Un fantasma amenaza al Hotel Bauen - Segunda Parte.

El fantasma que amenaza al Hotel Bauen no es el de la tradicional sábana blanca. La amenaza se llama Mercoteles S.A., una verdadera empresa fantasma. Ésta es su historia.

Una solicitada: Bauen Vs. B.A.U.E.N.

En una solicitada enviada, el 7 de julio de 2005, a los legisladores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se titula “Por la recuperación del Hotel Bauen” la empresa Mercoteles S.A. los invita a leer la misma detenidamente, ya que expresa que en ella se reflejan sus fundamentos políticos, filosóficos y jurídicos claramente. Resulta estimulante ir recorriendo los párrafos de la solicitada en cuestión.
Comienza diciendo “Queremos recuperar el hotel para la gente” Suena muy hermoso, simpático y solidario, si no fuera porque eso es algo que hace ya mucho tiempo que los trabajadores de Cooperativa B.A.U.E.N. vienen haciendo. Resulta imposible, por lo extenso, hacer una mención de las actividades que todos los días del año se realizan en el hotel. Pero sí se puede afirmar que es un espacio que tiene la comunidad para realizar muestras de arte, debates políticos, festivales de cine, exposiciones artesanales y toda otra actividad ligada a la cultura, entendida de una manera amplia, democrática y solidaria.
La empresa Mercoteles S.A. continúa su exposición expresando que: “El hotel se ha convertido en un botín de guerra de codiciosos empresarios, oportunistas gremiales y aventureros temerarios; y que ahora corre el riesgo de convertirse además en víctima del autoritarismo demagógico”. Quizás el lector, al leer esto se sobresalte, imagine que una flota de barcos piratas desembarcó en Buenos Aires y convirtió el Hotel Bauen en la cabecera de playa de vaya a saber uno qué loca aventura digna de Emilio Salgari. Todo muy altisonante y grandilocuente, pero si tratamos de analizar un poco, vemos que solo es eso: mucho ruido y pocas nueces. Y al profundizar más, se descubre que hablan de “botín de guerra”. Nombrar esas palabras en un país con una historia como la nuestra, donde desaparecían a una persona y todas sus cosas, desde las cucharitas para el café hasta los hijos eran considerados “botín de guerra” es no solo un despropósito sino una tragedia, máxime si tenemos en cuenta que el Hotel Bauen se construyó con créditos otorgados por un gobierno militar, en un momento que esos mismos militares necesitaban desesperadamente lavar la fachada de una dictadura sanguinaria, desaparecedora, siniestra y muy funcional a los intereses de muchos empresarios. También es útil recordar que ese crédito todavía no fue pagado y desde hace más de tres décadas está durmiendo el sueño de los justos en los expedientes judiciales.
También afirma que “Empresarios codiciosos desean quedarse con el hotel”. ¿Ese párrafo es autobiográfico? ¿Quién lo escribió se estaba mirando en el espejo? TODOS los empresarios son codiciosos, porque se manejan con la lógica de la ganancia y el que no quiera atender a esa lógica sucumbe irremediablemente. Y si de empresarios codiciosos hablamos, habría recordar que en el expediente que se inició con la demanda judicial se pudo probar que la empresa Bauen SA cometió variadas irregularidades como ser la dualidad de registros contables, la duplicidad de gastos en rendiciones de certificados, con los que trato de cobrar de más (por no decir estafar, que suena grosero) al BANADE (Banco Nacional de Desarrollo).
La empresa Mercoteles S.A. prosigue acusando a “Oportunistas gremiales y aventureros temerarios” Demuestran que no conocen la realidad en toda su amplitud ¿Estuvieron en alguna asamblea de los trabajadores de Cooperativa B.A.U.E.N.? ¿Dónde están los oportunistas? Sería bueno que los identificaran con nombre y apellido para que la sociedad los conozca. Quizás ustedes prefieran a los sindicalistas cómplices de la patronal que no dudaron en darles la espalda a los trabajadores del Bauen cuando se quedaron en la calle. Por último mencionan al “Autoritarismo demagógico” y la verdad es que de eso no nadie sabe nada, sí hay en los salones y pasillos del B.A.U.E.N. mucha gente con la ideología más variada, pero eso también ocurre en la sociedad y ya es una norma de esta democracia que supimos conseguir. El único rasgo de autoritarismo que recuerdan los antiguos empleados del Bauen es el que, cuando trabajaban a las órdenes de Marcelo Iurcovich, que entre tantas otras cosas, no les permitía visitar el hotel los días feriados, ni siquiera para tomar un café con la familia.
Un párrafo más adelante les solicitan a los señores legisladores que los ayuden a “Alejar ciertos fantasmas como el de la inseguridad jurídica, la demagogia sensacionalista y el oportunismo rapaz disfrazado de ley de expropiación” Que cosa extraña, cuando los empresarios hablan de inseguridad jurídica es solo cuando algo puede llegar a lesionar sus intereses sectoriales. Porque no se acordaron de la seguridad jurídica cuando despedían sistemáticamente a los empleados del hotel para volver a reincorporarlos en el mismo trabajo, pero bajo otra empresa que casualmente era del mismo dueño, haciéndoles perder beneficios sociales que a la clase trabajadora tanto le ha costado conseguir. En cuanto a lo de “Oportunismo rapaz disfrazado de ley de expropiación” consideren que la única manera que existe de expropiar al alguien, es que ese alguien sea propietario de algo y para eso: primero deberían abonar la deuda que tienen con el Estado nacional pagando el crédito que oportunamente le otorgo el BANADE, levantar las ocho hipotecas que todavía hoy, después de tantos años, pesan sobre el hotel y recién ahí discutir todo lo demás.
Apela a la sensibilidad ciudadana expresando “Al igual que a ustedes, no nos gusta ver fabricas abandonadas, convertidas en exclusivos lofts y exclusivos shoppings”. El Hotel Bauen nació como un hotel cinco estrellas, se supone que un hotel de esas características no es ni masivo, ni popular. Es un hotel para exclusivos, la historia no miente, hay que saber leerla. Visiten las páginas con los nombres de los pasajeros del Bauen desde que nació. Recién con la gestión de la Cooperativa B.A.U.E.N. se transformó en un punto de encuentro para todos los sectores sociales y todas las actividades. En cuanto a lo de ver fabricas abandonadas, deberían recordar que fueron ustedes los que abandonaron el Hotel Bauen a su suerte, luego de endeudarlo, vaciarlo y llevarlo a la quiebra.
Analiza el período menemista como si para esa fecha el Bauen S.A. y sobre todo sus más que beneficiados propietarios, hubiesen estado radicados en Saturno, hablan de “Desindustrialización y destrucción sistemática de las fuentes de trabajo”. Esa etapa, quizás la más negra para los trabajadores argentinos donde las patronales aprovecharon la crisis para descargarla sobre la clase obrera. “Flexibilizar” en idioma patronal fue empeoramiento de las condiciones salariales y de trabajo. “Aumento de la productividad” fue de hecho rebaja del salario y mayor ganancia para las patronales. Ironías de la vida: ¿Donde estaban el 28 de diciembre de 2001 cuando el Hotel Bauen cerró sus puertas y todos los trabajadores quedaron en la calle sin siquiera una explicación, en un momento que el país estaba en llamas y necesitaba más que nunca gente comprometida con el trabajo (del que hoy pretenden transformarse en adalides) y el esfuerzo?
Mercoteles S.A. aduce que “Hasta no hace mucho tiempo, la Ciudad de Buenos Aires tenía solo algunos hoteles de categoría internacional y la ocupación apenas llegaba al 50%. Hoy, el llamado boom del turismo despertó el apetito de las grandes cadenas internacionales que han venido a establecerse para disfrutar de una casi plena ocupación” ¡Acá está la frutilla del postre! ¿Solamente el apetito de las grandes cadenas? Señores a ustedes les interesa el hotel ahora que volvió a ser un negocio rentable. Cuando había que poner el hombro, aceptar riesgosos e impredecibles desafíos, realizar inversiones y trabajar para el país, prefirieron abandonar el hotel y dejar a los trabajadores a la deriva, haciendo el cálculo más mezquino de sus vidas. Parafraseando a Bernardo de Monteagudo se podría decir que “¡Están llorando como mujeres lo que no supieron defender como hombres!”
No tiene ningún reparo en decir: “El Hotel Bauen puede competir a esos niveles solo necesita tener la oportunidad de demostrarlo, generando divisas y empleo sostenible en el tiempo, una cualidad mucho más ventajosa aunque sin duda, menos sensacionalista que algunas aventuras cooperativas” Que esto lo digan quienes por años mantuvieron a los empleados del hotel en la más absoluta inseguridad laboral, negándoles no solo la posibilidad de sindicalizarse, sino inclusive de utilizar el hotel o conocer otra área que no sea la del trabajo especifico, recortando derechos laborales y sociales. Si no fuera porque fue una tragedia resultaría cómico. Pero hay más, hablan de generar divisas y empleos y la fría estadística dice que generó muchos más puestos de trabajo la Cooperativa B.A.U.E.N. qué Hotel Bauen SA en toda su historia. En sus momentos de esplendor Hotel Bauen llego a tener doscientos empleados, hoy la cooperativa, que comenzó con veinte empleados, tiene más de ciento sesenta y todavía no llegó a su techo. Dónde ustedes ven una “aventura cooperativista”, los trabajadores le dijeron sí a la aventura de trabajar libremente, en camaradería y crear nuevos puestos de trabajo sin explotación, los trabajadores del Bauen no dudaron en invertir (llevan invertidos más de cinco millones de pesos) para valorizar y sacar el hotel adelante. De lo que no cabe ninguna duda es que ustedes son expertos en “generar divisas”, la historia les da toda la razón: Obtuvieron un millonario crédito que jamás devolvieron, nunca gastaron una moneda en concepto de A.B.L., la deuda millonaria con el Gobierno de la Ciudad se la tuvo que condonar Macri (quizás por solidaridad de clase o porque sabía que no la iba a cobrar nunca) Durante la época de esplendor del negocio del turismo, la recaudación fue millonaria, de la cual jamás reinvirtieron absolutamente nada. Fueron los pioneros del Tiempo Compartido en la Argentina, con el que hicieron mucho dinero y prestaron muy pocos servicios. La lista de “picardías” es demasiado extensa como para seguir.
No tiene ningún inconveniente en asentar por escrito y en negritas: “Nosotros somos trabajadores empresarios argentinos” No se puede ser trabajador y empresario al mismo tiempo, pero ¡Por favor! No ensucien las palabras, un trabajador es otra cosa, ustedes son especialistas en especulación y evasión.
Mercoteles S.A. se da el lujo de parafrasear a Proudhon y hasta les parece poco serio que se hable de “obreros sin patrón”. Qué cosa ¿Dónde estuvieron los últimos diez años? ¿Cuantos ejemplos de fábricas vaciadas, quebradas y destruidas por sus propios dueños hay, que hoy producen gracias a que están en manos de “obreros sin patrones”?
Se podría seguir “Leyendo detenidamente” como aconseja Mercoteles S.A. desde la solicitada, pero ya no vale la pena, las cosas están claras y la historia se encargó de demostrarnos quién es quién. Es más en el colmo de las ironías la solicitada la firman Susana Beatriz Esposito, apoderada de Mercoteles S.A. y Gerardo Mario Palomero apoderado de Bauen S.A., pero como ¿Gerardo Mario Palomero no aparece en la Web como apoderado de Mercoteles S.A.?
Susana Beatriz Esposito es la misma persona que el viernes 17 de junio de 2011, el PRO presentó como su candidato para la Comuna 6 Caballito en un evento que tuvo lugar en el salón de la confitería el Greco. Ocupaba el cuarto lugar en la lista y fue presentada como abogada, escribana y licenciada en seguridad. En realidad, según el Boletín Oficial Nº 31.544 del 2 de diciembre de 2008, la señora Esposito es dueña de una empresa que entre otras cosas se dedica a la “Comercialización, distribución, importación y exportación de materias primas y productos elaborados referidos a la industria y accesorios destinados a fuerzas de seguridad”. El lector suspicaz se preguntará ¿Habrá tenido algo que ver con las pistolas “picanas” eléctricas con las que el “Fino” Palacios quería equipar a la Policía Metropolitana?
Un poco antes de que estas líneas vean la luz, en los medios sale la noticia de la expropiación de YPF por parte del Gobierno nacional. En los considerandos de la ley se menciona, entre otras cosas, la utilidad pública. Este articulo ha demostrado hasta el hartazgo la complicidad de Mercoteles S.A. con los originales propietarios del Hotel Bauen, ¿Más claro? Mercoteles es otra de las tantas empresas fantasmas de Marcelo Iurcovich; resulta más que obvio, a esta altura de los acontecimientos, que ellos NUNCA pagaron el crédito que oportunamente les dio el BANADE; en sede judicial se ha demostrado fehacientemente todos y cada uno de los ilícitos y evasiones que perpetro Marcelo Iurcovich. A la vista está el titánico esfuerzo desplegado por los trabajadores del Hotel Bauen para ponerlo en marcha y generar nuevas fuentes de trabajo sin corrupción; para generar un espacio plural para la comunidad y dar el ejemplo que con tenacidad y trabajo SE PUEDE. Solo se necesita saber, que otra cosa hace falta para que el Congreso de la Nación lo declare de utilidad pública y le dé, de una vez por todas, la titularidad a los verdaderos dueños: los trabajadores del Hotel Bauen. Señores miembros del Congreso, legislen mirando los verdaderos intereses nacionales, premiando el trabajo y castigando el negociado y la especulación. Solo así podrán ser los dignos representantes de una sociedad que los mira esperando una señal y una luz de esperanza.

Guillermo Berasategui

La expropiación de YPF y los debates habilitados

El pasado lunes 16/04/2012 la presidente Cristina Fernández anunció la expropiación del paquete mayoritario de YPF (en manos de Repsol), lo que supone la transferencia de un 51% del capital accionario a manos del Estado, distribuido entre el Estado nacional con 26% y los Estados provinciales petroleros con 25%. Se asegura así el control estatal de la gestión de la empresa que lidera el mercado nacional de hidrocarburos (un tercio aproximadamente).
Conviene aclarar, que en el anuncio presidencial se manifestó que no se trata de una estatización. Que la forma jurídica continua siendo una sociedad anónima, con capital abierto a inversores locales o externos. De hecho, Repsol continúa con tenencias de capital por el 6%, el Grupo Petersen (familia Eskenazi, de origen local) seguirá con poco más del 25%, transformándose en el segundo inversor detrás del Estado nacional. De hecho, la propiedad quedará del siguiente modo: con el 26,03% el Estado nacional; con el 25,46% el Grupo Petersen; con el 24,99% los Estados provinciales; con el 6,43% Repsol y un remanente del 17,09% de circulación vía bolsas.
Junto a la presentación del proyecto de expropiación en trámite parlamentario, se decidió la intervención de la empresa, desplazando a la actual gestión con un equipo de funcionarios del poder ejecutivo que incluye al Ministro de Planificación, al Vice ministro de Economía y al Secretario de Energía.

Apoyos y críticas

La medida generó hasta ahora un amplio apoyo en el sistema político y en ámbito sociales, con las lógicas críticas de un arco opositor en una perspectiva de “derecha” y privatista por principios ideológicos; y una airada respuesta del gobierno español, que intenta tapar su propia crisis identificando a la transnacional petrolera con los intereses de España. Esa misma posición fue asumida por la mayoría del parlamento europeo, con la excepción de verdes y rojos. Varias organizaciones y personalidades del movimiento popular, los indignados y la izquierda española y europea se manifestaron en solidaridad con las decisiones soberanas de la Argentina y contra la transnacional petrolera y las manifestaciones de sus Estados.
Uno de los argumentos principales de la crítica ideológica alude a la “seguridad jurídica” de los inversores y a las potenciales demandas en tribunales internacionales, caso del CIADI. El país queda así condicionado por el chantaje de la institucionalidad neoliberal suscripta en los 90´, sean los tratados bilaterales de inversión, o la adhesión al CIADI. Son varios los países que denunciaron su pertenencia al ámbito litigioso del Banco Mundial, tal como ocurrió con Venezuela, Bolivia o Ecuador; o que nunca ingresaron, tal el caso de Brasil. Si bien debieron denunciarse previamente esos acuerdos de fomento de la dependencia, las amenazas actuales exigen la denuncia de los tratados en tiempo perentorio.
Está previsto un Comité de gestión compartido entre el Estado nacional y los Estados provinciales, lo que habilitó la demanda de otras provincias no petroleras para receptar los beneficios de la producción. Existen provincias que sin tener reservas en su territorio, procesan combustibles, tal caso emblemático de Buenos Aires, a la sazón el Estado provincial más extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilación del crudo y procesamiento del gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribución extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el país, con independencia del territorio de plantación de la oleaginosa.
Más allá de los apoyos y críticas a la cuestión esencial, la expropiación parcial, se abrió un debate sobre los alcances de la medida. Entre muchos interrogantes se discute el porqué se limita la medida solo del 51% del capital y no el 100%. En ese sentido también se considera que no alcanza con la estatización como propuesta y se interroga si lo que corresponde no debe pasar por la socialización, involucrando en la gestión de la empresa a los trabajadores y a la sociedad, en su calidad de consumidores y usuarios con derecho a la energía.
No solo se analiza la cuantía del capital, sino también si corresponde o no la indemnización, un tema relegado en el proyecto al dictamen del Tribunal de Tasación. En el asunto interviene desde el valor de contabilidad hasta la valuación de las acciones en el mercado bursátil. Son valores mediados por el daño ambiental y el deterioro de la infraestructura; incluso la consideración de la inversión originaria y la nula reinversión, especialmente con el hecho verificado de la remisión de utilidades por casi el 100% de lo obtenido por la YPF.

Política energética en discusión

Un aspecto central para el presente y el futuro es la política energética, ya que la expropiación supone la crítica a lo acontecido en las últimas dos décadas. No solo se trata de baja de la producción de YPF, sino que es una situación que involucra al conjunto del sector productor de hidrocarburos. En la cuenta negativa se registran la disminución de las reservas de petróleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dólares en importaciones de combustibles durante el 2011, más del doble que en el 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el año 2012.
El balance sobre la política energética es negativo y no solo se adjudica a la cuenta de la iniciativa privada, sino al descontrol oficial, desde la presencia del poder ejecutivo en el directorio (avalando la gestión), sino desde todos los ámbitos de contralor, sean nacionales o provinciales.
La intervención ya habilitó conversaciones con otras petroleras para asociarse en el aumento de la producción. Es quizá una señal de continuidad en la gestión favorable a la iniciativa privada, especialmente extranjera.
El camino a transitar tiene que privilegiar una auditoría a fondo, sobre la gestión y la producción, para en ese camino transitar nuevos rumbos, aprovechando el carácter excedentario de YPF para una reinversión productiva y considerar la utilización de otros recursos propios del Estado, lo que supone una amplia discusión en dos sentidos. Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la producción, ya que es tiempo de discutir el para qué de la producción de hidrocarburos. La indicación de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del poder ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que también debe analizarse.
¿Hay que continuar con el uso de hidrocarburos para un modelo productivo que favorece la dependencia tecnológica, productiva, económica y financiera? ¿Es posible otro destino para los hidrocarburos?
En ese sentido, puede pensarse otra inserción productiva mundial del país, pensando en la soberanía energética ampliada a nuestramérica, integrando esfuerzos económicos y tecnológicos para un modelo productivo y de desarrollo que asegure soberanía alimentaria y se sostenga desde la soberanía financiera. Lo que se discute es la soberanía y la integración. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energética, en tanto parte de la crisis de la economía mundial.
Con la expropiación parcial de YPF son diversos los aspectos que se involucran en el debate nacional y mundial. La respuesta neocolonial o imperialista proveniente de España y de Europa da cuenta que no existen temas específicamente nacionales, y que el debate confluye recurrentemente a la discusión del orden mundial.

Julio C. Gambina

Neuquen: El modelo petrolero se cobra otra vida en Territorio Mapuche

Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la Comunidad Mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.
La investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.
Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los 4000 habitantes del “Desierto de Añelo”, como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.
“En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro.”
El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la “calicata”, que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.
Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales, “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro”.
Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que “los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación”, afirma Arellano. Y agrega: “La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte”.
En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal no habían sido comunicados.
“Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamadaagua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan.”
El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales “fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como ‘blanqueo’, es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua.”
“Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera.”
La cifra de la contaminación
500 veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.

Mapuexpress

Ya son 169 los muertos por la subestación sobral en Ezpeleta

Sabrina es la número 169 de los vecinos muertos de cáncer y leucemias en los 500 metros que rodean la subestación electromagnética, y están atravesados por su cableado, desde que se puso en funcionamiento eso que la gente del lugar llama “Máquina de muerte”.
Los vecinos de la subestación SOBRAL de Ezpeleta despiden a SABRINA, una joven que enfermó de leucemia a los 15 años, algunos años después de ponerse en funcionamiento la subestación eléctrica que transforma 132.000 voltios en PLENO BARRIO, a 100 mts de donde vivía Sabrina hasta el 13 de abril pasado en que sus amigos, familiares y vecinos le dieron su ultimo adiós.
El electromagnetismo es inoloro, incoloro es insípido…..invisible, lo cual lo hace aun más letal. Hay otras fuentes de contaminación que son alertadas por la población por sus olores o ruidos, pero ésta la de los campos electromagnéticos, no se siente más que cuando ya se metió en el cuerpo y cuando muchas veces ES TARDE.
Desde hace décadas los vecinos de SOBRAL reclaman a la Justicia por el cierre de esta subestación y su traslado a zonas no pobladas, y mientras la Justicia decide si los campos electromagnéticos dañan o no la salud, los vecinos siguen enterrando a sus familiares.
HOY ES SABRINA, de 31 años, que desde los 15 luchaba contra una leucemia linfática aguda, enfermedad que la propia OMS reconoce como una de las que se duplica el riesgo de ser contraídas por quienes están expuestos en forma prolongada a elevados campos electromagnéticos. Ese fue el caso de SABRINA que vivía a una cuadra de la esquina de calle Padre Bruzone y Rio salado, de Ezpeleta, Partido de Quilmes. Su testimonio y las fotos de su cuerpo con las marcas de la enfermedad que la obligó a varios trasplantes, están plasmadas en el libro 132.000 voltios realizado por las periodistas Silvina Heguy y Eugenia Cerrutti, bajo el nombre de 132.000 y publicado en 2006.
Sabrina es la número 169 de los vecinos muertos de cáncer y leucemias en los 500 metros que rodean la subestación, y están atravesados por su cableado, desde que se puso en funcionamiento eso que la gente del lugar llama “Máquina de muerte”.
No hace falta ser expertos en estadísticas para darse cuenta que 136 muertos y 122 enfermos, en 700 viviendas, es un número elevado de enfermos. En una población de 2800 personas más de un 10% se enfermó de cáncer, a los que se suman enfermos de afecciones respiratorias, trastornos del sueño y demás patologías que se enumeran por estudios nacionales e internacionales entre las producidas por los campos electromagnéticos.
Los vecinos de Berazategui, aledaños a la Subestación Rigolleau, obra que está terminándose en estos días, y que pretende transformar la misma cantidad de voltios que SOBRAL, están HOY en pie de lucha pidiendo el traslado a zonas no pobladas. Pero a pesar de que hace 8 años que pelean por esto, y que hermanados con los vecinos de Ezpeleta denuncian pública y judicialmente estos casos, aun hoy SON INVISIBLES para el gobierno, tan invisibles como el electromagnetismo.
¿CUANTOS vecinos más deberán morir para que los GOBIERNOS (nacional, provincial y municipal) actúen en defensa del derecho humano básico que es la VIDA?.
SABRINA no era invisible y nosotros tampoco, por eso decimos TRASLADO YA de la SUBESTACIONES RIGOLLEAU y SOBRAL a zonas NO POBLADAS!
NI UN PIBE MENOS!
No es progreso si el precio es la vida de la gente!

- Vecinos Autoconvocados por la VIDA de Berazategui

- Foro por los derechos de la Infancia, Adolescencia y Juventud de Berazategui.

- Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.

Teléfonos de contacto: 155 658 9858 / 154 034 6303

Carta abierta al pueblo argentino

Llamamos a la más amplia solidaridad con Argentina ante cualquier maniobra, agresión, exclusión o sanción impulsada por la presión de poderosos intereses petroleros del exterior y saludamos este primer paso para recuperar el control y cuidado social de un recurso natural estratégico.

CARTA ABIERTA AL PUEBLO ARGENTINO

Desde el CADTM Abya Yala Nuestra América (CADTM AYNA) y el CADTM Europa manifestamos nuestro firme apoyo al derecho soberano de la Nación Argentina de declarar de utilidad pública la principal empresa petrolera operando en vuestro suelo, YPF. Y a expropiar, de acuerdo al proyecto de Ley que se encuentra en tratamiento parlamentario, el paquete accionario perteneciente a la firma hasta ahora controlante, REPSOL.
Repudiamos enérgicamente la campaña internacional contra Argentina impulsada por los empresarios inescrupulosos , el gobierno de España , jerarcas de la Unión Europea , elites conservadoras y medios de prensa concentrados con declaraciones, amenazadoras y proponiendo duras sanciones contra Argentina.
Observamos azorados que, intencionadamente, se confunde a la opinión pública mundial al presentar la defensa de REPSOL como una causa pública de España y Europa, cuando se trata, en realidad, de un planteo de una firma privada multinacional con recurrentes denuncias por sus incumplimientos contractuales , laborales y ambientales. Como así también, el uso habitual que dicha empresa hace de paraísos fiscales para evadir impuestos de los mismos países, hoy en crisis, que imponen a sus sociedades enormes sacrificios.
Consideramos que esta medida, aún con insuficiencias y limitaciones, es un avance en la recuperación de un recurso nacional estratégico para cualquier país, al mismo tiempo, que convoca a promover la integración energética de los países latinoamericanos para afirmar así su independencia de las corporaciones y poderes supranacionales.
Llamamos, de igual manera, a renunciar a un modelo exportador extractivista, ya que es fundamental usar de manera cautelosa los recursos naturales respectando el medio ambiente, reembolsando la deuda ecológica y social, y mejorando las condiciones de vida del pueblo.
Instamos, al gobierno de Argentina, aprovechando la actual coyuntura, a denunciar y no renovar los TBIs (Tratados Bilaterales de Inversión), a salir del CIADI (Centro Internacional de Resolución de Controversias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) al que remiten los anteriores acuerdos y, a repudiar la deuda ilegitima.
Llamamos a la más amplia solidaridad con Argentina ante cualquier maniobra, agresión, exclusión o sanción impulsada por la presión de poderosos intereses petroleros del exterior y saludamos este primer paso para recuperar el control y cuidado social de un recurso natural estratégico.

FIRMAN :

El CADTM Abya Yala Nuestra America (CADTM AYNA) y el CADTM Europa
El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) es una red internacional constituida de miembros y de comités locales, vease http://www.cadtm.org/Contáctenos

“Argentinización” del petróleo: Las cosas en su sitio

Resulta infantil que el anticapitalismo esté contra la medida. Como resulta infantil que algunos crean que existe una agenda secreta de horizonte socialista en la cabeza del grupo de interés que administra coyunturalmente el Estado.
1. Si el contenido del Estado es síntesis de la hegemonía de la minoría capitalista, entonces sus políticas económicas, estratégicamente, expresan sus intereses. Incluso si el Estado siempre es representación –como en menor escala, cualquier territorio de relaciones de poder de una sociedad en un momento dado- de un campo en permanente disputa mientras existan clases sociales de intereses irreconciliables. Es decir, existe Estado porque existen clases sociales de intereses antagónicos. Que un buen día no haya Estado es síntoma simplemente de que no hay clases sociales. La maldición de que las grandes mayorías tengan que hacerse del Estado para implementar provisoriamente las tareas de planificación racional, orden y defensa, y promoción cultural, política y económica de sus intereses, es el trago amargo y tránsito hacia una sociedad gobernada directa y creativamente por la propia sociedad. Así y todo, ese Estado que todavía no existe, dada la acumulación histórica de los trabajadores y el pueblo, ya debe contener las formas de la democracia más radical y su control colectivo necesario para evitar, a como dé lugar, la formación de una casta privilegiada que haga y diga a nombre de los intereses de las clases subalternas devenidas en hegemonía. No vale la pena recordar los males de las experiencias no capitalistas del siglo XX; como en su momento, sí tiene sentido recordar sus aciertos respecto del capitalismo.
En general, bajo el capitalismo en su fase imperialista y para mantener su tasa de ganancia sobre el movimiento objetivo de la acumulación concentrada del valor socialmente producido versus la desigualdad realmente existente; del capitalismo gobernado por el momento financiero y especulativo sobre el resto de los momentos del capital; de la intensificación de la explotación del trabajo asalariado y la acumulación originaria incesante mediante el despojo de los recursos naturales y derechos sociales obtenidos en su fase anterior por la propia lucha de clases y relaciones de fuerza mundiales; el Estado funciona como arma, escudo y aval de las clases propietarias. Si las grandes mayorías tuvieran la organización y fuerzas suficientes, no sólo podrían arrancar superiores beneficios sociales del excedente de su propio trabajo acumulado por el Estado de los que mandan aún, sino que por dinámica objetiva –de la cual es parte sustantiva la voluntad y naturaleza de su propia conducción política, o conciencia resumida- tendrían que destruir el actual Estado, y construir otro en vistas a su extinción definitiva.
2. En Argentina y más allá, para los de arriba, la fiebre bipolar, maniquea, de caricatura de alto contraste, tiene como forma coyuntural la compra del 51 % de YPF por el Estado argentino. Por un lado, está el discurso multiplicado de un capitalismo acuartelado en sus fundamentos más primitivos y representado por el diario La Nación y su área de producción mediática de contenidos, que pone de modo delirante una medida política-económica casi a la altura de lo que significó la Revolución Cubana para los intereses de las clases dominantes. Soterradamente invoca a los cuarteles, dibuja a la versión peronista y pequeño burguesa del gobierno de turno como si fuera el Caballo de Troya de sus terrores y aleona a la oligarquía contra la iniciativa de la administración CFK. Es decir, sin contexto, sobreideologizadamente, sobreactuando, la conciencia más integrista de la clase mandante en Argentina –siempre dependiente, rentista y subordinada al gran capital sin patria-, excéntricamente, procura cautelar el programa abstracto, sin táctica y maximalista de los peores manuales del ultraliberalismo garabateados luego de la implosión de la URSS.
Por otra parte, el gobierno argentino, desde sus propios dispositivos mediáticos, transforma la compra y conversión en propiedad mixta de los recursos petroleros del país, en un acto soberanista también súper explotado en términos propagandísticos, cargado de emotividad “nacional” y argentinidad abstracta, sin sujeto. No importan tanto las causas, los procedimientos y los efectos que tendrá la medida de media recompra de lo que se privatizó en los 90’, sino más bien, su dramatización para un público infantilizado políticamente.
3. Independientemente de las maneras –aunque son inseparables de los contenidos salvo en su momento analítico-, desde los intereses históricos del pueblo trabajador, resulta un contrasentido situarse contra la medida del Ejecutivo, refrendada a veces clientelar y oportunistamente por el Legislativo entero ante los eventuales réditos electorales provenientes de la popularidad de la iniciativa. En términos inmediatos, ella era necesaria frente a la rapacidad de Repsol y la crisis energética del país que situaban sus intereses privados contra un capítulo delicado de la gobernabilidad y el mistificado “pacto social” por arriba. Asimismo, la readquisición del 51 % del petróleo a nivel nacional y provincial, avivan nuevamente el mito de la desconexión y la autarquía económica de Argentina en la época de la mundialización del capitalismo. La medida de alto impacto mediático, esperanza a un costado de la llamada izquierda nacionalista y de paso, opaca problemas cruciales como el trabajo informalizado y precario de la mayoría de la fuerza laboral, la profundización del modelo soyero y primario extractivo, la transnacionalización pura y dura de la economía argentina, la crisis educacional y sanitaria, la corrupción y la relación social desigual del 80 / 20, donde el 80 % de los argentinos sobrevive al día, y el 20 % goza del trabajo ajeno, entre otras tragedias propias del capitalismo.
Resulta infantil que el anticapitalismo esté contra la medida. Como resulta infantil que algunos crean que existe una agenda secreta de horizonte socialista en la cabeza del grupo de interés que administra coyunturalmente el Estado. La ‘argentinización’ del petróleo es el límite del programa de gobierno, no su punto de partida hacia una sociedad post capitalista. Las transformaciones estructurales en beneficio de las clases expoliadas son un desafío de las propias clases expoliadas. No caen verticalmente desde la ocurrencia, buena voluntad, filantropía o conspiración propopular de una administración gubernativa sin pueblo. Las fronteras de la democracia representativa, formal, caudillista, palaciega, resultan acotadas por muy populistas que sean o parezcan ser.
Ocurre que como la hegemonía precaria de los dueños de todo no ha tenido contratiempo alguno desde hace mucho tiempo, hasta una iniciativa que en rigor, no modifica el movimiento capitalista, resulta ‘peligrosa’. Y más por su ejemplo en otras latitudes que por lo que pierde en lo inmediato. Sin contar siquiera con los efectos de la crisis económica en curso y que en la actualidad hinca uno de sus centros en Europa y en España en particular. Efectivamente, existe una lógica de alarma y reacción del estatismo corporativo o del corporativismo y sus propios Estados ante cualquier ademán que pudiera eventualmente dañar sus intereses estructurales. La burguesía no teme el gesto de la reapropiación del 51 % de YPF. Teme un nuevo ciclo de luchas sociales y recomposición política de los trabajadores y empobrecidos del mundo. Teme a la revolución social, no a un impuesto a la lucha de clases. Teme que de la disputa y competencia destructiva intercapitalista se pase abiertamente a un período de combate político entre explotados y explotadores.
Por ello las fuerzas anticapitalistas, su amplitud obligatoriamente generosa, unitaria, abarcadora, con proyecto para el siglo XXI, vocación de mayorías y no lo contrario, deben saludar sobriamente la ‘argentinización’ del petróleo. Que nadie estime que las ruedas de la historia caminan por inercia hacia la felicidad humana y que un gobierno práctica y declarativamente capitalista realizará las tareas que le corresponden por necesidad y sin atajos a la voluntad de los populares. Tácticamente es conveniente para los pueblos la medida de CFK.
En cuanto el movimiento real de las clases subalternas en pugna y organización ante el capital cobre vigor, la iniciativa parcial, absolutamente insuficiente de la presente administración política argentina, será un precedente para cambiar radicalmente la vida.
4. En otro contexto, bajo otras relaciones de fuerza, en el Chile de los años 60’ y la ‘Alianza para el Progreso’ impulsada por el imperialismo norteamericano a través del demócratacristiano Eduardo Frei Montalva, se sindicalizó al campesinado, se realizó una reforma agraria, hubo una reforma educacional que amplió la cobertura de la enseñanza pública y se ‘chilenizó’ el cobre. Es decir, Frei Montalva –años después colaborador del golpe de Estado de 1973 y paladín de los intereses imperialistas en Chile-, compró el 51 % del cobre o ‘sueldo de Chile’. Ello facilitó con creces la nacionalización plena (casi el 100 %) del metal rojo cuando el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Es cierto, lo descrito arriba no es transferible mecánicamente a lo que ocurre en el mundo y en la Argentina de 2012. Pero sí enseña al menos, que una medida que tenía como fin domesticar la lucha social mediante un proyecto desarrollista imposible bajo la dependencia de los polos imperialistas y la ausencia de una ‘burguesía nacional revolucionaria’, sí puede facilitar -desde una alternativa política proveniente del pueblo concreto y en movimiento, y bajo una conducción política que exprese sus intereses genuinos- transformaciones que apunten a la descalcificación del orden de la minoría, y la creación de poder de la hegemonía multidimensional de los más, de los todos.

Andrés Figueroa Cornejo

Marc Gavaldá desvela la otra cara de REPSOL en América Latina

Marc Gvaldá nos cuenta los desastres medioambientales y sociales causados por la petrolera en el continente americano.

Los sumisos de ayer no pueden ser los “Libertadores” de hoy

La petrolera YPF, ejemplo en su momento en América Latina y el mundo, tiene una larga y accidentada trayectoria, desde su creación durante el gobierno de Yrigoyen y, además de su importancia económica, toca mucho a los genuinos sentimientos nacionales de nuestro pueblo. Por eso lo ha conmovido y preocupado las recientes medidas propuestas por la presidenta, en discusión en el Congreso, pero de muy probable aprobación, pues cuentan con el apoyo de los radicales y de los partidos llamados de “centroizquierda”, incluido el PC.
Basta recordar del período más inmediato de su historia, el daño causado a YPF por la dictadura militar, y luego su privatización por el gobierno peronista de Carlos Menem, contando con el entusiasta apoyo de Néstor Kirchner, en esos días gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, y de la legisladora Cristina Kirchner, como parte de un nefasto plan de liquidación del patrimonio nacional, del que fueron cómplices directos.
Ni que hablar de la Alianza y el innombrable presidente De La Rua, quién prorrogó por 20 años más la concesión de Repsol. En la actualidad y desde el año 2003, nuevamente los Kirchner no escatimaron elogios y apoyaron constantemente a dicha empresa, dejando a la vez que actuaran sin ningún control, avalando así el perverso vaciamiento producido, agravado por el hecho de que en la dirección de YPF participaba un representante del Estado argentino, que se supone debía velar por los intereses de nuestro país.
La estafa fue tan grande, y efectuada con plena impunidad, que al mismo tiempo que caía la producción de petróleo por falta de inversiones, se permitió que se repartieran y giraran cuantiosas utilidades al exterior, conjuntamente con el aumento del endeudamiento de la empresa, llegándose a la cifra aproximada de $ 9.000 millones.
No se puede tampoco dejar de mencionar que los Kirchner también prácticamente le regalaron un 25% de YPF a su amigo el empresario “nacional” Eskenazi, sin desembolsar un solo peso, y sin que hasta ahora sufran ninguna expropiación, como tampoco otras firmas de capital extranjero.
El gran interrogante es: ¿Podemos confiar en este régimen, en estas organizaciones políticas y en estos impresentables personajes, la auténtica recuperación de YPF?
Por cierto que nuestra posición fue y sigue siendo la total estatización de YPF, sin ningún pago por indemnización y con la dirección y control de los trabajadores y los usuarios.
No confiar “ni un tantito así”, como nos diría el Che, en un poder político dependiente del Capital Financiero Internacional y local, intimamente asociados, que volverá una y otra vez unicamente a cambiar de amo, o sea, volverá a entregar el patrimonio nacional a los grandes grupos monopólicos mundiales, que justamente estan instrumentando un nuevo reparto del mundo, con invasiones económicas o militares.
Asimismo, es necesario tener muy en claro que estas serias circunstancias, que afectan no solo al presente sino también al futuro de una nación, no se superarán favorablemente para los intereses de nuestro pueblo sólo con declaraciones o alguna que otra marcha, lo cual determinará que es imprescindible continuar con mucho más empeño la batalla fundamental por la construcción unitaria y a todo nivel de un bloque político y social conformado por los trabajadores y demás sectores populares oprimidos y explotados, (organizaciones políticas, sindicalismo antiburocrático, organizaciones sociales, estudiantiles de derechos humanos, culturales, campesinado pobre y pueblos originarios, etc.), en base a un proyecto o programa de puntos básicos aprobados de común acuerdo, a fin de avanzar decididamente, junto con una amplia labor ideológica cultural, en un proceso de modificación sustancial de las relaciones de fuerzas existentes en el camino a transformaciones de fondo, de liberación nacional y social.

Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo

Los desafíos de la nueva YPF

La intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal de la empresa son medidas necesarias para comenzar a revertir la depredación energética. Pero constituyen tan solo un punto de partida para recuperar los recursos petroleros.
Durante una década REPSOL lideró el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de los críticos neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la “violación orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos por parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su habitual aprobación de los atropellos contra los derechos de los asalariados o jubilados. Nunca extienden a estos sectores los principios de la seguridad jurídica.

FALACIAS NEOLIBERALES

Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y repiten los mismos argumentos que difundieron luego del default. Advierten contra las terribles consecuencias de “aislarse del mundo”, omitiendo su récord de pronósticos fallidos.
Algunos exculpan a REPSOL afirmando que sufrió un castigo de precios desfavorables. Pero silencian los sucesivos ajustes de los últimos años, la autorización para liquidar divisas en el exterior y el permiso para exportar a costa del auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a las ventas externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió el país. Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.
Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación ahuyentará las inversiones, que se necesitan para recomponer la producción. Pero el desarrollo petrolero de Argentina nunca provino de los capitales foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del crudo y del equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización. Este régimen fue demolido con la privatización y debería ser recompuesto para reconstruir el abastecimiento.
Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como una expresión de “populismo, caja o demagogia nacionalista”. Pero con su sostén de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto de conductas republicanas, maduras y responsables.
Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el inminente conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación, como si la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico. En realidad es una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que el grueso de su capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del mundo. Como se especializa, además, en localizar sociedades en paraísos fiscales, potencia la evasión impositiva que ha deteriorado las finanzas españolas, precipitando el brutal ajuste que padece ese país.
REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial con creciente despiste. La repetición local de esa diatriba es particularmente chocante. Como la firma recurrirá a sus aliados de Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico internacional, es imperioso que Argentina se retire del CIADI. Ese tribunal ya tiene preparado un fallo a favor de la petrolera.

¿EMPRESA MIXTA O ESTATAL?

Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el flanco externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la caída de la producción y la consiguiente obligación de financiar importaciones con los pocos recursos que tiene la Tesorería. Presionado por esas circunstancias introdujo un giro de 180 grados en su idilio previo con la empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos socios. La expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece al gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.
La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate de sus acciones. Su responsabilidad en el descalabro energético de los últimos ocho años es inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi. Por su despacho pasaron todas las autorizaciones requeridas para convalidar el aniquilamiento de YPF.
La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales efectos dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el manejo de la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro, ni premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa. Todavía hay que averiguar cuáles fueron las ganancias reales que acumuló REPSOL con la distribución de utilidades a costa de los activos energéticos y con la expansión internacional de la compañía, utilizando los recursos del subsuelo nacional.
Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de una auditoría, que esclarezca el estado de los pozos y de los daños ambientales. Si se utilizan los fondos del ANSES, las reservas del Banco Central o la emisión de nueva deuda para pagarle a REPSOL, se repetirá la vieja historia de un estado bobo que se hace cargo de las pérdidas ocasionadas por ex concesionarios.
La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo un modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía íntegramente estatal. Esta decisión es errónea y conspira contra el proyecto de reconstrucción energética. No es casual que existan tantos ejemplos internacionales de manejo totalmente público de un recurso vital. Ese modelo de propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida en el pasado para un país como Argentina, que tiene reservas limitadas y de costosa extracción.
La necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible con los idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron ensayados en la primera etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los problemas que enfrenta este modelo, saldrá a flote cuando deba resolverse la situación del grupo Eskenazi. Esta familia quedó como socia minoritaria de la nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude superior a las tropelías cometidas por REPSOL. Compró su participación sin poner un solo peso, recurriendo a un crédito a pagar con la distribución de utilidades. Su permanencia está en duda, desde el momento que deberá cancelar ese préstamo con su propio dinero. Si se concreta su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese paquete? ¿El estado mediante pérdidas adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros “capitalistas amigos” (Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez, Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas sin realizar ninguna inversión?
El peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos favoritismos. La fuerte presencia del capital privado dentro de la compañía exige operar con criterios de rentabilidad inmediata, que obstruyen la prioridad inversora. Este modelo induce, además, al aumento de los precios en boca de pozo por la presión por lograr mayores utilidades, generando un encarecimiento adicional del combustible.

GESTION, LEGISLACIÓN Y PROPIEDAD

El gobierno promete una administración profesional de la nueva YPF. Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también gran independencia del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan del directorio, aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado (endeudamiento indebido de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos (uso de los recursos para financiar el bache de importaciones). Es evidente la trascendencia de definir cómo se administrará la compañía y ENARSA brinda un mal antecedente inmediato. Resulta imprescindible dotar a YPF de un genuino control social, popular y de los trabajadores.
Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en un sector regido por principios neoliberales de libre disponibilidad del crudo por parte de los concesionarios.
La revisión de los contratos suscriptos con esas normas recién ha comenzado y en su gran mayoría afectó a pozos marginales. El proyecto de ley en curso no aclara qué ocurrirá con el marco legal que habilitó la atomización del sector y la proliferación de una gran variedad de gravosos convenios. Aquí se impone la inmediata recuperación de la atribución del estado para controlar toda la comercialización interna y externa, fijando las condiciones y los precios de extracción y procesamiento.
La propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento para alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los gobernadores para manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de sindicatura común que se ha establecido con las provincias para el manejo de YPF, no se extiende al resto del sector y sólo pospone la necesidad de reintroducir la propiedad nacional. Marginar a las provincias no petroleras de la nueva conducción de YPF no contribuye a esa recomposición.
Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia petrolera. Hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables para reconstruir nuestro cimiento energético, avanzando hacia una empresa totalmente pública. Sólo este esquema permitirá equilibrar los costos de extracción con los precios requeridos para el desarrollo industrial. Este manejo es indispensable para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos y evitar un mayor deterioro del medio ambiente.
El logro de estos objetivos exige afectar los intereses capitalistas que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud soberana frente a las presiones externas. La movilización popular con banderas propias es el gran instrumento para esta acción.

Claudio Katz

[1] Profesor de UBA-CONICET y miembro de EDI (Economistas de Izquierda).

La causa YPF

"Hay que avanzar también en la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo a la Nación, para erradicar el manejo discrecional que realizan los gobernadores de un recurso de todo el país. El destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población".

El balance de la privatización de YPF está a la vista: pérdida del autoabastecimiento, importación de combustible, aumento exponencial de los subsidios y fulminante caída de las reservas porfalta de exploración. Repsol es el principal responsable de este desastre. Vació los pozos ya descubiertos, giró utilidades al exterior y utilizó la renta del subsuelo nacional para invertir en otras regiones. Pero el resultado de la “argentinización” posterior fue aún más nefasto. Los grupos locales (Eskenazi) financiaron su ingreso a la compañía sin poner un solo peso, utilizando los recursos surgidos de la distribución de utilidades. En lugar de la ansiada recuperación nacional del sector, se consumó otro fraude. Estos antecedentes indican que un cambio del favoritismo oficial hacia otras empresas agraciadas, no resolverá el agudo problema de las inversiones faltantes. Se requiere anular las concesiones y reestatizar YPF puesto que han incumplido los contratos. El país tiene argumentos jurídicos de sobra para adoptar esta decisión y para litigar en distintos tribunales por el vaciamiento cometido contra la empresa. Obviamente, esta controversia no podrá procesarse en el ámbito del CIADI, que ya tiene preparados dictámenes a favor de las transnacionales antes del comienzo de cualquier juicio. La renacionalización debe instrumentarse sin ningún tipo de indemnización. No basta acuñar una nueva denominación (YPF Federal) o hacer ondear la bandera de la recuperación energética. Hay que detallar cómo se instrumentará ese objetivo. Una recompra de la compañía con fondos públicos dilapidaría el dinero que se necesita para realizar las inversiones. Terminaría favoreciendo, además, a algún negocio privado. Se pueden discutir distintos modelos de gestión futura, otorgando suma relevancia a una asociación petrolera sudamericana. Pero hay que avanzar también en la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo a la Nación, para erradicar el manejo discrecional que realizan los gobernadores de un recurso de todo el país. El destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población.

Claudio Katz
(Revista Debate)

TRELEW - La Fuga Que Fue Masacre

Sobre Repsol y el autoabastecimiento energético

En este artículo, Guillermo Almeyra afirma que “YPF debe ser un instrumento para el desarrollo nacional, nunca debió ser privatizada y mucho menos aún cedida a Repsol, como lo fue con los gobiernos peronistas de Menem y de Néstor y Cristina Kirchner. Si ahora ésta expropia las acciones de Repsol y construye una empresa privada paraestatal con control del Estado es porque la factura de la importación energética llegó a ser casi igual al excedente argentino en la balanza comercial y continuaba creciendo, ya que Repsol no exploraba ni explotaba nuevos yacimientos ni reinvertía sus enormes ganancias”.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Primero, los hechos. Repsol no es España sino una multinacional petrolera con capitales españoles minoritarios, pues la mayoría está en manos de capitalistas de otros países que -con la participación de la mexicana PEMEX- abarcan más del 51 por ciento de las acciones. Además, es tan poco española que evade impuestos en España y está registrada en paraísos fiscales. Pero los aullidos del gobierno de Madrid (y de la Unión Europea) así como la reacción de todos los capitalistas demuestran que los gobiernos se identifican con los monopolios y el capital financiero y no toleran medidas legales que consideran chavistas.
Ese griterío es un reflejo preventivo. En efecto, todas las empresas (de servicios o bancarias) con mayoría de capitales españoles en Argentina no sólo aportan muchas más ganancias que sus casas matrices ibéricas sino que logran estas superganancias porque depredan y no invierten en el país ni renuevan el material desde hace décadas, cuando el peronismo menemista privatizó todas las empresas de interés nacional vendiéndolas por casi nada. Argentina ya estatizó a Aerolíneas Argentinas, que había sido destruida por Iberia y por el grupo Marsans y exige ahora de las empresas telefónica y de electricidad un servicio eficiente que éstas se niegan a dar pues prefieren mandar sus ganancias a España en vez de reinvertirlas. De ahí que, viendo lo de YPF, pongan sus barbas en remojo.
El gobierno de Cristina Fernández no fue picado por ningún tábano nacionalista. La misma presidenta, cuando era senadora en los 90, presentó un proyecto de ley para privatizar el petróleo. Ella y su marido, gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, aprobaron la política privatizadora de Menem, el ingreso de Repsol en YPF y la peligrosa fragmentación del control nacional del petróleo que pasó a manos de las provincias extractoras. Además, durante muchos años el kirchnerismo no dijo nada sobre el carácter depredador de la empresa petrolera privada; es más, lo reforzó permitiendo que un grupo de sus amigos capitalistas -el grupo Petersen (de la familia Eskenazi)- sin poner un peso propio comprase un importante paquete de acciones con crédito público y, hasta el año pasado, la Cristina Fernández de Kirchner anduvo del brazo con Repsol.
La presidenta que regala a la depredadora gran minería estadounidense-canadiense los recursos andinos y permite a cuatro monopolios sojeros transnacionales poner en riesgo suelos y agua y amenazar los cultivos alimenticios y que concede una base en el Chaco a Estados Unidos no es, precisamente, un modelo de nacionalismo. Si ahora empieza vestirse de blanco y celeste y se pone el bonete frigio, tanto en el caso de las Malvinas como en el de YPF, es por motivos bien concretos. O sea, por el agravamiento de los efectos de la crisis económica mundial sobre la frágil economía dependiente argentina y por la necesidad de responder a la creciente agitación social (el año pasado hubo más movilizaciones y paros que en el 2001).
Entendámonos: las Malvinas son argentinas y el reclamo es legítimo. Lo ilegítimo es que una causa justa sea utilizada para tapar y poner en segundo plano la imposibilidad de mantener los subsidios a los servicios y la canasta básica, de resolver el desastre del sistema ferroviario o de hacer aceptar el intento de congelar virtualmente los salarios al proponer un tope por debajo de la inflación real en las discusiones paritarias.
YPF, por supuesto, debe ser un instrumento para el desarrollo nacional, nunca debió ser privatizada y mucho menos aún cedida a Repsol, como lo fue con los gobiernos peronistas de Menem y de Néstor y Cristina Kirchner. Si ahora ésta expropia las acciones de Repsol y construye una empresa privada paraestatal con control del Estado es porque la factura de la importación energética llegó a ser casi igual al excedente argentino en la balanza comercial y continuaba creciendo, ya que Repsol no exploraba ni explotaba nuevos yacimientos ni reinvertía sus enormes ganancias.
Repsol sigue siendo una empresa mixta, ahora con mayoría de capital estatal y todavía con participación importante de capitalistas privados. No ha sido convertida en empresa estatal ni desprivatizada, como sugiere tanto la prensa española como la argentina. La acción, aunque tardía, parcial e insuficiente, es necesaria y debe ser apoyada. Sin embargo, para que YPF funcione bien hay que tener los capitales necesarios para explorar y explotar nuevos yacimientos de gas y de petróleo, hay que tener los técnicos y las técnicas que potencien la producción y la refinación porque la relativa mejoría económica en los últimos años hizo crecer el consumo domiciliario y las necesidades energéticas. El autoabastecimiento energético no se logrará en un día. Además, la Argentina tiene reservas pero no es un país petrolero y sus necesidades serán cada vez mayores.
Otras son pues, las soluciones. En primer lugar, Repsol causó daños por acción u omisión. No hay que pagarle nada, ni los 10 mil millones de dólares que pretende ni los cerca de seis mil que podría pagar el gobierno. Ese dinero debería volcarse a la exploración y explotación petrolera recurriendo a los conocimientos y capacidades de todos los petroleros argentinos expulsados por la privatización de YPF. Al mismo tiempo Argentina debería buscar una integración energética con el resto de los países latinoamericanos, compensando con la cooperación industrial las diferencias que puedan existir en las cuentas de importación-exportación de combustibles y establecer el control de cambios y el monopolio del comercio exterior para no dejarlo en manos de las grandes empresas extranjeras y para evitar la fuga de capitales, El patrioterismo es el argumento de los canallas para engañar imbéciles. Que los siervos en España del gran capital lo esgriman para ocultar su crisis y la desocupación. En Argentina, por el contrario, el consenso necesario para anular las contra medidas capitalistas se debe lograr diciendo la verdad y con acciones audaces.

Arrogantes con Argentina, lacayos con Merkel y Sarkozy

La decisión del gobierno argentino de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF, filial de Repsol, ha desencadenado una crisis y una campaña de patrioterismo ante el "agravio del que hemos sido objeto". El PP ha salido a la palestra insistiendo en que "el ataque a Repsol es un ataque a España y a su gobierno".

Ante estos hechos, desde Corriente Roja queremos señalar:

1.- El conflicto en Argentina con Repsol ni comienza en estos días ni se limita a un conflicto con el gobierno argentino. La presencia de Repsol en Argentina se remonta a 1999 donde YPF fue vendida por el Presidente Menem en lo que fue la orgia privatizadora de los años 90, y que terminó en el Corralito.
Todos estos años han estado marcados por constantes enfrentamientos entre esta multinacional y los trabajadores y sectores populares argentinos, que sufrieron la entrega del sector petrolero argentino a Repsol.
Miles de despidos y trabajadores presos por negarse a ser condenados al hambre son el primer precio que pagó el pueblo argentino por la entrada de Repsol. Ha sido la presión de los trabajadores y el pueblo argentino lo que ha obligado al Gobierno de la Kirchner a llegar más lejos de lo que quería.
2.- YPF supone para Repsol el 50% de su producción total de hidrocarburos, cerca de la mitad de sus reservas y un tercio de sus beneficios. En estos años, al tiempo que Repsol-YPF saqueaba los yacimientos argentinos y acumulaba pingües beneficios, la producción fue decayendo. La producción petrolera se redujo en un 23% entre 2003 y 2011. Otro tanto sucedió con el gas, pasando de 46 mil millones de metros cúbicos en el 2003 a 42 en el 2011. Esta disminución de la producción ha ido obligando a Argentina a dedicar cada vez más recursos a la importación de combustibles y energía. “Del autoabastecimiento que se había conquistado a mediados de la década de los ’80 con la YPF estatal, se pasó a la importación con el modelo de las multinacionales privadas". (Avanzada socialista periódico del PSTU de Argentina)
3.- La gestión de la multinacional Repsol, así como sus inversiones no atienden a más criterio, como toda multinacional, que al de la producción para la ganancia, la optimización de los beneficios. Entre 1999 y el 2011 Repsol IPF invirtió en Argentina 8 mil millones de dólares, mientras obtuvo unas ganancias netas de 16.500 millones de dólares, de los cuales repartió entre sus accionistas 13 mil millones. Estas son las cuentas del saqueo que Repsol ha sometido a Argentina a lo largo de todos estos años. Durante este período ha ido vaciando los yacimientos sin otra preocupación que no fuera tener a buen recaudo los beneficios de los accionistas del Repsol.
4.- El Gobierno de Rajoy sale en defensa de la "empresa española" cuando en realidad el accionariado de Repsol es mayoritariamente extranjero. Los accionistas españoles justo alcanzan el 27%, entre La Caixa (un 13%), el BBVA (4%) y la constructora SACYR (el 10%, comprado con un crédito de 46 bancos, entre los cuales el Santander, la banca francesa, británica y holandesa). El denominado 'free float', el capital flotante que cotiza en bolsa, supone el 62,21% del accionariado, buena parte de cuyos títulos (el 42% del total) está en manos de fondos de inversiones norteamericanos y británicos (JP Morgan Chase Bank National Association –EEUU- Chase Nominees Ltd. –GB-, State Street Bank and Trust -EEUU-…), a los que hay que añadir el 10% de la mexicana PEMEX o el 3,32 del banco francés BNP-Paribas.
5.- Por más que Rajoy se dé golpes de pecho patrióticos, el papel de Repsol en Argentina muestra el rol de las multinacionales "españolas" en América Latina.
Así como los otros imperialismos, el español y sus multinacionales (Repsol, Telefónica, Santander, BBVA, Inditex, Acciona…) son sinónimo de saqueo de las riquezas de los pueblos y explotación de la clase trabajadora. El ejemplo de Repsol, apoyando a dictaduras como la de Obiang en Guinea Ecuatorial o la de Kazajastán o al gobierno de Perú, donde ha sido denunciada por la organización Survival Internacional, es un ejemplo de que no existe un imperialismo “humanitario y civilizatorio”, el europeo, y otro “militarista y dictatorial”, el yanqui.
Cuando se califica a las multinacionales españolas como "piratas", a algunas de ellas como Repsol, en rigor habría que llamarles corsarios, porque roban con una bandera pero entregan la mayoría del botín a otros.
6.- La campaña patriótica del Gobierno muestra la "valentía" del cobarde, amenaza con declarar una guerra comercial a Argentina para defender los intereses de los bancos y empresas inversoras mientras se ha convertido en el capataz de la Merkel y Sarkozy, el ejecutor del expolio del país vía el pago de la ilegítima e inmoral deuda pública.
Que saqueen a los trabajadores y el pueblo, que no ganemos para recortes y reformas, que tengamos seis millones de parados, que miles de familias sean desahuciadas y echadas como animales a la calle, que la juventud no tenga presente ni futuro, no merece de este gobierno ni el menor gesto de resistencia a la vorágine de los bancos alemanes, franceses y españoles. Pero si Argentina se planta y reclama lo que es suyo, sus recursos petroleros, entonces se organiza una campaña patriótica por todo lo alto. Estos "patriotas" llevan la bandera en la billetera. Son patriotas de la banca, de las multinacionales para quienes defienden y gobiernan, a costa del saqueo de los trabajadores y los pueblos, sean argentinos o del Estado español.
7.- Resulta vergonzoso ver desde la "izquierda" ofrecer, como ha hecho en nombre del PSOE Rubalcaba, su apoyo a Repsol y al Gobierno del PP. Vergonzoso ver al dirigente de la UGT, Antonio Deusa, Secretario General de la Federación de Industria exigir del gobierno "una respuesta contundente" y advertir que si no se hace hay el peligro de un "efecto contagio" en el resto de empresas españolas que operan en Argentina.
Los dirigentes ugetistas, que no han puesto ni en duda siquiera el saqueo que supone para el país el pago de los intereses de la deuda pública a los bancos, sacan pecho "patriótico" para defender a Repsol.
8.- El gobierno argentino, que dice “expropiar” Repsol, en realidad lo que está haciendo es convertirse en socio de su grupo industrial Petersen, propietaria del 25% de YPF, que no ve tocadas sus participaciones. El objetivo real del gobierno argentino no es nacionalizar YPF de conjunto, para ponerla al servicio del pueblo trabajador, sino hacerse con la mayoría de las acciones para explotar los recursos aparecidos en las provincias de Neuquen y Mendoza, y no es nada descartable que acabe sustituyendo a Repsol por otros expoliadores capitalistas, chinos o de donde sean.
9.- Los trabajadores/as, los jóvenes, los sectores populares que estamos sufriendo en nuestras carnes la consecuencia de los recortes, del saqueo de la deuda, de un gobierno que gobierna para las multinacionales y la banca, no podemos por menos que repudiar el intento de asociar la nacionalización de Repsol a un "ataque a España".
El pueblo argentino tiene derecho a recuperar sus recursos y a disponer de ellos, tiene todo el derecho a echar de allí a Repsol y a todas las multinacionales que han sido y son parte del saqueo del pueblo. Y lejos de repudiar esa acción legitima, hay que empezar a exigir aquí el mismo camino, la suspensión del pago de la deuda y la expropiación de la banca y las industrias claves y bajo control de los trabajadores/as, para poner todos esos recursos al servicio de un plan de rescate de los trabajadores y el pueblo, que reorganice la economía y acabe con el desempleo.

Fuera Repsol y todas las multinacionales españolas de Argentina

El petróleo y el gas son argentinos

Fuera la campaña patriotera del gobierno Rajoy y del PSOE

Corriente Roja

17 de abril de 2012

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres

El fracaso y las contradicciones de la estrategia empresarial de "argentinización" de YPF, que hacen que Repsol no sea capaz de asumir financieramente la puesta en explotación de las reservas de hidrocarburos de la zona de Vaca Muerta, plantean en toda su crudeza las exigencias del autoabastecimiento energético sostenible de Argentina.
En un ambiente determinado por la creciente competencia en el mercado global de gas y petróleo, por los límites empresariales de Repsol y por la política de nacionalización parcial emprendida por el gobierno argentino de Cristina Fernández, el gobierno español de Mariano Rajoy amaga con un rumbo diplomático de choque. Testimonium paupertatis donde los haya de la "marca España", el choque no puede menos que afectar al conjunto de las inversiones españolas en América Latina y retroalimentar el hundimiento de la confianza de los "mercados" en un Reino de España intervenido de facto por la UE, en plena crisis de su deuda soberana.
Un poco de historia: YPF y el sueño de un desarrollismo endógeno argentino
YPF fue para los argentinos algo más que la principal empresa nacional y un símbolo de soberanía en materia de explotación de hidrocarburos. Como bien señaló Gustavo Callejas (ex secretario de Combustibles y animador junto a Fernando "Pino" Solanas y Félix Herrero del Grupo Moreno que dio una batalla consecuente contra las privatizaciones), la renta petrolera permitió en Argentina crear, desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura vial nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas. Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado. YPF creó pueblos, escuelas técnicas, redes de comunicación. Hasta su privatización, se contabilizaban reservas de gas para 36 años y de petróleo, para 23 años. Pero desde 1989 no se construyó un solo gasoducto o poliducto destinado al mercado interno. Ahora nadie sabe con certeza cuáles son las reservas argentinas de petróleo y de gas. Durante el gobierno de Menem, se construyeron gasoductos para exportar gas a Chile, un gran negocio para las transnacionales, mientras el 40 por ciento de los hogares argentinos carecían de él.
En esa historia tan intensa de YPF, y todo lo que ha significado para la política energética del país, no estuvieron ausentes los intentos de vaciamiento o liquidación, que finalmente tuvieron éxito en los años ´90.
El mismísimo general Perón, en su segundo mandato y frente a las dificultades que se advertían en la economía mundial tras el fin de la guerra de Corea, apuntó a un acuerdo con una de las Siete Hermanas, a la que ofreció un contrato de explotación de los yacimientos de la Patagonia, considerada ya entonces la región más prometedora en cuanto a reservas estimadas. Pese disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, una parte de los diputados peronistas enfrentó a su jefe, una confrontación que fue finalmente interrumpida por el golpe de 1955 que derrocó a Perón.
Luego vino Arturo Frondizi, que había transitado toda su vida política agitando la defensa del petróleo como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, pero que al llegar al gobierno en 1958 dio un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña. Para imponer su plan de concesiones, tuvo que derrotar una huelga general de los trabajadores petroleros, movilizándolos con el Ejército, y aplicando el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). La Federación de los petroleros, dirigida entonces por combativos dirigentes como Marcelo Alvarado y Ricardo Frigerio (nada que ver con Rogelio Frigerio, ideólogo y uno de los hombres más cercanos a Frondizi), pudo sostener la huelga en algunas zonas, aun desde la clandestinidad o movilizados militarmente. Entre los trabajadores petroleros se recordaba por décadas la hazaña de la destilería de Luján de Cuyo, que estuvo paralizada más de un mes después de que el movimiento a escala nacional hubiera sido derrotado. Ni los técnicos italianos, que la habían construido y puesto en marcha -y a los que trajeron para quebrar la huelga-, pudieron vencer la resistencia y sabotaje de los trabajadores y poner en funcionamiento la planta.
Finalmente, los contratos de Frondizi fueron anulados por Arturo Illia, en un nuevo intento de restablecer el carácter estratégico de YPF en el sector energético, lo que duró hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966). En el breve período de Cámpora-Perón de 1973-1974, con José Gelbard al frente de la Economía, otra vez se intentó corregir el rumbo. Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, YPF fue un botín de guerra codiciado por los mandos castrenses y sus socios empresarios y tecnócratas, como plataforma de grandes operaciones financieras y negociados. La patria contratista, que había nacido con Onganía en 1966, vivía con la dictadura de Videla su momento de gloria. Entre las operaciones financieras se computaron el apalancamiento de préstamos para la compra de armamentos y otros mercadeos conexos, que dejaban grandes comisiones, de las que participaban eufóricos los nuevos ricos de la "patria contratista".

Vaciamiento y privatización irregular de YPF

Como una muestra de las grandes paradojas de la historia política argentina, fue un abogado peronista riojano, un personaje distinguido en ese tiempo por su facha Siglo XIX -cara chiquita entre el paréntesis de la melena y unas enormes patillas- quien denunció en 1982, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, de la Capital Federal (Expediente 41.545), el endeudamiento fraudulento y vaciamiento de YPF cometido por el régimen militar ya agonizante.
Pero esa no sería la última de las paradojas, casi una comedia de enredos, si no fuese por la tragedia que siempre acompañó a esas prácticas políticas. Precisamente es el mismo Menem quien, al asumir el gobierno en 1989, renuncia al discurso de campaña, en una versión aumentada y corregida de la voltereta de Frondizi, para asumir plenamente la política económica neoliberal. Esta vez, la hiperinflación, el contexto internacional y el pasado todavía latente del terrorismo de Estado, contribuyeron a que se lograra destruir todo plan energético nacional. Sin embargo, esos vientos, con toda su fuerza, no eran suficientemente destructivos por sí solos. Había que quebrar a los trabajadores de las empresas públicas de energía y de servicios públicos.
Se concibió para ello una estrategia muy eficaz, tejida de complicidades y maniobras. Uno de los instrumentos fue el programa de propiedad participada (PPP), por el que los trabajadores supuestamente se quedaban con el 10 por ciento de las acciones: unas acciones que, en realidad, iban a manejar los dirigentes sindicales corruptos en cumplida connivencia con los empresarios, los bancos y el ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo. Otro de los medios fue el reparto de las satrapías entre los gobernadores de las provincias petroleras, virtuales señores feudales con una participación decisiva en el negocio petrolero. El "chamullo" técnico, por usar lenguaje tanguero, fue que el petróleo y el gas ya no eran más recursos naturales estratégicos, sino que, a causa de la "globalización", del "fin de los Estados-nación (sic)", etc., etc., eran bienes transables, commodities, con un comportamiento en el mercado igual que el maíz, el café, la soja, el azúcar, etc. Un concepto que no resistió la menor prueba, ya que apenas se dio vuelta la página, continuaron por doquiera las guerras geopolíticas por el dominio de las regiones ricas en hidrocarburos.
Consumada la privatización, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a 5.500 trabajadores. Numerosas actividades fueron o tercerizadas o desguazadas. Entre ellas, la poderosa flota petrolera de la empresa estatal. Varias de esas naves fueron vendidas, entre los amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en cementerios flotantes sobre el río Paraná. Con todo descaro, algunas de las empresas contratistas que manejan resortes fundamentales de la operatoria de YPF figuran con domicilio legal en la sede de la Federación del SUPE, el mismo edificio que en 1958 ocupaban aquellos luchadores infatigables –tan penetrados de consciencia de clase— elegidos por el voto libre de sus afiliados y que murieron casi en la pobreza.
Todo este proceso de privatización de YPF estuvo viciado de ilegalidad desde su origen. Entre las numerosas denuncias formuladas en los tribunales, con el patrocinio del ex juez Salvador María Lozada, Pino Solanas presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundamentado. La respuesta fue un atentado: nueve balazos en una plaza de estacionamiento; varios tiros que, afortunadamente, sólo encontraron sus piernas, ya fuese por milagro o porque en realidad quienes dispararon eran sicarios profesionales que sólo tenían ordenes de intimidar.
Dada la muchedumbre de antecedentes irregulares de la privatización de YPF y del gas (hasta el punto de que se llamó a la bancada parlamentaria a un diputado "trucho", a fin alcanzar el número necesario de votos), resulta ahora cuando menos jocoso escuchar las apelaciones a la "seguridad jurídica". Entre otras aberraciones legales o procedimentales, YPF fue vendida sin tasación previa, según prescribía la Ley de Reforma del Estado diseñada a propósito por el "genio" jurídico de las privatizaciones, Roberto Dromi, ahora rehabilitado como asesor del ministro de Planificación, Julio de Vido, y –¡oh ironía de las ironías!— posible director técnico de la ahora pretendida renacionalización.

La gestión de REPSOL

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, en 2003, la relación con Repsol pasaba por buenos momentos. Como gobernador de una provincia petrolera, Kirchner había tenido un protagonismo relevante en el proceso de privatización del petróleo y del gas y luego en la negociación y la venta del paquete a Repsol. Así pues, las relaciones con los directivos de la empresa española iban por buen camino.
Sin embargo, tras el colapso del régimen de convertibilidad, la pesificación y el default (suspensión de pagos), el campo de las negociaciones con las empresas privatizadas o de servicios públicos concesionados estaba minado. En noviembre de 2003, nuestro amigo Rubén Lo Vuolo, advertía:
"Es indispensable realizar una estricta auditoría sobre las reservas comprobadas, tanto en el campo del petróleo como del gas, y establecer restricciones a la relación entre las exportaciones y las reservas. La prioridad es el normal abastecimiento del mercado interno a precios que sustenten las necesidades de la matriz insumo-producto local. Esto obliga a revisar criterios de libre exportación de petróleo, gas natural y derivados, como así también las exigencias en materia de explotación. Antes de exportar, las empresas deberían mostrar evidencias ciertas con respecto a un horizonte de duración de las reservas comprobadas que no sea inferior a los 10-15 años, como así también sería necesario establecer que las empresas productoras de gas y petróleo destinen un porcentaje de sus inversiones a actividades de exploración, con independencia de la duración de las reservas comprobadas de sus yacimientos". (1)
Nada de eso se hizo. Las petroleras siguieron funcionando como en los años 90. Y cuando se impusieron restricciones a la liquidación en el país de las divisas por exportaciones, las petroleras y las mineras fueron exceptuadas. Los gobernadores, a su vez, otorgaron escandalosas prórrogas para la explotación de importantes yacimientos, anticipándose 20 años algunas a la fecha de su vencimiento, cuando la ley establece que, para renovar una concesión, se tiene que evaluar la conducta y desempeño de la empresa en las últimas décadas. Un verdadero grotesco. Quien sabe algo de los negocios financieros, puede imaginar fácilmente las consecuencias que trae en los mercados de valores el hecho de que a una petrolera se le renueve la concesión de un área productiva por 20 años.

Desinversión o vaciamiento de YPF

Las compañías mineras y petroleras han gozado de privilegios especiales, no sólo por el diseño y estructura de las privatizaciones, acordes con el modelo "neocon" de los años 90, sino porque el marco regulatorio es absolutamente permisivo. Por ejemplo, aun en los casos comprobados de daño al medio ambiente, las concesionarias no han tenido siquiera que pagar el valor de la reparación del año ocasionado. Tampoco se ha planteado la obligación legal de reformular la operatoria para evitar futuros accidentes. Simplemente, cuando han sido sancionadas, las compañías extractoras se han limitado al pago de una multa, que es siempre infinitamente más barato que un procedimiento ambientalmente sustentable.
Tanto Alfonso Cortina como Antonio Brufau, principales directivos de Repsol desde la compra de YPF, han estado al corriente de estas historias. No podían ignorar que más temprano que tarde, por la forma de conducir el negocio, iban a un choque de trenes con el gobierno argentino, más allá de las voluntades individuales.
El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, disparó la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos. En un curioso negocio publicitado como el "proceso de argentinización" de YPF, Repsol había aceptado la venta del 25,4% de las acciones, por un valor de 1.304 millones de dólares, al Grupo Petersen del banquero argentino Eskenazi, un antiguo conocido de Néstor Kirchner totalmente extraño al negocio petrolero. Repsol sacó a sus principales hombres de Buenos Aires, y cedió de inmediato la dirección de la empresa a los nuevos socios. Unos socios que, conforme a la ingeniería financiera aprobada por Repsol y el gobierno argentino, ponían un dólar al contado y cancelarían su deuda con los mismos beneficios o utilidades generados por la compañía en el futuro.
O sea –y es crucial entender bien este punto—, que para recuperar el crédito lo antes posible, era fundamental aumentar los beneficios y disminuir la inversión, pero en un contexto totalmente diferente y adverso. Lo cierto es que, dada la moratoria hasta 2013 acordada a los créditos a Eskenazi, Repsol no ha recibido aún ni intereses ni principal, estando, en cambio, obligada a recomprar ese paquete de acciones de YPF (25,46%) a 34 dólares la acción, si pierde el control mayoritario de la compañía argentina –en el mercado bursátil cotizaban el 13 de abril a 21,95 dólares— o disminuyen los beneficios o utilidades repartidos.
Este proceso esta muy bien descrito en un reciente trabajo del colectivo argentino Economistas de Izquierda (EDI):
"Repsol se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.
En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias.
"Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa.
"El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta "argentinización" permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.
En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación. Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante ("no podemos volver a la época del Virreinato")". (2)

El desencadenante de la crisis y el juego del gallina

En diciembre de 2010, la compañía Ryder Scott certificó la existencia de reservas de gas y petróleo no convencionales equivalentes a 22.807 millones de barriles en la zona de Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Su explotación convertiría a la Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. YPF, que produce el 39% del petróleo y el 28% del gas argentinos, ve con esta certificación de su concesión de Vaca Muerta aumentar su valor bursátil y su importancia estratégica.
Al mismo tiempo, huelga decirlo, pone directamente en cuestión las fórmulas y expectativas que estaban detrás de la "argentinizacion de YPF" en un mercado global de fuerte competencia por las reservas de hidrocarburos, exacerbada por la irrupción de las compañías petroleras chinas. La puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Brufau en carta a la Presidenta Cristina Fernandez es de 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011. La reinversión de beneficios de YPF esta limitada por el acuerdo con el Grupo Petersen, que establece que se repartirá en un 90% para asegurar el pago de los créditos otorgados por Repsol para la compra de su paquete de acciones de YPF. Las cifras, simplemente, no cuadran, si la prioridad del gobierno argentino es el aumento de la producción y la autosuficiencia energética, independientemente de las comisiones implícitas en el proceso de nacionalización para controlar el 51% de las acciones de YPF (3).
Es evidente que a partir de enero de 2012 las autoridades argentinas han puesto en marcha su estrategia. La propiedad de las reservas es legalmente de los gobiernos provinciales, seis de los cuales han comenzado a retirar las licencias de explotación en zonas bajo su jurisdicción, acompañando este acto administrativo con las oportunas movilizaciones populares. El efecto inmediato ha sido una caída del valor bursátil de las acciones de YPF en más de un 30%, y sigue cayendo… Según el borrador del proyecto de nacionalización filtrado por el periódico Clarín, el gobierno argentino se haría con el 50,01% de las acciones de YPF con la compra del 25,46% de la familia Eskenazi y el 24,55% de Repsol, de un paquete mayoritario actual del 57,43% de la empresa española. A pesar de que cualquier adquisición por encima del 15% obliga a una OPA global sobre el conjunto de YPF, la estrategia del gobierno argentino es dejar de lado el 17% en manos de inversores institucionales, en una buena parte de EE UU, que sin duda encontrarían compradores interesados en el mercado, tal vez chinos.
Las idas y venidas de los negociadores españoles durante estas semanas, incluyendo los infructuosos viajes a Buenos Aires del ministro de industria Soria y del presidente de Repsol, Brufau –recibidos por los ministros argentinos de economía, Hérnan Lorenzino, y de planificación, Julio de Vido, pero no por la Presidenta Cristina Fernandez—, operan en un cronograma que se asemeja a lo que en teoría matemática de juegos se llama el "juego del gallina": un juego en el que ambos jugadores pueden destruirse, y gana, si alguno finalmente lo hace, el más temerario y con menor aversión al riesgo. En efecto: en 90 días, los gobiernos provinciales argentinos deberán asumir los sueldos de las plantillas y las perdidas de las regalías de YPF en sus magros presupuestos; mientras, el precio de las acciones de Repsol -no ya las de YPF- han cedido un 26% de su valor (de 23,73% a 17,47% euros) ante la perspectiva de la nacionalización de YPF, frente a una caída media de la bolsa de Madrid del 15%.
La convocatoria, la semana pasada, de una reunión de la Presidenta Cristina Fernández con los presidentes de los gobiernos provinciales petroleros despertó todas las alarmas en el Reino de España, mientras circulaban por los bufetes de abogados especializados hasta cuatro borradores distintos del proyecto de nacionalización de YPF. Desde Varsovia, adonde acompañaba a Mariano Rajoy, el ministro de industria Soria, hizo una advertencia, más sombría aún que puerilmente solemne, "ante los gestos de hostilidad", amenazando al gobierno argentino con "serias consecuencias". El secretario de Estado para Europa, Méndez de Vigo, auguró que Argentina se convertiría en un "apestado internacional". Al día siguiente, tras recibir al embajador argentino en Madrid, el ministro de exteriores García Margallo elevó ante las cámaras el tono de la amenaza, dedo en ristre, tronando todo tipo de represalias (4).

El juego del gallina continúa: la diplomacia de la "marca España", en acción

La crisis de YPF-Repsol pilla a la diplomacia española con el pie cambiado y sumida en sus contradicciones, tras la formación del conservador gobierno Rajoy en diciembre de 2011.
Las empresas españolas son el primer inversor extranjero en la República Argentina (23.000 millones de dólares) y suponen cerca de un 15% del PIB argentino. Al mismo tiempo, empero –y con mayor motivo, en la situación de crisis en España—, una parte importante de sus beneficios, del valor de sus acciones en bolsa y su misma naturaleza de empresas transnacionales depende de sus inversiones en América Latina, que a comienzos de este siglo superaban ya los 90.000 millones de dólares. Actualmente, las suyas suponen dos tercios de toda la inversión directa española en el exterior (5).
La reacción del gobierno Rajoy –en mitad de una semana entre negra y esperpéntica, en la que el diferencial de la deuda española superaba los 410 puntos y la bolsa se hundía por debajo de los 7.300 puntos, con los "mercados" rechazando los presupuestos y recortes del plan de ajuste, una delegación de la Comisión europea inspeccionando sus cuentas en Madrid y el Rey de España borboneando furtivamente en Bostuana— ha seguido en el tono de "enviar una señal de confianza a los mercados". Probablemente, con el mismo éxito para la "marca España" que el cosechado en lo tocante a la economía nacional.
La "señal" lanzada con la imperita cadena de destempladas amenazas de bajísima credibilidad, buscando más o menos erráticamente la alianza con México (que participa a través de Pemex como socio minoritario en Repsol) como presidente de turno del G-20, con la Comisión europea, con Colombia (como anfitriona estos días de la Cumbre de las Américas de Cartagena), o con los EE UU, muestra hasta qué punto la diplomacia española, tras el giro expresamente neoconservador de su política exterior, ha quedado aislada en América Latina. Una América Latina que se recupera de las "décadas perdidas" neoliberales, en las que las empresas transnacionales españolas hicieron su agosto en procesos de privatización más que dudosos, por decir lo menos. En ese proceso privatizador terminaron precisamente por constituirse como empresas transnacionales, y hoy tienen que competir no sólo con otras transnacionales de EE UU y Europa, sino de Brasil y China. Y tienen, además, que lidiar con los legítimos procesos de renacionalización y recuperación de soberanía iniciados por los gobiernos de los países del ALBA y, ahora, por el kichnerismo argentino. Y lo cierto es que, en esta situación de creciente competencia en un mercado globalizado, las empresas españolas, ni por su capacidad económica ni por el apoyo político con que cuentan, se hallan en las mejores condiciones competitivas.
Pero todo es susceptible de empeorar, y los elementales errores de estrategia diplomática son desde luego un factor de empeoramiento. El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la "seguridad jurídica" de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro "atlantista" que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la "vieja Europa". Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la "marca España" y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica "sin complejos" con el "populismo", y a favor de la "libertad de mercado" y de la "democracia liberal" (6).
Más consciente de la tensión estructural subyacente en las inversiones españolas en América Latina, la diplomacia del anterior gobierno del PSOE buscó una estrategia de "acompañamiento" y adaptación a la nueva situación política surgida en la última década, multiplicando alianzas asimétricas con los países de la zona, apalancando políticamente las inversiones en una estrategia multilateral iberoamericana y gestionando los conflictos inevitables con una mayor presión hacia las empresas españolas para que cumpliesen con su "responsabilidad social corporativa", reinvirtiendo en la zona. Una estrategia que, al menos, y justo es decirlo, evitó en su día choques abiertos de Repsol con Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Lo que, por el momento, parece primar ahora es la botaratada, y una escalada de amenazas que no puede sino alimentar la consabida espiral de endurecimiento de posiciones, en la República Argentina no menos que en el Reino de España. Ni que decir tiene que, en un marco de creciente debilidad del peso político español en la UE, la contaminación por "inseguridad jurídica" de las inversiones españolas en América Latina a causa de una mala gestión diplomática de la crisis de YPF-Repsol agravaría la crisis de confianza de la UE en el gobierno Rajoy, para no hablar de los dichosos "mercados".

NOTAS: (1) Lo Vuolo, R. (2003): Estrategia económica para la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI-Ciepp. (2) Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini et al.(marzo 2012): Afloran los límites del modelo, Buenos Aires. Economistas de Izquierda (EDI) (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522). (3) Por supuesto, no faltan teorías conspirativas de todo tipo en la prensa española para explicar la posición argentina. Valga señalar una, que recoge el nuevo espíritu de "lucha de clases" de la derecha española, aparecida en el periódico digital El Confidencial: (http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/04/15/la-pasionaria-argentina-y-su-cachorro-marxista-9047/). (4) http://www.cincodias.com/economia/videos/margallo-confia-dialogo-solucionar-conflicto-argentina/20120413cdscdseco_1/ (5) Ver Alfredo Arahuetes, "Las inversiones directas españolas en America Latina en el periodo 2001-2010", Anuario Iberoamericano 2011, (http://www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2011/analisis/6_alfredo_arahuetes.pdf). 6) FAES, America Latina: una agenda de Libertad 2012, (http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3304/AMERICA_LATINA_WEB.pdf) presentada recientemente, con un publico de opositores cubanos y venezolanos, en el mismo escenario en el que se quiere celebrar en octubre de este año la Cumbre Iberoamericana, dedicada a las Cortes de Cadiz de 1812.
María Julia Bertomeu (Buenos Aires), Carlos Abel Suárez (Buenos Aires) y Gustavo Búster (Madrid) son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso. Antoni Domènech (Barcelona) es el editor general.

Carlos Abel Suárez - María Julia Bertomeu - G. Buster - Antoni Domènech