El sistema sanitario desde adentro: del desquicio a la lucha

Las experiencias de Córdoba, el Larcade, La Matanza, el Tornú y San Rafael. 

 Algo une a los trabajadores de la salud que en estas horas estamos protagonizando importantes conflictos en nuestro país: el colapso sanitario está impactando de lleno en las condiciones de trabajo, agravando nuestras ya agraviantes jornadas laborales. La política de los gobiernos y autoridades sanitarias desconoce el desborde epidemiológico a la hora de garantizar aperturas y reaperturas a pedido de las patronales; pero se vale de éste para ajustar el torniquete laboral contra profesionales de la salud largamente sobreexigidos. La pandemia recrudece y, en plena emergencia, los trabajadores de la salud estamos pasando del agobio a la lucha. 

 En Córdoba, que ayer llegó al pico histórico con más de 5300 nuevos casos, una asamblea autoconvocada de residentes votó ir la huelga contra una resolución del gobierno provincial que disponía un traslado compulsivo de las residencias de Clínica, UTI, Neumonología, Medicina Familiar e Infectología al Hospital Rawson. El paro, acompañado por asambleas y protestas en sus lugares de trabajo, logró revertir, en cuestión de horas, la medida desesperada improvisada por las autoridades sanitarias. 

 En el Hospital Lacarde de San Miguel, en el conurbano bonaerense, 50 médicos renunciaron denunciando aprietes y patoteadas reiteradas de la directora del Hospital vinculada al Intendente macrista, Jaime Méndez. Se trata de una liquidación completa de los servicios de Clínica Médica y Cardiología. Los representantes de la CICOP que se acercaron en solidaridad fueron repelidos violentamente por la seguridad privada. El hostigamiento pretende ser el método para quebrar una huelga que ya llevaba dos semanas contra la misera salarial de médicos que cobran alrededor de 50 mil pesos por mes. 

 La renuncia se convierte, como advertimos desde estas páginas, en el recurso último de los trabajadores para denunciar una situación dramática, cuando ella se torna intolerable. 

 En La Matanza, centenares de trabajadores de la salud salieron a la calle a repudiar la paritaria firmada por el Intendente peronista, Fernando Espinoza, con la burocracia sindical. Los “esenciales” quedaron por debajo de la línea de pobreza. “Quisiéramos no tener que manifestarnos en pandemia”, rezaban en un flyer, “pero la indiferencia y la falta de respuestas de Espinoza y la Secretaría de Salud nos exponen a hacerlo”. El pico de casos en el municipio encontraba al Hospital de Niños de San Justo en un paro por tiempo indeterminado. Días atrás, los residentes de Malvinas Argentinas protagonizaron, por los mismos motivos, un paro y movilización. 

 En CABA, residentes y concurrentes del Hospital Tornú nos reunimos en asamblea frente al segundo intento de las autoridades del efector, en lo que va del año, de cortar las rotaciones por diferentes servicios y hospitales, que constituyen instancias formativas irreemplazables para las diferentes especialidades. “Tienen que ceder su formación por la pandemia”, nos decían, cuando la realidad es que el cierre de consultorios, prestaciones y servicios que abordan múltiples problemáticas, en función del Covid, está llevando a un nivel superior a la crisis sanitaria. Finalmente, las asambleas lograron retrotraer una medida que, como en Córdoba, amenazaba con un traslado compulsivo a las salas de internación.

 En el Hospital Fernández, residentes de Medicina General y Familiar (MGyF) denunciaron que fueron amenazados con la “no promoción del año” si no aceptaban ser “refuncionalizados” en las salas de Covid. La residencia rechazó el apriete en defensa de la población que está bajo su área de responsabilidad en los centros de salud. Las residencias de MGyF son, muchas veces, la única puerta de acceso para un tratamiento frente a enfermedades crónicas, consultas pediátricas, ginecológicas, obstétricas y de todo tipo para poblaciones como, en este caso, de la Villa 31. 

 En la otra punta del país, en Mendoza, los residentes de Clínica, Tocoginecología, Cirugía, Pediatría y Gastroenterología de San Rafael se reunieron en asamblea y denunciaron el intento del director del Hospital de ponerlos a cargo de la terapia intensiva, sin supervisión ni capacitación alguna. Atraviesan una situación límite: en turnos de dos residentes, de primero y segundo año, tienen que hacerse cargo de alrededor de 160 camas de internación. Además, como ocurre en muchos efectores, no pudieron tomarse los días de vacaciones completos porque esto significaba dejar a la población sin asistencia. Funcionarios del gobierno provincial viajaron a San Rafael para intentar contener los reclamos. 

 La situación que describimos delata, a un año y medio de iniciada la pandemia, la completa falta de planificación y de medidas elementales para el fortalecimiento del sistema de salud. Las nuevas salas y terapias se abrieron sin ampliar las plantas estables de los hospitales. Se cubren con “contratos Covid”, que se pagan a precio basura, lo que sumado al riesgo que implica la tarea redunda en una rotación constante del personal. Frente al desborde, las autoridades hospitalarias reaccionan apretando lo que tienen más a mano, que son los residentes precarizados. La población trabajadora que asiste a la salud pública es víctima de todos estos desmanejos, al deteriorarse de forma brutal sus posibilidades de atención… y sobrevida. 

 Las burocracias sindicales en la salud, tanto en el ámbito público como en el privado, consienten estos atropellos patronales, les han dado la espalda a los conflictos y solo esbozan un tímido reclamo de actualización salarial, sin organizar medida práctica alguna, ni hablemos de un plan de lucha. 

 A propuesta de la agrupación Tribuna de Salud (Tendencia) se está organizando una asamblea nacional de residentes y concurrentes para los próximos días. Es necesario extraer y colectivizar todos los aprendizajes de estas experiencias. Es hora de superar las fragmentaciones corporativas, sindicales, por jurisdicción, especialidad o forma contractual y confluir en una coordinación general. Por el fin de la precarización laboral, el aumento inmediato de las dotaciones, cargos de planta, capacitaciones a cargo del Estado, un salario mínimo que cubra la canasta familiar y la centralización de los recursos sanitarios bajo el control de los trabajadores. La lucha de los profesionales de la salud, junto a la población trabajadora, es la única salida al desquicio oficial. Pongámonos en marcha. 

 Julián Asiner 

 06/06/2021

El ajuste, las vacunas y los aires de lucha

Panorama político de la semana. 

 Las luchas de los trabajadores de la salud y de distintos colectivos obreros por salarios y vacunas, y el hartazgo popular ante el hambre y los femicidios que se expresó el 3J, tienen un mismo destinatario: un gobierno cuya política se ordena en función del ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional.

 Fue lo que confesó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando declaró haber rechazado ocho millones de dosis del mecanismo Covax para «ahorrar» 60 millones de dólares. A juzgar por el pobre crecimiento de las reservas del Banco Central, después de meses de cansarse de comprar divisas del boom sojero, es evidente que lo que se guardaron en vacunas lo destinan al pago de la deuda, y a contener la precaria estabilidad cambiaria. Se puede agregar que la fuga se agrava ahora que el Banco Central flexibilizó el cepo para que las empresas exportadoras puedan girar sus ganancias al exterior.

 Para colmo lo que sí se gastó, como los pagos anticipados a AstraZeneca, resultó en un verdadero fraude contra la población, a la cual le prometieron 22 millones de dosis y le entregaron menos de la quinta parte. El motivo es evidente. El contrato firmado, que el gobierno se dispone a prorrogar sin penalización alguna tras el alevoso incumplimiento, estaba redactado precisamente en función de las condiciones leoninas que garantizan la monopolización de los pulpos farmacéuticos. Así tenemos a Alberto Fernández acusando ridículamente que sufrimos la «escasez mundial» de vacunas, cuando se exportó desde Argentina el principio activo para más de 50 millones de dosis, salidas de la planta de Sigman en Garín. 

 El mismo tenor se adivina detrás del anuncio de la producción en el país de la Sputnik Vida, a partir de un convenio que se tejió en las sombras -con la mediación del Estado- entre Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa, por el cual Argentina terminará comprando dosis… un 50% más caras que antes. Las críticas frenéticas de la oposición patronal en torno a esta cuestión se limitan a una actuación como lobbistas de Pfizer, no en función de garantizar la vacunación de la población. Las respuestas oficiales, acerca de que las condiciones que exigía este laboratorio yanqui eran inaceptables, apenas pueden encubrir las leoninas condiciones que aceptó a las otras farmacéuticas. Contra esta guerra de laboratorios, la defensa del interés popular solo puede pasar por la lucha contra la confidencialidad de los contratos y por la liberación de la patentes. 

 Es más que simbólico que mientras el país está en vilo por el desmadre epidemiológico y los bloques políticos mayoritarios se desgarran entre acusaciones cruzadas por los contratos con los laboratorios, los distintos proyectos para desarrollar la producción de una vacuna nacional se topen con el cuello de botella que les impone el desfinanciamiento estatal. Para encarar la fase de ensayo clínico y más aún la fabricación en escala, las universidades y el Conicet se ven obligadas a firmar convenios con empresas criollas y extranjeras. 

 Esto nos remite al «ahorro» fiscal del que se jacta Martín Guzmán, que en los últimos tres meses viajó dos veces a Europa y una a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del FMI, el Club de París y los gobiernos imperialistas, para mostrar que el déficit es ahora una séptima parte que el del año pasado. ¿La receta? Los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones quedaron a mitad de camino de la inflación, mientras que el Presupuesto 2021 fue armado como si la pandemia no existiese. Alberto Fernández se preparó para la segunda ola, que en todo el hemisferio norte ya era peor que la primera, cerrando los ojos para no ver. Como titula su editorial Gabriel Solano, «con o si acuerdo, el ajuste fondomonetarista ya está en marcha». 

 Por eso mientras colapsan los sistemas sanitarios de provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba, y desde hace semanas que en el AMBA se sostiene la ocupación de terapia intensiva arriba del 75%, el gobierno descarta ampliar las camas para no tener que contratar más personal. De esta manera, Argentina está en el podio mundial en cantidad de enfermos graves por Covid-19 (compitiendo con países como India, que tiene una población 30 veces mayor), pero las únicas restricciones que se aplican son al tiempo de esparcimiento de los trabajadores, ya que la actividad patronal funciona sin limitación alguna. O, como en Rosario, son un pretexto para prohibir las manifestaciones en el marco de una avanzada represiva del gobierno de Omar Perotti. 

 El piquetazo de los trabajadores de la salud municipales de La Matanza, que el viernes cortaron la rotonda de San Justo por aumento salarial y reclamos por sus condiciones laborales, suma un nuevo hito a un gremio que vive un verdadero reguero de autoconvocatorias contra la superexplotación con salarios de pobreza. Claro, su mayor exponente, la heroica huelga de los elefantes neuquinos, mostró el camino para quebrar los techos paritarios; junto a los vitivinícolas de Mendoza, que también conmocionaron su provincia con su lucha, y el sindicato clasista del neumático, lograron los únicos tres acuerdos salariales que le ganan a la inflación. Sergio Palazzo de Bancarios, que se apuró a firmar la paritaria para allanar el tope de Guzmán, quedó en off side con el peor aumento -en un rubro que está haciendo un negoción con las tasas de interés que paga el gobierno. 

 El deterioro salarial y el crecimiento de la desocupación se combinan con la exposición de la salud de los trabajadores, y van haciendo subir la temperatura en el movimiento obrero a pesar de la llegada del invierno. El reclamo por la vacunación que suscitó paros y movilizaciones en distintos gremios es incuestionable, toda vez que tres de cada cuatro muertes laborales del 2020 fueron por Covid-19. Como sucede también con el hambre en las barriadas y la pelea por la inmunización de quienes atienden los comedores populares, se va tensionando el operativo de contención instaurado por las distintas alas de la burocracia sindical y las organizaciones sociales integradas al Estado. 

 Es un fenómeno central, porque a fin de cuentas es este recurso de contención el principal apoyo de Alberto Fernández, que aparece ante los ojos de la burguesía como una forma de aislarse del escenario que domina América Latina, con los procesos de irrupción popular en Colombia, Chile, Brasil, y otros antes. Esto explica en buena medida por qué el grueso del capital agrario dejó en banda el paro de la Mesa de Enlace contra el cierre temporal de exportaciones de carnes; pero sí lo usaron para presionar por la puesta en marcha del prometido plan de incentivos fiscales al sector… que goza de precios internacionales récord. Valoran la contención, y aprovechan el acorralamiento del gobierno por el capital financiero para arrancar concesiones. La «mesa de los argentinos», por supuesto, está después de la mesa del directorio del FMI en la prioridades del gobierno. 

 El contraste de la agenda oficial con la situación que viven las masas trabajadoras cobró relieve con las concentraciones y movilizaciones que se desarrollaron a lo largo y ancho del país el 3J, en el marco del sexto aniversario del primer Ni Una Menos. Es sintomático, porque el de la mujer es uno de los movimientos que el gobierno de proponía cooptar con la creación de «ministerios feministas», pero el flagelo de los femicidios sigue creciendo, mientras que las que sufren violencia carecen de asistencia, y el gremio más feminizado del país -las trabajadoras de casas particulares- cobra por debajo del salario mínimo, el cual a su vez se encuentra en niveles de indigencia. El ajuste asoma hasta en la subejecución del Programa Acompañar, en medio de un cuadro crítico. El reclamo por la aparición con vida de Tehuel volvió a poner sobre la mesa la desidia estatal con los padecimientos de las juventudes trans. 

 Es en este cuadro que el II congreso nacional del Plenario de Trabajadoras se convirtió en un canal para miles y miles, especialmente jóvenes, que participaron en sus asambleas previas, en sus comisiones y en su masivo plenario de cierre, haciendo de esta instancia un hito en la organización clasista de las mujeres trabajadoras y un aporte masivo a una estrategia socialista de independencia del movimiento de mujeres de los gobiernos y las iglesias. Que una de sus resoluciones sea la construcción de un sindicato de trabajadoras de casas particulares (tras la participación de un millar de ellas en el congreso), muestra la profundidad de los desafíos planteados y las perspectivas que se abren, de la mano de las peleas de las más explotadas y acalladas. 

 Indudablemente, es también una manifestación del potencial que tendría la convocatoria a un congreso abierto, democrático y de masas del Frente de Izquierda Unidad, como proponemos desde el Partido Obrero, como instrumento para interesar a los luchadores del movimiento obrero y la militancia popular, y acercarlos a una política revolucionaria que permita desenvolver las tendencias a la irrupción de las masas de América Latina, en una Argentina sumida en la crisis social y el saqueo imperialista. 

 Buen domingo. 

 Iván Hirsch

La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA reivindica a un dictador

En su aniversario 64° de fundación, la facultad reconoció a Aramburu como 'presidente provisional' 

 El día de ayer, lunes 24 de mayo, se cumplieron 64 años de la creación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires. Por las redes oficiales de la Facultad, las autoridades reivindicaron el rol del “entonces presidente provisional Pedro Eugenio Aramburu”, dictador argentino que asumió a través de un golpe de estado en 1955. 

 No es la primera vez que la Decana Arranz y la gestión de FFyB reconocen al genocida Aramburu. En el hall de la Facultad figura una placa de reconocimiento, donde nuevamente tampoco se cuestiona su llegada al poder. 

 Tampoco es la primera vez que la UBA “reconoce” al dictador y asesino Aramburu. En la página oficial del archivo gráfico de la UBA figura un reconocimiento: “Acto de celebración de la restitución de la autonomía a la UBA. De izquierda a derecha: Dr. Nerio Rojas (Decano Facultad de Medicina), Gral. Pedro Eugenio Aramburu (Presidente provisional de la Rep. Argentina), Dr. Alejandro Ceballos (Rector UBA), contraalmirante Isaac Rojas (vicepresidente provisional de la Nación), Dr. Carlos Adrogué (Ministro de Educación y Justicia). La denominada «Revolución Libertadora» restableció la autonomía universitaria que permitió el proceso de normalización y organización de los claustros universitarios”. 

 De hecho, la Universidad de Buenos Aires tiene larga data de reconocer a miembros de las distintas dictaduras que atravesaron nuestro país. En 2006 las autoridades de la UBA buscaron nombrar a Atilio Alterini, decano de la Facultad de Derecho en ese momento y exfuncionario de la dictadura de Galtieri en 1981 y 82, como rector de toda la universidad. Victoriosamente, el movimiento estudiantil logró frenar tal repulsión. 

 Por eso, lo de Aramburu en FFyB no es un caso aislado. Para colmo, las autoridades no solo publicaron esto en todas las redes sociales oficiales de la Facultad, sino que bloquearon los comentarios para que ningunx estudiante o docente pueda manifestar su desprecio. Sin embargo, estallaron los repudios por Twitter, Instagram y grupos de la Facultad, y a la gestión de FFyB no le quedó otra alternativa que borrar la publicación de las redes oficiales. 

 Las cosas por su nombre: Aramburu fue un dictador

 En 1955, un sector de las Fuerzas Armadas llevó adelante un golpe de Estado para derrocar al entonces presidente Perón. Dicho proceso fue bautizado como «Revolución Libertadora». Sin embargo, no tuvo nada de «revolución» ni de «libertadora». «La fusiladora», como sería luego llamada, abrió un proceso dictatorial en Argentina, donde las FF.AA. desataron todo su aparato para reprimir, torturar y asesinar trabajadores y estudiantes. 

 Pedro Aramburu tomó el cargo de presidente entre 1955 y 1958, completamente de facto. Llamarlo presidente previsional es un lavado de cara a un dictador asesino y ajustador. 

 Desde la agrupación estudiantil Antídoto (UJS + independientes), la presidencia del CEFyB, y la mayoría estudiantil en el Consejo Directivo repudiamos enérgicamente este reconocimiento. Un día donde se tendría que haber celebrado la creación de la Facultad, se terminó reivindicando a un dictador bajo el nombre de “presidente provisional” cuando en realidad fue un genocida. Llamar de esa manera al gobierno de facto de Aramburu es querer embellecer otro golpe de estado de la etapa más sangrienta y dolorosa que sufrió la Argentina. 

 Fede Pacha 

Victoria Oudin

Un Frankenstein político en Israel

Referentes opositores suscriben acuerdo de gobierno. 

 El acuerdo opositor para desplazar del poder a Benjamin Netanyahu. 

 El acuerdo de gobierno al que arribó la oposición israelí, con el propósito de destronar del poder a Benjamin Netanyahu, es una especie de Frankenstein político. Integrado por ocho partidos, abarca desde fuerzas que están a la derecha del actual primer ministro, hasta un partido árabe-israelí. Por eso, recuerda al personaje de Mary Shelley, que era un ensamble monstruoso de múltiples criaturas. Los líderes de esta coalición son el periodista Yair Lapid y el empresario Naftali Bennett. El primero recibió el encargo de formar gobierno luego de que Netanyahu fracasara en formar una mayoría parlamentaria propia, tras las elecciones de marzo, la cuarta en menos de dos años. Con el objetivo de poner fin a la hegemonía de “Bibi”, estos dos líderes políticos habrían llegado a un compromiso político el 10 de mayo, pero que quedó en suspenso a raíz de los bombardeos contra la Franja de Gaza. Con el alto al fuego, las negociaciones se reanudaron. 

 El acuerdo establece una rotación en el cargo de primer ministro entre estas dos figuras. Bennett, el primero que ocuparía esa posición, es un empresario del sector tecnológico y referente de la derecha religiosa. Partidario de la anexión de Cisjordania y contrario a un estado palestino (aun en sus formas más devaluadas), en 2013 fundó un partido pro-colonias (Yesha) y luego se transformó en el líder del partido Yamina. Fue ministro de defensa, educación y economía de Netanyahu, con quien estuvo negociando hasta último minuto una coalición de derecha que no prosperó.

 Lapid saltó a la política desde su posición de periodista crítico de la corrupción del gobierno de Netanyahu, hace ya muchos años. En 2013 hizo una resonante elección, pero se integró al gobierno del Likud como ministro, de donde fue eyectado un año más tarde. Define a su fuerza como de “centro, con una ligera inclinación hacia la derecha” (Middle East Eye, 31/5). Su “centrismo” consiste en que a lo largo de su carrera se ha pronunciado tanto a favor de la política de anexión de los colonos como de la solución de dos estados. 

 Para alcanzar la meta de 61 diputados, este dueto sumó un arco variopinto que incluye también al bloque Azul y Blanco de Benny Gantz (un exmilitar que comandó las fuerzas israelíes durante la operación “Margen protector”, de 2014); Nuestra Esperanza (desprendimiento del Likud); Israel, nuestra casa, de Avigdor Liebrman (acérrimo defensor de los colonos); el laborismo y el Meretz (centroizquierdistas); y el Raam, un partido árabe-israelí. La suma da 61 bancas justas. 

 En los próximos días, el parlamento israelí debería emitir un voto de confianza para consagrar el nuevo gobierno. Sin embargo, el titular de este cuerpo es un hombre del Likud, quien tiene pensado dilatar la convocatoria todo lo posible. ¿Por qué? Porque en el ínterin, Netanyahu intentará quebrar la coalición opositora. Esta es tan frágil que le bastaría a “Bibi” con dar vuelta a un solo diputado para que la investidura fracase. Con el propósito de contrarrestar esta maniobra, la oposición busca desplazar de la jefatura de la cámara al Likud para acelerar el trámite, pero no está claro que lo logre debido a disensiones internas. 

 Mientras tanto, bajo el objetivo de quebrar al Yamina, Netanyahu acusó a Bennett de traicionar a sus votantes y formar un gobierno de izquierda, lo que fue retrucado por el empresario diciendo que su gobierno estará aún más a la derecha que el Likud y que no vacilará en atacar a los palestinos. El reparto de ministerios, por lo pronto, parece otorgar los principales lugares a la derecha (defensa, finanzas). 

 Estamos ante dos escenarios posibles. Uno, que Netanyahu logre agrietar a la coalición opositora, en cuyo caso se reabriría la incertidumbre y la posibilidad de una quinta elección. Dos, que el acuerdo opositor se consolide. Pero en este caso, se alumbraría un gobierno extraordinariamente precario, surcado por todo tipo de contradicciones y de apetitos contrapuestos.

 Israel atraviesa una crisis política de fondo. Vale recordar aquí que el gobierno de unidad Netanyahu-Gantz, con el que se pretendió clausurar la larga crisis, solo duró unos pocos meses y desembocó en la elección de marzo. 

 Los partidos árabes-israelíes 

Sin dudas, la participación de un partido árabe-israelí en el nuevo gobierno es uno de los datos más destacados de la nueva coalición. No ocurría algo así desde 1992, cuando una formación árabe-israelí ayudó a encumbrar a Yitzhak Rabin. 

 Quien da ahora su apoyo a una figura como Bennett, partidario de la anexión total de Cisjordania, es el Raam, dirigido por Mansour Abbas. La lista Arabe Unida, en cambio, no se integró a la coalición, si bien se ha mostrado proclive a un acuerdo parlamentario para desplazar al titular de la cámara. 

 Abbas justifica su política -que incluyó negociaciones para formar gobierno con el propio Netanyahu- en nombre de conseguir cosas para los palestinos. Por caso, habría obtenido el compromiso de que se suspenda una ley que impone multas a las construcciones árabes ilegales. Pero al mismo tiempo, según los medios, a otro partido de la coalición, el derechista Nueva Esperanza, se le prometió evitar las construcciones palestinas en el área C de Cisjordania (Jerusalem Post, 3/6).

 Es absurdo pensar que se puedan obtener concesiones para la minoría árabe-israelí, que vive sojuzgada y padece un régimen de apartheid, por parte del sionismo, cuya naturaleza consiste precisamente en un avasallamiento constante del pueblo palestino, por medio del avance de la colonización. 

 Las masas árabes-israelíes y palestinas vienen actuando en sentido contrario a la orientación del Raam. Es la lección que deja la última crisis, con las movilizaciones masivas contra el desalojo de familias en Jerusalén Este y la histórica huelga general contra los bombardeos sobre la Franja de Gaza. 

 No hay salida posible para Palestina de la mano del sionismo y su inviable proyecto de colonización y limpieza étnica. Es necesario oponerle la lucha por el derecho al retorno y por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

Mundo Obrerx - Historia sin filtro ¿Qué fue el Rodrigazo? y la lección de las Coordinadoras

Con o sin acuerdo, el ajuste del FMI ya está en marcha // Editorial de Gabriel Solano

"Planteamos un Congreso del Frente de Izquierda Unidad" // Néstor Pitrola

Los que abren la "economía" y las escuelas postergan derechos

Sin grietas entre el oficialismo y el macrismo, el Senado refrendó la postergación de las elecciones nacionales. El argumento “sanitario” de esta sanción se encuentra desmentido por la política de apertura y presencialismo que ambos bloques promueven allí donde les toca gobernar. Las fábricas y el gran comercio permanecen abiertos, más allá de los cierres ‘intermitentes’ y de los contagios masivos en los lugares de trabajo. Detrás de este aperturismo, está la presión inocultable de las grandes patronales y de la Iglesia. En resumidas cuentas, los que cierran las urnas por razones epidemiológicas mantienen abierta la actividad económica a pesar de esas mismas razones. 

 Pero entonces, ¿por qué corren las elecciones? El único propósito es postergar la necesaria deliberación política que debería tener lugar acerca de la responsabilidad que les cabe a unos y otros -oficialistas y macristas- en el desastre sanitario y social que atraviesa la Argentina. Además de continuar con la política aperturista, esperan que el paso del tiempo -y la incierta llegada de vacunas- diluya la actual conmoción política y sanitaria que recorre al país. En función de estas especulaciones, kirchneristas y macristas han coincidido en manipular el cronograma electoral. 

 Esta manipulación se lleva adelante bajo la consigna de que la emergencia de la pandemia debe apartar a “la política”. Pero la cuestión de la pandemia es esencialmente política, es decir, involucra a la gestión política del Estado y a su orientación social, que pasa por el rescate del capital a costa de las masas. Tomemos un ejemplo: a sabiendas de que se venía la “segunda ola”, el presupuesto 2021 –votado por este mismo Congreso que maniobra con las elecciones- no contempló recursos para atender la emergencia sanitaria. 

 La política oficial no está dictada por las necesidades de la pandemia, sino por el FMI y los fondos internacionales.

 De cara a esta realidad, ¿no resulta un acto “esencial” el pronunciamiento de los trabajadores y la ciudadanía frente a la crisis social y sanitaria? 

 Al tiempo que denunciamos estas manipulaciones políticas, llamamos a deliberar y organizar una lucha por las reivindicaciones sociales y sanitarias urgentes de la hora. 

Marcelo Ramal

 04/06/2021

No confundir el reclamo de vacunas con la estafa política de quienes lo promueven

El pico de contagios y muertes en los lugares de trabajo han forzado a la burocracia de los sindicatos a abrir el pico para referirse a la salud. Durante catorce meses no encontró la oportunidad de hacerlo, amparada en el verso de los protocolos que se habrían establecido en los lugares de trabajo. La burocracia sindical, sin emplear el término, fue la primera en acomodarse a la “presencialidad segura”, para no incomodar a las patronales. Abrió una ruta que emprenderían más tarde una cepa variada de izquierdistas. En esta línea, los funcionarios sindicales miraron para otro lado, siempre que pudieron, cuando se obligaba a concurrir al trabajo al personal de riesgo o a omitirse cuando era despedido. En el caso de la Sanidad, nunca atendieron a la necesidad de una reducción de las horas de trabajo del personal de salud y de la incorporación y entrenamiento de personal adicional – ni hablemos de lo que se ha hecho con los sueldos. 

 La burocracia no atendió nunca tampoco a la cuestión de las vacunas, ni siquiera de parte de aquellos que, como los Moyano, ocupan altos cargos en la Internacional del Transporte. Ni se interesó por los contratos de provisión de vacunas que firmaba el gobierno, como el caso de AstraZeneca, un triángulo que prometía inocular a toda América Latina bajo la batuta del billonario mexicano Carlos Slim – dueño, de paso, de Claro, que enseguida entró en litigio con el gobierno cuando se congelaron tarifas de la telecomunicación. 

 Ahora, en marítimos, petroleros y otros sindicatos, la burocracia reclama un plan de vacunación para su rama de actividad. La ‘lucha’ por la vacunación se libra en forma dispersa y autoreferencial, en función de un interés particular. De repente, la burocracia declara “esencial” lo que durante año y medio impuso que fuera “no esencial”. Pero no lo hace para suspender la actividad, al menos hasta que refluya la “segunda ola”, sino para todo lo contrario, para que los trabajadores le sigan poniendo el cuerpo al virus. La consigna “vacunas para mí” opera como taparrabos para seguir dándole manija a la presencialidad laboral, y para enfrentar a los trabajadores entre los más o menos “esenciales”. Seguramente, el ‘petrolero’ Guillermo Pereyra, considera a los obreros de los yacimientos más imprescindibles que aquellos que fabrican bio combustibles a partir de la caña, lo que sería una réplica del enfrentamiento entre esas dos patronales acerca del corte de la nafta con etanol. 

 El gobierno ha aprovechado bien la política de “descuido” de la salud por parte de la burocracia. Con la premisa falsa de que "en los lugares de trabajo no hay contagios porque allí se opera con protocolos" (ni los hay en la escuela o el transporte, o sea que el virus sería imaginario), el Gobierno exceptuó del último confinamiento a la industria textil de alta costura hasta las fábricas de caramelos, pasando por las estaciones de peajes, es decir a ‘tutti quanti’ que labure para un patrón (que supervisa por vía digital, ni hablar de los accionistas, que se han recluido en sus mansiones). Esto explica, de nuevo, porqué aún en el peor momento de la pandemia, se impuso el retorno al trabajo de los trabajadores de riesgo, con solo una dosis de la vacuna. 

 El reclamo de los sindicatos de la CGT para que sus afiliados sean priorizados en los planes de vacunación, apunta a seguir manteniendo las fábricas abiertas, por lo pronto hasta que lleguen esas vacunas; que haya cantidad suficiente para un porcentaje elevado; y se implemente y concluya el plan de vacunación. Hasta entonces, contagiarse y morir, para que la acumulación de capital no se detenga. La vacunación, según los científicos, no protege de inmediato – requiere dos dosis. Pero incluso en este caso es necesario verificar en la práctica que la inmunidad sanitaria de la población ha progresado. Sólo llegado a este punto se puede empezar a discutir la apertura condicionada de la economía. En una palabra, la demagogia vacunatoria de la burocracia es una cortina de humo para mantener desprotegida a la clase obrera. Chile ha vacunado al 50% de la población, con la famosa Pfizer, y se encuentra en una ‘tercera ola’ de contagios y muertes. Invocar las vacunas para mantener todo abierto es una canallada. Las vacunas son la salida sanitaria última de esta pesadilla del Covid. La salida social sólo puede ser revolucionaria, porque el capitalismo está condenado a producir peores pestes, mientras destruye la salud pública a favor de la privada. 

 La sanata no termina sin embargo aquí. El reclamo de la vacunación requiere lucha, no verso. ¿Dónde está el plan de lucha por las vacunas? Si la CGT quisiera en realidad vacunas, habría llamado a paros escalonados – no para este u otro sindicatos, sino para toda la clase obrera, ni tampoco solo para la clase obrera, sino para todo el pueblo que vive de su trabajo. ¡Pero de eso no habla, como tampoco lo hacen otros imitadores en la izquierda, que también reclaman vacunas, mientras los trabajadores se siguen exponiendo al contagio y la muerte! El que reclama algo, tiene que establecer los métodos para alcanzarlo. El plan oficial de vacunación se extiende a 2022, si queremos vacunas ahora e necesaria una rebelión popular por esas vacunas. 

 El tema de las vacunas es parte, por otro lado, de una política de imposiciones de las potencias imperialistas, y de una lucha entre las grandes potencias, por el otro, para monopolizar el mercado mundial y establecer un mayor control político internacional. El gobierno de los Fernández oculta las presiones y enjuagues en las tratativas por las vacunas, incluida la que ejerce, quién lo duda, el FMI, en plena controversia con Argentina. Lo ocurrido con el contrato con AstraZeneca es contundente: el gobierno Biden bloqueó el abastecimiento de insumos para producir en México la materia prima que entregó Argentina. Luego secuestró en Estados Unidos el stock que fue enviado allí para su elaboración final. La competencia entre las yanquis Pfizer, Moderna y Jansen, y la británica AstraZeneca es conocida en todo el mundo. Si la burocracia quisiera en serio las vacunas habría dispuesto un plan de lucha nacional e internacional – que es precisamente lo que hay que hacer. Pero la burocracia huye espantada de esta perspectiva, por eso propone autorizar a las patronales a comprar las vacunas en las casas matrices en el exterior para vacunar a “sus” obreros en Argentina. Es lo que ha planteado el burócrata Guillermo Pereryra, del Petróleo. Esto no implica solamente entregar a los pulpos el control político de Argentina – es también una torpeza, porque ningún vacunado está seguro cuando la mayoría no ha sido vacunada, porque es blanco de antiguas y nuevas cepas. Charlatanería ‘sindical’. La clase obrera no puede caer en particularismos corporativos, porque en tal caso deja de perder su principal fuerza, diríamos la única real y consistente, que es convertirse en representante universal de los explotadores y oprimidos. La Legislatura porteña acaba de votar la autorización para que Larreta compre vacunas con el Tesoro de la Ciudad, sin que hubiera ningún voto en contra, y cuatro abstenciones. La burocracia sindical le dice a los trabajadores, y no sólo se lo dice ella, que la defensa del salario pasa por ir a laburar en pandemia. Para proteger el salario y el empleo, no queda otra que ir a contagiarse a las fábricas, sean o no esenciales, esperando las vacunas o la carroza. Los salarios reales, entretanto, han caído en picada – cortesía de la burocracia sindical. 

 El desenlace del paro de los once sindicatos marítimos y fluviales para reclamar vacunas deja algunas lecciones. La muerte de cuatro trabajadores de la pesca en una semana, la virulenta expansión de contagios en los barcos, la violación de los protocolos, habían desatado una enorme presión de los obreros sobre los sindicatos. Los once sindicatos marítimos-fluviales llamaron unitariamente a la huelga, en reclamo de ser inscriptos como prioritarios en la vacunación. Bastó eso para que el Ministerio los inscribiera en el listado oficial. La burocracia levantó raudamente la huelga, para que los trabajadores vuelvan a los barcos y a los contagios. El ministerio se sacó de encima una huelga poderosa por medio de un gambito kirchnerista. En resumen, no hay que esperar a la vacuna; hay que luchar por ella; debe ser para todo el mundo del trabajo; es necesario un plan de luchas; mientras tanto se debe suspender la presencialidad laboral en tareas que nos son esenciales. Desmantelamos el montaje falaz de la burocracia, pero no nos dirigimos a ella sino a tantos otros que piensan, hablan y actúan como ella. 

 Como militantes obreros y socialistas que somos, no convertimos nuestros planteos en recetas, ni mucho menos en ultimátums. Repudiamos las recetas políticas y los ultmátums políticos. La clase obrera internacional enfrenta una lucha difícil – tenemos una lúcida conciencia de ello. Pero a la clase obrera hay que decirle las cosas como son. Porque todo el problema reside en eso, en que vea las cosas como son, y saque de ello conclusiones colectivas. Lo que denunciamos en este artículo es la estafa política. 

 Pablo Busch 

 04/06/2021

Detrás de la cortina del novelón Pfizer

El novelón entre Pfizer y el gobierno de los Fernández está a punto de concluir, como es costumbre por estos pagos. De acuerdo a las últimas informaciones, el Congreso modificará la ley que aprobara casi por unanimidad el año pasado, para que el estado nacional se haga cargo de las consecuencias penales por las “negligencias” que pudiera cometer el pulpo en cuestión – la mayor de las grandes farmacéuticas internacionales. Los inimputables que se sientan en el Congreso, ahora responsabilizan a la diputada Moreau por haber introducido esa cláusula en la ley, olvidando que nadie puede justificar un acto punible, en este caso de carácter político, alegando la propia torpeza. Enseguida la emprenden contra Alberto Fernández por no haber vetado la ley en forma parcial, un reclamo indigno de parte de quienes la votaron. La llamada vacuna de Pfizer fue elaborada en realidad por la alemana BionTech, propiedad de un matrimonio de científicos turcos. La novedad de la vacuna, que introduce el código genético de una proteína viral que activa el sistema inmunológico al ser reconocido por las células, habilita en el futuro la producción de vacunas contra el cáncer y otras enfermedades de tratamiento difícil. 

 La indemnidad que reclama Pfizer no se completa con la modificación de la ley votada por fernandecinos y macristas. El pulpo exigió además una garantía inembargable a cargo del estado – reservas internacionales depositadas en el extranjero o bienes equivalentes. La certidumbre de este planteo la ha ofrecido nada menos que Jair Messias Bolsonaro, quien rechazó el reclamo de Pfizer con su típico lenguaje de desclasado. El brasileño no se desdijo de esto cuando pegó el volantazo y firmó el acuerdo con la norteamericana. Cuando los imbéciles de la llamada oposición alegan, en su favor, que toda América Latina arregló con Pfizer, salvo Argentina, no desmienten por eso que la farmacéutica haya impuesto sus condiciones leoninas a gobiernos menos o más serviles que el nuestro. Es cierto, desde un punto de vista capitalista, que los monopolios se ponen más pesados con aquellos países que bordean el default – en el caso argentino el impago al Club de París, los de la provincia de Buenos Aires y otras, o eventualmente con el FMI. El novelón se cerrará con una ley Pfizer, precisamente, por la dependencia de Argentina del FMI. La vacuna en cuestión es la más cara de las que se encuentran en circulación, y podría encarecerse más si se verifica su mayor eficacia respecto a la competencia. Pfizer informó ganancias anuales por u$s35 mil millones. La extorsión económica y política de las farmacéuticas en general y de Pfizer en particular fue puesta en evidencia por el denunciador menos esperado – ´Juan Domingo´ Biden. De otro modo no se explica que hubiera reclamado la suspensión de la propiedad intelectual de las vacunas. El planteo fue rechazado por las farmacéuticas sin excepción, incluida la dirección del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La intención de Biden no era por cierto regalar nada, sino negociar el producto básico con las productoras de vacunas de diferentes países para que elijan elaborar el principio básico de Estados Unidos. Rusia y especialmente China se han adelantado en este propósito, como ocurre en Brasil, donde el Instituto Butantan produce la Coronavac. Aunque el derecho de propiedad que se ha registrado como patente es un monopolio privado, la verdad de la milanesa es que tanto desde el punto de vista científico como económico es propiedad pública. Por un lado, porque todas las investigaciones virológicas a futuro son realizadas por el Estado, ya que el capital privado no las juzga rentables. Por el otro, porque la producción del principio básico por los laboratorios ha sido financiada por medio de subsidios y de compras anticipadas. El ciento por ciento de los países ya han pagado por vacunas que aun no han recibido. Trump financió a Moderna con u$s2 mil millones y con compras anticipadas, al igual que lo hizo con Pfizer. 

 El caso de AstraZeneca, la otra parte del novelón nacional, ha dejado al desnudo una vasta operación económica criminal. El artífice de la propuesta de unir a mAbxcience, del argentino Hugo Sigman, y el laboratorio mexicano Liomont, ha desaparecido de la escena. Es el billonario Carlos Slim, que dijo que aseguraba el financiamiento de la operación que abastecería de vacunas a toda América Latina que hoy Alberto Fernández dice haber pagado con dinero del Tesoro argentino. Pero la materia prima enviada a México fue secuestrada por Estados Unidos, que bloqueó la exportación de los numerosos insumos que requiere la producción final de la vacuna. Este bloqueo confirma que la suspensión de la propiedad intelectual propuesta por Biden no podía tener ningún efecto práctico si no era a través de producciones en el exterior controladas por sus compañías. Ante la imposibilidad de completar la producción en México, Liomont envió centenares de miles de dosis de AstraZeneca a Estados Unidos, donde no tuvo el visto bueno de la autoridad de control hasta hace una semana. El motivo de tamaño atropello, con una vacuna autorizada en Gran Bretaña, se explica por los intereses de Pfizer y Moderna.

 La compra adelantada de vacunas a estados soberanos ha provocado algunos ´sinsabores´. Fue cuando Italia, primero, y la Unión Europea, más tarde, lanzaron una amenaza judicial contra AstraZeneca por incumplimiento de contrato – las vacunas no llegaban, acaparadas en el Reino Unido. Es lo que ocurre con la misma Pfizer en América Latina, donde ha enviado vacunas en dosis homeopáticas a Chile, mientras los sinvergüenzas de nuestro lado de los Andes la ponen como ejemplo. De acuerdo a lo que ha venido ocurriendo, Argentina no podría demandar a Pfizer en un caso similar. Para un país sometido a la amenaza de default, semejante inhibición de derechos equivale a admitir un bloqueo sanitario. 

 Los gobiernos que, por supuesto, “supimos conseguir”, lejos de llevar una corona de glorias, como alega el himno, se han adaptado a todas estas extorsiones, al precio del mayor nivel de contagios y muertes en el mundo -Argentina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay- sin hablar de Venezuela o Nicaragua. La dependencia y la sumisión no compró vacunas, no compró insumos para producirlas, como la ´libertad económica´ no mejoró el empleo, los salarios, las jubilaciones – todo lo contrario. 

 Un gobierno de trabajadores hubiera seguido otro camino. Hubiera impulsado, con su autoridad política, una movilización internacional por la nacionalización y el control obrero de todo el Big Pharma. Hubiera convocado a los países afectados a unir los recursos científicos para producir una vacuna propia – Butantan, Malbrán, Cuba. Hubiera desarrollado una fuerte política de distanciamiento social, que en muchos países capitalistas fue suficiente para cortar la circulación del virus, acompañada de testeos y seguimientos de contagios. La condición para esto es una planificación y racionamiento de recursos, bajo la dirección de los trabajadores. Se trata poner fin al despilfarro de la anarquía de mercado y concentrar los recursos industriales en la producción de las prioridades para la salud y la vida. 

 Las leyes ´correctivas´ que se aprestan a votar los partidos de la unión nacional con el FMI, no resolverá la cuestión de las vacunas, porque hay un mercado demandado y una oferta que especula con las carencias y que se disputa un mercado mundial gigantesco por un período indeterminado. Las leyes de este régimen político sólo pueden empeorar la situación actual. Es necesaria una acción histórica independiente de las masas. 

 Jorge Altamira 

 03/06/2021

La democracia burguesa

La cuarta transformación contra la aritmética del engaño

 Las condiciones concretas de la democracia burguesa (realmente existente en México) no las elegimos nosotros, no se nos consultó por el modelo, la temporalidad ni la dinámica objetiva con que esa democracia burguesa debería desarrollarse en las mínimas condiciones de pulcritud que la cordura social exigiría. Por esa razón ni se la respeta ni se la referencia como un logro colectivo, principalmente porque no es producto de una vida democrática interna capaz de parir instituciones con expresiones de voluntad colectiva sana, realmente participativa, o como espacio político con dinámica realmente honesta y sentido de las necesidades sociales, en la tarea de esculpir la historia, de dirigir las instituciones, de mandar obedeciendo y de cumplir, en tiempo y forma, los objetivos para los cuales debería funcionar la democracia y deberían operan los mandatarios. “No es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno, como el caballo: es revolución, pero es democrática. Es un freno conservador. El otro concepto es liberador, es como un disparo, como un caballo sin freno: democracia revolucionaria, democracia para la revolución. La democracia revolucionaria debe ser necesariamente una democracia fuerte, una democracia poderosa; debe llenarse cada día de mayor fuerza, poder; no puede ser una democracia debilucha, lánguida, insulsa, ingenua…” Hugo Chávez. 

 Cada voto es un hecho histórico. Es la identidad cívica de las personas, su información o desinformación. Sus anhelos, temores o su ignorancia política. En el voto se plasma la Historia individual y colectiva. Los votos no deben ser festín de mapaches ni chantaje de anulaciones. Y es que la democracia burguesa es una emboscada contra la voluntad de los pueblos y contra la capacidad de decisión organizada que es lo único que, realmente, puede construir un programa de transformación integral para una sociedad que respete a la diversidad y a la multiplicidad de las voluntades en la tensión de la lucha de clases y en la resolución del conflicto capital-trabajo. En estas condiciones la democracia burguesa, con su carácter de emboscada, va quedando al desnudo y va mostrando su ningún interés por respetar la voluntad democrática de los pueblos. Para demostrar cómo la tensión interna de las clases, se perfila en la definición de formas diferentes del poder colectivo por encima del poder individualista y por tanto del poder económico. 

 Es patético que la autoridad electoral no sea elegida por su propio pueblo, desde las bases. Que no tenga el pueblo un proceso de escrutinio permanente y que no tenga un modelo de revocación en todos los mandatos cuando ocurren episodios de traición, de defraudación o de engaño a las bases que, objetivamente, deberían ser las electoras supremas del poder electoral. Y no es mucho pedir que, además, el poder electoral sea ratificado permanentemente en virtud de la dinámica misma de los procesos, en los muy diversos niveles, que deberían incluir también a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que, por cierto, en todas sus escalas no tienen por qué prescindir de la voluntad democrática de los electores y mucho menos su escrutinio minucioso sobre el comportamiento en cada una de las esferas del aparato burocrático o de cualquier organización en sus expresiones más diversas. En eso queda claro que, la democracia en las concepciones burguesas, no representa en casi ninguno de sus aspectos la dinámica y la problemática de una sociedad en la que desde la industria, la academia, las ciencias, las artes, las tecnologías… en suma en todas las áreas de su desarrollo cotidiano en todos los campos de las fuerzas productivas; exige fortaleza democrática, exige procesos electorales permanentes, transparentes y austeros para constituir realmente una identidad democrática de nuevo género hasta hoy, desconocida absolutamente en México y en buena parte del planeta. 

 Pero lo “ideal” por si solo no resuelve lo concreto. Lo deseable no resuelve lo realizable (Sánchez Vázquez). En materia de “democracia” pisamos, históricamente, un territorio ajeno… si no es que enemigo. Nos obligan a “participar” con sus leyes, sus autoridades, sus matemáticas y sus resultados. Hacemos lo que podemos en condiciones totalmente asimétricas, con procesos electorales insuficientemente informados, candidatos insuficientemente validados y formados, sepultados con promesas impúdicas e impunes, con marabuntas de propagandas insufribles y modos infernales pagados con dinero del pueblo. Una obscenidad monstruosa. 

 En esas condiciones nos toca “participar” de la democracia burguesa. Y en eso no hay justicia. En tanto no se logre derrotar una modelo económico, armado hasta los dientes para usurpar el salario de la clase trabajadora, un sistema de dominación intelectual que ha monopolizado armas de guerra ideológica, que descarga su virulencia inhumana contra los pueblos originarios, los campesinos, los obreros y en general la clase trabajadora, con impuestos, corrupción, desamparo, insuficiencia de viviendas, escuelas, medicamentos… insuficiencia de dignidad en todos los rincones de la vida colectiva; mientras esas condiciones de desigualdad imperen, no hay posibilidad alguna para una democracia verdaderamente sana. Hacemos lo que podemos. Con errores, con contradicciones, con todo género de limitaciones para poder expresar el hartazgo y la indignación de aquellos que todavía anhelas una vida digna. Es decir, una mayoría inmensa. Es fácil perderse en el bosque de palabrerío leguleyo, en las miles de trampas y engañifas de los partidos políticos mercantiles y traidores. No es fácil saber qué se vota, cuando los votos no son respetados y ni contabilizados bajo la mirada honesta de una democracia confiable. Es fácil sentirse defraudado, y muy fácil sentirse traicionado, en un clima de política electoral que, siendo sólo una parte de la democracia, parece eclipsar todo con suciedad burocrática, desparramada por todas partes.

 Hacemos lo que podemos para transformar una realidad compleja y algo de lo que sí podemos, aún yendo lenta y minuto a minuto, la Revolución de las Conciencias. Pero hay que hacer mucho más. Organizarse, intervenir, cambiarlo todo desde la filosofía de la democracia hasta las metodologías para garantizarla. Desde la explicación detallada y consensuada, hasta la transparencia del financiamiento integral de todas sus tareas e instituciones. No tolerar excusas ni concesiones, está en juego la vida colectiva igualitaria y está en juego el porvenir que no acepta más las marrullerías históricas de los gendarmes represores del poder democrático de las sociedades. En eso, es imperativo empeñarse apasionadamente, no porque sea suficiente, no porque sea milagroso sino porque es “deseable, posible y realizable”. 

 Dr. Fernando Buen Abad Domínguez. Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride, Universidad Nacional de Lanús. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de la Internacional Progresista. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Con o sin acuerdo, el ajuste del FMI ya está en marcha

La respuesta que recibió en su gira europea Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán de los jefes de Estado de varios países del viejo continente fue unánime e inequívoca: para poder renegociar los pagos con el Club de París y evitar que Argentina entre en default es necesario que primero se arribe a algún tipo de acuerdo con el FMI. Lo mismo le repitió a Alberto Fernández la alemana Angela Merkel, en una conversación telefónica realizada en los últimos días. Alemania es el principal acreedor de Argentina dentro del Club de París. Japón, el segundo acreedor en importancia, directamente rechazó postergar el cobro de sus deudas, alegando que China, su principal competidor en el Pacífico, recibe otro tratamiento por parte del gobierno argentino. Como puede verse, la cuestión no se reduce exclusiva ni principalmente al pago como tal, sino al alineamiento de Argentina en la política internacional. Los Estados imperialistas no realizan concesiones gratuitas o graciosas.

 Para el gobierno argentino, la respuesta recibida implica un revés, porque contraría sus planes de arribar a un acuerdo con el FMI luego de las elecciones de setiembre-noviembre y no antes. Fue lo que en persona le fue a implorar Alberto Fernández a la titular del FMI Kristalina Georgieva, pero ahora sabemos que sin suerte. Es más, las recientes reuniones entre los funcionarios del gobierno y los técnicos fondomonetaristas fueron caratuladas por el FMI solo como “conversaciones”, dejando expresamente claro que una apertura formal de las negociaciones debe hacerse sobre la base de la aplicación del conocido artículo IV, que supone una revisión integral de la política económica y el cumplimiento de metas específicas. 

 Ajuste nacional y popular 

Para despejar cualquier duda, en la gira europea el gobierno le rindió cuentas a los acreedores, mostrando que ya está aplicando un ajuste de características brutales. Es lo que surge nítidamente de un análisis de la situación fiscal de 2021. Si el Presupuesto de este año ya preveía un ajuste, borrando toda reminiscencia de partidas para atender la pandemia, la aplicación real de ese presupuesto es todavía más beneficiosa para los acreedores. Debe tenerse en cuenta que el Presupuesto de este año, a pesar de que incorporaba una inflación del 29%, preveía que los gastos nominales serían un 14% inferiores a los del 2020. Sin embargo, esta reducción fue superada en la práctica con creces, como lo prueba el hecho de que en el primer cuatrimestre el déficit insumido representa solo el 12% del total previsto para el año.

 La razón de semejante ajuste fiscal, que supera por lejos las previsiones ortodoxas más exigentes, se explica por el hecho de que los gastos aumentaron muy por debajo de los ingresos del Estado. Por el lado de los gastos, el incremento fue del 33%; en cambio, por el lado de los ingresos, el aumento fue de un 65%. Este crecimiento de los ingresos tiene básicamente dos componentes: 1) la inflación, que hace aumentar la recaudación de impuestos sobre los precios finales; 2) los impuestos sobre las exportaciones, que reflejan el aumento de los precios internacionales de los alimentos, algo que finalmente también repercute sobre los precios internos. 

 Pero mientras esto ocurre por el lado de los ingresos, en cambio, los gastos del Estado suben muy por debajo. Dentro de estos gastos se destacan los salarios de los trabajadores del propio Estado, cuya paritaria del 35% en cuotas está muy por debajo de la inflación real prevista para el año y las jubilaciones que también han quedado debajo del aumento de los precios. A esto debe agregarse que los gastos referidos a la pandemia, como ser el IFE o los bonos para los trabajadores de la salud, o fueron eliminados por completo o restituidos de un modo devaluado -el bono a los trabajadores de salud el año pasado ascendió a 20.000 pesos; este año, inflación mediante superior al 40%, ese bono se redujo a 19.500 pesos. 

 Lucha de buitres

 Sectores de derecha celebran este ajuste pero advierten que para que sea sustentable en el tiempo es necesario que la desvalorización de los gastos vaya acompañada de “reformas estructurales”. Con ese eufemismo se refieren a la necesidad de eliminar los subsidios a los servicios públicos, empezando por la energía, reducir el plantel de empleados públicos y avanzar en una reforma previsional que reduzca aún más las jubilaciones, partiendo de afectar a los trabajadores que no reúnen la cantidad de años de aportes necesarios. 

 En ese sentido, el gobierno acaba de aplicar una “reforma estructural” importante reclamada por el FMI. La modificación del sistema de financiamiento del Estado, reemplazando progresivamente las leliq por títulos de deuda del Tesoro, era una demanda realizada por los técnicos del Fondo. Detrás de la medida hay un claro sentido ajustador: las leliq eran una forma de financiamiento del Estado y del gobierno por parte del Banco Central, valiéndose de su capacidad de emisión. Al ser reemplazado por títulos del Tesoro, ahora ese financiamiento adquiere la forma de un incremento directo de la deuda pública, para cuyo pago el gobierno deberá recurrir a las ya conocidas medidas de reducción del gasto social o lograr financiamiento en el mercado local o internacional. Los bancos no han visto la decisión con simpatía, pues las leliq eran un negocio redondo, que les permitían embolsar intereses cuantiosos sin riesgo, ya que el acreedor tenía el respaldo de ser el órgano emisor de billetes. Pero para colocadores de deuda y bancos de inversión se abre un negocio más que interesante, que promete nuevas comisiones. Los que se verán sí amenazados serán los ahorristas, cuyos depósitos pasarán a depender de títulos de deuda emitidos por un Estado insolvente. Esto porque parte del efectivo mínimo para garantizar esos depósitos, llamado encaje, no estará en dinero contante y sonante sino en bonos -o sea, papeles sujetos a la desvalorización del mercado financiero. El peligro de un nuevo plan Bonex, o sea una confiscación de los depósitos, ha crecido notablemente.

 A la luz de este ajuste brutal, el gobierno tiene razón en sentir que recibe un trato injusto por parte de los acreedores al no admitir una postergación de los pagos y obligarlo a beber la cicuta del FMI en las vísperas de la campaña electoral, o peor aún, en el transcurso de ella; aunque esto tuviera que ser inscripto en una “carta de intención”, mecanismo histórico del FMI antes del acuerdo a sus ajustes leoninos. Incluso el gobierno puede esgrimir a su favor que ese ajuste lo está llevando adelante sin producir rebeliones populares, como la que sacude Colombia en estos días y la que está empezando a dar sus primeros pasos en Brasil, o la que vemos mantenerse firmemente en Chile y que ha llevado a la dura derrota del derechista Sebastián Piñera. Hasta Jaime Durán Barba acaba de confesar que si este ajuste lo hubiese hecho Macri, su gobierno habría durado un suspiro. Sin embargo, el gobierno comprueba a cada paso que lo que reclama el gran capital no es solo un ajuste sino un alineamiento internacional más claro con las potencias imperialistas. Todo el barullo armado en torno de las vacunas de Pfizer y más aún la campaña internacional por haber votado una resolución en la ONU para investigar si Israel y Hamas cometieron violaciones a los derechos humanos así lo demuestra. La resolución, que replica la nefasta teoría de los dos demonios para Medio Oriente, ha sido muy mal recibida porque para el imperialismo el único demonio es el pueblo palestino. 

 Argentina y América Latina

 El gobierno explorará hasta el final la posibilidad de que el FMI, es decir Estados Unidos y las principales potencias, se avengan a un compromiso precario para patear los vencimientos de deuda y postergar un nuevo acuerdo. De ese logro depende entre otras cosas la suerte del ministro Guzmán. El principal capital del gobierno es vender cara su capacidad de contención de las masas, que de todos modos ya está siendo puesta es cuestión por distintas luchas de importancia que recorren el país, incluso ahora con paros por las paritarias o su reapertura en grandes gremios del movimiento obrero como Alimentación, Refinerías Petroleras, bancarios o los nuevos movimientos de base contra la paritaria estatal. Por delante tendrá que enfrentar el hecho de que la inflación ya ha dejado viejas a las paritarias firmadas a principios de año, planteándose en varios sindicatos el reclamo de nuevos aumentos. 

 Si el gobierno no lograse un acuerdo inmediato con el FMI se vería ante la disyuntiva de ir a un default o improvisar un pacto en los términos que suele exigir el Fondo. Pero si lo lograse, eso no es suficiente para librarlo del alcance de la crisis social que recorre el país, que tiene como expresión más lacerante el salto en las cifras de pobreza e indigencia. Es justamente esa crisis social el combustible que alimenta las grandes movilizaciones de masas en América Latina y también los desplazamientos políticos de fondo que estamos viendo en los países de la región. El triunfo de las listas de sectores independientes identificados con la rebelión popular en Chile en las elecciones para la Asamblea Constituyente, y a su modo la elección que disputa Castillo en Perú, son todas expresiones de un impacto de esta crisis social y política en la subjetividad de los pueblos.

 La ilusión de que Argentina está blindada contra esas tendencias de fondo es mera ilusión. La palabra final, en cualquier caso, aún no ha sido dicha. Lo que es sí es seguro es que las posibilidades que tiene la izquierda son extraordinarias. Nuestra propuesta de que el Frente de Izquierda-Unidad convoque un congreso de masas, abierto a toda la militancia obrera y popular que lucha en la Argentina sobre la base de un programa y una estrategia definida, apunta a desarrollar estas tendencias de fondo. Es por eso que reiteramos nuestra propuesta y llamamos a abrir un debate para ver la mejor forma de concretarlo. 

 Gabriel Solano

Reinaldo Ortega, fotógrafo de las luchas (y de la luna llena)

Las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza por la muerte del fotógrafo Reinaldo Ortega. Un luchador, un artista, un documentalista de las realidades más duras, y de las también duras peleas de lxs trabajadorxs para revertirlas. También esos mensajes reflejan un profundo cariño a quien fue durante largos años un compañero amante de la vida, la risa, la camaradería en las buenas y en las malas, y la solidaridad como actitud constante. Siempre con una cámara en la mano. 

 Nacido en Tarija, Bolivia, donde de niño supo admirar la lucha minera contra la explotación y por una perspectiva socialista, Reinaldo emigró a Buenos Aires en plena dictadura militar. Con el inicio del proceso de reinstauración democrática, viviendo en una pensión en el barrio de Once, adhirió al Partido Obrero, que llevaba como candidato a presidente al “Goyo” Flores, líder del Cordobazo y de una clase obrera de la que Reinaldo siempre se sintió parte. Ya desde ese entonces, en el año 1983, Reinaldo, con sus escasos ahorros obtenidos en changas y su incipiente oficio de mecánico, comenzó una actividad que nunca abandonaría: la fotografía. Y su principal motivación fue desde ese inicio el registro de las luchas, de las movilizaciones, de las situaciones en las cuales las personas no solamente sufrían, sino que peleaban por cambiar las cosas. 

 Con los años Rei fue organizándose en sus tareas laborales (en las últimas décadas fue mecánico de camiones, una exigente especialidad), para hacerle cada vez más lugar a su pasión como fotógrafo. Así pudo garantizar una constante cobertura de las actividades del Frente de Artistas del Borda; de las crecientes luchas de los pueblos originarios (de los que él era orgulloso integrante), y particularmente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, orientadas por sus queridas Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen. No había jueves que Reinaldo no estuviera en la Plaza de Mayo, registrando cada lucha que se expresara en la Ronda, con Norita y Mirta como amorosas convocantes. 

 En 2017 integró, como parte del colectivo audiovisual El Cine por Asalto, el equipo de producción y realización del film documental “Una historia de Madres”, sobre los cuarenta años de lucha de las madres de detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, con eje en aquellas que nunca transaron con el poder de turno ni se abrazaron con un genocida como César Milani. 

 Las luchas por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, las movilizaciones criminalmente reprimidas en defensa de las jubilaciones, así como la situación de los pueblos originarios en el Noreste argentino, tuvieron a Reinaldo Ortega como testigo y denunciante, ganando un prestigio que no lo dan los títulos universitarios sino el compromiso y la calidad humana, y la valentía de poner el cuerpo en las situaciones difíciles. 

 Siempre consecuente, Reinaldo puso el cuerpo para cubrir las luchas en la pandemia. En Guernica, donde registró la situación de la toma y también la actividad solidaria del Partido Obrero Tendencia (y su Polo Obrero), organización a la que adhería. En las luchas contra la megaminería. En los recordatorios mensuales del asesinato de Rafael Nahuel por parte de las huestes de Patricia Bullrich… Y ocurrió que hace un mes nos enteramos de que se había contagiado de covid. Nuestro Reinaldo. 

 Su muerte sorprendió dolorosamente a miles que lo conocíamos y que por eso lo queríamos, Quizás estamos acostumbrados a pensar que las personas sanas y fuertes no mueren, que las personas que ríen y aman la vida, y que son tan queridas como nadie más que Reinaldo puede serlo… están tan lejos de la muerte que ésta nunca podría alcanzarlas. Pero no. 

 Entre tantas luchas, Reinaldo se hacía tiempo para mirar al cielo y dedicar su mirada a la Luna. Más precisamente a la luna llena. La fotografiaba casi obsesivamente, en sus distintos estados, con sus detalles esquivos, sus cráteres, sus colores y sus sombras. Era la mirada de quien no se conforma con retratar las tragedias del capitalismo. La mirada de quien sabe que hay que mirar más allá. 

 Hasta la victoria siempre amigo Reinaldo, compañero de todas las luchas. 

 Esta vez la luna va a salir por vos. 

 Reinaldo Ernesto Thuta

 02/06/2021

Nuevo pico de Covid-19 en las villas y barrios de CABA

La política criminal que comparten el gobierno nacional y el de la Capital Federal. 

 En medio del descalabro sanitario que afecta al conjunto del país, se identificó un marcado aumento de casos en las barriadas de la Capital Federal, donde se agravan las dificultades en el acceso a una vivienda digna, al agua y elementos de higiene, y el cumplimiento del famoso “quedate en casa” que el gobierno tanto reclama pero para lo cual no pone los recursos necesarios. 

 Ya en la primera ola estos sectores populares estuvieron en el centro de los contagios con 300 positivos diarios. Tanto el gobierno nacional como el de la CABA intentaron esconder la responsabilidad de su gestión en el desastre sanitario, prometiendo que iban a concentrar sus esfuerzos en los barrios ya que “ahora sabían donde estaba localizado el virus”. Ahora asistimos a la demostración de que en un año ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad han invertido para evitar una reedición de esta situación, resultado de la hoja de ruta de ajuste exigida por el FMI. 

 El aumento de casos se puede ver fácilmente en la alta positividad, que como en el resto del país alcanza un 34%, lo cual está 10 puntos arriba del promedio en la Ciudad de Buenos Aires. En algunos lugares, como Villa Lugano, alcanza hasta un 51%. Este registro parcial, aunque no sea de la misma gravedad que en mayo del 2020, es un adelanto de la catástrofe que se puede desatar si no se toman medidas de cuidado de la población. 

 Lo que se expone primordialmente es que no hay una política sanitaria que contemple la situación de los sectores más empobrecidos, quienes en su gran mayoría obtienen sus ingresos del trabajo precario e informal y no tienen la posibilidad de cumplir un aislamiento -como el determinado por el gobierno 10 días atrás- sin arriesgar sus economías familiares y su supervivencia.

 La precarización ha ido en aumento tras los centenares de miles de despidos durante la cuarentena del año pasado. La eliminación del IFE y el recorte de la ayuda social va a su vez de la mano de la desvalorización de los salarios, los aumentos en las tarifas y la inflación del 42% en un año terminaron por obligar a muchísimos sectores a asistir a trabajos donde los protocolos de bioseguridad brillan por su ausencia. En este sentido, viene en ascenso la lucha de las organizaciones sociales como el Polo Obrero que exigen trabajo genuino, un seguro al parado del $40.000 mensuales, y rechazan el abandono de los comedores, con la clara consigna «con hambre no hay cuarentena». 

 Las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las villas y barrios precarios son un factor fundamental. Mientras los gobiernos hacen eje en la “responsabilidad individual” de la población, poniendo el foco en los cuidados personales, la ventilación de ambientes y el uso de barbijos, ninguna respuesta ha dado a la crisis habitacional. Todo lo contrario: permitió la liberación de los precios de los alquileres. Incluso lejos de la promesa del gobierno nacional de una inversión de $900.000 millones hecha en diciembre de 2020, recortó un 20% los fondos destinados a la obra pública. 

 El hacinamiento de las viviendas es el caldo de cultivo de toda clase de enfermedades respiratorias, desde asma y broncoespasmo hasta cualquier tipo de virus, incluido el Covid-19. El problema también radica en que no se pusieron en marcha dispositivos como la designación de hoteles ante la imposibilidad de aislar a los infectados en sus propios hogares; una política criminal que parte de la reducción en el presupuesto para combatir la pandemia. Esto convierte rápidamente a todos los convivientes en positivos y consecuentemente eleva la tasa de positividad mencionada. Como si no fuera suficiente, se realizan solamente 600 test diarios, cuando la población en los asentamientos era de cerca de 400.000 personas en 2020. 

 Lo que está de fondo es que el acceso a la salud para los barrios más carenciados de la Ciudad es, cuanto menos, muy limitado. No solo es difícil el acceso a los dispositivos propios de la pandemia como el Detectar, sino también a las cuestiones más elementales como el agua potable; ni siquiera se garantiza lo mínimo para el correcto lavado de manos, un pilar de los cuidados sanitarios. En mayo del año pasado sufrieron dos semanas de corte de agua en la Villa 31, que le costó la vida a Ramona Medina y tantas otras personas, además de que se elevaron estrepitosamente los contagios. 

 A su vez, el colapso de los hospitales públicos de CABA hace que haya un mayor acercamiento a los Cesac, pero en ellos faltan insumos básicos. En el Cesac N°3 de Villa Lugano, donde la positividad supera 50%, faltan barbijos y solo hay dos pediatras por semana. 

 Una prueba más de los problemas en el acceso a la salud son las enfermedades prevalentes no tratadas o descompensadas, que pueden convertirse en un factor de riesgo para quienes se contagian de Covid-19. La diabetes, las condiciones cardiovasculares y respiratorias prevalentes y la obesidad son particularmente graves si no se hace un chequeo todos los años o aparecen problemas para conseguir la medicación. El frío, además, acentúa las enfermedades respiratorias. Recién esta semana la Ciudad habilitó la vacunación, que hasta ahora ha sido a cuentagotas, para personas de 18 a 44 años con comorbilidades; pero la falta de conectividad es una traba real para el empadronamiento de la población, a lo que suman los problemas en la logística, como la falta de vacunatorios en el sur de CABA. Quienes nos gobiernan actúan en términos presupuestarios como si la pandemia no existiera. En esto no hay grieta, ya que el ajuste en el presupuesto nacional de salud del 10% ha sido acompañado por Larreta en cada instancia. 

 Mientras los casos siguen aumentando, cada vez se pone más de manifiesto la importante de la lucha por el aumento del presupuesto de salud, la garantía de las condiciones mínimas de higiene, la puesta en marcha de una gran campaña de vacunación bajo control de los profesionales de la salud, y un plan de viviendas populares accesibles a las familias trabajadores para terminar con el hacinamiento y la degradación de las condiciones de vida. A esto se deben sumar los reclamos de las organizaciones sociales por un seguro al parado, el aumento en la ayuda social y el trabajo genuino. Para garantizar el acceso a la salud de toda la población es necesaria la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados contra los gobiernos hambreadores y ajustadores resposables del desastre sanitario. 

 Lucía Cope

Brasil: las movilizaciones desafían a Bolsonaro

Lula-Cardoso arman una red de seguridad. 

 Este fin de semana, decenas de miles de personas se movilizaron en Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Se estima que fue la convocatoria más numerosa desde las manifestaciones educativas de 2019, antes de la pandemia. El llamado partió de los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, donde hay movimientos sociales, organizaciones obreras, estudiantiles y grupos políticos afines al PT. 

 El malestar popular con el gobierno viene creciendo al calor de la catástrofe sanitaria y social. La pandemia, que el mandatario bautizó peyorativamente como una “gripecita”, ya ha dejado más de 460 mil muertos, una cifra solo superada por Estados Unidos. La tasa de mortalidad por millón de habitantes era hasta la semana pasada la más alta de América del Sur (Infobae, 20/5). Ya hemos abordado en artículos anteriores crisis como la del estado de Amazonas, donde faltaba el oxígeno para los pacientes y estos se agolpaban en los pasillos de hospitales saturados. La vacunación, en tanto, avanza lentamente (solo el 21% de la población tiene al menos una dosis). 

 Pese a todo esto, Bolsonaro mantiene su línea anti-cuarentena e incluso ha recurrido a la justicia contra aquellos estados que han impulsado (módicas) medidas de aislamiento. Como parte de esta desidia criminal, que antepone los intereses empresarios a la salud de la población, se inscribe la aceptación de la realización de la Copa América en el país (que por estas horas quedó en duda). 

 Al mismo tiempo, el desempleo trepó al 14,7% en el primer trimestre de este año. El 40% de los trabajadores está en la informalidad. Y hay un crecimiento de la inseguridad alimentaria, que según algunos periodistas abarca ya a más de la mitad de la población (La Nación, 23/4). 

 Esto ayuda a entender la caída en la popularidad del excapitán de navío, cuyo nivel de aprobación -según una encuesta de Datafolha- ha caído al 24%, en tanto que su intención de voto para las presidenciales del año próximo es de apenas 23% (lejos de Lula, quien va primero en los sondeos y lo derrotaría también en un eventual ballotage). Inclusive, la mitad de la población cree que debe ser removido inmediatamente del cargo (ídem, 31/5). 

 El año pasado, la instrumentación de planes de asistencia social le habían permitido a Bolsonaro mitigar la crisis alimentaria e incluso mejorar un poco su imagen, aun en los estados del nordeste. Pero este año, como fruto de las políticas de ajuste fiscal, la ayuda de emergencia fue reducida a menos de la mitad (a 250 reales) y cayó el número de beneficiarios, además de que solo se extenderá por cuatro meses, contando desde abril (El País de Uruguay, 5/4). 

 Es un escenario de gran tensión social. Las marchas del fin de semana le disputan la calle al gobierno, que llevó a cabo movilizaciones propias, más pequeñas, a lo largo de este mes, incluyendo la participación del presidente en desfiles motorizados. El gobierno no renuncia a sus planes privatistas (Diputados acaba de aprobar el comienzo de un proceso de privatización de Eletrobras) ni a las bravuconadas golpistas, ya que cada tanto amenaza con sacar el Ejército a las calles, pero se encuentra fuertemente golpeado y viene incluso de un choque con los excomandantes de las fuerzas armadas, que renunciaron en disconformidad con la designación de Walter Braga Netto como ministro de defensa. 

 El significado del encuentro Lula-Cardoso 

La oposición trabaja, por un lado, para lograr un relevo político de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. Por otro, para evitar una caída previa, desordenada, del gobierno. 

 Una expresión clara de esto es el almuerzo del 12 de mayo entre Lula y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, privatizador serial en los 90 y presidente honorario del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña). Este último ya había señalado a los medios que en caso de un ballotage entre Lula y Bolsonaro votaría por el referente del PT. Ahora, dijo que “quien no tiene perro, caza con un gato” (La Nación, 22/5). FHC es consciente de que su partido tiene pocas chances de terciar en la confrontación electoral y que la principal carta de recambio hoy es Lula, quien ya cumplió un rol clave como factor de contención del proletariado brasileño, el más importante de América Latina, en la primera década de este siglo. Pero además, el sociólogo dijo que el almuerzo buscaba “ayudar a distensionar” (ídem) el cuadro político actual. Se busca crear una red de seguridad institucional que evite una mayor desestabilización política (todavía hay un largo trecho por recorrer hasta octubre del año próximo) y que prevenga una irrupción popular masiva, en una región marcada por levantamientos populares (Chile, Colombia, Paraguay). 

 Visto desde el otro lado de la mesa, el almuerzo es también una expresión de moderación de Lula, quien nuevamente busca mostrarse como un hombre de confianza ante la burguesía. Hay quienes especulan incluso con que elija como compañero de fórmula a un hombre de los mercados, repitiendo la experiencia que lo llevó a adoptar como candidato a vice en 2002 a José Alencar (ídem). Lula toma nota del malestar que anida en sectores de la burguesía brasileña con Bolsonaro. A mediados de marzo, un grupo de economistas y empresarios -incluyendo a dos directivos del Banco Itaú- publicó una carta con críticas a la gestión sanitaria del gobierno, en la que señalan también que “’la recesión’ del momento no se superará ‘mientras la pandemia no sea controlada por la acción competente del gobierno federal’” (El País, 21/3). Es decir, estos cartistas ven que el desastre pandémico agudiza la crisis económica y reclaman un cambio de orientación -claro que con la hipocresía de omitir su propia responsabilidad en el mantenimiento de la economía abierta a toda costa, a pesar del virus. 

 Mientras se producen todas estas negociaciones políticas, en el Senado se ha puesto en funcionamiento una comisión de investigación del Covid-19, que si bien no tiene ninguna pretensión de desplazar ni imputar a Bolsonaro, sirve para ir desgastándolo políticamente de cara al 2022.

 La línea del jefe del PT es un frente amplio sin límites a la derecha, incluyendo a sectores que participaron del golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Las centrales sindicales son tributarias de este operativo, lo mismo que la dirección del Psol (uno de sus dirigentes, Marcelo Freixo, tuiteó sus felicitaciones a Cardoso y Lula por su “gesto de grandeza y responsabilidad con el país” -ídem, 21/5). 

 En oposición a esta línea, es necesario redoblar la movilización y avanzar en un plan de lucha por las reivindicaciones más sentidas (centralización del sistema de salud, triplicación presupuestaria, ayuda de emergencia de 600 reales, prohibición de despidos, seguro al desocupado, etc.) y para echar ahora a Bolsonaro-Mourao y todo el régimen de explotación. 

 Gustavo Montenegro

EE.UU.: Seis mil millones de dólares para “recuperar la hegemonía”

El presidente estadounidense Joe Biden declaró su objetivo de recuperar el liderazgo internacional, revertir el aislacionismo de su antecesor Donald Trump, restaurar alianzas internacionales y fortalecer la diplomacia para el cual dispuso un presupuesto federal de seis mil millones de dólares, elevando inversiones en infraestructura, educación y combate al cambio climático. 

 El gobierno elevó de manera sustancial el gasto en diplomacia, asistencia económica y de seguridad, en partidas destinadas a varios países, incluidos México y Centroamérica, dotando al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) con 58 mil 500 millones de dólares, lo que supone un incremento de más de 10 por ciento del actual y 50 por ciento más de lo presupuestado por Trump para el año fiscal 2022. 

 Entre los fondos propuestos se incluyen 861 millones de dólares en asistencia a países centroamericanos para abordar las causas de origen de la migración hacia la frontera estadounidense, lo que sería la primera entrega de los cuatro mil millones en total a lo largo de cuatro años que se dedicarían a ese esfuerzo.

 Los fondos propuestos bajo el llamado Fondo de Apoyo Económico (ESF) para el hemisferio occidental suman 455.3 millones, incluyendo recursos destinados a Venezuela para “fortalecer diversos actores democráticos para organizar internamente, ampliar la coalición democrática… defender principios democráticos y promover el bienestar de los venezolanos”. Amén.

 La propuesta hace énfasis en enfrentar lo que llama la influencia maligna de China y Rusia. De hecho, incluye algo que se llama Fondo para Contrarrestar la Influencia Maligna de la RPC (la República Popular China). 

 Parte del esfuerzo contra esas influencias malignas se realiza a través de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales –agencia federal independiente cuya misión es informar, comunicar y conectar a personas alrededor del mundo en apoyo a la libertad y democracia. Está compuesta por dos entidades: La Voz de América y la Oficina para Transmisión de Cuba, y cuatro agencias no federales que incluyen a Radio Free Europe.

 Anhtony Blinken, secretario de Estado, declaró que estos fondos beneficiarán a los estadounidenses al mejorar las condiciones de salud ante la pandemia, abordar el cambio climático, ayudar a responder a las causas de fondo de la migración irregular desde Centroamérica, pero sobre todo reafirmar el liderazgo estadounidense en la promoción de la democracia y contrarrestar el creciente autoritarismo.

 Asimismo, añadió, que los fondos son “para ofrecer liderazgo humanitario internacional y enfrentar la competencia directa de naciones que no comparten nuestros valores de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. Nuestra seguridad nacional depende no sólo del poder de nuestras fuerzas armadas, sino también de nuestra habilidad para conducir de manera efectiva la diplomacia y el desarrollo”, dijo Blinken. 

 La iniciativa fue en parte propuesta por el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el cual el gobierno de Biden está discutiendo formas de colaboración dentro de esta iniciativa –tema al centro de la próxima visita de la vicepresidenta, Kamala Harris, a México el mes próximo. 

 Los fondos para México y otras partes del hemisferio occidental se administran por diversos programas e incluyen los destinados al combate del narcotráfico, capacitación militar, iniciativas de seguridad incluyendo la migración y para enfrentar a amenazas por fuerzas malignas, las que no fueron identificadas, pero tienen que ver con China, Rusia, Irán, Cuba y Venezuela, entre otros países “malignos”. 

 Según las propuestas, 570,4 millones se destinarán a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y fortalecer sistemas de justicia criminal incluyendo el combate a las drogas sintéticas fabricadas en México. De este total, se proponen 64 millones para México, bajo la oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de Ley (Incle) del Departamento de Estado., para el año fiscal 2022 (en 2020 era de 100 millones). 

 Un total de 14.1 millones se destinará a América Latina, a través del programa de Educación y Capacitación Militar Internacional dedicado a fortalecer las alianzas militares y coaliciones internacionales imprescindibles para los objetivos estadounidenses de seguridad. 

 México, Colombia, Panamá y los del Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador) son los focos prioritarios de este plan de Biden-Harris. La Usaid propone 660 millones de dólares para el hemisferio occidental. La propuesta de gasto del Departamento de Estado también incluye una aporte al National Endowment for Democracy (NED) por 300 millones, parte de lo cual se distribuye entre los agentes pro-estadounidenses en América Latina. 

 Pero para evitar que Venezuela se estabilice y siga desarrollando su «diplomacia de paz con justicia social», en alianzas con China y Rusia, surgen los lobbies financiados por Washington, como el de Amnistía Internacional, que protestó porque el gobierno argentino decidió retirarse de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente constitucional venezolana Nicolás Maduro por gobiernos conservadores, autopromocionados como «defensores de los derechos humanos».

 Las sanciones impuestas por Estados Unidos, en nombre de la democracia, han provocado la pérdida de más de 116.000 millones de dólares a Venezuela. En entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg, Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center de Washington dijo que “la administración de Biden se siente incómoda con la severidad de la política de sanciones” a Venezuela. Apenas un reconocimiento al pese a los cientos de millones de dólares invertidos. 

 Estados Unidos ya avanzó en el desmembramiento de los organismos de integración y cooperación interamericanos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Este choque también se manifiesta dentro del Mercosur, donde fuerzas conservadoras presionan por la ratificación del tratado de libre comercio con Europa, la flexibilización del bloque que significaría su práctica desaparición, la ratificación de la exclusión de Venezuela. 

 Los fondos que maneja Washington tienen que ver también con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo presidente, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, en su primer viaje a América Latina, prometió en Quito al nuevo presidente, ex banquero Guillermo Lasso, más de mil millones de dólares este año.

 El capitalismo trata de reajustarse 

 Esta nueva etapa del gobierno demócrata estadounidense del reajuste del capitalismo quiere formatear el conflicto de clases en el mundo, con una política de pinzas: aplastar las disidencias o cooptarlas en la vieja teoría de la zanahoria y el garrote. El uno por ciento de la humanidad que maneja el mundo va reajustando, al ritmo de las nuevas tecnologías, las técnicas de control y represión.

 Para extender su hegemonía y control a nivel mundial, Washington insufla nueva dinámica a su vasta red diplomático-consular, los centros de inteligencia, las bases militares en alta mar ubicadas en los cinco continentes, las oficinas de enlace que actúan dentro de las embajadas, los think tanks, agencias de seguridad federales que controlan las políticas y eventuales amenazas a la “seguridad de EEUU” pese a estar a miles de kilómetros, las fundaciones y oenegés que, en definitiva, son herramientas más el desplazamiento castrense. 

 La revista estadounidense Newsweek reveló que durante la última década –durante los gobiernos de Barack Obama y Trump- el Pentágono construyó un ejército paralelo de 60.000 civiles y militares (principalmente fuerzas especiales y contratistas), que operan encubiertos y dibujan su principal labor en los países de América Latina, uno de los grandes escenarios de guerras de nuevo tipo, en especial revueltas contra el conflicto de clases.

 Es un ejército paralelo de especialistas en inteligencia, lingüistas, expertos en guerrilla digital, piratería informática y manipulación de medios, con un presupuesto de 900 millones de dólares para licitaciones y contratos adjudicados a más de un centenar de empresas privadas que respaldan su actividad tanto en términos militares como mediáticos, para las campañas mercenarias contra los gobiernos que desean ver subyugados. 

 No se debe olvidar que el presupuesto militar de los EEUU representa el 39% de todos los del planeta y el año pasado alcanzó los 778.000 millones de dólares, tres veces el de China (252.000 millones de dólares). 

 Hoy pareciera que se da un cambio de careta: los militares del Comando Sur pasan a segundo lugar, detrás de los políticos del departamento de Estado, para imponer las mismas políticas. En América Latina y el Caribe, a la crisis estructural del capitalismo se ha sumado ahora la pandemia, que deja un tsunami de hambre y desempleo masivos. Mientras, en Colombia, Paraguay, Chile, por ejemplo, vuelven las desapariciones forzadas de los jóvenes manifestantes, las torturas, el uso de paramilitares disfrazados de civiles, ante el silencio de los gobiernos, de los medios masivos de comunicación y también de las organizaciones internacionales. 

 El verso de la «lucha contra el terrorismo» ha sido útil para mantener el perverso festival de las «sanciones». Nada nuevo: hay continuidad con las políticas del ultramontano Donadl Trump (y antes de Barack Obama), entre ellas 243 medidas coercitivas impuestas a Cuba, que sufre desde hace casi 60 años un bloqueo económico unilateral en Washington. Pasan demócratas y republicanos, el bloqueo permanece y las pérdidas cubanas suman 144 mil millones de dólares 

 Desde hace 19 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba cada año una resolución condenando y pidiendo el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba. La votación se repetirá el 23 de junio y seguramente, Biden impondrá su doctrina de los hechos consumados, o sea el de desautorizar las decisiones de la ONU para seguir con su política de destrucción de pueblos que no se someten a sus intereses, llámense, Cuba, Venezuela o Palestina. 

 «Plomo, plomo, para defender a la gente de bien», escriben la derecha y ultraderecha en Colombia, incitando a las masacres de jóvenes manifestantes que ponen su vidas en riesgo en busca de un futuro que hoy se les niega, a quienes definen como «terroristas» porque impiden el libre flujo de sus ganancias (no de la economía9 con sus barricadas. 

 En Paraguay, el asesinato de dos niñas se presentó como una acción antiterrorista contra la guerrilla del Ejército del Pueblo, y donde una jovencita de quince años, hija de presos políticos, Lichita, sigue desaparecida, después de una represión militar. En Perú, con el pretexto del «regreso del terrorismo senderista» montan masacres e intentan compactar a toda la derecha, y evitar la victoria de Pedro Castillo, el líder de los maestros.

 Es claro el apoyo de EEUU a la destrucción de la democracia social en nuestra región. En Brasil, con la farsa de la Operación Lava Jato y al asunción al poder del partido militar, en Bolivia con el golpe contra el presidente Evo Morales (con la destacada ayuda de la Organización de Estados Americanos), con el apoyo al banquero Guillermo Lasso en Ecuador para finalizar la tarea de Lenin Morano en la demolición de las políticas progresistas (y no alineadas con EEUU) del gobierno de Rafael Correa 

 Pero quizá la destrucción de Venezuela y la imposición del imaginario colectivo que el mal mayor de la región era ese país caribeño y el peligro que conllevaba la Revolución Bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez y que, además, allí todos se morían de hambre.

 La presencia de los golpistas venezolanos en EEUU y Europa dejó en evidencia de que el bloqueo y las sanciones a Venezuela solo sirvieron para el enriquecimiento de la banda de ladrones que representaba el (hoy caído en desgracia) “presidente interino” Juan Guaidó y sus patrocinantes de los poderes fácticos estadounidense y europeo, y la codena a pasar hambre de millones de venezolanos.

 El eje Washington-Bogotá-Tel Aviv, con su ejército de milicias de seguridad privada, centros de control de satélites, centros de investigación, medios de comunicación y periodistas alquilados y/o contratados, es crucial para mantener la prisa sobre América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China y de Rusia en el continente. 

 Aram Aharonian | 01/06/2021

 Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).