Por debajo de la línea de pobreza
Más de las tres cuartas partes de los jubilados argentinos perciben el haber mínimo de 895 pesos; es decir, no cubre ni la mitad de la “canasta básica” de un jubilado, que alcanza los 2.000 pesos. En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos liquidaron cualquier principio de movilidad de las jubilaciones de acuerdo con el salario, lo que provocó, sólo entre 2002 y 2006, la pérdida de una tercera parte de su valor. A su turno, la “prestación básica universal”, PBU, una suma fija que perciben todos los jubilados, permaneció congelada durante casi diez años. Desde 2009, el gobierno aplica una ley de “movilidad jubilatoria” que condiciona los aumentos a la evolución del salario –medida por el “IndeK”– y a la recaudación de la Anses, considerando el menor de estos dos indicadores. Como resultado de esta “movilidad”, los jubilados recibieron en su último ajuste semestral un 8,2%, cuando la inflación real resultó del doble. La situación se agrava por las sumas en “negro”. Peor les fue a los miles de jubilados docentes de la Capital, que se han puesto en pie de lucha, pues sólo recibieron un ajuste de 0,98 % (!), como resultado de de un sistema especial de movilidad aún más fraudulento. En idéntica situación se encuentran los docentes de otras diez provincias.
Amansadora judicial
Los haberes de miseria han empujado a miles de jubilados a emprender juicios contra el Estado. En 2007, la Corte impuso la actualización de los haberes de acuerdo con el salario para el período 2002-2006 (fallo Badaro). Esa resolución debía conducir a su extensión automática a todos los jubilados afectados. En cambio, los “nacionales y populares” dejaron que los juicios recorrieran, uno por uno, la larga amansadora de los tribunales. Ya existen más de 360.000 jubilados esperando sentencia. A eso debe añadirse luego la apelación de la Anses contra los fallos. Pero en muchos casos, el jubilado debe iniciar otro juicio contra la negativa de la Anses a hacer efectiva la sentencia. Un especialista previsional lo calificó como “un sistema armado para desincentivar la demanda, con la esperanza de que el desgaste de tiempo, recursos y años ‘filtre’ los procesos y el Estado, en última instancia, pague menos” (Ambito Financiero, 15/6). En las últimas horas, un nuevo fallo, en este caso de la Cámara de la Seguridad Social, dispuso la actualización de la “prestación básica” durante los años que permaneció congelada. De acuerdo con ello, la “PBU” debería aumentar cinco veces. Pero el gobierno ya anunció que el fallo será apelado, porque “la Anses no podría pagar ese aumento a todos los jubilados”.
La otra cara
Horas antes, el titular de la Anses declaraba, sin pudor, que el “Fondo de sustentabilidad previsional” (los fondos acumulados del sistema jubilatorio) aumentaron un ¡52%! durante el último año y medio. ¿A que se aplicaron ? El 61% del “fondo”, unos 91.000 millones de pesos, está colocado en títulos de la deuda pública. El Tesoro no cancela estos bonos a su vencimiento. Renueva la deuda con nuevos títulos, en condiciones leoninas para la propia Anses. Por caso, el Congreso investiga la suscripción de un bono – el Bonar 14– por el que se que se pagó un 50% más que su valor de mercado. El aumento de la deuda –en pesos– del Tesoro con la Anses marcha de la mano del pago de la deuda externa –en dólares (a esto, el gobierno lo llama “desendeudamiento”). Mientras tanto, los préstamos baratos a grupos privados no pararon de crecer. Entre los “rescatados”, se encuentran los que recibieron las energéticas Epec y Emgasud por casi 500 millones de dólares, cuyos beneficiarios se declararon en cesación de pagos. También los fondos específicos (fideicomisos) que financian el consumo en cuotas a intereses usurarios. Desde los títulos públicos al crédito privado, la deuda creciente para con la caja de los jubilados está en pesos. O sea que se desvaloriza, a diario, con la inflación. Pero podría ser literalmente pulverizada en el caso de una devaluación. En previsión de ese vaciamiento de la Anses, el gobierno “nac & pop” está ejecutando lentamente un default contra los jubilados.
Intervengamos
En esa línea, aparecen voces que proponen aumentar la edad jubilatoria, para evitar una “crisis previsional” que atribuyen a las “tendencias demográficas” (Instituto Idesa, 13/6).
Pero los fondos jubilatorios no son arrasados por la demografía sino por el rescate del capital. Lo que está planteado no es un retroceso de las conquistas obreras, sino una reorganización social a costa de los vaciadores de la Anses; o sea, de la clase capitalista. En oposición al despojo jubilatorio, planteamos una gran acción política en los distritos, en los sindicatos y hacia toda la población por: 1) 82% móvil para todos los jubilados; 2) ninguna jubilación por debajo de los 2.000 pesos, la “canasta básica jubilatoria” definida por el Defensor del Pueblo; 3) administración de la Anses a cargo de representantes electos de trabajadores y jubilados; 4) no pago de la deuda externa.
Marcelo Ramal
