La empresa reclama tres años de comisiones retroactivas a los choferes, mientras sigue sin reconocerlos como empleados.
Estos días están llenos de escenas de superexplotación explícita.
Mientras las apps de reparto, con el aval del gobierno porteño, se afanan en incumplir los fallos para que regularicen a sus trabajadores, Uber sale a la carga contra sus choferes.
La plataforma de remisería acaba de informarles vía mail que deberán pagar las comisiones que no les cobraron en los tres años que llevan en actividad, o de lo contrario no podrán seguir trabajando. Se trata del 25% de cada viaje, lo que representa hasta 100 mil pesos para algunos conductores, que en muchos casos llegaron a la plataforma ante la pérdida o imposibilidad de conseguir otro empleo. El mensaje viene con ofertas de descuento, que se van reduciendo cuanto más se tarde en pagar.
Uber procede a esta extorsión mientras desconoce la relación de dependencia existente con los choferes, evitándose el pago de cualquier salario y los aportes correspondientes, e incluso les impone que sean ellos quienes pongan el vehículo y carguen con los costos del mantenimiento. Como resume uno de ellos a La Nación, “por cada viaje de 100 pesos, como mi auto es naftero, como la mayoría de los Uber, tengo unos 50 pesos de gasto de nafta. Si le doy 25 a Uber, me quedan apenas 25 a mí. Y yo pongo el auto, el desgaste, las cubiertas, las multas las pago yo, además del riesgo de no saber a quién subo” (7/8). Hay incluso muchos que alquilan a terceros el vehículo con el que trabajan.
Mientras algunos ya señalan que dejarán la plataforma, para los muchos que deben quedarse por la falta de otras opciones, empezar a pagar las comisiones implicará extender aún más su jornada laboral.
Con el cobro de las comisiones adeudadas, Uber procura que los choferes financien con su sudor parte de los costos de la instalación de la empresa en el país, consistente en ingresar con bajos precios para competir con taxis y remises y dominar el mercado frente a otras plataformas competidoras (una metodología conocida como ‘blitzcaling’, alrededor de la cual se ha construido una enorme burbuja financiera).
La única medida tomada en concreto sobre Uber fue una norma impulsada por el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta (y aprobada con los votos de parte del PJ) que, en lugar de reclamar la regularización de los trabajadores, imponía sanciones… contra ellos, por prestar servicio “sin habilitación”.
Uber cuenta también con una bruta deuda impositiva (más de $358 millones) que le fuera reclamada por la AFIP meses atrás. La mayor parte de ella correspondía a deudas por la Seguridad Social por los choferes, en lo que constituía un reconocimiento oficial de que hay una relación de dependencia; mientras los propios funcionarios contradecían el pedido al avalar que los conductores estén como monotributistas (digno de un gobierno que abraza a los negreros de Rappi y persigue una reforma laboral que liquida los convenios colectivos).
Como se ve, los abanderados del “futuro del trabajo” son Al Capone con internet.
Se impone la organización unificada de los choferes y repartidores contra sus patronales explotadoras y los gobiernos que las amparan.
Tomás Eps
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