Del caso Snowden a pensar la política de datos en Argentina

Tras el caso Snowden, los hechos de espionajes en Brasil y el desplante europeo a Evo Morales se encendió la alarma sobre el cuidado de los datos personales. Una preocupación saludable que debe empezar por los propios servicios informáticos y de comunicaciones. La situación en Argentina.
Las revelaciones del topo Snowden sobre el sistema PRISM y el espionaje de la NSA son un hecho político más por lo que confirman que por lo que revelan. Como señaló Richard Stallman, si existían dudas sobre las implicancias de la Patriotic Act y la ley FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), quedaron completamente despejadas; era un secreto a voces del cual Snowden simplemente ofreció las pruebas.
Después de la pantomina representada por Europa, impidiéndole a Evo Morales cruzar su espacio aéreo, el espionaje pasó a ser un asunto central en la agenda política de los gobiernos latinoamericanos del cono sur. Las investigaciones desarrolladas por la justicia brasileña llevaron a que la Cumbre de Presidentes del Mercosur de Montevideo condenara, pocos días atrás, “las acciones de espionaje por parte de agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América, las cuales afectan a todos los países de la región”. En esa línea se enmarca la presentación del canciller Héctor Timerman ante la justicia federal por el espionaje internacional.

Soberanía nacional

Debido a que las compañías implicadas en la denuncia de espionaje operan en Estados Unidos y se rigen por las leyes norteamericanas como la FISA, se han negado en las últimas semanas, con la excusa de que sus archivos no están en su país, a ofrecerle datos a la justicia brasileña. De allí que el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo Silva, haya caracterizado el conflicto como un asunto de soberanía nacional, teniendo en cuenta que la mayoría de las transmisiones brasileñas pasan por servidores estadounidenses.
En una entrevista con el diario O Estado de Sao Paulo, Paulo Bernardo analizó las posibilidades del país para asegurar la privacidad de los datos del pueblo brasileño y arriesgó que probablemente sea necesario obligar a las empresas a almacenar los datos en el país.
En concordancia con los proyectos brasileños, Héctor Timerman confirmó que el gobierno argentino analiza la posibilidad de exigir a empresas multinacionales como Facebook o Google que almacenen los datos en los países en los que se originan para que se aplique la ley argentina sobre ese circuito de información. En principio, la idea parece ser más que nada declarativa, sobre todo porque difícilmente estén dadas las condiciones técnicas para que sea llevada a cabo en lo inmediato y los costos pueden ser bastante altos. Y, sin embargo, la formulación tiene su lado positivo, sobre todo en lo que se refiere a disputarle a Estados Unidos el monopolio sobre el control de internet y las reglas de gobierno que la rigen, tema que tiene sus bemoles. Como prueba de ello, pueden analizarse las recientes debacles que se originaron alrededor de las propuestas llevadas a la ITU.

¿Y si no el sistema qué?

El asunto es tan complejo que difícilmente se pueda dar una respuesta inmediata, o siquiera coherente. La preocupación de los gobiernos locales es saludable, pero esto no los exime de caer en sus propias contradicciones: por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia el Estado Argentino, la SIDE, debe funcionar bajo la fiscalización de una Comisión Bicameral en el Parlamento, y sin embargo, hace más de dos años que esta Comisión no se reúne . Del mismo modo, el el Estado argentino ha sido muy poco cuidadoso con los datos de sus ciudadanos, que no le pertenecen al Estado sino a los individuos, no sólo en lo que se refiere a su guarda y tratamiento sino también en lo relativo a su pertinencia y objeto. Por ejemplo: la conformación del sistema SIBIOS o la recolección indiscriminada de datos a través de la SUBE.
Sin necesidad de debatir si es necesaria o no la inteligencia en un Estado democrático, o la recolección de datos con fines censales, está claro que los organismos encargados de cada una de estas actividades puede ser más o menos democrático y más o menos transparente. Y la Argentina está muy lejos de los niveles deseados. Más allá de la coyuntura, es necesario no sólo debatir los usos de la vigilancia y el monitoreo, sino también plantear una discusión sobre el estado actual del ejercicio del derecho a la privacidad.
En ese sentido, sería sumamente acertado que el gobierno nacional aplicara los mismos criterios de defensa de la intimidad de los ciudadanos desde sus propios servicios informaticos y de comunicaciones, y le diera verdadero curso a los principios establecidos en la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Por ejemplo, en su artículo 4, la ley establece que los datos personales que se recojan deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad con la que se los obtiene, y destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes. Sin embargo, en el estado actual, es prácticamente imposible para los ciudadanos comprobrar si se aplican en algunos sistemas gubernamentales estos principios legales, así como el consentimiento libre y expreso -consignado en el artículo 5-, o las protecciones contra el tráfico internacional indebido de datos personales.
Si la preocupación por la protección de los datos personales de los ciudadanos es tal, resultan fundamentales ciertas medidas. En primer lugar, es indispensable la constitución de una figura de Defensor de los Datos personales y la Intimidad, con conocimiento en la materia e independencia política, que contribuya a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, debería ser parte del horizonte la implementación de mecanismos de comunicación basados en estándares abiertos que vuelvan más transparente la gestión de los tres poderes. De lo contrario, las preocupaciones son sólo discursos de coyuntura.

Evelin Heidel y Ezequiel Acuña.
Miembros de la Fundación Vía Libre.

Milani, un represor

El soldado conscripto Alberto Agapito Ledo desapareció en Tucumán, en 1976, cuando era asistente del subteniente de inteligencia César Milani, hoy titular del Ejército y adherente del “proyecto nacional”. Ahora, un grupo de ex presos políticos riojanos pide que se reabran las investigaciones por aquel hecho.
Ledo era asistente de Milani en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, con asiento en La Rioja. El 20 de mayo de 1976, ambos fueron trasladados a Monteros, Tucumán, cuando se desarrollaba allí el Operativo Independencia, ordenado por el gobierno peronista de entonces. Por aquella operación, más de 5 mil militares ocuparon la provincia y -con la excusa de combatir a un insignificante foco guerrillero que el ERP había instalado en el monte, secuestraron- torturaron y asesinaron a miles de militantes populares, obreros, estudiantiles y campesinos. Milani fue asignado entonces a la unidad de Operaciones Antiterroristas.
Según diversos testimonios, en la noche del 17 de junio de ese año, mientras cumplía una ronda a las órdenes de un capitán de apellido Sanguinetti, Ledo fue secuestrado y no volvió a saberse de él. A Graciela de Ledo, la madre del conscripto -hoy miembro de Madres de Plaza de Mayo- le dijeron que su hijo había desertado.
En estos días, Enrique Vergara y otros ex presos políticos de La Rioja pidieron, en sede judicial, que se investigue el papel de Milani en aquella desaparición. Con esa iniciativa, intentan contrarrestar la solicitud de archivar la causa contra el actual jefe del Ejército, presentada en su momento por el fiscal tucumano Pablo Camuña.
El de Ledo no es el único caso que involucra a Milani. En el Nunca Más, de la Conadep, aparece vinculado con el secuestro de Ramón Alfredo Olivera, detenido y desaparecido en un centro clandestino de La Rioja. Olivera, en su testimonio de hace casi treinta años, dijo que quien se lo llevó fue “el teniente Milani”, quien, más tarde, lo obligó a firmar una declaración -redactada por los militares- en la cual el secuestrado admitía su pertenencia al ERP.

Alejandro Guerrero

Un acuerdo a la medida de Chevron: Un llamado a la defensa de la soberanía energética

La política petrolera ha sido desde principios del siglo XX un tema fundamental de la historia del desarrollo nacional. Tanto por sus implicancias estratégicas para el impulso industrial, que sólo se logra sobre la base de una robusta base energética; como para la soberanía nacional, ya que se trata de un recurso escaso, limitado y por el cual las grandes potencias lanzan guerras e invaden países; también lo es en relación a la distribución de la riqueza entre los distintos sectores sociales, por la puja constante en torno al reparto de la renta; y por último, por las implicancias ambientales que ha cobrado en las últimas décadas, producto de la urgente necesidad de abrir caminos alternativos en la búsqueda de energías renovables y limpias.
En estos cuatro puntos fundamentales, el acuerdo con la norteamericana Chevron tiene implicancias regresivas para el país. El acuerdo está enfocado en la explotación de la técnica del fracking, lo que significa la adopción por parte de Argentina de la tecnología y la forma de explotación que quieren las grandes corporaciones petroleras norteamericanas. Se inscribe incluso dentro de la política geoestratégica norteamericana de promover este método en el mundo de la mano de sus empresas. Se mencionan las fuertes presiones del Departamento de Estado cuando Argentina negociaba con empresas chinas. Las corporaciones norteamericanas han impedido por todos los medios, incluso mediante el chantaje y el soborno, el impulso a nuevas tecnologías y energías limpias en todo el mundo, imponiendo la cultura de la energía fósil como si fuera inevitable y natural. Obligaron al gobierno norteamericano a rechazar el acuerdo de Kioto sobre reducción de emisiones de carbono, o la tecnología del auto eléctrico, o impusieron, mediante un fuerte lobby en el congreso norteamericano, la enmienda Hulliburton que permitió la utilización de químicos contaminantes en la explotación por el método de fractura hidráulica, que ha contaminado a poblaciones enteras en EEUU y por el que se ha declarado una moratoria en la utilización de este peligroso método en muchos Estados. Por lo tanto, el acuerdo orienta a YPF por el camino que pretende Chevron, dejando de lado la inversión para la explotación de petróleo convencional, por ejemplo las plataformas marítimas, y para la diversificación de las energías alternativas. Al concentrarse en el fracking sabemos desde hoy que YPF se desentiende de invertir en una nueva matriz energética, de las consecuencias ambientales y humanas de su aplicación y de la pesada carga que Chevron lleva tras de sí en su deuda ambiental con los pueblos amazónicos del Ecuador.
Además, las rentas sobre la exportación son apropiadas por la empresa, que sumada a la libre disposición de las divisas, bloquea la soberanía sobre la mitad de la producción, fomenta la fuga de capitales (el mismo gobierno acepta que en 8 años se recupera la inversión con lo que luego de ese período la fuga de divisas tenderá a profundizarse) y, al no cobrar retenciones sobre una poción de la exportación, bloquea la distribución de la renta para capitalizarla en la industria o distribuirla hacia el trabajo impulsando el consumo.
Se dice que este es el costo inevitable para recuperar la soberanía energética pues YPF no tiene el dinero suficiente para realizar las inversiones. Este argumento contradice todo lo dicho por la empresa y el gobierno en 2012, pues el plan preveía que un 68% de la financiación se realizaría con las propias utilidades y flujos de caja de la empresa, el 20% sería mediante financiación nacional, y sólo el 12% provisto por socios internacionales (1). Incluso si fuera inevitable la toma de créditos internacionales, éstos podrían hacerse con bajos intereses, respaldado por el stock del carburante, y permitiría que toda la ganancia quedara en manos del estado nacional. Y sobre todo se podía avanzar por la vía de la integración energética latinoamericana con países de amplia experiencia y socios más fiables como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Con la Chevron se abandona cualquier intento de avanzar seriamente por el camino de esta integración. La lógica de que los países del sur no tienen dinero suficiente para invertir por sí mismos es muchas veces un mito más conveniente para la situación de 1930 y 1940 que para el mundo globalizado de hoy con liquidez internacional creciente y sobreproducción.
Otro argumento es el de la incorporación de la nueva tecnología. Pero YPF ya explota esta técnica y extrae con ella diez mil barriles diarios y en todo caso, si se necesitara multiplicar la explotación, podría contratar dicha gestión y tecnología, en vez de entregar a cambio de ella el 50% de la explotación. La única razón de peso es el tiempo, pues con Chevron el flujo de divisas, que podría compensar la decreciente balanza comercial, se haría de manera inmediata, pero este razonamiento cortoplacista atenta contra la solución estratégica de los problemas. También en este aspecto es preferible, como se dijo, tomar crédito a bajo interés.
Vaca Muerta, se insiste, colocaría a la Argentina en una posición de exportador con renovada fuerza. Pero lo que debe discutirse es si ese es el rol que pretendemos para nuestro país, o más bien, queremos utilizarlo para las necesidades internas y guardarlo para las generaciones futuras, mientras se encara una transición planificada hacia nuevas energías renovables.
A pesar de que aún no se conocen los términos del contrato, trascendió que los tribunales arbitrales sobre diferendos del acuerdo serán extranjeros, específicamente norteamericanos y franceses, lo que lesiona la soberanía política y económica nacional, dejando al país a merced de fueros imperiales tal como se denunció en el tema de la deuda con los fondos buitres. Ahora, se insiste en repetir de manera contumaz la película del CIADI.
¿Qué otras sorpresas encontraremos en el contrato? Podemos prever que muchas, pues a diferencia de las grandes presentaciones y puestas en escena del año pasado con motivo de la nacionalización parcial de Repsol, o la importante apertura al debate sobre la ley de medios, esta vez el Poder Ejecutivo ha decidido primero avanzar en un nuevo marco regulatorio mediante decreto y no por ley, y en segundo lugar no dio a conocer los términos del acuerdo con la empresa. Los secretos de palacio nunca han llevado buenas noticias a las grandes mayorías.
Mientras se defendió la nacionalización parcial de YPF el año pasado, los argumentos a favor de la explotación nacional de los hidrocarburos brotaban por doquier, y se expresaron en la consigna de una empresa “100% nacional”. Ahora, Argentina parece impotente para realizar lo que viene haciendo desde décadas, la explotación del subsuelo para extraer petróleo. El año pasado, se podía conseguir recursos, ahora es imposible. Antes con nuestros técnicos y nuestra voluntad podíamos retomar el camino del autoabastecimiento, ahora no nos queda otra que depender de acuerdos leoninos con la más sucia y contaminante de las empresas.
No se trata de rechazar cualquier tipo de asociación para la explotación de un recurso, lo que está en discusión es si este acuerdo es favorable al país y si no se debía abrir el más amplio y democrático debate sobre el futuro de la política energética. En este debate también debe discutirse el ahorro de energía. Por caso, toda la inversión del primer año de Chevron, 1240 millones de dólares, equivale al monto que el país gastó en la compra de gas natural licuado en 2013 hasta el mes de mayo. ¿Estamos dispuestos al ahorro de recursos y a eliminar los subsidios a las clases medias altas para crear un fondo de fomento y desarrollo de la energía?
Cuando el gobierno nacional expropió las acciones de Repsol y se hizo con el control de la compañía apoyamos la medida. Era lo que veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo. Pero también dijimos que lo hacíamos no porque estuviéramos conformes con la totalidad de las medidas adoptadas sino porque era un paso que permitía abrir el debate sobre la política petrolera. Lo apoyamos con severas críticas. En primer lugar al balance de la política petrolera desde el 2003, pues si es cierto que la privatización corrió por cuenta del menemismo, el kirchnerismo le dio continuidad e incluso, al pretender “argentinizarla” con el grupo Petersen, terminó por acelerar su desinversión y vaciamiento que devino en la dramática necesidad de importar cada vez más gas y otros combustibles. En segundo lugar, porque dejaba intactas las normativas sobre inversiones extranjeras de la época de la dictadura militar y de desregulación petrolera del menemismo. En su momento dijimos que: “Sobre el trasfondo del 51% de las acciones hay que avanzar de manera sistemática sobre la totalidad de la empresa para que pase a ser propiedad del Estado, con control social y de los trabajadores y avanzar hacia una política que contemple al 70% restante del mercado energético, hoy repartido entre un puñado de transnacionales como Total, Exxon, Chevron, Panamerican Energy o Petrobrás (la imagen misma del ejemplo para el gobierno de Cristina), que se están beneficiando, hoy en día y a cada minuto que pasa, del mismo régimen de dividendos, sobreexplotación y desinversión que Repsol”(2). Y abrimos el interrogante sobre si en base a la renacionalización parcial se avanzaría por el camino de la soberanía nacional o se le entregaría para su explotación a otras corporaciones. Tenemos que decir que estamos más cerca de esta última opción que del “100% nacional”.
Ahora, queremos llamar a la reflexión a todos aquellos militantes o simpatizantes del gobierno que se han entusiasmado con aquella convocatoria de 2012 a la recuperación de YPF y que llevaban orgullosos escarapelas celestes y blancas en sus pechos. Hay que hacer como Arturo Jauretche y como John William Cooke, que le dijeron no incluso a Perón, y rechazaron en el Congreso la propuesta de asociación con la antecesora de Chevron, la Standard Oil. Hay que seguir por el camino de las convicciones. No importa del partido que sea ni las opiniones del pasado, hace falta demostrarle a la derecha reaccionaria que se frota las manos con este triunfo ideológico de que “no hay alternativa” a la Chevron, que sí la hay, que una política energética de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos, de las inversiones del estado, de los técnicos e ingenieros de nuestro país, que diversifique y desarrolle energías renovables es posible. La derecha, por supuesto, hace demagogia con el peligro ambiental y las concesiones a la Chevron, pero lo hace explotando el punto ciego de la política neodesarrollista oficial, aquella que siempre deposita en manos de las grandes corporaciones, sean ellas Monsanto, Barrick Gold o Chevron, el destino del desarrollo nacional. En la hora actual, kirchneristas o no kirchneristas, es necesario mostrar el más amplio y macizo frente común en defensa de la soberanía energética y de la soberanía nacional. Reclamar una asamblea constituyente de la energía y la producción, para discutir democráticamente entre todos el destino que queremos darle a nuestro subsuelo, así como a los minerales y demás riquezas de nuestra tierra. Es necesario profundizar el debate entre todos los sectores que se reclaman nacionales y populares para exigir una revisión completa del decreto y de los acuerdos firmados y demostrar la viabilidad de política petrolera en un sentido latinoamericano, basado en la integración con Venezuela y otros países del ALBA y en la defensa del ambiente y las generaciones futuras.

Jorge Orovitz Sanmartino, sociólogo, docente UBA, integrante de Economistas de Izquierda (EDI) y de la Junta Comunal N° 7, CABA.

Notas:
1) Por qué no es conveniente ni imprescindible el contrato YPF-Chevron, Enrique Mario Martinez, 19-07-13, en línea: http://www.propuestasviables.com.ar/index.php/2013/07/19/por-que-no-es-conveniente-ni-imprescindible-el-contrato-ypf-chevron.
2) YPF y la política petrolera. Un giro grande, pequeño, mediano. Jorge Orovitz Sanmartino, 03-05-2012. En línea: http://elavisperodigital.com.ar/?p=462.

Bayer, Roca, Chevron y los mapuches

-La imaginación de la historia argentina es una cosa increíble. Mis libros que iban a ser quemados en una plaza pública ahora se dan como textos en las escuelas de San Cruz. Y mientras a las putas de San Julián siempre hay flores que la recuerdan, el coronel Varela, asesino de obreros, no tiene ni siquiera una placa…-dice Osvaldo Bayer mientras se le encienden sus ojos celestes como si fuera un pibe de 86 años que, además de escritor, periodista y militante permanente, ahora es actor en un teatro porteño, llevando adelante la representación de “Las putas de San Julián”, aquellas que se negaron a tener sexo con los fusiladores de los peones patagónicos de 1921.
-¿Por eso será que son los mapuches los que resisten la explotación del Yacimiento de Vaca Muerta de parte de Chevrón? – le preguntamos.
-Es increíble la imaginación de la historia argentina…Porque fijate la responsabilidad del presidente Avellaneda cuando reimplanta la esclavitud en la Argentina. Los jóvenes periodistas deberían ir al Archivo General de la Nación. Allí está todo. Los avisos oficiales que convocaban a la gente a llevarse a una china y un indio para los quehaceres domésticos, después de la llamada campaña del desierto del ministro de guerra, Julio Argentino Roca. Una verdadera vergüenza. Decisiones que no tienen nada que ver con los escritos de Juan José Castelli, Mariano Moreno o Manuel Belgrano…
-Por eso los mapuches defienden su tierra…
-Esas son las grandes deudas de este gobierno que ha hecho mucho. Pero sus grandes deudas son la defensa del medio ambiente y la devolución de las tierras a los pueblos originarios. Y eso se junta con esto de Vaca Muerta y Chevrón. Y la otra gran deuda, no hay democracia verdadera si existen villas miserias. Yo invito a la gente a que vaya a la Villa 31 de Retiro. Porque la mayoría de sus habitantes son chicos que te miran con esos ojos como diciendo “¿y éste quién es?”. Como pasa con las guerras donde los que más mueren son los chicos. Por eso mi gran sueño es que se terminen las guerras y las villas miserias…
Es verdad lo que dice Bayer sobre la desmesurada imaginación de la historia en estos arrabales del mundo.
Chevron es el nuevo nombre de la Texaco que antes fue la Standar Oil, la misma que celebró e impulsó el golpe contra Hipólito Yrigoyen, el 6 de setiembre de 1930; la empresa que nació en 1871.
A un año de la primera presidencia de Roca, nacía la abuela de Chevron.
Las vueltas de la vida colectiva y el regreso de los intereses de siempre.
Roca llegó a la presidencia por haber matado a más de 12 mil integrantes de los pueblos originarios y entregar las tierras patagónicas a las familias acomodadas de Buenos Aires y firmas extranjeras.
Los que se resistieron al exterminio fueron los pueblos mapuches y tehuelches.
Ciento cuarenta años después, los intereses dominantes en los tiempos de Roca vuelven por las riquezas patagónicas y, otra vez, son los mapuches los que ponen el cuerpo para defender la tierra de la agresión contaminante ya probada, juzgada y condenada en Ecuador.
-¿Cómo está la causa que le iniciaron los nietos de Martínez de Hoz? – quisimos saber.
-Como ellos piensan solamente en dinero me exigen un millón de pesos como resarcimiento del supuesto mal que les provoqué. Yo no tengo nada más que mi casita. Para colmo la jueza de la causa es una mujer de la dictadura. Por eso apelamos. Pero si pierdo, no me hago problemas, me instalo en la plaza, en la misma plaza que jugaba al fútbol de pibe…-dice Osvaldo Bayer, la mejor síntesis individual de la ética en un país donde todavía florecen los intereses de los defensores de la Standar Oil, Roca y los Martínez de Hoz.

Carlos Del Frade (APE)

Fuente: Entrevista realizada a Osvaldo Bayer en el programa “Sobre la Hora”, de AM 990, Radio Splendid, el sábado 20 de julio de 2013, por Mauro Federico y el autor de esta crónica.

Un polémico Jefe del Ejército

La designación de Cesar Milani al frente del Ejército trajo fuerte polémica y cuestionamientos al gobierno. La desaparición de Alberto Ledo y la posición de los organismos de derechos humanos.

César Milani, nombrado por Cristina Fernández el 3 de julio pasado como nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército, se encuentra en las últimas semanas en el ojo de la tormenta, debido a su actuación durante el Operativo Independencia, y su paso por el Batallón de Ingenieros de Construcción 141, de la provincia de la Rioja.
El actual general de división es cuestionado por haber sido partícipe de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Principalmente en el caso referido a la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, también parte del Batallón de Ingenieros 141, ocurrida en junio de 1976, mientras ambos se encontraban “en comisión” en la provincia de Tucumán.

Operativo Independencia

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, tras egresar del Colegio Militar Nacional a fines del año 1975, pasó a revistar en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141, con sede en la provincia de la Rioja. De allí partiría “en comisión” a la ciudad de Monteros, uno de los epicentros del Operativo Independencia, por el cual desde el año 1975, decreto mediante de Ítalo Luder (entonces presidente provisional), el ejercito se involucró en el ejercicio sistemático de la tortura y desaparición de personas; oficiando como instancia previa al genocidio que se desataría a partir de marzo de 1976, con las fuerzas armadas en el poder.
Es durante la estadía en Monteros que Alberto Ledo desapareció. La noche del 17 de junio de 1976, Ledo había salido a "hacer una recorrida por la zona" tres veces, con el entonces capitán Esteban Sanguinetti. De la última de estas recorridas no regresó. Al día siguiente se ordenó a otros soldados que recogieran las cosas de Ledo, que ya no volvería. Fue declarado por el ejército como desertor.
Milani aparece vinculado a la desaparición de Ledo ya que es señalado por Álvaro Illanes, conscripto en ese entonces en la misma unidad y conocido de Ledo, como asistente del entonces subteniente Milani. Ante lo cual, el nuevo jefe del ejercito se defiende señalando que Ledo “no estaba en mi sección, sino en la de Comandos y Servicios. Dicen que era mi asistente, imposible. No tenía asistente. Era de otra sección del Batallón". Sin embargo Illanes apunta lo contrario, cuando afirma que Milani había elegido a Ledo como su asistente e incluso habría sido él quien lo llevó a Tucumán. Illanes señala incluso haber visto a Milani en las cárceles de la Rioja durante la dictadura, mientras estaba detenido.
Milani también es acusado por Ramón Olivera, ex preso político y detenido-desaparecido en la Rioja. Olivera denunció ante la justicia riojana el 21 de agosto de 1984, y el viernes pasado ratificó su denuncia, que Milani formó parte de su secuestro y desaparición, ocurrido en marzo de 1977 y por el cual fue torturado, para luego ser “blanqueado” y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
La responsabilidad que Olivera le imputa a Milani es ser quien lo trasladó al juzgado para declarar por su detención. Olivera indica que cuando fue conducido a la sala a declarar, “en los pasillos me sale al encuentro el Juez Federal Roberto Catalán, pero luego de saludarme me indica la sala donde voy a declarar, entro a la sala y conmigo lo hace el Teniente Milani, el que no se retiraría en ningún momento”, y lo hostigaría constantemente. Finalmente señala Olivera, que Milani está también involucrado en la desaparición de su padre, ocurrida días antes, y señalado por ser quien realizó el allanamiento y detención ilegal.

Los organismos de Derechos Humanos

La designación de César Milani como jefe del ejército, a pesar de las denuncias en su haber, fue apoyada de conjunto por los organismos de Derechos Humanos cercanos al gobierno, así como por funcionarios y legisladores del Frente para la Victoria.
El actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, le dio la semana pasada el espaldarazo a Milani, al señalar que “en el 2001, fue ascendido a coronel; en el 2007, a general de brigada; y en el 2010, a general de división, y en ninguna de esas instancias se generó un debate como el que se está generando actualmente”. Es preciso recordar que los ascensos, a partir del grado de Coronel y en adelante, deben ser ratificados por el Congreso Nacional, mas allá de ser promovidos por cada fuerza.
Por su parte la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, indicó que “los organismos hemos llegado a la decisión de respetar y confiar en las decisiones de la presidenta Cristina”, aunque también señaló que “si lo encuentran responsable, nosotros no vamos a aceptar que una persona que fue represor se encuentre en un reparto político”. Por último Carlotto agregó que hay que esperar la decisión de la justicia.
Sin embargo la designación de Milani al frente del Ejército fue cuestionada por otros organismos de Derechos Humanos. Desde Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas indicó que “esto no favorece para nada la imagen del Gobierno, hay que hacer una investigación urgente". Entre tanto el ex premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó: “Es una persona que tiene situaciones en su vida profesional que son dudosas y comprometidas. Pedimos una revisión”. El titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) agregó que “para nosotros es preocupante la designación de una persona sobre la que todas las señales hablan de que estuvo involucrada en la época de la represión”.
Milani también fue cuestionado en un comunicado firmado por Hijos La Plata, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Asociación de Profesionales en Lucha, el Colectivo de Abogados y Abogadas Populares La Ciega, el Colectivo Memoria Militante, Liberpueblo y Unión por los Derechos.
Entre tanto el actual jefe del Estado Mayor General de Ejército, se presentó de manera espontanea ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena de la Rioja, quien afirmó que Milani “negó los hechos que son de conocimiento público en dos causas puntuales, la del conscripto (Alberto) Ledo y (el preso político riojano Ramón) Olivera”.
Este lunes por otra parte se escribirá una nueva página en esta historia, ya que el pliego de Milani para su ascenso a teniente general será revisado en comisión parlamentaria, con vistas a ser tratado el 31 de julio en la Cámara de Senadores.

Marcha

Acuerdo YPF-Chevron, “elemental mi querido Watson”

Esta podría haber sido la respuesta que el presidente de YPF le diera a su par de la Chevron Corporation –John Watson– cuando afirmó que Vaca Muerta es “un activo de clase mundial” que se ajusta “perfectamente” al “sólido porfolio de recursos no convencionales” de esa empresa. Lo dijo luego de firmar el acuerdo para hacer sus negocios en Argentina y de que el gobierno firmara un decreto hecho a la medida de sus intereses (los de Chevron).
Luego de que este martes se firmara el acuerdo entre ambas petroleras, el CEO de la transnacional norteamericana manifestó alegrarse por alcanzar el objetivo estratégico que tiene la transnacional norteamericana “de entrar en nuevas y atractivas áreas de forma temprana en el proceso”.
Miguel Galuccio, titular de YPF, elogió a Chevron: “este acuerdo es, también, una demostración de confianza por parte de una gran empresa internacional”. Y aseguró: “Chevron también hará su aporte profesional y técnico que, sumado al conocimiento de nuestros equipos, nos ubicará en los más altos niveles de desarrollo mundial en no convencional”.
Recordamos que el ingeniero entrerriano Galuccio era, poco antes de ser designado para presidir YPF, presidente de la multinacional petrolera británica Schlumberger SA. Esta empresa, que fue denunciada penalmente en Argentina en 2011 por colaborar en las tareas de exploración petrolera británica en Malvinas, se especializa a nivel mundial en el desarrollo petrolero en los llamados yacimientos no convencionales.
“Es un punto de inflexión en favor de las empresas” que “puede marcar un cambio importante en el panorama del sector”, le dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Watson, según citan fuentes oficiales. “Chevron está comprometida en ayudar a la Argentina a volver al autoabastecimiento energético”, le devolvió Ali Moshiri, representante de la petrolera norteamericana en África y América latina.

Decreto a la medida de las petroleras privadas

Un día antes de esta firma, se publicó en el boletín oficial el decreto 929/2013 firmado por Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, y el de Planificación Federal Julio de Vido. El decreto establece un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos convencionales y no convencionales. (descargar Decreto )
Su texto, no hay dudas, es parte de los acuerdos en que se fue avanzando con Chevron desde que comenzaron las negociaciones cuando el Estado argentino expropió las acciones de YPF a Repsol. Se suma, además, al fallo de la Corte Suprema de Justicia que levantó el embargo de 19.000 millones de dólares que la justicia ecuatoriana decretó contra Chevron por encontrarla culpable en aquel país de contaminación de 500 mil hectáreas, de derramar 103 millones de litros de crudo, arrojar 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y afectar a 30 mil personas
Según el decreto, las empresas nacionales o extranjeras y/o terceros asociados a ellas, que se inscriban en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que sean titulares de permisos de exploración y/o concesiones de exportación de hidrocarburos (otorgadas por el Estado Nacional, Provincial o Ciudad de Buenos Aires), que presenten un proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos e inviertan durante los primeros 5 años del proyecto no menos de 1.000 millones de dólares, podrán exportar a partir del quinto año de la puesta en ejecución del proyecto, el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos originada en dichos proyectos, sin que se le practique retención alguna. Hay que aclarar que ese 20 % no es un límite para exportar que tendrán las petroleras. Es un tope para exportar sin que el Estado les retenga. Además, podrán no ingresar al país el total de las divisas de dicha exportación.
De hecho una de las medidas pos expropiación de YPF fue aumentar el grado de renta que se apropian las petroleras. En petróleo existe el precio de corte. SI el precio de referencia internacional es superado por lo que establece la legislación, el Estado le pagará 50 dólares a la petrolera y el resto se lo queda el estado. Hoy que el barril esta casi 100, en e l ultimo año aumentó de 50 a 70 lo que se llevan las petroleras”, explica Diego di Rissio, integrante del Observatorio Petróleo Sur (OPSur) .
Recordemos que YPF solo concentra la producción de un 30% del petróleo y un 23% del gas. El resto está en manos de otras empresas extranjeras. Por caso, el Golfo San Jorge, que es el área productora de petróleo más importante del país, está en manos de Pan American Energy. Sus dueños son: la British Petroleum de capitales ingleses (60%) y el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni (40%).
Para la ministra de Industria, Débora Giorgi, este decreto “busca el autoabastecimiento a precios competitivos” y “representa un hito histórico para la industria petrolera nacional”. ¿Precios competitivos para quién? El decreto establece en su articulo 7 que en caso de que la producción nacional de hidrocarburos no alcance a cubrir las necesidades internas de abastecimiento, a las empresas que se hayan sumado al nuevo régimen, se les pagará sobre el porcentaje que el decreto les permite exportar (20% de lo que produzcan) y que destinen a cubrir la demanda interna, un precio no menor al de exportación.
O sea, que el Estado les comprará el hidrocarburo a precio internacional. Si bien le abonará en pesos, el decreto les otorga el derecho prioritario a comprar divisas a precio oficial (mucho más bajo que el paralelo).
“Esta era una de las cuestiones centrales que el kirchnerismo, hasta la firma de este decreto, había mantenido: el desacople entre el precio internacional y el interno y establecer las retenciones dentro de las exportaciones, lo que había desalentado en buena medida las exportaciones masivas que se había dado en los 90 y que era una de las cuestiones que atacaban los empresarios porque atacaban la rentabilidad”, explicó di Rissio
Hoy el barril tiene un precio internacional cercano a los 100 dólares y se calcula que el costo de producción local no llega a 20. Además luego de la expropiación de YPF se incrementó el grado de renta que se apropian las petroleras. “En petróleo existe el precio de corte. Si el precio de referencia internacional es superado por lo que establece la legislación, el Estado le pagará a la petrolera éste último y se queda con la diferencia. En el último año aumentó de 50 a 70 dólares por barril lo que se llevan las petroleras”, comentó di Rissio.
Como si estos beneficios fueran pocos, el decreto autoriza a las provincias y la ciudad de Buenos Aires a otorgar otros beneficios complementarios.
Pero además establece que quienes tengan permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos, y que hayan sido incluidos en este Régimen, podrán pedirles a los poderes ejecutivos concesiones de explotación de hidrocarburos No convencionales y también subdividirlas en nuevas áreas no convencionales. El plazo de la nueva concesión podrá ser de hasta 35 años.
El decreto no hace ninguna referencia al problema de los pasivos ambientales para los cuales, se sabe, no hay manera de remediarlos completamente.
¿En qué quedará la obligación hacia las petroleras (y también a las mineras) de liquidar en nuestro país la totalidad de las divisas que provienen de sus exportaciones de petróleo y gas natural, tal como lo establece el Decreto 1722 que el Poder Ejecutivo firmó a principio de noviembre de 2011?
En aquel momento esta medida no ocasionó gran perjuicio sobre los intereses económicos de las petroleras ya que hacía tres años que sus exportaciones venían bajando como consecuencia del agotamiento de los yacimientos.
Decíamos entonces que diferente hubiese sido de haberse tomado esta medida durante el inicio de la gestión kirchnerista donde las petroleras no solo ganaron muchísimo dinero con el aumento del valor del barril a nivel internacional, sino que liquidaron el 70% de sus exportaciones fuera del país, depredando y agotando prácticamente nuestras reservas.
Además los cálculos se hacen sobre lo que las petroleras (y mineras) declaran, sin control de veracidad por parte del estado. En ese momento el decreto no las perjudicó. Ahora el decreto las beneficiará.

El acuerdo con Chevron

El diputado Claudio Lozano, en acto público realizado ayer miércoles en el acceso al edificio histórico de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, pidió que se declare inconstitucional el decreto presidencial. “El Poder Ejecutivo Nacional viola la Constitución y la Ley, ya que no tiene facultades para bajar las retenciones a cero a ninguna empresa, el único que puede hacerlo es el Congreso Nacional. Este decreto demuestra que el gobierno continúa su compromiso con el saqueo que es con lo que hay que terminar”, afirmó.
“Resulta inentendible que la empresa Chevron sea premiada hoy con beneficios extraordinarios que son prácticamente los mismos que los que existían en el marco de la década del ‘90. Entre 2009 y 2012 mientras en promedio la producción de hidrocarburos en Argentina cayó un 20%, en el caso de Chevron en una cuenca que era nueva cayó un 35%; y sin embargo, esta empresa es premiada con libre disponibilidad de las divisas, no con el 70% como tiene el conjunto de las empresas petroleras sino con el 100%, premiada con vender en el mercado domestico a precio internacional, con eliminar las retenciones y llevarlas a cero, un verdadero desatino desde todo punto de vista”, agregó. (texto de la presentación judicial )
En un comunicado, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo: “YPF fue expropiada a adolfoperezesquivel.jpegRepsol para recuperar nuestra soberanía energética y por eso apoyamos la iniciativa en su momento. Pero mediante este acuerdo con Chevron, los argentinos estamos entregando nuestros recursos a los Estados Unidos y convirtiendo a YPF en una empresa altamente contaminante que usará el método conocido como fracking”. Destacó además la “correcta actitud” de algunos miembros del directorio de YPF que “han renunciado a sus puestos para no ser cómplices de esta entrega”.
El presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) señaló que el contrato con Chevron “es posible gracias al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia Argentina (basado en un dictamen que elaboró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó) que le levantó un embargo de 19.000 millones de dólares” dándole así “impunidad a una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana porque desconoce un juicio que el Estado de Ecuador y comunidades indígenas le ganaron por haber devastado el medio ambiente y violado Derechos Humanos en ese país”.
No sorprende el acuerdo con Chevron. Era evidente que hacia allí se marcharía. Quedó claro con la sanción de la Ley 26.741 en mayo 2012 que resolvió la expropiación del 51% de las acciones de YPF SA que pertenecían a Repsol. Los artículos 2 y 3 de la norma definieron explícitamente la integración del capital público y privado, nacional e internacional, “en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”

¿Quiénes conocen el acuerdo?

La presidenta de la Nación, el presidente de YPF; el ministro de Planificación; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, el gobernador neuquino, Jorge Sapag. Por Chevron estuvieron su presidente, John Watson, y el representante de la firma para las operaciones de exploración y producción en África y América latina, Ali Moshiri. Todos ellos estuvieron en la reunión que se realizó luego de la firma del acuerdo donde, dicen las informaciones, se repasaron los detalles del acuerdo.
Axel Kicillof presentó, a poco de la expropiación de las acciones a Repsol, el Informe Mosconi con el que se develó la estrategia desplegada por Repsol desde que tuvo el control de la empresa en 1999. El viceminstro de Economía dijo entonces acerca de su contenido que “no difunde datos públicos sino que revela datos que la gerencia de Repsol había escondido bajo siete llaves”.
Hoy que el acuerdo final con la transnacional petrolera es un hecho, nos preguntamos por qué hay tanto hermetismo y no se hace público el contenido cuando se trata de una decisión sobre bienes que, como los hidrocarburos, son constitutivos de la soberanía de nuestro país.
Justamente el primer artículo de la ley 26.741, mencionada en el reciente decreto firmado por el Poder Ejecutivo como ley de Soberanía Hidrocarburífera, declara de “interés público nacional” el autoabastecimiento y también “la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.
En diciembre de 2012 publicábamos una nota del Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur (Buenos Aires) reflexionando sobre el convenio que por entonces firmaron en Houston, Estados Unidos, Miguel Galuccio (YPF) y Ali Moshiri (Chevron). Allí decían: “Si bien no se conocen los detalles del acuerdo firmado con Chevron, tenemos la certeza de que estas empresas avanzan cuando las condiciones son óptimas a sus intereses. A espaldas del pueblo, la empresa mixta YPF consolida el nuevo esquema de negocios para pocos y a costa de todos”.

Caminos alternativos posibles

Gas y petróleo, convencionales y no convencionales ¿Cómo encontrar una solución al problema del abastecimiento energético? “El objetivo debiera ser el autoabastecimiento energético y no necesariamente el abastecimiento hidrocarburífero. En este marco es necesaria una rediscusión de las políticas energéticas de manera de poder asignar correctamente los inmensos recursos económicos que se ponen en juego en esta alternativa depredadora. El petróleo no es el futuro”, afirmaban.
Diversas organizaciones convocan a las fuerzas del campo popular a conformar un espacio nacional que luche por la Soberanía Energética. En su declaración política Por la Soberanía Energética en el camino de la Independencia afirman que “la asociación con Chevron lejos de estar en el camino de alcanzar la plena soberanía energética popular, está entramada en la lógica del saqueo de los bienes comunes naturales, tan necesarios para la persistencia del Imperialismo. Las consecuencias serán devastadoras desde todas las aristas de análisis posibles para el Pueblo Argentino y para el proyecto de la Patria Grande Latinoamericana”.
Sostienen que hay que generar una matriz energética para lograr la Soberanía Energética en la región y ponen a disposición su propuesta:
1) Avanzar en la nacionalización de nuestros recursos energéticos, lo cual implica dotar a YPF de la capacidad de capitalizarse y de llevar adelante por si misma las explotaciones petroleras y gasíferas. En un modelo de empresa estatal integral.
2) Esto debe ser realizado en el marco de un proyecto de largo plazo que incluya un re-diseño de la matriz energética de nuestro país. Es la forma de corregir el saqueo, de depender menos del petróleo y de evitar un innecesario daño al medio ambiente.
3) Nuestro país es un país con petróleo, no es un país petrolero o sea que asociarse con empresas que buscan exportar es un error que seguirá deformando nuestro sistema productivo. Y reincidiendo en el error cometido con la privatización.

A Julio De Vido, Axel Kicillof y Miguel Galuccio

Cuando el ministro de Planificación y el viceministro de Economía, como interventores estatales de YPF, realizaron el Informe Mosconi y cuando Miguel Galuccio presentó el plan de los 100 días para YPF “estatizada”, debieron recordar (decimos “recordar” porque suponemos que por sus cargos y responsabilidades habrán ahondado en su obra) lo que decía el fundador y primer director de la petrolera estatal YPF, el General Enriquel Mosconi:
“…la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo en que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de explotación y exploración al capital extranjero, para favorecer a éste con las ganancias que de tal actividad se obtienen, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. No queda otro camino a adoptar que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, elaboración, transporte y comercio”.

Fabiana Arencibia
Red Eco Alternativo

Acuerdo entre YPF y CHEVRON

Sucedió lo que veníamos anunciando desde la expropiación parcial de YPF, situación ésta que oportunamente saludamos, pero en la que advertíamos se parecía privilegiar una asociación para la dependencia con la Chevron.
La expropiación parecía a medida de la petrolera estadounidense, la que fundó Rockefeller, y que ahora es demandada por familias indígenas del Ecuador por 19.000 millones de dólares. Denuncia motivada en la depredación de la naturaleza y la afectación de 30.000 personas en la Amazonía ecuatoriana, por explotación de hidrocarburos de la Texaco (comprada por la Chevron) entre 1965 y 1990.
Fue sospechoso que EEUU no criticara la expropiación de YPF, y ya se conocía el interés de Washington por frenar cualquier intento de compra de YPF-Repsol por petroleras chinas. Es que el petróleo es un insumo estratégico en cualquier parte del mundo, pero especialmente en EEUU, donde se provocó la primera crisis petrolera, energética, a comienzos de los 70´ y desatara la búsqueda de provisión petrolera a cualquier costo, económico, social y natural. Es conocida la evolución posterior de la sociedad mundial para asegurar la provisión de hidrocarburos al mayor consumidor mundial: militarización, invasiones territoriales y afectación de las soberanías de los países y pueblos del mundo, de Afganistán a Irak, pasando por Libia y las eternas amenazas a Venezuela, para pensar solo en el último tiempo. Todo ello es coherente con el estadounidense criminal accionar sobre Cuba bloqueada. Si miramos hacia atrás encontramos el conflicto del medio oriente que según comentarios generalizados olía a petróleo.

Crisis energética y petrolera

La energía mundial tiene base en los fósiles. Es muy lento el avance de fuentes alternativas de energía, y claro, las petroleras tienen sus intereses en que esto no avance. Aun con 90% de las reservas petroleras en manos de los Estados nacionales, las grandes y monopólicas petroleras manejan la tecnología y se aseguran un negocio multimillonario, pese al cenit alcanzado de reservas internacionales. Eso mueve al alza los precios, con una demanda que no para y una oferta en franca disminución. Claro que esa ecuación de precios favorece la extensión de la exploración y explotación, tal como demostraron las producciones extra territoriales y ahora la experimentación sobre los no convencionales, gas y petróleo atrapado en rocas ubicadas en el subsuelo, a más de 1.000 y 4.000 metros de profundidad.
El productivismo siempre piensa que la ciencia todo lo resuelve y así ensayan con nuevos materiales y tecnología, no siempre calculando el costo humano y sobre la naturaleza. Es común escuchar en estas horas, en defensa de la mega minería a cielo abierto y de las petroleras, que toda industria contamina, y que es lógico que la industrialización (para el bienestar del consumismo) genere “cierta” contaminación, y agregan, a corregir. Por ello se justifican multas a todas las petroleras, porque es imposible avanzar en la producción sin costo contaminante. Recuerdo hacia 1992 el texto de John Galbraith “La cultura de la satisfacción” que explica como los magnates de la producción global solo están interesados en el devenir del bienestar de tres de sus propias generaciones, incluyendo a hijos y nietos, desinteresándose del futuro de la humanidad y la naturaleza. Solo les interesan sus ganancias, la acumulación y su reproducción para la dominación y eternización del capitalismo.
Es Japón un país con tradición de cuidado en el uso de la tecnología nuclear, ya que sus antecedentes fueron Hiroshima y Nagasaki. Por ello es que asumieron tantas medidas de seguridad sobre los emprendimientos nucleares. Sin embargo y pese a ello, esa previsión fue superada por Fukushima en marzo del 2011, con explosiones y consecuencias de radiación sobre el ambiente y la población. Es un ejemplo de que no alcanzan las medidas de seguridad y que no resulta conveniente ensayar tecnologías sospechadas sobre nuestras poblaciones y territorios. Vale la mención nuclear para este caso sobre hidrocarburos no convencionales, donde la tecnología es la de la fractura hidráulica o fracking, utilizada para explotar la roca en el subsuelo mediante la inyección de toneladas de agua y arena combinada con un cóctel de tóxicos que incluyen de 200 a 400 componentes químicos para favorecer el accionar sobre las rocas que contienen el gas y el petróleo no convencional, shale-gas y oil-gas.
Vale consignar que existen estados estadounidenses que suspendieron el uso de esa tecnología mediante una moratoria. En Europa estudian su regulación, y está prohibido en Francia y Bulgaria, con restricciones en algunos otros países, y ya existen algunos municipios argentinos que declararon sus territorios libres de fracking, en Río Negro, Mendoza y Entre Ríos. En la medida en que se extienda el esclarecimiento sobre las consecuencias de la aplicación del fracking, es factible que la protesta se extienda. Muchos opositores solo critican la forma, que sea un decreto y no una ley; que no se haya consultado previamente a los poderes neuquinos, pero muy pocos manifiestan la agresión a la población y a los recursos naturales o bienes comunitarios (o comunes). Por otra parte, no olvidemos que la movilización del pueblo del Famatina y la solidaridad nacional lograda frenaron el emprendimiento de la Osisko Mining Corporation, contrato cancelado a comienzos de Julio del 2013 y que tenía vigencia otorgada por la Provincia de La Rioja desde el 2011. No es menor detalle consignar que la movilización popular definió la no realización del emprendimiento minero a cielo abierto. Ahora cuando todos esperan el pronunciamiento del gobierno y legislatura neuquina, propietario constitucional de los yacimientos, poco se considera la protesta social, del pueblo mapuche y movimientos sociales y políticos que se oponen al acuerdo entre YPF y Chevron respaldado en un decreto del Poder Ejecutivo.
El tema es la crisis energética, y eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué hay crisis de la energía en el mundo? ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la misma? Muy pocos se atreven a discutir el modelo productivo que dilapida en aras del consumismo las reservas de hidrocarburos. En efecto, el productivismo y la obsolescencia programada hacen inservibles prematuramente cuantiosos valores de uso. El objetivo es la recreación constante del mercado capitalista, que subordina los valores de uso a su contrario, los valores de cambio. Los hidrocarburos son recursos agotables y el patrón de consumo es depredador y motivado en el tipo de producción a escala global que se reproduce en todos los territorios. En nuestro país, sea la producción agraria, minera, extractiva en general, o la industria y los servicios promueven el uso intensivo de la energía fósil contribuyendo a la crisis local y global. Un dato adicional relevante es el deterioro de la capacidad de autoabastecimiento de combustible del país, con importaciones de 9.300 millones de dólares en 2011, aumentadas a 10.200 millones en 2012 y con previsión de incrementarse un 30% para este 2013. Es que el modelo privatizador de los 90´ destruyó la posibilidad de una gestión soberana de la exploración y explotación de hidrocarburos.

¿Qué se puede esperar de la política que subyace al acuerdo YPF-Chevron?

Está provocando mucha discusión, y desde el gobierno se sostienen argumentos favorables a la explotación desde la intervención de la petrolera de gestión estatal. Rápidamente viene a cuento la negociación del Gobierno de Perón en 1955 con la California, sucursal de la Stándar Oil, antecesora de la Chevron. O los acuerdos bajo el gobierno de Frondizi. En el 55 había contradicción con la Constitución del 49 e incluso diputados oficialistas como John William Cooke se manifestaron en contra, según recuerda Galasso. En el 58 se iba a contramano de las concepciones previas en “Petróleo y Política” y sus posicionamientos contra los contratos del 55. En ambos casos se fue a contramano de la retórica previa. ¿Es asimilable a la actualidad? Sin duda, la subordinación al modelo productivo y de desarrollo capitalista supone la adecuación a los parámetros que define la acumulación capitalista en este tiempo histórico. Ello significa producir en base a fósiles y con la tecnología de época en manos de las corporaciones transnacionales, por caso la Chevron o los que asuman la oportunidad de negocio que ofrece el decreto del poder ejecutivo para la promoción de los hidrocarburos. Además, se vuelve a reiterar la subordinación a tribunales externos ante litigios o controversias. Las empresas podrán demandar fuera de la Argentina. Ya sabemos lo que ello significa, ante 58 tratados bilaterales de defensa de las inversiones externas (tbi) vigentes en el país.
Vale mencionar que en variadas ocasiones hemos insistido en que Argentina necesita denunciar esos tbi, tanto como retirarse del CIADI, ámbito al que acuden las empresas en contra de los Estados y en el marco del Banco Mundial. Con el acuerdo con Chevron y los que pueda venir se fortalece la institucionalidad de los 90 (los tbi) y se potencia la dependencia petrolera y tecnológica, todo por atraer inversiones externas. En este caso unos 1.240 millones de dólares, pero se anticipa que esa cuencia requiere inversiones por 16.000 millones de dólares y en general para los próximos años el plan de inversiones de YPF es de 37.500 millones de dólares. Chevron es el comienzo de una asociación subordinada al capital petrolero extranjero.
Otra cuestión destacable del acuerdo es la posibilidad de exportar luego de 5 años, y no liquidar en el país el 20% de la producción, siempre y cuando haya abastecimiento, y de no haberlo se compensará a la empresa con referencia al precio internacional, que nadie imagina con tendencia a la baja, especialmente por lo ya comentado del cenit de reservas y la creciente demanda petrolera y gasífera. Como se puede apreciar, las restricciones para hacerse de divisas no corren para las petroleras inversoras según el nuevo régimen de promoción.

¿Se puede hacer algo distinto?

Claro que sí, pero supone salir de la lógica del modelo productivo de inserción subordinada y la promoción de una estrategia compartida con países vecinos para encarar un trabajo de mediano y largo plazo para reorientar la producción, no solo energética, sobre la base de resolver en la región, y si se puede en el mundo, con criterio de soberanía alimentaria, energética y financiera.
Cuando el movimiento del “pase libre” sostuvo la gratuidad del transporte en Brasil, la respuesta fue que era una demanda utópica, que incluso el boleto de transporte debía aumentarse. Millones movilizados tiraron a la basura el incremento del ticket de transporte y hoy existen ciudades que asumieron el transporte público gratuito. ¿Es posible des-mercantilizar el transporte? Antes de las movilizaciones de junio pasado en Brasil parecía un hecho imposible. La realidad demuestra que es posible. La movilización pudo contra el aumento del transporte en el país vecino e incluso en la gratuidad, del mismo modo que ocurrió con el Famatina o contra la Meridien Gold en Esquel luego de un avasallador “NO a la mina” en la consulta popular del 2003.
Como siempre es una cuestión de voluntad popular. ¿Qué quiere el pueblo argentino? Solo la política puede responder el interrogante. Muy pocos legisladores se pronuncian por la cuestión de fondo, algunos desde hace años, con éxito relativo. El pueblo mapuche salió a la calle. Hace años que los pueblos fumigados luchan contra el modelo sojero y no siempre se los escucha. Las asambleas contra la mega minería protestan y han logrado ciertos éxitos, pero no toda la población asume el legado y el programa. La lucha contra el fracking recién comienza. Los trabajadores de la energía, caso de la FeTERA en la CTA, y organizaciones sociales y culturales como el MORENO y/o el Observatorio Petrolero Sur, entre otros, demandan por la soberanía energética, contra el modelo productivo, la dependencia tecnológica y especialmente el fracking. La CTA está en una campaña en defensa de los bienes comunes, que puede extenderse más allá del país, máxime cuando YPF pretende extender la asociación con las transnacionales para explorar y explotar hidrocarburos no convencionales en Bolivia y Uruguay. Movilización y articulación popular existe, y es aun insuficiente.
Es una cuestión de argumentos, de ideas que deben poblar la discusión de fondo. No alcanza con la crítica metodológica, se requiere ir al fondo, que para nosotros es el modelo productivo y de desarrollo del capitalismo contemporáneo, en la Argentina y en el mundo.

Julio C. Gambina

Perspectivas de la economía argentina.

Bajo la conducción de Guillermo Caviasca, Dale Fuego, tiene como invitado en el día de la fecha a Martín Scalabrini Ortiz para charlar del modelo industrial del kichnerismo, sus límites y ver desde una perspectiva histórica las posibilidades de superar las cíclicas encrucijadas de la economía nacional

El Nombre de la Paz es Justicia: Voces de las FARC-EP

En el verano de 2012 se anunció el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los nuevos diálogos son un acontecimiento de trascendencia histórica tanto para el pueblo colombiano como para los pueblos del continente. En las conversaciones está en juego la posibilidad de una salida política al conflicto social y armado que ha desgarrado al país neogranadino desde hace más de cincuenta años.
"El Nombre de la Paz es Justicia" es un documental del Equipo EDC que nos lleva a La Habana, lugar donde se desarrollan los diálogos. Allí escuchamos las voces de diversas personalidades de la delegación de las FARC-EP, entre ellos los comandantes Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Andrés Paris y Marco León Calarcá, junto con la internacionalista Alexandra Nariño, las guerrilleras Camila Cienfuegos y Diana Grajales, y el músico Jaime Nevado.
Rico en historias personales, el documental relata la vida cotidiana y la cultura en la guerrilla. Pero el tema central es la larga búsqueda de una paz duradera por esta organización político-militar. Para las FARC, la paz es sinónimo de justicia social; se alcanzará la verdadera paz eliminando las raíces del conflicto: la desigualdad extrema, la libre entrega del país a las transnacionales y la exclusión violenta del pueblo de la vida política colombiana.

GasLand – La extracción de gas mediante “fracking”

Un día, el director de cine estadounidense Josh Fox recibió una carta en la que una compañía energética le ofrecía arrendar parte de un terreno de su propiedad en el que se encontraba un importante yacimiento de gas natural, que la compañía en cuestión quería perforar y explotar. Inseguro acerca de la decisión que debía tomar, Fox inició un viaje a través de 24 estados de Estados Unidos para averiguar las consecuencias de la explotación de gas natural. Desde Pennsylvania hasta Utah, de un extremo al otro de Estados Unidos, Fox fue descubriendo que en aquellas zonas en las que el gas natural es explotado el los habitantes no podían encender un mechero cerca del grifo sin que el agua corriente se prendiese en fuego debido a la contaminación por gas. De ese viaje nació GasLand.

"Estamos entregando nuestros recursos a los EEUU"

El Presidente del Servicio Paz y Justicia destacó la "correcta actitud" de algunos miembros del directorio de YPF que han renunciado a sus puestos para no ser cómplices de esta entrega.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, criticó el acuerdo de YPF con la empresa trasnacional Chevron (ex Texaco): "YPF fue expropiada a Repsol para recuperar nuestra soberanía energética y por eso apoyamos la iniciativa en su momento. Pero mediante este acuerdo con Chevrón, los argentinos estamos entregando nuestros recursos a los EEUU y convirtiendo a YPF en una empresa altamente contaminante que usará el método conocido como Fracking".
El Presidente del Servicio Paz y Justicia destacó la "correcta actitud" de algunos miembros del directorio de YPF que han renunciado a sus puestos para no ser cómplices de esta entrega, y recordó que este contrato con Chevrón-Texaco "es posible gracias al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia Argentina, que le levantó un embargo de 19.000 millones de dólares a la trasnacional, otorgándole impunidad a una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana porque desconoce un juicio que el Estado de Ecuador y comunidades indígenas le ganaron a por haber desvastado el medio ambiente y violado derechos humanos en ese país".
En junio de 2013, Pérez Esquivel firmó una carta junto a la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), manifestando su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina (basado en el dictamen que elaboró la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó) por considerar que sienta jurisprudencia en contra del propio pueblo argentino y de los hermanos pueblos latinoamericanos, que han resistido permanentemente y han actuado para preservar su identidad, su honor, sus recursos y su vida. En ese momento Pérez Esquivel interpeló: "¿Se han preguntado qué va a pasar cuando pueblos damnificados en Argentina se vean obligados a demandar a una trasnacional para lograr justicia y dignidad?.

El controvertido acuerdo que revela la naturaleza extractivista del gobierno de Cristina Kirchner

Este 16 de julio se firmó un cuestionado acuerdo entre la reestatizada YPF con el gigante petrolero Chevron, en condiciones que antes habrían sido consideradas “neoliberales” por el relato Kirchnerista. (Video).
A la misma hora en que se firmaba el acuerdo, organizaciones se manifestaron a las afueras del edificio corporativo de YPF en Puerto Madero, mientras que en Vaca Muerta, la cuenca pretendida por la petrolera norteamericana, comunidades mapuche se tomaron 4 pozos en protesta por la no consulta ante el acuerdo y rechazando el fracking, polémica técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, prohibida en numerosas partes del mundo.
El gobierno de Cristina Fernández, autodenominado “nacional y popular” cumplió este martes una de las escenas más lamentables de su gestión. Supuestamente enfrentado a las grandes corporaciones firmó con Chevron, heredera de la Standart Oil y una de las cinco petroleras más grandes del mundo, un acuerdo para explotar una parte de la cuenca conocida como Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén. Antes, para permitir el acuerdo, había firmado el decreto 929/13, hecho a la medida de Chevron que, entre otros motivos, es cuestionado porque otorga concesiones directas de áreas de explotación hidrocarburífera sin licitación pública y permite que a partir del quinto año el 20% del volumen extraído en Vaca Muerta estará sujeto a la cotización internacional sin retenciones (en caso de alcanzarse el autoabastecimiento energético en la Argentina).
Un mes antes el economista Eduardo Basualdo había renunciado a su alto cargo en YPF, aparentemente por las desfavorables condiciones impuestas por Chevron. Basualdo había llegado a la compañía luego de la renacionalización, y es un importante crítico de las políticas petroleras neoliberales de los noventa. En esa oportunidad una fuente ya había advertido al portal Lapolíticaonline.com que “Los acuerdos de Perón con la Standard Oil son un juegos de niños al lado de lo que está cediendo Galuccio (CEO de YPF) a Chevron”.

La peor empresa del mundo

Las condiciones impuestas por Chevron y el secretismo del gobierno, generaron una inmediata reacción. La mañana en que se firmó el acuerdo fueron tomados cuatro pozos petroleros en Vaca Muerta. Ahí Lefxaru Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén señaló que “YPF está trayendo la peor empresa del mundo que es Chevron”.
Nahuel hace referencia al historial de contaminación y muerte que arrastra la petrolera norteamericana. Entre 1972 y 1993 Chevron (en ese entonces Texaco, ambas se fusionaron en 2001) vertió 63 mil millones de litros de agua tóxica en la amazonía ecuatoriana dejando 30 mil afectados, que iniciaron acciones legales contra la petrolera en 1993. Tras un largo proceso judicial, en enero de 2012 los tribunales ecuatorianos acogieron la demanda en segunda instancia, estableciendo un pago de reparación de 8,6 mil millones de dólares, los que serían duplicados si es que la empresa no pedía perdón a los afectados.
En lugar de cumplir con la sentencia, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador, por lo que la justicia de ese país llevó adelante acciones internacionales para cobrar la sentencia. En noviembre de 2012 un juzgado civil argentino embargó el flujo de caja de Chevron Argentina, haciendo eco a la rogatoria internacional. Ocho meses después la Corte Suprema decide revocar el embargo dando vía libre para el acuerdo entre YPF y la cuestionada petrolera.
“Tuvimos la posibilidad de hablar con los hermanos de Ecuador”, cuenta el dirigente mapuche Ignacio Prafil, “ellos nos explicaban de los daños y perjuicios que había hecho Chevron en territorio originario y campesino en su país. Por esto los jóvenes, los konas mapuche, empezaron a decir que Chevron es prófugo de la justicia ecuatoriana. Y yo me pregunto, ¿cómo un prófugo se instala en el territorio argentino?, a través de la Corte Suprema, que el 4 de junio le dio el veredicto a la empresa para que ingrese al territorio mapuche en Vaca Muerta”.

Acuerdo secreto e inconsulto

Al ser ocupados cuatro pozos petroleros por parte de comunidades mapuche y organizaciones solidarias, YPF declaró que el proyecto estaba asentado sobre tierras fiscales y no sobre territorio mapuche señalando, además, que habían llegado a acuerdo con el Lof Kaxipayiñ. La Confederación Mapuche de Neuquén respondió matizando el hecho: “esos avances son reales y fuimos parte de la construcción. Lo que es inexplicable es que pretendan cuidar la imagen en el territorio Kaxipayiñ y a pocos metros pretendan depredar sin control. Los mapuche entendemos al wajmapu / territorio como un espacio único, indivisible, interdependiente”, señalaron en una declaración. La toma culminó con el compromiso de YPF de realizar una reunión el 18 de julio con los representantes mapuche.
En tanto en Buenos Aires fue convocada una conferencia de prensa en conjunto entre organizaciones indígenas, de Derechos Humanos y sindicatos. En el lugar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló que harán “un pedido formal a YPF para que nos entreguen los estudios del impacto ambiental y sobre qué se basan para llegar a este acuerdo con Chevron. Y vamos a tener que encararlo desde el punto de vista jurídico para presentar un recurso de amparo”, dijo Pérez Esquivel a los medios presentes.
Lo cierto es que los detalles del acuerdo aún no han sido revelados. De momento se sabe que creará una nueva área hidrocarburífera en una zona de Vaca Muerta de 395 kilómetros cuadrados renombrada General Mosconi, entre las áreas Loma de La Lata Norte y Loma Campana. Ahí se realizará una perforación de cien pozos en una zona rica en shale oil (petróleo no convencional). En un primer momento, Chevron aportará 1.240 millones de dólares, un número no tan alto para lo que significa la industria, o si se lo compara con la cifra que tiene que pagar a los afectados en Ecuador. Dichas perforaciones implicaran la utilización de la técnica de hidrofractura o fracking,altamente cuestionada en el mundo, prohibida en Bulgaria, Francia y distintos municipios a nivel mundial, incluidos más de 10 en Argentina. Además, el acuerdo se regiría no por la ley argentina sino por la de Francia, sometiendo un eventual diferendo a los tribunales internacionales, tan cuestionados en el pasado por el relato kirchenrista.
La negociación del acuerdo se realizó de manera secreta y por esto aún se desconocen sus detalles. Tanto la firma, como el decreto 929/13 no fueron sometidos a discusión, lo que fue motivo de numerosas críticas. El diputado nacional Raúl Alfonsín señaló que “de manera casi sigilosa se firman contratos y sancionan decretos sobre asuntos que resultan estratégicos desde el punto de vista del interés nacional‘”. En tanto el Observatorio Petrolero Sur señaló en un comunicado que “se desoyen las críticas y los cuestionamientos que emergen a nivel nacional y global contra la aplicación de la técnica de fractura hidráulica o fracking, incluso las prohibiciones en diversos municipios de nuestro país. Creemos que el camino hacia una matriz energética ambiental y socialmente sustentable tendrá que tener no sólo un incremento sideral de la participación pública sino también de la sociedad organizada. Desgraciadamente, las últimas medidas van a contramano de una mayor democratización de la energía”. Por su parte el dirigente mapuche Nilo Cayuqueo, representante de la Mesa Indígena de Buenos Aires, señaló que “creemos que el acuerdo no es casualidad, sino producto de una política de extractivismo, de explotar los recursos al máximo, no solo de los pueblos originarios sino de todo el pueblo argentino”.
El gobierno nacional y popular muestra su peor cara al aliarse a una de las empresas más cuestionadas del mundo y condena a la contaminación a una enorme porción del territorio mapuche de la provincia de Neuquén. Mientras, las organizaciones indígenas han intentado insistentemente poder reunirse con la presidenta, para plantearle sus demandas en temas como el relevamiento territorial y el reconocimiento de la personería jurídica de cientos de comunidades en todo el país, hecho que ha acarreado numerosas muertes de indígenas y campesinos producto de una represión no reconocida. Ahora se entiende por qué Cristina no se reúne con los dirigentes indígenas. Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organización que he acompañado la solicitud del Consejo Plurinacional Indígena por reunirse con la presidenta, lo resume así: “¿saben por qué Cristina Kirchner no recibe a los Qom desde hace dos años?, porque el fondo es este. ´No les voy a consultar, si hay petróleo lo voy a explotar, y lo voy a explotar de cualquier manera y con quien sea´. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que ser el último agujero del mundo? ¿Por qué se aplican acá métodos extractivos que están prohibidísimos en un montón de países?”.

Felipe Gutiérrez /Informativo Mapuexpress

Nuevos triunfos de la ética

Sí, ya lo hemos repetido muchas veces aquello de “puede pasar mucho tiempo, pero al final la ética siempre triunfa”. Pasaron 39 años desde que el gobierno de Isabel Perón-López Rega prohibió mi libro La Patagonia rebelde y el film del mismo nombre. Y 37 años de que, durante la dictadura de la desaparición de seres humanos y de libros, el teniente coronel Gorleri –hoy general de la Nación– quemara mis libros de La Patagonia rebelde. Lo hizo por “Dios, Patria y Hogar” según el comunicado firmado por él (lema igual que el del dictador español Francisco Franco, que cometía sus crímenes por “Dios, Patria y Familia”).
Pues bien, se ha producido finalmente el triunfo de la verdad histórica: la Legislatura de la provincia de Santa Cruz aprobó el proyecto de que esos cuatro tomos de La Patagonia rebelde sean material de estudio en los colegios secundarios, y el gobernador lo refrendó convirtiéndolo en la Ley 3322, dándole “plena vigencia”, y se implemente “a través del Consejo Provincial de Educación en lectura obligatoria” para “promover el análisis y la discusión posterior”.
De quemados a leídos. Un triunfo final de la verdad histórica. En todos estos años pasados desde su publicación, ningún historiador militar ni ningún historiador del partido de la UCR –ya que la masacre se hizo durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen– pudieron demostrar lo contrario de lo que en esos cuatro tomos de La Patagonia rebelde se denuncia sobre la cruel e irracional represión contra los peones de la tierra patagónica por el Ejército nacional. Por fin, pues, ha triunfado la verdad.
Y otro triunfo histórico es la exposición de fotos de la etnia tehuelche, de nuestra Patagonia, exterminada por la “civilización”. Esa exposición se realiza en Buenos Aires, en la calle Santiago del Estero 129, hasta el 2 de agosto, en el horario de 9.30 a 14. Son fotos que sacuden el alma y el cuerpo. En la misma se ofrece un libro con tales fotos realizado por el periodista Osvaldo Mondelo, con el asesoramiento de Abel Alexander. El libro trae el primer registro fotográfico de un tehuelche realizado en Punta Arenas en 1863. Luego vienen las de aquellos que fueron traídos a Buenos Aires para ser retratados en las galerías fotográficas porteñas, por ejemplo Casimiro Biguá y su hijo Sam Slick. Hay fotos del cacique Orkeke, un pacífico por excelencia, quien fue detenido por el Ejército Argentino y trasladado como “prisionero de guerra” a Buenos Aires. Luego, retratos de Pikshoshe, tehuelche que fue llevado a Europa para ser exhibido en circos y zoológicos. También hay fotos de la reserva Kamusu para la Feria Internacional de Saint Louis, Estados Unidos. El autor del libro sostiene que “la fotografía contribuyó a construir la invisibilidad de los tehuelches y a sostener en el imaginario una historia muchas veces fragmentada, adulterada y mistificada. Sin embargo, en el documento fotográfico, parte de la realidad histórica se filtra y expone. La lente capta más de lo que vio el fotógrafo de la época”. Una obra magnífica.
Otro triunfo de la verdad histórica es la segunda edición en la Argentina del libro Un proceso histórico, que trata del juicio que se hizo en Berlín en 1921 contra el matador del genocida turco Taalat Pasha, el joven armenio Soghomon Tehlirian. Este estudiante se defendió ante el tribunal alemán sosteniendo el “derecho de matar al tirano”. El genocida había sido el gobernante que dejó que los turcos cometieran uno de los crímenes más horrendos de la humanidad: autores de la muerte de miles y miles de hombres, mujeres y niños de la minoría armenia. Se calcula el número de muertos en un millón y medio. El tribunal alemán, luego de hacer un intenso análisis de testimonios y documentación, resolvió absolver al joven estudiante de culpa y cargo. Un veredicto que causó conmoción en el mundo entero. En el libro que acaba de salir se trae también la opinión de jueces argentinos: del miembro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni; del juez de la Cámara Federal de Apelaciones La Plata, Leopoldo Schiffrin; del juez federal Daniel Rafecas y del juez federal Arnaldo H. Corazza.
Este compendio más que interesante es de una profunda sabiduría. Un tema que se va a seguir discutiendo mientras el ser humano exista. ¿Hay derecho de matar al tirano porque éste ha hecho genocidios con su propio pueblo o con otros pueblos? En la Argentina ocurrieron dos hechos similares al cometido por el joven armenio Soghomon Tehlirian: cuando el anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens mató al fusilador de 1500 peones rurales en la Patagonia, y el del anarquista ruso Simón Radowitzky, que le quitó la vida al jefe de la policía de la Capital Federal, coronel Ramón L. Falcón, por haber sido el autor de la matanza de obreros el 1º de mayo de 1909. Wilckens fue asesinado en la cárcel por un guardiacárcel y Simón Radowitzky pasó 21 años de prisión en Ushuaia, cárcel que fue denominada “la Siberia argentina”. En cambio, el joven armenio Tehlirian fue absuelto por el tribunal alemán en Berlín porque “matar al tirano” no es delito.
Un libro para reflexionar intensamente. Y para que los tiranos tengan en cuenta que los crímenes nunca quedan impunes por más poder que se tenga. Un proceso histórico, un libro para tener en cuenta.
Ya que hablamos de libros, un tema parecido. Y un libro de base histórica con un análisis basado en documentación legítima. Se trata del tremendo crimen cometido también durante la presidencia de Yrigoyen en la empresa inglesa La Forestal, del norte de Santa Fe, contra los hacheros que trabajaban talando los bosques de quebracho, para exportarlos como durmientes o para fabricar el tanino. Tuvimos los argentinos una primera investigación escrita por el inolvidable autor santafesino Gastón Gori. Esta vez, el escritor Alejandro Jasinski ha producido el libro Revuelta obrera y masacre en La Forestal, cuyo subtítulo es “Sindicalización y violencia empresaria en tiempos de Yrigoyen”. Se demuestra en él cómo la creación de una Gendarmería Volante fue realizada por el gobernador de Santa Fe, doctor Mosca (también radical, que fue candidato a vicepresidente en la elección de 1946, en la fórmula Tamborini-Mosca), con financiación de la empresa inglesa y con un capitán del Ejército como comandante. El decreto dice textualmente: “Vista la donación de la compañía La Forestal de las sumas necesarias para cofrear y subvenir a los gastos que demande la organización y funcionamiento de un escuadrón de policía montada, acéptase la donación de La Forestal. Créase un cuerpo de policía montada denominado Gendarmería Montada”. Esto lo dice todo. Una policía para combatir cualquier reacción obrera, financiada por la empresa.
En un primer momento también envió el Regimiento 12 de Infantería, para “guardar el orden”, en el que iba también el joven subteniente Juan Domingo Perón. Realidades de la historia.
La verdad histórica llega a veces muy atrasada, pero llega para quedar definitivamente.

Osvaldo Bayer

“Se persigue a quienes defienden sus derechos y enfrentan al poder”

Las denuncias de espionaje ilegal, a nivel nacional e internacional, se suceden mientras los responsables políticos ensayan respuestas muy poco convincentes.
La inteligencia ilegal que los gobiernos regionales denuncian hacia fuera es aplicada por ellos mismos puertas adentro. Todos lo hacen para controlar a la población y perseguir a los que luchan. Conversamos sobre el tema con Myriam Bregman, abogada del CeProDH y candidata del FIT a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, quien afirma: “La verdad sobre Milani está en los archivos de la represión que continúan ocultos”.

- ¿Qué opinás sobre las denuncias de Edward Snowden, el espía de la CIA arrepentido que ahora es perseguido por EEUU?
Snowden confesó que, como miembro de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, era uno de los miles de agentes que se infiltran en correos electrónicos, redes sociales y páginas web de todo el mundo. Lo que demuestra que el imperialismo, con la excusa de luchar contra el “terrorismo” y las “nuevas amenazas”, espía a la población mundial para controlar y perseguir a quienes luchan por sus derechos y enfrentan al poder. Con esas enormes bases de datos todas las potencias están mejor preparadas para defender sus intereses en medio de una crisis capitalista que ya lleva seis años y para la cual no encuentran una salida.
- ¿Qué consecuencias directas tiene ese espionaje?
Hace unos días, con la excusa de que Snowden podía querer escapar a Bolivia, en Europa montaron una provocación contra Evo Morales y detuvieron su avión en Austria. El mensaje es claro: si a un jefe de Estado lo pueden secuestrar durante horas, ¿qué le espera a quienes se organizan en reclamo de trabajo, salud, educación o se enfrentan a regímenes represivos como en los países árabes? Con la excusa de que una organización juvenil, obrera o de derechos humanos está ayudando al “terrorismo” pueden activar todo el aparato de inteligencia y perseguir sin límites.
- Cristina denunció a EEUU pero aplica el espionaje interno.
Sí. La Ley Antiterrorista, impulsada por el gobierno a pedido del imperialismo, se basa en esa doctrina. A todo aquel acusado de presionar a una autoridad o participar en actos calificados de “terroristas” se le duplican las penas del Código Penal. A su vez los organismos estatales pueden investigar sin límites a cualquier sospechoso con los sistemas de recolección y almacenamiento de datos que no dejan a nadie a salvo.
El Proyecto X, que denunciamos desde 2011, es un ejemplo claro. A partir de causas armadas contra obreros de Kraft en la zona Norte del GBA descubrimos que Gendarmería espía y se infiltra en organizaciones populares. Con los datos personales y políticos recolectados arman prontuarios de militantes y activistas, que luego serán procesados a pedido de las patronales, las burocracias sindicales o los propios jueces y fiscales. A los compañeros se les armaron decenas de causas con esas “pruebas”, entre ellas la megacausa Panamericana y otra por un corte en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, ambas ya elevadas a juicio oral.
- Pero la Presidente dijo que el Proyecto X fue un “escandalete mediático” y que no existe.
El Proyecto X existe y está probado. Y hace poco denunciamos otro caso que ratifica la metodología. El agente de la Federal Américo Balbuena estuvo once años infiltrado en la Agencia Walsh. Esa fuerza tiene mil agentes destinados a inteligencia. Y hay miles de policías y militares en funciones desde la dictadura, formados en el genocidio, que hoy pueblan los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad.
Se gastan millones de pesos en espionaje ilegal y al mismo tiempo en estos años el Estado no aportó una sola prueba para esclarecer, por ejemplo, las desapariciones de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón o Daniel Solano. Es claro al servicio de qué fines está puesta la inteligencia.
-¿El nombramiento de Milani refuerza esta política?
Por supuesto, la Presidenta dice que acá no se espía a nadie pero nombra Jefe del Ejército a un especialista en inteligencia.
El gobierno publicó hace tres años la lista de militares y civiles que actuaron en el Batallón 601, un ícono de la infiltración y delación durante la dictadura, considerado por la propia Justicia como “una estructura intrínsecamente ilegal”. Y en ese listado figura nada menos que Milani. ¿Cómo que no hay pruebas en su contra?. Es Milani quien debe demostrar que, como integrante de una organización intrínsecamente ilegal no tuvo nada que ver con el genocidio.
-¿Qué medidas habría que tomar?
En medio de este debate hay algo que pocos dicen y es que la verdad sigue guardada en los archivos del Estado, esos que el gobierno (como sus antecesores) se niega a abrir. Archivos que sólo aparecen parcialmente cuando, por disputas políticas, se tiran carpetazos de la SIDE o informes de inteligencia para chantajear. Archivos que todos los gobiernos siguieron llenando de información para criminalizar la protesta social.
Acá debemos hacer un llamado de atención. Hoy Clarín y la oposición de derecha quieren apropiarse de las denuncias contra Milani, pero son los mismos que hace unos meses encubrieron el prontuario de Bergoglio, cómplice y colaborador de la dictadura. Si se abrieran de una vez esos archivos, los de la SIDE y de los organismos de inteligencia de cada fuerza armada y de seguridad, seguro muchos oficialistas y opositores deberían dar explicaciones. Por eso exigimos que salga a la luz toda la información que está en poder del Estado y se oculta para evitar que sepamos qué rol cumplió cada uno en el genocidio. Si no lo hacen son cómplices de la impunidad de los genocidas.
A su vez deben desmantelarse todas las bases de datos y aparatos de espionaje que están en poder de los organismos de seguridad y defensa, como el Proyecto X. Que el gobierno entregue inmediatamente el listado de organizaciones y personas espiadas por el Estado.
Y, por supuesto, que se anulen todas las causas contra los más de 5.000 luchadores populares, gran parte de ellas armadas a partir de esas tareas de inteligencia ilegal.
Claro, el kirchnerismo no va a hacer todo eso por propia voluntad. Será la movilización de miles de trabajadores, jóvenes y organizaciones populares la que pueda imponer el fin de las infiltraciones, el espionaje y la criminalización.

Massa: amigo de los burócratas, alcahuete de la embajada yanqui

“Problemas del Trabajo en Tigre. Massa dijo tres veces que creía que la compañía había estado en su derecho cuando despidió 155 trabajadores por no presentarse a trabajar en julio y luego de tomar como rehenes a los gerentes de planta en julio. Dio a entender que los dirigentes sindicales de la planta eran extorsionistas y poco razonables”. Cable de la Embajada de EE.UU., 15/9/2009, durante el conflicto de Kraft

El paro del 20 de noviembre fue una muestra del descontento de millones de trabajadores con el gobierno. La Zona Norte bonaerense fue un epicentro de esa jornada. Allí Cristina castiga con el impuesto al salario, la precarización, la Gendarmería en la Panamericana.
Hoy, cuando miles de trabajadores discuten a quién van a votar, aparecen quienes se aprovechan de ese creciente descontento.
¿Qué tiene para ofrecer un hombre cuya “pasión juvenil” fue militar en la antiobrera Ucedé?
Que se hizo “peronista de los 90”, para terminar integrando el gobierno del mafioso Duhalde.
Que con Kirchner manejó durante 5 años la ANSES, donde se llevaba bien con las AFJP mientras el 70% de los abuelos cobraba la mínima.
¿Qué puede ofrecer un hombre que llegó a intendente con el slogan “Aguas y cloacas para todos” y tras 4 años el 90% de los vecinos siguen sin esos servicios? Los pibes llegan a los hospitales enfermos de tragar agua podrida. Con su “buena gestión” logró que el 60% de las tierras esté en manos de countries, mientras los barrios obreros y los asentamientos se inundan.
El amigo de Eduardo Costantini y los grandes empresarios inmobiliarios de la zona.
¿Qué puede ofrecer a los que se levantan todos los días para dejar la vida en esas fábricas?
El que lleva en sus listas a un representante de los “Gordos” que firmaron la reforma laboral en los ‘90, como Héctor Daer. O al petrolero Roberti, amigote de las multinacionales.
El que va al plenario del Sindicato de la Alimentación a abrazar al traidor Rodolfo Daer.
El que tiene al 60% de sus empleados municipales contratados.
¿Qué puede ofrecer a los trabajadores un hombre que pone en sus listas al referente de los empresarios textiles esclavistas, Ignacio De Mendiguren?
Que es amigo de las multinacionales de la Zona Norte, que echan a la calle a los trabajadores después de “romperlos”, que persiguen a los activistas.
El alcahuete de la Embajada Yanqui. El que le dijo tres veces a los norteamericanos que estaba bien echar obreros en medio de la Gripe A. Tres veces, no una. Un recontra alcahuete.
Pero el hombre sigue sonriendo y hace demagogia.
Será como decía Menem: “Si digo lo que voy hacer no me vota nadie”.

Lucho Aguilar

Acuerdo YPF - Chevron: Un nuevo pacto de dependencia.

La Chevron venía exigiendo condiciones leoninas para aportar tecnología (fracking) de extracción de shale gas y shale oil: rentabilidad, garantías para llevarse sus ganancias y libre disponibilidad para exportar. El lunes 15 se publicó el Decreto N° 929 de promoción de inversiones. Al día siguiente, Miguel Galuccio, presidente de YPF, que trabajó en la imperialista Schlumberger, firmó un convenio con Chevron para explotar el 3,3% del área que YPF tiene concesionada en Vaca Muerta. Son territorios reclamados por las comunidades Mapuche que protestaron contra el acuerdo y el fracking. Esta tecnología, prohibida en Francia y Bulgaria, es fuertemente agresiva contra el medio ambiente. En EE.UU. hay moratoria ambiental para evaluar los daños.
La inversión de Chevron será de u$s 1.240 millones. Apenas alcanza para una prueba piloto. El acuerdo tiene cláusulas secretas y la dimensión de la entrega probablemente sea mayor.
Cristina ya venía operando a favor del acuerdo. En una causa que llegó a la Argentina impulsada por los pueblos originarios del Ecuador contra Chevron reclamando una reparación por daño ambiental agravado (implicaba pagar u$s16 mil millones), la procuradora Gils Carbó dictaminó a favor de la empresa. La Corte Suprema también brindó sus servicios a favor de la yankee. John Watson, número uno de Chevron, vino a Argentina a celebrar la entrega de la “soberanía petrolera”.

Fiesta de negocios

Recién para 2017 la explotación que harán YPF y Chevron podría generar un aumento del 25% en la producción de petróleo y 10% en gas. La fallida experiencia frondizista anticipa las consecuencias. Aunque en los ‘60 se logró el autoabastecimiento, el capital imperialista llegó al país con objetivos propios, lejanos a los deseos “desarrollistas” de sustituir importaciones y equilibrar la balanza de pagos. El resultado fue un drenaje de dólares al exterior y mayor sujeción al capital imperialista.
La expropiación parcial de YPF dejó en manos de un puñado de empresas imperialistas y sus socios locales alrededor del 70% de los hidrocarburos. Son tan depredadoras como Repsol. El principal requisito para lograr los beneficios del Decreto N° 929 es invertir más de u$s1.000 millones. No pasará mucho para que la PAE (con mayoría accionaria de los “piratas” de la British Petroleum, en asociación con Bridas de Bulgheroni y capitales chinos), la Total de Francia o Tecpetrol de Techint, se beneficien. El Merval se fue para arriba gracias a las acciones de YPF. Los especuladores festejan.

Continúa la entrega

Es sabido que la privatización de YPF tuvo el apoyo de los K. Casi una década convivieron con el saqueo de Repsol. Cuando la crisis energética se agudizó lanzaron “Petróleo Plus”, “Gas Plus” y “Refinación Plus” para aumentar la producción. Las empresas recibieron millones pero la declinación no se detuvo. De este fracaso se pasó a la “argentinización” con el ingreso de los Eskenazi a YPF. Un fraude: se acordó que pagarían su ingreso con ganancias de la propia empresa y no pusieron un peso.
Ante el colapso energético que comenzaba a absorber miles de millones de dólares en importaciones, la escasez de divisas que llevó al “cepo” y los problemas crecientes del “modelo”, se expropió parcialmente YPF. CFK aclaró que no era una estatización. Pese a las ilusiones de los “progresistas”, la ley abría la posibilidad de “alianzas estratégicas”. El gobierno ganó el control sobre las reservas de Vaca Muerta, pero no tenía dinero ni tecnología para explotarlas. El carácter semicolonial del país brota por todos lados.
Mientras una gran parte de la UCR, el FAP, Solanas, Lozano e incluso algunos peronistas disidentes votaron la ley, el FIT fue el único que alertó sobre esta política entreguista: “el gobierno kirchnerista busca ahora controlar la mayoría accionaria de YPF para ofrecerle el negocio a otros capitales imperialistas” (declaración del FIT, 20/4/2012).
Mediante el Decreto 1.277 de 2012 se reglamentó la ley de expropiación parcial de YPF. Se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica. La reglamentación establecía el fin de la libre disponibilidad de hidrocarburos y divisas. A la vez, daba potestad a la comisión para definir el plan de inversiones, precios y ganancias. Los medios oficialistas celebraron que los recursos ya no serían una mercancía sometida al lucro. A la oposición se le erizó la piel alarmada por el supuesto giro chavista. No tenían de qué asustarse. La primera medida fue aumentar los combustibles.
La política del gobierno arroja resultados lapidarios. Se pasó del autoabastecimiento a importar hidrocarburos por u$s13.000 millones en 2013, agravando el déficit de balanza de pagos y la pérdida de reservas del Banco Central. En los primeros cinco meses del año la producción cayó 4%.
El acuerdo con Chevron marca un nuevo giro que niega en muchos aspectos el Decreto 1.277, aunque mantiene continuidad en cuanto a la búsqueda de alianzas con el capital extranjero. La Chevron podrá exportar un 20% de los recursos extraídos sin pagar retenciones. Incluso si no exporta podrá obtener en el mercado interno los mismos precios como si lo hubiera hecho. Además se le garantiza prioridad para acceder a los dólares. La imposición imperialista se nota hasta en los “detalles”: el acuerdo queda sometido a los tribunales de Nueva York.

Estatización bajo administración de trabajadores y técnicos

Hay que exigir la anulación inmediata del acuerdo con Chevron y del Decreto N° 929. Para la clase obrera está planteado pelear por la expropiación y estatización íntegra del sistema hidrocarburífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producir bajo gestión de trabajadores y técnicos. Los recursos para su financiamiento tienen que salir de la apropiación íntegra de la renta hidrocarburífera, de impuestos progresivos a las grandes fortunas, al agro y al capital financiero, como así también del no pago de la deuda. Incluso sobre esta base se podrían hacer acuerdos de transferencia tecnológica desde otra relación de fuerzas. Y no aceptando todas las condiciones que imponen los saqueadores. Lo opuesto a este pacto de dependencia. Las condiciones estructurales del atraso y la dependencia se seguirán reproduciendo si no se rompe definitivamente con la opresión imperialista y el conjunto de los resortes estratégicos del país se integran en un plan que atienda las necesidades sociales, una perspectiva que no pueden llevar adelante ni este gobierno, ni la oposición patronal, sino un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Pablo Anino