sábado, 26 de julio de 2014
El Arte de Comunicar, El Periodista.
Este documental tiene como personaje de "Julio", joven periodista interesado en la búsqueda de los veteranos del oficio periodístico, que lo han ejercido (y lo siguen haciendo) con ética y verdad. Tales inquietudes llevan a Julio a encontrar e indagar a grandes figuras como Osvaldo Bayer, Stella Calloni, y Carlos Aznárez, donde relatan el complejo y apasionante mundo del periodismo en épocas pasadas y presentes.
Estos personajes formaron parte de diarios (Noticias Gráficas, Clarín, Pagina/12, Sur, etc), y de revistas o semanarios ( Todo es Historia, Cristianismo y Revolución, El Periodista), que en distintas épocas dejaron una marca imborrable en el periodismo argentino. Además de acompañar los procesos de transformaciones político-culturales que se iban produciendo no sólo en el país, sino en toda América Latina, durante gran parte del siglo XX hasta la actualidad.
Contarán sus experiencias periodísticas, sus influencias, su formación intelectual, sus amistades, las tertulias de los bares porteños, la censura; el genocidio cultural provocado por la última dictadura cívico- militar del 76-83, la irrupción de un nuevo periodismo post-dictadura, la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Cómo ven al periodismo en la actualidad, donde volvió a surgir --con más capacidad de absorción y manipulación- ese factor de poder que son los grandes pulpos monopólicos de la (des) información. En este contexto se analiza las diferencias entre "la libertad de prensa" y "la libertad de empresa" y reflexionan sobre la nueva Ley de Medios que reemplazó la anacrónica ley de la dictadura que impusieron el dictador Jorge Rafael Videla & Cía.
El objetivo es que quede un registro fílmico de estos grandes periodistas para que las distintas generaciones que elijan esta profesión, tengan una fuente imprescindible donde indagar y reflexionar no sólo aspectos de los personajes, sino sobre distintos acontecimientos de carácter nacional e internacional que hacen a la verdad y la memoria histórica.
¿De nuevo con el “cuento chino”?
Entre China y Argentina firmaron veinte acuerdos, entre los que se destacan inversiones para levantar dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz (denominadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas (comprando trenes chinos para sacar el “yuyito” con menos costo de transporte), la compra de 11 buques y la construcción de una cuarta central nuclear. En total 7,5 mil millones de dólares. A esto se suma un swap (intercambio de monedas) para fortalecer las reservas del Banco Central por el equivalente a 11 mil millones de dólares: Argentina puede pedir hasta 70 mil millones de yuanes (moneda china) en préstamo. Es el inicio de una “asociación estratégica integral”, destacaron en la reunión.
El ingreso de las inversiones tiene un plazo prolongado y su impacto en inyectar dólares en la economía local será escaso. El swap es una forma que tiene China de expandir su influencia geopolítica: acuerdos similares firmó con Corea del Sur y el Banco Central Europeo, entre otros. Podría dar algún respaldo al Banco Central, pero el yuan no es como el dólar que actúa como moneda en los intercambios comerciales y activo de reserva a nivel mundial. Argentina ya firmó con China un swap en 2009 que nunca usó. No obstante, en medio del litigio con los fondos buitre para el gobierno la visita constituyó un respiro, tratando de demostrar que el país atrae inversiones a la vez que tiene crédito por una vía alternativa al FMI, el Banco Mundial o la colocación de bonos. La visita causó gran impacto en los medios burgueses que avizoran una oportunidad de negocios. Aunque hubo quienes recordaron que hace algunos años Néstor Kirchner “consiguió” 20 mil millones de dólares de inversiones que nunca llegaron. Ahora, el bálsamo de las inversiones chinas podría enturbiarse con la mayor inestabilidad económica si Argentina cae en default.
Lo cierto es que el país asiático está buscando en América Latina y África hacerse de fuentes de provisión de materias primas. Las ventas argentinas a China se componen básicamente de soja y otros productos primarios mientras recibe bienes industriales. Es decir, la “asociación estratégica integral” agudizará la primarización de la economía. No sólo eso. Argentina tiene un déficit comercial creciente con China, que se insertó en el mundo capitalista sustentando su competitividad en una enorme oferta de mano de obra barata que le permite inundar países con todo tipo de productos, como electrónicos y textiles. Hoy China es el segundo socio comercial con un déficit para Argentina de más de 5 mil millones de dólares en 2013. Es muy probable que el swap sea una vía para financiar ese déficit, endeudando de paso a nuestro país, a la vez que les sirve para ampliar la plaza de colocación de capitales chinos que viene expandiéndose en negocios petroleros y bancarios (ICBC). Es lo que empezaron a vislumbrar los empresarios brasileños que temen ser desplazados del mercado local y recelan de la relación que construye Argentina con China, incluso interponiendo reparos a la integración de nuestro país a los BRICS, dejando al desnudo el verso de la unidad latinoamericana que los K dicen construir con el Mercosur y la Unasur.
Este acuerdo y la participación de CFK en la reunión de los BRICS (ver “La cumbre de Fortaleza y las tensiones del ‘orden internacional’” en LVO N°578) le sirvieron para “coquetear” con estos países que, en el marco de la crisis capitalista mundial, tejen alianzas defensivas ante la decadencia hegemónica de EE.UU. y a su propia desaceleración económica. “Hay un mundo nuevo, actores nuevos que quieren cooperar con uno para arrastrar este inmenso carro que es el mundo que está siendo sostenido por los países emergentes en una crisis generada por las economías centrales y en la que nos quieren tirar el muerto a las economías emergentes”, dijo Cristina en la inauguración de una planta de Yamaha este 23 de julio. Pero, mientras negocia con los buitres y banca a patronales yanquis como Lear.
El “modelo” chino hoy tiene un PBI per cápita que es la mitad del argentino y tiene muchos de los sectores más dinámicos de su economía bajo control de capital imperialista, o bajo capitales nacionales pero en asociaciones subordinadas del tipo de las que Foxconn es paradigma. Brasil mostró en la previa del Mundial cómo chocaron las ilusiones populares con las políticas de ajuste del PT. Sudáfrica es recorrida por masivas huelgas. India es otro reservorio de mano de obra barata. Rusia primarizó su economía con la restauración capitalista. No son alternativa ni cuestionan en lo fundamental el orden mundial imperialista: la ruptura con el imperialismo y una vía anti capitalista sólo puede ser obra de la clase obrera en unidad con los trabajadores y pueblos latinoamericanos que sufren nuestros mismos problemas.
Pablo Anino
El ingreso de las inversiones tiene un plazo prolongado y su impacto en inyectar dólares en la economía local será escaso. El swap es una forma que tiene China de expandir su influencia geopolítica: acuerdos similares firmó con Corea del Sur y el Banco Central Europeo, entre otros. Podría dar algún respaldo al Banco Central, pero el yuan no es como el dólar que actúa como moneda en los intercambios comerciales y activo de reserva a nivel mundial. Argentina ya firmó con China un swap en 2009 que nunca usó. No obstante, en medio del litigio con los fondos buitre para el gobierno la visita constituyó un respiro, tratando de demostrar que el país atrae inversiones a la vez que tiene crédito por una vía alternativa al FMI, el Banco Mundial o la colocación de bonos. La visita causó gran impacto en los medios burgueses que avizoran una oportunidad de negocios. Aunque hubo quienes recordaron que hace algunos años Néstor Kirchner “consiguió” 20 mil millones de dólares de inversiones que nunca llegaron. Ahora, el bálsamo de las inversiones chinas podría enturbiarse con la mayor inestabilidad económica si Argentina cae en default.
Lo cierto es que el país asiático está buscando en América Latina y África hacerse de fuentes de provisión de materias primas. Las ventas argentinas a China se componen básicamente de soja y otros productos primarios mientras recibe bienes industriales. Es decir, la “asociación estratégica integral” agudizará la primarización de la economía. No sólo eso. Argentina tiene un déficit comercial creciente con China, que se insertó en el mundo capitalista sustentando su competitividad en una enorme oferta de mano de obra barata que le permite inundar países con todo tipo de productos, como electrónicos y textiles. Hoy China es el segundo socio comercial con un déficit para Argentina de más de 5 mil millones de dólares en 2013. Es muy probable que el swap sea una vía para financiar ese déficit, endeudando de paso a nuestro país, a la vez que les sirve para ampliar la plaza de colocación de capitales chinos que viene expandiéndose en negocios petroleros y bancarios (ICBC). Es lo que empezaron a vislumbrar los empresarios brasileños que temen ser desplazados del mercado local y recelan de la relación que construye Argentina con China, incluso interponiendo reparos a la integración de nuestro país a los BRICS, dejando al desnudo el verso de la unidad latinoamericana que los K dicen construir con el Mercosur y la Unasur.
Este acuerdo y la participación de CFK en la reunión de los BRICS (ver “La cumbre de Fortaleza y las tensiones del ‘orden internacional’” en LVO N°578) le sirvieron para “coquetear” con estos países que, en el marco de la crisis capitalista mundial, tejen alianzas defensivas ante la decadencia hegemónica de EE.UU. y a su propia desaceleración económica. “Hay un mundo nuevo, actores nuevos que quieren cooperar con uno para arrastrar este inmenso carro que es el mundo que está siendo sostenido por los países emergentes en una crisis generada por las economías centrales y en la que nos quieren tirar el muerto a las economías emergentes”, dijo Cristina en la inauguración de una planta de Yamaha este 23 de julio. Pero, mientras negocia con los buitres y banca a patronales yanquis como Lear.
El “modelo” chino hoy tiene un PBI per cápita que es la mitad del argentino y tiene muchos de los sectores más dinámicos de su economía bajo control de capital imperialista, o bajo capitales nacionales pero en asociaciones subordinadas del tipo de las que Foxconn es paradigma. Brasil mostró en la previa del Mundial cómo chocaron las ilusiones populares con las políticas de ajuste del PT. Sudáfrica es recorrida por masivas huelgas. India es otro reservorio de mano de obra barata. Rusia primarizó su economía con la restauración capitalista. No son alternativa ni cuestionan en lo fundamental el orden mundial imperialista: la ruptura con el imperialismo y una vía anti capitalista sólo puede ser obra de la clase obrera en unidad con los trabajadores y pueblos latinoamericanos que sufren nuestros mismos problemas.
Pablo Anino
El apoyo de Enzo Pérez y del plantel de Belgrano de Córdoba
Enzo Pérez, jugador de la Selección, desde su Mendoza natal también apoya a los trabajadores de Lear.
El domingo 20, en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, Belgrano y Talleres jugaban un partido amistoso. El equipo celeste, “los Piratas” posó para la tradicional foto sosteniendo una bandera solidaria con los obreros de Lear, donde se lee “¡Familias en la calle nunca más! No a los despidos en Lear”
Buitres en NY: al filo de la navaja
Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa redobló el 21 de julio la presión sobre el gobierno. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de hacer los pagos de bonos “performing” (que ingresaron a los canjes) que vencieron el 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio. El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los bonos nominados en yenes y euros, también afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York para afrontar el vencimiento. Los acreedores fuera de EE.UU. sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Los bonistas que entraron al canje pueden iniciar reclamos por el valor total de los bonos (si al menos el 25% de los bonistas acuerda). Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos. Tampoco se descarta que el “stay” lo pidan los buitres para sostener el privilegio que les da el fallo y que podrían perder ante un default.
Griesa dispuso nuevos encuentros de conciliación. Los funcionarios argentinos insisten en que no pueden alcanzar un acuerdo, ya que se dispararía la claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Desde el gobierno sostienen que un arreglo con los buitres aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que los especuladores confiaban en un acuerdo pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable. La deuda que caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante esta posibilidad, varios analistas señalan que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor comparado con otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia del gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.
Este hipotético plan B, ante la dureza de Griesa y el temor de la cláusula RUFO, podría sazonarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial. Pero la encerrona en la que se halla el gobierno es consecuencia de sus propias decisiones políticas. Si Griesa y los buitres tienen poder de daño, es porque se otorgó soberanía extranjera en las reestructuraciones kirchneristas de 2005 y 2010 para asegurar buenos niveles de aceptación en el canje.
Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina vuelva a ser desfalcada por los pagos a los especuladores, bien aderezados con cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente” está ahora acorralado por las cortes, en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de divisas, a consecuencia de los pagos de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia oficial y de todos los partidos patronales, la única salida a la crisis de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres. Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda hemos planteado la necesidad de un referéndum vinculante para que el pueblo decida, y no un puñado de funcionarios que hipotecan nuestro futuro a espaldas de los trabajadores.
Esteban Mercatante
Griesa dispuso nuevos encuentros de conciliación. Los funcionarios argentinos insisten en que no pueden alcanzar un acuerdo, ya que se dispararía la claúsula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Desde el gobierno sostienen que un arreglo con los buitres aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que los especuladores confiaban en un acuerdo pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable. La deuda que caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante esta posibilidad, varios analistas señalan que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor comparado con otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia del gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.
Este hipotético plan B, ante la dureza de Griesa y el temor de la cláusula RUFO, podría sazonarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial. Pero la encerrona en la que se halla el gobierno es consecuencia de sus propias decisiones políticas. Si Griesa y los buitres tienen poder de daño, es porque se otorgó soberanía extranjera en las reestructuraciones kirchneristas de 2005 y 2010 para asegurar buenos niveles de aceptación en el canje.
Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina vuelva a ser desfalcada por los pagos a los especuladores, bien aderezados con cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente” está ahora acorralado por las cortes, en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de divisas, a consecuencia de los pagos de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia oficial y de todos los partidos patronales, la única salida a la crisis de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres. Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda hemos planteado la necesidad de un referéndum vinculante para que el pueblo decida, y no un puñado de funcionarios que hipotecan nuestro futuro a espaldas de los trabajadores.
Esteban Mercatante
Movilización en Buenos Aires hacia la embajada sionista de Israel. ¡Todos somos Palestinos/as!
El Miércoles 16 de julio en Ciudad de Buenos Aires se marchó hasta la embajada sionista de Israel en solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia de mas de 60 años.
La Marcha fue convocada por el COMITÉ ARGENTINO DE SOLIDARIDAD CON PALESTINA, integrado por decenas de organizaciones sociales, populares, políticas, de derechos humanos y estudiantiles de Argentina
Repudiamos energicamente los bombardeos y el ataque constante al que someten todos los días en la Franja de Gaza para exterminar y seguir ocupando territorio del al pueblo palestino.
El pueblo mapuche y los defensores de los grandes intereses económicos: Entrevista a Mapuexpress
Entrevistamos a Felipe Gutierrez, compañero Chileno e integrante del colectivo Mapuexpress sobre la situación del Pueblo Mapuche.
¿Como actuaron los gobiernos de Sebastián Piñera y de Bachelet respecto a la situación del pueblo Mapuche? ¿cuales son las principales reivindicaciones? ¿cuales son las medidas concretas para visibilizar ésta lucha?
Mapuexpress es un colectivo comunicacional que busca proyectar un propio camino de pensamiento, discurso y propuestas al interior del Pueblo Mapuche, entendiendo también que es fundamental una estrategia informativa para no tener que estar obligado a recurrir siempre a las mismas fuentes comunicacionales que discriminan y atentan contra el mapuche, por ello, las nuevas voces que han surgido en este espacio fluyen como planteamientos sin censura y sin desvirtuaciones, con nuevos aportes que surgen no tan solo para el mapuche, sino además para informar debidamente a la opinión pública en general.
Entrevista con Gabriel Rot: los archivos de la guerrilla argentina.
Entrevistamos a Gabriel Rot, investigador de la experiencia revolucionaria argentina. Fundador de la revista "Lucha armada" y del archivo virtual "El topo blindado". Debatimos sobre el pasado, presente y futuro de la revolución en Argentina, sobre los aciertos y errores de la experiencia de los setenta y el tipo de rescate del período que se realiza en el presente.
Chavez un fantasma de cuerpo presente. Entrevista a Hugo Calello.
En el ciclo de De razones y pasiones, historias que preparan otro futuro, Eduardo Lucita entrevistó al sociólogo y militante Hugo Calello quien hablo de su formación política y académica, de su iniciación en la militancia y de su recorridos entre Argentina y Venezuela reflexionando acerca de la marcas históricas que ha dejado el comandante Hugo Chavez en el mundo.
Preocupaciones por la economía en Argentina
Existe preocupación en la sociedad sobre la evolución de la economía argentina en la coyuntura.
Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito a la sentencia en Nueva York ante la demanda de los fondos buitres.
Por el lado de los precios existe una gran dispersión, con tendencias a consolidar un aumento considerable para el conjunto del año, con un 15% señalado por el INDEC para el primer semestre del 2014. Constituye una incógnita todavía evaluar el impacto en el conjunto de los precios que tendrá la continuidad de rebajas o eliminación de subsidios a servicios públicos.
La evolución oficial de precios en 15% proyecta una medición anual que en la mínima varía en torno al 30% y que puede dispararse por encima, mientras que las actualizaciones de ingresos populares son menores.
Según el Ministerio de trabajo, en las negociaciones paritarias el ajuste salarial promedio alcanzó el 29,7% para todo el año 2014. Son datos que influyen, especialmente, a la hora de pensar el impacto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría entre los trabajadores de mayores ingresos relativos.
Con datos de la Encuesta de Hogares del INDEC a fines del 2013 y actualizados con un 30%, en un estudio de la FISYP, verificamos que el 35,5% de los trabajadores de minería son sujetos del impuesto; lo mismo que un 29,1% de los trabajadores de la industria petrolera; el 27,5% del sector colchones y muebles; el 22% de otras industrias manufactureras; o el 20,7% del sector de información y comunicación. En otros casos, el alcance del impuesto varía según el nivel de ingresos salariales, con una gran dispersión para un promedio de salarios del sector formal de 5.147 pesos mensuales a diciembre del 2013. Si adicionamos un 30%, ese promedio llega a los 6.691 pesos al mes.
Hay que recordar que el impuesto se paga a partir de los $9.000, y siempre para aquellos que perciben por encima de $15.000. El Jefe de Gabinete informó que la contribución tributaria alcanza a un millón de trabajadores regularizados.
Vale mencionar que es un tema que concentra una de las preocupaciones entre las organizaciones sindicales, más allá de la cercanía o lejanía con el proyecto oficialista y es fuente de medidas de fuerza y protesta que se discuten en la coyuntura.
Más allá del injusto impuesto, es conocido que un tercio de los trabajadores están en situación no regularizada, con menor capacidad en la defensa de sus ingresos, ya que no acceden a la negociación colectiva y no siempre son considerados por las organizaciones sindicales, aunque algunos incluyen como afiliados a sus sindicatos a los contratados en condición irregular.
Ocurre algo similar en materia de deterioro de ingresos entre los jubilados y pensionados, aun cuando tienen actualización por ley. Ni hablar del conjunto de beneficiarios de planes sociales, los que cuentan con menos posibilidades de intervenir en la demanda de mejoras de ingresos.
Un dato relevante en la coyuntura es el retorno del fantasma del desempleo y la precariedad, alimentado con la desaceleración económica informada por el INDEC y evidenciado con la creciente conflictividad motivada por suspensiones y cesantías de trabajadores en los principales rubros de la economía, especialmente en la industria.
En efecto, el INDEC acaba de difundir estimaciones preocupantes, entre las que destaca la evolución de la actividad económica, de la construcción y el saldo comercial.
El estimador mensual industrial da cuenta de una tendencia declinante desde mayo del 2013, siendo la industria el sector determinante en la recuperación del empleo y los salarios luego de la crisis del 2001.
Algo similar refleja el indicador sintético de la actividad de la construcción, a la baja desde junio del 2013.
El saldo comercial disminuye y en términos absolutos existe una tendencia a la baja de las exportaciones e importaciones. Por el lado de las exportaciones, con relativo ascenso desde marzo por el ciclo de la producción primaria, no llega al máximo de un año antes. Es una situación agravada con una tendencia a la baja de los precios internacionales producto de una gran cosecha en EEUU.
Escenarios posibles sobre la crisis de la deuda
En medio de este proceso de achique y enfriamiento de la economía local que se descarga sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida de la sociedad, se presentan las derivaciones que surgen de la sentencia del Juez Griesa en Nueva York.
No se trata solo de la coyuntura, sino de un problema estructural para afianzar la dependencia y subordinación del país al orden capitalista.
Todos los escenarios posibles sostenidos por unos y otros auguran complicaciones mayores para satisfacer demandas sociales.
Las opciones se instalaron entre pagar ya, incluso parcialmente, posición sostenida por Macri o Cobos, entre otros; o desde el comienzo del 2015 como parece derivarse del discurso oficial (pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas y equitativas) y avalado en estos días por Lavagna que escribió “mejor un tifón que un tsunami”.
Entre esas posturas, con matices, se mueve todo el oficialismo (con duras críticas a los fondos buitres y al Juez Griesa), como Massa, Sanz, o Binner, y constituyen parte importante de los argumentos mediáticos en la mayoría del periodismo y analistas.
Pagar ya puede derivar en mayores costos estimados por el gobierno entre 120.000 y 500.000 millones de dólares por la cláusula RUFO, que condiciona a pagar la mejor oferta a los ingresados al canje 2005 y 2010.
Postergar la decisión del cumplimiento de la sentencia y el pago hasta el próximo año supone superar los límites de esa cláusula. Pero compromete recursos públicos a futuro por los montos de la sentencia, unos 1.600 millones de dólares, más aquellos que aún no litigaron ni entraron a los canjes. Se estima que el total puede alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Es una cifra que condiciona la resolución de otras demandas sociales.
Los que quieren pagar ya, la totalidad o una parte vía depósito judicial quieren evitar el default, total el costo económico social por pagos presentes y eventuales no los involucra.
Entre los demás se especula con transferir el costo potencial del default a una medida “irracional” de Griesa, apoyados en solidaridades del campo de la dominación. El Financial Times dice que el Juez no entiende cómo funciona el mercado de capitales, y como otros analistas, temen que Nueva York pueda perder negocios por el antecedente.
Un escenario alternativo que crece entre un conjunto de personalidades, sectores políticos y sociales pasa por la suspensión de los pagos ya y sustanciar una investigación con participación popular del carácter de la deuda pública.
Se pretende diferenciar la parte legítima de la ilegitima de la deuda y definir las porciones fraudulentas y odiosas.
Es la base para pensar redefiniciones de política económica, de modelo productivo y de inserciones globales que alejen al país de la dependencia a que condena el cáncer de la deuda y la subordinación al sistema financiero mundial.
El antecedente de rebeldía propiciado oportunamente por Ecuador o Islandia, incluso la Argentina con la cesación de pagos del 2001, da cuenta de un rumbo a transitar en la búsqueda de otra perspectiva.
No le fue mal a Ecuador, ni tampoco a Islandia con sus posicionamientos y decisiones.
Como no le fue mal a la Argentina liberando fondos destinados a cancelar deuda y orientándolos a resolver problemas económicos y sociales, aun cuando se discuta el sentido principal de la política económica entre 2002 y el presente.
Tampoco le fue mal al país estar afuera del mercado de préstamos y de la tormenta sufrida por aquellos países con fuerte endeudamiento en la explosión de la crisis del 2007/08.
Claro que una decisión autónoma e independiente de rechazo a la deuda y suspensión de pagos supone costos, especialmente por el boicot del poder económico y las clases dominantes, locales y globales.
Al mismo tiempo, es el punto de partida para actuar con independencia y propiciar otra articulación de relaciones internaciones, de cooperación y superación de la lógica capitalista.
Es un tema que se define en la disputa política por la movilización y organización popular.
Julio C. Gambina
Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito a la sentencia en Nueva York ante la demanda de los fondos buitres.
Por el lado de los precios existe una gran dispersión, con tendencias a consolidar un aumento considerable para el conjunto del año, con un 15% señalado por el INDEC para el primer semestre del 2014. Constituye una incógnita todavía evaluar el impacto en el conjunto de los precios que tendrá la continuidad de rebajas o eliminación de subsidios a servicios públicos.
La evolución oficial de precios en 15% proyecta una medición anual que en la mínima varía en torno al 30% y que puede dispararse por encima, mientras que las actualizaciones de ingresos populares son menores.
Según el Ministerio de trabajo, en las negociaciones paritarias el ajuste salarial promedio alcanzó el 29,7% para todo el año 2014. Son datos que influyen, especialmente, a la hora de pensar el impacto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría entre los trabajadores de mayores ingresos relativos.
Con datos de la Encuesta de Hogares del INDEC a fines del 2013 y actualizados con un 30%, en un estudio de la FISYP, verificamos que el 35,5% de los trabajadores de minería son sujetos del impuesto; lo mismo que un 29,1% de los trabajadores de la industria petrolera; el 27,5% del sector colchones y muebles; el 22% de otras industrias manufactureras; o el 20,7% del sector de información y comunicación. En otros casos, el alcance del impuesto varía según el nivel de ingresos salariales, con una gran dispersión para un promedio de salarios del sector formal de 5.147 pesos mensuales a diciembre del 2013. Si adicionamos un 30%, ese promedio llega a los 6.691 pesos al mes.
Hay que recordar que el impuesto se paga a partir de los $9.000, y siempre para aquellos que perciben por encima de $15.000. El Jefe de Gabinete informó que la contribución tributaria alcanza a un millón de trabajadores regularizados.
Vale mencionar que es un tema que concentra una de las preocupaciones entre las organizaciones sindicales, más allá de la cercanía o lejanía con el proyecto oficialista y es fuente de medidas de fuerza y protesta que se discuten en la coyuntura.
Más allá del injusto impuesto, es conocido que un tercio de los trabajadores están en situación no regularizada, con menor capacidad en la defensa de sus ingresos, ya que no acceden a la negociación colectiva y no siempre son considerados por las organizaciones sindicales, aunque algunos incluyen como afiliados a sus sindicatos a los contratados en condición irregular.
Ocurre algo similar en materia de deterioro de ingresos entre los jubilados y pensionados, aun cuando tienen actualización por ley. Ni hablar del conjunto de beneficiarios de planes sociales, los que cuentan con menos posibilidades de intervenir en la demanda de mejoras de ingresos.
Un dato relevante en la coyuntura es el retorno del fantasma del desempleo y la precariedad, alimentado con la desaceleración económica informada por el INDEC y evidenciado con la creciente conflictividad motivada por suspensiones y cesantías de trabajadores en los principales rubros de la economía, especialmente en la industria.
En efecto, el INDEC acaba de difundir estimaciones preocupantes, entre las que destaca la evolución de la actividad económica, de la construcción y el saldo comercial.
El estimador mensual industrial da cuenta de una tendencia declinante desde mayo del 2013, siendo la industria el sector determinante en la recuperación del empleo y los salarios luego de la crisis del 2001.
Algo similar refleja el indicador sintético de la actividad de la construcción, a la baja desde junio del 2013.
El saldo comercial disminuye y en términos absolutos existe una tendencia a la baja de las exportaciones e importaciones. Por el lado de las exportaciones, con relativo ascenso desde marzo por el ciclo de la producción primaria, no llega al máximo de un año antes. Es una situación agravada con una tendencia a la baja de los precios internacionales producto de una gran cosecha en EEUU.
Escenarios posibles sobre la crisis de la deuda
En medio de este proceso de achique y enfriamiento de la economía local que se descarga sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida de la sociedad, se presentan las derivaciones que surgen de la sentencia del Juez Griesa en Nueva York.
No se trata solo de la coyuntura, sino de un problema estructural para afianzar la dependencia y subordinación del país al orden capitalista.
Todos los escenarios posibles sostenidos por unos y otros auguran complicaciones mayores para satisfacer demandas sociales.
Las opciones se instalaron entre pagar ya, incluso parcialmente, posición sostenida por Macri o Cobos, entre otros; o desde el comienzo del 2015 como parece derivarse del discurso oficial (pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas y equitativas) y avalado en estos días por Lavagna que escribió “mejor un tifón que un tsunami”.
Entre esas posturas, con matices, se mueve todo el oficialismo (con duras críticas a los fondos buitres y al Juez Griesa), como Massa, Sanz, o Binner, y constituyen parte importante de los argumentos mediáticos en la mayoría del periodismo y analistas.
Pagar ya puede derivar en mayores costos estimados por el gobierno entre 120.000 y 500.000 millones de dólares por la cláusula RUFO, que condiciona a pagar la mejor oferta a los ingresados al canje 2005 y 2010.
Postergar la decisión del cumplimiento de la sentencia y el pago hasta el próximo año supone superar los límites de esa cláusula. Pero compromete recursos públicos a futuro por los montos de la sentencia, unos 1.600 millones de dólares, más aquellos que aún no litigaron ni entraron a los canjes. Se estima que el total puede alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Es una cifra que condiciona la resolución de otras demandas sociales.
Los que quieren pagar ya, la totalidad o una parte vía depósito judicial quieren evitar el default, total el costo económico social por pagos presentes y eventuales no los involucra.
Entre los demás se especula con transferir el costo potencial del default a una medida “irracional” de Griesa, apoyados en solidaridades del campo de la dominación. El Financial Times dice que el Juez no entiende cómo funciona el mercado de capitales, y como otros analistas, temen que Nueva York pueda perder negocios por el antecedente.
Un escenario alternativo que crece entre un conjunto de personalidades, sectores políticos y sociales pasa por la suspensión de los pagos ya y sustanciar una investigación con participación popular del carácter de la deuda pública.
Se pretende diferenciar la parte legítima de la ilegitima de la deuda y definir las porciones fraudulentas y odiosas.
Es la base para pensar redefiniciones de política económica, de modelo productivo y de inserciones globales que alejen al país de la dependencia a que condena el cáncer de la deuda y la subordinación al sistema financiero mundial.
El antecedente de rebeldía propiciado oportunamente por Ecuador o Islandia, incluso la Argentina con la cesación de pagos del 2001, da cuenta de un rumbo a transitar en la búsqueda de otra perspectiva.
No le fue mal a Ecuador, ni tampoco a Islandia con sus posicionamientos y decisiones.
Como no le fue mal a la Argentina liberando fondos destinados a cancelar deuda y orientándolos a resolver problemas económicos y sociales, aun cuando se discuta el sentido principal de la política económica entre 2002 y el presente.
Tampoco le fue mal al país estar afuera del mercado de préstamos y de la tormenta sufrida por aquellos países con fuerte endeudamiento en la explosión de la crisis del 2007/08.
Claro que una decisión autónoma e independiente de rechazo a la deuda y suspensión de pagos supone costos, especialmente por el boicot del poder económico y las clases dominantes, locales y globales.
Al mismo tiempo, es el punto de partida para actuar con independencia y propiciar otra articulación de relaciones internaciones, de cooperación y superación de la lógica capitalista.
Es un tema que se define en la disputa política por la movilización y organización popular.
Julio C. Gambina
El caso sobre la apropiación de Papel Prensa
La falsa autopsia del apoderado de Graiver
La dictadura cívico-militar argentina extorsionó, torturó y asesinó a integrantes del grupo financiero Graiver para apoderarse de la compañía Papel Prensa. Los dueños de los periódicos Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
El testimonio de un médico que vio y escuchó al genocida Ramón Camps ordenar que se falsearan las causas de la muerte de Jorge Rubinstein puede repercutir en la investigación sobre el despojo de Papel Prensa. El cadáver estaba en la morgue de la Bonaerense.
El lugar era grande, con una mesada donde había un cadáver; estaba lleno de gente. Lleno de tipos con uniforme, de la Policía, de la Marina, del Ejército y otros. El ambiente parecía dominado por la exaltación. Los tipos se acercaban al cadáver y lo insultaban, le gritaban, lo puteaban: ‘¡Judío de mierda!’, ‘¡Judío hijo de puta!’. Era algo dantesco. Pasaron unos minutos y vi bajar a alguien por la escalera… ¡Era Camps! Se paró, miró a los presentes, que hicieron un inmediato silencio, y en tono de arenga militar, casi gritando, dijo algo así: ‘Ustedes, señores, están aquí para algo importantísimo. Este individuo –creo que ahí llenó también su boca con insultos de todo tipo– es un delincuente montonero… de los Graiver. Acá tiene que quedar claro que se murió por muerte natural, que no le hicimos nada. Se murió solo’.”
El testimonio pertenece al médico Alejandro Olenchuk, quien luego de 37 años de silencio relató lo ocurrido el 4 de abril de 1977 en la morgue policial ubicada en el subsuelo del edificio de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata. El cadáver al que se refiere Olenchuk era el de Jorge Rubinstein, de 51 años, apoderado del Grupo Graiver, asesinado ese mismo día durante una sesión de torturas en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco. Allí, en ese momento, también estaban detenidos-desaparecidos Lidia Papaleo e Isidoro, Juan y Eva Graiver, entre otros integrantes del grupo empresarial que poco antes había sido despojado de Papel Prensa por los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con los máximos jefes de la dictadura cívico-militar instalada el 24 de marzo de 1976.
La presencia en el lugar del jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps, para dar en persona, a una “junta médica” de ocho integrantes, la orden directa de falsificar la autopsia de Jorge Rubinstein revela no sólo la importancia que la dictadura daba a la operación relacionada con los familiares y socios de David Graiver, a quienes había secuestrado pero necesitaba vivos para someterlos a un “consejo de guerra” que validara el despojo de todas sus propiedades, sino que también pone en evidencia una puja intestina entre los dictadores, con Camps –apoyado por el gobernador de facto de la provincia, Ibérico Saint Jean, y el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason (a) Pajarito– de un lado y Jorge Rafael Videla del otro.
Testimonio de un médico.
El relato del médico Alejandro Olenchuk fue obtenido por el también médico e investigador Ricardo Martínez en el marco de sus indagaciones sobre la participación de los médicos de la morgue de la Bonaerense en el encubrimiento del genocidio cometido por la última dictadura. El resultado de este trabajo –anticipado por Miradas al Sur en su edición del 23 de marzo de este año– quedó reunido en el libro La marca de la infamia, de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y el propio Martínez.
Olenchuk, por entonces jefe de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios de La Plata, fue involuntario testigo de los hechos, ya que concurrió a la morgue policial por orden del ministro de Salud de la provincia en esa etapa de la dictadura, Joseba Kelmendi de Ustarán, sin saber para qué se lo convocaba. También –gracias a la intervención de un forense policial, cuyas motivaciones aún hoy desconoce– pudo evitar su participación en la falsa autopsia.
En su relato, Olenchuk recuerda con lujo de detalles lo que le ocurrió el 4 de abril de 1977. “Ese día no me puedo olvidar cuando el telefonista del hospital, un hombre alto y grande, me vino a buscar para decirme que el ministro quería hablar conmigo y que debía ir al Ministerio –cuenta–. Pensé muchas cosas y también de las peores, pero sin llegar a tranquilizarme me dije que si me quería echar no me llamaría el ministro, y si querían detenerme tampoco. Las dos veces que me echaron no me avisó nadie. La única precaución que se me ocurrió fue avisarle a otro de los jefes médicos del hospital. ‘Mire doctor, le dije, me llama el ministro para hablar conmigo, quiero que usted sepa’. El hombre entendió mi intención de inmediato”.
Una vez en el Ministerio, en la antesala del despacho del ministro, Olenchuk se encontró con otro médico, el entonces director del Policlínico General San Martín nombrado por la dictadura, Ramón Posadas, que también había sido citado. “Eso me tranquilizó, ya que a Posadas lo tenía como una persona alejada de cuestiones políticas (…). La verdad es que al saber que éramos dos, algo me tranquilizó”, explica. Una vez dentro del despacho, el ministro De Ustarán fue deliberadamente impreciso sobre el propósito de la citación. “Nos dijo: ‘Necesitamos que ustedes representen al Ministerio en una actividad en la Jefatura de Policía’”, recuerda. Y agrega: “Yendo para allá, me doy cuenta de que no llevaba guardapolvo, me pareció que si iba vestido con guardapolvo estaba, no sé, como más protegido. Así que paré en el Instituto Médico (n. de la r.: se refiere al Instituto Médico Platense, ubicado a menos de cien metros de la Jefatura), agarré uno de un médico amigo y me lo puse”.
En el hall de la Jefatura, Olenchuk no supo hacia dónde dirigirse, hasta que se encontró con otro médico. Se trataba del policía médico Jorge Antonio Bergés, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad. “Ni bien entro, se me cruza un médico que me reconoció, uno de Quimes. El apellido era Bergés –dice–. Me conoció al instante porque había sido alumno mío, y con mucha amabilidad me atendió… y cuando le dije que me habían citado, enseguida me guió al lugar (…). Me señaló la puerta y entré solo. Bergés por entonces no era como ahora, ahí se movía como pez en el agua. Conocía todo. El lugar era un piso inferior o en un subsuelo, porque tuve que bajar una escalera. Cuando bajo llego a uno sala grande… lo que vi no me lo olvidaré jamás.”
Lo que el médico Alejandro Olenchuk vio y escuchó en la morgue es lo que se reproduce al principio de esta nota. La “junta” para cumplir con la misión ordenada por el genocida Ramón Camps estaba conformada por ocho médicos, dos civiles (Olenchuk y Posadas) y cinco policías médicos y un médico militar a quienes Olenchuk no conocía. La investigación de Adelina Dematti de Alaye, Ricardo Martínez y Karen Wittenstein pudo identificarlos de la siguiente manera: J. C. Rebollo (subcomisario), R.O. Calafell (subcomisario), R. Canestri (oficial principal), Eduardo Sotés (subcomisario), O. Raffo (jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín) y el teniente primero médico del Regimiento 7 de Infantería Ricardo Nicolás Lederer.
Después de la arenga, Camps se fue por donde había llegado. Olenchuk no sabía qué hacer. “Camps se retira y no sé cuánto pasó para que uno de los presentes, alguien que yo no conocía, se dirige a mí y me dice: ‘¿La autopsia la va a hacer usted, doctor?’ –recuerda–. Cuando escuché eso me quedé mudo, sin saber qué decir. Qué podía decir… En eso, un médico medio bajo y creo que de bigotes se apresura a cualquier respuesta mía. ‘Disculpe, doctor –dijo–, pero me parece que la autopsia la debo realizar yo porque soy médico forense de la Policía’. Yo tomé esas palabras como una salvación. Creo que ese médico me conocía, creo haberlo visto por el Policlínico… creo que también tenía una hija que era médica. Mi respuesta fue instantánea: ‘Sí, por supuesto, doctor’… Y me fui (…). Yo quería irme de allí”.
El certificado de defunción de “NN o Jorge Rubinstein” (así se lo identifica en el Libro Morgue), firmado por uno de los médicos participantes de la falsa autopsia, Eduardo Sotés, consigna como causa de muerte “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología. No se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. El informe está acompañado de once fotografías y en varias de ellas se aclara: “No se observan signos de violencia externa”. En otras palabras: Jorge Rubinstein, asesinado en la sala de torturas del centro clandestino de detención Puesto Vasco, había dejado de existir por causas meramente naturales, ni más ni menos que lo que había ordenado Camps. Y no se culpe a nadie.
Secuestros y tensiones intestinas.
A principios de marzo de 1977, el genocida Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudo finalmente dar la orden a sus grupos de tareas para que pusieran en marcha la “Operación Amigo”, cuyo objetivo era el secuestro de los integrantes del Grupo Graiver. Al frente de la tarea puso a su hombre de mayor confianza, el comisario Miguel Etchecolatz.
El 14 de marzo fueron secuestradas la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y dos de las secretarias ejecutivas del grupo, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Tres días después, el 17 de marzo, corrieron la misma suerte Isidoro (hermano de David), Juan y Eva Graiver (sus padres) y el apoderado del Grupo empresario, Jorge Rubinstein, cuyo estado de salud era delicado y estaba reponiéndose de un presunto accidente automovilístico del que se sospecha que fue un atentado. Días más tarde fueron secuestrados Rafael Ianover, quien había sido el principal testaferro de David Graiver en Papel Prensa, y otros familiares e integrantes del Grupo.
Para Camps se trataba de una operación largamente demorada. Tenía en la mira a los Graiver, por “judíos y montoneros”, desde poco después de instalado el golpe de Estado, pero hasta entonces habían estado fuera de su alcance por precisas órdenes del dictador Jorge Rafael Videla. Los dictadores los necesitaban libres pero presionados para darle visos de legalidad a una de sus operaciones más importantes: que los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
En Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, Jorge Mancinelli y quien esto escribe explicaron que se trataba de una necesidad estratégica de la dictadura, para contar con la complicidad comunicacional y propagandística de los tres diarios más importantes de la Argentina. En noviembre de 1976, los familiares del malogrado David Graiver y el testaferro Rafael Ianover se habían visto obligados, bajo amenazas de muerte, a traspasar sus acciones a los dueños de los tres diarios durante una reunión realizada por la noche, en las oficinas que el diario La Nación tenía en el edificio de Florida 1. Aunque la empresa estaba valuada en alrededor de 15 millones de dólares, la transacción se hizo por 996.000 dólares, de los cuales la viuda de Graiver sólo recibió 7.000 en ese momento. No recibiría más.
Conseguidas las firmas para el traspaso, faltaban aún algunos aspectos legales que prolongaron la operación de apropiación hasta principios de marzo de 1977. Recién entonces, el dictador Videla, a través del general Guillermo Suárez Mason, le dio luz verde a Camps para que secuestrara a los Graiver. Pero los necesitaba vivos –aunque quebrados por las detenciones ilegales y las torturas– para someterlos a un consejo de guerra, instruido por el general Bartolomé Gallino, que los encontrara culpables del delito de “subversión económica” para así poder expropiar, a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa), el resto de las empresas del Grupo.
Una vez secuestrados, los integrantes del Grupo Graiver fueron confinados en Puesto Vasco y, más tarde, en el Pozo de Banfield, donde fueron sometidos a constantes torturas. Mientras esto ocurría, los dueños y los representantes legales de los tres diarios que se habían apropiado de Papel Prensa se reunían con Gallino para “darle letra” para los interrogatorios.
Pero en Puesto Vasco, Jorge Rubinstein “se les quedó” a los torturadores. La noticia de su muerte fue un duro golpe para Camps, que vio peligrar su posición en el Ejército y en el andamiaje represivo de la dictadura. No quería que Videla –contrariado por ese “exceso”– ordenara su desplazamiento. En ese contexto, la falsa autopsia de Rubinstein ordenada por Camps y perpetrada en la morgue de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no sólo fue una maniobra tendiente a ocultar una muerte más del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura sino también un intento del jefe de la Bonaerense de armarse un escudo protector por haber contrariado las órdenes de sus superiores.
Ahora, el testimonio del médico Alejandro Olenchuk sobre la autopsia de Rubinstein arroja nueva luz sobre los hechos. Seguramente, su contenido llegará al conocimiento del titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, donde la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa parece dormir el sueño de los (in)justos.
Daniel Cecchini
Miradas al Sur
La dictadura cívico-militar argentina extorsionó, torturó y asesinó a integrantes del grupo financiero Graiver para apoderarse de la compañía Papel Prensa. Los dueños de los periódicos Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
El testimonio de un médico que vio y escuchó al genocida Ramón Camps ordenar que se falsearan las causas de la muerte de Jorge Rubinstein puede repercutir en la investigación sobre el despojo de Papel Prensa. El cadáver estaba en la morgue de la Bonaerense.
El lugar era grande, con una mesada donde había un cadáver; estaba lleno de gente. Lleno de tipos con uniforme, de la Policía, de la Marina, del Ejército y otros. El ambiente parecía dominado por la exaltación. Los tipos se acercaban al cadáver y lo insultaban, le gritaban, lo puteaban: ‘¡Judío de mierda!’, ‘¡Judío hijo de puta!’. Era algo dantesco. Pasaron unos minutos y vi bajar a alguien por la escalera… ¡Era Camps! Se paró, miró a los presentes, que hicieron un inmediato silencio, y en tono de arenga militar, casi gritando, dijo algo así: ‘Ustedes, señores, están aquí para algo importantísimo. Este individuo –creo que ahí llenó también su boca con insultos de todo tipo– es un delincuente montonero… de los Graiver. Acá tiene que quedar claro que se murió por muerte natural, que no le hicimos nada. Se murió solo’.”
El testimonio pertenece al médico Alejandro Olenchuk, quien luego de 37 años de silencio relató lo ocurrido el 4 de abril de 1977 en la morgue policial ubicada en el subsuelo del edificio de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata. El cadáver al que se refiere Olenchuk era el de Jorge Rubinstein, de 51 años, apoderado del Grupo Graiver, asesinado ese mismo día durante una sesión de torturas en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco. Allí, en ese momento, también estaban detenidos-desaparecidos Lidia Papaleo e Isidoro, Juan y Eva Graiver, entre otros integrantes del grupo empresarial que poco antes había sido despojado de Papel Prensa por los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en complicidad con los máximos jefes de la dictadura cívico-militar instalada el 24 de marzo de 1976.
La presencia en el lugar del jefe de la Policía Bonaerense, coronel Ramón Camps, para dar en persona, a una “junta médica” de ocho integrantes, la orden directa de falsificar la autopsia de Jorge Rubinstein revela no sólo la importancia que la dictadura daba a la operación relacionada con los familiares y socios de David Graiver, a quienes había secuestrado pero necesitaba vivos para someterlos a un “consejo de guerra” que validara el despojo de todas sus propiedades, sino que también pone en evidencia una puja intestina entre los dictadores, con Camps –apoyado por el gobernador de facto de la provincia, Ibérico Saint Jean, y el Jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez Mason (a) Pajarito– de un lado y Jorge Rafael Videla del otro.
Testimonio de un médico.
El relato del médico Alejandro Olenchuk fue obtenido por el también médico e investigador Ricardo Martínez en el marco de sus indagaciones sobre la participación de los médicos de la morgue de la Bonaerense en el encubrimiento del genocidio cometido por la última dictadura. El resultado de este trabajo –anticipado por Miradas al Sur en su edición del 23 de marzo de este año– quedó reunido en el libro La marca de la infamia, de la Madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye con la colaboración de la investigadora Karen Wittenstein y el propio Martínez.
Olenchuk, por entonces jefe de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios de La Plata, fue involuntario testigo de los hechos, ya que concurrió a la morgue policial por orden del ministro de Salud de la provincia en esa etapa de la dictadura, Joseba Kelmendi de Ustarán, sin saber para qué se lo convocaba. También –gracias a la intervención de un forense policial, cuyas motivaciones aún hoy desconoce– pudo evitar su participación en la falsa autopsia.
En su relato, Olenchuk recuerda con lujo de detalles lo que le ocurrió el 4 de abril de 1977. “Ese día no me puedo olvidar cuando el telefonista del hospital, un hombre alto y grande, me vino a buscar para decirme que el ministro quería hablar conmigo y que debía ir al Ministerio –cuenta–. Pensé muchas cosas y también de las peores, pero sin llegar a tranquilizarme me dije que si me quería echar no me llamaría el ministro, y si querían detenerme tampoco. Las dos veces que me echaron no me avisó nadie. La única precaución que se me ocurrió fue avisarle a otro de los jefes médicos del hospital. ‘Mire doctor, le dije, me llama el ministro para hablar conmigo, quiero que usted sepa’. El hombre entendió mi intención de inmediato”.
Una vez en el Ministerio, en la antesala del despacho del ministro, Olenchuk se encontró con otro médico, el entonces director del Policlínico General San Martín nombrado por la dictadura, Ramón Posadas, que también había sido citado. “Eso me tranquilizó, ya que a Posadas lo tenía como una persona alejada de cuestiones políticas (…). La verdad es que al saber que éramos dos, algo me tranquilizó”, explica. Una vez dentro del despacho, el ministro De Ustarán fue deliberadamente impreciso sobre el propósito de la citación. “Nos dijo: ‘Necesitamos que ustedes representen al Ministerio en una actividad en la Jefatura de Policía’”, recuerda. Y agrega: “Yendo para allá, me doy cuenta de que no llevaba guardapolvo, me pareció que si iba vestido con guardapolvo estaba, no sé, como más protegido. Así que paré en el Instituto Médico (n. de la r.: se refiere al Instituto Médico Platense, ubicado a menos de cien metros de la Jefatura), agarré uno de un médico amigo y me lo puse”.
En el hall de la Jefatura, Olenchuk no supo hacia dónde dirigirse, hasta que se encontró con otro médico. Se trataba del policía médico Jorge Antonio Bergés, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad. “Ni bien entro, se me cruza un médico que me reconoció, uno de Quimes. El apellido era Bergés –dice–. Me conoció al instante porque había sido alumno mío, y con mucha amabilidad me atendió… y cuando le dije que me habían citado, enseguida me guió al lugar (…). Me señaló la puerta y entré solo. Bergés por entonces no era como ahora, ahí se movía como pez en el agua. Conocía todo. El lugar era un piso inferior o en un subsuelo, porque tuve que bajar una escalera. Cuando bajo llego a uno sala grande… lo que vi no me lo olvidaré jamás.”
Lo que el médico Alejandro Olenchuk vio y escuchó en la morgue es lo que se reproduce al principio de esta nota. La “junta” para cumplir con la misión ordenada por el genocida Ramón Camps estaba conformada por ocho médicos, dos civiles (Olenchuk y Posadas) y cinco policías médicos y un médico militar a quienes Olenchuk no conocía. La investigación de Adelina Dematti de Alaye, Ricardo Martínez y Karen Wittenstein pudo identificarlos de la siguiente manera: J. C. Rebollo (subcomisario), R.O. Calafell (subcomisario), R. Canestri (oficial principal), Eduardo Sotés (subcomisario), O. Raffo (jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín) y el teniente primero médico del Regimiento 7 de Infantería Ricardo Nicolás Lederer.
Después de la arenga, Camps se fue por donde había llegado. Olenchuk no sabía qué hacer. “Camps se retira y no sé cuánto pasó para que uno de los presentes, alguien que yo no conocía, se dirige a mí y me dice: ‘¿La autopsia la va a hacer usted, doctor?’ –recuerda–. Cuando escuché eso me quedé mudo, sin saber qué decir. Qué podía decir… En eso, un médico medio bajo y creo que de bigotes se apresura a cualquier respuesta mía. ‘Disculpe, doctor –dijo–, pero me parece que la autopsia la debo realizar yo porque soy médico forense de la Policía’. Yo tomé esas palabras como una salvación. Creo que ese médico me conocía, creo haberlo visto por el Policlínico… creo que también tenía una hija que era médica. Mi respuesta fue instantánea: ‘Sí, por supuesto, doctor’… Y me fui (…). Yo quería irme de allí”.
El certificado de defunción de “NN o Jorge Rubinstein” (así se lo identifica en el Libro Morgue), firmado por uno de los médicos participantes de la falsa autopsia, Eduardo Sotés, consigna como causa de muerte “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología. No se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. El informe está acompañado de once fotografías y en varias de ellas se aclara: “No se observan signos de violencia externa”. En otras palabras: Jorge Rubinstein, asesinado en la sala de torturas del centro clandestino de detención Puesto Vasco, había dejado de existir por causas meramente naturales, ni más ni menos que lo que había ordenado Camps. Y no se culpe a nadie.
Secuestros y tensiones intestinas.
A principios de marzo de 1977, el genocida Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudo finalmente dar la orden a sus grupos de tareas para que pusieran en marcha la “Operación Amigo”, cuyo objetivo era el secuestro de los integrantes del Grupo Graiver. Al frente de la tarea puso a su hombre de mayor confianza, el comisario Miguel Etchecolatz.
El 14 de marzo fueron secuestradas la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y dos de las secretarias ejecutivas del grupo, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Tres días después, el 17 de marzo, corrieron la misma suerte Isidoro (hermano de David), Juan y Eva Graiver (sus padres) y el apoderado del Grupo empresario, Jorge Rubinstein, cuyo estado de salud era delicado y estaba reponiéndose de un presunto accidente automovilístico del que se sospecha que fue un atentado. Días más tarde fueron secuestrados Rafael Ianover, quien había sido el principal testaferro de David Graiver en Papel Prensa, y otros familiares e integrantes del Grupo.
Para Camps se trataba de una operación largamente demorada. Tenía en la mira a los Graiver, por “judíos y montoneros”, desde poco después de instalado el golpe de Estado, pero hasta entonces habían estado fuera de su alcance por precisas órdenes del dictador Jorge Rafael Videla. Los dictadores los necesitaban libres pero presionados para darle visos de legalidad a una de sus operaciones más importantes: que los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaran con las acciones de Papel Prensa, la única empresa productora de papel para diarios del país.
En Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, Jorge Mancinelli y quien esto escribe explicaron que se trataba de una necesidad estratégica de la dictadura, para contar con la complicidad comunicacional y propagandística de los tres diarios más importantes de la Argentina. En noviembre de 1976, los familiares del malogrado David Graiver y el testaferro Rafael Ianover se habían visto obligados, bajo amenazas de muerte, a traspasar sus acciones a los dueños de los tres diarios durante una reunión realizada por la noche, en las oficinas que el diario La Nación tenía en el edificio de Florida 1. Aunque la empresa estaba valuada en alrededor de 15 millones de dólares, la transacción se hizo por 996.000 dólares, de los cuales la viuda de Graiver sólo recibió 7.000 en ese momento. No recibiría más.
Conseguidas las firmas para el traspaso, faltaban aún algunos aspectos legales que prolongaron la operación de apropiación hasta principios de marzo de 1977. Recién entonces, el dictador Videla, a través del general Guillermo Suárez Mason, le dio luz verde a Camps para que secuestrara a los Graiver. Pero los necesitaba vivos –aunque quebrados por las detenciones ilegales y las torturas– para someterlos a un consejo de guerra, instruido por el general Bartolomé Gallino, que los encontrara culpables del delito de “subversión económica” para así poder expropiar, a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa), el resto de las empresas del Grupo.
Una vez secuestrados, los integrantes del Grupo Graiver fueron confinados en Puesto Vasco y, más tarde, en el Pozo de Banfield, donde fueron sometidos a constantes torturas. Mientras esto ocurría, los dueños y los representantes legales de los tres diarios que se habían apropiado de Papel Prensa se reunían con Gallino para “darle letra” para los interrogatorios.
Pero en Puesto Vasco, Jorge Rubinstein “se les quedó” a los torturadores. La noticia de su muerte fue un duro golpe para Camps, que vio peligrar su posición en el Ejército y en el andamiaje represivo de la dictadura. No quería que Videla –contrariado por ese “exceso”– ordenara su desplazamiento. En ese contexto, la falsa autopsia de Rubinstein ordenada por Camps y perpetrada en la morgue de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no sólo fue una maniobra tendiente a ocultar una muerte más del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura sino también un intento del jefe de la Bonaerense de armarse un escudo protector por haber contrariado las órdenes de sus superiores.
Ahora, el testimonio del médico Alejandro Olenchuk sobre la autopsia de Rubinstein arroja nueva luz sobre los hechos. Seguramente, su contenido llegará al conocimiento del titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini, donde la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa parece dormir el sueño de los (in)justos.
Daniel Cecchini
Miradas al Sur
La policía sigue matando
En los últimos días, se denunciaron casos de gatillo fácil en Córdoba, Misiones y Neuquén. Disparos por la espalda en supuestos intentos de robos y fuertes golpizas contra personas esposadas son algunas de las formas que utilizan los efectivos para matar.
En abril de este año, Lautaro Torres de 16 años fue asesinado por la espalda por una mujer policía que denunció que el adolescente había intentado robarle el celular. Tan solo tres meses después, el tío de Lautaro, Miguel Ángel Torres, también fue asesinado por la policía de Córdoba.
El hombre de 32 años recibió el viernes pasado en el Barrio San Roque dos disparos por la espalda de parte de un comisario, que una vez más acusó a la víctima de haber querido robar, en este caso, una librería.
Recién a la una de la tarde del día siguiente, forenses de la policía se acercaron al domicilio de Torres para hablar con los familiares y pedirles que fueran a reconocer el cuerpo. Sin embargo, cuando se acercaron a la morgue no los dejaron ingresar, y recién pudieron ver el cuerpo de Miguel Ángel un día después, cuando les entregaron el cajón para el velatorio.
“Las circunstancias no quedan para nada claras, en el sentido de que no dieron un parte policial a la familia como para indicarle lo sucedido, pero básicamente la versión policial es que él intentó asaltar una librería, o ya la había asaltado otra persona y justo él pasó, pero cuando salía de la librería un comisario le pegó a modo de fusilamiento dos tiros en la espalda, también tiene un corte profundo en la parte de atrás de la cabeza, no ha habido ningún tipo de intercambio de disparos, ni forcejeo”, contó Lucrecia Fernández de Mucho Palo Noticias en el programa Enredando las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos.
“Este chico es tío de Lautaro Torres –continuó Fernández–, un joven asesinado en abril pasado, en circunstancias similares. Salió a comprar una tarjeta de teléfono, una policía que estaba de civil dice que le intentó robar el celular y le pegó cuatro tiros por la espalda dándole muerte a Lautaro que tenía solo 16 años”.
Parece ser un modus operandi cada vez más claro el de la policía cordobesa, matar jóvenes en circunstancias que no quedan claras, intentar construir la versión del intento de robo y enfrentamiento, no informar como corresponde a las familias y luego no dejarlas ver los cuerpos de las víctimas.
El martes 22 de julio, amigos y familiares realizaron un corte en la Ruta 20, a escasas cuadras del lugar donde vive el comisario acusado del homicidio de Torres. “Nos encontramos con un escenario de mucha presencia policial, había alrededor de 14 efectivos, dos móviles, cuatro motos y policías de civil. Yo suelo ir a cubrir muchos cortes y nunca me encontré con un escenario de estas características, de tanta presencia policial por un corte de familiares. También estuvieron otros familiares, cuando llegamos varios niños bajaron de una camioneta y alrededor nuestro corrían y canturreaban temas de las últimas movilizaciones. La mamá de uno de los chicos nos dijo ‘lo que pasa es que nosotros venimos yendo a todas las marchas de familiares contra la represión y el gatillo, acompañando a los familiares y ahora nos toca a nosotros ser los acompañados’”, relató Fernández a Enredando las mañanas.
Según aseguró la integrante de Mucho Palo Noticias, en el último tiempo se está registrando en Córdoba al menos un caso de gatillo fácil por mes: “(La de Miguel Ángel Torres) es una ejecución, como fue la de Lautaro y la de todos los casos de gatillo fácil que venimos contabilizando durante todos estos meses, donde jóvenes son asesinados de cuatro tiros por la espalda”, agregó.
Para Lucrecia Fernández la historia es siempre la misma, no dejan ver el cuerpo, después de varias horas le plantan un arma a la víctima: “y en el medio un jefe de policía que está dando licencia para matar, ya que dos días después del asesinato de Lautaro Torres salió a decir en los medios de comunicación que todo delincuente que saliera armado o presuntamente armado iba a terminar asesinado. Eso evidentemente ha recrudecido la situación en Córdoba”.
Fernández criticó además la forma en que los medios tradicionales trataron el caso de Miguel Ángel Torres: “el silencio en general de los medios, salió como una circunstancia en la que un comisario había matado a un joven pero sin nombre. Durante varios días no se publicó el nombre de la víctima. Hoy los pibes cantan en la vereda de su casa: ‘vecino, vecina, la yuta te asesina’, como si cantaran el arroz con leche, porque esa es la realidad que viven cotidianamente. Todo esto legitimado por los medios, los funcionarios de turno y lamentablemente por un gran sector social, hay un aval donde no extraña que maten a la gente en circunstancias que no se entienden”.
Unas horas después del asesinato de Miguel Ángel Torres en Córdoba, el albañil Carlos Guirula fue detenido por efectivos de la Comisaría 13° de Posadas, Misiones. Fue a pedido de los empleados de un motel que llamaron a la policía acusándolo de hacer un escándalo. Junto con uniformados del Comando Radioeléctrico, los policías redujeron a Guirula a los golpes y lo esposaron. Luego lo arrojaron a la caja de una camioneta para llevarlo hasta la comisaría, ubicada a veinte cuadras del lugar. Cuando llegaron, el hombre estaba sin vida.
Según la autopsia, la causa de la muerte fue la paliza recibida por la víctima, que le provocó el hundimiento del tórax, estallido de un pulmón y del bazo. Guirula tenía además golpes en el cráneo y en la zona lumbar. Incluso en la piel le quedaron marcadas las huellas de los borceguíes policiales.
A su vez, se comprobó que los efectivos involucrados en el hecho quisieron borrar las pruebas de lo sucedido al lavar la camioneta en la que arrojaron a la víctima. De todos modos, se pudieron detectar allí rastros de sangre.
Por el asesinato del albañil fueron detenidos nueve policías que participaron del operativo de detención, y un par de días después se ordenó la captura de otros dos efectivos.
En tanto, el 12 de julio pasado, Rubén "Teté" Soazo de 24 años había ingresado a una casa a robar en la ciudad de Neuquén, cuando la policía arribó al lugar. Seis horas más tarde, su familia supo que había muerto.
Como suele ocurrir en estos casos, los medios tradicionales hablaron de enfrentamiento, dijeron que Soazo disparó y los efectivos debieron responderle. Sin embargo, las pericias determinaron que en la casa no había vainas del arma que tenía Soazo, lo que indica que no disparó.
“No sabemos si lo mataron adentro de la casa o si lo terminaron de matar en la comisaría (…) tenía golpes, quemaduras, los dedos reventados, le faltaban dos dientes”, afirmó la compañera de Teté y madre de sus hijos a El Zumbido.
“Él tenía disparos en la espalda, en los brazos, en las piernas, en la sien, los dedos de las dos manos todos machucados, un corte en la frente, un golpe en la boca donde le faltaban dos dientes y rasguños (…), si lo mataron a balazos, ¿por qué tiene todas esas marcas?”, agregó una de sus tías.
El efectivo que le disparó a Soazo asegura haber sido amenazado de muerte y está con custodia, sin embargo la familia del joven asesinado denunció que todos los días pasan patrulleros por delante de su casa y desde el interior del vehículo les hacen el gesto como si les fueran a disparar, a pesar de esto no han recibido ningún tipo de ayuda.
Sin duda, la policía está cada vez más acostumbrada a disparar, matar y fraguar supuestos enfrentamientos, para luego manejarse con total impunidad con las familias de sus víctimas, no informándoles como corresponde lo sucedido, no dejándoles ver los cuerpos que evidencian la violencia recibida y como si fuera poco amenazándolos.
Red Eco Alternativo
Fuentes: Enredando las mañanas (RNMA) / Agencia para la Libertad / El Zumbido
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=13845&Itemid=130
En abril de este año, Lautaro Torres de 16 años fue asesinado por la espalda por una mujer policía que denunció que el adolescente había intentado robarle el celular. Tan solo tres meses después, el tío de Lautaro, Miguel Ángel Torres, también fue asesinado por la policía de Córdoba.
El hombre de 32 años recibió el viernes pasado en el Barrio San Roque dos disparos por la espalda de parte de un comisario, que una vez más acusó a la víctima de haber querido robar, en este caso, una librería.
Recién a la una de la tarde del día siguiente, forenses de la policía se acercaron al domicilio de Torres para hablar con los familiares y pedirles que fueran a reconocer el cuerpo. Sin embargo, cuando se acercaron a la morgue no los dejaron ingresar, y recién pudieron ver el cuerpo de Miguel Ángel un día después, cuando les entregaron el cajón para el velatorio.
“Las circunstancias no quedan para nada claras, en el sentido de que no dieron un parte policial a la familia como para indicarle lo sucedido, pero básicamente la versión policial es que él intentó asaltar una librería, o ya la había asaltado otra persona y justo él pasó, pero cuando salía de la librería un comisario le pegó a modo de fusilamiento dos tiros en la espalda, también tiene un corte profundo en la parte de atrás de la cabeza, no ha habido ningún tipo de intercambio de disparos, ni forcejeo”, contó Lucrecia Fernández de Mucho Palo Noticias en el programa Enredando las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos.
“Este chico es tío de Lautaro Torres –continuó Fernández–, un joven asesinado en abril pasado, en circunstancias similares. Salió a comprar una tarjeta de teléfono, una policía que estaba de civil dice que le intentó robar el celular y le pegó cuatro tiros por la espalda dándole muerte a Lautaro que tenía solo 16 años”.
Parece ser un modus operandi cada vez más claro el de la policía cordobesa, matar jóvenes en circunstancias que no quedan claras, intentar construir la versión del intento de robo y enfrentamiento, no informar como corresponde a las familias y luego no dejarlas ver los cuerpos de las víctimas.
El martes 22 de julio, amigos y familiares realizaron un corte en la Ruta 20, a escasas cuadras del lugar donde vive el comisario acusado del homicidio de Torres. “Nos encontramos con un escenario de mucha presencia policial, había alrededor de 14 efectivos, dos móviles, cuatro motos y policías de civil. Yo suelo ir a cubrir muchos cortes y nunca me encontré con un escenario de estas características, de tanta presencia policial por un corte de familiares. También estuvieron otros familiares, cuando llegamos varios niños bajaron de una camioneta y alrededor nuestro corrían y canturreaban temas de las últimas movilizaciones. La mamá de uno de los chicos nos dijo ‘lo que pasa es que nosotros venimos yendo a todas las marchas de familiares contra la represión y el gatillo, acompañando a los familiares y ahora nos toca a nosotros ser los acompañados’”, relató Fernández a Enredando las mañanas.
Según aseguró la integrante de Mucho Palo Noticias, en el último tiempo se está registrando en Córdoba al menos un caso de gatillo fácil por mes: “(La de Miguel Ángel Torres) es una ejecución, como fue la de Lautaro y la de todos los casos de gatillo fácil que venimos contabilizando durante todos estos meses, donde jóvenes son asesinados de cuatro tiros por la espalda”, agregó.
Para Lucrecia Fernández la historia es siempre la misma, no dejan ver el cuerpo, después de varias horas le plantan un arma a la víctima: “y en el medio un jefe de policía que está dando licencia para matar, ya que dos días después del asesinato de Lautaro Torres salió a decir en los medios de comunicación que todo delincuente que saliera armado o presuntamente armado iba a terminar asesinado. Eso evidentemente ha recrudecido la situación en Córdoba”.
Fernández criticó además la forma en que los medios tradicionales trataron el caso de Miguel Ángel Torres: “el silencio en general de los medios, salió como una circunstancia en la que un comisario había matado a un joven pero sin nombre. Durante varios días no se publicó el nombre de la víctima. Hoy los pibes cantan en la vereda de su casa: ‘vecino, vecina, la yuta te asesina’, como si cantaran el arroz con leche, porque esa es la realidad que viven cotidianamente. Todo esto legitimado por los medios, los funcionarios de turno y lamentablemente por un gran sector social, hay un aval donde no extraña que maten a la gente en circunstancias que no se entienden”.
Unas horas después del asesinato de Miguel Ángel Torres en Córdoba, el albañil Carlos Guirula fue detenido por efectivos de la Comisaría 13° de Posadas, Misiones. Fue a pedido de los empleados de un motel que llamaron a la policía acusándolo de hacer un escándalo. Junto con uniformados del Comando Radioeléctrico, los policías redujeron a Guirula a los golpes y lo esposaron. Luego lo arrojaron a la caja de una camioneta para llevarlo hasta la comisaría, ubicada a veinte cuadras del lugar. Cuando llegaron, el hombre estaba sin vida.
Según la autopsia, la causa de la muerte fue la paliza recibida por la víctima, que le provocó el hundimiento del tórax, estallido de un pulmón y del bazo. Guirula tenía además golpes en el cráneo y en la zona lumbar. Incluso en la piel le quedaron marcadas las huellas de los borceguíes policiales.
A su vez, se comprobó que los efectivos involucrados en el hecho quisieron borrar las pruebas de lo sucedido al lavar la camioneta en la que arrojaron a la víctima. De todos modos, se pudieron detectar allí rastros de sangre.
Por el asesinato del albañil fueron detenidos nueve policías que participaron del operativo de detención, y un par de días después se ordenó la captura de otros dos efectivos.
En tanto, el 12 de julio pasado, Rubén "Teté" Soazo de 24 años había ingresado a una casa a robar en la ciudad de Neuquén, cuando la policía arribó al lugar. Seis horas más tarde, su familia supo que había muerto.
Como suele ocurrir en estos casos, los medios tradicionales hablaron de enfrentamiento, dijeron que Soazo disparó y los efectivos debieron responderle. Sin embargo, las pericias determinaron que en la casa no había vainas del arma que tenía Soazo, lo que indica que no disparó.
“No sabemos si lo mataron adentro de la casa o si lo terminaron de matar en la comisaría (…) tenía golpes, quemaduras, los dedos reventados, le faltaban dos dientes”, afirmó la compañera de Teté y madre de sus hijos a El Zumbido.
“Él tenía disparos en la espalda, en los brazos, en las piernas, en la sien, los dedos de las dos manos todos machucados, un corte en la frente, un golpe en la boca donde le faltaban dos dientes y rasguños (…), si lo mataron a balazos, ¿por qué tiene todas esas marcas?”, agregó una de sus tías.
El efectivo que le disparó a Soazo asegura haber sido amenazado de muerte y está con custodia, sin embargo la familia del joven asesinado denunció que todos los días pasan patrulleros por delante de su casa y desde el interior del vehículo les hacen el gesto como si les fueran a disparar, a pesar de esto no han recibido ningún tipo de ayuda.
Sin duda, la policía está cada vez más acostumbrada a disparar, matar y fraguar supuestos enfrentamientos, para luego manejarse con total impunidad con las familias de sus víctimas, no informándoles como corresponde lo sucedido, no dejándoles ver los cuerpos que evidencian la violencia recibida y como si fuera poco amenazándolos.
Red Eco Alternativo
Fuentes: Enredando las mañanas (RNMA) / Agencia para la Libertad / El Zumbido
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=13845&Itemid=130
viernes, 25 de julio de 2014
Los buitres acechan
“Nació una nueva modalidad de piquete que desconcertó a la Gendarmería” decía un diario. El “ingenio popular pudo más”, decía la TV. Se referían a las acciones del miércoles 23 frente a Lear, epicentro de la tercera jornada nacional de lucha. La creatividad de los luchadores volvía a sortear el impresionante operativo represivo. No alcanzaban policías, gendarmes, seguridad privada, patotas sindicales, hidrantes, helicópteros ni camionetas. Los despedidos, comisiones internas combativas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, plantaban un gran piquete en los portones de la fábrica y realizaban una “caravana solidaria” que copaba la Panamericana. Además, cortaban la ruta en Rosario, y hacían actividades en Neuquén, Jujuy, Mendoza, y otras ciudades.
La maniobra obrera cumplía sus tres objetivos: volver a romper el cerco mediático, paralizar la fábrica y cortar el paso a los micros con que la burocracia “verde” quería carnerear llevando mayoría de trabajadores amenazados.
La burocracia y la patronal quieren quebrar esa firmeza de los despedidos con sus “viejos métodos”. El jueves 17 Lear y el SMATA subieron a micros a los trabajadores no despedidos, bajo amenaza de despido, y los llevaron al sindicato. Allí, rodeados de burócratas amenazantes, los forzaron, uno a uno, a revocar el mandato de los delegados. Todo ante la cómplice mirada de un “veedor” del Ministerio de Trabajo. El propio Pignanelli dijo qué lo lleva a dejar 200 familias en la calle: “después de Lear no están quedando delegados de izquierda en las fábricas”. Revela así el rol de la burocracia: subordinar los sindicatos al Estado capitalista y las patronales, perseguir a los obreros combativos.
Otro de los “hombres de la Presidenta” al servicio de la patronal buitre es Sergio Berni. El “comandante general anti-piquetes” que despliega a todos sus hombres y pertrechos para reprimir la lucha obrera. Y ataca a los diputados del Frente de Izquierda que - como en mi caso o el de Nicolás del Caño - nos solidarizamos activamente con los despedidos.
Soldados de las multinacionales
Semejantes gestos del gobierno no pasan inadvertidos. Ni para los luchadores que vienen haciendo una experiencia con el kirchnerismo, ni para varios oficialistas. El principal editorialista de Página/12 reconoció que con el maccartismo modelo 1974 de Pignanelli y los operativos represivos de Berni será difícil explicar qué diferencia al kirchnerismo de Massa o Scioli, las otras alternativas peronistas para 2015.
Pero la Presidenta ya respondió, a su manera, el mismo día de la jornada de lucha. “Es importante rescatar el desarrollo de la industria nacional”, alardeó en la inauguración de la “argentinísima” fábrica de motos Yamaha, jactándose del empleo creado bajo su gestión. A su lado sonreía Pignarelli. En el país de Cristina no hay suspensiones ni despidos, cuando los números muestran un panorama cada vez más recesivo. A pocas cuadras de Lear 4 mil obreros de Volswagen fueron suspendidos, sumándose a otros 12 mil mecánicos en pocos meses, y en el gremio metalúrgico miles de trabajadores “pagan” los platos rotos del modelo (Acindar, Visteon, Emfer, Tierra del Fuego).
Lear es un caso testigo para millones de trabajadores. Muestra el agotamiento de las banderas del empleo y la no represión del kirchnerismo, y su decisión a afirmarse como un “partido del orden” capaz de disciplinar a todos aquellos dispuestos a enfrentar el ajuste, y a defender los puestos de trabajo, el salario y la organización anti-burocrática.
Al borde de la cesación de pagos y una nueva crisis
La crisis de la deuda atraviesa momentos de definición. El gobierno apuesta a una medida cautelar que le permita liberar los fondos para cumplir con sus compromisos dejando en suspenso el fallo Griesa. La idea es demorar un acuerdo hasta enero para evitar la catarata de juicios y el aumento extraordinario de la deuda que podría desatar la cláusula RUFO, que le impide al gobierno hacer mayores pagos a los buitres que no entraron al canje antes de diciembre. Si no consigue la medida cautelar antes del 30 de julio el país entraría en cesación de pagos de una parte de la deuda pese que depositó cientos de millones de dólares en Nueva York para pagar la deuda regularizada. Griesa está impidiendo ese pago. No obstante, el gobierno tendría 60 días más para llegar a un arreglo con los bonistas que serían defaulteados. Esto no significa que va a prevalecer la calma. La cesación de pagos de parte de la deuda es en sí misma una señal negativa para los “mercados”. La Bolsa porteña y las acciones de empresas argentinas en Nueva York caen. Volvió la presión sobre el dólar paralelo. Aunque no se puede descartar una sorpresa donde los propios buitres pidan la cautelar para conservar el privilegio que les da el fallo Griesa en lugar de tener que entrar en una reestructuración en igualdad de condiciones con el resto de los acreedores, el panorama de conjunto es de agravamiento con la economía en recesión. Nuevos episodios de crisis económica, incluyendo saltos devaluatorios, están inscriptos en la situación. Los acuerdos de inversiones chinas, que el gobierno muestra como un aliciente, puede resultar un bálsamo efímero. La encrucijada actual demuestra el fracaso de la idea de que siendo “pagadores seriales” se terminaría con el problema de la deuda.
Campaña por Lear y exigencia de paro
Mientras el gobierno busca por todos los medios pagarle a los buitres, mantiene un impuesto al salario que afecta a un amplio sector de trabajadores, y avala los despidos y suspensiones, todos motivos suficientes para que los sindicatos salgan a la calle. ¿Qué esperan?
“La cancha está embarrada y hay que jugar con los tapones altos”, disparó Antonio Caló tras la reunión de la CGT oficial con el gobierno. Tras semejantes declaraciones… aclaró que van a esperar los diez días que les pidió Cristina para responder. Siguen marcando el paso en el mismo lugar, subordinados al gobierno igual que la CTA Yasky. ¿Medidas de fuerza? Ni hablar. Mientras la CGT y la CTA opositoras hablan de un paro… para agosto. Y se dedican a exigir, casi exclusivamente, la suba del mínimo no imponible, un reclamo que defendemos pero debe ser parte de un pliego que levante todas las demandas obreras. Las familias que están en la calle en Lear, Emfer y otros gremios, no pueden esperar. Tampoco los millones de precarizados, y crecen las suspensiones, los despidos y el ajuste.
Desde las fábricas y empresas, desde las escuelas, hay que exigir que rompan la tregua: que convoquen ya a medidas de lucha en apoyo a Lear y a un paro nacional activo de 36 horas por todos los reclamos obreros: ni despidos ni suspensiones, reparto de horas de trabajo sin afectar el salario. Y también por el no pago de la deuda externa -que siempre termina siendo una pesada carga sobre el pueblo trabajador – y una consulta popular vinculante para que el pueblo decida.
La izquierda y el sindicalismo combativo tenemos hoy la tarea indelegable de apoyar estas luchas. Las jornadas nacionales han demostrado el gran apoyo popular que reciben peleas contra los despidos como en Lear. Se refleja además en la campaña solidaria que despierta la militancia de trabajadores y estudiantes; en el avance de la campaña “1 millón de pesos para los obreros de Lear”, que ya reunió cerca de $ 300 mil y no se detiene; en la adhesión de artistas, personalidades y cientos de organizaciones obreras, que se aúnan en una bandera común: en Lear, los despidos y las patotas No Pasarán.
Christian Castillo
jueves, 24 de julio de 2014
Los secuestros y desapariciones de trabajadores de ASTARSA durante la dictadura
“Hubo connivencia de la patronal”
El ex dirigente gremial de Astilleros Astarsa Juan Sosa cuenta cómo, a comienzos de los ’70, los trabajadores lograron “el control obrero de la fábrica” y dice que los empresarios y la burocracia sindical “se tomaron revancha” con las Fuerzas Armadas.
Todas las tardes, Juan Sosa se sienta a mirar por la gran ventana del departamento porteño en el que aterrizó tras más de 30 años de exilio. Y se lamenta. “Todos mis compañeros y sus familiares haciendo fuerza allí y yo acá con esta pata mala.” Una fractura “tonta, de lo más tonta”, de tibia y peroné, lo obligó a operarse y a guardar reposo, por lo que no puede presenciar el juicio que se está desarrollando en los tribunales de San Martín sobre crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de Campo de Mayo. Cuando el cuerpo frena es la cabeza la que toma velocidad para revolver recuerdos. La de Juan Sosa lo transporta a sus días de Chango, a sus horas en el frío de los talleres del Astilleros Astarsa, de estrategias para poner la política a disposición de los trabajadores y de reivindicaciones increíblemente logradas. “Nosotros llegamos al control obrero de la fábrica y ese quite de soberbia a la patronal, esa torcedura de brazo que le hicimos, los dejó traumatizados, pero se la cobraron.”
Recién en el estreno de la democracia supo el Chango que de muchos de sus compañeros de fábrica y algunos también de militancia no se tenían rastros después de sus detenciones. La desaparición de 19 empleados de Astarsa está siendo analizada por la Justicia de San Martín en un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. El zafó por poco y logró salir del país. Sin embargo, la desaparición de muchos de los suyos no es lo que le atora el hilo del relato, casi 40 años después, sino la descripción de los logros obtenidos junto a los que ya no están. Llora recién cuando la narración de su vida, ante el grabador de Página/12, llega a la toma del astillero, adonde él había ido a parar algunos años antes, con las ganas de “hacer política para lograr ubicar a la clase trabajadora en la vanguardia de la revolución”. Entonces, corría 1970.
“Integraba un grupo que se llamaba Los Obreros, supongo que porque el periódico que editábamos se llamaba así también”, contó. Era una agrupación “política, clasista, marxista y guerrillera”, aunque aguardaban por el surgimiento de “algo más grande” a lo que acoplarse. Más adelante llegaría Montoneros para satisfacer esa necesidad. De tal raíz ideológica la táctica que sus integrantes tomaron: involucrarse en diferentes fábricas para empezar a hacer política desde allí. El Chango buscó destino en el cordón industrial del sur del conurbano bonaerense, sin éxito. Por intermedio del hermano de un compañero de militancia llegó a Astilleros Argentinos Río de la Plata.
Astarsa, el astillero más grande de la zona norte del Gran Buenos Aires, dividía sus tareas entre industriales y navales. De ninguna Sosa sabía demasiado. “Había una escuelita de capacitación en donde iban formando a jóvenes obreros. Les enseñaban lo rudimentario, a leer algunos planos, a soldar, a cortar hierros, a esmaltar”, contó Sosa sobre su primer destino, que duraba un mes para todos los “nuevos” integrantes de la familia. Nada inocente: “De esa manera, la empresa se aseguraba mano de obra nueva. Despedía a una o dos personas cada 15 días y entraba gente nueva, cosa de que no se pudiera organizar ninguna agrupación, que los compañeros no se conocieran”, reveló. Al cabo de su mes de capacitación, su destino fue el de oficial en el área de Calderería.
La situación era brava. Unos quinientos empleados, presencia sindical “burócrata fantasmal” y “pésimas” condiciones de trabajo. “Los delegados respondían completamente a la dirigencia sindical y la actividad gremial en el astillero era la nada misma, nada más que algunas camarillas”, señaló y acusó: “Se dedicaban a apagar los reclamos, a frenar las medidas, a neutralizar la lucha”, que por entonces, si existía de tal forma, era no más que el germen de lo que después pudo lograrse.
Las condiciones en las que estaban los quinientos obreros encargados de construir y reparar buques, locomotoras y máquinas industriales eran “patéticas”. “El trabajo era infernal: un gran predio al aire libre, tanto en verano como en invierno, en el que sólo se manipulaba hierro. Al lado del río, un desastre. Por cada barco que se fabricaba morían uno o dos trabajadores, había una cantidad de enfermedades laborales, como la sordera, que no eran reconocidas”, recordó Sosa, que nunca fue delegado pero que alcanzó el rango de secretario general de la agrupación que logró la toma de los talleres, y acarició el liderazgo de todo el sindicato de navales de Zona Norte.
Todo comenzó con “pequeñas charlas con algunos compañeros”. Con la ternura de recorrer días en los que se tejían mundos nuevos, el Chango apuntó que los lazos los armó “tirando flechas cada tanto, tanteando para ver qué respondían los muchachos”. Pizzas al cabo de la jornada laboral, algunas noches de vino, historia política, movimiento obrero, lucha sindical, las injusticias marcadas en la carne propia. “De a poco fuimos armando el núcleo de lo que sería la 12 de Septiembre”, la agrupación que nació en el corazón de Astarsa, con varios canales de unión con Los obreros, que unos años después se sumarían a Montoneros, y que tras la maduración de la toma y el control de la empresa por los trabajadores se llamaría José María Alesio. Pero, antes, los despidos, las muertes y la asunción de Héctor Cámpora como presidente.
En plena efervescencia de alumbramiento, la 12 de Septiembre intentó competir en las elecciones sindicales. No sólo fue derrotada “por pocos votos y errores propios”, sino que Astarsa despidió a varios de los trabajadores “por su actividad sindical fuera de la burocracia”, plena evidencia de la connivencia entre patronal y jerarcas gremiales bastante antes de los señalamientos, las listas y la dictadura. No obstante, la pulseada culminó con un delegado propio, Martín “Tanito” Mastinú, y un contacto vasto de “confianza y respeto” con otros astilleros, como Mestrina, Forte, Pagliettini. “Ya todos nos conocían como compañeros de la agrupación.”
El incremento en el nivel de ebullición acompañó el paso del tiempo, como si la historia misma supiera que hay hitos que deben suceder juntos. “Dos o tres días antes de la asunción de Cámpora, José María Alesio, un compañero, se accidentó en el doble fondo de un barco que estaban construyendo. Había habido una explosión y de allí salió en llamas. No había ni camilla, en un tablón lo sacaron los compañeros y lo llevan al Instituto del Quemado”, relató Sosa. Tres o cuatro meses antes, otro trabajador se había caído de una grúa y había muerto en el acto. “¡Hay que tomar el astillero!”, insistió, desde afuera, el Chango. Para convencer a los obreros que aún permanecían en tareas, los reunió con trabajadores de la planta Fiat, de Córdoba, que habían vivido una experiencia similar. El primer paso en Astarsa fue el paro. El herido, grave, continuaba internado. “La burocracia sindical llegó el 25 de mayo a la fábrica con la intención de levantar el paro e ir a conciliación obligatoria con la empresa. Decían que el compañero se estaba reponiendo, pero era mentira. Ya estaba muerto”, relató entre lágrimas. El vaso también rebasó entonces, entre los trabajadores. Esa noche, uno de ellos llamó a Sosa por teléfono: “Chango, venite que tomamos el astillero”. La administración de la empresa y algunos de sus dueños fueron tomados de rehenes. La 12 de Septiembre pasó a llamarse José María Alesio.
Los reclamos hacia la patronal eran varios: el despido del ficticio cuerpo de seguridad de Astarsa, “un médico que repartía aspirinas sin protocolo para accidentes y el cuidado para los trabajadores”, fue el primero y principal. Luego se sumaron la composición de un cuerpo de seguridad, salubridad e higiene integrado por trabajadores con inmunidad gremial, el pago de todos los días de huelga, la reincorporación de despedidos “por problemas políticos y gremiales en los últimos diez años”, la ausencia de represalias. No sólo el conflicto se ganó, sino que también hubo victoria en las elecciones de comisión gremial interna. Los delegados de la agrupación Alesio coparon las áreas de Astarsa y, por intermedio de una investigación de expertos de la Universidad Tecnológica Nacional, lograron probar que las tareas allí eran insalubres y, por tanto, reducir la jornada laboral a seis horas.
De allí, todo fue en picada hacia el peligro. “A partir de la toma, no-sotros crecimos, muchos compañeros de otros gremios venían a hablar con nosotros: Mattarazzo, Fate, Nesquik, Gilera, Ford, Terrabusi. En la zona éramos la vanguardia”, contó Sosa. Con esa potencia, intentaron disputar el sindicato, pero antes llegó la intervención dispuesta por el gobierno de Isabel Perón. “Eso encendió la luz de peligro. Con el sindicato intervenido y la Triple A acechando fuerte en las calles, empezamos a quedar aislados. Tras cartón, la patronal metió gente infiltrada de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) en el astillero a trabajar. Ellos marcaron a todos los trabajadores que querían cambiar las cosas”, denunció.
Por su ruptura con Montoneros, Sosa había dejado Astarsa y Alesio a fines de 1975. Pero aún se veía con sus compañeros. “Los intenté convencer de que nos fuéramos del país, de que tomáramos una embajada, de que la cosa estaba realmente mala. No quisieron”, reveló. El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe, el Ejército controló el ingreso de los obreros al astillero con nombre y apellido. Si alguno integraba la lista que le había otorgado a las Fuerzas la propia empresa, era detenido. No existe precisión de cuántos trabajadores fueron subidos ese día al camión del terrorismo de Estado. En el juicio que tiene lugar en los tribunales de San Martín por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros de astilleros y fábricas ceramistas durante la última dictadura militar, son 19 los casos de empleados de Astarsa desaparecidos que se están ventilando. Sus secuestros, no obstante, fueron cometidos fuera de la empresa.
El Chango zafó. Desde que rompió con Montoneros se mudó varias veces en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que en abril de 1976 se fue del país. Estuvo en España, en Francia y en México. Regresó con la llegada de la democracia, y luego volvió a España. Vivió en Madrid 35 largos años, con una única convicción: el terror de las botas tuvo su impulso en los escritorios de las empresas. “Lo que habíamos hecho en Astarsa se estaba replicando y había que pararnos de alguna manera. La burocracia sindical, asesina como siempre, instó a que nos frenaran las Fuerzas Armadas en connivencia con la patronal. Se tomaron la revancha.”
Ailín Bullentini
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