar los objetivos del golpe. Al mismo tiempo, señalamos el carácter también golpista e intervencionista de aquellos que pretenden esos mismos objetivos a través de una supuesta “mediación” o “diálogo”, cuyo presupuesto es sostener la extorsión económica y política sobre Venezuela. Es el caso del grupo de Montevideo, fogoneado por la Unión Europea.
En la Argentina, los Massa, Pichetto, Urtubey, nucleados en Alternativa Federal, se han subido a la cruzada golpista contra Venezuela. Por su parte, y mientras Cristina Kirchner se llama a silencio, su bloque legislativo se suma a la política de la falsa “mediación” impuesta por la Unión Europea y el Vaticano.
Nuestro repudio al golpe imperialista no implica ningún apoyo político al régimen bolivariano, que es responsable de haber conducido a una encerrona al pueblo venezolano. El chavismo estableció un régimen de poder personal y estatización de las organizaciones populares, con el Ejército como sostén principal. El chavismo no alteró las relaciones de propiedad y, cuando la crisis mundial precipitó la caída de los precios del petróleo, no vaciló en trasladar a las masas el peso de la crisis, con devaluaciones y tarifazos. El gobierno venezolano ha llevado el salario a 6 dólares y provocado una catástrofe social y millones de refugiados. Gobiernan pactando con las multinacionales (empresas mixtas en petróleo y minería) y a favor de los grandes empresarios nacionales y de la llamada “boliburguesía” militar y civil, y pagan puntualmente la deuda externa. El gobierno de Maduro también eliminó la vigencia de los convenios colectivos de trabajo lo que motivó la oleada de huelgas hacia finales del año pasado.
La oposición pro yanqui se monta en el descontento popular, pero, si prevalece, no harán más que someter al pueblo a nuevas privaciones y a una recolonización económica integral. La alternativa es la movilización obrera y popular contra los planes de ajuste, la expulsión de la burocracia oficialista de los sindicatos para conquistar la independencia de las organizaciones obreras y por un verdadero gobierno de los trabajadores y el pueblo.
A partir de esta comprensión común, llamamos a movilizarnos en Argentina y en todo el continente en oposición a la intentona golpista y a cualquier tipo de injerencia imperialista, y planteamos un programa obrero de emergencia: No al pago de la fraudulenta deuda externa y repatriación obligada de capitales; no a las empresas mixtas, petróleo 100% estatal bajo control de sus trabajadores y técnicos, confiscación de los bienes de quienes saquearon al país, para disponer de esos recursos para las necesidades urgentes del pueblo y del país; respeto íntegro a los contratos colectivos y un salario igual a la canasta básica indexado según la inflación; control de los precios ejercido por los trabajadores y las comunidades, con delegados electos; control obrero de la producción y distribución, sin burócratas del gobierno ni militares: reincorporación de todos los despedidos; rechazo a los despidos tanto en el sector público como en el privado, ocupación y producción bajo control obrero –sin militares ni el gobierno– de toda empresa que despida o amenace cerrar; libertad para los trabajadores presos por luchar y anulación de los juicios a trabajadores, campesinos y todos los enjuiciados por protestar.
Con este planteo, llamamos a movilizarnos a la embajada de EE.UU en Buenos Aires contra esta intentona golpista. ¡Fuera el imperialismo de Venezuela y de América Latina! Peleamos por una salida política de los trabajadores para Venezuela y por la unidad socialista de América Latina.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Partido de los Trabajadores Socialistas – Partido Obrero – Izquierda Socialista
Venezuela, una nueva batalla de Stalingrado
El imperio parece dispuesto a todo. Amenaza, ruge, insulta, extorsiona, sabotea, miente, difama, moviliza a su tropa latinoamericana y europea, gobernantes que dan verguenza y que son repudiados por sus pueblos convertidos de la noche a la mañana en vestales y custodios de la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos. Pero hasta ahora no han podido, y la voluntad de las organizaciones chavistas y su gobierno ha sido indoblegable. Necesitamos TODA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL QUE SEA POSIBLE.
Si esta brutal ofensiva de un gobierno como el de Trump que ha proseguido y profundizado la política seguida por Barack Obama, "el progre" -en realidad, un "nigger Tío Tom" como los afroamericanos caracterizan a los de su etnia que piensan y actúan como los esclavócratas que los oprimieron por siglos- que preparó el terreno para la agresión actual al emitir una orden presidencial declarando que Venezuela era "una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, (y) declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza."
Esta aberrante declaración abrió la puerta a la brutalidad de Trump, menos sofisticado que su predecesor pero igualmente identificado con el proyecto imperial norteamericano que no sólo se propone reapoderarse de Venezuela sino también de Cuba, acabar con el sandinismo en Nicaragua y con Evo en Bolivia y retornar al continente a la situación en que se encontraba en vísperas de la revolución cubana. NO PODEMOS PERMITIR QUE TAL COSA OCURRA. Tantos años de luchas, de sacrificios, de torturas, cárceles, exilios, de vidas ofrendadas altruístamente para construir una nueva sociedad no pueden ser arrojados por la borda ante la prepotencia de la Casa Blanca. Por eso NO HAY OTRA ALTERVATIVA QUE VENCER, que derrotar al imperio que, como decía Martí, sólo reconoce al "derecho bárbaro, como único derecho: esto será nuestro porque lo necesitamos". Necesitan el petróleo, el oro y el coltan de Venezuela y serán capaces de perpetrar cualquier crimen con tal de conseguirlos.
Por primera vez desde el momento más álgido de la Guerra Fría Estados Unidos se siente amenazado. Pero lo de ahora es más grave, porque no es tan sólo un país quien le preocupa (anteriormente era la URSS) sino la enorme convulsión del tablero geopolítico mundial que ha visto surgir nuevos y poderosos centros de poder (China, Rusia, India, Turquía, etcétera) ante el cual EEUU no tiene respuestas: o apelar a la violencia o amenazar con ella. Es un tigre cebado porque perdió en Afganistán, perdió en Irak, no han podido con Irán, perdió en Siria, está perdiendo en Yemen y su única victoria, horrible, inmunda por sus mentiras y su crueldad, fue Libia. Quieren otra, en Nuestra América. Pero no la van a conseguir. Serán derrotados. Ya lo están siendo diplomáticamente. Ya también comienzan a retroceder en el terreno mediático porque su proliferación de "fake news" carcomen su credibilidad. Habrá que mantener la cohesión y el espíritu combativo para infligirles la derrota definitiva que demuestre que Nuestra América ha comenzado a transitar por el camino de la Segunda y Definitiva Independencia.
Atilio A. Boron
Si esta brutal ofensiva de un gobierno como el de Trump que ha proseguido y profundizado la política seguida por Barack Obama, "el progre" -en realidad, un "nigger Tío Tom" como los afroamericanos caracterizan a los de su etnia que piensan y actúan como los esclavócratas que los oprimieron por siglos- que preparó el terreno para la agresión actual al emitir una orden presidencial declarando que Venezuela era "una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, (y) declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza."
Esta aberrante declaración abrió la puerta a la brutalidad de Trump, menos sofisticado que su predecesor pero igualmente identificado con el proyecto imperial norteamericano que no sólo se propone reapoderarse de Venezuela sino también de Cuba, acabar con el sandinismo en Nicaragua y con Evo en Bolivia y retornar al continente a la situación en que se encontraba en vísperas de la revolución cubana. NO PODEMOS PERMITIR QUE TAL COSA OCURRA. Tantos años de luchas, de sacrificios, de torturas, cárceles, exilios, de vidas ofrendadas altruístamente para construir una nueva sociedad no pueden ser arrojados por la borda ante la prepotencia de la Casa Blanca. Por eso NO HAY OTRA ALTERVATIVA QUE VENCER, que derrotar al imperio que, como decía Martí, sólo reconoce al "derecho bárbaro, como único derecho: esto será nuestro porque lo necesitamos". Necesitan el petróleo, el oro y el coltan de Venezuela y serán capaces de perpetrar cualquier crimen con tal de conseguirlos.
Por primera vez desde el momento más álgido de la Guerra Fría Estados Unidos se siente amenazado. Pero lo de ahora es más grave, porque no es tan sólo un país quien le preocupa (anteriormente era la URSS) sino la enorme convulsión del tablero geopolítico mundial que ha visto surgir nuevos y poderosos centros de poder (China, Rusia, India, Turquía, etcétera) ante el cual EEUU no tiene respuestas: o apelar a la violencia o amenazar con ella. Es un tigre cebado porque perdió en Afganistán, perdió en Irak, no han podido con Irán, perdió en Siria, está perdiendo en Yemen y su única victoria, horrible, inmunda por sus mentiras y su crueldad, fue Libia. Quieren otra, en Nuestra América. Pero no la van a conseguir. Serán derrotados. Ya lo están siendo diplomáticamente. Ya también comienzan a retroceder en el terreno mediático porque su proliferación de "fake news" carcomen su credibilidad. Habrá que mantener la cohesión y el espíritu combativo para infligirles la derrota definitiva que demuestre que Nuestra América ha comenzado a transitar por el camino de la Segunda y Definitiva Independencia.
Atilio A. Boron
Abusos en la Iglesia: una cumbre para dejar todo en familia
El Vaticano, que arrancó ayer su cumbre sobre abusos, prepara un camino de impunidad para los victimarios.
La cumbre sobre abusos en el Vaticano que comenzó ayer y se extiende hasta el fin de semana es una herramienta de auto-preservación de la Iglesia, que no dará un solo paso real en la erradicación de los crímenes sexuales y el encubrimiento. Ha sido convocada por Francisco, él mismo involucrado en la protección de algunos de los abusadores, como una respuesta defensiva ante el enorme repudio de estos crímenes y como maniobra política frente a la conspiración en su contra de camarillas rivales.
El monarca aseveró en su apertura que “El Pueblo de Dios espera medidas concretas y eficaces”. Pero el documento con los “21 puntos de reflexión” distribuido a los asistentes por el Vaticano, junto con un paquete de medidas más o menos vagas de prevención y tratamiento de los casos y de participación de laicos en el proceso, se concentra en mantener el asunto por fuera de la justicia ordinaria, dentro de las paredes de la Iglesia y del derecho canónico –es decir, el escenario de los miles de encubrimientos denunciados.
Se contrapone de plano con el claro programa de las víctimas, que “consideran que la ‘tolerancia cero’ pregonada en los últimos 15 años solo podrá tomarse en serio cuando se cumplan tres parámetros: expulsión del sacerdocio de cualquier cura que abusa de un menor, apertura de los archivos del Vaticano y obligatoriedad de traslada a la justicia todas las denuncias” (El País, 21/2). A ello se suma el malestar de las víctimas y sus organizaciones por la ausencia de Francisco en la reunión que mantuvieron ayer con organizadores del encuentro vaticano. El catalán Miguel Ángel Hurtado, referente de Infancia Robada, señaló que “ayer estaba decepcionado, y hoy aunque parezca imposible, mi nivel de decepción ha aumentado (…) Los puntos de reflexión son muy flojos. No incluyen la tolerancia cero (…) si esto es lo mejor que tiene que ofrecer el Papa, esta cumbre va a ser un absoluto y completo fracaso” (La Vanguardia, 21/2). Con diferencias de grado, el escepticismo es la nota general entre las víctimas.
No faltan los motivos. En 2010 el Vaticano hizo pública una Guía que proponía por primera vez “seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes”, supuestamente en circulación desde 2003. El entramado de encubrimiento solo siguió escalando. La comisión para la tutela de los menores creada luego por Francisco nunca funcionó, y “varios miembros de esa comisión acabaron dimitiendo, después de que la Congregación para la Fe desoyera sus recomendaciones” (ElPeriódicoExtremadura, 21/2). Funcionarios de la Iglesia advierten sobre el gigantesco riesgo económico que representa para la institución que se destraben las causas judiciales. La investigación recientemente publicada por el escritor Fréderic Martel en su libro Sodoma, sobre homosexualidad en la Iglesia, da cuenta de una “cultura del secreto” en la institución.
El malestar de las víctimas de abusos revela que el cónclave, convocado para remontar la larga crisis que atraviesa la Iglesia, empezó con el pie izquierdo.
Tomás Eps
viernes, 22 de febrero de 2019
Agrotóxicos: La sustentabilidad de las corporaciones
“Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber químico y único: la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food.”
Eduardo Galeano
El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.
Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.
Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60% sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45% y Siria con 33%.
Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.
El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.
En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.
Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.
Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.
El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.
Vanessa Dourado y Braulio Domínguez
Virginia Bolten
Nota:
[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)
Eduardo Galeano
El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.
Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–, proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.
Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Si fuera cierto que la revolución verde solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60% sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45% y Siria con 33%.
Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.
El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.
El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos. El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.
En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.
Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.
Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.
El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.
Vanessa Dourado y Braulio Domínguez
Virginia Bolten
Nota:
[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)
jueves, 21 de febrero de 2019
Mucho más que una mini corrida
Cuando se conoció días atrás que el índice de inflación de enero superaba las previsiones oficiales, el impacto negativo generado en el gobierno fue automático. Las causas ahora están a la vista. La mini corrida de esta semana, la suba del dólar y nuevamente del riesgo país, que volvió a superior los 700 puntos, muestra que la promocionada ´estabilidad cambiaria´ lograda con el segundo acuerdo con el FMI es un espejismo. Incuba contradicciones potencialmente explosivas en el corto plazo que de desatarse, hundirían definitivamente las posibilidades de reelección de Macri.
Todos los analistas coinciden que la causa principal que desató esta mini corrida radica en la reducción de la tasa de interés de las Leliq que el Banco Central implementó en el último mes. Esta reducción puso en jaque el carry trade que se había armado con el ingreso de fondos del exterior y que ganaron entre setiembre y enero un 40% en dólares. Para ello bastó que cambien sus dólares por pesos, y aprovechen una tasa que durante semanas estuvo por encima del 60%. Luego podían volver al dólar sin que éste haya variado su precio. Pero el Banco Central no podía mantener en el tiempo este esquema no sólo porque profundizaba la recesión y enemistaba a una parte importante de la clase capitalista con el gobierno, sino porque los intereses que acumulaban las Leliq se estaban transformando en una bomba de mecha corta. Es que el stock de Leliq ya se va acercando peligrosamente al billón de pesos, a lo que hay que agregarle los intereses demenciales que debe afrontar el Banco Central. Por la vía de las Leliq, la “emisión cero” pactada con el FMI fue vulnerada y con creces, pues se sabe que equivalen al compromiso de una emisión futura, que más temprano que tarde deberá ejecutarse para afrontar su cancelación. Precisamente, uno de los factores que ha contribuido a desatar la crisis fue el intento del Banco Central de limitar la tenencia de Leliq por parte de los bancos.
El argumento del gobierno de que las Leliq no generarán la misma crisis que las Lebac porque las primeras están en manos de los bancos a diferencia de las segundas que podían adquirirlas directamente los ahorristas, es una paparruchada. Sucede que el negocio de las Leliq se basa en que los ahorristas ponen sus pesos en los bancos a cambio de una tasa de interés alta, que supera tanto a la inflación como a la tasa de devaluación. Luego los bancos entregan esos pesos al Banco Central a cambio de Leliq con vencimiento de corto plazo, y reciben un adicional importante. Por este pasamano, los bancos se han embolsado una diferencia extraordinaria, sin arriesgar nunca capital propio. Pero la baja de la tasa de las Leliq que comenzó a ejecutar el Banco Central conllevó a que de inmediato se produzca una reducción de la tasa que los bancos le pagan a los ahorristas por sus plazos fijos. Esta tasa en los últimos días se ubicó por debajo del 40%, comenzando a ser neutra en relación con la inflación, y hasta negativa. Con la inflación de enero del 2.9%, la acumulada en los últimos 12 meses ya supera el 49%. Para febrero se espera un 3.5% y ahora podría subir como resultado del ajuste del tipo de cambio. Todos los analistas financieros hablan de que al menos hasta mayo, la inflación anual rondará el 50%. Bastaría que una parte importante de estos plazos fijos se cancelen y se pasen al dólar para transformar la mini corrida de esta semana en una verdadera estampida. A diferencia del pasado alcanzaría también a los bancos, que han quedado expuestos por el aumento exponencial de los plazos fijos. Esta corrida se agravaría porque alcanzaría también a los fondos de inversión que ingresaron al país para beneficiarse del carry trade. Según algunas informaciones, estos fondos ya han comenzado a retirarse, por temor a que una devaluación les haga perder las ganancias siderales de los últimos cuatro meses.
Los índices de inflación superiores a todas las previsiones no sólo marcan el fracaso de toda la política pactada con el FMI, sino que echan más leña al fuego de la crisis, al potenciar una corrida contra el peso por la baja de la tasa de interés. Sin embargo, el gobierno mismo termina acelerando la inflación al autorizar nuevos aumentos de las tarifas y el transporte público, que luego derrama sobre toda la economía de modo directo e indirecto. Estos aumentos son para el gobierno inevitables, si quiere cumplir con la pauta de déficits primario cero pactado con el FMI. Pero la recesión económica, generada en buena medida por los aumentos de precios que deprimen el consumo y aceleran la crisis industrial, impacta negativamente sobre la recaudación y obliga a nuevos ajustes. Como se ve, estamos ante una política condenada al fracaso, que a lo máximo que aspira es a llegar hasta las elecciones. Si a estas contradicciones explosivas se le sumara algún efecto de la crisis mundial, este esquema precario saltaría por el aire. El gobierno parece tener conciencia de que esta política no va a ningún lado. Macri ya encargó a López Murphy, Cavallo y compañía un nuevo plan económico para el caso de que logre su reelección. De más está decir que implicará un ajuste aún más brutal que el actual.
Mientras se siguen reuniendo las condiciones para una nueva corrida de envergadura, se profundiza la crisis industrial y la caída del consumo. Los capitalistas quieren descargar esa crisis sobre las espaldas de los trabajadores, y echan mano a los despidos, las suspensiones, y hasta el cierre directo de plantas. En los últimos días varios grupos empresariales de peso han presentado recursos preventivos de crisis como antesala de despidos masivos y reorganizaciones empresariales que incluyan reformas laborales profundas, que permiten incrementar la tasa de explotación de la clase obrera. Es lo que está sucediendo en FATE, Coca Cola y Avianca, entre otras. Detrás de estas presentaciones existe también un choque entre los capitalistas y el gobierno, que disputan en torno al tipo de cambio y el reclamo de subsidios.
La oposición pejotista-kirchnerista se candidatea a ser la expresión de este sector capitalista. Su programa se reduce a una renegociación de los términos del acuerdo con el FMI, para obtener un margen de maniobra más amplio que le permita sostener a la burguesía con subsidios del Estado. Es un plan ultra-conservador, que busca llevarse a cabo en acuerdo con el propio FMI. Lo dejó en claro Kicillof en su reunión con la misión del Fondo, cuando se comprometió a no defaultear la deuda.
Argentina es un país en bancarrota que deberá elegir un síndico de la quiebra que decida quien paga la crisis. El programa de las distintas formaciones capitalistas, sean macristas o del pejota-kirchnerismo, conduce a que sean nuevamente los trabajadores los que carguen con el peso de la quiebra nacional. La salida para la mayoría trabajadora reclama un programa de ataque directo al capital: no pago de la deuda, principal fuente de la fuga de capitales; nacionalización de los recursos energéticos y de las privatizadas para terminar con la dolarización de tarifas; nacionalización de la banca y del comercio exterior; apertura de los libros de las empresas que despiden o suspenden; control obrero general; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por un plan de obras públicas financiado por impuestos al capital.
Este programa de salida a la crisis es defendido exclusivamente por el Frente de Izquierda.
Gabriel Solano
Unir a toda la izquierda anticapitalista
Propuestas y debates
Desde la Dirección Nacional del MST queremos reafirmar nuestras propuestas al conjunto de la izquierda anticapitalista. En un momento de desafíos y oportunidades para la izquierda, podemos dar pasos firmes y unitarios, con un buen método y sin imposiciones.
La unidad en las luchas
Reiteradas veces y de formas variadas venimos insistiendo en la necesidad imperiosa que toda la izquierda anticapitalista se una. No solo en el terreno electoral, sino de conjunto para estimular y fortalecer el proceso de luchas obrero, popular, estudiantil y feminista, y el impulso a una nueva dirección clasista y antiburocrática en los sindicatos y en el movimiento estudiantil.
El inicio de 2019 replantea nuevamente este tema. En las luchas es esencial; porque el brutal ajuste macrista y del FMI, con la complicidad y aplicación directa del PJ en sus provincias, pone blanco sobre negro que para derrotarlos y sobrepasar a la vieja burocracia sindical, es clave la unidad de la izquierda en cada lucha para apoyar, coordinar y profundizar las peleas en curso de las y los trabajadores, del movimiento feminista antipatriarcal y de la juventud.
La unidad en el plano electoral
Al haber elecciones nacionales en el horizonte y elecciones provinciales adelantadas, se coloca lógicamente el debate electoral con importancia, y esto vale también para la izquierda. Aunque sabemos que las elecciones son tan solo una parte de la lucha política y que es en las calles y en la confrontación de clases donde se define el futuro, esto no niega la importancia de que electoralmente ofrezcamos una alternativa muy fuerte en oposición a todos los partidos del sistema, y que esa lucha político-electoral contribuya también, dialécticamente, al desarrollo del conjunto de las tareas de la izquierda anticapitalista.
Sobre la unidad de los anticapitalistas que es requerida por miles de activistas obreros, estudiantiles, feministas y populares, los últimos días volvió a entrar en debate si avanzar o no en una unidad real y mayor. A los planteos de unidad que desde el MST venimos haciendo y ante el silencio sobre el tema de algunas fuerzas del FIT, se sumó el lunes la propuesta que el PTS hizo pública bajo el título de “hacer un frente más amplio para las elecciones de 2019”.
Cómo toda propuesta que se hace hacia la prensa y sin dirigirse realmente a las fuerzas de la izquierda que tenemos fuerte trabajo en todo el país, tiene el límite de no ser por ahora más que eso, una declaración que habrá que ver si pasa de ese estado declarativo. De nuestra parte, siendo por fuera del FIT el partido más grande y extendido nacionalmente que ya está dando pelea en todas las provincias y la dará en las elecciones nacionales, y porque además somos coherentes con la propuesta unitaria que venimos haciendo, consideramos positivo que se reabra este debate y proponemos reunirnos rápidamente con el FIT, con AyL y demás fuerzas anticapitalistas, a intercambiar y buscar todas las variantes posibles para lograr una gran unidad programática, política y de candidaturas. Para concretarlo, hace falta que el PTS y el FIT asuman a fondo el tema y pasen de las palabras a los hechos. Sería una nueva decepción para miles y miles de militantes y seguidores de la izquierda, ver frustrada una gran unidad cuando hay condiciones para lograrla.
Algunos debates
En las palabras recientes del PTS se le da especial importancia a Caba porque allí no se ha logrado colocar un diputado de izquierda, de ahí la insistencia hacia Zamora. Sin embargo, aunque no lograr diputados allí es un hecho cierto no puede limitarse el problema a una ciudad, a una o dos fuerzas o a un par de dirigentes. Creemos más correcto tomar el país y las tareas de la izquierda de conjunto. Así se realza la necesidad y posibilidad de fortalecer una alternativa nacional unitaria de izquierda, que le dispute mejor y en todos lados a los partidos patronales y a la centroizquierda. La unidad de la izquierda anticapitalista sería una novedad muy positiva en el país (y en Caba) y también un salto hacia adelante en la influencia de la izquierda sobre franjas del movimiento de masas. Esa posibilidad está planteada hoy y depende de lo que hagamos o no.
En el plano electoral no está pendiente solo el caso de Caba. Por dar otro importante ejemplo está el caso de Córdoba, un distrito clave donde tampoco se logró colocar diputados nacionales. Allí, desde el MST, tenemos una importante presencia política y caudal de votos que, unificada al FIT, garantizaría un salto cualitativo para todos, una provincia en la cual aún estamos a tiempo de hacerlo. Como también estuvo Santa Fe donde tampoco hay representación parlamentaria de la izquierda, ni nacional ni provincial, en donde acaban de cerrar las presentaciones de alianzas y consideramos un error que el FIT no haya aceptado nuestra propuesta de ir juntos, por lo cual lamentablemente habrá dos listas de izquierda en estas elecciones; el FIT y el MST. También está el caso Entre Ríos, en donde desde el MST nos encaminamos a una importante elección con posibilidad de ingresar cargos legislativos que luego podríamos poner a disposición de un acuerdo nacional de la izquierda anticapitalista. Estos y otros ejemplos provinciales abonan la necesidad de sumar las fuerzas de todos y en todos lados, sin reducir el debate a un solo distrito.
En concreto, creemos que hay que poner por delante las tareas globales de la izquierda en el país y la necesidad de ser un muy fuerte polo político y de lucha que enfrente a Macri, a todas las variantes del PJ y a la centroizquierda. Y junto con esto intentar en todas las provincias que en el plano electoral la suma de las partes se transforme en un salto de calidad hacia delante.
Acuerdos y diferencias
El PTS plantea para la unidad que propone que “el límite, como siempre, es la independencia política de los trabajadores que defendemos desde el Frente de Izquierda”. De nuestra parte no tenemos ninguna duda que la unidad de toda la izquierda anticapitalista generaría el mayor grado de independencia política de los trabajadores, que es la estrategia por la cual luchamos y que se expresa no solo en el programa del FIT, sino también en el nuestro y en el de otros sectores anticapitalistas.
Precisamente porque se podría lograr un fuerte acuerdo político y programático a mediano y largo plazo, es que muchas veces hemos insistido no solo en hacer un frente electoral sino acuerdos más profundos, sobre la base de ese programa y de la necesaria independencia de clase en todos los terrenos de intervención. Los pasos comunes que venimos dando en el sindicalismo combativo son ejemplos a seguir y, lógicamente, a mejorar, que apuntan en este sentido. Si ahora diéramos pasos de unidad electoral, también abonarían y fortalecerían las propuestas y necesidades políticas y sociales de nuestra clase.
Desde ya que entre la distintas fuerzas de izquierda va a seguir habiendo matices o diferencias en algunos puntos o en cuestiones de años atrás que bien se pueden debatir para sacar conclusiones. Hay diferencias al interior del FIT y también entre nuestras fuerzas. Eso es lógico, y no lo es usarlas como excusa para dividir. El método obrero es partir de las tareas presentes y futuras y fortalecer a partir de acuerdos la lucha y las necesidades planteadas. Ningún obrero con conciencia de clase antepone viejas diferencias a los pasos de unidad que hoy se pueden lograr contra todo el sistema. Priorizar los acuerdos es el ABC del marxismo, el leninismo y el trotskismo y es un método que no puede quedar fuera de este debate. Debe estar presente para unir lo que hay que unir en la izquierda anticapitalista y socialista y evitar planteos ultimatistas.
Reafirmamos una vez más nuestra propuesta de unidad. Mientras tanto desde el MST seguiremos dando la lucha política en todo el país, con nuestra precandidata a presidenta Cele Fierro, con Bodart, Ripoll, con todas nuestras referencias provinciales y toda nuestra militancia nacional. Convencidos que hay que jugarse entero a dar vuelta todo este régimen y sistema capitalista. Para eso nos organizamos y por eso luchamos.
Sergio García – Dirigente Nacional del MST
Desde la Dirección Nacional del MST queremos reafirmar nuestras propuestas al conjunto de la izquierda anticapitalista. En un momento de desafíos y oportunidades para la izquierda, podemos dar pasos firmes y unitarios, con un buen método y sin imposiciones.
La unidad en las luchas
Reiteradas veces y de formas variadas venimos insistiendo en la necesidad imperiosa que toda la izquierda anticapitalista se una. No solo en el terreno electoral, sino de conjunto para estimular y fortalecer el proceso de luchas obrero, popular, estudiantil y feminista, y el impulso a una nueva dirección clasista y antiburocrática en los sindicatos y en el movimiento estudiantil.
El inicio de 2019 replantea nuevamente este tema. En las luchas es esencial; porque el brutal ajuste macrista y del FMI, con la complicidad y aplicación directa del PJ en sus provincias, pone blanco sobre negro que para derrotarlos y sobrepasar a la vieja burocracia sindical, es clave la unidad de la izquierda en cada lucha para apoyar, coordinar y profundizar las peleas en curso de las y los trabajadores, del movimiento feminista antipatriarcal y de la juventud.
La unidad en el plano electoral
Al haber elecciones nacionales en el horizonte y elecciones provinciales adelantadas, se coloca lógicamente el debate electoral con importancia, y esto vale también para la izquierda. Aunque sabemos que las elecciones son tan solo una parte de la lucha política y que es en las calles y en la confrontación de clases donde se define el futuro, esto no niega la importancia de que electoralmente ofrezcamos una alternativa muy fuerte en oposición a todos los partidos del sistema, y que esa lucha político-electoral contribuya también, dialécticamente, al desarrollo del conjunto de las tareas de la izquierda anticapitalista.
Sobre la unidad de los anticapitalistas que es requerida por miles de activistas obreros, estudiantiles, feministas y populares, los últimos días volvió a entrar en debate si avanzar o no en una unidad real y mayor. A los planteos de unidad que desde el MST venimos haciendo y ante el silencio sobre el tema de algunas fuerzas del FIT, se sumó el lunes la propuesta que el PTS hizo pública bajo el título de “hacer un frente más amplio para las elecciones de 2019”.
Cómo toda propuesta que se hace hacia la prensa y sin dirigirse realmente a las fuerzas de la izquierda que tenemos fuerte trabajo en todo el país, tiene el límite de no ser por ahora más que eso, una declaración que habrá que ver si pasa de ese estado declarativo. De nuestra parte, siendo por fuera del FIT el partido más grande y extendido nacionalmente que ya está dando pelea en todas las provincias y la dará en las elecciones nacionales, y porque además somos coherentes con la propuesta unitaria que venimos haciendo, consideramos positivo que se reabra este debate y proponemos reunirnos rápidamente con el FIT, con AyL y demás fuerzas anticapitalistas, a intercambiar y buscar todas las variantes posibles para lograr una gran unidad programática, política y de candidaturas. Para concretarlo, hace falta que el PTS y el FIT asuman a fondo el tema y pasen de las palabras a los hechos. Sería una nueva decepción para miles y miles de militantes y seguidores de la izquierda, ver frustrada una gran unidad cuando hay condiciones para lograrla.
Algunos debates
En las palabras recientes del PTS se le da especial importancia a Caba porque allí no se ha logrado colocar un diputado de izquierda, de ahí la insistencia hacia Zamora. Sin embargo, aunque no lograr diputados allí es un hecho cierto no puede limitarse el problema a una ciudad, a una o dos fuerzas o a un par de dirigentes. Creemos más correcto tomar el país y las tareas de la izquierda de conjunto. Así se realza la necesidad y posibilidad de fortalecer una alternativa nacional unitaria de izquierda, que le dispute mejor y en todos lados a los partidos patronales y a la centroizquierda. La unidad de la izquierda anticapitalista sería una novedad muy positiva en el país (y en Caba) y también un salto hacia adelante en la influencia de la izquierda sobre franjas del movimiento de masas. Esa posibilidad está planteada hoy y depende de lo que hagamos o no.
En el plano electoral no está pendiente solo el caso de Caba. Por dar otro importante ejemplo está el caso de Córdoba, un distrito clave donde tampoco se logró colocar diputados nacionales. Allí, desde el MST, tenemos una importante presencia política y caudal de votos que, unificada al FIT, garantizaría un salto cualitativo para todos, una provincia en la cual aún estamos a tiempo de hacerlo. Como también estuvo Santa Fe donde tampoco hay representación parlamentaria de la izquierda, ni nacional ni provincial, en donde acaban de cerrar las presentaciones de alianzas y consideramos un error que el FIT no haya aceptado nuestra propuesta de ir juntos, por lo cual lamentablemente habrá dos listas de izquierda en estas elecciones; el FIT y el MST. También está el caso Entre Ríos, en donde desde el MST nos encaminamos a una importante elección con posibilidad de ingresar cargos legislativos que luego podríamos poner a disposición de un acuerdo nacional de la izquierda anticapitalista. Estos y otros ejemplos provinciales abonan la necesidad de sumar las fuerzas de todos y en todos lados, sin reducir el debate a un solo distrito.
En concreto, creemos que hay que poner por delante las tareas globales de la izquierda en el país y la necesidad de ser un muy fuerte polo político y de lucha que enfrente a Macri, a todas las variantes del PJ y a la centroizquierda. Y junto con esto intentar en todas las provincias que en el plano electoral la suma de las partes se transforme en un salto de calidad hacia delante.
Acuerdos y diferencias
El PTS plantea para la unidad que propone que “el límite, como siempre, es la independencia política de los trabajadores que defendemos desde el Frente de Izquierda”. De nuestra parte no tenemos ninguna duda que la unidad de toda la izquierda anticapitalista generaría el mayor grado de independencia política de los trabajadores, que es la estrategia por la cual luchamos y que se expresa no solo en el programa del FIT, sino también en el nuestro y en el de otros sectores anticapitalistas.
Precisamente porque se podría lograr un fuerte acuerdo político y programático a mediano y largo plazo, es que muchas veces hemos insistido no solo en hacer un frente electoral sino acuerdos más profundos, sobre la base de ese programa y de la necesaria independencia de clase en todos los terrenos de intervención. Los pasos comunes que venimos dando en el sindicalismo combativo son ejemplos a seguir y, lógicamente, a mejorar, que apuntan en este sentido. Si ahora diéramos pasos de unidad electoral, también abonarían y fortalecerían las propuestas y necesidades políticas y sociales de nuestra clase.
Desde ya que entre la distintas fuerzas de izquierda va a seguir habiendo matices o diferencias en algunos puntos o en cuestiones de años atrás que bien se pueden debatir para sacar conclusiones. Hay diferencias al interior del FIT y también entre nuestras fuerzas. Eso es lógico, y no lo es usarlas como excusa para dividir. El método obrero es partir de las tareas presentes y futuras y fortalecer a partir de acuerdos la lucha y las necesidades planteadas. Ningún obrero con conciencia de clase antepone viejas diferencias a los pasos de unidad que hoy se pueden lograr contra todo el sistema. Priorizar los acuerdos es el ABC del marxismo, el leninismo y el trotskismo y es un método que no puede quedar fuera de este debate. Debe estar presente para unir lo que hay que unir en la izquierda anticapitalista y socialista y evitar planteos ultimatistas.
Reafirmamos una vez más nuestra propuesta de unidad. Mientras tanto desde el MST seguiremos dando la lucha política en todo el país, con nuestra precandidata a presidenta Cele Fierro, con Bodart, Ripoll, con todas nuestras referencias provinciales y toda nuestra militancia nacional. Convencidos que hay que jugarse entero a dar vuelta todo este régimen y sistema capitalista. Para eso nos organizamos y por eso luchamos.
Sergio García – Dirigente Nacional del MST
Comunidades indígenas jujeñas en guerra contra la megaminería
Por medio de un audio, integrantes de las comunidades que se encontraban cortando la ruta 52 desde el martes 12 en reclamo contra la minería inconsulta en sus territorios anunciaron que levantan el corte tras la visita del presidente del JEMSE, Oheler, quien fue sin respuestas pero recibió el pedido de las comunidades que el Gobernador se haga presente el miércoles 20 a las 11:00. De no mediar dicha reunión anunciaron que el corte continuará.
Integrantes de unas 20 comunidades indígenas de Jujuy cortaron el cruce de la ruta nacional 52 con la provincial 79, en plena Puna, en contra de las exploraciones de litio en las cuencas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
Unas 150 personas impedían el paso de los vehículos por el corredor vial como medida de fuerza hasta que el gobierno jujeño “anule” los permisos para dos empresas que iniciaron los trabajos de exploración para el desarrollo de emprendimientos mineros.
El reclamo “exige” la presencia en el lugar del gobernador Gerardo Morales, “para que dé respuestas” al reclamo que sumó en los últimos días adhesiones de instituciones académicas internacionales.
“Estamos realizando un corte de ruta definitivo y reclamamos la presencia del gobernador para solucionar el conflicto”, dijo Verónica Chaves, de la comunidad aborigen de Tres Pozos.
La activista refirió que la protesta se debe a que “el gobierno jujeño autorizó el estudio de suelos para la futura explotación del litio en las cuencas de la región sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, como lo establece la OIT”.
Detalló que los trabajos que habían iniciado las empresas Ekekos S.A. y Lossi S.A. en medio de la Laguna de Guyatayoc consistían en la excavación de un pozo de 394 metros de profundidad, “destruyendo el medio ambiente y poniendo en peligro los pocos sitios de agua que tenemos en esta zona”. Y agregó que “lo pudimos frenar la semana pasada”.
Phillip Thomas, CEO y presidente de AIS Resources Limited, con sedes en Vancouver, Canadá, y Nassau, Bahamas, confirmó que la compañía abandonó el proyecto minero en la zona, resolución que aún no se vio reflejada en su página web.
“La plataforma de perforación se ha ido y solo estamos haciendo un trabajo de reparación para limpiar el sitio”, dijo Thomas. Al ser consultado sobre la decisión, señaló: “No tenemos comentarios al respecto”.
Por su parte, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler, emitió un comunicado oficial en referencia a los cuatro estudios de impacto ambiental para exploración aprobados durante 2018 para los Salares de Olaroz y Cauchari (dos por litio y uno por otros metales), y el restante para el Salar de Guayatayoc (litio).
Según Soler, todos los proyectos mineros a los que hace referencia en el texto “cumplen con las normas y procedimientos ambientales”, y dice que las comunidades originarias involucrados en cada uno de ellos participaron de una “consulta previa, libre e informada”.
Sobre este último punto, las comunidades kollas indicaron que no aceptarán más como argumento la supuesta aceptación de la consulta (exigencia constitucional para poder avanzar en proyectos de este tipo en sus territorios), ya que alegan que el gobierno utiliza este mecanismo de manera “aparente”, llamando a “mesas chicas” y “reuniones para convencer a dirigentes”. Finalmente, advirtieron: “Si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
Chaves recordó que “hace tres años que mantenemos nuestra posición en contra de todo tipo de emprendimientos mineros, porque entendemos que el gobierno no entiende la voluntad de las comunidades”.
En el lugar se manifiestaron comunidades de San Miguel de los Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Tusaquillas, Sausalito, Casabindo, Queñoalito, Cochagaste, Tambillos, Quera, Agua Caliente, Ayllus Abralaite, Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Cianzo, Barrancas y Casa Colorada, entre otras.
El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras
El día que se instalaron emitieron este comunicado:
En el territorio de las Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a los 12 días del mes de febrero de 2019 reunidos en Asamblea General rechazamos y desmentimos el comunicado oficial difundido con fecha 11/02/19 por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, referente a “proyectos mineros cumplen con normas y procedimientos ambientales”. En el territorio de las Comunidades de San Miguel de Colorados y Rinconadillas no se cumplió ni se realizó el procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Por lo tanto, las comunidades: San Miguel de Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Sausalito, Queñoalito, Tusaquillas, Casabindo, Cochagaste, Tambillos, Quera y Agua Caliente, Ayllus Abralaite (Agua de Castilla, Río Grande y Santa Ana), Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Sianzo y Barrancas; Casa Colorada, Rangel y Cerro Negro (Salta) reafirmamos la autodeterminación y el rechazo total y definitivo a todo emprendimiento de megaminería, litio y otros minerales. También la nulidad de todo pedimento minero en toda la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, como así mismo en las Serranías de El Aguilar, el Chañi, Cobres e Incahuasi.
La Asamblea reunida declaramos el territorio Patrimonio Ancestral Cultural y Natural de los Pueblos Originarios Kolla y Atacama.
Las Comunidades Indígenas vienen manifestándose hace tiempo y remiten al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece que sobre pueblos indígenas “los gobiernos deben consultar a las comunidades cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a las comunidades directamente”.
Argumentan que el Estado no cumplió con el procedimiento participativo de obligatoriedad expresados en el protocolo de consulta “Kachi Yupi”, Huellas de Sal, un documento de público conocimiento elaborado por las comunidades. Este documento fue oportunamente elogiado por el propio gobernador Morales en la comunidad Alfarcito apenas asumió la gobernación y que no cumplió con su contenido.
En su oportunidad, han denunciado que el Estado autorizó la etapa de exploración de la Mina Guayatayoc, según expediente Nª 82-L-1998, efectuada por la empresa Luis Losi S.A. y Ekekos S.A., “quienes están trabajando calladamente en la Laguna de Guayatayoc”.
“Estamos preocupados porque no se hace presente el señor Gobernador. Estamos reclamando nuestro derecho. El gobierno provincial hizo una licitación de JEMSE de la exploración y explotación de litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. El pedimento minero pedido para esa licitación es donde está el territorio de nuestras comunidades”, expresó Verónica Chávez.
Además contó que han encontrado en medio de la Laguna de Guayatayoc a las empresas Losi S.A. y Ekekos S.A explorando los pozos. “Han perforado un pozo de 396 metros según lo que nos han informado, destruyendo la laguna de Guayatayoc con un terraplén, cavando y dejando agua sucia al frente, teniendo los flamencos en frente”.
“En ese momento estaba el Director de Minería y le preguntamos por qué destruyen así la naturaleza estando los flamencos allí. Por qué dicen Jujuy Verde”, se preguntó Chávez. “No queremos proyectos en ese territorio porque no hay buena voluntad de respetarnos”.
Según la comunera, el 7 de febrero conversaron con el Director de Minería de la provincia y con integrantes de la Secretaria de Asuntos indígenas.
“Si la Secretaría de Asuntos Indígenas dice que nos representa, por qué no hace cumplir el Convenio 169, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17. Es por esto que digo que no hay gente que tenga la capacidad para hacernos respetar”, lanzó Chávez.
“Cuando le preguntamos al Director de Minería (Waldo Chayle) quién había autorizado el trabajo y el proyecto, dijo que habían sido ‘los más grandes’. Pero nosotros no somos tontos, él es el que autorizó porque es el Director”, aseguró la comunera.
“Estamos molestos porque no hay consultas, sino actas y eso no es consulta porque no hay acuerdo”.
“Si quieren hacer un proyecto puede hacerlo mientras que no dañe a los demás”, dijo Chávez. Y continuó: “Sabemos que el litio deja todo destruido. El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras. Esto quiero que escuche el Gobernador, que entienda que el agua no tiene fronteras”, argumentó.
“Nosotros vamos a seguir aquí. Queremos dialogar con el Gobernador. No hay vuelta atrás”, aseguró.
Paralelamente, el 12 de febrero, Ariel Amaranto, empleado del terrateniente Enrique Daniel Verzini, corrió a tiros con arma larga a Néstor Jerez, Cacique del Pueblo Ocloya, gritándole “indio hijo de puta, te voy a cagar matando”, “dejen de joder con la comunidad” y “por aquí no vas a pasar más”. El hecho fue protagonizado a las 16:30 aproximadamente, al regresar en territorio por senda ancestral, en el lugar denominado “el tilo y la mecha”, ubicado al lado de la Escuela primaria 329 de Tilquiza, a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Cabe destacar que Ariel Amaranto y Enrique Daniel Verzini, tienen innumerables denuncias desde el 2010, cuando amenazaron de muerte con arma de fuego a la abogada Marcela Arjona, hoy diputada provincial del oficialista Cambia Jujuy y presidenta de la Comisión de pueblos indígenas en la Legislatura jujeña.
El Pueblo Indígena Ocloya en alerta y asamblea realizó la denuncia correspondiente y se movilizó al Ministerio Publico de la Acusación, para solicitar una audiencia al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sánchez.
En Jujuy no solo se persigue a las comunidades indígenas
El Comité por la Libertad de Milagro Sala denunció una grave situación de hostigamiento contra la dirigente social y presa política, Graciela López, que se encuentra detenida en el penal de Alto Comedero. En este marco, denunciaron que la referente social "continúa en situación de aislamiento", separada del resto de la población del penal. Además, detallaron: "La defensa de la dirigente social presentó un nuevo hábeas corpus que se suma al interpuesto el día martes de la semana pasada. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, realizó una nueva presentación al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por estos hechos".
Asimismo, desde el Comité expresaron: "Una vez más el Gobierno de Jujuy muestra su insensibilidad. Han montado un sistema represivo para hostigar a las presas políticas, aplicando aislamientos y castigos que violan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Hacemos responsable al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por la vida y la salud psíquica y física de Graciela López y las presas políticas que comparten injusta detención en el Penal de Alto Comedero".
A través de un comunicado conjunto, organizaciones como Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil Cine Migrante, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), señalan que las provincias de Jujuy y Chubut adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante.
Agregan que estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la Ley Nacional de Migraciones en 2017.
En este sentido, consideran que el Estado argentino debe derogar el DNU 70/2017. “Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas”, cierran el comunicado.
Mientras Morales y su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, atacan los derechos de los inmigrantes para la atención gratuita en el sistema público de salud, el lunes 11 a la noche se volvió a inundar el hospital Dr. Guillermo Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy debido a filtraciones de agua por los techos en varios sectores del hospital como la sala de quirófano y terapia. Otra vez, los trabajadores y las trabajadoras del hospital se cargaron la situación al hombro y trabajaron incansablemente para sacar el agua de las instalaciones y proteger a los pacientes afectados.
Esta situación, recurrente en el hospital de San Pedro, se da en el marco de un ajuste del presupuesto de salud del 10%. Tanto Morales como Bouhid quieren hacer creer que los culpables de la situación crítica que vive el sistema de salud de la provincia se debe a la falta de cobro por la atención a los migrantes no residentes, cuando solo representan el 0,28% de los egresos del sistema de salud.
Mientras tanto, el bloque oficialista Cambia Jujuy junto con el peronismo, votó un recorte de $ 686,5 millones.
Código Contravencional jujeño para todos los gustos represivos
En su edición del 13/2, Red Eco Alternativo señalaba que “los excesos punitivos en Jujuy tienen ribetes grotescos, por citar las más relevantes se pueden mencionar el ingreso ilegal de la policía provincial a la Facultad de Agrarias, de la Universidad Nacional de Jujuy. O la detención inicial de Milagro Sala, rechazada hasta por sus principales opositores a sabiendas que se inauguraba allí un modus operandi que ya amenazaba ser el mascarón de proa de una avanzada represiva contra cualquier grupo que realizara una protesta. O los 11 pedidos de detención por “atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad” -algunos ejecutados ingresando a punta de pistola a las viviendas- a algunos de quienes participaron de las protestas frente a la Legislatura en la sesión de apertura y del discurso de Morales el 4 de abril de 2018, cuando fueron ampliamente reprimidos con disparos y gases irritantes desde detrás de amplios vallados que impedían acercarse siquiera al edificio. O la detención, en medio de un desmedido operativo policial, de estudiantes y docentes de los CEIJA, al principio imputados de “turbación de la posesión”, como si atarse a las rejas exteriores de la Casa de Gobierno fuera usurparla o impedir usar alguno de sus 3 ingresos, hecho que se sazonó con la detención de una Concejal en funciones y hasta la del abogado que cumplía funciones de asesoría al grupo”.
Desestimado el caso por la Justicia, ahora están siendo juzgados por segunda vez por el mismo hecho por la justicia contravencional.
“La justicia contravencional jujeña parece haber asumido el rol persecutorio, punitivo y cuasi penal que otros códigos, más precisos, o al menos con menores espacios para laxitudes interpretativas, no parecían satisfacer”, continúa la nota. Para lo cual se vale del artículo 113 que dice:
“Permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular.
Art. 113. Serán sancionados con hasta nueve (9) días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de hasta tres (3) días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.”
Este artículo permite abordar otras protestas mediante la amplitud punitiva del Código Contravencional. Un caso relevante, continúa la nota, “es la imputación en setiembre pasado de Carlos "el perro" Santillán, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) por los artículos 99 (Portación ilegal de armas), 100 (Uso indebido de armas y encendido de fuego en sitios públicos) y el ubicuo artículo 113 de este mismo Código durante las ya mencionadas protestas frente a la Legislatura”.
No obstante, la inteligencia y los materiales fílmicos y fotográficos, drones incluidos, para perseguir a los manifestantes del 4 de abril no parecen haber sido suficientes para alertar a la justicia contravencional jujeña de un dato fundamental: ni Santillán ni el SEOM movilizaron ese día a la Legislatura”.
También el Partido Obrero fue imputado en la misma causa, denunció Iñaki Aldasoro, Diputado Provincial por el PO-FIT, quien entiende que hay un salto cualitativo “porque es colectivo, a las organizaciones políticas, es una medida de evitar cualquier tipo de manifestación en contra”.
Hace unos días, pasados diez meses, la denuncia recayó sobre el PTS. Según Alejandro Vilca, Diputado Provincial por el PTS-FIT, “se trata de una denuncia bochornosa porque el mismo Código Contravencional establece en su Art. 52 que la acción para perseguir faltas prescribirá a los seis meses".
Conflictos con trabajadores mineros
La actual explotación de Chinchillas, en manos de la SSR Mining, que buscaba darle continuidad a la explotación de distintos minerales, luego del cierre de Mina Pirquitas en el 2016, en la que distintas autoridades provinciales y de la empresa aseguraron que iban a generar cientos de puestos de trabajo, se ve atravesado por el reclamo de los trabajadores ante las condiciones laborales y de salud, donde se cuestiona el modo de la jornada laboral que impone la empresa, y que ya había generado medidas de fuerza por parte de los mineros que acabó con una conciliación obligatoria.
Luis Tinte, Secretario General de AOMA-Jujuy (Asociación Obrera Minera Argentina), expresó los motivos de las medidas de fuerza: “Hoy junto a familias congregadas, con los compañeros nos encontramos en la obligación de tomar esta medida por la falta de respuestas al planteo que hicimos en su momento, es decir, el cambio de roster (ciclo laboral en la minería). Lamentablemente el roster que actualmente viene llevando adelante la empresa es altamente perjudicial en todos los aspectos para todos los trabajadores y sus familias, ya que los obreros desarrollan sus tareas en turnos de trabajo intercalados de siete días corridos de trabajo por dos de descanso, con jornada de ocho horas”, expresó.
“Ya hemos tenido bastantes accidentes y ese es el principal factor por el cual la gente ya no puede aguantar más esta situación. Por más que nos hayamos predispuesto con muy buena voluntad a reuniones con la empresa, donde hubo una medida de fuerza que se levantó porque se dictó la conciliación obligatoria y pasado el período de la misma no tomamos ninguna medida y buscamos nuevamente la posibilidad de continuar negociando con la empresa, ésta hizo oídos sordos a todos nuestros pedidos. Y dio lugar a que los trabajadores en asamblea y por unanimidad decidieron llevar adelante este paro”, agregó Tinte.
Al tiempo que denunció: “son numerosos los accidentes de tránsito que sufrieron los compañeros debido a la modalidad de trabajo implementada como así también es preocupante el grado de estrés que sufren los trabajadores dado que se ven imposibilitados de desarrollar una vida social y familiar plena como así también realizar trámites administrativos o médicos en la capital jujeña debido a la distancia que separa a Santo Domingo (localidad donde se encuentra Chinchillas) de la misma”.
Finalmente, Tinte aseveró que “los obreros lo único que exigen es la implementación justa del roster de trabajo denominado uno por uno consistente en alternar ciclos de siete o diez días de trabajo por siete o diez días de descanso”.
Estos reclamos ponen en evidencia que todo el plan del gobierno, de sustituir el trabajo que se hacía en la empresa Pirquitas, fue para salvar a la multinacional y ahora hacer este nuevo negocio, beneficiando a otra multinacional, que expolian los recursos regionales y donde los perdedores son los mismos, los trabajadores y las comunidades de los pueblos originarios del lugar.
Municipales de Purmamarca
Empleados de la Comisión Municipal de Purmamarca afiliados al gremio del Seom realizaron un paro por tiempo indeterminado, reclamando con la medida el pase a planta permanente de 18 trabajadores del municipio.
Al respecto Noelia Cruz, una de las trabajadoras, comentó que “solicitamos el pase a planta permanente a 16 empleados que somos del pueblo y 2 empleados que son de la localidad de El Moreno. Hace 10 días presentamos una nota al municipio para pedirles la recategorización y el pase a planta”.
Por su parte, el comisionado municipal Oscar Tolaba manifestó que “como municipio siempre apoyamos el pedido de los trabajadores, el año pasado nos pidieron la muda de ropa y se les dio dos y este año ya se les dio una, guantes por mes, les mejoramos temas como la salubridad y la zona”.
“En cuanto al pedido de pase a planta permanente le explicamos a los trabajadores que hay un decreto presidencial Nº 632/18 donde se congela el pase a planta permanente en todos los organismos del Estado”. No obstante, sostuvo que “vamos a ir con el gremio a plantear al Gobierno, porque esta decisión no es del municipio sino del Gobierno porque somos un municipio chico, donde no se puede afrontar este gasto para endeudar la Comisión Municipal y además algunos meses recibimos menos plata de la coparticipación”.
Mario Hernandez
Fuentes: https://radioteca.net/audio/comunidades-anuncian-levantamiento-temporal-del-co /, El foco insurgente, Télam, Jujuy al momento, Resumen Latinoamericano, Jujuy al día, APU, El Foco Insurgente. Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, El Roble.
Integrantes de unas 20 comunidades indígenas de Jujuy cortaron el cruce de la ruta nacional 52 con la provincial 79, en plena Puna, en contra de las exploraciones de litio en las cuencas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
Unas 150 personas impedían el paso de los vehículos por el corredor vial como medida de fuerza hasta que el gobierno jujeño “anule” los permisos para dos empresas que iniciaron los trabajos de exploración para el desarrollo de emprendimientos mineros.
El reclamo “exige” la presencia en el lugar del gobernador Gerardo Morales, “para que dé respuestas” al reclamo que sumó en los últimos días adhesiones de instituciones académicas internacionales.
“Estamos realizando un corte de ruta definitivo y reclamamos la presencia del gobernador para solucionar el conflicto”, dijo Verónica Chaves, de la comunidad aborigen de Tres Pozos.
La activista refirió que la protesta se debe a que “el gobierno jujeño autorizó el estudio de suelos para la futura explotación del litio en las cuencas de la región sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, como lo establece la OIT”.
Detalló que los trabajos que habían iniciado las empresas Ekekos S.A. y Lossi S.A. en medio de la Laguna de Guyatayoc consistían en la excavación de un pozo de 394 metros de profundidad, “destruyendo el medio ambiente y poniendo en peligro los pocos sitios de agua que tenemos en esta zona”. Y agregó que “lo pudimos frenar la semana pasada”.
Phillip Thomas, CEO y presidente de AIS Resources Limited, con sedes en Vancouver, Canadá, y Nassau, Bahamas, confirmó que la compañía abandonó el proyecto minero en la zona, resolución que aún no se vio reflejada en su página web.
“La plataforma de perforación se ha ido y solo estamos haciendo un trabajo de reparación para limpiar el sitio”, dijo Thomas. Al ser consultado sobre la decisión, señaló: “No tenemos comentarios al respecto”.
Por su parte, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler, emitió un comunicado oficial en referencia a los cuatro estudios de impacto ambiental para exploración aprobados durante 2018 para los Salares de Olaroz y Cauchari (dos por litio y uno por otros metales), y el restante para el Salar de Guayatayoc (litio).
Según Soler, todos los proyectos mineros a los que hace referencia en el texto “cumplen con las normas y procedimientos ambientales”, y dice que las comunidades originarias involucrados en cada uno de ellos participaron de una “consulta previa, libre e informada”.
Sobre este último punto, las comunidades kollas indicaron que no aceptarán más como argumento la supuesta aceptación de la consulta (exigencia constitucional para poder avanzar en proyectos de este tipo en sus territorios), ya que alegan que el gobierno utiliza este mecanismo de manera “aparente”, llamando a “mesas chicas” y “reuniones para convencer a dirigentes”. Finalmente, advirtieron: “Si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
Chaves recordó que “hace tres años que mantenemos nuestra posición en contra de todo tipo de emprendimientos mineros, porque entendemos que el gobierno no entiende la voluntad de las comunidades”.
En el lugar se manifiestaron comunidades de San Miguel de los Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Tusaquillas, Sausalito, Casabindo, Queñoalito, Cochagaste, Tambillos, Quera, Agua Caliente, Ayllus Abralaite, Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Cianzo, Barrancas y Casa Colorada, entre otras.
El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras
El día que se instalaron emitieron este comunicado:
En el territorio de las Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a los 12 días del mes de febrero de 2019 reunidos en Asamblea General rechazamos y desmentimos el comunicado oficial difundido con fecha 11/02/19 por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, referente a “proyectos mineros cumplen con normas y procedimientos ambientales”. En el territorio de las Comunidades de San Miguel de Colorados y Rinconadillas no se cumplió ni se realizó el procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Por lo tanto, las comunidades: San Miguel de Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Sausalito, Queñoalito, Tusaquillas, Casabindo, Cochagaste, Tambillos, Quera y Agua Caliente, Ayllus Abralaite (Agua de Castilla, Río Grande y Santa Ana), Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Sianzo y Barrancas; Casa Colorada, Rangel y Cerro Negro (Salta) reafirmamos la autodeterminación y el rechazo total y definitivo a todo emprendimiento de megaminería, litio y otros minerales. También la nulidad de todo pedimento minero en toda la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, como así mismo en las Serranías de El Aguilar, el Chañi, Cobres e Incahuasi.
La Asamblea reunida declaramos el territorio Patrimonio Ancestral Cultural y Natural de los Pueblos Originarios Kolla y Atacama.
Las Comunidades Indígenas vienen manifestándose hace tiempo y remiten al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece que sobre pueblos indígenas “los gobiernos deben consultar a las comunidades cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a las comunidades directamente”.
Argumentan que el Estado no cumplió con el procedimiento participativo de obligatoriedad expresados en el protocolo de consulta “Kachi Yupi”, Huellas de Sal, un documento de público conocimiento elaborado por las comunidades. Este documento fue oportunamente elogiado por el propio gobernador Morales en la comunidad Alfarcito apenas asumió la gobernación y que no cumplió con su contenido.
En su oportunidad, han denunciado que el Estado autorizó la etapa de exploración de la Mina Guayatayoc, según expediente Nª 82-L-1998, efectuada por la empresa Luis Losi S.A. y Ekekos S.A., “quienes están trabajando calladamente en la Laguna de Guayatayoc”.
“Estamos preocupados porque no se hace presente el señor Gobernador. Estamos reclamando nuestro derecho. El gobierno provincial hizo una licitación de JEMSE de la exploración y explotación de litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. El pedimento minero pedido para esa licitación es donde está el territorio de nuestras comunidades”, expresó Verónica Chávez.
Además contó que han encontrado en medio de la Laguna de Guayatayoc a las empresas Losi S.A. y Ekekos S.A explorando los pozos. “Han perforado un pozo de 396 metros según lo que nos han informado, destruyendo la laguna de Guayatayoc con un terraplén, cavando y dejando agua sucia al frente, teniendo los flamencos en frente”.
“En ese momento estaba el Director de Minería y le preguntamos por qué destruyen así la naturaleza estando los flamencos allí. Por qué dicen Jujuy Verde”, se preguntó Chávez. “No queremos proyectos en ese territorio porque no hay buena voluntad de respetarnos”.
Según la comunera, el 7 de febrero conversaron con el Director de Minería de la provincia y con integrantes de la Secretaria de Asuntos indígenas.
“Si la Secretaría de Asuntos Indígenas dice que nos representa, por qué no hace cumplir el Convenio 169, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17. Es por esto que digo que no hay gente que tenga la capacidad para hacernos respetar”, lanzó Chávez.
“Cuando le preguntamos al Director de Minería (Waldo Chayle) quién había autorizado el trabajo y el proyecto, dijo que habían sido ‘los más grandes’. Pero nosotros no somos tontos, él es el que autorizó porque es el Director”, aseguró la comunera.
“Estamos molestos porque no hay consultas, sino actas y eso no es consulta porque no hay acuerdo”.
“Si quieren hacer un proyecto puede hacerlo mientras que no dañe a los demás”, dijo Chávez. Y continuó: “Sabemos que el litio deja todo destruido. El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras. Esto quiero que escuche el Gobernador, que entienda que el agua no tiene fronteras”, argumentó.
“Nosotros vamos a seguir aquí. Queremos dialogar con el Gobernador. No hay vuelta atrás”, aseguró.
Paralelamente, el 12 de febrero, Ariel Amaranto, empleado del terrateniente Enrique Daniel Verzini, corrió a tiros con arma larga a Néstor Jerez, Cacique del Pueblo Ocloya, gritándole “indio hijo de puta, te voy a cagar matando”, “dejen de joder con la comunidad” y “por aquí no vas a pasar más”. El hecho fue protagonizado a las 16:30 aproximadamente, al regresar en territorio por senda ancestral, en el lugar denominado “el tilo y la mecha”, ubicado al lado de la Escuela primaria 329 de Tilquiza, a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Cabe destacar que Ariel Amaranto y Enrique Daniel Verzini, tienen innumerables denuncias desde el 2010, cuando amenazaron de muerte con arma de fuego a la abogada Marcela Arjona, hoy diputada provincial del oficialista Cambia Jujuy y presidenta de la Comisión de pueblos indígenas en la Legislatura jujeña.
El Pueblo Indígena Ocloya en alerta y asamblea realizó la denuncia correspondiente y se movilizó al Ministerio Publico de la Acusación, para solicitar una audiencia al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sánchez.
En Jujuy no solo se persigue a las comunidades indígenas
El Comité por la Libertad de Milagro Sala denunció una grave situación de hostigamiento contra la dirigente social y presa política, Graciela López, que se encuentra detenida en el penal de Alto Comedero. En este marco, denunciaron que la referente social "continúa en situación de aislamiento", separada del resto de la población del penal. Además, detallaron: "La defensa de la dirigente social presentó un nuevo hábeas corpus que se suma al interpuesto el día martes de la semana pasada. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, realizó una nueva presentación al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por estos hechos".
Asimismo, desde el Comité expresaron: "Una vez más el Gobierno de Jujuy muestra su insensibilidad. Han montado un sistema represivo para hostigar a las presas políticas, aplicando aislamientos y castigos que violan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Hacemos responsable al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por la vida y la salud psíquica y física de Graciela López y las presas políticas que comparten injusta detención en el Penal de Alto Comedero".
A través de un comunicado conjunto, organizaciones como Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil Cine Migrante, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), señalan que las provincias de Jujuy y Chubut adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante.
Agregan que estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la Ley Nacional de Migraciones en 2017.
En este sentido, consideran que el Estado argentino debe derogar el DNU 70/2017. “Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas”, cierran el comunicado.
Mientras Morales y su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, atacan los derechos de los inmigrantes para la atención gratuita en el sistema público de salud, el lunes 11 a la noche se volvió a inundar el hospital Dr. Guillermo Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy debido a filtraciones de agua por los techos en varios sectores del hospital como la sala de quirófano y terapia. Otra vez, los trabajadores y las trabajadoras del hospital se cargaron la situación al hombro y trabajaron incansablemente para sacar el agua de las instalaciones y proteger a los pacientes afectados.
Esta situación, recurrente en el hospital de San Pedro, se da en el marco de un ajuste del presupuesto de salud del 10%. Tanto Morales como Bouhid quieren hacer creer que los culpables de la situación crítica que vive el sistema de salud de la provincia se debe a la falta de cobro por la atención a los migrantes no residentes, cuando solo representan el 0,28% de los egresos del sistema de salud.
Mientras tanto, el bloque oficialista Cambia Jujuy junto con el peronismo, votó un recorte de $ 686,5 millones.
Código Contravencional jujeño para todos los gustos represivos
En su edición del 13/2, Red Eco Alternativo señalaba que “los excesos punitivos en Jujuy tienen ribetes grotescos, por citar las más relevantes se pueden mencionar el ingreso ilegal de la policía provincial a la Facultad de Agrarias, de la Universidad Nacional de Jujuy. O la detención inicial de Milagro Sala, rechazada hasta por sus principales opositores a sabiendas que se inauguraba allí un modus operandi que ya amenazaba ser el mascarón de proa de una avanzada represiva contra cualquier grupo que realizara una protesta. O los 11 pedidos de detención por “atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad” -algunos ejecutados ingresando a punta de pistola a las viviendas- a algunos de quienes participaron de las protestas frente a la Legislatura en la sesión de apertura y del discurso de Morales el 4 de abril de 2018, cuando fueron ampliamente reprimidos con disparos y gases irritantes desde detrás de amplios vallados que impedían acercarse siquiera al edificio. O la detención, en medio de un desmedido operativo policial, de estudiantes y docentes de los CEIJA, al principio imputados de “turbación de la posesión”, como si atarse a las rejas exteriores de la Casa de Gobierno fuera usurparla o impedir usar alguno de sus 3 ingresos, hecho que se sazonó con la detención de una Concejal en funciones y hasta la del abogado que cumplía funciones de asesoría al grupo”.
Desestimado el caso por la Justicia, ahora están siendo juzgados por segunda vez por el mismo hecho por la justicia contravencional.
“La justicia contravencional jujeña parece haber asumido el rol persecutorio, punitivo y cuasi penal que otros códigos, más precisos, o al menos con menores espacios para laxitudes interpretativas, no parecían satisfacer”, continúa la nota. Para lo cual se vale del artículo 113 que dice:
“Permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular.
Art. 113. Serán sancionados con hasta nueve (9) días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de hasta tres (3) días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.”
Este artículo permite abordar otras protestas mediante la amplitud punitiva del Código Contravencional. Un caso relevante, continúa la nota, “es la imputación en setiembre pasado de Carlos "el perro" Santillán, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) por los artículos 99 (Portación ilegal de armas), 100 (Uso indebido de armas y encendido de fuego en sitios públicos) y el ubicuo artículo 113 de este mismo Código durante las ya mencionadas protestas frente a la Legislatura”.
No obstante, la inteligencia y los materiales fílmicos y fotográficos, drones incluidos, para perseguir a los manifestantes del 4 de abril no parecen haber sido suficientes para alertar a la justicia contravencional jujeña de un dato fundamental: ni Santillán ni el SEOM movilizaron ese día a la Legislatura”.
También el Partido Obrero fue imputado en la misma causa, denunció Iñaki Aldasoro, Diputado Provincial por el PO-FIT, quien entiende que hay un salto cualitativo “porque es colectivo, a las organizaciones políticas, es una medida de evitar cualquier tipo de manifestación en contra”.
Hace unos días, pasados diez meses, la denuncia recayó sobre el PTS. Según Alejandro Vilca, Diputado Provincial por el PTS-FIT, “se trata de una denuncia bochornosa porque el mismo Código Contravencional establece en su Art. 52 que la acción para perseguir faltas prescribirá a los seis meses".
Conflictos con trabajadores mineros
La actual explotación de Chinchillas, en manos de la SSR Mining, que buscaba darle continuidad a la explotación de distintos minerales, luego del cierre de Mina Pirquitas en el 2016, en la que distintas autoridades provinciales y de la empresa aseguraron que iban a generar cientos de puestos de trabajo, se ve atravesado por el reclamo de los trabajadores ante las condiciones laborales y de salud, donde se cuestiona el modo de la jornada laboral que impone la empresa, y que ya había generado medidas de fuerza por parte de los mineros que acabó con una conciliación obligatoria.
Luis Tinte, Secretario General de AOMA-Jujuy (Asociación Obrera Minera Argentina), expresó los motivos de las medidas de fuerza: “Hoy junto a familias congregadas, con los compañeros nos encontramos en la obligación de tomar esta medida por la falta de respuestas al planteo que hicimos en su momento, es decir, el cambio de roster (ciclo laboral en la minería). Lamentablemente el roster que actualmente viene llevando adelante la empresa es altamente perjudicial en todos los aspectos para todos los trabajadores y sus familias, ya que los obreros desarrollan sus tareas en turnos de trabajo intercalados de siete días corridos de trabajo por dos de descanso, con jornada de ocho horas”, expresó.
“Ya hemos tenido bastantes accidentes y ese es el principal factor por el cual la gente ya no puede aguantar más esta situación. Por más que nos hayamos predispuesto con muy buena voluntad a reuniones con la empresa, donde hubo una medida de fuerza que se levantó porque se dictó la conciliación obligatoria y pasado el período de la misma no tomamos ninguna medida y buscamos nuevamente la posibilidad de continuar negociando con la empresa, ésta hizo oídos sordos a todos nuestros pedidos. Y dio lugar a que los trabajadores en asamblea y por unanimidad decidieron llevar adelante este paro”, agregó Tinte.
Al tiempo que denunció: “son numerosos los accidentes de tránsito que sufrieron los compañeros debido a la modalidad de trabajo implementada como así también es preocupante el grado de estrés que sufren los trabajadores dado que se ven imposibilitados de desarrollar una vida social y familiar plena como así también realizar trámites administrativos o médicos en la capital jujeña debido a la distancia que separa a Santo Domingo (localidad donde se encuentra Chinchillas) de la misma”.
Finalmente, Tinte aseveró que “los obreros lo único que exigen es la implementación justa del roster de trabajo denominado uno por uno consistente en alternar ciclos de siete o diez días de trabajo por siete o diez días de descanso”.
Estos reclamos ponen en evidencia que todo el plan del gobierno, de sustituir el trabajo que se hacía en la empresa Pirquitas, fue para salvar a la multinacional y ahora hacer este nuevo negocio, beneficiando a otra multinacional, que expolian los recursos regionales y donde los perdedores son los mismos, los trabajadores y las comunidades de los pueblos originarios del lugar.
Municipales de Purmamarca
Empleados de la Comisión Municipal de Purmamarca afiliados al gremio del Seom realizaron un paro por tiempo indeterminado, reclamando con la medida el pase a planta permanente de 18 trabajadores del municipio.
Al respecto Noelia Cruz, una de las trabajadoras, comentó que “solicitamos el pase a planta permanente a 16 empleados que somos del pueblo y 2 empleados que son de la localidad de El Moreno. Hace 10 días presentamos una nota al municipio para pedirles la recategorización y el pase a planta”.
Por su parte, el comisionado municipal Oscar Tolaba manifestó que “como municipio siempre apoyamos el pedido de los trabajadores, el año pasado nos pidieron la muda de ropa y se les dio dos y este año ya se les dio una, guantes por mes, les mejoramos temas como la salubridad y la zona”.
“En cuanto al pedido de pase a planta permanente le explicamos a los trabajadores que hay un decreto presidencial Nº 632/18 donde se congela el pase a planta permanente en todos los organismos del Estado”. No obstante, sostuvo que “vamos a ir con el gremio a plantear al Gobierno, porque esta decisión no es del municipio sino del Gobierno porque somos un municipio chico, donde no se puede afrontar este gasto para endeudar la Comisión Municipal y además algunos meses recibimos menos plata de la coparticipación”.
Mario Hernandez
Fuentes: https://radioteca.net/audio/comunidades-anuncian-levantamiento-temporal-del-co /, El foco insurgente, Télam, Jujuy al momento, Resumen Latinoamericano, Jujuy al día, APU, El Foco Insurgente. Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, El Roble.
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