Deportan a un trabajador uruguayo aplicando el decreto migratorio de Milei

Juan Pedro Martínez Piedraita se transformó en un nuevo deportado tras la firma del decreto migratorio por parte del presidente Javier Milei. Martínez Piedraita, de 60 años, es un trabajador uruguayo que esta semana fue expulsado del país por una causa con cinco años de antigüedad. Todo empezó cuando fue a hacer la renovación rutinaria de su DNI y funcionarios detectaron que tenía una contravención. Tras esto, una rápida acción policial lo detuvo y expulsó del país. 

 Este capítulo muestra la predisposición del gobierno a aplicar esta nueva Ley claramente persecutoria de las familias migrantes que es parte de todo un andamiaje legal que busca amedrentar y acallar los derechos y reclamos de trabajadores y sectores vulnerables de la población. Su familia, esposa e hijas argentinas se encuentran denunciando este abuso policial y reclamando el derecho de Juan Pedro a vivir en el país. 

 Este decreto incluye en sus artículos la iniciativa del cobro de la salud y la educación a los extranjeros y, bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico”, la expulsión inmediata del país por delitos menores y contravenciones como práctica.

 Portales de derecha, amigos del gobierno, intentaron mostrar a Martínez Piedraita como un ciudadano peligroso y festejaron la acción coordinada entre Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones. La sentencia dictada por el juzgado se da bajo el Decreto 366 la reforma migratoria que norma la permanencia de los extranjeros en el país.

 No es el primero 

A pesar de lo publicado por varios medios, este trabajador uruguayo murguero y descendiente afro no es el primer expulsado bajo aplicación del decreto. El 1 de julio, los cinco integrantes de una familia palestina fueron maltratados en el Aeropuerto de Ezeiza y deportados. Tras estar retenidos 24 horas en migraciones en una pelea que incluyó el habeas corpus de su abogado y la aparición de una “alerta internacional” contra la familia que ya había visitado sin problemas una decena de países. 

 Los Abu Farha son una familia que se dedica desde hace tiempo al turismo comercial. Se presentaron en Ezeiza con visas en orden emitidas por la embajada argentina en Tel Aviv, con carta de invitación, certificados de buena conducta y seguro médico en mano. Ahí fueron engañados por el personal haciéndoles firmar un papel y tratados de terroristas. Su abogado Uriel Biondi explicó en Pagina/12 que “la detención fue ilegal, el trato degradante y la deportación fue forzada por parte de las autoridades migratorias argentinas”. 

 Finalmente, tras 24 horas retenidos en Ezeiza, los cinco palestinos fueron deportados en un avión directo a Estambul, recién en territorio turco pudieron recuperar sus pasaportes y trazar un difícil regreso a Belén su ciudad de origen. Días después a lo vivido por la familia palestina salió a la luz que la mencionada “alerta internacional” era falsa, confundía uno de los miembros de la familia por otra persona; desde Migraciones no fueron dadas mayores explicaciones. 

 Migraciones sólo le permitió a la familia hablar con diplomáticos palestinos: “Lo que pasó fue increíble. Vivimos un infierno y no sé por qué pasó todo esto. Todo fue ilegal” se lamentó Sandy Bassam Hanna Abu Farha, una de las hijas. En una muestra clara del alineamiento con Estado Unidos e Israel del gobierno argentino copia a mansalva la guerra contra los migrantes que lleva adelante el gobierno de Donald Trump. En este caso usa el nuevo decreto migratorio para reforzar los cacheos y endurecer la entrada al país. 

 Leonardo Perna

 19/07/2025