Un pronóstico de devaluación y recesión

El reforzamiento del cepo a las operaciones financieras y comerciales con el exterior, ha reforzado también los comentarios acerca de una devaluación del peso luego de las elecciones parlamentarias. La brecha del 90% que separa la cotización del dólar oficial de la del dólar financiero en el mercado entre privados, hace suponer ese desenlace. Varios observadores advierten que se han incrementado las operaciones de sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones, para negociar las divisas retenidas en los mercados paralelos o a la espera de una devaluación. Esa misma brecha alimentaría el proceso inflacionario, porque anticipa una remarcación de los precios. Desde una perspectiva más formal, el demorado acuerdo con el FMI incluiría un desmantelamiento de los controles de cambio y una devaluación oficial de la moneda. 

 Estos pronósticos catastróficos tienen lugar cuando el balance del comercio exterior de Argentina registra un superávit de diez a quince mil millones de dólares. Este excedente no alcanza, sin embargo, para hacer frente al capital de la deuda pública ni de la privada, ni tampoco para el pago de los intereses, incluso luego de su reestructuración. Las previsiones del Presupuesto 2022, en lo que concierne al comercio exterior, prevén un saldo positivo de u$s 10 mil millones. Una devaluación del peso o una inflación elevada tendrían un impacto demoledor en las cuentas fiscales, ya que la deuda pública local, incluidas las del Banco Central, del orden de los u$s 100 mil millones, se ajustan al dólar o a la evolución de los precios internos. Esta ecuación financiera convertiría a una devaluación oficial del peso en el detonante de un ´rodrigazo´. 

 Las estimaciones del Banco Mundial, acerca del PBI de Argentina, en los próximos años, no es auspiciosa, un crecimiento apenas por arriba del 2% anual. Es un pronóstico sombrío para los niveles de desocupación y de pobreza. El dato se convierte en negativo cuando se considera la depreciación de los activos de producción y el golpe que recibirá el consumo personal como consecuencia del aumento de tarifas de los servicios públicos. El Banco Mundial advierte, además, acerca del “elevado aumento del endeudamiento del sector privado”, no ya de Argentina sino mundial. Una devaluación del peso determinaría un default de ese ´sector privado´. Es lo que pronostica el organismo para los países desarrollados en el caso de que los bancos centrales “normalicen” (aumenten), como se prevé, las tasas básicas de interés, con el propósito de disminuir el ritmo del endeudamiento internacional. Un aumento de esas tasas, en EEUU, bloquearía el plan de gastos de infraestructura de Biden; en Argentina, un incremento de la tasas por encima de las de devaluación y de inflación, provocaría un colapso industrial. A la luz de esto no se entiende cuál sería la devaluación “virtuosa” que Clarín entrevé de un acuerdo con el FMI. 

 La pandemia ha golpeado a una economía mundial que ya se encontraba en un desequilibrio creciente. El default de la mayor desarrolladora inmobiliaria del mundo, la china Evergrande, ha puesto al desnudo el desequilibrio tremendo de la economía que ha estado impulsando la demanda mundial de materias primas de todo orden En Argentina, ese desequilibrio asume características incluso de colapso político. 

 Jorge Altamira

 07/10/2021

Dos miradas sobre los ´paraísos fiscales´

El diario Clarín ha recogido declaraciones escuetas pero significativas de la candidata porteña a diputada nacional por el FITU, Myriam Bregman, referidas al dinero escondido en los paraísos fiscales, investigados en los “Pandora Papers”. En ellas, asegura que “La contracara del 40% de evasión, es el 40% de pobres en el país”. La tesis es un equivalente de los planteamientos reiterados de este sector de la izquierda acerca de que con la plata de la deuda externa se podrían hacer tantas y tantas escuelas, hospitales y viviendas. Si con la democracia no se educa, ni se vive, ni se come, con la supresión del delito fiscal tampoco. 

 Es indudable que los ´papers´ de investigación sobre los ´paraísos fiscales´ (Panamá y Pandora) muestran que el capital se nutre del fraude. Pero esto no significa que la pobreza sea producto del fraude y no del sistema de explotación capitalista. Es sencillamente falso que la eliminación de la evasión de impuestos vaya a resolver el problema de la pobreza. La pretensión de que el pago de impuestos por parte del capital pueda terminar con la pobreza esta relacionada con la política conocida como “redistribución de ingresos”. De acuerdo a esta política, la condición de las masas puede ser mejorada por medio de las llamadas “política públicas”, o sea sin tocar el monopolio capitalista de los medios de producción. En un programa en Crónica TV, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, calificó a Gabriel Solano, nada menos que de “peronista”, cuando este otro candidato del FITU abogó por “aumentos de salarios” para “reactivar el mercado interno”. El internacionalista Solano ya había abogado en el pasado por la “soberanía (nacional) alimentaria” y la “soberanía (nacional) monetaria”, o sea el capitalismo ‘en un solo país’. Plantear la superación de la pobreza vía combate a la evasión fiscal o por medio de ‘políticas públicas’ es, en efecto, trosco-peronismo. La agenda redistribucionista de políticas públicas es el alimento cotidiano del parlamentarismo democratizante pequeño burgués. 

 La indignación que provocan los ‘paraísos’ fiscales no se replican en igual medida frente a otras operaciones igualmente evasoras de impuestos o lavadoras de dinero, como ocurre con las pseudo monedas como el bitcoin. El fraude es inherente al capital, un capital sin fraude es una quimera. Los trotskistas, antiguamente, reivindicaban la abolición del secreto comercial como parte de un programa de lucha por la conquista del poder político. 

 Los ‘papers’ sobre paraísos fiscales ponen en evidencia algo que el trosco-populismo oculta, o sea, el sabotaje del capital contra su propio estado. En lugar de lamentar que el capital sabotee a su estado, hay que integrar las crisis fiscales a la crisis capitalista en su conjunto. Los estados atraviesan por crisis fiscales enormes, sea actuales o potenciales, como consecuencia de la acumulación de deudas públicas enormes que han sido contraídas con quienes buscan sustraen dinero al fisco para refugiarlo en los ‘paraísos fiscales’. La consecuencia es también un sabotaje a la solvencia monetaria, porque el destino de la moneda está atado al valor de la deuda pública. Los estados, por su lado, alimentan la tendencia hacia su propia quiebra, al incentivar ‘dumpings’ fiscales (disminución de tasas impositivas a las ganancias o exenciones tributarias), como parte de la competencia con los estados y capitales rivales. La montaña rusa de la deuda pública ha desarrollado otra monstruosa de capital ficitico, o sea capital en bonos, títulos, obligaciones y derivados, cuyo valor crece exponencialmente en relación al capital productivo. 

 La expansión de los ‘paraísos fiscales’ responde asimismo a razones políticas de primer orden. Los gobernantes no se sienten seguros en sus sillones. La rebelión popular en Tien An-men, en China, en 1989, produjo la mayor salida de dinero, registrada hasta hoy, de parte de la burocracia del partido comunista. Algo similar ocurrió en Irán cuando la revolución de febrero de 1979. Lo mismo vale para Putin. Que Argentina figure entre los primeros del ranking responde incuestionablemente a la enormidad de sus crisis políticas. De nuevo, un eslabón de la crisis mundial del capital no puede ser caracterizada como un episodio de ilegalidad, cuya superación resolvería la crisis humanitaria de la pobreza.

 La labor de los socialistas no es conciliar las contradicciones capitalistas sino mostrar su carácter irreconciliable. Es claro, sin embargo, que una política fundada sobre esta premisa es incompatible con una rutina electora de slogans conformistas ni de prácticas parlamentarias apoyadas en el posibilismo. 

 La solución del empobrecimiento de las masas no hay que ir a buscarla a la Islas Vírgenes, sino en la lucha unificada de la clase obrera internacional.

 Jorge Altamira 

 07/10/2021

Comité eclesiástico revela más de 300 mil abusos pedófilos en Francia

Un escándalo de dimensiones mundiales se desató en Francia tras el informe de una comisión investigadora que comprueba fehacientemente entre 216.000 y 330.000 víctimas de agresiones sexuales o violaciones en manos de sacerdotes o religiosos desde la década del 50 hasta ahora, siendo la mayoría de las víctimas niños. 

 Un comité de investigación, la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia Católica en Francia (Ciase), establecida, sin embargo, por obispos católicos, revela esta situación. La cifra de más 300.000 abusos en las últimas décadas en Francia ha generado un impacto y una conmoción mundial. Los abusos de la Iglesia a nivel mundial han desatado cientos de miles de denuncias en todo el mundo en los últimos años, con juicios millonarios, desde EEUU hasta Chile. Los hallazgos fueron revelados después del escándalo que involucró al destituido sacerdote Bernard Preynat, quien reconoció que abusó sexualmente de 75 niños durante varias décadas, quien solo fue condenado a cinco años de cárcel (France24, 5/10). 

 La “vergüenza de la humanidad” 

La Iglesia es la institución con la tasa de abusos a niños más alta de todas: “el 0,82% de las personas que han estado en contacto con personal religioso dicen haber sido víctimas de violencia sexual, frente a por ejemplo el 0,34% en las escuelas públicas o el 0,36% en los campamentos de verano” (Clarín, 5/10). 

 Para muchos, este informe del comité se quedó corto, ya que muchas de estas denuncias corresponden a aquellos que pueden denunciar a la Iglesia luego de 70 años. Su presidente dice que esto es solo una evaluación y no una cifra definitiva (Clarín, ídem). La Comisión Sauvé recibió 6.471 señalamientos: 3.652 por teléfono, 2.459 correos electrónicos y 360 por cartas. De todos ellos, interrogó a unas 250 víctimas de abusos sexuales durante su infancia. El número de agresores hombres, entre sacerdotes y religiosos, estaría en un rango de 2.900 a 3.200, lo que representa un 2,5% y un 2,8% de los 115.000 que pertenecieron a la Iglesia en los últimos 70 años en Francia, explica el informe. "Se trata de una estimación mínima", basada en el censo y el análisis de archivos de la Iglesia, la justicia, la policía judicial y la prensa, así como los testimonios, explicó su presidente Jean-Marc Sauvé. 

 El informe no desarrolla el rol de la Iglesia de ignorar, ocultar y proteger a los abusadores y violadores amparándose en el poder económico y político que cuenta la institución. Las investigaciones no se meten con la connivencia estatal y judicial, ya que las sistemáticas denuncias de los damnificados no fueron tomadas como parte de una investigación de conjunto de la responsabilidad de la Iglesia y sus cómplices. 

 El estudio Inserm (que analiza la totalidad de abusos en Francia) llegó a la conclusión que hay 5,5 millones de personas mayores de 18 años agredidas cuando eran menores de edad. La cifra procedente de la Iglesia Católica representa el 4% del número total de víctimas en la sociedad francesa (Clarín, ídem). 

 El abuso sexual contra los niños por parte del clero de la Iglesia católica en Francia ha sido “sistemático”, dice el informe. “Los hallazgos fueron hechos a partir de encuestas, grupos de investigación y entrevistas con las víctimas. La propia delegación identificó a alrededor de 2.700 personas que fueron abusadas a través de una convocatoria de testimonios, y miles de casos más fueron encontrados en archivos. El informe determinó que los delitos fueron perpetrados por alrededor de 3.000 agresores, dos tercios de ellos eran sacerdotes” (France 24, 6/10). La comisión investigadora (Ciase) también ha establecido una comparación entre estos casos y los relacionados con otros entornos, familiares o escolares (Clarín, 5/10). 

 Estas violencias fueron producidas en un 56 por ciento entre 1950 y 1969. “No podemos considerar la idea de que las violencias sexuales han sido erradicadas, que el problema ha quedado detrás de nosotros. No, el problema subsiste”, aclaró el presidente de la institución. 

 Francois Devaux, una de las víctimas dijo: "Ustedes son una vergüenza para nuestra humanidad (…) En este infierno ha habido abominables crímenes en masa, pero ha habido cosas aún peor, traición a la confianza, traición a la moral, traición a los niños". Esa atrocidad deberá ser compensada, y la comisión integrada por obispos, “exigió al Estado francés que ayude a compensar a los afectados, especialmente en los casos que han “prescrito” (ídem). El método de cálculo de la compensación consistiría en tener en cuenta “el daño sufrido en lugar de referirse a las categorías de delitos cometidos” (Clarín, ídem), algo “subjetivo” y variable según el caso. Esta estrategia es individualizar y aislar los casos, para que no entren en un juicio común que podría erosionar la base económica de la Iglesia. 

 Tampoco regiría la prescripción en este tipo de abusos por parte de la Iglesia. En Canadá, la Iglesia ayudaba a esterilizar sin consentimiento, asesinar y “reeducar” a las comunidades originarias del norte del continente, crímenes caracterizados como de lesa humanidad y que reclaman que deben ser compensados por la institución. 

 La verdadera separación de la Iglesia y del Estado, algo que en Francia rige desde 1905, promulgada durante la Tercera República, donde “La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna”. Impulsada por Jean Jaures, esta separación se pone en cuestión ante el reclamo de los obispos de “repartir las compensaciones” y en el transcurso del encubrimiento de los poderes estatales. Detrás de esto hay una política de encubrimiento para que el Estado no investigue todos los casos, sus raíces y evite así una bancarrota generalizada de las cuentas públicas. 

 Se debe conformar una comisión laica investigadora, verdaderamente independiente que analice la actuación de la Iglesia y todos los casos de abusos y violaciones, esa comisión debe estar compuesta por organizaciones sociales y políticas independientes del Estado y de la Iglesia, y que regulen compensaciones que impliquen la expropiación de los bienes de la Iglesia y sean repartidos por las víctimas de los abusos de la Iglesia y el conjunto de la sociedad que se ha visto damnificada por la política de la Iglesia que incluso ha sido colaboradora del régimen fascista de Vichy y todos los gobiernos reaccionarios de Francia. 

 Emiliano Monge 

 06/10/2021

📉 Economía | Crisis política: el gobierno habla de ajuste pero paga al FMI

Berlín y Boedo

Un referendo en la capital alemana se pronuncia por la expropiación pública de las viviendas en alquiler de las grandes corporaciones. El domingo 26 de septiembre pasado, tuvo lugar en Berlín un referéndum para decidir acerca de la expropiación de 240 mil viviendas en alquiler, que son propiedad de menos de una decena de corporaciones inmobiliarias. La consulta se desarrolló en acuerdo con el artículo 15 de la Constitución de Alemania que autoriza a que “la tierra, los recursos naturales y los medios de producción”, pueden ser convertidos en propiedad pública, a cambio de una compensación. Es la primera vez que este precepto constitucional es llevado a la práctica. Aunque la reglamentación del artículo establece que alcanza un 25% de los votos para considerar aprobada la medida, el apoyo al Sí fue del 58 por ciento. Irrefutable, el resultado sorprendió a la prensa internacional. Para que entre en vigencia, sin embargo, es necesario que lo apruebe el Senado de Berlín bajo la forma de una ley, que deberá definir, por otra parte, la modalidad y los montos de las indemnizaciones. Una mayoría de observadores opina que el Senado no tratará el tema. En un sentido negativo también se ha pronunciado la alcaldesa socialdemócrata de la ciudad. El mismo día, sin embargo, ganó las elecciones parlamentarias una coalición de ´izquierdas´ (socialdemócratas, verdes y una coalición de nueva izquierda y ex stalinistas), que se opone a cualquier forma de expropiación de las viviendas en alquiler de las compañías inmobiliarias. La candidata del SPD, Franziska Giffey, que se impuso a los verdes, y será posiblemente la futura alcaldesa, dijo que, aunque hay que respetar el resultado del referéndum, “la expropiación no creará nuevos apartamentos ni resolverá el problema general de la vivienda”. “No podemos hacerlo si no es constitucional”. La cuestión de la vivienda ha abierto un desarrollo político explosivo. 

 El referéndum fue impulsado por militantes urbanos y asociaciones de inquilinos, que consiguieron 350 mil firmas para hacerlo efectivo. Mientras los funcionarios municipales estiman el costo de las indemnizaciones en 36 mil millones de euros, los activistas que ha promovido la consulta la bajan a una cifra de entre 8 y 18 mil millones de la misma moneda. Otra gran pugna política. Una compra recién anunciada de 14.750 viviendas, se realizó a un precio de 2.460 millones de euros. El valor de mercado de las corporaciones, que cotizan públicamente en las Bolsas, pasó de 3.5 mil millones de euros a 85 mil millones. Los impulsores del referéndum denuncian numerosas prácticas que tienen por objeto maximizar el negocio: restringir la oferta de alquiler, y promover el deterioro de los edificios y remodelarlos para alquilarlos a un precio mucho mayor, sea renegociando contratos o forzando el desalojo voluntario. Diversos economistas han advertido que la vivienda en Berlín se transformaría en prohibitiva de proseguir esta tendencia. 

 Ciertamente, el precio de venta y alquiler ha crecido desmesuradamente como consecuencia de la pandemia en todas las naciones desarrolladas, forzando en algunos casos, por ejemplo, Estados Unidos, a prohibir temporalmente los desalojos. El Comité de Control de Enfermedades norteamericano requirió esa medida para evitar que los desalojos afectaran la lucha contra el coronavirus. Se estima el encarecimiento habitacional en un 15% anual, frente a una inflación del orden del 3-4 por ciento.

 En muchas áreas de Berlín los precios de las casas se dispararon de 250.000 a 500.000 sólo en los últimos 3 años, sobrecalentados por los “estímulos” durante la pandemia, y los precios de la vivienda duplicaron los aumentos de ingresos en el último lustro. Según la Global Property Guide, en Berlín los precios aumentaron un 11% en el último año. En Berlín, alquila el 85% de su población. Para los activistas urbanos alemanes, la masa de alquileres que pasaría a cobrar el Estado, en caso de una expropiación exitosa, serviría para impulsar grandes planes de construcción pública de vivienda, otra razón para que el Estado alemán, que representa al gran capital, ignore el referéndum. La Corte Suprema ya ha fallado, en otros casos, que el poder expropiatorio solamente puede ser ejercido por el Estado federal, no por las regiones o ciudades. “No está claro si el próximo gobierno local seguirá el plan, que podría dar lugar a largas batallas legales y a miles de millones de euros en costes” (ídem). Hace poco un referéndum que pretendía mantener abierto un pequeño aeropuerto en Tegel, fue ganado pero el aeródromo continúa cerrado, esperando convertirse en viviendas de lujo. 

 De nuevo, se ha abierto un desarrollo político explosivo, como ya ocurre y ocurrirá en la mayoría de los países. En las condiciones concretas en que este conflicto se desarrolla en Berlín, donde no está en debate la nacionalización del suelo ni la expropiación del capital, sino la crisis de la vivienda en alquiler, el apoyo al resultado del referéndum debe ir acompañado con la exigencia de que la indemnización no debería superar, como los señalan los activistas urbanos, el costo de construcción de las viviendas menos su amortización u obsolescencia, separada de valor del terreno, que tiene un carácter especulativo, vinculado a la especulación urbana y financiera, Una expropiación ´de mercado´ sería una confiscación de los contribuyentes (e inquilinos) de Berlín.

 Se plantea hacia adelante una formidable lucha política: contra el boicot del Senado local, contra la Corte de Justicia, por una indemnización en los términos señalados más arriba, por alquileres que no superen el 10% de los salarios por franjas, y por un plan de construcción de viviendas, bajo control de organizaciones de vecinos y trabajadores.

 Jorge Altamira 

 05/10/2021

Algo más que la caída del “imperio Zuckerberg”

El apagón de 7 horas de las redes sociales Whatsapp, Facebook e Instagram afectaron, se estima, a unos 3.500 millones de personas, nada menos que la mitad de la población mundial. El apagón ocurrió cuando una ex gerente de la empresa, Frances Haugen, debía presentarse en un muy visto programa de la televisión de EEUU, para denunciar el uso irregular de los datos de los usuarios de esas redes, y la difusión de mensajes dañinos para menores de edad, principalmente mujeres adolescentes, así como la connivencia con redes de drogas y tráfico de personas que operan a través de dichas redes sociales Frances Haugen divulgó en la cadena estadounidense CBS una serie de documentos internos de la empresa, en los cuales se mostraba como “la compañía priorizaba siempre la búsqueda de beneficios por encima del interés del público.” (El País, 05/10) La caída del día lunes concluyó en un desplome del 4,9% de las acciones de Facebook, que acumula así un 15% desde septiembre. La Bolsa está a la expectativa de que el manejo de Zuckerberg acabe en una crisis política, del tipo que hundió a la red Alibaba en China. Facebook ha vendido información sensible de 50 millones de usuarios a terceros, suficiente como para ordenar el desmembramiento del pulpo. 

 Esta interrupción abrupta de los servidores, fue atribuida a la empresa a una nueva configuración defectuosa de los DNS, al tiempo que la falla generada fue total para los servidores tanto externos como internos de la compañía. Se ha difundido que se planteó que ingenieros especializados se dirigieran directamente a la compañía para resolver por vía manual lo que no se conseguía hacer por medio de una maniobra remota. El historial de Facebook ha registrado peores caídas, pero estas se remontan al 2008 cuando la compañía no poseía un caudal tan grande de usuarios. 

 La utilización de redes sociales para realizar operaciones o para promocionar diversos productos se ha vuelto cotidiana. Se calcula que solo en la primera hora de fallas se perdieron 160 millones de dólares en ventas y transacciones (Infobae, 05/10).

 Los que vivieron una jornada, por el contrario, de alza fueron Twitter y Telegram que albergaron a una cantidad importante de usuarios que migraron de plataforma durante la caída de Facebook y las otras redes sociales. 

 Se ha desestimado la posibilidad de un ciberataque, pero no ha sido descartada. Al final de cuentas, gran parte de la guerra que Biden encara contra Xi y Putin, tiene que ver con el ciberataque.

 La coincidencia entre las denuncias de Haugen y el apagón cibernético ponen a luz una red global de conflictos de intereses y de ausencia de regulaciones públicas, que serán una fuerte materia de crisis políticas, por sobre todo de alcance internacional.

 Joaquín Antúnez 

 05/10/2021

Más negociados inmobiliarios en la Ciudad

El bloque oficialista y sus aliados de la Legislatura dieron fuerza de ley a 16 “convenios urbanísticos” enviados por el Ejecutivo porteño al día siguiente de las PASO. Se trata de acuerdos para que las constructoras involucradas levanten torres de altura muy superior a la permitida por el Código de Planeamiento Urbano. ‘A cambio’, las constructoras van a “donar” al gobierno porteño 36 millones de dólares que se aplicarán a “diversas obras públicas” según las imprecisas declaraciones de los funcionarios. 

 No es la primera vez que el gobierno del PRO otorga pase libre a las constructoras. Entre gallos y medianoche, en la última sesión de diciembre del 2020, Larreta hizo votar un proyecto similar para Palermo y Villa Crespo, sobre terrenos fiscales que habían sido “cedidos” por Nación durante el gobierno de Macri, en 2017. La cesión de terrenos, antes de la ley, se hace a un precio menor que el valor metro cuadrado posterior a la sanción. Formalmente, corresponde investigar la comisión de un delito de fraude. 

 Los porteños se han hartado de manifestar su oposición a la construcción de torres con razones diversas. Una es la necesidad de ampliar los espacios verdes en una Ciudad que no llegan ni a un tercio de lo considerado saludable. Muchos de los problemas respiratorios y de alergia de la población, sobre todo infantil, tienen que ver, justamente, con la polución y la falta de árboles. 

 La otra cuestión es que las torres construidas en medio de barrios de cajas bajas desequilibran el ya obsoleto sistema de servicios, por ejemplo, las cloacas o la presión del agua potable, por dar solo dos ejemplos. Se multiplica el consumo, pero no las cañerías. Los habitantes pierden luminosidad. Formalmente, las constructoras deberían pagar el daño que han causado. Otro tema para la Justicia.

 La última y más acuciante razón es la crisis de vivienda. ¿Por qué construir torres de lujo inaccesibles en una Ciudad en la que el 10% de la población vive hacinada en villas de emergencia y al otro 40% no le alcanza el sueldo para pagar el alquiler? Las 16 torres de lujo representan casi 200 mil m2 construibles.

.Las excepciones al Código impulsadas por Larreta se contraponen de plano con el violento desalojo de las trabajadoras del asentamiento “La fuerza de las mujeres”, en la Villa 31. Pintan de cuerpo entero su política “habitacional”. Nos gobiernan las constructoras y los desarrolladores inmobiliarios. 

 Maxi S. Cortés 

 05/10/2021

La caja de Pandora: nos gobiernan chorros y saqueadores

Bolsa de Buenos Aires. 

 El informe internacional sobre cuentas off shore en paraísos fiscales destaca a Argentina entre los principales países de los que se fugan capitales. Miles de políticos y empresarios señalados. 

 Un nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación acaba de sacar a la luz archivos secretos sobre paraísos fiscales. Los “Pandora Papers” -bautizados así por la Caja de Pandora de la mitología griega- están repletos de personalidades de la política y el empresariado de todo el mundo. Argentina se destaca por ser el tercer país con más personas que ocultaron activos en firmas off shore, solo detrás de Rusia y Gran Bretaña y por delante de China y Brasil (todas economías de mucho mayor tamaño). 

 En los 11,9 millones de documentos aparecen 2.521 argentinos, la gran mayoría asociados al entorno de los principales políticos de nuestro país. Entre ellos se menciona a Mariano Macri, hermano del expresidente; Zulemita Menem, hija del fallecido Carlos Menem; Daniel Muñoz, quien se desempeñó como secretario privado de Néstor Kirchner; y Ernesto Clarens, también asociado a la familia Kirchner ya que actuaba de financista, hecho que confesó en la causa de los cuadernos. Tres de los apellidos más importantes de la política argentina aparecen impresos en la denuncia de fuga de capitales y evasión de impuestos.

 Pero no solamente se distinguen actores de la política argentina. También aparecen empresarios de renombre, como Hugo Sigman y Marcelo Filgueiras, dueños de los laboratorios mAbxience y Richmond respectivamente, encargados de la elaboración de las vacunas AstraZeneca y Sputnik V a nivel local. Ambos se garantizaron un enorme negocio cuando el gobierno les cedió la autorización para realizar las dosis en territorio nacional y el monopolio de la compra del Estado por las vacunas mencionadas, generando ganancias multimillonarias, aun cuando recibieron financiamiento estatal, como parte de una industria que en la actualidad factura un 75% más que durante el segundo trimestre de 2020. Está claro que dichas ganancias no fueron a invertir en tecnología y ciencia nacional, sino que se la llevaron del país con pleno conocimiento de la AFIP, como declararon los dueños de ambas empresas al ser preguntados por las cuentas off shore.

 Resulta ejemplificador que en los documentos aparezcan al menos 330 funcionarios o exfuncionarios de 91 países, de los cuales 35 son o fueron Jefes de Estado, entre los que se incluyen a los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Vladimir Putin (Rusia), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). También se menciona a Paulo Guedes, ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, y a Duran Barba, consultor y asesor político de Mauricio Macri. 

 Las cuentas offshore son un recurso ampliamente utilizado por la burguesía argentina para facilitar la salida de activos, evitar el pago de impuestos y fugar plata de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. El antecedente reciente de los Panama Papers ilustra este ciclo: en esa ocasión, el expresidente Mauricio Macri había sido denunciado por pertenecer al directorio de una empresa off shore supuestamente destinada a realizar inversiones en Brasil, pero que saltaba por sobre las leyes fiscales de ambos países y recolectaba los beneficios en el país centroamericano. En aquel entonces también había sido salpicado el secretario privado K y empresas del Grupo Índalo de Cristóbal López. 

 Lo revelado en los documentos, resultado de la investigación de más de 600 periodistas, ilustra el modus operandi de los capitalistas de retener sus ganancias por fuera del sistema productivo y de inversiones argentino. Deja en evidencia que el problema de la crisis económica y social del país no tiene su raíz en la falta de riqueza (la famosa “escasez de divisas”), la cual según el gobierno solo se puede suplir tomando deuda, sino en una huelga de inversiones de los capitalistas y sus representantes políticos. Es una clase parasitaria que lucra a costa del empobrecimiento del resto de la población. De hecho, según el Indec los activos nacionales superan por mucho a los pasivos. Es lo que expuso el presidente del Banco Central Miguel Pesce acerca de que los capitalistas argentinos mantienen 200.000 millones “debajo del colchón” y otro tanto colocado afuera del país, es decir más que todo el PBI argentino y 10 veces las reservas del Banco Central, abona a esta cuestión. 

 El problema de fondo es entonces un régimen de saqueo, para el cual gobernaron todas las formaciones políticas que se alternaron en el poder las últimas décadas; un grupo minoritario de beneficiarios de contratos con el Estado, exenciones impositivas y subsidios recolecta las ganancias del país y en lugar de invertirlas las fuga a paraísos fiscales. Mientras, el gobierno nacional toma deuda externa para cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos. Un hecho fundamental es que la propia burguesía nacional cumple un rol central como acreedora de esos títulos de deuda externa. Un negociado que se aceita con las cuentas off shore. 

 Quienes pagan el entramado detrás de este régimen de saqueo son los trabajadores, evidenciado en que el 80% de ellos cobre salarios por debajo de la canasta familiar y más del 40% de la población sea directamente pobre. Son quienes padecen el ajuste, mientras se siguen aumentando los beneficios a los capitalistas (eliminación de las retenciones de servicios extranjeros, Ley de Hidrocarburos, la Ley del Agronegocio) y se plantea como rumbo de crecimiento una reforma laboral flexibilizadora. Esta orientación es reafirmada en el Presupuesto 2022. Pero la revelación de este saqueo muestra que el problema no es un alto «costo laboral» ni el escaso gasto público en asistencia social, sino el costo empresario y el pago de la deuda. 

 Así, los Pandora Papers han dejado entrever la simbiosis entre funcionarios, gobiernos y capitalistas, demostrando que quienes abren la puerta a la fuga de capitales son también quienes aplican los programas de ajuste fondomonetaristas, los tarifazos y las leyes precarizadoras. Por eso no puede depender de ellos dar vuelta el tablero; debe surgir de la independencia del movimiento de ocupados y desocupados, de la juventud y de las mujeres, con un programa que tenga a la cabeza las necesidades sociales. Aumento del salario a $100 mil, equivalente a la canasta básica familiar; seguro al parado y reparto de horas sin afectar el salario; aumento de presupuesto para salud y educación; nacionalización de la banca y el comercio exterior; ruptura con el FMI, no al pago de la deuda. Por un gobierno de los trabajadores.

 Lucía Cope

Gobierno Manzur: no por mucho madrugar se amanece más temprano

La designación de Juan Manzur como nuevo jefe de Gabinete ha sido interpretada como la fórmula del oficialismo para ganar ´músculo´ (La Nación, 21/9), tras la derrota electoral y las sucesivas crisis en el Frente de Todos. Se convoca como árbitro a terceras partes, o sea a un representante del peronismo tradicional, una parte de los gobernadores y de los intendentes del conurbano. A Manzur se le atribuyen vínculos con los fondos de inversiones de EEUU, tiene una fuerte militancia clerical y está asociado a los laboratorios privados nacionales desde hace muchos años. Manzur impuso la realización de reuniones de gabinete a las 7 de la mañana, para marcar su intención de gobernar con independencia de Alberto Fernández y convertir al binomio en crisis, al menos hasta las elecciones del 14 de noviembre, en un triunvirato de circunstancia. 

 Lo mismo, o mucho más, ocurre con la designación del lomense Martín Insaurralde como jefe del ´cuccineto´ de Kicillof. El otrora candidato ´exitoso´ ha perdido catorce enormes puntos en las PASO respecto a 2019. El mentidero político interpreta este recauchutaje como una intervención en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque no aclara de parte de quién. Ni los intendentes ni el peronismo ochentista tienen la capacidad para ejercer esa función. Estas modificaciones representan un destripamiento del oficialismo más que un ´relanzamiento´ de la gestión, aunque el paño feminista de la ministra Gómez Alcorta y de las demás funcionarias, especialmente Vilma Ibarra, no haya interferido en el viraje ´celeste´ del albertismo y el cristinismo. La doctrina de género ha sucumbido ante los imperativos de la crisis política y la remuneraciones de las ministras. 

 La designación de Aníbal Fernández, el mariscal de la derrota de 2019, es simplemente una provocación contra los movimientos de lucha que escapen al control de las burocracias oficialistas. Acaba de asegurar a la gobernadora de Río Negro que reprimirá los conflictos de la Patagonia – a la Bullrich o Berni. Los cambios suman más confusión al oficialismo, toda vez que meten una cuña entre el nuevo diseño gubernamental y la composición política de la listas del FdT. Los diputados y senadores que ingresen al Congreso por las listas oficiales reproducirán la crisis en el ámbito legislativo. Los electores que quiere ganar el oficialismo para nivelar el resultado de las PASO no saben a qué atenerse. Tolosa Paz, por ejemplo, ha sido relegada del escenario del ´relanzamiento´. Los candidatos de ´todos´, no tienen el aval de ´nadie´. 

 El desarrollo de esta crisis pone en evidencia que la salida política pergeñada en 2019, entre AF, CFK y Sergio Massa, no ha redundado en una salida de conjunto de la debacle del gobieno macrista. Los ´todistas´ se han acordado tarde de “poner ´platita´ en el bolsillo de la gente”, porque eso debían haberlo hecho durante la pandemia, cuando por el contrario aplicaron un ajuste fiscal y monetario tremendo. Se comportaron como fondomonetaristas ´avant la lettre´, fuera de tiempo. Lo que ofrecen ahora es nada, porque la mayor parte de las medidas que han adoptado ya se encontraban previstas en el calendario de ajustes por inflación. Es cierto que Guzmán expandió el gasto público y los subsidios a las empresas, pero redujo enormemente el gasto social y previsional. También es cierto que se financió con emisión del Banco Central, pero luego absorbió el circulante monetario con un endeudamiento fiscal y monetario gigantesco, por el que ha pagado el 40% de tasa de retorno del capital. El gobierno “nacional y popular” ha colapsado frente a la crisis humanitaria capitalista. Ha perdido votos -900 mil según estudios- como consecuencia de la abstención, fundamentalmente, pero también hacia la izquierda, aunque módicamente. Hacia JxC fueron los votos del sector que oscila entre una y otra de las variantes capitalistas, con el ingrediente, en esta ocasión, de un recambio en las filas del macrismo y del radicalismo. El resultado electoral está lejos de marcar una derechización, que sí se refleja, en cambio, en el nuevo gabinete improvisado por el kirchnerismo. El desgaste del gobierno es tan acentuado, que La Nación (26/9) se atreve a asignar a Manzur la intención de que “la jefatura de gabinete se(a) el trampolín que intentará utilizar para cumplir su sueño (?) de ser presidente”.

 Noviembre 

 ¿Qué insinúan las encuestas para noviembre? La mayor parte de ellas prevé un resultado para el oficialismo más negativo que el de las PASO. En todo caso no modificaría el derrumbe de septiembre pasado. En esta hipótesis, el gobierno enfrentará una nueva crisis y la probable partida de Manzur. Se reiterará la crisis pos-PASO. Esta vez, Alberto Fernández ha prometido que resistirá una embestida de la Vice. La burocracia de la CGT se ha anticipado a esa eventualidad con un congreso de “unificación” para apoyar al Presi. Luego de noviembre la crisis se transferirá al ministerio de Economía y al acuerdo con el FMI. Este acuerdo es reclamado por toda la burguesía sin excepción. El reclamo de que lo ratifique el Congreso servirá como puente para impulsar un gabinete convenido con el macrismo. Una variante de “unión nacional” deberá desatar nuevas crisis tanto en el oficialismo como en la oposición. Una acentuada crisis de régimen político, combinada con una miseria social incluso creciente, provocará un replanteo político en toda la clase obrera, incluido el movimiento sindical. Los primeros resultados de las elecciones sindicales en los lugares de trabajo, anticipan que esto es lo que ocurrirá. 

Las patronales y el FMI son conscientes de la posibilidad de la quiebra del régimen político. Un artículo reciente de Ismael Bermúdez en Clarín demuestra que las llamadas medidas intervencionistas del ´todismo´ fueron inauguradas por Macri, apenas se descontroló la situación financiera. Se está buscando una salida transicional. Es lo que se advierte en el acuerdo entre el gobierno y el Consejo Agro-industrial, que se encuentra a mucho menos de medio camino de lo que reclaman los pulpos del Consejo. De otro lado, la crisis industrial en la agro-industria sigue sin soluciones, como lo demuestra la quita del 70% de la deuda que reclama Vicentín, a efectivizar a mediados del año que viene. El tutor del ministro Guzmán, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, acaba de denunciar que los fondos internacionales que aceptaron el canje de deuda hace año y medio, están saboteando un acuerdo con el FMI que no imponga un ajuste violento (“shock”), que valorice sus tenencias de deuda de Argentina. La crisis envuelve el conjunto de las relaciones sociales. La pandemia tampoco ha concluido, como lo muestra Estados Unidos e incluso China. El virus, variante delta, no sabe de fronteras. El gobierno sin rumbo ha decidido, sin embargo, capitular sin mayor consideración ante los lobbys de los negocios, y abrir canchas y boliches, y abjurar de los barbijos. Se ha convertido en parte de la pandemia. 

 Estas son las premisas objetivas de una política obrera revolucionaria. 

 Fede Fernández

 04/10/2021

🎩 Julián Domínguez y el peronismo oligárquico, ¿Quién es el nuevo ministro de Agricultura?

“Todos” para la foto… con las cerealeras y los gobernadores de la oligarquía

Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a aparecer en común, para presentar la Ley de Agroindustria.

 Es para considerar el hecho de que la foto de «reconciliación» pos Paso de Alberto Fernández y Cristina Kirchner haya sido en la presentación de una ley redactada por el gran capital agrario, acompañados por todo un elenco de gobernadores asociados a las oligarquías campestres de sus provincias. Si un gesto vale más que mil palabras, este primer acto en pleno del Frente de Todos luego de la derrota electoral condensó el eje vertebral del rumbo del gobierno.

 “Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir”, dijo el presidente en el Museo del Bicentenario al anunciar el envío al Congreso del régimen de incentivos a la agroindustria. Más honesto hubiera sido admitir directamente que estos beneficios (amortización acelerada de inversiones y rebajas impositivas) fueron tomados de un anteproyecto por el cual hacían lobby las cámaras sojero-cerealeras desde el año pasado -aunque con algunos recortes, como veremos. 

 La presencia de la vicepresidenta en el estrado pretende mostrar un alineamiento sin fisuras con este caramelo al capital agrario, luego de haber comunicado la flexibilización del cepo a las exportaciones de carne vacuna, en son de paz. Esto, como parte de la puesta en acción del “nuevo gabinete”, en el cual Julián Domínguez (exministro del área bajo el mandato de Cristina) tiene la misión de buscar acercamientos con las patronales del campo, y Juan Manzur expresa un recostamiento sobre los gobernadores PJ. 

 Hay que señalar sin embargo que los propios pulpos del Consejo Agroindustrial no expresaron mucha euforia por la presentación, y que las entidades de la Mesa de Enlace (que nuclean al sector de productores agrícolas y ganaderos) manifestaron pocas expectativas al catalogarla como una “ley menor”. Entre estos últimos Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, directamente cuestionó que únicamente apunta a las exportadoras. Este poco entusiasmo obedece a que los puntos más importantes que reclaman los empresarios del rubro son la baja de retenciones a la exportación y la posibilidad de eludir el cepo cambiario para poder girar sus ganancias en dólares al exterior. 

 El hecho de que, tras postergarla durante todo el año, el gobierno finalmente no haya otorgado esas concesiones es una muestra del acorralamiento de su propia política. Si todo el objetivo de este régimen de promoción agroindustrial es mostrar garantías al FMI de que ingresarán las divisas para el repago de la deuda, una reducción de un pilar sensible de la recaudación tributaria como las retenciones y una mayor libertad en el acceso a los dólares (como incluye para la petroleras la Ley de Hidrocarburos) atentarían contra todo el precario esquema económico con el que Martín Guzmán intenta firmar un acuerdo con el Fondo. 

 La poca expectativa del capital agrario anticipa probablemente un desaire de la política oficial para fomentar mayores inversiones. Es importante observar que el boom histórico de este año en materia de exportaciones agrarias (desde que tiene registros, la cámara aceitera no contaba un nivel de ventas como el de estos nueve meses de 2021) se debió no a mayores inversiones sino al alza súbita de las commodities en el mercado internacional. Según estima el Indec, el superávit comercial de más de 10.500 millones de dólares se explica casi en un 50% por una mejora en los términos de intercambio -los precios de las exportaciones crecieron al doble que los de las importaciones.

 Es decir que si se llegó hasta acá es gracias a los ingresos de divisas que cayeron de yapa, la cual según la cuantificación del Indec (comparando si se hubieran mantenido los precios de 2020) supera las reservas netas del Banco Central. Así las cosas, todo el rumbo oficial -con todas las penurias que implica para el pueblo trabajador- depende de factores que el gobierno no controla. Esto se dimensiona mejor si contemplamos los interrogantes que abre para la próxima campaña agrícola la sequía, la crisis en China que es el principal comprador y la perspectiva de una suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (que también golpearía la cotización de las commodities),

 Como fuera, el proyecto de ley apunta en dirección contraria a lo necesario para un desarrollo del país. Basta apuntar que los principales beneficiarios son pulpos ultraconcentrados, ya que cinco multinacionales -yanquis, chinas y europeas- acapararon el 60% de todo el récord exportador, despachando las embarcaciones desde sus propios puertos privados. Es el corazón de un régimen de saqueo de las riquezas nacionales y fuga de capitales. Finalmente, a pesar de semejante liquidación de divisas, hoy el BCRA tampoco tendría reservas netas si no hubieran llovido como un maná del cielo del DEG del FMI, tras un septiembre en que el organismo internacional cobró 1.900 millones de dólares en vencimientos y se dilapidaron 950 millones en operaciones para contener la brecha con los tipos de cambio paralelos. 

 La foto de “unidad” del Frente de Todos, con Alberto, Cristina y los gobernadores, es un mensaje entonces no solo al capital agrario, sino al Fondo Monetario Internacional. Por eso mismo no puede dejar de reflejar, más que rencillas internas de la coalición gobernante, las contradicciones de toda la política económica. Sea como fuere, el gesto es evidente: lo que el gobierno “escuchó” en las Paso son los reclamos del gran capital, y estos solo pueden satisfacerse perpetuando el ajuste contra las familias trabajadoras, a quienes esta reactivación económica las sigue condenando masivamente a la pobreza.

 Iván Hirsch

Zanon: 20 años de gestión obrera

Se realizó un acto recordatorio. Las nuevas tareas. 

 El 1 de octubre se cumplieron 20 años del ingreso a la fábrica Zanón en Neuquén y la toma de posesión por parte de los obreros ceramistas y su sindicato. En el predio fabril se realizó un acto al que asistimos muchas de las organizaciones que estuvimos en aquella acción. Primero en el acampe en las puertas y luego apoyando la ocupación y su puesta en marcha posterior. 

 A 20 años, realizar un recuerdo de aquellos pasos es educativo. En el marco de aquel 2001 histórico y de una creciente ola de iniciativas obreras y populares que culminaron con el Argentinazo, dos meses antes las y los obreros ceramistas decidieron ingresar a la fábrica, transformando su despido en lo contrario: la ocupación del lugar de trabajo y la puesta en marcha bajo su gestión. La lucha contra el “lock out” patronal y la ocupación es contemporánea de algunas puebladas con asambleas populares como en Zapala, Picún Leufú, la asamblea popular en la UNCo. Incluso el estado de ánimo popular se reflejó en las elecciones, donde hubo un 23% de votos en blanco y donde la izquierda obtuvo una votación creciente (3,63% el PO).

 Decíamos entonces: “… están dadas las condiciones para que el Estado neuquino se haga cargo de garantizar (abasteciendo de materias primas, gas y electricidad) la continuidad de la producción y la utilización de esa producción para escuelas, hospitales o planes de vivienda, abriendo así nuevos puestos de trabajo” (Prensa Obrera Nº 725 – 7/10/2001).

 Zanón se transformó en una “causa popular” rápidamente. Al punto que con la movilización se impuso que una jueza disponga que una “guardia obrera” (sic) custodie la fábrica. A fines de octubre se realizó un gran acto en las puertas de Zanón, junto a sindicatos como las seccionales de Aten recuperadas en ese entonces, a movimientos de desocupados, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos. El gran ausente fue la CTA (dirigida en ese entonces por el degenarismo) más preocupada en sostener al gobierno en picada de De la Rúa que en otra cosa. De hecho estuvo borrada de aquel Argentinazo, privilegiando la alianza con sectores empresarios en vez de impulsar y organizar la rebelión popular y la huelga general.

 En Neuquén, como parte del estado de rebelión generalizado, y a pesar del bloqueo político de las burocracias sindicales, nuevos contingentes de trabajadoras/es se sumaban a la lucha. Los estatales a partir de sus asambleas, de la Piap (Planta de Agua Pesada) contra la amenaza de cierre, con gremios como petroleros y Uocra en alerta ante despidos. Nuestro partido levantó la consigna de “Fuera De la Rúa-Cavallo” y “Asamblea Constituyente Popular” y para eso impulsó en Neuquén y en todo el país “convocar a un Congreso de trabajadores y desocupados para votar un plan de lucha que marche a la huelga general hasta imponer los reclamos de los trabajadores”. (Prensa Obrera Nº 728 – 8/11/2021). 

 El Argentinazo del 19 y 20 de diciembre barrió con el gobierno de la Alianza y abrió un nuevo ciclo político. La ocupación de Zanón y su puesta en marcha, lejos de ser un hecho a “contrapelo” de un proceso de rebelión y ocupaciones, fue su máxima expresión, donde esta experiencia llegó más lejos.

 Mucha agua corrió desde entonces. Y como lo recordaron en decenas de intervenciones en el acto en Zanón, el papel que jugaron las organizaciones sindicales, de desocupados y los partidos de izquierda fue muy importante para bloquear las maniobras del gobierno y la patronal para rematar la maquinaria primero (vaciamiento), los intentos de desalojos mediante violentas represiones, las maniobra leguleyas avaladas por la justicia y hasta las provocaciones de la exburocracia desalojada del sindicato ceramista.

 Los plenarios y encuentros, que jugaron un factor de reagrupamiento y terminaron arrastrando en el calor de la crisis del Argentinazo, hasta a las dirigencias burocráticas de la CTA empujadas por las bases. La fábrica, a pesar de haberse votado producto de esta lucha histórica una ley de expropiación que fué un paso hacia adelante, nunca se estatizó bajo control obrero. Incluso el gobierno y todo el régimen logró colocar dicha ley bajo la subordinación del juicio de quiebra, lo que abrió el camino a nuevas provocaciones de la patronal y los acreedores durante años. 

 Tras 20 años de lucha de clases en sus avances y retrocesos, en sus vaivenes, con un plantel de un tercio de sus mejores épocas y tras haber superado el año y medio de pandemia sin dejar de producir, hoy el gran reclamo de la gestión cooperativa obrera es la necesidad imperiosa de la renovación tecnológica de su maquinaria. Un reclamo que lleva más de una década. Agravado ahora por el ahogo financiero que impone el mercado capitalista en el marco de la crisis. 

 Esta comprometido por la gestión cooperativa obrera que dirige la fábrica, el lanzamiento de una campaña por dicha renovación tecnológica. Una renovación comprometida por la demagogica electoral del kirchnerismo en su momento y nunca concretada. 

 Es una campaña que debemos impulsar a fondo y transformarla en una nueva causa obrera y popular para quebrar el vaciamiento y ahogo financiero capitalista en marcha. Otra forma de rematar la fábrica y liquidar una experiencia obrera que trasciende internacionalmente. 

 Norberto E. Calducci

Milei elogió a Cavallo // El ministro del corralito y la quiebra del país

Un feminismo estatizado para defender a Juan Manzur // Gómez Alcorta, del lado de los ajustadores

Gobierno “renovado”: ¿mucho más de lo mismo?

El nuevo gabinete está instalado y en movimiento, ni su ostentosa hiperactividad ni su pretensión de eficacia parece equivaler a una preocupación sincera por los intereses populares tan golpeados por la crisis en curso.

 Instalados en sus cargos los nuevos ministros del renovado gabinete nacional, iniciaron su actividad a un ritmo febril. El comienzo de una reunión de los titulares de todas las carteras con el jefe de gabinete a las siete de la mañana, fue un comentario reiterado en los medios. El flamante ministro de Seguridad se apresuró a celebrar encuentros con sus pares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Quieren mostrarse como “hiperquinéticos” portadores de una eficacia avasallante a la hora de impulsar los actos de gobierno. 

 Faltan menos de dos meses para las elecciones generales y el apuro por mejorar el mal resultado del Frente de Todos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) moviliza todas las energías disponibles. No disminuir el número de diputados nacionales, no perder la mayoría en senadores, la conservación de posiciones en las legislaturas locales, son objetivos que se solapan a la hora de correr detrás de los votos que fueron esquivos. En particular los de los ciudadanos que no fueron a votar, emitieron sufragios nulos o en blanco, o lo hicieron por listas que no superaron las PASO. 

 Ya se anunció una suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se aumentó el salario llamado “mínimo, vital y móvil”, sería inminente un bono de emergencia para los jubilados. Ninguna de las medidas tomadas o anunciadas significa una mejora clara de la situación, apenas paliativos para quienes están más urgidos o para sectores medios a los que se supone muy disconformes. 

 Si ciertas urgencias de la lucha por el poder no estuvieran más o menos naturalizadas, todos estos afanes podrían merecer al menos un reparo ético en forma de interrogante. ¿Los gobiernos están para mejorar el bienestar de la población o para ganar elecciones que permitan o faciliten su permanencia?

 La vicepresidenta de la Nación sólo hizo pública su aguda preocupación por las ominosa circunstancias sociales el jueves de la semana pasada, como resultado del revés electoral. Pareciera que el deterioro salarial y de las jubilaciones, la precarización laboral, la elevada inflación sólo se volvieron escandalosos cuando se hizo evidente que ocasionaron una fuerte fuga de votos ¿No podía Cristina Fernández de Kirchner hacer oír su voz meses antes, cuanto todos los indicadores negativos que mencionó en su severa carta ya estaban instalados?

 La mayoría del país ha sufrido en su nivel de ingresos, en su estabilidad laboral, en el poder adquisitivo de las prestaciones sociales que recibe. En un porcentaje importante, los sufrimientos fueron aún más agudos, hasta llegar a serias dificultades para poner comida en la mesa. 

 Sin embargo es ahora que se produce el “relanzamiento” del gobierno. Y para las carteras con titulares reemplazados, se han escogido nuevos ministros a los que se pretende “gestores” eficientes, sin reparar en sus antecedentes reprochables ni incluso en su mala imagen pública. Han sido ya ministros, conocen los entresijos de la maquinaria estatal. En el caso de Juan Manzur adiciona a esa experiencia la de haber manejado con mano de hierro una provincia importante. En este caso y en el de Julián Domínguez, el nuevo titular de Agricultura, ambos se distinguen también por tener fluidos vínculos con sectores del poder económico. La llegada de Aníbal Fernández al ministerio de Seguridad indicaría una mirada más afín al “puntivismo” que su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Negri, profesa a voz en cuello.

 Está claro que se apunta a introducir cambios que puedan generar siquiera un limitado alivio en las necesidades populares insatisfechas. También que se quiere emitir señales claras de que los “poderes permanentes” no tienen nada que perder con estas modificaciones. 

 Si nos atenemos a la orientación de este remozado gabinete no sería de extrañar que una vez superada la instancia electoral de noviembre, e incluso a despecho del resultado obtenido, continúe el predominio de las actitudes “racionales” en la esfera gubernamental. Lo que quiere decir que seguirá reinando la premisa implícita de que no hay que tocar ni mucho ni poco los intereses capitalistas más concentrados ni los de otras instituciones poderosas. 

 A esa pauta quedará sometida la posibilidad de introducir alguna mejora efectiva en la angustiosa situación social. Una de las muchas preguntas que pueden formularse es si las mayorías populares tolerarán que sólo se apliquen algunos toques muy limitados al tipo de políticas que vienen sumiéndolas en el empobrecimiento y la desesperanza. 

 Daniel Campione 

 30/09/2021

Con la fuerza de la izquierda en todo el país

Plenario de la Coordinadora Sindical Clasista // No al ajuste y el FMI

Córdoba: “Exigimos juicio y castigo a todxs los responsables del Golpe en Bolivia”

Se realizó una presentación judicial en la que se agregan pruebas nuevas para imputar a Macri, Bulrich, Aguad, entre otros. El pasado viernes 1 de octubre a las 11:30hs, en Tribunales Federales se realizó una concentración de Autoconvocados Bolivianxs Residentes en Córdoba para acompañar una presentación judicial que agrega nuevas pruebas que involucran al gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado realizado en Bolivia, llevado adelante en noviembre del 2019, con el apoyo del imperialismo yanqui y la derecha latinoamericana. 

 De la mencionada convocatoria participaron organizaciones sociales y políticas, de esta manera se da un nuevo impulso a la causa por los crímenes de lesa humanidad producidos durante el último gobierno de facto cívico militar y eclesiástico en Bolivia. La actividad fue emotiva al recordar a Marcela Expósito, militante del Frente Popular Darío Santillán y de la causa en apoyo a la lucha del pueblo boliviano contra el golpe. 

 Las pruebas presentadas afirman que el gobierno de “Juntos por el Cambio” apoyó la asonada golpista enviando material bélico. Soledad Díaz dirigente y candidata a Diputada por el Frente de Izquierda Unidad – PO, presente en la concentración, expresó: “Como hicimos desde el inicio del golpe acompañamos a nuestros compañerxs bolivianos en el reclamo de juicio y castigo a todos los responsables. En esta ocasión, venimos a la Justicia Federal cordobesa donde se investigan los crímenes de lesa humanidad durante el golpe en Bolivia, a acompañar en carácter de prueba, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la CIDHI-Bolivia, sobre la utilización de municiones de guerra, de cartuchos anti tumultos, gases lacrimógenos y demás pertrechos bélicos enviados ilegalmente desde nuestro país”.

 “Cabe destacar que han transcurrido dos años y no se avanzó en la imputación de los partícipes necesarios del Golpe en nuestro país, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad. Denunciamos que no hay grieta entre el gobierno actual de Alberto Fernández y el anterior de Cambiemos a la hora de garantizar el encubrimiento y la impunidad de los responsables políticos y materiales de los crímenes producidos por mandato directo de imperialismo en la región. Un gobierno que no condena la masacre de un pueblo hermano es un gobierno que puede hacer los mismo contra su propio pueblo”, agregó Soledad.

 “En este sentido, también denunciamos al gobierno de Juan Schiaretti que intentó impedir el voto de los residentes bolivianos en Córdoba bajo la excusa de la pandemia en un claro signo de discriminación y de apoyo a los golpistas. Todo nuestro apoyo al pueblo boliviano y nuestros hermanos residentes en Argentina. Juicio y castigo a todos los golpistas».

 La lucha por justicia es inseparable de la lucha contra los gobiernos del ajuste y la represión en el continente. En este punto vale tener en cuenta el giro derechista del ejecutivo nacional que designó a Juan Manzur como jefe de gabinete. Cabe recordar que el mencionado ministro tiene estrechos vínculos con Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien es denunciado por el actual gobierno Boliviano como “autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi país la muerte de muchos bolivianos»

 Tenemos por lo tanto otra razón para llevar adelante la consigna que las mujeres impulsaron en la movilización del pasado 28 de septiembre: #FueraManzur. El giro derechista del gobierno kirchnerista es evidente también en materia de política internacional. 

 El mejor homenaje a las víctimas de la dictadura encabezada por Jeanine Áñez es la continuidad de la lucha. Cárcel a todos los responsables del golpe. Jallalla Bolivia. 

 Osvaldo Nin

La izquierda es la única alternativa contra el crecimiento de la pobreza y la reforma laboral

Esta semana se dieron a conocer los índices de pobreza e indigencia del primer semestre 2021: el 40,6% de los argentinos son pobres y el 10,7% se encuentra por debajo de la línea de indigencia. La pobreza se agrava en el caso de la juventud y las mujeres: el 48,5% de la población entre los 15 y los 29 años es pobre, mientras que el 12,8% yace en la indigencia. La feminización de la pobreza se expresa en que las mujeres ocupan el 70,2% dentro del decil poblacional con menores ingresos, donde estos promedian los $5.695 mensuales. 

También se conocieron los índices de los salarios -de trabajadores registrados y no registrados- Con respecto de julio de 2020, los salarios registrados crecieron un 49,2% en promedio entre el sector privado y el público. Por parte de los salarios de los trabajadores no registrados, claro, se llevan de nuevo la peor parte. El total del último año es de un 37,4%. Mientras, hablamos de un 51,8% de inflación en el mismo período. También se dieron a conocer las nuevas subas de precios que prepara octubre, en rubros como las prepagas, la educación privada y los alquileres, que golpean de lleno al bolsillo popular. Se consolidará la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, con salarios liquidados debido a las paritarias del 40%, y de los jubilados, de los cuales más de 2 millones cobran la mínima de $25.922.

 Podemos ver “los números” del ajuste del gobierno, que esta semana lanzó un paquete de medidas (aumento del salario mínimo, jubilación anticipada, programa Mi Pieza, “eventuales” AUH, IFE 4, bono a jubilados…). En esta nota analizamos los alcances y los beneficiarios de cada una de estos “plus de campaña” de manera integral. Queda revelada la estafa: el gobierno gastaría unos $119.242 millones para “poner plata en los bolsillos” y le da un plus de $63.500 millones a las patronales, pero le quitó, en un año, $190.403 millones a los jubilados, así como le entregó $814.190 millones a los banqueros, en concepto de intereses por letras de cambio El gobierno monta una impostura de “inyección de recursos” que no logrará revertir el cuadro de pobreza y desempleo tal que mencionamos. 

 Como expresamos en nuestra editorial semanal, el motivo de las dilaciones del gobierno en concretar estas migajas que tienen para destinar a la población, es una indicación clara de que el ajuste no se abandona. El principio rector que impone el FMI para la Argentina es la discusión de la reforma laboral, que arrancó con la flexibilización de los trabajadores de la empresa Toyota, y consiste en alterar la jornada laboral, y sobre todo el descanso del fin de semana, autorizando a la patronal a obligar a los trabajadores a concurrir los sábados a cambio de un franco semanal y una suma fija. La reforma pretendida por los capitalistas y el Fondo cuenta con la anuencia de la burocracia sindical, que está dispuesta a aplicarla gremio por gremio, convenio por convenio. 

 Luego de la derrota electoral, Alberto Fernández y Cristina Kirchner reaparecieron juntos para presentar la Ley de Agroindustria, una ley redactada por el gran capital agrario, junto a los gobernadores aliados a las oligarquías locales. Este primer acto del Frente de Todos luego de la derrota de las PASO marcó la orientación fundamental del gobierno, rendidos ante el FMI. 

 Larreta no se queda atrás en aplicar el ajuste contra la población trabajadora: en la misma semana su gobierno despidió 1.000 enfermeros y anunció que en vez de titularizar a lxs docentes de Media planifican despidos masivos. 

 El jueves, su policía desplegó un violento operativo para desalojar la toma Fuerza de Mujeres en la Villa 31. Esta recuperación de tierras está compuesta sobre todo por mujeres con sus hijos, que debido a los altísimos valores de los alquileres en CABA no tienen donde vivir. Según un informe, CABA se coloca como la segunda ciudad latinoamericana con viviendas más costosas, alquileres caros y baja rentabilidad. A favor de la especulación inmobiliaria, el mismo día de la represión a las familias en la Villa 31, la legislatura porteña convirtió en ley 16 proyectos inmobiliarios de lujo. 

 Por su parte, el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, no se ahorró ninguna declaración en la semana. Dijo que de cara a las elecciones de 2023, “no descarta una fórmula con Patricia Bullrich”. Esto descarta sus ataques contra la “casta política”, y confirma lo que señalamos previamente: que al economista no le molesta ser un factor de presión dentro de la interna de Juntos por el Cambio. También elogió a Cavallo, el ministro del corralito y la quiebra del país, como «el mejor ministro de Economía de la historia». La impostura de presentarse como el candidato antisistema, lo coloca como el sector más reaccionario y antiderechos del mismo, declarando en un medio brasileño que «está en contra del aborto, incluso en casos de violación» y desplegando un desprecio hacia las mujeres y niñas a la vez que niega la enorme lucha de la Ola verde por la conquista del aborto legal.

 El Partido Obrero y el Frente de Izquierda continúa y profundiza la organización contra el ajuste en todos los terrenos. El plenario metropolitano del AMBA de la CSC-PO fue una parada muy importante del que participaron centenares de compañeras y compañeros, desde secretarios generales de sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados, congresales, dirigentes y activistas a referentes de las principales luchas de trabajadores ocupados y desocupados que hoy están en conflicto- está al servicio de esta perspectiva, contra la reforma laboral y el ajuste, por la recuperación de los sindicatos, a luchar por el voto al FIT Unidad. La única alternativa que enfrenta a la derecha que anida en la oposición y en el oficialismo (como expresa su cambio de gabinete). Vamos por un salario equivalente a la canasta familiar de 100.000 pesos, del 82% para los jubilados, del seguro al desocupado, del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. 

 Camila Mic

Julio César, de sindicalista de Ford secuestrado a brillar en Titanes en el ring

Adolfo Sánchez, como Julio César. 

Un verdadero titán 

 Cuando era delegado en la fábrica automotriz, Adolfo Sánchez fue chupado por un grupo de tareas. Luego, en libertad, se hizo luchador y brilló en Titanes en el ring.

 Esta semana la Cámara de Casación de la Nación confirmó una condena histórica en materia de derechos humanos. Los exdirectivos de la planta Ford en General Pacheco, Pedro Müller y Héctor Francisco Jesús Sibillia, cumplirán penas de 10 y 12 años de prisión por haber colaborado directamente en el secuestro y la tortura de 24 trabajadores de la empresa automotriz durante la última dictadura cívico militar. 

 Uno de esos trabajadores era Adolfo Sánchez, más conocido para una generación como Julio César, uno de los míticos luchadores de Titanes en el Ring. Antes de encandilar a los niños de los 80 con su imponente cuerpo de físicoculturista y atuendos romanos, Sánchez fue delegado gremial de Ford desde 1971 hasta 1976.

 “Desde joven me gustó la actividad sindical, y defender con todo a los obreros”, comentó el exluchador. Es que desde los 17 años trabajó en fábricas en su barrio, Tigre, donde conoció y se familiarizó con la vida gremial. “Antes de los 18 fui subdelegado de una fábrica llamada Lombardini Ciasa, en la que hacía tornería”, señaló. En 1971 entró a trabajar a la planta de Ford en General Pacheco. 

 El secuestro 

Sánchez se sigue enorgulleciendo de haber sido elegido como delegado por "casi todos" sus compañeros. "Siempre nos juntábamos con los patrones. Nos conocíamos ya, pero había un marco respetuoso. No nos habían amenazado nunca, por lo general nos respetaban los reclamos y si no, medida de fuerza”, rememoró. 

 Ese clima interno de la fábrica que describe Sánchez cambió completamente a partir del 24 de marzo de 1976. La dictadura apuntó directo a los trabajadores agremiados, con un plan sistemático de secuestros y torturas que se describió en el reciente juicio a los directivos de la Ford, y que Adolfo vivió en primera persona. 

 “El 28 de marzo (de 1976) pararon dos autos en la puerta de mi casa. Yo jugaba con mis hijos en la pieza y justo abrí la ventana para ver qué pasaba. Mi suegro les abrió porque vio que tenían una cédula azul, que era de Ford, y cuando entraron le pegaron un culatazo y lo dejaron tirado en el piso. A mí me arrastraron en ropa interior hasta uno de los autos, donde me ataron y me encapucharon”, relató. Adolfo Sánchez junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. 

Sánchez no fue el único secuestrado, también se llevaron a Pastor José Murua, Carlos Chitarrone y Juan Carlos Amoroso, otros delegados de Ford. Ellos habían sido previamente torturados por los militares en uno de los famosos quinchos de la planta de Pacheco.

 Sánchez estuvo estuvo detenido primero en Maschwitz, Escobar, donde fue torturado por policías a cargo del entonces jefe de la bonaerense Ramón Camps. De ahí fue llevado a La Plata, donde permaneció hasta febrero de 1977. Recién entonces sus familiares supieron que estaba vivo. 

 De Adolfo a Julio César 

“Cuando me dejaron en libertad se me complicaba conseguir trabajo. Estuve laburando dos años como peón con mi suegro, que era albañil, hasta que pude encontrar otro empleo en una fábrica”, contó Adolfo. Mientras iba de changa en changa, pasaba sus ratos libres en el gimnasio, donde entrenaba para convertirse en físicoculturista.

 Fue en ese gimnasio que en 1980 se cruzó con Miguel Ángel Pedernera, mejor conocido como El Caballero Rojo de Titanes en el Ring. Quedó sorprendido por el físico de Sánchez y le ofreció un trabajo como luchador. “Entré a laburar al Canal 2 de La Plata con Los Auténticos Titanes (una troupe de ex Titanes en el Ring), y yo era el Sansón Argentino”, recuerda. 

 En el circuito luchístico de La Plata, Adolfo (rebautizado como Sansón) se abrió camino a base de puñetazos, llaves, torsiones de articulaciones y otros clásicos movimientos en los que demostraba gran ductilidad. Su popularidad creció rápidamente hasta que su nombre llegó a los oídos de Martín Karadagian, el gran innovador de la lucha libre argentina y dueño de la marca Titanes en el Ring. 

 Karadagian siempre apostó por las figuras históricas y caricaturescas. Era una forma de llamar la atención de los niños, a quienes veía como el público fanático por antonomasia. Errado no estaba, porque su modelo de negocios incluso fue replicado por WWE, la máxima empresa luchística a nivel mundial, y Lucha Libre AAA, una de las grandes compañías mexicanas.

 En esa ecuación de personajes históricos que "rinden" entró Sánchez, rebautizado como Julio César. En Titanes en el Ring su carrera explotó, allí estuvo desde 1982 hasta el fin de la franquicia. “Estuve hasta que Karadagian falleció en 1991, pero yo seguí luchando hasta el 2005. Después comencé a promocionar eventos de Titanes hasta el 2010”, dice. 

 Como promotor, Adolfo buscó fortalecer el talento de jóvenes que crecieron admirándolo, tarea que demandaba mucho trabajo porque en esa época la lucha libre local ya no era tan popular como en los tiempos de Karadagian. Las aventuras de Sánchez como promotor siguieron hasta 2010, y tuvieron un giro artístico cuando trabajó con Diego Capusotto y Fabio Alberti en la obra Qué noche Bariloche, donde interpretaba a un romano en varios sketches cómicos.

 Cuando llega la justicia

 “Mientras me dediqué al arte, me olvidé de todos esos momentos tan malos que pasé”, explica Adolfo. La justicia recién llegó para él 42 años después de su secuestro. Cuando el martes 11 de diciembre del 2018 fueron condenados Müller y Sibilla, junto al poderoso comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros. 

 “Tras 42 años se hizo justicia. Esto lo sentí como un alivio en el cuerpo, no sólo para mí, sino también para mis compañeros y para mis familiares, que lo sufrieron más que yo. Nosotros la pasamos muy mal en ese momento”, recordó Sánchez. La reciente confirmación de las condenas a Sibilla y Müller significa un paso más en esa justicia demorada, pero reparadora, también para el exluchador de Titanes en el Ring que alguna vez fue Julio César. 

 Ezequiel Bergonzi

 3 de octubre de 2021 - 03:26

Los Fernández piden el rescate de la patria exportadora

Algunos se sorprendieron de que Alberto y Cristina “relanzaran” la campaña electoral de la mano del Consejo Agroindustrial -una entidad dominada por los monopolios productores y exportadores de la industria aceitera. Sin embargo, la sociedad del kirchnerismo con esta fracción del capital no es nueva: hay que recordar que, en plena pandemia, el gobierno estableció derechos de exportación diferenciados para la materia prima agrícola y para las aceiteras, agrandando el margen de éstas últimas a expensas de los productores. Esta “grieta” se volvió a manifestar en el día de ayer, pues la ley de fomento agroindustrial que anunciaron fue celebrada por la gran patronal aceitera y de los frigoríficos. En cambio, los capitostes de la Mesa de Enlace la catalogaron como un fraude. 

 En cualquier caso, es muy claro que la “pelea por el voto”, como ocurre con los gobiernos y partidos de Estado, comienza por el “voto” del capital, en este caso, de la fracción que promete traer los dólares para pagar la deuda externa. Los voceros oficiales han celebrado, además, que en el mes de setiembre los agroexportadores aportaron 2000 millones de dólares a las reservas del banco Central. Con menos fanfarria, sin embargo, los analistas destacan que esas divisas se volatilizarán en el pago de importaciones atrasadas, en los compromisos de la deuda pública y en la propia fuga de capitales, que en las últimas jornadas orilló los 200 millones de dólares diarios. En este goteo, intervienen los fondos internacionales –Templeton, Pimco- que están “clavados” en la Argentina desde los tiempos de Macri-Caputo, y que sostienen una tregua precaria con el gobierno “Nac y Pop”: ella consiste en renovar en Argentina una parte de sus fondos en títulos indexados o dolarizados, y, de a poco, fugar la otra parte en los mercados paralelos de divisas.

 En ese contexto, los 100.000 millones de dólares exportados que se prometieron en el acto de ayer para el año 2030 tienen un claro destinatario –los acreedores de la deuda pública argentina, incluyendo naturalmente al Fondo Monetario Internacional. 

 Salvavidas 

La ley de fomento a la agroindustria vino precedida de otra concesión al “campo” –la liberación de las exportaciones de carne a China, después de varios meses de cepo y restricción. ¿Qué significan estas concesiones? Se ha abierto una disputa por el alineamiento político del gran capital en la crisis de régimen que se destapó con la derrota electoral oficialista. Esta disputa no incluye sólo a la patronal agraria, sino también a los fondos acreedores de la deuda pública externa e interna y al propio FMI. En los últimos días, la oposición radical-macrista –a través de Vidal- anunció que, después de las elecciones de noviembre, peleará por el control del Congreso. Este golpe de mano le sucedería al golpe que ya se produjo en la Corte días atrás, consagrando a una dupla de jueces hostiles al gobierno y, en especial, a Cristina Kirchner. Si todo esto se consuma, el gobierno de los Fernández quedaría definitivamente reducido a la condición de un espectro. Todo esto explica, no solamente la mano tendida al “campo”, sino también los cabildeos de Martín Redrado ante Washington, ofreciendo garantías de un acuerdo para después de las elecciones en nombre, nada menos, que de la vicepresidenta. El kirchnerismo quiere demostrarle al gran capital que conseguirá pilotear la crisis histórica de la Argentina, la cual, más allá de las quejas de los de “arriba”, ha consolidado por abajo una pobreza del 40% y nada menos que la duplicación de la indigencia infantil durante la última década.

 El gobierno echó lastre con el campo, pero la pretensión de neutralizar su hostilidad política no parece prosperar. La ley de fomento anunciada por los Fernández prevé beneficios impositivos a las nuevas inversiones, con fuertes deducciones en el impuesto a las ganancias. Pero el capital agrario quiere algo mucho más importante e inmediato: la reducción e incluso eliminación de las retenciones, o sea, una alteración de fondo en el régimen económico. Es lo que también reclama el FMI con el “congelamiento de los subsidios” en el próximo presupuesto, lo que debería llevar a una liberación sin atenuantes de las tarifas de servicios públicos. Estas contradicciones económicas no serán procesadas sin mediar antes una crisis política. 

 La “platita” 

Del otro lado de la vereda, ocurre algo similar entre el gobierno y los trabajadores. El “plan platita”, en su alcance mezquino, no ha corrido un milímetro el escenario de miseria social que tiene su base en los salarios de pobreza, las jubilaciones de indigencia y el desempleo masivo. Los bonos y asignaciones anunciados en estos días serán devorados, todavía más rápido, por la carestía.

 La superación de este cuadro plantea una intervención de los trabajadores en la crisis. Esa intervención que busca abrirse paso, a veces, de un modo confuso, otras, con carácter parcial. En el primer caso, están los resultados electorales nacionales. En el segundo, las luchas y victorias de activistas y fracciones independientes de la burocracia en elecciones sindicales, de delegados y de internas. Es necesario promover una gran discusión sobre el rumbo político y la orientación de la clase obrera –ese es el fundamento de nuestro planteo en favor de un congreso Obrero, que responda a la crisis nacional con un programa y una lucha.

 Marcelo Ramal

 01/10/2021

La miseria previsional “anticipada”

Ni siquiera el gobierno se animó a presentar a la jubilación anticipada para desocupados menores a 65 o 60 años como una conquista para el mundo del trabajo. Por empezar, el requisito de contar con 30 años de aportes para acceder al retiro es una condición que no cumplirían más de 20.000 o 30.000 eventuales beneficiarios. La jubilación, en este caso, se pagaría por el 80% del haber que le correspondería a cada uno. Al reconocer que el desocupado “mayor” no volverá a conseguir trabajo, la jubilación adelantada es un subsidio por desempleo “sui generis”, pagado por el Anses. Deja afuera al grueso de los desocupados adultos, a quienes el trabajo precario o los largos períodos sin empleo los dejó sin los aportes necesarios.

 En un acto de impostura, el gobierno coloca la condición de los 30 años de aportes –como si el sistema previsional guardara alguna relación entre lo que recauda y los haberes que paga. Esa relación ha sido largamente quebrada por los sucesivos desfalcos de los gobiernos capitalistas a las cajas previsionales: primero, al traspasar los aportes a las AFJP y desfinanciar al sistema público; después, al reducir los aportes patronales a la previsión social; más tarde, al convertir al fondo de garantía del Anses –ya “estatizado”- en un vertedero de la deuda pública; y finalmente, al desvalorizar sistemáticamente esa deuda y, con ella, pulverizar al capital del Fondo de garantía. La contrapartida de este vaciamiento, del lado de los “egresos”, ha sido la transformación de las jubilaciones en una pensión asistencial. La jubilación adelantada de los desocupados “mayores” no escapa a esa regla, ya que representaría –según se anunció- un pago promedio del orden de los 200 dólares, la tercera parte de una canasta familiar. Por este mismo motivo, el gobierno tampoco conseguirá el supuesto objetivo de esta jubilación adelantada, que es el retiro de los desocupados mayores del mercado de trabajo. Con seguridad, estos semi-jubilados seguirán buscando trabajos parciales o informales para poder sobrevivir. 

 Más allá de esto, la “jubilación adelantada” desnuda el completo impasse de la política previsional y laboral del Estado capitalista, y no solo en la Argentina. En los últimos años, todos los “expertos” previsionales de los partidos del régimen batieron el parche de la “prolongación de la expectativa de vida” y del “horizonte laboral”, como justificación de un futuro aumento en la edad jubilatoria. Con el mismo argumento, señalan que el sistema previsional sería inviable, no por los desfalcos que ellos mismos perpetraron, sino por causa de la “pirámide poblacional”. El aumento en la edad para jubilarse es el meollo de la futura reforma previsional atada al acuerdo con el Fondo Monetario. 

 Pues bien: al disponer la jubilación adelantada, ese mismo régimen social confiesa que, si prolonga la vida laboral a los 65 o 70 años para mujeres y hombres, no haría más que agravar colosalmente a la desocupación actual. El capitalismo se declara incompetente para asegurar el sustento de los desocupados mayores y los jubila. Pero a renglón siguiente, tampoco puede alimentar a los jubilados, a quienes exige que sigan trabajando. Parafraseando a Nicolás Guillén, podríamos decir: “me matan si no me jubilo, y si me jubilo, me matan”. 

 La lucha contra la miseria previsional, “adelantada” o “prolongada”, exige la incautación de todos los aportes sustraídos por la clase capitalista a través del trabajo en negro, la reducción de aportes y el vaciamiento del Anses en favor de los acreedores de la deuda pública. Sobre esa base, el reconocimiento de una jubilación mínima equivalente al 82% de la canasta familiar hará del retiro o la continuidad laboral una decisión verdaderamente libre, y nunca condicionada por la miseria social o el desempleo crónico. 

 Marcelo Ramal 

 01/10/2021

Ford y los crímenes durante la dictadura

La Cámara de Casación Penal, a casi tres años de la condena dictada por el TOF 1 de San Martín en 2008, dejó firme la sentencia a Héctor Sibilla -ex jefe de Seguridad de la empresa Ford- y Pedro Müller – ex gerente de Producción. Ambos ex directivos durante la década del 70 de la fábrica automotriz ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, habían sido condenados a 12 y 10 años de cárcel, respectivamente por su colaboración con el secuestro y aplicación de torturas a 24 trabajadores de la planta durante la última dictadura cívico-militar. También fue juzgado el comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de 15 años. 

 La automotriz norteamericana fue responsable del secuestro y tortura de 24 trabajadores, varios de ellos fueron “chupados” por el ejército directamente desde sus puestos de trabajo y llevados al “Quincho” un centro clandestino de detención que funcionó en el interior de la planta. De ahí era llevados a otros centros de detención y tortura. La multinacional no solo aportó su espacio físico, dinero y logística, sino que fue la que ´marcó´ a los obreros que serían víctimas de los genocidas. 

 Como lo expresa el fallo de casi 200 fojas, “gran parte de los secuestros fueron realizados en la misma planta, a plena luz del día y con la colaboración esencial de sus directivos de todos los niveles de conducción; además, resulta claro que la empresa se benefició económicamente con los hechos". Lo que la patronal pretendía, según el mismo documento, era que “quería generar más productividad a bajo costo''. Esto llevó a que "Ford Argentina actuará mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados" (...) Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”. 

 Es claro que los milicos y la patronal contaron con el aval de la burocracia sindical. José Rodríguez que, en ese momento era secretario general del SMATA, reconoció haber entregado la lista con los delegados a los represores. 

 Es la primera vez que la justicia argentina señala la responsabilidad empresarial como partícipe necesaria de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Las maniobras y dilaciones que llevaron a que las condenas queden firmes condena luego haber estado, tres años cajoneada, a 45 años de los hechos.

 La valentía y la firmeza de los sobrevivientes, las familias y las organizaciones de derechos humanos, pusieron a estos y otros genocidas tras las rejas. 

 Mauri Colón 

 01/10/2021

Nicolás del Caño "Todas las luchas del pueblo trabajador se han expresado en el voto al FITU"

"Los jueces y fiscales deberian ser electos por el voto popular" // Gabriel SOlano en C5N

"Rechazamos estos convenios urbanísticos contrarios a las necesidades populares" // Amanda Martin

"Una reforma para que Larreta y Macri aumenten su injerencia en el poder judicial" // Amanda Martin

“Plan registradas”: un subsidio estatal a los empleadores

Los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) fueron los encargados de presentar el “Plan Registradas”. Según los anuncios, el Estado pagará por seis meses hasta el 50% del salario de las empleadas domésticas, con un tope de $15.000. El empleador debería hacerse cargo de la parte restante del sueldo, aportes, contribuciones, la ART y todo lo que representa registrar a la trabajadora. 

 El programa, dirigido a un sector de la economía altamente feminizado, no representa ninguna mejora salarial sino un beneficio al empleador que contrata en negro. El proyecto, por caso, ni siquiera reconoce la antigüedad de la persona empleada. 

 Desde el mes de septiembre para la quinta categoría (personal para tareas generales) el salario alcanza los $28.457 con retiro, esto es por debajo del salario mínimo vital y móvil ($31.104), que a su vez representa la cuarta parte del costo de la canasta familiar. 

 De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad (Clarín, 27/9). Esta situación nunca cambió desde que, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, se estableció el Régimen de Trabajo en Casas Particulares. Este incluía otros beneficios para las patronales, por ejemplo, deducir del Impuesto a las Ganancias tanto la remuneración como las contribuciones patronales de las empleadas hasta el máximo previsto para 2021, que es $167.678,40. 

 Desde los años 90 a esta parte, los subsidios y exenciones de cargas sociales ofrecidos a las patronales nunca han sido motor de una recuperación del empleo. Por el contrario, contribuyeron a una mayor pauperización de la clase trabajadora. 

 En un cuadro donde la pobreza avanza, esta medida se suma a otras de carácter cosmético, como el “aumento” del salario mínimo, que no llega a cubrir ni la mitad de una canasta de pobreza, una nueva ronda de IFE que llegará a menos de un tercio de los beneficiarios que fueron alcanzados en 2020, y subsidios para ampliación de viviendas para mujeres de barrios populares que no da ningún tipo de respuesta a la crisis habitacional. Un paquete lanzado por un gobierno derrotado en las urnas y que atraviesa una crisis política profundísima, como resultado de la crisis económica y social. 

 Ana Belinco 

 29/09/2021

Vicentín, Dow, Molinos Cañuela: en el festival de la soja pierden los trabajadores

La fábrica Vicentín, en San Lorenzo, tiene una capacidad de molienda de 20 mil toneladas de grano por día, una envasadora de las más modernas y más grandes de Argentina y Latinoamérica que refina y embotella el aceite, y tiene muelles para exportar. La otra parte del grupo Vicentín tiene frigorífico, algodonera, viñedos, textiles. Al día de hoy el grupo Vicentín en toda la provincia cuenta con unos 1.000 trabajadores directos y unos 5.000 indirectos, de los cuales 2.500 son de la construcción (precarizados). La planta de San Lorenzo es de carga y descarga, trabaja todo el año y tiene el mayor número de obreros; la de Ricardone tiene movimiento de noviembre a enero; y la más chica, la de Reconquista, unos 300 operarios a los que hace un tiempo les vienen planteando el retiro voluntario. Esto genera mucha preocupación porque tiene 90 años en la ciudad y todos sus obreros son vecinos.

 La deuda de la empresa es de “$ 99.000 millones, unos USD 1.419 millones al dólar oficial. La mayor parte de las acreencias son de 37 bancos, de los que el Banco Nación es el más afectado. El segundo grupo más grande son productores agropecuarios (unos 2500). El tercero, accionistas y empresas vinculadas” (Infobae, 28/9). Entre los acreedores está el ACA, que le suministró materia prima por unos 9 millones de dólares. Inclusive “Vicentín le debe a Vicentín”, por créditos millonarios que ha contraído para la continuidad de su funcionamiento. Pero al momento sólo se conocen las deudas. Nada dicen respecto del patrimonio de la empresa ni de su capacidad de pago. A finales del gobierno macrista la empresa se declaró en default. Con la asunción del Gobierno de los Fernández se anuncia por DNU que “el Estado se hace cargo de los salarios y de los costos de trabajo”. El intendente de Avellaneda en aquella oportunidad, Dionisio Scarpin, convocó a una protesta por la posible intervención. 

 Entre las diez empresas que producen aceite y granos en 15 km de la costa del Paraná, sale el 80 % de la exportación del país. No pararon ni un día en cuarentena. Sin embargo, la situación de Vincentín no solo no mejora sino que ya se habla de “posibles compradores pero con un reajuste de las plantas para garantizar su funcionamiento”, es decir, una adquisición con despidos en la mano. Algunos de los nombres que circulan con mayor fuerza son el Grupo Glencore, los dueños de Renova y además socios de Vicentín.

 La CGT de San Lorenzo, dirigida desde el 2019 por Jesús Monzón y Pablo Reghera, habla de medidas de fuerza, pero con distintos órdenes de jerarquía. En 2015 al 2019, dejó caer 4.000 puestos de laburo, que han engrosado el número de desocupados. Además de Vicentín también está DOW, que inclusive adelanta el cierre de la planta del año que viene para este año. Por otro lado, el anuncio de concurso de acreedores de Molinos Cañuelas pone en peligro también a trabajadores pasteleros. 

 Sin embargo, la presión de que "no hay que hacer quilombo" recorre la planta en función de esperar la novia para Vicentín, como si no hubieran sido en el pasado las fórmulas del desastre para las fábricas que cerraron y nunca llegó nadie. Una política del fracaso. El 16 de diciembre próximo se espera como fecha límite para encontrar alguna propuesta. Esa fecha significa arreglos voluntarios para desarmar cualquier posibilidad de lucha. Esos puestos trabajos no se recuperan más. 

 Los trabajadores quieren defender los puestos de laburo, sea estatizada o con un nuevo comprador. Prefieren, incluso, este último. La situación de los obreros, en un cuadro tan serio, es de mucho temor, pero también de mucho agotamiento por parte del gremio de aceiteros de San Lorenzo. Buscan organizarse para defender los puestos de trabajo y el reclamo de una comisión investigadora sobre Vicentín. 

 Entre Vicentín, que tiene entre 170-200 familias en Capitán Bermúdez, y el resto, que son trabajadores de Dow y de 9 de Oro, más las que ya cerraron antes, el golpe a las familias obreras de la región superaría en gravedad a la del 2001. La defensa de todos los puestos de trabajo en el cordón se convierte en el corazón de nuestra campaña política. 

Jorgelina Signa – Política Obrera 

 30/09/2021

📉 “Volvimos peores”: el proyecto del Gobierno para beneficiar al agropower

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