El presupuesto porteño del PRO: más ajuste, más policías y más globos amarillos

De manera tardía y a libro cerrado el macrismo quiere hacer votar el presupuesto 2016 en beneficio de los especuladores inmobiliarios y financieros mientras plantea ajuste a las partidas sociales.

Una ficción que apunta contra el salario

El proyecto supone un ajuste en términos reales: mientras estima un incremento de 24,5% respecto al 2015 que llevará el plan de recursos y gastos a $112 mil millones, asume una inflación del 26%.
Pero eso es sólo en los papeles. En la realidad el ajuste va a ser más profundo. El presupuesto proyecta el dólar a $12, un monto significativamente inferior, y contradictorio, con lo que vienen diciendo los economistas del macrismo, que pretenden llevarlo a $14/$15 con la liberación del “cepo” cambiario.
Los analistas económicos estiman que de mínima la devaluación que planea el gobierno entrante ubicará la inflación en 40% el año próximo. Los precios de la mayoría de los alimentos ya comenzaron a ser remarcados en noviembre. La escalada inflacionaria podría ser mayor incluso porque el designado ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció el retiro de subsidios y un tarifazo.
En la Ciudad el macrismo hace honor a los presupuestos de ficción que elaboró el kirchnerismo en el Congreso Nacional durante los últimos años.
El presupuesto dice que el Producto Bruto Geográfico crecerá 2% en 2016. Es un cuento. El equipo económico que asumirá el 10 de diciembre prepara un ataque al salario, lo que se viene es ajuste, devaluación y recesión. Por lo tanto, ni siquiera se podrán cumplir los objetivos recaudatorios con la economía en retroceso. El Frente de Izquierda rechaza este presupuesto de ajuste y reclama para las partidas de salarios de los trabajadores municipales, de educación y salud, una readecuación permanente acorde a la verdadera inflación.

Festival de endeudamiento

El gobierno de la Ciudad anticipa con la escalada de endeudamiento lo que el gobierno nacional entrante busca mediante un acuerdo con los fondos buitres y el inicio de un nuevo ciclo de deuda externa.
El 20 de Noviembre el Poder Ejecutivo de la Ciudad solicitó autorización para ampliar el Programa de Asistencia Financiera y de Financiamiento en el Mercado Local. La nueva deuda es por 460 millones de dólares. Ese mismo día solicitó ampliar esos programas por 60 millones de euros para material rodante de la Línea H de subterráneos y como si fuera poco hicieron otro pedido de deuda por 500 millones de dólares “destinado a inversiones en infraestructura a realizarse bajo la órbita de diversos Ministerios del Poder Ejecutivo”. Este proyecto llega al límite de pedir autorización para endeudarse a la Legislatura sin siquiera definir en qué se usará ese dinero.
En estos casos, los títulos emitidos bajo el Programa de Asistencia Financiera quedan sometidos a los tribunales de Inglaterra para definir diferendos. Aunque cambia el país, es la misma concesión de soberanía que hoy tiene sometida la deuda pública nacional al arbitrio del juez Thomas Griesa.
En 2015, en el Presupuesto presentado a los legisladores, el monto total del nuevo endeudamiento autorizado al Gobierno de la Ciudad ascendió a $5.490,5 millones. El resultado: la deuda creció 303% en la gestión del PRO, pasando de u$s 574 millones hace siete años a u$s 2.315 millones el 30 de septiembre de 2015. Los intereses de esa deuda están teniendo un incremento explosivo: pasaron de 153 millones de pesos en 2007 a 2.605 millones en el presupuesto 2016. Un alza de 1604% que supera claramente cualquier índice de inflación del período.
Según análisis del Cippec, la Ciudad es una de las jurisdicciones más activas en los mercados de deuda en los últimos años con una proporción de deuda en moneda extranjera de 98%. Aunque parte de la deuda es emitida en pesos, se realiza bajo la modalidad de “dollar linked”. Con la devaluación en ciernes el peso de la deuda y de los intereses pegará un nuevo salto en el presupuesto siendo un enorme peso e hipoteca, presente y futuro, sobre el pueblo trabajador de la Ciudad.
Las mentiras del PRO están a la vista. Mientras argumentan que la nueva deuda es tomada para obras de infraestructura, el porcentaje de este ítem se mantuvo alrededor del 15% del gasto durante toda la gestión de Mauricio Macri. Claramente, la deuda se utilizó para financiar el déficit público y pagar el endeudamiento preexistente. Un negocio redondo para los especuladores.

Seguridad y publicidad, las preferidas del presupuesto

La gestión de Rodríguez Larreta no prevé modificar sustancialmente la estructura de gastos de la Ciudad. El gasto en Servicios Sociales (Educación, Salud, Promoción Social, Cultura) se mantiene en los bajos valores de la que caracterizan a la administración macrista. Hace 10 años el gasto se situaba cerca del 65% del presupuesto total y hoy ni siquiera llega a 61%, cuando cada punto porcentual hoy equivale a más de $1.100 millones. Mientras se condena a la educación pública de la Ciudad a un bajo presupuesto, se privilegia a la educación privada. Los subsidios a este sector crecerán 41% respecto a 2015, llegando casi a los $4.000 millones.
Mientras, el porcentaje del presupuesto para la educación pública destinado a las cooperadoras, becas, infraestructura y mantenimiento retrocede notablemente. La salud también sigue siendo un gran tema de debate. El ejemplo es el nuevo recorte al Hospital Garrahan, cuyos trabajadores calculan en casi $350 millones para 2016.
Menos para gastos sociales y más para seguridad y publicidad oficial sigue siendo la ley ordenadora del gobierno del PRO en la Ciudad.
El tema de la “publicidad y propaganda” es escandaloso. Las partidas se calculan para el año próximo en más de $950 millones, superando la de 2015, año en que ya se había incrementado en casi 100% por las elecciones y la separación de las elecciones de la Ciudad y las nacionales. Es además un presupuesto que estuvo enmarcado en enormes polémicas de falta de transparencia con el dinero recibido por la empresa de quien fuera candidato a diputado del PRO, Fernando Niembro, quien tuvo que renunciar a partir de este escándalo, o radios que denunciaron penalmente al Gobierno de la Ciudad por jamás haber recibido dinero por pauta publicitaria que figuraba en los datos presentados en la página de la Ciudad.
La otra gran caja que ha creado el macrismo ha sido la destinada a los Servicios de Seguridad y a la Policía Metropolitana, cuyas erogaciones para 2016 están previstas en más de $5.300 millones y constituye parte del discurso represivo del PRO. Esta fuerza estuvo además implicada en desalojos y represiones como en el Hospital Borda y en el Parque Indoamericano (con asistencia de la Federal) y está acusada de balear a Lucas Cabello, un joven que cuidaba coches en el barrio de La Boca.

Una ciudad para los grandes empresarios

En sintonía con la designación de gerentes y CEO´s en los principales puestos nacionales, el gobierno de la Ciudad también será “atendido por sus propios dueños”. Nicolás Caputo, el amigo multimillonario del multimillonario Mauricio, es el gran ministro “sin cartera” del PRO.
El Grupo Roggio se beneficia por subsidios a la actividad de los subterráneos. No sólo la ganancia de ese grupo es subsidiada a través del pasaje, sino que la renovación y ampliación del material rodante y la infraestructura queda en manos del presupuesto público. Los costos los absorbe la población de la Ciudad mientras los beneficios los embolsa el empresariado. Lo mismo ocurre con las empresas que lucran con la recolección de residuos. Se les subsidia la compra de los camiones y las plantas de reciclados. Pero la cosa no termina allí. Se reparten exenciones impositivas a doquier, como en el Polo Tecnológico o el Distrito de las Artes. Una fiesta para los empresarios.
La contrapartida de los grandes negocios inmobiliarios privados es el escaso presupuesto dedicado a viviendas: menos del 2% del total. No sólo eso. El gobierno de la Ciudad todos estos años subejecutó esas partidas, mientras las villas y los asentamientos precarios siguen sin urbanizarse.
La Ciudad tiene un esquema impositivo regresivo apoyado en la recaudación de los ingresos brutos. Para que la Ciudad empiece a atender las necesidades de sus trabajadores hay que imponer impuestos al capital financiero, por ejemplo grabando con tasas especiales a la propiedad y a los ingresos de las actividades financieras. Lo mismo aplica para los especuladores inmobiliarios, como pueden ser impuestos a las viviendas ociosas. Es necesario responder al déficit habitacional con la urbanización de villas y asentamientos, créditos para la primera vivienda y un plan de obras públicas bajo control de sus trabajadores. De igual manera, es urgente la estatización de todas las líneas de subterráneos y de la recolección de los residuos bajo gestión de sus propios trabajadores.

Pablo Anino

Un privatista en el Ministerio de Cultura

Mauricio Macri eligió, para encabezar el Ministerio de Cultura nacional, el mismo perfil que el de la mayoría de sus nuevos funcionarios nacionales: un hombre de la corporación. Pablo Avelluto, tal su nombre, estuvo al frente de la filial argentina de Random House Mondadori, una megaeditorial internacional, durante ocho años. Fue, además, gerente de la Editorial Planeta durante cuatro años. Hasta el momento se desempeñaba como coordinador del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad.
Avelluto desembarcó con declaraciones "progresistas", al asegurar que durante su mandato se va a convocar a los artistas "por su talento" y no por sus preferencias políticas, en una crítica dirigida a la gestión cultural K. Además, se manifestó en favor de la descentralización de la cultura.
Sin embargo, poco tiene de progresista. No sólo por los testimonios que fue deslizando estos años desde su cuenta de Twitter ("¿Y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo? Ok, no a todos, sólo a los que creen que hacer paros sirve para algo", por ejemplo), sino porque será el encargado de desenvolver la política privatista cultural que proyectó el macrismo en la Ciudad.
Ejemplo de ello es la propuesta del gobierno electo de impulsar una "ley de mecenazgo" a nivel nacional. Esa ley, aplicada en 2009 en la Ciudad (aprobada dos años antes), destina impuestos sobre ingresos brutos -una exención impositiva- a proyectos culturales. Bajo este régimen, el Estado deriva en el mecenazgo privado acciones que le son propias, determinando que sean las empresas las que regulan las acciones culturales (La Nación, 27/9). Es decir que frente a la posición de la "democratización" de las ideologías que proclama Avelluto, estamos ante la utilización por el capitalismo de la cultura como transmisora de ideología y ganancias.
Un caso que reproduce la práctica cultural del macrismo tuvo su mejor ejemplo hace semanas, cuando un grupo de artistas, en el Centro Cultural San Martín, presentó una performance que denuncia el vaciamiento y la precarización laboral y artística del propio teatro.
Denunciaron que todos los directores del teatro fueron elegidos por las autoridades del gobierno y no por concurso público, así como también el alquiler del espacio para eventos.
Por otra parte, según cuenta a Prensa Obrera, el dirigente y ex delegado general por ATE en el Teatro Colón, José Piazza, la Ley de Autarquía del Colón de 2008 -"impulsada por el PRO, avalada por el kirchnerismo y el Sutecba- abrió instancias a todo tipo de negociación en el Colón. Se apropiaron del presupuesto anual y las producciones propias han sido tercerizaciones: escenografía, herrería del teatro, boleterías, mayordomía, vigilancia, entre otros. Esto estableció negocios privados con fondos públicos".
Avelluto viene a reemplazar a Teresa Parodi, designada en marzo de 2014, en una medida que buscó reforzar la política de cooptación estatal que caracterizó a la "década ganada".
En una sociedad donde la mayoría de la población vive con salarios de hambre, ¿qué lugar queda para el disfrute y el ejercicio de la creación artística? Es necesario intervenir con una política independiente del Estado en este escenario de crisis, cooptación y privatización cultural, y darle una perspectiva propia que eleve las condiciones para la más absoluta libertad en la creación artística y el acceso a la cultura de los trabajadores.

Daniel Mecca

El Seom debe reincorporar a Alejandro Vilca

Un arco muy amplio de organizaciones y luchadores populares ha sumado su firma al petitorio que reclama contra la expulsión del Seom de Jujuy del delegado y militante del PTS Alejandro Vilca. El petitorio va dirigido a la Comisión Directiva del sindicato y a su Secretario General, Carlos "Perro" Santillán, para que deje sin efecto la sanción, que a todas luces viola la democracia sindical.
La firma de nuestro partido y de nuestros dirigentes públicos obedece a la comprensión de que una medida que vaya en contra de la democracia sindical es perjudicial para la lucha de los trabajadores y termina favoreciendo la burocratización de las organizaciones obreras. Por eso, la sanción es por completo inadmisible. Las divergencias que puedan presentarse al interior de una organización sindical deben resolverse mediante la lucha política abierta y nunca por el método expeditivo de las sanciones.
Aunque el petitorio que está siendo firmado no lo dice en ningún lugar, sí hemos tomado nota que los compañeros del PTS han recurrido al Ministerio de Trabajo para que intervenga en el caso, reclamando que se declare nula la asamblea que votó la expulsión de Alejandro Vilca.
No compartimos esta decisión. La intervención del Ministerio de Trabajo debe ser el recurso último, al que se debe apelar sólo luego de que se agoten todos los medios para persuadir a la dirección del Seom, organización que forma parte del movimiento obrero combativo del país, a que deje sin efecto la sanción. No podemos obviar que por la vía del Ministerio de Trabajo se refuerza la intervención del Estado en las organizaciones obreras. Una reincorporación de Alejandro Vilca por esa vía no podrá ser consideraba como un triunfo de los trabajadores, como sí lo sería, en cambio, si se logra gracias a una fuerte campaña de pronunciamientos y de movilización del movimiento popular de la provincia y de todo el país.
El Partido Obrero llama a todas las organizaciones populares a profundizar la campaña para que el Seom dé marcha atrás con la sanción, en defensa de la democracia sindical y también del carácter combativo del sindicato de obreros municipales de Jujuy.

Gabriel Solano

Río Turbio: un paso adelante para la continuidad del yacimiento

Desde que, bajo presión de los mineros, fue expulsado Sergio Taselli como concesionario de la fallida privatización de la mina de Río Turbio, la empresa está intervenida por el Estado nacional.

Históricamente, los trabajadores y las poblaciones de esta cuenca carbonífera vienen planteando la construcción de una usina que queme el carbón en la zona para abaratar costos y hacer viable el emprendimiento minero en el que actualmente trabajan 3.000 obreros y es la actividad económica vital en la región.
El Partido Obrero fue una de las primeras fuerzas que levantó la consigna de construir la usina, especialmente en tiempos en que Menem y Kirchner tenían en vista el cierre del yacimiento a mediados de los '90.
La lucha minera de esos tiempos con ocupaciones y marchas a la capital, votadas en asambleas comunitarias, salvó el yacimiento, y luego la absurda muerte de 14 mineros en 2004 creó tal conmoción que (como en la tragedia de Once) derivó en sustanciales inversiones y la construcción de la usina y el interconectado. Toda una nueva generación de compañeros mineros se ha incorporado al trabajo.
Miles de millones ha invertido el Estado desde entonces y la corrupción de las gestiones más la ineptitud de los responsables técnicos ha derivado en que buena parte de ese dinero se haya dilapidado. Las condiciones de seguridad en el trabajo siguen siendo precarias y la capacidad de producción de carbón para la usina está en duda por la falta de planificación adecuada.

El Congreso del carbón

Una primera reacción obrera fue el Congreso del Carbón de 2013, cuando los mineros reclamaron comisiones de seguridad con poder para detener las actividades cuando exista un riesgo de accidente. Plantearon el control obrero, hicieron numerosas denuncias y exigieron una figura legal de empresa carboeléctrica estatal con gestión paritaria de trabajadores y el Estado.
En la gran asamblea donde cerró este congreso pusimos a disposición de las resoluciones allí votadas las bancas recién conseguidas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El radical Raúl Costa prometió apoyar.
Sin embargo, el gobierno que preparaba un negociado con la explotación de la usina y prefería la figura de intervención, ya que así elude varios controles, dio largas al asunto.
En abril, el Partido Obrero decidió presentar su propio proyecto que denominamos "carboeléctrica estatal obrera".
Una segunda reacción obrera estalló en octubre, semanas antes de las elecciones, cuando las denuncias del sector vial de los talleres pararon el sector y establecieron un piquete. Reclamaban el fin de contratos con empresas amigas de los administradores, la salida del gerente Lisse, el tratamiento de la figura legal de la empresa en el Congreso y la inversión para reactivar los propios talleres, parados por falta de insumos. La huelga y los piquetes rápidamente se fueron extendiendo a toda la mina y la conducción kirchnerista de ATE seccional debió realizar varias asambleas generales.
Las negociaciones comenzaron después de las elecciones de octubre: Lisse tiene licencia y se cortaron varios contratos con terceros, a la par que se habilitó el tratamiento de la figura legal en el Congreso. La huelga se suspendió luego de casi tres semanas, a la espera de la ley. Algunos sectores, como Punta Loyola, continuaron la huelga en reclamo de la remoción de sus jefes.

El proyecto oficial

El proyecto oficial le otorga a la provincia el 45% de las acciones, con un derecho a veto del que carecen los demás integrantes del directorio.
En el artículo 4 del estatuto social planteaba que la explotación será "por sí o por terceros", preparando explícitamente la concesión de la usina, que, conviene aclarar, va a ser siempre negocio, ya que cuando no haya carbón va a quemar gas.
La CTA seccional convocó, entonces, un plenario para debatir el proyecto. En la reunión se resolvió emitir un documento para los bloques legislativos y en el mismo se plantearon tres ejes: no a la tercerización; mayor participación de los trabajadores en el Directorio y control obrero en la fiscalización.
El bloque del FIT se encargó de hacer llegar a los diputados estas objeciones, que fueron avaladas por la CTA provincial. Pablo López habló en la comisión. Se logró eliminar ese párrafo privatizador del artículo 4.
Fue la decidida intervención parlamentaria de la izquierda la que definió la situación del quórum, no sólo por Río Turbio sino por varias leyes obreras que estaban en juego. El radical Costa estuvo ausente. Pablo López intervino en la sesión y propuso modificaciones en función del proyecto del PO y la nota de la CTA Autónoma, para que el directorio tenga mayoría obrera y que la comisión fiscalizadora sea formada por trabajadores electos y revocables por sus propios compañeros, como un elemento clave para evitar un nuevo vaciamiento y el manejo corrupto de los fondos. Las modificaciones propuestas fueron rechazadas.
Hay que ver si llega a ser ley la media sanción; los senadores podrían sesionar el 9, y aún aprobada, Macri tiene el recurso del veto. La ley votada, de todos modos, deja abierta la puerta a una eventual concesión a privados. Tampoco ha establecido forma alguna de control obrero, sólo la participación de un trabajador en el directorio, que ni se sabe cómo se elegiría.
La media sanción constituye un paso adelante para defender la continuidad del yacimiento y de la puesta en marcha de la usina, pero la crisis recién comienza.
El Partido Obrero ha batallado por la gestión obrera de la empresa estatal y para que se investiguen todos los negociados desde Taselli en adelante. Hemos logrado interesar a la CTA y a una parte del activismo al respecto. Este es el programa que continuará más vigente que nunca si se concreta la empresa estatal carboeléctrica.

Prensa Obrera

El ajuste y la transición presidencial

La promesa de campaña realizada por los economistas de Macri, referida a que la devaluación que pensaban aplicar no iba a generar una mayor inflación, ha sido desmentida con la velocidad de un rayo. Aún antes que el gobierno nuevo asuma y se consume la devaluación largamente prometida, asistimos a un crecimiento de los precios que duplica el promedio mensual de 2015. Si se proyectase noviembre en términos anuales, la inflación estaría por encima del 40% anual.
No debiera sorprender que sea en la canasta alimentaria donde los precios han crecido con mayor intensidad. El pan, la carne, la leche, entre otros, han aumentado por encima del 20% en un solo mes. La razón de fondo es que, al anuncio de la devaluación que se piensa ejecutar luego del 10 de diciembre, se le debe sumar la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz y la carne, y la reducción de la tasa que se aplica a la soja. La eliminación o reducción de las retenciones no tiene sólo un efecto fiscal, en la medida que el Estado deja de recaudar impuestos.
También tiene un impacto en los bolsillos de los consumidores, pues las retenciones dividen el precio interno del internacional. Este aumento de los precios del trigo y el maíz ya se está expandiendo en toda la cadena de valor.
Los diarios de la ‘opo’ y el macrismo acusaron al actual gobierno por las subas generalizadas de noviembre, afirmando que la Secretaría de Comercio está en huelga de brazos caídos. Señalaron, además, que piensan mantener el plan de “Precios Cuidados”, al que hasta ahora tildaron como un monumento al fracaso. ¿Piensan repatriarlo a Guillermo Moreno también? Lo cierto es que, por más intensos que hayan sido los aumentos de precios de estas semanas, estamos asistiendo recién al primer capítulo de un plan de ajuste mucho más intenso. Los funcionarios del gobierno entrante han dicho hasta el cansancio que piensan aplicar un tarifazo en los servicios de luz y gas, y también en el transporte público. Según sus propios cálculos, los aumentos en este terreno pueden alcanzar hasta el 500%.

Gradualismo, las pelotas

La suba de precios ejecutada por los capitalistas en noviembre no sólo refutó el relato mentiroso de los Prat Gay, Frigerio y compañía de que la devaluación no generaría inflación, también muestra que el debate entre ajuste “gradual” o “shock” es una disquisición teórica de nulo interés práctico. El capital pugna por descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores e incrementar su tasa de ganancia. Detrás del tipo de cambio, la tasa de interés y del nivel de precios se esconde una relación social de explotación, que el capital quiere profundizar en su propio beneficio. El gran objetivo del ajuste en marcha es reducir el precio que los capitalistas pagan por la fuerza de trabajo, forzando a que los trabajadores la vendan por debajo de su verdadero valor (que como mínimo debe ser la canasta familiar). Este objetivo es el único que une a todas las fracciones capitalistas que, con intereses encontrados, conviven dentro del gabinete del nuevo gobierno.
En estas condiciones, el anuncio de que se levantará el piso del impuesto a las Ganancias que se cobra sobre los salarios, está lejos de ser una salida. Ocurre que el beneficio que implicaría esta medida alcanzará sólo a una pequeña minoría de los trabajadores (se calcula 1,2 millón sobre casi 16 millones de trabajadores). Para la mayoría restante, que tiene salarios promedio de 6.000 ó 7.000 pesos, el golpe del crecimiento inflacionario será simplemente enorme. La fractura interna que ha sufrido la clase obrera bajo el kirchnerismo, con desniveles salariales enormes, pegará un nuevo salto. De ella se vale la burocracia sindical que a lo máximo que aspira es a atender, aunque muy parcialmente por cierto, al sector más elevado de los trabajadores mientras le da la espalda por completo a los que están en negro o precarizados, y que son quienes tienen los más bajos ingresos.

Un programa

Para los trabajadores se presenta el desafío de darse un programa concreto para intervenir en esta fase de la crisis. El primer punto es blindarse frente a los efectos inflacionarios inmediatos que generará la devaluación y los tarifazos. Ante ello corresponde plantear un aumento de emergencia para todos los trabajadores, que deberá ser mayor para todos ellos que no se vean alcanzados por la medida del no pago del impuesto a las Ganancias. En relación a éste último, planteamos la abolición de ganancias en los salarios de convenio. El aumento de emergencia debe incluir a los jubilados para llevar la mínima a los 8.500 pesos, ya que el próximo reajuste de sus haberes será recién en marzo. Por esta vía apuntamos a blindar a la clase obrera ante el ajuste y defender su unidad como clase.
Junto con esta medida de emergencia corresponde plantear la indexación salarial mensual de los salarios y de las jubilaciones. Se trata, otra vez, de una acción defensiva para preservar el actual nivel de vida del pueblo. La tercera medida para blindar a los trabajadores pasa por prohibir los despidos y suspensiones por un año, ya que como ha ocurrido en el pasado o como está ocurriendo ahora mismo en Brasil, es sabido que las devaluaciones producen una fuerte caída de la producción y con ello de los puestos de trabajo.
Con este programa inmediato, el Partido Obrero planteará un paquete de leyes antiajuste en el Congreso y, por sobre todo, una fuerte campaña de agitación en las grandes concentraciones obreras y de trabajadores. Elevamos esta propuesta a todos los sectores obreros combativos que están debatiendo la necesidad de concretar iniciativas de lucha en el próximo período.

Gabriel Solano

La cumbre Macri-Moyano y la hipocresía kirchnerista frente al ajuste

El kirchnerismo, el macrismo y la burocracia sindical coinciden en que las condiciones de vida de los trabajadores sean la variable de ajuste ante la crisis económica. Sólo disputan quién paga el costo político. La izquierda llama a organizar la resistencia.

Moyano y Macri contra el salario

Tras las rispideces y cortocircuitos por la designación de Jorge Triaca como ministro de Trabajo, Hugo Moyano y Mauricio Macri mantuvieron una reunión ayer en la sede del gobierno porteño. Estuvieron presentes junto a ellos los ministros designados de Trabajo y Transporte, y el vicejefe de Gobierno porteño electo, Diego Santilli.
El encuentro había generado grandes expectativas por saber cuál será la ubicación del dirigente camionero respecto al próximo gobierno, más teniendo en cuenta su rol protagónico en los paros nacionales de los últimos años contra la política económica del gobierno de Cristina Fernández. No es un dato menor, de cara al ajuste que vendrá y las necesidades de gobernabilidad de Mauricio Macri.
A la salida de la reunión, que duró alrededor de dos horas, Moyano sostuvo que “en la medida” en que la nueva administración brinde "respuesta" y "cumpla", el gremialismo debe "estar de acuerdo. Hablamos en forma general. Lo principal son los puestos de trabajo". También le dio un respaldo al gobierno de Macri al afirmar que “la devaluación la está haciendo el gobierno que se va”, sacándole así responsabilidad a Cambiemos.
Curiosas declaraciones de cara a un nuevo gobierno que se prepara abiertamente para descargar un ajuste sobre los trabajadores. Moyano no está pensando en la resistencia al ajuste, sino en otros negocios.
Cuando Moyano habla de que Macri “cumpla”, no se refiere a los intereses de los trabajadores sino a los suyos propios: que se respeten el modelo de unicato sindical y el manejo millonario de los fondos de las obras sociales, principalmente. Junto con eso, un cambio en el impuesto al salario le permitiría a Moyano mostrar un triunfo político luego de años de instalar este reclamo en la agenda. Lo que “pelea” la burocracia sindical es su lugar de poder dentro del régimen político, tras la fricción con Cristina Fernández durante los últimos años. En este sentido, la llegada de Ezequiel Sabor al gobierno nacional, hombre de buena relación con Hugo Moyano, habría abierto un canal de diálogo con el dirigente camionero, tras los roces por el nombramiento de Triaca.
Por otro lado, las referencias de Moyano respecto de que “lo principal son los puestos de trabajo”, en momentos en los que se sufre un proceso inflacionario que dará un nuevo salto con la próxima devaluación, convalidan de antemano un ataque al salario. Algunas estimaciones calculan un 40% de inflación para el año que viene. Sin embargo, el camionero afirmó ayer que las paritarias deben negociarse por encima del 28%.
Triaca supo interpretar entonces la buena predisposición de Moyano para un pacto social con “madurez”, y por eso afirmó que "Hugo Moyano sabe que tengo la mejor predisposición para llevar adelante la función, dialogando con todos los sectores. Valoro que haya dicho que estaba para acompañarnos y darnos una mano".
Por último, cabe señalar que a pesar de que dijo que “lo principal son los puestos de trabajo”, nada dijo Moyano (así como nada viene haciendo), respecto de las luchas contra despidos que tienen lugar en estos momentos en fábricas como Cresta Roja, Metalsa, Hutchinson, así como tampoco sobre el cierre de Paraná Metal o las luchas de Donnelley y Worldcolor por la expropiación de sus fábricas.
Respecto de la reunificación de la CGT, Moyano sostuvo a la salida de la reunión que “ya hay un principio de acuerdo de iniciar la tarea de la unidad”.

El kirchnerismo redobla la demagogia

El día de ayer fue testigo también de un nuevo salto de la hipocresía kirchnerista, en su nuevo rol de opositores anticipados. Daniel Scioli, “olvidándose” nuevamente de que aún gobierna el Frente para la Victoria, y de que hace tiempo comenzaron la inflación y los despidos, sostuvo respecto de los acelerados aumentos de precios de estos días que “hoy los argentinos y argentinas están comprobando lo que advertí durante la campaña. Este proceso de formación de precios comenzó a partir del 22 de noviembre y, como lo he dicho en la campaña, se viene una devaluación que consiste en liberar el tipo de cambio, acompañada con una quita de subsidios que redundará en un recorte del poder adquisitivo de los trabajadores”.
Una vez más, se “olvidó” también de que todas esas medidas son las que están proponiendo sus asesores económicos, como Miguel Bein, y es el programa que él mismo se preparaba para aplicar en caso de llegar a la presidencia.
En la misma sintonía, el miércoles Cristina Fernández había dicho que "dentro de poco tiempo muchos argentinos se van a dar cuenta de que a ellos también el Estado les pagaba subsidios", en referencia a los próximos aumentos de tarifas que hará el gobierno de Cambiemos.
Ayer se sumó también a la demagogia el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien afirmó que si en los próximos meses crece la tensión entre empresarios y sindicatos por la discusión salarial espera que “haya diálogo, como en estos años”. Quizás se refiere al diálogo que tuvieron con Sergio Berni al frente en conflictos "con tensión" como el de Lear, el de la Línea 60, el de Kraft o tantos otros que resolvieron con represión, en defensa de las multinacionales.
Como venimos denunciando desde La Izquierda Diario, ésta es la ubicación del kirchnerismo para intentar capitalizar desde la oposición el descontento frente a la política económica del próximo gobierno. Para eso buscan deslindarse de toda responsabilidad, a pesar de que tras 12 años de gobiernos kirchneristas la estructura económica nacional sigue primarizada, dominada por el capital extranjero y con la vuelta al problema histórico de la “restricción externa”.
Lejos del ajuste que aplicará Cambiemos, y de la demagogia kirchnerista, solamente la izquierda llama a organizar la resistencia, apoyando las luchas en curso, poniendo en pie encuentros sindicales combativos y desarrollando una alternativa política de los trabajadores que luche por otra salida a la crisis.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

Condenaron a 28 trabajadores en Tierra del Fuego

A minutos de haber terminado la lectura de la sentencia por parte del Tribunal que preside Dr. Pagano Zavalía, Nathalia Gonzalez Seligra se comunicó con La Izquierda Diario.

Desde la sala donde se leyó la condena, la secretaria de DD.HH. del SUTEBA La Matanza y diputada nacional electa por el FIT, informó que “con un proceso judicial injusto y armado, el Tribunal condenó a 28 trabajadores fueguinos, por supuestos hechos en la playa de la Casa de Gobierno provincial. Se los condenó por resistencia a la autoridad y daños a los policías que declararon durante el proceso. Recordemos que estos supuestos hechos, se dieron en el marco de una legítima protesta salarial, no pudieron ser probados ni siquiera con registros fílmicos. El Tribunal ordenó una condena entre ocho meses y dos años con presión en suspenso, según el caso; mientras que dos de los 28 fueron condenados con prisión efectiva. El 11 de diciembre se van a leer los fundamentos de este fallo reaccionario, y la querella ya anunció que van a apelar”.
A su vez Gonzalez Seligra agregó: “Desde la sala, y las puertas del Tribunal que se encuentran colmadas de trabajadores que están repudiando este fallo, llamamos a todos los trabajadores del país a redoblar la campaña por la absolución definitiva de todos los trabajadores fueguinos. No queremos más fallos disciplinatorios que sólo intentan amedrentar a los trabajadores mientras empieza a aplicarse el ajuste. El jueves por la mañana docentes condenados del SUTEF estarán presentes en la marcha educativa que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. Los docentes de los SUTEBA recuperados los acompañaremos, denunciando la creciente criminalización de la protesta, y exigiendo la libertad de los trabajadores a los que se les dictó prisión efectiva y la absolución de los 28 docentes y camioneros injustamente condenados ”.

Macri deshojó su gabinete empresarial en el Botánico

Este miércoles, Mauricio paró por primera vez a todo su equipo en el césped. Conozca las nuevas especies del Jardín Botánico y sus planes para “pasar el verano”.

Mauricio Macri sigue empeñado en mostrar una derecha renovada, descontracturada y moderna. Evitando esas formales fotos de hombres trajeados y serios, delante de algún edificio de gobierno, el líder de la revolución de la alegría eligió el Jardín Botánico y el look elegante sport para presentar su gabinete.
"El mejor equipo en 50 años" lo llamó, nadie sabe en homenaje a cuál de sus predecesores. Y aclaró que “se trata de gente valiosa, argentinos comprometidos, con trayectoria y buenas intenciones".
Pero camino al infierno está plagado de buenas intenciones, escribió Dante. Y el equipo de Cambiemos parece dispuesto a confirmar esa alegoría.
Entre las 5.500 especies alojadas en el Botánico, este miércoles sobresalieron algunas particulares, cuyo origen y características ya adelantaron “estudiosos” de nuestro diario.

Un equipo de gerentes, privatistas y represores

Se pararon imitando a un equipo de fútbol, y uno no puede evitar nombrarlos como quedaron formados.
Arriba, desde la izquierda, entre otros: de la inferiores del mercado editorial y Torneos y Competencias, el ministro de Cultura Pablo Aveluto; el heredero de los empresarios automotrices, el ministro de Tranporte Guillermo Dietrich; la sucesora de Berni y ajustadora de jubilados y estatales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón; el privatista ministro de Educación, Esteban Bullrich; el niño mimado de los banqueros y ex directivo de JP Morgan, Alfonso Prat Gay; la hija del histórico presidente del City Bank, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley; el amigo personal del genocida Menéndez, el ministro de Telecomunicaciones Oscar “milico” Aguad; y el empresario de turismo y flamante Encargado de Medios Públicos, Hernán Lombardi.
Abajo, desde la izquierda, entre otros: el macartista y perseguidor de activistas de la multinacional Shell, el ministro de Energía Juan José Aranguren; el ex funcionario menemista, el ministro de Salud Jorge Lemus; la promesa de la corporación judicial porteña, el ministro de Justicia Germán Garavano; la ajustadora de telefónicos y ex CEO de Telecom, la flamante Canciller Susana Malcorra; el fundador de Máxima AFJP y director ejecutivo del diario La Nación, el ministro de Producción Francisco Cabrera; el heredero del sindicalismo amarillo, el ministro de Trabajo Jorge Triaca (hijo); el ganadero formoseño y dirigente de Confederaciones Rurales, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Ricardo Buryaile.
Podríamos agregar al hombre del Banco Galicia Miguel Braun (Comercio); el represor Eugenio Burzaco (Seguridad) o el ministro por la Presidenta, Lino Barañao.

Primeras definiciones

Tras la foto, Macri reunió a su equipo y realizó declaraciones a los medios. Cruzó nuevamente lanzas con el gobierno nacional, criticando la decisión del gobierno de suspender la retención de fondos coparticipables para las provincias y la polémica por los actos de traspaso de mando del 10 de diciembre.
Además, el hombre actualmente procesado por escuchas telefónicas a opositores, dijo que “no tendré ninguna tolerancia con casos de corrupción”.
Sobre la economía, se limitó a prometer que “en unos años llevaremos la inflación a un dígito”.
Pero la sobreactuación de Cambiemos tiene otros fundamentos. El “arbitraje” que están adelantando Macri y su equipo, delante y fuera de cámara, confirma la situación delicada en la economía. En estos días vivimos una escalada de precios que golpea el bolsillo popular, movimientos de las patronales agrarias y versiones sobre el futuro valor del dólar que confirman cuál es la “gran política” que persigue la clase empresaria: la rebaja del salario real.
El kirchnerismo en retirada deja pasar la escalada inflacionaria con su inútil “control de precios”, confirmando que el conjunto de los partidos tradicionales está dispuesto a rescatar las ganancias capitalistas ante el agotamiento del modelo.
Como señaló este martes La Izquierda Diario, la “crónica de una devaluación anunciada” del macrismo empezó a ser cobrada por adelantado por las patronales. El líder de la revolución de la alegría podría decir “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.
En los próximos días se conocerá la profundidad de la devaluación, lo mismo que las implicancias de la quita de subsidios al transporte y la energía y la baja de las retenciones al agro.
La foto del Jardín Botánico tiene dedicatoria. Palabras más, palabras menos, va dirigida “con mucho cariño y el augurio de un futuro prometedor” a esos dueños del país que aportaron sus hombres y mujeres al equipo de Mauricio.
El éxito del plan está por verse. Las fuerzas intactas de la clase trabajadora, junto al ajustado triunfo de Cambiemos sobre la demagogia del oficialismo, le “marcan la cancha” al equipo de Macri sobre las posibilidades de imponer finalmente el ajuste.

Lucho Aguilar

Pedido de condenas

El CELS solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 que condene al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero a entre 4 y 5 años de cárcel por considerarlos “responsables de la conducción, coordinación e implementación de la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 mató a cinco personas e hirió a otro centenar en los alrededores de la Plaza de Mayo. En nombre del organismo que encabeza la querella unificada de las víctimas, el abogado Rodrigo Borda los acusó de ser autores penalmente responsables del homicidio culposo de Gastón Riva y Diego Lamagna, así como de las heridas de una decena de sobrevivientes. Tras el pedido de condenas de la querella, la fiscalía comenzó ayer el propio.
El CELS enmarcó los pedidos de condena en la hipótesis con la que comenzó y culminó su participación en la investigación judicial sobre los hechos represivos de 2001: la declaración de estado de sitio de parte del entonces presidente Fernando de la Rúa como un “cheque en blanco” para que la policía reprimiera “sin control”. Para el organismo de derechos humanos, los cuatro ex funcionarios nacionales son autores de los homicidios culposos de Riva y Lamagna y de las heridas ocasionadas durante el operativo represivo a una decena de personas. “No los acusamos de ordenar a la policía que mate y hiera, sino de no prevenir las consecuencias nefastas de la represión que no solo no controlaron, sino que aplicaron e incrementaron durante ese día”, explicó Borda a Página/12. En el alegato, el CELS señaló que aquella jornada, el objetivo del Ejecutivo, desalojar la Plaza de Mayo y alrededores, “se mantuvo todo el día sin reparar en la forma desmedida en que las fuerzas de seguridad le dieron cumplimiento”. Sobre Santos, concluyó que “ordenó a sus subalternos montar el operativo de represión y se mantuvo informado de lo que sucedía, por lo que corresponde reprocharle el no haber hecho nada para restablecer el orden y hacer cesar las brutales agresiones de los agentes de la policía contra civiles desarmados”. Para la querella unificada, Andreozzi y Gaudiero “tampoco cumplieron un rol pasivo” en los ataques. Aunque las acusaciones fueron iguales para los cuatro, las penas variaron en relación con la posición que cada uno ocupó en la línea jerárquica. Para Andreozzi, a cargo entonces de la Superintendencia de la Federal, y Gaudiero, titular de la Dirección General de Operaciones (DGO), Borda solicitó cuatro años y seis meses de prisión, para el primero, y cuatro años y tres meses, para el segundo. La DGO integra la estructura de la Superintendencia; en la pirámide de responsabilidades, Gaudiero respondía a Andreozzi. El CELS solicitó, además, que se los inhabilite para ejercer cargos públicos durante ocho años.
Lo mismo ocurría con Santos y Mathov: el segundo era el jefe político del primero. Sin embargo, las penas solicitadas para ambos fueron iguales, cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Su rol determinante en la represión impedía hacer cualquier tipo de ponderación en su beneficio”, puntualizó el abogado del CELS.
Al cierre del alegato, Borda aseguró que las penas solicitadas fueron “las más altas que permite” el Código Penal, y criticó a la normativa por “no discernir entre diferentes deberes incumplidos: para nuestro código, una persona que mata a otra al cruzar un semáforo en rojo y otra que lo hace al incumplir sus deberes como funcionarios público nacional, en este caso el de velar por la seguridad de los ciudadanos, reciben la misma pena”, explicó. La exposición del CELS fue la última del grupo de las querellas que participan del juicio. Ayer comenzó su alegato la Fiscalía y se espera que la sentencia llegue recién el año próximo.

Ailín Bullentini

Aumento de precios: un nuevo ataque al bolsillo

Anticipándose a lo que viene con Macri, los empresarios especulan con los precios de productos de primera necesidad. El gobierno intenta distraer con su “control de precios” pero deja pasar la escalada inflacionaria y sólo se preocupa por su retirada.

El ajuste empezó. Los salarios están congelados hasta las próximas paritarias, pero según distintos relevamientos de precios los productos de primera necesidad subieron entre 10 y 40 por ciento en noviembre.
La “crónica de una devaluación anunciada” del macrismo empezó a ser cobrada por adelantado por las patronales.
Pero hay otros aditamentos. La quita de retenciones al trigo y al maíz, como a varios productos regionales, que dio a conocer el equipo económico de Macri, elevará aún más la rentabilidad empresaria en las mercaderías de exportación. Algo similar, vale la pena remarcarlo, propone Miguel Bein, el economista de Scioli.

Pan duro

Esa quita a las retenciones implicará que, para tener las mismas ganancias en el mercado local, las patronales busquen subir los precios internos. Lo que ocurre con la harina de trigo es una primera gran muestra.
La Federación de la Industria Panaderil de la Provincia de Buenos Aires denuncia que están recibiendo la bolsa de harina un 100 por ciento más cara. Ese aumento se traslada en buena medida al precio del pan. Otro tanto ocurre con las carnes vacunas que aumentaron entre 10 y 30 por ciento al consumidor y la de pollo con 25 por ciento.
Los economistas anticipan que las mediciones de inflación de noviembre darán resultados que duplicarán, en el mejor de los casos, las de los meses previos: estaría en 3 por ciento mensual. Todavía no está en pleno desarrollo el impacto de la devaluación.
Según Miguel Bein, “luego de un año en que la inflación se ubicaba en la zona de 1,6 por ciento mensual promedio, los datos de noviembre apuntan a 3 por ciento”. Para el año que viene anticipa una caída del salario real del 12 por ciento, pero sin contar la escalada inflacionaria que podría desatar la devaluación que anuncia el nuevo gabinete económico. El principal asesor económico de la campaña de Scioli y exfuncionario de la Alianza actúa como en un cínico relator del ajuste en curso.

Sintonía fina para el “relato”

Ayer el secretario de Comercio Augusto Costa convocó al Observatorio de Precios frente a las denuncias por subas injustificadas de precios y cortes de abastecimiento.
Según indica un comunicado oficial, “a través de la intensificación de las inspecciones se pudo constatar la existencia de numerosas listas de precios de empresas líderes del mercado con incrementos que rondan el 10% promedio, con máximos superiores al 20% en algunos productos puntuales. Esto ocurre luego de dos años consecutivos de desaceleración de los precios, según exhibe la evolución del IPC-NU, tal como reconoce también la totalidad de las mediciones privadas”.
Según la Secretaría se aplicaron multas por más de $8 millones a los supermercados por falta de abastecimiento de productos con Precios Cuidados. Las sanciones fueron para Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto, Dia, Carrefour y Wall Mart-Chango Mas.
A la vez informó que, si desabastecieron el programa “precios cuidados” para especular, empresas como Arcor, Mastellone, Unilever, Bimbo/Fargo, Pepsico, Mondelez, Procter and Gamble y otras serán multadas por casi $19 millones. Y requirió información a laboratorios dadas las subas de medicamentos de entre el 5 y el 20 por ciento.
Las empresas tendrían cinco días para informar la justificación de esos aumentos. De no hacerlo se les aplicaría la Ley de Abastecimiento.
Pero es puro artificio. Por un lado porque “el peso de la ley” en pocos días quedará en manos del macrismo. Y por otro lado porque, según el INDEC, en octubre los 67 grandes supermercados relevados facturaron $20.511 millones. O sea que una multa de $8 millones equivaldría apenas a un 0,04% de lo que facturaron en un solo mes.
El kichnerismo nunca agradeció la tarea sucia de Eduardo Duhalde con la devaluación de 2002, que licuó un 30% el salario real. Ese fue el puntapié inicial del “modelo”, dando enormes beneficios a las patronales y permitiendo el crecimiento posterior. Ahora encaró la operación inversa para evadir su responsabilidad en el ajuste en curso.
La Secretaría de Comercio dice en su comunicado que las subas de precios “se deben, según sostienen los representantes empresariales, al incremento del costo derivado de las medidas anunciadas por las autoridades electas, particularmente la devaluación de la moneda, la reducción de los subsidios a la energía y la eliminación de las retenciones.”.
Daniel Scioli quiso capitalizar la situación diciendo que él anticipó “los riesgos de una devaluación”. Se presenta como el defensor de los trabajadores. Pero el ajuste lo proponía el mismo Miguel Bein. Eso sí, “de manera gradual”, buscando disminuir la resistencia a los ataques.
En la vereda opuesta Alfonso Prat Gay dijo en campaña que los costos de la devaluación estaban incorporados en los precios, con lo que no habría escalada inflacionaria. Un disparate “teórico” que quedó en evidencia antes que la devaluación se concrete. Ahora los funcionarios designados por Macri hablan, cínicamente, de las “trampas” sembradas por el kirchnerismo.
Macrismo y kirchnerismo representan a la clase capitalista que embolsa los aumentos de precios. Pero el costo del ajuste recae en el bolsillo de los trabajadores.

¿Quién les pone un freno a los especuladores?

El futuro ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó que “vamos a hacer correcciones en las tarifas con el mismo criterio que usaremos en todas las políticas públicas, cuidando a los sectores más vulnerables y a toda la sociedad en su conjunto”.
Más allá de los “cuidados”, las empresas de energía hace rato festejan en la bolsa el tarifazo prometido.
Un verdadero control de precios es una cuestión de clase. No puede quedar en manos de quienes garantizaron las ganancias empresarias de todos estos años ni en los gerentes de las multinacionales que nombró el macrismo. Debe ser la acción de los trabajadores y los sectores populares, organizados en comités para controlar precios, pero también el stock de las empresas para poner a disposición de los consumidores todos los productos.
Si los trabajadores de las fábricas de la alimentación y de otros productos básicos, organizados en comités de control, exigieran la apertura de los libros de contabilidad develarían los costos verdaderos y pondrían en evidencia las ganancias de los especuladores.
Y a su vez esto contribuiría a determinar la diferencia real entre el costo de los productos y sus precios en las góndolas, demostrando las remarcaciones siderales. Hay que acabar con el secreto comercial.
Por otro lado la estatización de todos los bancos y una banca estatal única permitirían dar créditos baratos y acabar con las gigantescas ganancias financieras. Entre otras muchas estafas están las cargas en los pagos con tarjeta, sumas enormes que los supermercados descargan en los precios para después hacer los días de “descuento”.

Organizarse para defender el salario y el trabajo

El ajuste en curso también se manifiesta en la lucha de los trabajadores de Cresta Roja, Metalsa, Coca Cola o Hutchinson en defensa de sus puestos de trabajo.
El 12 de diciembre sectores combativos de la clase obrera de la Zona Norte del Gran Buenos Aires se darán cita para agrupar a la vanguardia y a la izquierda y plantear la coordinación de las luchas para enfrentar el ajuste. Es el primer paso hacia un gran encuentro nacional del sindicalismo combativo.
Allí se propondrán impulsar un gran Encuentro Nacional del Movimiento Obrero Combativo y la Izquierda para los primeros meses de 2016. La idea es agrupar a miles de dirigentes y activistas independientes de la burocracia sindical (que ya entró en la tregua) para pelear por un programa en defensa de un salario equivalente a la canasta familiar que recupere poder de compra frente a la inflación; por paritarias libres y sin techo; contra los despidos; por el pase a planta de todos los contratados y precarizados; rechazar los tarifazos y exigir la estatización de las empresas de servicios públicos; frente a la devaluación y el ajuste fiscal luchar por impuestos progresivos a las grandes fortunas y la nacionalización de la banca y el comercio exterior para que el ahorro nacional esté en función de las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras -incluyendo créditos baratos a los pequeños productores- y no de garantizar las superganancias de los grandes empresarios.
En lo inmediato está planteado exigir plenarios de delegados y asambleas para votar un plan de lucha, por un aumento de emergencia frente al alza de precios, y más aún frente a la perspectiva inmediata de una devaluación que significará mayor carestía. Qué la crisis la paguen los capitalistas.

Pablo Anino

Carlos Mahiques, enemigo de los derechos humanos, al Ministerio de Justicia bonaerense

El juez que integra la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Nación, Carlos Mahiques, un opositor de los derechos humanos, fue el elegido por la gobernadora electa para suceder a Ricardo Casal.

Cuando fue designado para ocupar el cargo que ejerce actualmente, ya se conocía sus antecedentes. Por entonces era miembro del tribunal de Casación bonaerense, y el CELS impugnó su designación para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Nación.
Mahiques, afín al Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (que propuso la continuidad de los jueces de la última dictadura militar), es un especialista en Derecho Penal, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor en la Universidad Austral –del Opus Deis-.

Curriculum vitae de Mahiques

Para conocer quién es Mahiques, el elegido de la gobernadora electa, basta conocer los distintos fallos judiciales en los que participó. Se pronunció contra de las leyes vigentes sobre abortos no punibles y con su voto se opuso al derecho a esta práctica a una joven con discapacidad mental que, producto de una violación, quedó embarazada. Fue en julio de 2006, cuando como juez subrogante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, voto en contra, aun cuando el máximo tribunal bonaerense avaló que la joven realizará esta práctica y cuando el Código Penal dice que no es punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que no deben ser judicializados. Rechazó el hábeas corpus colectivo por las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales, mientras que la Corte Suprema fallo a favor y exhortó a la Justicia bonaerense a intervenir sobre estas denuncias.
Opositor a la despenalización de las drogas, y con fuertes vínculos con el presidente de Boca, Daniel Angelici (íntimo de Macri), y un claro representante del Opus Deis, Mahiques cuenta con un curriculum vitae que demuestran, no solo su ideología, sino con su práctica que tiene condiciones para ocupar el Ministerio de Justicia de la provincia. Mahiques no tiene nada que envidiar al ministro saliente, Ricardo Casal.

Rosa D´Alesio

Las tomas de tierras como ejercicio del derecho a una vivienda digna

A pocos días del recambio de autoridades en el municipio de Merlo, los vecinos que ocupan los terrenos de 60 hectáreas en la localidad de Libertad solicitaron una reunión de carácter urgente con las autoridades salientes y entrantes del Municipio. "Hemos visto los desalojos violentos en el Indoamericano y en el barrio Papa Francisco y no queremos violencia", dijeron los delegados de los vecinos en un comunicado el pasado martes, en el que también insistieron en el deseo de "acceder a una vivienda, que es un derecho que hoy nos es negado". "Frente a la necesidad de acceder a un techo, miles de familias tomamos tierras que llevaban años deshabitadas y ante el cambio de gobierno y ante la incertidumbre de lo que pasará, le pedimos a los gobiernos salientes y entrantes que garanticen una solución pacífica y de diálogo al reclamo", señalaron los ocupantes. "Después de que terminó el censo de la gente hace diez días nosotros nos enteramos por los diarios que Desarrollo Social de la provincia había mantenido reuniones con los dueños de las tierras, pero ni siquiera tenemos claridad de cuántos son", dijo Anahí, una de los 60 delegados de manzana que coordinan la toma. Mientras tanto, la Policía ya no se encuentra en el lugar, y el relevamiento tan sólo duró dos días. Por ahora no se estipularon plazos para que la gente se retire del predio.

Nuevas tomas

La Fiscalía General de Morón que entiende en la causa por la toma de terrenos sobre la ruta 1003, detectó que hay más tierras tomadas en el partido de Merlo. Según consigna una nota publicada en La Nación, se estiman tomas en Mariano Acosta y Pontevedra. Las autoridades locales atribuyen las nuevas tomas a lo que llaman un “efecto cadena”, aunque serían más pequeñas de “media manzana o una”. Por otra parte, vecinos de la localidad de Agustín Ferrari (Merlo) denunciaron nuevas tomas y aseguran que la situación alteró el normal funcionamiento de los servicios públicos.

Concejo Deliberante de Luján contra las tomas

Según consigna el portal Luján Hoy, el Concejo Deliberante del municipio aprobó dos proyectos relacionados a la usurpación de terrenos en ese distrito. En los últimos tiempos, la problemática cobró fuerza tras el reclamo realizado por las familias de los barrios Los Gallitos, Luna, Hostería Sur y Los Laureles y localidades como Pueblo Nuevo, Olivera y Open Door. Por otra parte, mediante un Proyecto de Resolución, los concejales le pidieron "a los titulares de las U.F.I. (Fiscalías) Nº 9, 10 y 11, con asiento en Luján, que brinden información sobre todo tipo de denuncias relacionadas con usurpaciones de terrenos y/o bienes inmuebles que se hayan cometido en el partido de Luján desde el mes de diciembre de 2011 hasta la fecha". Según consideraron los concejales autores de los proyectos, "la ocupación irregular de tierras es consecuencia de la inacción de la autoridad estatal por no emplear las herramientas legales que permitan frenar ese tipo de ilícitos, lo cual resulta ser una insultante situación con quienes se sacrifican durante años -en el marco de la ley- para acceder a la vivienda propia". Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad por todo el cuerpo deliberativo. Por otra parte, funcionarios de la Municipalidad se comunicaron con autoridades policiales y de la Fiscalía Descentralizada de Luján para transmitir las denuncias de los vecinos.

Los temores de María Eugenia Vidal

La gobernadora electa se lo confesó a Margarita Stolbizer, cuando la visitó en su casa, antes del balotaje: “Creo que pueden haber más tomas. Puede ser un grave problema”, le planteó a su vecina y reciente candidata presidencial. Vidal sospecha que ni bien asuma esta situación puede repetirse en otros terrenos y convertirse en un cóctel explosivo al juntarse con las fiestas de fin año, fecha elegida por organizaciones sociales para exigir ayuda del Gobierno. Mientras tanto, Clarín va abonando el terreno para justificar la represión. A la nota publicada el domingo 15, “Mafias y narcos detrás de la toma de tierras”, el pasado miércoles le sumó la editorial “Ocupaciones: la hoja de ruta que manejan los punteros”, con la firma de Jorge Ossona, miembro del Club Político Argentino, que integran, entre otros, Jaime Durán Barba, Pablo Avelluto, designado Ministro de Cultura nacional y Hernán Lacunza, economista de cabecera de María Eugenia Vidal. En la misma hace referencia a un asentamiento de 90 hectáreas producto de una ocupación a fines de 2008, ocurrida en un municipio del sur del Gran Buenos Aires, que no menciona. Según su “relato” habrían operado tres grandes bandas dedicadas a la venta ilegal de tierras, tráfico de personas y de estupefacientes, apañadas por un diputado provincial, que tampoco nombra. El asentamiento habría quedado configurado en cuatro regiones con la presencia mayoritaria de inmigrantes peruanos y bolivianos, explotados en talleres clandestinos instalados para el abastecimiento de La Salada. Por medio de avionetas se abastecería a las numerosas cocinas de pasta base localizadas en el interior del predio, que se hace evidente los viernes con colas de hasta cincuenta metros de adolescentes que aguardan para comprar “paco”. El autor de Punteros, malandras y porongas. Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza (Siglo XXI, 2014), da una visión sesgada de las ocupaciones y asentamientos, que en muchos casos también expresan embriones de poder popular y autogestión, como lo son los 60 delegados de manzana en Merlo Gómez, los bachilleratos populares que funcionan en las villas y barrios pobres, los emprendimientos productivos, los jardines maternales, los centros de salud comunitarios, los hogares de día y los comedores populares que ayudan a satisfacer necesidades vitales frente a un Estado ausente. La Corriente Villera Independiente o Ciudad Futura en Rosario, que en las últimas elecciones conquistó más de 100.000 votos y tres concejales, son expresiones políticas y de organización de esa otra realidad.

Inauguraron “Villa Legislatura”

El martes 24 de noviembre, la Poderosa y la Corriente Villera Independiente, inauguraron "Villa Legislatura", para que el presupuesto de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires no vuelva a quedar en el olvido. El presupuesto 2015 es el que menos dinero destinó a la urbanización de las villas en la historia de la Ciudad. “Somos más de 300.000 villerxs que todos los días salimos a ganarnos el pan y sostenemos con nuestros trabajos el funcionamiento cotidiano de esta Ciudad. Sin embargo, seguimos viviendo en pésimas condiciones y a pesar de ser el 10% de la población, el porcentaje destinado a mejorar la infraestructura de las villas es el 0,7%”, sostienen. Ante esa situación, decidieron llevar las villas a la puerta de la Legislatura “porque pareciera que lxs encargadxs de aprobar el presupuesto destinado a urbanizar nuestros barrios no nos ven. Sin embargo, existimos y estamos decididos a luchar por una vida digna. Venimos a exigir que lo que se destine a vivienda sea suficiente para cumplir con leyes de urbanización, los fallos judiciales y nuestro derecho a una vivienda digna”, concluye el comunicado.

Mendoza: ocuparon predio en San Rafael

El domingo 22 de noviembre, un grupo de entre 50 y 60 familias ocuparon un predio abandonado, ubicado en la localidad de Real del Padre, en San Rafael, Mendoza, con la finalidad de urbanizarlo y dividirlo en lotes destinados a la construcción de viviendas. Son trabajadores rurales, desocupados, trabajadores suspendidos de Alco-Canale, que se organizan bajo la denominación de “Real del Padre Sin Techo”. El predio posee unas dos hectáreas. Son terrenos fiscales que pertenecían al antiguo cementerio de Real del Padre y que se encontraban en un estado de abandono y deterioro que perjudicaba a los habitantes del lugar. Los trabajadores y sus familias se organizan en asambleas y trabajan todo el día con sus propios materiales y herramientas. Los lotes poseen diez metros de frente y están bien delimitados con postes y alambres con algunas construcciones precarias esperando poder edificar. Luego de 13 años de gobierno kirchnerista, a lo largo de todo el país se producen situaciones similares. La falta de solución al problema habitacional, la crisis de la industria con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y la ausencia del Estado ahí donde las necesidades más elementales no son satisfechas, fuerzan a los trabajadores a organizarse para luchar por sus derechos en medio de un escenario de cambio de gobierno en el que se perfila un inminente ajuste y profundización de la crisis para los más desposeídos.

Denuncian intimidaciones

La Federación de Organizaciones de Base (FOB) realizó una denuncia sobre una permanente y sistemática campaña impulsada desde el gobierno provincial de Chaco y ejecutada por parte de las fuerzas de seguridad para intentar intimidarlos, a partir de la lucha por el esclarecimiento del asesinato del dirigente Angel Verón, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) No al Desalojo. Denuncian seguimiento a militantes después de movilizaciones o reuniones, tanto por parte de autos o motos sin patente como por móviles policiales. Uno de los autos que aparece repetidamente en estos hechos es un Corsa blanco sin patente con vidrios polarizados. Más tarde comenzaron las amenazas más directas que implicaban el uso o demostración de armas de fuego, tal como sucedió frente a la sede de una de las cooperativas de trabajo de la organización. Finalmente, las agresiones se trasladaron a la casa de un militante, cuando el día 12/11 dos sujetos en un utilitario azul pararon frente al domicilio y después de un intercambio de palabras lo amenazaron diciendo "los vamos a cagar a tiros". “Declaramos que no estamos dispuestos a ceder en esta lucha que encaramos junto con la Multisectorial Chaco contra el Ajuste y la Represión, y hacemos responsable por la integridad física de todos y cada uno de nuestros compañeros al gobierno del Chaco. Es por ello que ponemos en alerta a los compañeros de otras organizaciones y solicitamos la más amplia solidaridad enviando sus adhesiones (como individuos o como organizaciones) a fobchaco@yahoo.com.ar”, solicitan en un comunicado.

Mario Hernandez

Fuentes: Télam, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, ADN, Anred.

Orientaciones de política económica de la presidencia Macri

La campaña electoral, la designación del gabinete de ministros, especialmente en el área económica, y unas primeras declaraciones del Presidente electo nos otorgan algunas pistas sobre la orientación general de la política económica de la próxima gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre.
El privilegio es la inserción internacional ratificando y ampliando las relaciones con China y fortaleciendo los vínculos con EEUU. Es un movimiento que piensa hacerse efectivo desde las relaciones en la región, es decir, intervenir en modificar explícitamente el núcleo de definiciones sugeridas por la integración regional. Ese es el marco para la denuncia sobre Venezuela en el Mercosur y la orientación para acercar a la región a la Alianza del Pacífico y su proyecto liberalizador.
Se trata de retomar la agenda por el libre comercio y hacerlo no solo desde la Argentina, sino promoviendo un cambio discursivo en la institucionalidad de la integración regional, en el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Aun cuando no tenga éxito el gobierno Macri en sus propósitos con los países vecinos y socios de la integración, lo que importa es buscar la difusión de un discurso pro mercado y liberalización contrarrestando la lógica discursiva, aun con pocos éxitos de la integración alternativa.
La reciente realización de un Encuentro Hemisférico de lucha contra el libre comercio en La Habana, Cuba, a 10 años del No al ALCA adquiere relevancia para el movimiento popular de la Argentina, ya que la lógica que intentará el gobierno Macri para colocar al país en posición más amigable con la política exterior liberalizador de EEUU exige ser confrontado desde nuestro territorio.
Mirando hacia el interior, el marco de alianzas que define el gabinete asocia al gobierno con ejecutivos de grandes empresas extranjeras y profesionales fuertemente vinculados a la lógica discursiva del poder económico. Incluso la sorpresa de la continuidad del ministro de Ciencia y Tecnología debe encontrarse en los oportunos elogios del titular de Monsanto hacia la Argentina por su orientación en los desarrollos científicos relativos a los transgénicos y químicos (glifosato), un tema central en la estrategia de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Los desarrollos en el área son políticas de Estado, explicó Cristina Fernández para avalar la continuidad de su ministro del área en el gobierno Macri.

Dólar, retenciones y tarifas

La unificación y corrección del tipo de cambio aparece como la primera medida de interés mediático, asociada a alguna rebaja progresiva en las retenciones, aún transitoria, especialmente en materia de soja, acompañado de la posible eliminación de otras retenciones a las exportaciones, caso del trigo, el maíz y otros cultivos, como también de la carne.
El objetivo apunta a una cotización de dólar que se ubique por encima del oficial y más cercano al ilegal o blue, en el supuesto que los precios de la economía ya están fijados en esa magnitud.
Vale mencionar que nadie puede asegurar que eso sea así, y sin perjuicio que muchos precios se están ajustando bajo esa premisa, la enunciación de la medida luego de la asunción presidencial puede impactar en subas de muchos precios, y consolidar una agresión expresa a la capacidad de compra de la población que vive de ingresos fijos y bajos.
La suba de los precios anticipando la devaluación define las condiciones de arranque de la nueva etapa, con sus consiguientes beneficiarios y perjudicados.
En simultáneo a las correcciones del tipo de cambio, las elevadas tasas de interés buscarán estimular las colocaciones en pesos en el sistema financiero. Se continúa así con la pretensión gubernamental para atraer los dólares atesorados.
De ese modo, entre liquidaciones de la soja en silos, estimada en 4.500 millones de dólares, sea por reducción parcial de las retenciones y el corrimiento del precio de la divisa vía devaluación, se espera recomponer reservas internacionales disminuidas.
Claro que la expectativa estará en la búsqueda de fondos del exterior, consolidando el carácter de inversor y prestamista de China y normalizando la situación con EEUU y el sistema financiero mundial, lo que impone negociaciones concretas con los acreedores de la sentencia Griesa: los fondos buitres. En ese sendero está el camino de la normalización de las relaciones con el FMI, incluida la posibilidad del financiamiento.
El ajuste de las tarifas eléctricas mostrará el camino de la adecuación de las tarifas de servicios públicos, con el doble objetivo de reducir el déficit fiscal vía eliminación o reducción de subsidios y conceder a la demanda de las empresas para transformar subsidios en precios a facturar a los usuarios. El solo anticipo de la propuesta viene impactando en la valorización bursátil de las empresas energéticas, ya que descuentan el retorno a la senda de la rentabilidad. El impacto es aumento de los precios que incide en el costo de la cotidianeidad de los usuarios, con impacto diferenciado según el nivel de ingresos en las familias.
La adecuación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que se comenta tiende a buscar consenso en buena parte del millón de trabajadores que hoy es sujeto de esa contribución tributaria. Al mismo tiempo se supone un incremento del gasto personal por ese mayor ingreso y que pueda incidir en la recaudación tributaria.

Rumbo estructural y respuesta social

Desde el Ministerio de Trabajo se intentará avanzar en una especie de pacto social entre patronales y sindicatos para morigerar la demanda de actualización salarial. La historia de los pactos sociales supone la descarga del costo de la reducción inflacionaria a costa del salario, el precio de la fuerza de trabajo, aun cuando la incidencia de este en el precio final de bienes y servicios no sea determinante.
La política económica del gobierno entrante será enunciada en crítica a la del gobierno saliente, aun cuando expresará continuidades esenciales en la promoción del modelo productivo y de desarrollo. Se explicará hasta el cansancio la crítica por a la herencia recibida para intentar descargar cualquier ajuste sobre las espaldas del gobierno saliente y así descargar el costo del relanzamiento del orden capitalista sobre la mayoría de la población.
No es ninguna novedad la continuidad del rumbo estructural, las que empezaron a definirse en el largo plazo del programa económico de la dictadura (Plan Martínez de Hoz, 1976), afianzado en los noventa del siglo pasado (Menem-Cavallo; De la Rúa-Cavallo) y consolidado por estos años. Conviene acotar la satisfacción del múltiple ex ministro con las orientaciones que se anticipan. Quizá Cavallo está buscando su lugar en la administración Macri, aunque solo sea como aval intelectual.
Con lo estructural remitimos a la expansión de la frontera sojera, a la expansión de la mega-minería, la industrialización (armaduría) dependiente de insumos externos, asociado a una lógica de recurrente endeudamiento público y fuga de capitales. Todo sustentado en el consumo masivo (consumismo) de una producción altamente concentrada y centralizada con fuerte dependencia del capital externo.
El dato relevante de la orientación económica del gobierno Macri apunta a explicitar el programa económico de las clases dominantes. Claro que eso incluye contradicciones entre sectores del poder económico y entre la estos y el equipo en el gobierno. Vale adicionar en la consideración final, que además del poder y la burocracia existe la sociedad en su conjunto, la que recibe los impactos de la política de gobierno.
¿Cuál será la respuesta social a la política oficial está por verse? Quizá, la actitud de los trabajadores del Diario La Nación en réplica a un reaccionario editorial de la empresa mediática emblemática del poder conservador nos anticipe que el ánimo de la población actual está más asociado a las respuestas populares del 2001 que a las de los 90 del siglo pasado.
Puede ser una señal de los tiempos venideros, donde no solo existe iniciativa política del poder, sino reflejos de organización social de la experiencia reciente para pensar en perspectivas de alternativa política.

Julio C. Gambina

Isela Constantini: de General Motors a Aerolíneas Argentinas sin escala

La presidenta de General Motors Argentina y de la Cámara de la Industria Automotor, fue confirmada ayer para asumir como presidente de Aerolíneas Argentinas.

Ayer desde el macrismo, confirmaron al frente de Aerolíneas Argentinas, a Isela Constantini, quien reemplazará a Mariano Recalde a partir del 10 de diciembre.
Constantini actualmente se desempeña como jefa regional de General Motors Co. Isela además preside ADEFA, la Asociación de fábricas de automotores, quedará a cargo de administrar la aerolínea de bandera nacional.
Con una experiencia de 17 años al frente de GM., desde sectores del nuevo gobierno apuestan a esta CEO “exitosa” para convertir Aerolíneas en una empresa rentable.

¿Quién es Isela Constantini?

Constantini nació en Brasil, en 1971, es hija de padres argentinos y vivió gran parte de su juventud en Argentina.
Es Licenciada en Comunicaciones egresada de la Universidad Católica Pontificia del Paraná, Brasil, y obtuvo el MBA en la Universidad de Loyola de Chicago, Estados Unidos, con especialización en Marketing y Negocios Internacionales.
En 1998, ingresó en General Motors de Brasil en 1998 en el área de Marketing y Ventas. Desde junio de 2010 y hasta finales de febrero de 2012, se desempeñó como Directora Regional de Posventa y Servicio al Cliente en GM Sudamérica. En marzo de ese mismo año fue designada Presidente y Directora Ejecutiva de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay.
En 2013, fue incluida entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios según la revista Fortune, ocupando el puesto 37 de ese tradicional ranking.
Esta nueva designación reafirma el sentido del nuevo gobierno, Macri al gobierno, las multinacionales al poder.

LID

¿Quién es Eugenio Burzaco, el Berni de Macri?

Ayer se conocía el nombre de quien será el secretario de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Un nuevo CEO al Gabinete, que garantizará la represión en la Argentina que se viene.

El presidente electo definió que quien ocupe el puesto de secretario de Seguridad no tenga nada que envidiarle al prontuario de Sergio “carapintada” Berni. Eugenio Burzaco cuenta con un currículum que sería aplaudido por los editorialistas de La Nación.
Burzaco fue asesor de seguridad del exgobernador neuquino Jorge Sobisch cuando asesinaron al docente Carlos Fuentealba. Y presidió la Fundación PensAR junto a “colaboradores” como Julio Cirino, exagente de Inteligencia del Batallón 601, célebre por los secuestros de detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Y durante el gobierno de la Alianza integró la SIDE cuando ésta utilizó los servicios de la Banelco para comprar voluntades y sancionar la Reforma Laboral.
No hay dudas de que el nuevo integrante del gabinete de Macri, que tendrá a su cargo a los cien mil efectivos de componen las cuatro fuerzas federales del país (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), estará a la altura de garantizar la represión cuando los trabajadores salgan a las calles a enfrentar el ajuste que se viene.

Carrera ascendente

Burzaco fue diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, entre 2005 y 2009. Durante 2006 y 2007 fue presidente de la Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, cuando se transformaron en leyes los proyectos sobre el “voto nominal”, los “términos en el uso de la palabra” y el “voto del Presidente”. Fue vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y miembro de las Comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal.
En 2009 asumió como jefe de la Policía Metropolitana, cargo en el que asumió tras las separaciones de Jorge "el Fino" Palacios y Osvaldo Chamorro debido a la causa ligada a las escuchas y espionaje realizadas por el gobierno de la Ciudad.
Mientras estuvo a cargo de la fuerza represiva creada por el macrismo, Burzaco defendió el uso de las pistolas Taser afirmando que “yo entiendo que en Argentina por la susceptibilidad de nuestro pasado haya aversión por esto, pero aseguro que este arma salva vidas. Cuando uno tiene una persona que está drogada o sacada lo tiene que reducir”.

Culpable, imputado y sobreseido

También estaba al frente de la fuerza cuando en diciembre del 2010, en un operativo conjunto con la Policía Federal comandada por Aníbal Fernández, se cobraron la vida de tres personas en el Parque Indoamericano, reprimiendo a miles de familias que tomaron el predio en reclamo de su derecho a la vivienda.
Pese a estar probado que los efectivos de la Federal y de la Metropolitana actuaron coordinadamente aquella noche, los crímenes producidos por la represión siguen impunes. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó el sobreseimiento y falta de mérito para los 41 policías que participaron en la represión. Y también para Burzaco, quien estuvo imputado por tener la fuerza porteña a su cargo.

Siempre listo

Desde 2011 Burzaco es CEO de Seguridad Integral Templar S.A., empresa dedicada a proveer “soluciones integrales de seguridad para el sector público y privado”. Su consultora asesora, entre otros barones del conurbano, al intendente de Lomas de Zamora y excandidato del kirhnerismo en 2013, Martín Insaurralde. Su cachet ronda los 80 mil pesos por mes.
Burzaco es un admirador del exalcalde neoyorquino Rudolph Giuliani, que impuso la “tolerancia cero” en esa ciudad estadounidense. Sin embargo, Burzaco buscó adaptar esta doctrina, en realidad llamada de "los vidrios rotos" al paladar argentino y ensayó una versión de "centro" o si se quiere, culposa: “Ni mano dura ni mano blanda: mano justa”, fue su slogan.
Con semejante prontuario, Eugenio Burzaco promete ser un eficiente soldado al servicio de Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Un soldado armado hasta los dientes para garantizar que ajuste del nuevo gobierno pase, así sea a sangre y fuego.

Florencia Sciutti
@FlorSciutti

La continuidad de Barañao

¿Qué explica la continuidad del ministro de de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, en el gabinete de Cambiemos?
Desde estas mismas páginas hemos resaltado que su "afinidad" con Monsanto le ha valido para persistir en su cargo. Otros han revelado cuánto le deben los laboratorios, uno de los sectores que más han aportado a la campaña de Mauricio Macri. Otros, sin embargo, prefieren destacar sus dotes como científico, el gran respaldo dado a la ciencia a la hora de explicar su continuidad.
Lo que es indudable es que el ministro ha tenido el elogio desenfrenado tanto del gobierno CFK como de Cambiemos, lo que indicaría, en principio, una similitud de intereses sociales.
El respaldo a su gestión por las buenas relaciones con el mundo empresarial data de mucho tiempo. Desde la presidencia del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, entre 2003 y 2007, cultivó una fuerte asociación con empresas emblemáticas por su costado contaminante, ofertando científicos para que se integren a sus investigaciones, lo que pasó con Monsanto, con la Barrick Gold, con Chevron, con parte del mundo de los agronegocios como Bioceres, Aapresid, etc. Desde el Conicet, organismo dependiente de su ministerio, se abrió una línea de trabajo para investigadores que al trabajar con empresas obtienen ciertos privilegios que los sitúan por encima de los científicos que investigan en forma independiente y tienen estrictas pautas de evaluación. No sólo no tienen evaluaciones rigurosas, sino que a diferencia de los independientes, tienen más y mejores subsidios y más becarios.
Su currículum como científico tiene muchos grises, entre otros el promocionado programa de creación de la oveja Dolly (en 1997, sacrificada en 2003 por signos prematuros de envejecimiento) y el similar, que llevó a la primera ternera obtenida por fertilización in vitro, "Pampa". Ninguna de esas experiencias produjo algún avance significativo en el sector. Participó, además, en Conabia, organismo encargado de autorizar la liberación de materiales animales y vegetales obtenidos mediante ingeniería genética (transgénicos) y participó en el equipo que diseño el Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria, redactado a la medida de las multinacionales Monsanto, Advanta, Bayer, Nidera y Syngenta.
Sus públicas controversias con Andrés Carrasco en defensa de la red de agronegocios, y específicamente del glifosato, lo pintan de cuerpo entero. Como prueba está su respuesta reciente en una entrevista periodística. ¿Qué piensa de los reclamos ambientalistas por los daños de las fumigaciones con agroquímicos sobre la salud humana?, le pregunta el periodista. Barañao contesta: De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro.
Durante la gestión K mucho se habló de la repatriación de más de 800 investigadores, el incremento en cantidad del total de científicos, la cuadruplicación de los becarios, el aumento de sus salarios y del bienestar incomparable del que gozaría el mundo científico. Nada más alejado de la realidad: la incorporación o el regreso de científicos se dio en medio de una completa anarquía, sin medios para trabajar, sin planes claros de investigación, con grandes falencias estructurales, todo esto acompañado de un paupérrimo presupuesto que apenas llega al 0,6% del PBI, muy por debajo de países como Brasil, que destina el 1,21% a Ciencia y Técnica.
La precarización laboral de investigadores, becarios y de todo el personal de apoyo es una constante, además de los descuentos por ganancias y promesas de cambios de régimen jubilatorio que jamás se cumplieron.
En manos de este personaje está nuestra ciencia. Las grandes multinacionales del negocio agroalimentario, la minería y el petróleo han saludado su confirmación porque lo consideran un aliado. El pueblo lo seguirá sufriendo.

Raúl Stevani

Defendamos a los trabajadores del Bauen.

El diputado macrista Federico Pinedo eligió la vulgaridad y la mentira para atacar la expropiación del hotel Bauen, que tuvo lugar en la sesión de Diputados boicoteada por Cambiemos y la mayoría de la oposición. Según Pinedo, la ley sobre el Bauen implica “quitarle dinero a la gente que puede tener necesidades básicas de alimentación, para que 40 personas tenga un hotel en Callao y Corrientes" (La Nación, 28.11). Súbitamente, el portavoz parlamentario del gobierno que piensa devaluar y reducir las retenciones a los granos –todo lo cual llevará a una carestía espantosa- se acordó de los pobres, pero sólo para atacar a un grupo de trabajadores. Paradójicamente, Pinedo nos hizo acordar al kirchnerismo, cuando, por ejemplo, justificaba el impuesto al salario con el argumento de ´financiar a los más necesitados`.

Por desconocimiento o por malicia, el diputado faltó groseramente a la verdad. La ley del Bauen no ha resuelto que “cuarenta personas –n.de la r. son ciento cuarenta- tengan un hotel”. El hotel quedó “sujeto a expropiación” por parte del Estado, y sólo será cedido a préstamo al colectivo de trabajadores que lo ocupa desde su quiebra fraudulenta. Estamos, por lo tanto, ante una estatización, cuyo pago será descontado de los créditos y deudas fiscales impagas de la patronal con el Estado y el ex Banco de Desarrollo. Bien mirada, se trata de una ejecución fiscal, teniendo en cuenta que el grupo propietario Iurcovich no devolvió el préstamo que recibió de ese ex banco estatal, en tiempos de la dictadura. Pinedo lo sabe muy bien. Por lo tanto, boicoteó la sesión, no por los “cuarenta tipos”, sino para defender a un vaciador capitalista. ¡Pero en eso –el rescate de vaciadores- consiste el 99% de la legislación del Estado, o sea, la que se vota en el resto de las sesiones “normales”! En la jornada del jueves, Pinedo y los suyos brillaron “en ausencia”, poniendo de manifiesto la naturaleza clasista del parlamento.

Límites

A Pinedo ni se le pasan por la cabeza, en cambio, los límites que ese mismo parlamento le ha puesto a la conquista de los compañeros del Bauen, que defendieron su derecho al trabajo con una lucha ejemplar. La ley expropia el hotel y, a partir de ello, le impone a la cooperativa obrera una serie de obligaciones. Por caso, que el tercio de las instalaciones sirva a pasajeros del Pami - el cual, sin embargo, no asegura la ocupancia permanente de esas habitaciones. O sea que los activos del Bauen son estatizados, pero la situación de sus trabajadores –sus ingresos e incluso su destino laboral- queda librada a los vaivenes del mercado. Los compañeros deberán afrontar los límites insuperables de la autogestión obrera bajo el capitalismo, que ya han padecido en la Argentina todas las llamadas “empresas recuperadas”. La ley Bauen ni siquiera asegura una garantía salarial por parte del Estado, a favor de quienes –a su cuenta y riesgo- deberán seguir haciendo funcionar un hotel de ese mismo Estado. El Congreso ha sido con los compañeros del Bauen infinitamente más mezquino de lo que fue con Repsol, los acreedores de la deuda pública o cualquier otra corporación capitalista que obtuvo garantías ilimitadas para sus intereses. El mismo régimen social que estatiza las quiebras empresarias –en ese caso, con quórum pleno- convierte a los trabajadores en precarios “emprendedores”..

Curarse en salud

El enorme dispendio de fondos que exigen los cotidianos rescates capitalistas convierte en migajas la eventual expropiación del Bauen, al igual que al proyecto carboeléctrico de Santa Cruz que también fue votado este jueves. Lo que molesta a Pinedo, entonces, no son las cuentas fiscales sino el significado político de estos proyectos. Con sus límites y distorsiones, ellos son el resultado de una monumental presión obrera en defensa del derecho al trabajo. Las leyes votadas traducen un veto de la clase obrera a la tentativa capitalista de emerger de la crisis a costa de despidos en masa, recortes de salarios y conquistas, y que se expresaron en su momento en ocupaciones de los lugares de trabajo. Es claro que, en el cuadro de la organización social existente, ese veto traduce una situación transitoria e inestable: o los capitalistas recuperan el timón de la producción, o la clase obrera progresa hacia una reorganización social integral, bajo su propio gobierno. Por eso mismo, es necesario que las conquistas logradas apuntalen el desarrollo de una conciencia política independiente, en oposición a la cooptación estatal y al confinamiento dentro de los límites de la gestión cooperativa.
Pero a Pinedo no le preocupa el Bauen, sino las convulsiones que se vienen: ocurre que la emergencia de un ajuste y una recolonización financiera deberá agravar la crisis industrial, y la emergencia de despidos. Hoy mismo, una gigantesca lucha obrera, la de Cresta Roja, vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de quién paga la crisis. En su lucha, los miles de obreros de la avícola exigen una salida que preserve sin condiciones los puestos de trabajo amenazados. La postergada expropiación del Bauen–que el kirchnerismo evitó durante más de diez años- no sólo nos evoca la crisis de 2001, sino los términos de la bancarrota actual y de su desenlace. Los ataques del macrismo al Bauen -y a la izquierda que sostuvo la sesión del jueves- preparan un contragolpe parlamentario en el Senado, para frustrar esta expropiación y otras leyes votadas el jueves que implicaron conquistas obreras. Es necesario preparar una gran movilización de advertencia, para asegurar su votación.

Marcelo Ramal

Barañao y el Banco de Datos Genéticos

Con Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de los K que mantendrá su empleo con Macri, no sólo Monsanto y los laboratorios se aseguraron la continuidad de sus intereses en ese ministerio.
Vale recordar que con Barañao se ejecutó uno de los zarpazos más descarados de los gobiernos K contra el movimiento de derechos humanos: el desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su traslado del Hospital Durand al edificio del ministerio, en Palermo.
El BNDG es un preciado botín. Fue creado en 1984 por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, encabezadas por "Chicha" Mariani. Desde entonces fue un instituto público dedicado a identificar a los hijos apropiados por la dictadura y también casos ocurridos en democracia, en forma gratuita. Un centenar de nietos fueron identificados gracias al BNDG.
En 2009, el kirchnerismo hizo aprobar en el Congreso un recorte de las competencias del BNDG y su traspaso a la órbita del ministerio de Ciencia. Su pretensión es convertir el BNDG en la plataforma para el desarrollo de la "medicina genómica" (personalizada) en sociedad con el capital privado. Para "coordinar" el traspaso Barañao nombró a Hernán Dopazo, un lobbista de los grandes laboratorios. Recientemente fueron designados, mediante de un "concurso hecho a medida", dos accionistas de laboratorios genéticos privados.
Familiares, organismos de derechos humanos independientes como el Colectivo Memoria Militante, Hijos La Plata y Apel, junto con Abuelas históricas como "Chicha" y Elsa Pavón, denunciamos este operativo, que aún sigue su trámite en la Justicia. El gobierno porteño de Macri, por su parte, primero guardó silencio cómplice. Más tarde, bloqueó un proyecto de declaración contra el traslado del BNDG presentado en la Legislatura por Marcelo Ramal, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Luego, dejó correr el traslado ilegal de muestras y equipos. Finalmente, ratificó a Barañao. Las conclusiones son evidentes.
Estela Carlotto y las Abuelas oficialistas apoyaron a Barañao. Con su continuidad, Macri ratifica la orientación social de la ciencia pública al mismo tiempo que explora un punto de apoyo entre los organismos de derechos humanos que acompañaron su gestión.
No al desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos. No al traspaso.

Jacyn

Un gabinete de buitres

Algunos comentaristas presentaron al flamante gabinete como un prometedor equipo "técnico", que vendría a ejecutar un plan largamente concebido. En realidad, el macrismo llevó adelante un apresurado loteo de cargos, donde sobresalen dos intereses capitalistas definidos: el capital financiero y la "patria sojera". Pero si se piensa que el "agronegocio" está manejado en buena medida por fondos de inversión -pooles de siembra-, casi puede afirmarse que estamos ante un gabinete de banqueros y "buitres" (gerentes de fondos especulativos). El jefe de la banda es Alfonso Prat Gay, quien actuó en el J.P. Morgan antes de sumarse en 2002 al gabinete "nacional y popular", como presidente del Banco Central de Duhalde, primero, y de Kirchner, después. Desde ese lugar, Prat Gay aseguró el rescate de la banca privada, compensando a los bancos por la ‘pesificación asimétrica'. Es probable que ahora le quepa a Prat Gay un rol parecido: aunque todos hablan del "Banco Central quebrado", nadie dice que los bancos privados se encuentran inundados de pagarés de ese mismo banco, el cual, a su vez, es acreedor de un Tesoro también fundido. La "recapitalización" del Central, que convertirá pagarés del Tesoro en títulos de deuda, es -en última instancia- una operación de rescate de la banca privada. Pero el reendeudamiento que planea "Cambiemos" es bien más vasto, pues incluye a la deuda con los fondos buitre, con los importadores y empresas que no han remitido utilidades al exterior a causa del cepo. De movida, estamos hablando de un "festival de bonos" del orden de los 50.0000 millones de dólares. La deuda pública treparía en meses a más del 60% del Producto Bruto, pero tal vez al 80% si -como se prevé- el valor del dólar sube a los 14 pesos.

Sobrevolando cadáveres

Para apuntalar este gran operativo de reendeudamiento, Prat Gay estará acompañado por varios popes del capital financiero. No sólo nos referimos a Melconian, Sturzenegger o Frigerio: el propio jefe de gabinete Marcos Peña estará escoltado por Mario Quintana, titular del fondo de inversión Pegasus. Este fondo controla a un conjunto de empresas ligadas al negocio inmobiliario, comercial y gastronómico, muchas de las cuales fueron devoradas en las vísperas de su quiebra. El otro ladero de Peña, Gustavo Lopetegui, fue socio de Quintana en transferencias de grandes cadenas comerciales a grupos bancarios, en los años '90. No es un secreto que el enorme endeudamiento nacional que surge del "plan" macrista obligará al remate de activos nacionales -los "buitres" de esta operación económica, por lo tanto, están en el gabinete nacional.
Como garantía de este reendeudamiento, el macrismo aspira a que los sojeros liquiden buena parte de su cosecha retenida. En un plazo más largo, sueña con un boom exportador, en función de lo cual ha prometido un paquete de beneficios extraordinarios al capital agrario. Para eso, colocó al estanciero formoseño -y diputado radical- Buryaile al frente de Agricultura. El elenco se completa en una función "impensada", el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lino Barañao, el legado de CFK en el nuevo gabinete, es un indisimulado lobbista de los multinacionales de agroquímicos, comenzando por el pulpo Monsanto (ver artículos). A este conjunto de intereses, Buryaile le ha asegurado una reducción generalizada de retenciones al maíz, el trigo y la soja. Por lo pronto, el anuncio ya ha disparado fuertes aumentos en la canasta básica. Los sojeros, sin embargo, recibieron la noticia con tibieza: lo que reclaman es una devaluación en regla.
La reducción de impuestos al capital agrario deberá compensarse con la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos -combustibles y electricidad. Es lo que aseguró el ex Shell Aranguren, otro de los integrantes del nuevo gabinete.

Pacto social y regimentación

El cocktail explosivo que prepara el nuevo gabinete contra los trabajadores -devaluación, ajuste, tarifazo, carestía- coloca en un lugar estratégico al acuerdo con la burocracia sindical. Por ese motivo, Macri desechó a un primer candidato al Ministerio de Trabajo -un ex ejecutivo de Arcor ligado a De la Sota- para colocar a un agente de los "gordos", Jorge Triacca. Del otro lado, la burocracia ha respondido con una poderosa señal: nada menos que Barrionuevo dijo que a Macri hay que darle "por lo menos un año de tregua" (La Nación, 29/11). Si ello no resulta suficiente, el gabinete de "seguridad" junta frondosos antecedentes en materia de criminalización de la protesta. En primer lugar, Patricia Bullrich, quien integró el esquema laboral-penitenciario del gobierno de la Alianza; luego, Eugenio Burzaco, el "Berni" del PRO, inspirador de la policía de Sobisch, que terminó con la vida de Carlos Fuentealba. Le sigue Germán Garavano como ministro de Justicia, el hombre que ha penalizado los piquetes y movilizaciones en la Ciudad. Finalmente, el "ministro de Modernización" Andrés Ibarra cumplirá la función que ya le cupo en ese mismo cargo del gabinete porteño: perseguir al trabajador estatal y atacar sus conquistas laborales.

Junta de rematadores

Los que proclaman que pondrán fin a la "grieta" y a los "desencuentros" han armado un gabinete de ofensiva contra los trabajadores. En el mundo financiero, no hay mejores negocios que los que se urden con la bancarrota de empresas y países. El gabinete de buitres de Mauricio Macri se servirá de la quiebra que deja el kirchnerismo para montar una nueva confiscación contra el país. Deberá vérselas, por un lado, con una crisis mundial y regional, que marcha a contrapelo de las aspiraciones macristas (derrumbe de los precios de las materias primas, reflujo de capitales de los emergentes). Luego, con las contradicciones y choques que despertará este remate nacional entre diferentes fracciones capitalistas y, lo más importante, con una clase obrera con fuertes reservas de lucha.

Marcelo Ramal