La LLA vende candidaturas en dólares a dirigentes kirchneristas en la Provincia de Buenos Aires

A horas de la inscripción de las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, denunciaron en la Justicia a la cúpula partidaria provincial de LLA que encarnan Sebastián Pareja y su mano derecha, el diputado provincial, Alejandro Carrancio. 

 Lo hicieron dos dirigentes libertarios de Mar Chiquita: el excandidato a intendente de Mar Chiquita, Cristian León y la concejala Patricia Heltner. Ambos apuntaron contra Carrancio, quien además de integrar actualmente el Instituto Nacional de Promoción Turística y de ser vicepresidente de LLA en territorio bonaerense, es el que negocia el armado de las listas en la Quinta Sección Electoral.

 El objetivo, según uno de los denunciantes, es desplazar a los "liberales de la provincia de Buenos Aires para poner otra gente" y así permitir que "el kirchnerismo conserve ese poder dentro de los concejos deliberantes" (Tiempo Sur, 18/7/25). 

 Los libertarios del partido de Mar Chiquita afirman contar con evidencias contundentes: testimonios, documentos y audios, que prueban la misma lógica del armado en 2023, cuando Carrancio admitió vender candidaturas en dólares a dirigentes peronistas y acordar y definir con Kicillof distritos clave y el uso de recursos públicos para el financiamiento de campañas (realpolitik, 16/7/25).

 La venta de candidaturas, un método denunciado reiteradamente, se suma al último escándalo protagonizado por el concejal de LLA Pablo López, de Salta, acusado de llevar adelante retenciones salariales a cambio de favores sexuales, por una diputada de su mismo espacio.

 A esta altura se impone una conclusión. Por un lado, la prueba de que estas prácticas forman parte de la naturaleza de una banda de arribistas que viven de los recursos del estado al que aseguran hay que eliminar. Por el otro, que la arenga “anticasta” de Milei y sus socios no es otra cosa que una estafa.

 Las maniobras faccionales dentro del partido de Milei (y también dentro del peronismo), así como las componendas con el oficialismo bonaerense, exhiben una vez más que detrás de los discursos incendiarios de uno y otro lado, “la casta” de todos los partidos y gobiernos capitalistas es lo que persiste, mientras los trabajadores sufrimos sus ataques criminales a nuestras condiciones de vida. 

 Los socialistas a los cuales Milei quiere eliminar, reclamamos el derecho a revocatoria de mandatos de todos estos procuradores del hambre y el derrumbe social. 

 Fernanda Díaz

 19/07/2025

Deportan a un trabajador uruguayo aplicando el decreto migratorio de Milei

Juan Pedro Martínez Piedraita se transformó en un nuevo deportado tras la firma del decreto migratorio por parte del presidente Javier Milei. Martínez Piedraita, de 60 años, es un trabajador uruguayo que esta semana fue expulsado del país por una causa con cinco años de antigüedad. Todo empezó cuando fue a hacer la renovación rutinaria de su DNI y funcionarios detectaron que tenía una contravención. Tras esto, una rápida acción policial lo detuvo y expulsó del país. 

 Este capítulo muestra la predisposición del gobierno a aplicar esta nueva Ley claramente persecutoria de las familias migrantes que es parte de todo un andamiaje legal que busca amedrentar y acallar los derechos y reclamos de trabajadores y sectores vulnerables de la población. Su familia, esposa e hijas argentinas se encuentran denunciando este abuso policial y reclamando el derecho de Juan Pedro a vivir en el país. 

 Este decreto incluye en sus artículos la iniciativa del cobro de la salud y la educación a los extranjeros y, bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico”, la expulsión inmediata del país por delitos menores y contravenciones como práctica.

 Portales de derecha, amigos del gobierno, intentaron mostrar a Martínez Piedraita como un ciudadano peligroso y festejaron la acción coordinada entre Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones. La sentencia dictada por el juzgado se da bajo el Decreto 366 la reforma migratoria que norma la permanencia de los extranjeros en el país.

 No es el primero 

A pesar de lo publicado por varios medios, este trabajador uruguayo murguero y descendiente afro no es el primer expulsado bajo aplicación del decreto. El 1 de julio, los cinco integrantes de una familia palestina fueron maltratados en el Aeropuerto de Ezeiza y deportados. Tras estar retenidos 24 horas en migraciones en una pelea que incluyó el habeas corpus de su abogado y la aparición de una “alerta internacional” contra la familia que ya había visitado sin problemas una decena de países. 

 Los Abu Farha son una familia que se dedica desde hace tiempo al turismo comercial. Se presentaron en Ezeiza con visas en orden emitidas por la embajada argentina en Tel Aviv, con carta de invitación, certificados de buena conducta y seguro médico en mano. Ahí fueron engañados por el personal haciéndoles firmar un papel y tratados de terroristas. Su abogado Uriel Biondi explicó en Pagina/12 que “la detención fue ilegal, el trato degradante y la deportación fue forzada por parte de las autoridades migratorias argentinas”. 

 Finalmente, tras 24 horas retenidos en Ezeiza, los cinco palestinos fueron deportados en un avión directo a Estambul, recién en territorio turco pudieron recuperar sus pasaportes y trazar un difícil regreso a Belén su ciudad de origen. Días después a lo vivido por la familia palestina salió a la luz que la mencionada “alerta internacional” era falsa, confundía uno de los miembros de la familia por otra persona; desde Migraciones no fueron dadas mayores explicaciones. 

 Migraciones sólo le permitió a la familia hablar con diplomáticos palestinos: “Lo que pasó fue increíble. Vivimos un infierno y no sé por qué pasó todo esto. Todo fue ilegal” se lamentó Sandy Bassam Hanna Abu Farha, una de las hijas. En una muestra clara del alineamiento con Estado Unidos e Israel del gobierno argentino copia a mansalva la guerra contra los migrantes que lleva adelante el gobierno de Donald Trump. En este caso usa el nuevo decreto migratorio para reforzar los cacheos y endurecer la entrada al país. 

 Leonardo Perna

 19/07/2025

"El voto al Frente de Izquierda es un escalón para enfrentar al gobierno de Milei" / del Plá en IP

Presentación de candidaturas en PBA // Frente de Izuierda Unidad

Galperín cierra un centro de software en Córdoba y abre otro de logística en Tres de Febrero entre cruces con los gobernadores

Así interviene en la disputa entre Milei y las provincias por la recaudación fiscal del país. 

 Después de discutir públicamente con el gobernador de Santa Fe y con las autoridades de la ciudad de Córdoba por el pago de impuestos locales, Mercado Libre cerró trato con el intendente de Tres de Febrero (Buenos Aires), Diego Valenzuela, para la apertura del nuevo centro de distribución, ubicado en el Parque Logístico del municipio. Según la empresa, el nuevo espacio complementará la operación de los Centros de Almacenamiento situados en el Mercado Central. 

 Valenzuela -quien ahora pegó el salto a La Libertad Avanza y pretende proyectarse como gobernador- tiene implementado un sistema libre de gravámenes fiscales para incentivar la radicación empresaria en el municipio, algo que financia aumentando las tasas municipales de los hogares y desfinanciando aspectos claves para la población, como el saneamiento en los barrios periféricos, los salarios de todos los municipales y la infraestructura de las escuelas. 

 La guerra con las provincias 

Marcos Galperín declaró que para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto a Ingresos Brutos es más alto en comparación con el promedio del país, aumentarán los cargos. El aumento del impuesto se debe no solo a los diferentes porcentajes que establece cada provincia, sino a que algunas de estas consideran que Mercado Libre tiene como actividad principal la financiera, no la meramente comercial, y por lo tanto lo obligan a tributar un porcentaje mayor, como los bancos. 

 Desde la provincia de Santa Fe le respondieron que el impuesto mayor era necesario para financiar el combate al narcotráfico al que ML contribuye con numerosos posnet que son utilizados por los narcos para cobrar sus “servicios”. 

 En Córdoba capital se sumó su descontento por el elevado monto que su centro de desarrollo de software -que da sostén tecnológico a distintas operaciones- paga por las tasas municipales, algo a lo que ML respondió disponiendo el cierre del edificio y su reemplazo por el home office desde agosto. 

 De esta manera Galperín interviene en la discusión por la distribución fiscal, ya que todo ocurre en medio de una creciente tensión entre Nación y las provincias por el manejo de los recursos. 

 Desde que asumió, Milei aboga por transferir todas las responsabilidades del estado a las provincias -sin los fondos correspondientes- argumentando que tienen que buscar sus propios recursos incrementando un ajuste análogo al nacional. Como si no lo estuvieran haciendo. Ahora arremete apretando la pinza, al querer batallar contra Ingresos Brutos -que recaudan directamente las provincias- disminuyéndoles las posibilidades a los gobernadores. 

 Por esto, los ejecutivos de las provincias impulsaron en el Senado dos proyectos de ley para aumentar los montos de los fondos que giran desde el Gobierno Nacional. 

 Uno de ellos propone suprimir diversos fideicomisos que se nutren de los ingresos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y redistribuirlos entre las provincias. 

 El segundo proyecto plantea que dicha distribución se realice de forma automática y diaria. 

 El proyecto de los gobernadores es, por lo tanto, un tironeo de la misma frazada, ya que solo propone desvestir a un santo para vestir a otro sin cuestionar ni la baja del impuesto a los bienes personales ni el pago de la deuda externa. Es coherente: cada uno de ellos carga con su propia deuda externa desde mucho antes de que el liberticida llegara a la presidencia.

 En cuanto a Ingresos Brutos, más allá de lo regresivo que es cualquier impuesto indirecto como éste -que termina siéndolo porque la más de las veces se traslada al consumidor final- el único interés de Milei es eliminar todos los gravámenes a la riqueza y a las transacciones de las empresas y reemplazarlo por un aumento de la madre de los impuestos regresivos que es el IVA. 

 De esta manera Galperín se mete en la disputa nacional para intentar favorecer a Milei, soslayando que el primero en regalarle exenciones impositivas -de las que todavía goza por “desarrollar innovación tecnológica”-fue el kirchnerismo.

 Luciana Diaz 

 18/07/2025

Genocidio en Gaza: desinformación publicitaria en el sitio del diario Clarín

Desde hace varios días que al pie de la página web del diario Clarín se observa un banner llamativo, como los que habitualmente ocupa la publicidad paga, con el título “Un nuevo informe documenta la violencia sexual sistemática de los terroristas de Hamas durante ataque del 7 de octubre”. Al hacer click en el mismo, remite a una ignota página, fuera del diario, llamada “Situación Global” (situacionglobal.com), que promete “Información y análisis sobre los conflictos en el mundo”, aunque básicamente se remite a Medio Oriente y, en todo caso, a noticias de otros continentes, pero siempre referidas al “conflicto”, eufemismo que aplica a la masacre del pueblo palestino y a la guerra del imperialismo y el sionismo contra varios países de la región (Irán, Yemen, Siria, y sumando...). 

 Un espacio publicitario en la página principal de Clarín, durante días y días, no debe salir barato. Sin embargo, “Situación Global”, que no especifica su origen y publica notas sin autor, no ofrece información sobre su radicación, propósitos o filiación, si pertenece a alguna organización gubernamental o no, ni mucho menos informa cómo se financia, pues no ostenta publicidad ni pide donativos. Es una página anónima, de apariencia “informativa”, que auspicia sus contenidos dentro de la página de uno de los principales diarios de Argentina, pero no los publica dentro de éste sino en un sitio propio aparte. 

 Más llamativo resulta que no tenga otras redes sociales que una cuenta en X, @situacionglobal, con apenas 422 seguidores. No debe ser un sitio muy popular. Es cierto, su nombre -genérico- no facilita rastrearla en la web y averiguar, por ejemplo, si es utilizada como fuente por otros medios, si es citada en algún caso, si algún editor o periodista se referencia en ella, etcétera. Su cuenta de X tampoco es ´abierta´, sino que sus posts solamente pueden ser vistos por aquellos “seguidores aprobados”, los cuales -por lo visto- no abundan. Sin embargo, “Situación Global” pauta sus contenidos nada menos que en la web de Clarín, erogando una barbaridad de plata para difundir sus ´noticias´ indiscriminadamente. Ya no importa si son lectores “aprobados” o no. 

 “Un nuevo informe documenta la violencia sexual sistemática de los terroristas de Hamas durante ataque del 7 de octubre” es un título concluyente. Un ´clickbait´, un anzuelo digital para captar lectores. El artículo de marras cita las conclusiones del informe elaborado por el “Proyecto Dinah”, que tuvo cierta repercusión en los medios que apoyan a Netanyahu. El Proyecto Dinah fue creado tras el levantamiento de Hamas para investigar la presunta ´violencia sexual´ cometida por la milicia palestina contra la población israelí. Sin embargo, las supuestas violaciones y decapitaciones de bebés que ésta habría cometido durante su incursión del 7 de octubre de 2023, nunca fueron corroboradas. Por el contrario, fueron desestimadas incluso por la propia fiscal israelí, Moran Gaz, una palestinófoba fuera de toda duda. El informe de Proyecto Dinah asegura que “Hamas utilizó la violencia sexual de manera generalizada”, pero CNN, que se hizo eco del mismo, no encuentra mayores agravios para citar que los siguientes: “Según el reporte, una rehén fue golpeada y agredida sexualmente a punta de pistola mientras estaba cautiva. Dijo que estuvo encadenada por el tobillo con una cadena de hierro durante tres semanas y que le preguntaron repetidamente sobre el momento de su ciclo menstrual. El informe detalla que varios de los 15 ex rehenes fueron amenazados con violación mediante matrimonio forzado. Casi todos reportaron acoso sexual verbal y algún acoso sexual físico, incluyendo tocamientos no deseados de partes íntimas, según el informe”. El contraste con las conclusiones de expertos de la ONU que se declararon “consternados” por las denuncias de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas es simplemente abismal. El informe del “Proyecto Dinah” fue una operación de contrainformación ´con perspectiva de género´, operada por los criminales de Tel Aviv. 

 En conclusión, “Situación Global” es una usina de desinformación, de procedencia y financiamiento desconocidos, aunque fácilmente identificables, que ha contratado un espacio publicitario privilegiado, sin que los adalides de la “lucha contra el terrorismo” se les haya movido una pestaña -naturalmente, por su complicidad con los crímenes del sionismo. Las ´fake news´ son un instrumento de guerra. En este caso, dirigidas a insuflar temor entre la población hacia el bando oprimido –el pueblo palestino. 

 Jacyn 

 17/07/2025

31 años del atentado a la AMIA, 31 años de impunidad

Javier Milei fue el invitado estelar del acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA. Por primera vez en más de tres décadas, su presencia fue anunciada desde el palco, rompiendo la tradición de no mencionar a los dirigentes políticos presentes. Fuertemente custodiado, estuvo sentado en las primeras filas. El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, le dedicó un elogio -“Celebramos la decisión de que la Argentina haya decidido pararse del lado correcto de la historia”- que fue acompañado, según las crónicas, por un cerrado aplauso. Se refería, por supuesto, al alineamiento incondicional del gobierno argentino detrás del eje Estados Unidos-Israel. Sin embargo, sumó exigencias. Se quejó de que el ex Secretario de Cultura iraní, Mohsen Rabbani, uno de los acusados por el atentado, todavía tuviera propiedades a su nombre en Argentina. Asimismo, reclamó a Milei una “inmediata reacción” ante el acuerdo entre Irán y Bolivia. Armoza también exigió que la milicia islámica-palestina Al Quds sea catalogada como organización terrorista y que Argentina se sume a una “alianza global contra el terrorismo”. Es decir, Armoza le reclamó a Milei un compromiso todavía mayor con la guerra internacional del imperialismo y el sionismo en Medio Oriente. Elogió, en cambio, la realización del “juicio en ausencia” contra los acusados por la Cámara Federal, ordenado por el juez Daniel Rafecas, el mismo que había desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández. Las organizaciones de familiares, como Memoria Activa y APEMIA, rechazan el “juicio en ausencia”. Memoria Activa realizó su propio acto en Tribunales, donde lo denunció como una maniobra -“ausencia de justicia”-. Reclamaron, en cambio, la digitalización total y el acceso a todos los informes de inteligencia relacionados con el atentado, paralizada desde hace décadas. 

 “Celeridad” 

En otro tramo de su discurso, Armoza les reclamó “celeridad” a los fiscales de la unidad especial AMIA, Sebastián Basso y Julio Miranda, que antes ocupó Nisman. 

 A más de tres décadas de los hechos, en los que murieron 85 personas y más de 300 fueron heridas, el planteo resuena sorprendente. En todos estos años no hubo un solo condenado. Mejor dicho, todos aquellos que fueron acusados y juzgados por obstruir y desviar la investigación -entre los cuales figuran jueces, fiscales, policías y hasta el revendedor de autos que proporcionó la camioneta supuestamente utilizada para cargar los explosivos- acabaron absueltos de culpa y cargo. La ´investigación´ -porque no se la puede calificar realmente como tal- se orientó, primero, detrás de una pista siria, pero luego apuntó hacia Irán, siguiendo los vaivenes de la política exterior del Departamento de Estado norteamericano, que asumió el verdadero liderazgo de la causa. La acusación contra los funcionarios iraníes se basó en “pruebas secretas”, proporcionadas por la CIA y el Mossad. Su enlace con el fiscal Nisman y el Estado argentino fue “Jaime” Stiuso, verdadero mandamás de la SIDE, entre 2003-2013, es decir durante los gobiernos K. 

 La salida formal de Stiuso de la SIDE estuvo marcada por la firma del “memorándum con Irán”, suscripto en el marco de los acuerdos firmados por Barack Obama con el régimen de los ayatollahs. El memorándum establecía que se les podría tomar declaración indagatoria a los acusados en territorio iraní, habilitando de ese modo el inicio formal del proceso judicial, sin por ello dar de baja los pedidos de detención de Interpol. El Congreso argentino lo aprobó, no así su homólogo persa. Para el tándem Nisman -que en primer término APOYÓ al memorándum- y especialmente Stiuso, en cambio, les resonó como una amenaza que podría convertirlos en el chivo expiatorio de todas las manipulaciones de la causa. Se produjo entre ellos la ruptura con el gobierno de CFK y viraron a operar nada menos que con Sergio Massa, quien en 2013 le ganó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y acabó con cualquier expectativa de que Cristina Fernández pudiera acceder a un tercer mandato. 

 Con el gobierno Milei, Stiuso ha vuelto a merodear “la casa de los espías” -nunca dejó de hacerlo-. Para este aniversario -fecha en la cual suelen anunciarse ´novedades´ en la investigación, pero escasos resultados- fueron citados a declarar una multitud de militares que revistieron en el aparato de inteligencia del Ejército que comandó César Milani. Éste fue un aliado de CFK luego de la crisis con Stiuso. La acusación tiene el propósito de moldear un nuevo relato en torno a la violenta muerte del fiscal Nisman, atribuida según ´pericias´ de Gendarmería a un comando iraní o venezolano, en lo que ya constituye otro caso impune, un ´archivo borrado´, de estas operaciones cruzadas por intereses que nada tienen que ver con el reclamo de justicia por los muertos en el atentado.

 La ´conexión local´ es el Estado argentino. 

 Jacyn 

 18/07/2025

La crisis del Senado, la disputa fiscal con los gobernadores y las elecciones de octubre

El frente patronal se disgrega bajo la presión de la crisis. 

 A quien quisiera escucharlos, los voceros del gobierno adelantaron que el gobierno desconocerá las leyes votadas por el Senado -en lo inmediato, por medio del veto y, si éste fuera rechazado, dilatando su reglamentación indefinidamente. La variante de una negociación con los gobernadores en torno a las leyes que todavía deben tratarse en Diputados -la coparticipación del impuesto a los combustibles y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional- ha quedado condicionada a la cuestión de las listas de diputados para las elecciones de octubre, o sea, a la eventual combinación de candidatos de los gobernadores y de Milei en una misma lista. Pero es en este punto donde la fractura política entre unos y otros aparece más expuesta. Milei no le quiere ceder cargos para diputados o senadores nacionales a las fuerzas de los gobernadores. Del otro lado, los gobernadores no están dispuestos a resignar su presencia o participación en el próximo Congreso.

 El choque

 Esta divergencia en la composición de las listas pone de manifiesto una discusión de fondo sobre el régimen económico y político de Argentina. Como se lo prometieron a las cámaras empresariales, el gobierno liberticida prepara tres iniciativas fundamentales: la reforma laboral, la previsional y la del sistema impositivo. Es esta última cuestión la que ha desatado el choque político con los gobernadores. Quien lo puso sobre el tapete en estos días ha sido la nave insignia de los capitalistas cercanos al gobierno, el empresario Marcos Galperin, cuando anunció el cierre de sus oficinas en Córdoba por la “elevada carga impositiva” de la provincia. La queja de Galperín se refiere al impuesto a los ingresos brutos, que grava todas las transacciones. Semanas atrás, Galperín había protagonizado otro cruce explosivo, esta vez, con el santafecino Pullaro. El gobernador le espetó al dueño de Mercado Libre ser “funcional al narco”, que se beneficiaría de un abaratamiento de los impuestos provinciales. 

 El desplante de Galperín, saludado por los círculos patronales, adelanta el meollo de la reforma impositiva del gobierno, que consiste en establecer un “super IVA” máş la creación de un sistema impositivo propio en cada provincia (una réplica del sistema estadounidense, que de todos modos ha entrado en crisis con la guerra arancelaria de Trump y el nuevo superpresupuesto). Una reforma de ese orden empujaría a una mayor motosierra en las provincias, al tiempo que concentraría la recaudación en manos del gran pagador de la deuda pública -el Estado nacional. Este punto clave de las exigencias incluidas en el acuerdo con el FMI serviría para hacer caer el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos. Pero podría llevar también a una bancarrota de los Tesoros provinciales.

 La “reforma” viene anticipada por la eliminación de la obra pública financiada con recursos nacionales, y su provincialización, con un red de peajes. 

 La división 

El choque expuesto con gobernadores de las dos provincias que reúnen la mayor pujanza agraria e industrial de Argentina -luego de Buenos Aires que se encuentra en declinación- tiene que ver con la pelea por un nuevo reparto del ingreso nacional federal. 

 Pullaro es un vocero de la burguesía agraria y agroexportadora que saluda la liquidación del derecho laboral y previsional. Pero reclama los recursos para financiar la infraestructura necesaria para despachar sus productos al mercado mundial, mientras carga con el pago de las retenciones a la exportación. La inauguración de la Rural será una tribuna de estos reclamos patronales. Las retenciones, que no se comparten con las provincias, suman al pago de la deuda pública, en pesos y en dólares. El diseño de un régimen económico y político fundado en el reconocimiento de esa gigantesca hipoteca ha creado una crisis de la “Organización Nacional” del país que se viene agravando desde hace ocho décadas. Como sus “próceres” del siglo XIX, los actuales libertarios y sus opositores provinciales pelean por “el oro de la Aduana”, para conciliar los llamados intereses nacionales con reciclamiento indefinido de la deuda pública. 

 Frente político 

Los mandantes de Pullaro y Llaryora y del conjunto de los gobernadores salen a disputar su porción en medio de un fractura del comercio internacional y el asomo de otra crisis financiera, considerablemente más explosiva que las precedentes. En torno de este escenario, se teje el programa de un frente opositor que aspira a gobernar después de que Milei-Caputo hayan completado el “trabajo sucio” de la motosierra (destrucción de las conquistas laborales, privatización de las jubilaciones), con devaluación incluida.

 En la “oposición de los gobernadores” revista el pejota de Kicillof, que aspira a conformar un frente transversal con los Pullaro y Llayora y con el actual asesor del fondo Greylock Capital, Sergio Massa, como ladero. La “Fuerza Patria” se inscribe, con contradicciones, en este frente entre Santa Fe y Córdoba. 

 Esta disputa política forma parte de las distintas manifestaciones de disgregación de la coalición improvisada de liberticidas y gobernadores (y sus partidos) que ha gobernado desde diciembre de 2003. 

 Marcelo Ramal 

 15/07/2025

Abajo la persecución contra la CUBa-MTR

Continúa la persecución a las organizaciones piqueteras. 

 Desde CUBa-MTR denuncian que el gobierno y la justicia avanzan con procesos judiciales sobre las organizaciones sociales. El juez federal Hernán Viri, que el año pasado procesó con prisión preventiva a Carina Izaguirre de Gualeguaychú, ahora ordenó más de 20 indagatorias, entre ellas la de su referente nacional Mecha Martínez. La organización coloca a través de la difusión de un petitorio la denuncia como una continuación del ataque a las organizaciones piqueteras. 

 Esto inicio el mes de julio de 2024 en Gualeguaychú, cuando desde la justicia se ordenó a la gendarmería el allanamiento de 20 domicilios. En el marco de una causa iniciada a partir de denuncias en la línea 134 habilitada por el gobierno nacional para recibir denuncias vinculadas con las organizaciones, parte de la política de Milei contra el movimiento piquetero. 

 Tras esto el 11 de julio, se sucedieron múltiples allanamientos, 24 fueron a comedores de las organizaciones. Al poco tiempo el juez Armella del juzgado de Quilmes ordena a la prefectura hacer operativos en Florencio Varela, Dock Sud, Gerli, Berazategui, Villa Dominico, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano. 

 Estos allanamientos representan un ataque frontal a una serie de organizaciones en donde fueron imputados más de 40 compañeros. De organizaciones sociales como Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero (oficial), MTR-Histórico, MTD Teresa Rodríguez y CTD Aníbal Verón. También en la ciudad de Buenos Aires con el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene 16 acusados esperando el juicio oral tras los allanamientos en comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Fol. 

 Estás causas que están en curso, fueron dirigidas desde las primeras medidas dictadas por el gobierno de Milei, para romper las organizaciones y al movimiento piquetero. Apelando también a métodos dictatoriales contra las libertades democráticas e individuales, instalando un protocolo antipiquetes, reforzamiento del aparato represivo, con allanamientos policiales en horas de la noche con trabajo de inteligencia, con detenciones y armado de causas y una campaña mediática sobre los luchadores y sus organizaciones. 

 A esta situación se llega en primer lugar con el acompañamiento en el Congreso con los votos opositores a la Ley Bases, con la reforma laboral y jubilatoria que tienen la complicidad de las dirigencias sindicales de la CGT y CTA. Forma parte del golpe contra la Clase Obrera que lleva adelante el gobierno antiobrero para liquidar definitivamente las conquistas sociales de la clase trabajadora. En función de pagar los intereses de la deuda externa y la deuda interna, que nos condena a la extinción como si nos cayera un misil. La lucha contra gobierno antiobrero de Milei, plantea la recuperación de una estrategia política de clase, como la que ayudó a fundar el movimiento piquetero que protagonizo la rebelión popular de 2001. Que enfrento en época de Duhalde el intentó de derrotar al movimiento piquetero culminando en la masacre del Puente Pueyrredón en el 2002, a lo que siguió la política de cooptación, ahora el gobierno liberticida con la persecución y la represión a jubilados, desocupados y trabajadores nos desafía a una nueva etapa de lucha. Hoy los desocupados llegan casi al 10% de la población, en este año se perdieron 200.000 puestos de trabajos, las necesidades de los barrios desde la defensa de los comedores a la urbanización, la necesidad de viviendas y asistencia social son más urgentes que nunca. Solo existe el trabajo precario, que no alcanza para vivir dignamente. 

 Día a día se suman más sectores a la lucha por el salario y contra los despidos, esa es la perspectiva. Llamamos a enfrentar este nuevo intento de terminar con el movimiento piquetero, derrotar al gobierno antiobrero en la lucha por el trabajo bajo convenio, por la inmediata entrega de alimentos a comedores y merenderos, por el seguro al desocupado equivalente al 82% del salario igual al costo de la canasta familiar. Abajo el protocolo antipiquetes, abajo las causas armadas contra los luchadores, libertad a todos los presos por luchar.

 Eva Gutiérrez 

 17/07/2025

Homenaje a los militantes del PRT-ERP de Monte Chingolo

"Hay que organizar a lucha popular para que el pueblo no pague el estallido" / Solano en IP

Villarruel: ¿Traidora o Rebelde? Myriam Bregman en Ahora Play

300.000 nuevos desocupados bajo el gobierno de Milei

Sturzenegger miente cuando afirma que los despedidos del Estado se incorporaron en el sector privado.

 Un informe reciente sobre el mercado de trabajo registra que bajo el gobierno de Milei creció la masa de desocupados en unos 300.000 trabajadores, dando por tierra todo intento del gobierno de hacer bandera de una supuesta reactivación económica y “crecimiento del empleo”.

 El estudio fue elaborado por la Fundación Encuentro y fue opuesto como respuesta a la afirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió que con la eliminación de 50.000 empleo públicos se crearon nuevos puestos de trabajo en el sector privado: un relato que contrasta con la realidad. 

 Según el informe señalado, y sobre la base de las cifras aportadas por el Indec, tenemos actualmente unos 1,1 millones de desempleados: 300.000 más que en diciembre del 2023, cuando asumió Javier Milei. Cabe agregar que la mitad de estos desocupados son jóvenes, dando cuenta que el gobierno es incluso incapaz de incorporar al mercado laboral a la juventud a la que le prometió “libertad” y “prosperidad”. 

 Esta dramática situación es resultado de la política económica recesiva y de ajuste del gobierno, comenzando con los despidos en el Estado y con la reforma laboral antiobrera que ampara el trabajo no registrado y allana y abarata el camino a los despidos.

 Entre los sectores más afectados por la desocupación se destacan la construcción (18,2 %), comercio (15,6 %) y servicio doméstico (14,6 %), poniendo de manifiesto su vulnerabilidad. Tanto la construcción como las trabajadoras de casas particulares cuentan con un régimen laboral específico, que los hace plausibles de una mayor precarización y flexibilidad laboral. Algo que justamente se intenta replicar en Comercio con la incorporación en el convenio del Fondo de Cese Laboral. 

 El empeño del gobierno por reemplazar las indemnizaciones por despido por los fondos de cese tiene su respaldo en un abaratamiento de los despido y en facilidades para que las patronales puedan despedir a su antojo para maximizar ganancias. Algo que está comprobado que no solo no genera empleo sin que destruye el existente. 

 Además, el informe destaca que mientras en un primer momento parte de esta nueva masa de desocupados se volcó hacia oficios y trabajos como cuentapropistas y autónomos, actualmente se trata de un mercado saturado por la sobreabundancia de trabajadores que no logran incorporarse al mercado laboral formal. 

 El gobierno viene atacando el trabajo y los salarios, como parte de su política antiobrera en defensa de las patronales, mientras tiene en cartera profundizar la reforma laboral, llevando los fondos de cese –y con ellos la timba financiera- a todos los convenios, y subordinando las condiciones laborales y derechos a las necesidades patronales, tal como lo intentó hacer con el DNU que prácticamente anulaba el derecho a huelga de los trabajadores. 

 La tesis gubernamental de que una eliminación abrupta de derechos laborales traería aparejada un crecimiento de las contrataciones resulta totalmente desmentida por la realidad: las patronales se valen de estas reformas para despedir personal y aumentar la productividad bajo la amenaza de nuevos ceses laborales, imponiendo condiciones laborales generales a la baja. 

 El gobierno que acusa a las organizaciones piqueteras y sociales y sus dirigentes como los “gerentes de la pobreza” es el principal responsable tanto del crecimiento de los desocupados, como de su precaria situación social, con el cierre de los programas sociales y el vaciamiento de los mismos con el congelamiento de los montos, junto a la quita de los alimentos de los comedores populares. 

 Hay que derrotar la ofensiva antiobrera de Milei y su plan de ajuste, que significa cientos de miles de despidos, crecimiento de la desocupación y penurias sociales y económicas para la población. 

 Marcelo Mache

Los ciberespías de Bullrich

El gobierno refuerza el espionaje sobre la oposición.

 El gobierno nacional reforzó la política de espionaje virtual de las fuerzas de seguridad y creó una escuela de formación y capacitación de agentes encubiertos. Así, sigue avanzando en su intento de erigir un régimen totalitario para cercenar, al máximo posible, los derechos políticos y democráticos de los trabajadores, y así tener más fuerza para aplicar las reformas reaccionarias que exige la clase capitalista para salir de su crisis. 

 Patricia Bullrich está al frente de esta nueva avanzada represiva. Con la Resolución 828, se aprobó un protocolo para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales pertenecientes a las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal–, que podrán realizar actividades de inteligencia en redes sociales utilizando identidades ficticias, registradas en el Registro Nacional de Personas (Renaper). 

 Los efectivos deberán actuar bajo supervisión judicial. Una ley adoptada en 2016, durante el macrismo –cuando el Ministerio de Seguridad también estaba comandado por Bullrich–, contemplaba las figuras del agente encubierto y el revelador.

 Según esa normativa, es agente encubierto aquel funcionario de las fuerzas de seguridad que, ocultando su identidad, se infiltra en "organizaciones criminales o delictivas" o sospechosas de serlo, con el objetivo de "identificar o detener delincuentes" y "prevenir la consumación de un delito". Ahora, sus funciones se extienden al mundo de las redes sociales. 

 Los agentes usarán avatares e identidades falsas, e intervendrán en redes sociales (X, WhatsApp, Facebook). Podrán infiltrarse en chats o, como denunció María del Carmen Verdú –referente de Correpi–, "en las redes para tentar a la gente a decir cosas". En manos de un gobierno que persigue opositores, ataca periodistas y reprime la protesta social con saña, estas disposiciones suponen nuevas herramientas del régimen para reprimir y disciplinar a la población. 

 Hubo antecedentes: en octubre de 2023, la Federal detuvo a Cristian Díaz, obrero metalúrgico, por repudiar en sus redes sociales la política genocida del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Estuvo preso hasta el 12 de marzo de 2024 y falleció el 27 de julio. 

 Supuestamente, el gobierno busca hacer frente a delitos como el "grooming, la trata de personas en línea, la pornografía infantil, el narcotráfico digital y las estafas virtuales". El mismo gobierno que encubre a los responsables de la desaparición de Loan, que ataca la ESI, que no desarticula redes de trata ni plataformas de pornografía infantil, que promueve estafas virtuales ($Libra) y que ha impulsado un blanqueo de capitales que beneficia a los capos del narconegocio. El entrenamiento de agentes encubiertos, iniciado en 2016, tenía objetivos similares. 

 Por otro lado, mediante la Resolución 829, el Ejecutivo creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, destinado a capacitar agentes y colaborar con la Unidad Especial de Agentes Encubiertos que está a cargo de Graciela Valeria Kowalewsky –formada en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry, donde se instruyen militares estadounidenses. Las capacitaciones estarán dirigidas a miembros de fuerzas federales, jueces y fiscales.

 Esa unidad especial fue denunciada como herramienta de espionaje contra organizaciones políticas y sociales. 

 El gobierno había otorgado nuevas potestades represivas a la Policía Federal y permitió a la Side perseguir y espiar a la oposición. Milei y Bullrich autorizaron a la Federal a realizar detenciones, ciberpatrullaje, espionaje y requisas sin orden judicial. Además, aumentaron un 1.800% el presupuesto para gastos reservados en Seguridad –cuyo destino es secreto. Nación ya utilizó el 90% de los gastos reservados de la Side; Inteligencia representaba el 0,14% del presupuesto en 2021 y ahora alcanza el 0,24%. 

 Milei refuerza el carácter represivo del Estado para imponer un ajuste y más ataques contra las conquistas de la clase obrera. Con la reforma laboral y jubilatoria, busca aumentar la tasa de ganancia capitalista mediante una mayor explotación de los trabajadores y el desmantelamiento del sistema previsional. A esto se suman los tarifazos y los recortes en salud y educación, que son enfrentados por cada vez más sectores del pueblo. 

 Hay que derrotar al gobierno represor y espía con la movilización popular. 

 Nazareno Suozzi

Qué busca Israel con los nuevos bombardeos contra Siria

Los ataques dejaron tres muertos y decenas de heridos

 Israel lanzó este miércoles 16 una nueva tanda de bombardeos contra Siria que, según las autoridades locales, dejó 3 muertos y decenas de heridos. Entre los objetivos atacados figura el Ministerio de Defensa -en Damasco- y la ciudad sureña de Sweida, envuelta en sangrientos conflictos sectarios. Desde diciembre, Tel Aviv ejecutó cientos de ataques aéreos contra la nación vecina y amplió su presencia militar, ocupando una zona de amortiguación que era patrullada por Naciones Unidas y dividía a las fuerzas sirias de las israelíes, que tomaron los Altos del Golán en 1967. La nueva avanzada sionista incluyó la destrucción de rutas, instalaciones eléctricas y de agua para desalojar a los habitantes de Quneitra. 

 El gobierno de Netanyahu alega que los últimos ataques tienen por objetivo la protección de la minoría drusa, que también habita Israel y cumple allí funciones en el ejército. En los últimos días, los drusos se vieron envueltos en violentos choques con tribus de beduinos sunitas, que dejaron decenas de muertos en Sweida. El gobierno sirio, que está acusado de amparar los ataques contra la minoría drusa, afirmó el miércoles 16 que había llegado a un acuerdo con los líderes de los drusos para desplegar las fuerzas de seguridad en Sweida y garantizar el cumplimiento de un cese al fuego entre las partes, pero un ala de la comunidad drusa (la del Sheikh Hikmat al-Hajari) informó que los combates seguirían hasta que la ciudad quede liberada de elementos oficialistas, a la vez que circulaban denuncias de un accionar conjunto de las fuerzas de seguridad oficiales y beduinos contra pobladores drusos. Lo que Israel busca, en este contexto, es usar a la comunidad drusa como un ariete para ampliar su dominio territorial y su influencia política. En tal sentido, reclama un sur sirio desmilitarizado, es decir, manipulable. 

 Las tensiones entre Israel y Siria complican la tentativa expresa de Estados Unidos de sumar a Damasco a los llamados acuerdos de Abraham, es decir, el reconocimiento del Estado sionista. En mayo, durante su gira por Medio Oriente, Trump se reunió –como parte de estos acercamientos- con el nuevo presidente sirio, Ahmed al-Shara, y anunció un levantamiento de las sanciones económicas contra Damasco, un camino por el que también avanza la Unión Europea. El imperialismo asegura que al-Sharaa (antiguo líder de al Nusra, la rama de Al Qaeda en Siria, hasta romper con esa red en 2017 y formar Hayat Tahrir al-Sham -HTS) se ha reconvertido en una especie de líder pacifista, omitiendo que en marzo fuerzas leales al nuevo gobierno masacraron a casi mil civiles alauitas, tras una serie de choques armados con grupos pro-Al Assad, quien fue derrocado en diciembre pasado, tras una larga guerra civil.

 al-Shara está embarcado ahora en un proceso complejo para reunificar a Siria bajo su mando. Este proceso incluye un intento de entendimiento –aún en discusión- con sus rivales kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para “integrar todas las instituciones civiles y militares del noreste de Siria bajo la administración del Estado sirio, incluidos los pasos fronterizos, los aeropuertos y los yacimientos de petróleo y gas" (El Independiente, 10/3). 

 En el caso de Israel, los bombardeos fueron lanzados con un gran sentido de la oportunidad. Apenas culminada la guerra con Irán, resurgieron los cuestionamientos internos contra Netanyahu. Los partidos ultraortodoxos (Shas y Judaísmo Unido por la Torá), que cuentan con 18 legisladores, se retiraron esta semana del gobierno, desconformes por la promesa incumplida de una ley que exima a la juventud ultraortodoxa del servicio militar, dejándolo en minoría en la Knéset y en una situación política precaria. A esto se suman las críticas de los familiares de los rehenes por la renuencia a un acuerdo de cese al fuego con las organizaciones palestinas. En este escenario, los ataques aéreos contra Siria funcionan como un intento de recuperar autoridad a nivel interno y ordenar el tablero político. En paralelo a los ataques contra Siria, más de 70 personas fueron asesinadas en Gaza, 20 de ellas cuando se acercaban a buscar ayuda humanitaria. La masacre permanente, en definitiva, es un método político del sionismo. 

 Rechazamos los bombardeos contra Siria. Reclamamos el cese de la agresión sionista e imperialista contra Gaza y todos los pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

Trump amenazó bombardear Moscú

La CNN ventiló un audio de 2024 de una reunión privada en donde Trump confiesa que amenazó al líder ruso con bombardear la capital de la Federación Rusa: “Le dije a Putin: ‘Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción’, dijo Trump durante un evento de recaudación de fondos para 2024” (CNN 9/7). Este diálogo, durante su primer mandato, es recogido en un libro que se lanzó este año. Putín inició la “Operación Especial” durante la presidencia de Biden, pero fue Trump quien ordenó a la canciller Angela Merkel a desactivar los gasoductos, de dos mil kilómetros cada uno, que conectaban a Rusia con Alemania. De este manera, Trump, un lobista de las petroleras, impuso los intereses del gas licuado norteamericano a la Unión Europea. 

 La aparición de este audio coincide con las críticas que Trump viene realizando a Putin por el empantanamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. “Putin nos tira muchas tonterías, si quieren saber la verdad", dijo Trump a los periodistas, que asistieron a casi dos horas de reunión. "Siempre es muy amable, pero resulta ser insignificante" (NBC 8/7).

 “Trump afirmó más tarde que había transmitido una advertencia similar al presidente de China, Xi Jinping, sobre una posible invasión de Taiwán, diciéndole que Estados Unidos bombardearía Beijing en respuesta.” (idem) 

 A pesar de todos estos entreveros agresivos, los altos diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron el jueves 10 en la capital de Malasia. La comunicación, coinciden los medios, fue bastante cordial, cuando la guerra ha dado un salto por ambas partes. Tras la cortesía de la diplomacia se esconde el puñal. Los gestos y declaraciones disimulan una cuidadosa estrategia de desinformación deliberada (“headfake”). La maniobra de distracción para despistar ya ha sido usada en la guerra contra Irán hace unas pocas semanas, y lo mismo ocurrió con Rusia, cuando las negociaciones de Minsk, para convertir a Ucrania en una república federal, fueron dilatadas para dar tiempo al rearme de Ucrania, luego del golpe de estado de febrero de 2014. “Algo pasará”, se limitó a decir Trump en respuesta a la prensa luego de una reunión de gabinete en la Casa Blanca. La escalada militar desatada por Putin en las últimas semanas es una advertencia a Trump contra cualquier operación de “deception” y un ultimátum para que conceda lo que el Kremlin reclama –la instalación en Ucrania de un régimen político adecuado a un condominio de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos-. 

 Camilo Márquez 

 13/07/2025

La estafa $Libra y el auspicio presidencial

Al matón el tiro le salió por la culata: la prepoteada presidencial por redes sociales contra el niño Ian Moche y su mamá, según un fiscal federal, debe ser considerada “oficial” por haber sido realizada desde una cuenta de X verificada con tilde gris, reservado únicamente para jefes de Estado en la reglamentación de la red social. 

 La importancia de este dictamen en una causa aparentemente menor -Ian y su mamá le reclaman a Javier Milei que remueva el reposteo donde los acusa de “ultrakirchneristas” y de operar contra el gobierno- es que podría impactar en la que sigue la estafa de la cripto $Libra. En ésta, un fraude con millones de dólares en juego, Milei afirma que él “difundió” -y no “promovió”- la criptomeme a título personal, no en su condición de primer mandatario. La excusa, pueril, es que tuitea como cualquier ciudadano pedestre. Sin embargo, bastó un posteo suyo para levantar artificialmente la cotización de la memecoin, en coordinación con un grupo de operadores que monopolizaba su tenencia y se deshizo de ellas a los pocos minutos, embolsando ganancias multimillonarias. Apenas unas horas después, el valor de la cripto se esfumó, dejando un tendal de miles de damnificados. 

 Ian Moche y su mamá son activos promotores de los derechos de las personas autistas. Se han reunido con infinidad de funcionarios, incluida la expresidenta Cristina Fernández. Días antes de que empezaran los agravios presidenciales, se habían entrevistado con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien se despachó frente a ambos con definiciones tales como que tener un hijo con discapacidad “es un problema de la familia, no del Estado” y cuestionó “¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, entre otras salvajadas. El maltrato continuó a través de las redes y escaló hasta la presidencia. Las patotas digitales del gobierno todavía mantienen el hostigamiento sistemático sobre Ian y su familia. Estos le reclamaron a Milei que borre su posteo. Al no recibir respuesta, iniciaron acciones judiciales. El fiscal federal que entiende en la causa, Oscar Gutiérrez Eguía, dictaminó que los contenidos que Javier Milei publica y comparte en su cuenta verificada de X revisten carácter oficial, y no personal, como alega en su defensa por el caso $Libra. 

 El dictamen sienta un precedente, pero eso no quita que la investigación sobre la criptoestafa sigue una lenta marcha. Los indicios son firmes. Se transaron fuertes sumas de dinero: de la billetera virtual de Hayden Davis, uno de los promotores de la memecoin, entre el 30 de enero -cuando se reunió con Milei en la Casa Rosada- y el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento de $Libra, se transfirieron varios millones de dólares con destino todavía desconocido. También se detectaron movimientos sospechosos de parte de Marcelo Novelli, nexo entre Davis y los Milei, quien vació sus cajas de seguridad del banco Galicia. En apariencia, el círculo se cierra sobre el presidente, pero lo protege un verdadero ´cordón sanitario´. En la demanda colectiva que iniciaron los afectados en Estados Unidos, Milei no fue imputado. La Oficina Anticorrupción -a cargo de un liberticida- lo exculpó sin más trámite. La “comisión investigadora” que aprobó Diputados, por otra parte, se verificó como una farsa: la cuestión $Libra es prenda de negociaciones entre el peronismo y el oficialismo. 

 A la burguesía, el affaire $Libra ni siquiera le ha afectado la digestión – un ´pecadillo´ de parte de un gobierno que ha arrasado con derechos laborales y previsionales a mansalva. 

Jacyn 

 15/07/2025

Romina De Luca: "no sobran, faltan docentes en Argentina"

Myriam Bregman: "El peso de la calle se empezó a sentir dentro del recinto"

Scatturice, el ´favorito´ de los liberticidas

Pasado un año y medio de gobierno liberticida queda claro Leonardo Scatturice, el opaco ´empresario´ argentino radicado en Miami, dueño de OCP Tech, ocupa un lugar cada vez más importante en la pandilla libertaria, que le ha abierto la puerta del Estado para hacer todo tipo de negocios. Scatturice surgió del submundo de los servicios de inteligencia, antes de radicarse en Estados Unidos, donde trabó vínculo con lo más rancio del conservadurismo continental. 

 Llegó al mundo Milei de la mano de Santiago Caputo. El negocio más reciente Scatturice, sin embargo, se lo debe a otro de los miembros del clan Caputo, Luis, el ministro de Economía, quien lo ha premiado con la entrega de contratos vinculados a la prestación de tecnología por más de 2.000 millones de pesos por cuatro licitaciones, entre las que se encuentra, nada más y nada menos, que ARCA, la agencia de recaudación y control aduanero. 

 Los negocios libertarios con Scatturice también incluían un contrato con Trenes Argentinos, que depende del Ministerio de Economía, pero por el escándalo de las valijas sin registrar, la licitación quedó en stand by. El contrato preveía poner “WiFi y fibra óptica en cinco talleres ferroviarios y cámaras en los pasos a nivel entre Once y Moreno, Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria iba a pagarle a OCP Tech cerca de 15 millones de dólares” (LPO 9/07). 

 Pero Luis Caputo no da puntada sin hilo. Las licitaciones entregadas a Scatturice son una devolución de favores al empresario, por haberle acercado ´inversores´ al ministro de Economía, quien le adjudicó a OCP Tech la misión de proteger los correos electrónicos de su ministerio por el monto de $ 790 millones. También desembolsó $ 414 millones para la adquisición de un cluster de servidores, también para el ministerio (LPO, 9/07). Un cluster es una forma de integrar a una o más computadoras para que trabajen de manera simultánea en una determinada acción, Caputo de esta manera blinda informáticamente al ministerio de Economía para que nada salga de su égida, en momentos de turbulencias económicas. 

 Scatturice se vale de la privilegiada posición en la que lo ha colocado Santiago Caputo para expandir sus negociados en el país. Así “el 23 de enero quedó muy bien posicionado en una licitación por $160 millones para proveer un servicio de hardware para teleconferencias, según detectó el diputado Rodolfo Tailhade. La comisión evaluadora que se encarga del proceso ya descartó a los competidores de OCP Tech y Scatturice se quedaría con ese contrato.” (Ídem) 

 Uno de los servicios prestados por el ex SIDE Scatturice es de ser un enlace entre el gobierno liberticida y el conservadurismo yanqui enquistado en el poder. En este sentido Scatturice puso a disposición uno de sus aviones para que arribe al país el 14 de abril pasado una comitiva de la CEPAC, el mismo día de llegada de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU. Quienes encabezaron la comitiva fueron Matt Schlapp y Soledad Cedro, miembros de la CEPAC. Robert Citrone, un viejo conocido de Luis Caputo, de la época en el que este revistaba para el JP Morgan, fue parte de los pasajeros de ese vuelo. Citrone maneja el fondo de inversión de Discovery y es una figura clave en Wall Street. La revista Forbes realizó una semblanza de Citrone “Su estrategia de inversión combina movimientos macroeconómicos con especial atención a mercados emergentes, un terreno donde suele detectar oportunidades ‘que el mercado no comprende del todo’" (Forbes, 14/04). En este sentido, Citrone desembarcó en Buenos Aires con la mira puesta en el “potencial” argentino y el respaldo explícito al programa de reformas que está impulsando el gobierno libertario. El financista yanqui tiene acciones en Vista, una empresa de energía, en YPF, en Pampa Energía y en los bancos Macro y Galicia. También ha invertido en bonos CER y Bopreal. 

 Un dato no menor es que el avión que trajo a los activistas conservadores y al financista en abril pasado, es el mismo en el que Arrieta arribó a Aeroparque con las valijas de contenido desconocido al día de la fecha, pero con una matrícula diferente. Desde el circulo de Scatturice afirman que fue por un cambio de dueño de la aeronave, otros aseguran que fue para sortear un posible escándalo. 

 Los liberticidas representan un salto cuantitativo y cualitativo en el carácter de rapiña del capital financiero y han convertido al Estado argentino en una cueva en la que los empresarios amigos, como Scatturice, llevan adelante todo tipo de negociados.

 Lucas Giannetti

 11/07/2025

Los cuchillos sin filo del Congreso

Qué pasó en la sesión del Senado. La votación de los proyectos jubilatorios, de discapacidad y de remisión de fondos a las provincias por parte del Senado no sorprendió a Milei y Caputo, que ya habían cortado el “diálogo” con los gobernadores algunos días antes. La sanción de los proyectos de aumento a jubilados y de prórroga de la moratoria, ya votados en Diputados, tampoco desató una ola de entusiasmo en la clase pasiva. A nadie escapa que el aumento del 7,2% y del bono sumarán a la jubilación mínima unos $60.000 - un 16% de aumento, para unos haberes que se han derrumbado a la mitad desde 2017 hasta hoy. La moratoria sólo regirá por dos años, y beneficiará a unos 220.000 eventuales jubilados. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, implicará un “impacto fiscal” del 0,08% del PBI. Tampoco mueve el amperímetro la “emergencia en discapacidad”, que consagra pensiones de indigencia. En cuanto a las leyes presentadas por los gobernadores, para repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el impuesto a los combustibles, los senadores mostraron que compensan la eliminación de ciertos fondos con fines específicos. Ninguno de los espadachines opositores cuestionó las erogaciones explosivas de la deuda pública, muy superiores a lo que representan las leyes en cuestión. El Senado asistió, en definitiva, a un tironeo entre ajustadores.

 Amansadora 

Más allá de su escaso alcance, el “paquete del Senado” ha ingresado en una larga amansadora. Los proyectos jubilatorios y de discapacidad serán vetados, y para su eventual insistencia (rechazo del veto) deberán recorrer el calvario de Diputados, primero, y de Senadores después. En cuanto a los proyectos que plantean volcar fondos a las provincias, sólo cuentan con la media sanción de los Senadores y deberán todavía ser considerados por Diputados. El ministro Francos anticipó que irá a Diputados en busca de los 87 “héroes” que vuelvan a refrendar los vetos presidenciales, como ocurriera el año pasado con el aumento jubilatorio y las universidades. Pero para eso, deberían aflojarle a los gobernadores algunos recursos y candidaturas. Los Milei y Caputo “el chico” no han satisfecho las exigencias de los gobernadores para insertar a sus personeros en las listas oficialistas de diputados y senadores nacionales. 

 El chubasco del Senado, en definitiva, expone una pelea y una crisis. El arco de gobernadores “dialoguistas” exige conformar una coalición de gobierno y, como adelanto de ella, pide un rescate financiero. El gobierno liberticida está dividido: una fracción promueve esas negociaciones, temerosa de un aislamiento político y de reveses electorales. La otra línea, en cambio, quiere llevar el choque con los antiguos aliados hasta las últimas consecuencias. En medio de una salida de capitales y de una crisis de financiamiento, se aferra a muerte al “superávit fiscal” (ficticio), en la creencia de que sería una garantía para que la deuda pública, empezando por la de pesos, no se caiga de la baranda. En cualquier caso, ese “superávit” está flaqueando por la caída de la recaudación de impuestos de mayo y de junio. Siguiendo esa línea, Milei iría por la judicialización y, en última instancia, por la no aplicación de lo votado, como lo anunció en la Bolsa de Comercio. El tuitero Dan reclamó poner “los tanques en la calle” para arremeter contra el Congreso. Para avanzar en un choque de poderes y ensayar un régimen de excepción, Milei cuenta con el padrinazgo de Trump, que recorre esa vía en los Estados Unidos.

 Esterilidad política

 El bloque de fuerzas opositoras que piloteó la sesión del Senado, comenzando por el peronismo, sabe muy bien de los límites de las leyes aprobadas. Espera que sirvan para extorsionar al gobierno con un regateo de fondos. Conociendo el pedigree político de los opositores, volverán a sacrificar a jubilados y discapacitados, si fuera preciso, con tal de salvar algunas migajas para los presupuestos provinciales y las camarillas capitalistas que se nutren de ellos. A despecho de esa expectativa, Milei podría dejarlos sin nada, lo que volvería a desnudar la impotencia política de estos “opositores”. En la cola de estos cuchillos sin filo, espera la ley de financiamiento universitario. Los jubilados, estudiantes, docentes, y todos los atropellados por la motosierra oficial deben sacar conclusiones y emprender un camino de lucha e independencia política -el camino de los “opositores del ajuste” es un callejón sin salida-. 

 Marcelo Ramal

 11/07/2025

Christian Castillo en “Comunistas”: “La movilización popular tiene que imponerse sobre los vetos”

Educación y economía ¿cómo llegamos hasta acá? Entrevista con Alejandro Morduchowicz

Trump lanza un golpe económico contra Brasil, con la mira puesta en un golpe de estado

Milei y Lula frente a un intento de disolver el Mercosur.

 Donald Trump anunció el miércoles 9 que establecería una sobretasa arancelaria del 50% contra la totalidad de los productos de exportación de Brasil – se encuentren ya tasados, como el acero, el aluminio, el azúcar y el bíoetanol, o no. En el caso de este tarifazo “recíproco” no hizo casi alusión al intercambio comercial con ese país, que registra un pequeño superávit a favor de Estados Unidos dentro de un marco de exportaciones de 40 mil millones de dólares cada uno. 

 Lo bizarro, en apariencia, de todo el asunto, es que Trump ha justificado ese arancelamiento recargado en lo que ha llamado “la persecución judicial” contra Jair Bolsonaro. El expresidente de ultraderecha se encuentra acusado de tentativa de golpe de estado, en enero de 2023, y destrozos de propiedades y patrimonios públicos. Trump denuncia “una caza de brujas” y ha reclamado el indulto al golpista incluso antes de recibir una condena. Las autoridades brasileñas caracterizan la extorsión de Trump como un ataque a las instituciones del Estado, especialmente contra el Tribunal Superior Federal. Dentro de una guerra arancelaria que nunca ha sido solamente comercial, sino que forma parte de una guerra mundial imperialista propiamente dicha, la bravuconada del mandatario norteamericano representa un ostensible salto, o sea a la guerra política. Trump ha cargado sobre sus espaldas la orientación a un golpe de Estado en Brasil, con la expectativa de obtener un éxito mayor que los fracasados golpes que él y su compinche brasileño intentaron, respectivamente. En el juicio a Bolsonaro se encuentran acusados de sedición varios jefes militares brasileños.

 De acuerdo a la prensa brasileña (Folha de Sao Paulo), Bolsonaro estaría preparando su fuga y el asilo político por parte de Trump. El hijo mayor del golpista frustrado, Eduardo Bolsonaro, ha obtenido residencia en Estados Unidos, donde se ha declarado “diputado en el exilio”. El mismo Bolsonaro se habría refugiado en la embajada de Hungría en Brasilia durante 48 horas, luego que la Justicia le retirara el pasaporte. Aunque el Congreso de Brasil ampara políticamente a Bolsonaro, en el marco de una política para consagrar al ultraderechista gobernador de Sao Paulo como próximo presidente de la nación, Trump apunta sus dardos con el Tribunal de Justicia, a quien acusa de atacar la libertad de expresión y acallar las redes sociales, por los límites que le ha impuesto a las noticias falsas y políticamente desestabilizadoras que promueven Elon Musk y la camarilla oficialista MAGA de Donald Trump. Es claro para cualquiera que el candidato a dictador de Estados Unidos (por de pronto ha vulnerado principios constitucionales decisivos como el derecho de nacionalidad) proyecta una suerte de fascismo universal bajo los pliegos de un bonapartismo militarizado internacional.

 El tiro golpista contra el gobierno y el poder judicial brasileño apunta a objetivos más ambiciosos. Donald Trump ha amenazado con la guerra a los BRICS, la coalición que integra Brasil, junto a Rusia, China, India y Sudáfrica, si continúan “socavando” la primacía del dólar, en referencia a los acuerdos comerciales de esos países mediante el uso de monedas locales. Trump mira a Brasilia pero apunta a Pekín y Moscú. Como ocurrió con el simulacro engañoso que utilizó para bombardear a Irán mientras pretendía públicamente lo contrario, el objetivo de Trump son las cabezas de sus rivales económicos y, en última instancia, geopolíticos e imperialistas de cuño propio. En un reciente pre-acuerdo comercial con Vietnam, Trump ha impuesto un desalojo de China del sudeste asiático. Cuando las principales potencias, y en especial el imperialismo norteamericano y la OTAN, dan los pasos necesarios para desarrollar una guerra mundial, es que estamos en una guerra mundial. Los planes para proceder a una “limpieza étnica” en Gaza y en Cisjordania prosiguen sin pausas; en cuanto a Ucrania, la guerra se ha convertido en ilimitada – involucra al territorio ruso y lo mismo ocurrirá con las naciones que bordean el Mar Negro, sin exceptuar a Turquía. 

 Una semana antes de estos improperios imperialistas contra Brasil, Lula y Milei habían convenido en una lista de 150 posiciones arancelarias para negociar con Trump una serie de concesiones recíprocas, en especial, acero, aluminio, etanol, azúcar, carne y otros. El asalto de Trump contra Brasil va dirigido a desintegrar al Mercosur, sin reparar los privilegios que esta asociación ofrece a industrias y agroindustrias de sus países. La declaración de guerra a América Latina que comenzó con la amenaza de ocupar por la fuerza el canal de Panamá, gana un nuevo desarrollo. A esto se añade el régimen de deportaciones arbitrarias por parte de Trump; las amenazas contra México, que so pretexto de la lucha contra los carteles de la droga está dirigido a quebrar el sistema bancario mexicano; o el proyecto de una base militar en Tierra del Fuego.

 Las campañas electorales de medio término, en Argentina, ignoran olímpicamente el alcance de la guerra, salvo cuando se escapa la tortuga, ocasionalmente, y dos legisladoras de condición judía, una por la LLA y la otra por UxP, se acusan, también recíprocamente, de “antisemitismo”, una, y de “genocidio”, la otra, sin que el juez Daniel Rafecas sea convocado o se ofrezca a laudar.

 Las compras de todo tipo de pertrechos militares a Estados Unidos, los protocolos represivos de todo orden, el uso abundante de la Gendarmería contra los trabajadores en lucha y la extensión del espionaje a la ciudadanía, muestran que la tendencia al golpe de estado no es exclusiva de Trump contra Brasil; el ex secretario de Carlos Saúl Menem, Alberto Kohan, acaba de exhortar a una disolución del Congreso, como respuesta a los obstáculos (ficticios) que enfrentan Caputo y Milei en el Senado y Diputados.

 Jorge Altamira

 10/07/2025

Valijagate: el gobierno liberticida encubre a miembros de la derecha continental

En su momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, de manera categórica negó que haya habido irregularidades en el vuelo proveniente de Miami que traía a bordo al testaferro Leonardo Scatturice, empresario cercano a Santiago Caputo y ex SIDE. Lourdes Arrieta, el 26 de febrero, arribó a Aeroparque con un equipaje que constaba de 10 valijas que no fueron revisadas por las autoridades aduaneras. En la última conferencia de prensa el inefable vocero presidencial eludió preguntas sobre el valijagate. 

 A pesar de que Adorni aseveró que “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, los fiscales que intervienen en la causa han presentado un dictamen en el que aportan imágenes de cómo la valijera Arrieta pudo sortear los controles que se realizan en estos casos. La relación de Scatturice con el gobierno libertario, que venía pasando bajo radar, quedó de manifiesto con el affaire de las valijas y ha puesto al empresario en el ojo de la tormenta, en tanto y en cuanto es un hombre al cual Santiago Caputo consulta frecuentemente y es el responsable de señalar a oscuros personajes para que se sumen a la función pública del gobierno liberticida, como el caso de Andrés Vázquez quien fue colocado al frente de la DGI.

 La investigación judicial en curso está siendo llevada a cabo por el fiscal Claudio Navas Rial y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que han presentado un dictamen donde aseveran que no se cumplieron con los controles que la situación ameritaba. Según los fiscales, de las 10 valijas sólo 5 fueron declaradas y no fueron controladas como se debía hacerlo. Navas Rial también señaló: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo 'semáforo' destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje". La investigación judicial también da cuenta de que, luego de que Arrieta lograra pasar las valijas, “comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner.” (La Nación 7/072025) 

 El tratamiento diferencial que recibió Arrieta no se debió a problemas operacionales, sino que como se puede observar en las imágenes difundidas “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”. (Ídem) Es menester recordar que la Dirección General de Aduanas (DGA) está dirigida por Andrés Velis, hombre de confianza de Santiago Caputo. A su vez, Scatturice, dueño del avión Bombardier Global 5000, en el cual arribó Arrieta, tiene una estrecha relación con Diego Colunga, responsable de Royal Class, de quien depende el hangar donde la nave estuvo estacionada durante siete días antes de partir rumbo a Paris. Colunga, cercano a Santiago Caputo, fue colocado por este como director de Aerolíneas Argentinas a partir de una recomendación de Scatturice, de esta manera el ex SIDE y actual lobista de la derecha continental fue quien digitó a las autoridades de la Aduana.

 En el dictamen judicial se puede apreciar que la investigación en curso da cuenta de un “comportamiento inusual” de Arrieta, ya que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”, y que “vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana”. El dictamen continúa: “Esta última, según describió [el agente], realizó un gesto de 'okey', tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales". (Ídem) La digitación de la dirección de la Aduana y las estrechas relaciones que ha cultivado con uno de los miembros del “triángulo de hierro”, le ha permitido a Scatturice que se realicen un sinfín de irregularidades en el vuelo que trajo a Arrieta y las valijas, desde la omisión de los controles de equipaje hasta la ausencia del registro de vuelo en la base de datos estatales correspondientes. 

 El gobierno nacional ha pasado de la negación de los hechos a un silencio sugestivo sobre el tema y, ante las consultas periodísticas, las fuentes oficiales señalan que “Hay una causa judicial en curso, no la queremos entorpecer. Dejaremos que se expida la Justicia.” (La Nación 8/07/2025) A pesar de las imágenes que brindan evidencias de las irregularidades del vuelo que trajo las valijas, desde OCP Tech, empresa de Scatturice y dueña de la aeronave en cuestión, aseguran que la tripulación y la pasajera Laura Belén Arrieta cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país. 

 Al día de la fecha es un enigma el contenido de las valijas, pero teniendo en cuenta los actores en escena se puede conjeturar una hipótesis del contenido. Scatturice, especialista en antilavado, además de abrir empresas off shore en Panamá, se ha dedicado al desarrollo de empresas de vigilancia digital, actividad en la que se adentró a partir de los vínculos con la SIDE, de la cual fue agente y con las distintas fuerzas de seguridad. En el caso de las valijas voladoras libertarias, debido al estrecho vínculo que Scatturice mantiene con el exmontonero Mario Montoto, lobista en materia de ciberseguridad y proveedor de dispositivos que se utilizan en el área de la seguridad, surgen las sospechas de que, en las valijas en cuestión, trasladaran materiales destinados al espionaje y ciberpatrullaje poniendo en el centro de la escena a Santiago Caputo, quien maneja, sin ser funcionario, la SIDE libertaria, que se encuentra al pie del cañón para perseguir a manifestantes populares, activistas y militantes. 

Lucas Giannetti 

 09/07/2025

Una tormenta política, en vísperas de la campaña electoral

La semana que comienza sacó a la luz una fractura expuesta, nada menos que en la columna vertebral del régimen que viene gobernando durante el último año y medio. El elenco de gobernadores, que apoyó a la motosierra en el Congreso y que la ejecutó en sus distritos, le ha declarado las hostilidades al tándem Milei-Caputo. Ese distanciamiento será escenificado en el acto del 9 de julio en Tucumán, donde sólo acompañarán a Milei el anfitrión Jaldo y un vecino del NOA, el catamarqueño Jalil. El resto anunció un faltazo.

 Más allá del desplante, el Senado Nacional se encamina a una sesión donde podrían tener sanción definitiva las leyes de reajuste jubilatorio, de prolongación de la moratoria y de emergencia en discapacidad. A esta refrendación, los senadores, a cuenta de sus gobernadores, agregan dos proyectos de su cosecha: la restitución de los Aportes del Tesoro (ATN) que Caputo le debe a las provincias y la coparticipación federal del impuesto a los combustibles. Las iniciativas que llegaron de Diputados ya fueron aprobadas en comisión, pero Villarroel les desconoce el dictamen por razones de procedimiento. En esas condiciones, el Senado debería contar con el acuerdo de sus dos tercios para tratarlas en sesión. Parece mucho, pero hasta el salteño Juan Carlos Romero, un inveterado aliado de Milei, anunció su apoyo a las iniciativas de los senadores “insubordinados”. Si las leyes resultan aprobadas, la votación del Senado adelanta un posible rechazo al previsible veto de Milei. En ese caso, las usinas oficiales han adelantado un desacato de Milei al Congreso. Alberto Kohan, otrora lugarteniente de Menem y actual fan de los liberticidas, acaba de reclamar la disolución del Congreso si éste se convierte en “una piedra en el camino” de la política oficial (Perfil, 7/7). 

 El conflicto de poderes y la crisis política en desarrollo no sólo tiene lugar en vísperas de la campaña electoral, sino que se ha metido en ella con toda su fuerza. Las alianzas previstas entre la Libertad Avanza, el macrismo y fuerzas provinciales han entrado en zona de tormenta. En Buenos Aires, una fracción de intendentes del PRO de los distritos agrarios rechaza un acuerdo con el gobierno y reclama el derecho a concurrir con “boleta corta” o, inclusive, a tributar a un frente de “centro” con radicales, Monzó y Stolbitzer. Es el mismo bloque que impulsa en Diputados un proyecto de reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Si las divergencias entre el capital agrario y el gobierno cobran la forma de una escisión política, ello pondría de manifiesto un antagonismo eventualmente irrevocable entre unos y otros. 

 Las bases de la crisis 

Los gobernadores, senadores o ruralistas aluden a la “terquedad” y “rigidez” de Milei-Caputo, sin detenerse en la cuestión de fondo que sustenta a la motosierra oficial: las retenciones al agro o la asfixia a las provincias son cruciales para sostener la carga de la deuda pública, que el régimen económico oficial acrecienta todo el tiempo. Milei-Caputo han armado un verdadero esquema Ponzi, donde el pago de los crecientes intereses de la deuda obliga al nuevo endeudamiento. En este cuadro, el menor desvío respecto del prometido 1,6% de superávit fiscal podría abatir con más fuerza la cotización de la deuda pública, la cual viene tambaleándose desde hace meses. 

 El gobierno intenta contrarrestar la desconfianza creciente del capital financiero en su régimen económico profundizando los recortes presupuestarios. Los “rebeldes” del Congreso o gobernaciones y sus jefes -la gran burguesía agraria e industrial- aplauden los recortes dirigidos a consumar despidos o privatizaciones. El Consejo Agroindustrial -un lobby integrado por las cámaras patronales de ese sector- acaba de saludar al gobierno por el desguace del INTA, cuyos restos espera colocar a su servicio. Sin perjuicio de ello, otros aspectos de la motosierra han dividido a la burguesía: los recortes a la Obra Pública y la disolución de Vialidad Nacional -que dará lugar a la privatización de 9.000 km de rutas- comporta una carga económica para las burguesías regionales, que se enfrentan al aumento de sus costos de transporte. Todo esto venía siendo pacíficamente tolerado por los explotadores, que celebraban al mismo tiempo el ataque del gobierno a los derechos laborales. Pero la distancia con el gobierno ha subido un peldaño: el régimen de Milei y Caputo no le ha abierto al gran capital la posibilidad de financiamiento, del mismo modo que no la tiene el propio Estado. La salida de la Banca Morgan y otros fondos refrenda esa desconfianza. Los gobernadores, en este cuadro, velan sus armas. La oposición de estas horas es también el ensayo de un régimen alternativo al de los liberticidas. La premisa de ese bloque parte de preservar el trabajo sucio perpetrado por Milei-Caputo contra las masas. Ello vale, por sobre todas las cosas, para el pejotakirchnerismo.

 La grieta por arriba es un aliciente para que los trabajadores desarrollemos una alternativa política independiente. 

 Marcelo Ramal 

 08/07/2025

Un año de la Ley Bases, muchas ventajas al saqueo capitalista pero nada de inversiones

A pesar del Rigi no llegan dólares al país, se fugan. 

 Buscan instalar un barco de licuefacción de GNL en Río Negro.

 Transcurrió un año desde la sanción de la Ley de Bases que contiene el Rigi, sin embargo, la inversión extranjera directa se encuentra en retroceso. A su vez, entre los proyectos aprobados se destacan aquellos vinculados con la exportación de GNL y petróleo, los cuales, en vez de redundar en mayor autonomía energética para el país, agravará el desabastecimiento de gas y combustible en el mercado interno y las presiones por nuevos tarifazos y aumentos en el surtidor.

 Pese a los innumerables incentivos contemplados en el Rigi, el flujo de inversiones extranjeras directas, lejos de despuntar, arrojaron un saldo negativo por U$S 1.500 millones desde que asumió Milei hasta mayo de este año. A su vez, según un informe elaborado por Cepa en base a datos oficiales, cuatro de los cinco proyectos aprobados suponen compromisos de inversión por U$S 2.105 millones en el primer año y U$S 2.640 millones en el segundo (U$S 4.745 millones en total), mientras que solo en el primer trimestre de 2025 el déficit en la cuenta corriente alcanzó los U$S 5.236 millones.

 Incluso, el 58% de las inversiones previstas en los 14 proyectos presentados en el Rigi corresponde a YPF, de mayoría estatal. Dicho sea de paso, las mismas podrían dificultarse a raíz del fallo dictado por los tribunales de Nueva York, que establece la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera "de bandera" al fondo buitre Burford.

 Como fuere, dos de los proyectos más resonantes que se adhirieron al Rigi están vinculados con la exportación de petróleo y GNL. Por un lado, está en marcha la construcción del "Vaca Muerta Oleoducto Sur" para transportar el crudo desde la cuenca neuquina hacia la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro. Asimismo, otro de los emprendimientos aprobados es el que realizará Pan American Energy (cuyo CEO es Bulgheroni) junto con la empresa noruega Golar LNG, donde la primera suministraría el gas natural al barco flotante de licuefacción de GNL instalado por esta última frente al Golfo San Matías.

 El acuerdo entre PAE y Golar, además de afectar el ecosistema de la zona poniendo el peligro a la fauna marina, profundizará el desabastecimiento energético del país, dado que la producción de gas de Vaca Muerta se orientaría hacia la exportación achicando la oferta local. O bien, las petroleras buscarán equiparar los precios internos a los del GNL como condición para cubrir la demanda interna, dando lugar a nuevos tarifazos en las boletas de gas y electricidad. Esto, sin contar que la población trabajadora ya viene sufriendo las consecuencias de la falta de gas en medio de la ola polar y de los aumentos siderales en los servicios públicos, a través de los cuales los usuarios subsidian de su bolsillo el precio dolarizado de extracción de gas que garantiza ganancias extraordinarias para las petroleras. 

 Por otra parte, en caso que se ponga en marcha ese esquema de exportación de GNL y se amplíe la del petróleo, los dólares recabados por las ventas al exterior no contribuirán ni al desarrollo nacional ni a mejorar las condiciones de vida del pueblo, por el contrario, irán directo al pago de la deuda externa usuraria. Por donde se lo mire, el Rigi de Milei agrava el saqueo capitalista de Argentina.

 Los proyectos extractivistas en curso ni siquiera sirven para revertir el crecimiento del desempleo. Los mismos implicarían la creación de 10.113 puestos de trabajo (entre directos e indirectos), cuando ya se han perdido 182 mil desde que asumió La Libertad Avanza, solo en el sector registrado -según los datos del Sipa-, y siguen avanzando los despidos tanto en el ámbito privado como en el público. 

 Así las cosas, el plan de Milei condensa nuevos negocios para un puñado de empresarios, mayor atraso nacional y más penurias para las mayorías populares. Hay que derrotarlo con la huelga general. 

 Sofía Hart

Milei ofrenda las Malvinas y sigue comprando armamento obsoleto según las exigencias de la Otan

La revista británica The Economist reveló negociaciones secretas entre Argentina y el Reino Unido.

 Mientras hambrea al pueblo, Milei sigue rematando el país para congraciarse con las potencias imperialistas, colocando a la Argentina como peón de la Otan en la región. Según la revista británica The Economist, el gobierno está negociando con el Reino Unido “moderar o incluso desactivar” el reclamo sobre las Islas Malvinas y comprarle pertrechos militares. 

 Las tratativas son secretas. Estamos ante un intento del imperialismo por imponer la venta de sus armas –cuando no hay ninguna hipótesis de conflicto militar en la región– y de avanzar en una mayor colonización económica y política de la Argentina. Desde la Guerra de Malvinas, el Reino Unido impuso un embargo a las exportaciones de armamento hacia Argentina, que incluye la prohibición de vender equipos y componentes militares fabricados en suelo británico. Dicho embargo se levantaría si Argentina abandona su reclamo de soberanía sobre las Islas. 

 EE.UU. y el Reino Unido buscan reforzar su injerencia en Argentina y América Latina, en el marco de la crisis capitalista y las disputas con China y Rusia. Son países que, como las demás potencias capitalistas, vienen aumentando sus presupuestos militares –incluso en armamento nuclear– al calor de la escalada en los choques comerciales y bélicos que amenazan con llevar a una nueva conflagración mundial. 

 Milei ha dado sobradas muestras de proimperialismo en el tema Malvinas, al punto de defender la “autodeterminación” de los kelpers ocupantes. Su gobierno permitió al Reino Unido extender su control sobre el Mar Argentino y no dice nada sobre los ejercicios militares que realiza en las Islas. 

 The Economist señaló que el ministro de Defensa, Luis Petri, impulsa la integración de Argentina como “socio global de la Otan” –categoría que ya tienen países como Colombia, Japón y Corea del Sur. Actualmente, Argentina es “aliado extra Otan”, un estatus obtenido durante el gobierno peronista de Menem cuando estableció las “relaciones carnales” con Estados Unidos.

 Ser “socio global” traería consigo un mayor alineamiento con el imperialismo en conflictos bélicos y temas de “seguridad” y “terrorismo”, mayor intromisión de los países miembro en el aparato militar, un reforzamiento de la participación en misiones de la Otan y la inclusión en entrenamientos para operaciones futuras. 

 Milei viene profundizando la subordinación de Argentina a las grandes potencias. Ya sumó al país a iniciativas como la fuerza marítima proimperialista en el Medio Oriente e incrementó la participación en ejercicios militares internacionales –incluso con fuerzas británicas.

 Además, hay negociaciones con EE.UU. para permitir el atraque de sumergibles nucleares en Tierra del Fuego, donde quiere construir una base militar. A esto se suma la intención de comprar submarinos franceses y helicópteros. 

 El gobierno libertario nos alinea con el imperialismo en su intento por ir a una nueva guerra por el reparto del mundo. La tendencia hacia una tercera guerra se ve en los conflictos en Medio Oriente (con los ataques del imperialismo e Israel a Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán), en Europa (guerra en Ucrania), en el aumento de las tensiones en el Pacífico (Estados Unidos-China) y en los conflictos armados en África. 

Milei afirmó que Argentina es la 23° potencia militar mundial, dato desmentido, pero que no oculta que aumenta el presupuesto de defensa mientras aplica un brutal ajuste contra los trabajadores: recortes a jubilaciones, salarios, despidos masivos y reducción de fondos para salud y educación. 

 El gobierno adquirió 24 cazas F-16 estadounidenses de segunda mano a Dinamarca, la mayor inversión aérea en décadas, y vehículos blindados Stryker 8x8 (con capacidad para lanzagranadas y ametralladoras). Además, planea comprar fragatas, más blindados, fusiles y aviones de transporte. Todo esto es impulsado por un gobierno que entrega la soberanía nacional en un país sin hipótesis de conflicto armado.

 El elenco gobernante refuerza a las Fuerzas Armadas para aumentar la represión y regimentación de la clase obrera, como parte de su intento por poner en pie un régimen totalitario donde las libertades democráticas queden reducidas a su mínima expresión. 

 Abajo el gobierno represor. Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina.

 Nazareno Suozzi