viernes, 24 de marzo de 2017

La prensa y la dictadura: una estrecha relación bajo la lupa



La prensa gráfica fue un sector clave en la campaña de propaganda militar durante la última dictadura de 1976. Aquí algunos ejemplos.

La prensa fue concebida como un sector estratégico para quienes idearon, planearon y llevaron adelante la dictadura cívico-militar. Fue así desde un principio y centralmente por dos razones. En primer lugar, para ocultar las atrocidades y los crímenes cometidos (si se ocultaban, se garantizaban así evitar críticas y cuestionamientos). Y en segundo lugar, para legitimar el golpe y la posterior dictadura, convirtiéndose en una verdadera correa de transmisión, en una pieza clave en la operatoria de propaganda militar.
Esta estrecha relación no fue producto del azar o puro pragmatismo. Al contrario, hay razones para pensar que, aquí también, hubo un plan sistemático en el que existió el control, la manipulación, la censura, la represión (según una investigación presentada en la Universidad de La Plata la cantidad de trabajadores de prensa y reporteros gráficos desaparecidos es de al menos 172) y la intervención estatal en negocios empresariales.
El 24 de marzo de 1976, el autodenominado “Proceso de Reorganización nacional” dio a conocer el comunicado Nº 19 mediante el cual indicaban que sería "reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo.” Por otro lado, también sería castigado “con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de la Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”. Inmediatamente después del golpe, el gobierno ideó un mecanismo de censura: antes de pasar por la imprenta, los diarios deberían enviar copias de prueba de su edición completa al gobierno militar para ser aprobada. El mecanismo alargaba tanto el proceso de edición e imprenta que duro apenas un día medio y en su lugar se establecieron determinados principios y criterios, resumidos en 14 máximas, que los medios deberían obedecer.
En el marco de este clima, muchos de los grandes medios gráficos fueron más allá de limitarse a cumplir órdenes y respetar estas máximas. Se convirtieron prácticamente en voceros de las Fuerzas Armadas en el poder, replicando en sus páginas sus argumentos, visión, y hasta el mismo vocabulario. Es imposible mencionar en una sola nota la cantidad innumerable de ejemplos de la nefasta campaña de propaganda llevada adelante por algunos diarios y revistas. Reflejaremos aquí sólo algunos.

Editorial Atlántida: farándula y política golpista

La campaña de prensa a favor de la dictadura militar comenzó antes del 24 de marzo de 1976. Para los primeros días de marzo, la mayoría de los medios gráficos comenzaron a dedicar más espacio dentro de sus ediciones a las noticias y temas que tenían que ver con las Fuerzas Armadas, sus integrantes, sus actividades, etc.
Las revistas Somos, Gente y Para Ti, pertenecientes al grupo editorial Atlántida, son de las que más apoyaron y difundieron la campaña pro dictadura, inclusive antes del golpe. De la mano de Samuel “Chiche” Gelblung inauguraron el estilo de mezclar farándula con política, eso sí golpista. En su último número de 1975, la revista Gente destacó como central una nota titulada “Noche buena con Videla en Tucumán” mediante la cual hicieron la presentación en sociedad de Jorge Rafael Videla, como vocero de los planes de las Fuerzas Armadas.
El 1º de abril Gente publica varias notas que no tienen desperdicio. Por un lado, una nota donde presentan a los integrantes del nuevo gobierno con una foto y un pequeño Curriculum Vitae de cada uno. Allí se refieren a que “las Fuerzas Armadas, por fin, decidieron tomar el poder”. Casi al final afirman que “la nueva situación se inaugura, entonces con los mejores augurios y las más certeras constancias sobre la unidad de las Fuerzas Armadas y la coherencia de sus pensamiento”. Por supuesto que para ellos, el golpe era “inevitable” para “la instauración final de un sistema político adecuado a la realidad y las necesidades nacionales”. Es ese mismo número, aparece una nota bajo el título: “Gente se equivocó” en la que hacen una especie de autocrítica por no haber reclamado desde antes y de manera más explícita el golpe: “fuimos complacientes con el régimen peronista”, hasta que “de pronto advertimos que teníamos la obligación de hacer ideología y pecar por arbitrarios antes que por complacientes”.
En diciembre tanto del 1976, como de 1977, sacaron dos notas con los personajes del año. En ellas mezclan personajes de la farándula, como Gino Bogani, con los miembros del gobierno militar, como Jorge Videla y personajes siniestros, que presentaron como “fundamentales”, entre ellos: Antonio Bussi incluido en esta selección porque “combatió la guerrilla y trajo la paz”, Carlos Suarez Masson, distinguido por su “carácter” y José Alfredo Martínez de Hoz (ministro de Economía) de quién señalan que su meta es la “recuperación del país”.
En 1977 Gente, Somos y Para Ti realizaron un campaña de prensa vergonzosa, utilizando la figura de una niña de 3 años, Alejandrina Barry, hija de dos militantes asesinados en el marco del Operativo Cóndor. Con la foto de Alejandrina sola, las revistas se lanzaron a una descarada campaña. La revista Somos tituló la nota: “Los hijos del terror”, mientras que la revista Gente dijo: “Esto también es terrorismo, Alejandra está sola”. Lo más repudiable es que esas fotos fueron tomadas mientras Alejandrina estaba apropiada por los militares una vez que sus padres, y otros compañeros de militancia, habían sido asesinados. Querían transmitir la idea de que Alejandrina había sido abandonada. En 2010 Barry inició un juicio contra los dueños de Editorial Atlántida, su staff editorial y los jerárquicos. La denuncia apunta a develar que existió una operación de prensa, con notas y fotos para legitimar el terrorismo de Estado mientras ella estaba apropiada por los militares.
Y la frutilla del postre: en mayo de 1982, la revista Gente anunció en tapa una de las grandes mentiras de la dictadura militar: “Seguimos ganando” en referencia a la Guerra de Malvinas. Menos de un mes después se producía la rendición de las tropas argentinas en Puerto Argentino.

Clarín y La Nación: entre el apoyo y los negocios

Clarín y La Nación eran dos grandes medios gráficos y de tradición cuando se produce el golpe, el primero tenía 31 años de existencia, mientras que el segundo 106.
Ambos apoyaron el golpe desde sus inicios. En el primer editorial de Clarín al otro día del golpe se afirmó que “se abre una etapa con renacidas esperanzas” y que “la acción de las Fuerzas Armadas se ha caracterizado por una ponderada decisión de la que ha estado ausente la prepotencia revanchista o la innecesaria utilización de la fuerza”.
En agosto Clarín se refirió a la relación existente entre la prensa y los jefes de la dictadura militar. Se animó a afirmar que “la prensa nacional no tiene dificultades con un gobierno que persigue idénticos fines”.
Por su parte La Nación, no se quedó atrás. Al otro día del golpe publicó un editorial que se llamó “La edad de la razón” en la que criticaban al gobierno de Isabel Perón, justificando la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, y alababan el proyecto económico del “Proceso”.
En 1979, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), La Nación publica una solicitada de cámaras empresariales y organizaciones civiles de despedida a la Comisión, cuyo título es: “Los argentinos queremos decirle al mundo”. Y, ¿qué es lo que esos argentino querían decir? “Que los ARGENTINOS estuvimos en guerra” y que “todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan suelo argentino pedimos a las Fuerzas Armadas que entraran a la guerra para ganar la Paz. A costa de cualquier sacrificio”.
En abril de 1977, Videla anunció en conferencia de prensa que los familiares del empresario David Graiver (muerto sospechosamente el año anterior), quienes además eran los accionistas de Papel Prensa, habían sido detenidos y que la Junta Militar había decidido “la prohibición de administrar y disponer de sus bienes”. Ese mismo día, Clarín, La Razón y La Nación, se quedaron con Papel Prensa. Así culminaba una serie de maniobras y negociados iniciados un año antes entre Videla y los dueños y gerentes de esos diarios para asociarse y quedarse con Papel Prensa.
La Nación y Clarín, aún hoy continúan siendo socios del Estado en la única empresa que produce pasta de celulosa para hacer papel de diario en este país y abastece a más de 170 diarios. Una muestra más de que los empresarios no fueron cómplices, fueron partícipes de la política y los negocios de los militares durante la última dictadura. Seguramente esta sea una gran razón que explica porque hoy se encuentran embarcados en una nueva campaña mediática, a tono con el Gobierno nacional, que niega el Terrorismo de Estado durante la dictadura.

Celeste Vazquez

"Hoy su gobierno fue derrotado por una masiva movilización docente” // Pitrola a Peña.

24M: Son 30.000, fue genocidio // Marchemos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

24M: el día que el kirchnerismo rompió la marcha única



En la víspera de un nuevo aniversario del golpe, en muchos lugares de trabajo y de estudio se debate a cuál convocatoria movilizarse el próximo 24. Para clarificar esta polémica, conviene remitirse a sus orígenes.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fue fundado en 1996, durante la presidencia de Menem, para organizar la movilización del vigésimo aniversario. Allí participaban casi trecientas organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, sociales y gremiales, desde Madres (Línea Fundadora) y Abuelas de Plaza de Mayo hasta las asambleas barriales, pasando por el Partido Obrero y toda la izquierda.
Durante diez años, marchamos a Plaza de Mayo con una convocatoria y documento unificados por consenso. Incluso, cuando el documento no reunía el “consenso” de todos, las organizaciones participaban de la movilización sin suscribirlo.
En 2006, sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner fue a fondo en la pretensión de estatizar el 24 de Marzo.
Primero, operó a través de la cooptación de dirigentes de los organismos, como lo había hecho con algunos grupos piqueteros. Designó como funcionarios a familiares de Estela Carlotto y Marta Vázquez, y comenzó a alimentar de fondos a la fundación de Madres de Plaza de Mayo, en lo que después derivaría en el escándalo de “Sueños Compartidos”.
Segundo, declaró “feriado nacional” la jornada de lucha del 24 de Marzo. El “día de la memoria” se integraría en lo sucesivo al calendario turístico.
La culminación de este operativo político pretendía convertir el acto del 30° aniversario en un acto semioficial, en Plaza de Mayo, salida al balcón incluida.
Esto fue rechazado por la abrumadora mayoría de las organizaciones convocantes al acto de Memoria, Verdad y Justicia.
En esos días, el gobierno militarizaba Las Heras para sofocar la lucha de los petroleros -Aníbal Fernández prometía “gobernar con el Código Penal en la mano”-, apuñalaba por la espalda la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras en la costa uruguaya, encubría el espionaje del almirante Godoy y enviaba tropas a Haití. El gobierno que pretendía apropiarse del 24 de Marzo había rechazado anular los indultos junto a las leyes de “obediencia debida” y “punto final”. El documento del acto denunciaba los crímenes y la impunidad de los genocidas y también todos estos atropellos. El operativo K había fracasado. Solamente 14 de las 356 organizaciones que integraban Memoria, Verdad y Justicia rehusaron firmarlo.
Sin embargo, en el acto, se vivieron episodios de una gravedad inusitada. Una patota de la juventud peronista copó desde temprano la cercanía al palco y se dedicó a hostigar y lanzar objetos contundentes contra los compañeros que debían leer el documento central del acto. Su objetivo era acallar las críticas al gobierno de menemistas redomados que hipócritamente se habían declarado “hijo de las Madres” un par de años antes.
Esa fue la última vez que se realizó un acto unificado. En lo sucesivo, los organismos cooptados por los K rechazarían cualquier crítica al gobierno y subordinarían sus consignas a las necesidades políticas coyunturales del oficialismo. Las patotas de Guillermo Moreno, La Cámpora y los intendentes del PJ serían los encargados de custodiarlos.
La deriva de los gobiernos K estaría jalonada por la condena a prisión perpetua de los luchadores de Las Heras, el empleo de la Gendarmería contra las luchas obreras, el Proyecto X, la “tercerización” de la represión a través de las patotas de la burocracia sindical (Hospital Francés, Casino, Mariano Ferreyra) y la designación del genocida Milani al frente del Ejército. El intento (fallido) de apropiarse de la jornada del 24 de Marzo apuntaba a encubrir esta política represiva. Con los K fuera del gobierno, el acto de los organismos cooptados y La Cámpora pretende manipular el 24 de Marzo al servicio del “vamos a volver”.
A 41 años del golpe, el acto de los luchadores será, otra vez, el de Memoria, Verdad y Justicia. Allí estará el Partido Obrero con sus banderas.

Jacyn

Jorge Bergoglio, la dictadura y los desaparecidos



El actual Papa tuvo una relación estrecha con los genocidas, que va desde avalar el secuestro de curas jesuitas hasta decir “no sé nada” cuando declaró como testigo en la megacausa ESMA en 2010.

El 13 de marzo de 2013 en Argentina se produjo un revuelo sin precedentes. Mientras en el Vaticano Jorge Mario Bergoglio era nombrado Papa, en su país natal se desataba un debate entre quienes siempre estuvieron a su lado y quienes luchaban contra el oscurantismo, la ideología reaccionaria y la complicidad con el genocidio de la jerarquía de la Iglesia católica.
Para muchos, como Cristina Fernández de Kirchner, el debate duró poco y nada. Al tiempo que la expresidente preparaba su viaje al Vaticano para arrodillarse ante “su santidad”, gran parte de sus voceros y aliados comenzaban una carrera frenética por hacer girar 180 grados sus opiniones previas y por borrar, en la medida de lo posible, hasta los tuits acusatorios de derechista, antipopular y misógino contra el arzobispo.
Hasta Página 12 dejó en soledad a Horacio Verbitsky y su investigación histórica sobre los crímenes de la Iglesia católica argentina, algunos de los cuáles tuvieron a Bergoglio y su generación de prelados como protagonistas. Incluso el diario al que algunos consideran “zurdo” dejó de publicar notas de periodistas que investigaban el encubrimiento de la Iglesia de Francisco a curas acusados de abuso sexual.

Secreto de confesión

Pero una ironía del tiempo obligaría a Bergoglio, antes de sacarse la lotería e irse a vivir a miles de kilómetros de Argentina, a sentarse en un juicio a responder preguntas por su relación con la dictadura cívico-militar-eclasiástica.
Fue el lunes 8 de noviembre de 2010, cuando el Tribunal Oral Federal 5 lo hizo testimoniar a pedido de las querellas en el marco de la causa en la que se investigaban, entre otros hechos, los secuestros de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics por parte de una patota de la ESMA. Ese caso había dejado expuesto a Bergoglio por su complicidad con los represores.
Aquella fue la primera y única vez que Bergoglio declaró en un juicio sobre delitos de lesa humanidad, pese a haber sido mencionado en varias causas como cómplice de los genocidas. E incluso declaró, por su expreso pedido, en sus oficinas de la Curia porteña y no en Tribunales, como lo hubiera hecho cualquiera.
Entre quienes lo interrogaron aquella mañana estuvieron Myriam Bregman y Luis Bonomi, representantes letrados de la querella encabezada por Patricia Walsh, hija del escritor asesinado el 25 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh, cuyo caso se trataba en el mismo proceso judicial.
A mediados de los 70 Bergoglio era el superior de la Orden de los Jesuitas. Jalics y Yorio fueron secuestrados en un megaoperativo en la Villa 1.11.14 del Bajo Flores el 23 de mayo de 1976. Los catequistas que colaboraban con ellos habían sido secuestrados algunos días antes. Durante años ambos curas sostuvieron que Bergoglio los dejó prácticamente a merced de los represores, habiéndolos sacado de la Orden e incluso quitándoles las licencias para dar misa. Sumamente expuestos, fueron secuestrados y llevados a la ESMA, donde permanecieron desaparecidos por casi seis meses.
Interpelado en 2010 por las querellas de la megacausa ESMA, Bergoglio intentó despegarse de cualquier responsabilidad por los secuestros de los curas. Sin embargo, muy a su pesar, algunas cosas dejó expuestas. Por ejemplo, aseguró que dos o tres días después del secuestro de Jalics y Yorio él ya sabía que estaban en la ESMA y que un tiempo después de esos hechos se entrevistó personalmente con Videla y Massera. Incluso confesó que cuando Jalics y Yorio fuero liberados le contaron que quedaba gente secuestrada en la ESMA y él “no hizo nada”.
Como plantearon Myriam Bregman y Luiz Bonomi en su alegato final del juicio, aquella de Bergoglio fue “una de las testimoniales más difíciles” que tuvieron que afrontar como abogados. “Decenas de referencias hechas a medias que demostraban un gran conocimiento sobre hechos que aquí se investigan pero también una gran reticencia a brindar toda la información”, concluyeron.

No mentirás

Quizás en el súmmum de la hipocresía, en aquella declaración testimonial Bergoglio dejaría grabada una frase para los anales de las mentiras y pecados de la Iglesia católica argentina. Consultado sobre cuándo había escuchado o sabido por primera vez de que en su país cientos de hijas e hijos de detenidos desaparecidos habían sido apropiados por los genocidas, el cardenal respondió “hace poco, hará diez años…”.
Bergoglio no intentaba convencer a nadie. Solamente pretendía que quienes buscaban la verdad histórica para señalar a los responsables del terror dejaran de preguntar de una buena vez. Bergoglio no sólo sabía, como el resto de la ciudadanía argentina, de la tenaz búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo desde principios de los años 80. Bergoglio también sabía que familias enteras reclamaban por sus nietas y nietos, sobrinos y sobrinas, hermanas y hermanos durante los mismos años de la dictadura.
Es más, Bergoglio en 1977 recibió llamados y pedidos de intervención para recuperar a bebés desaparecidos. Y allí, como con Yorio y Jalics, tampoco hizo mucho.
En este diario Estela de la Cuadra relató pormenorizadamente cómo fue el peregrinar de su familia (empezando por su madre, una de las fundadoras de Abuelas) buscando a Ana Libertad, hija de su hermana Elena. Y cómo en ese peregrinar se cruzaron con el entonces jefe máximo de la congregación jesuita.
El testimonio de Estela es fundamental para entender el modus operandi de la jerarquía católica y sus funcionarios dentro del entramado represivo de la dictadura. Primero, tomar la denuncia de familiares que buscaban a sus seres queridos. Después, ponerse en contacto con militares, policías, penitenciarios y servicios de inteligencia para consultar qué decirle a esas familias. Por último, informar que no tenía sentido seguir buscando a determinada persona desaparecida, o que había que esperar con fe cristiana, o que tal o cual niño o niña ya estaba en manos, “gracias a Dios”, de una buena familia.
Eso hizo la Iglesia con Ana Libertad y su familia. Y allí estuvo Bergoglio cumpliendo de intermediario entre el terror y sus víctimas.
Estela de la Cuadra asegura que Bergoglio “aportó a oscurecer todo. Se encargó de ocultar sistemáticamente y de ser parte de ese manto que intentaron poner los militares”. Por eso, lejos de pedirle nada al hoy Francisco, lo que ella exige es “acceder a los archivos del Episcopado, del Vicariato Castrense y de todas y cada una de las instancias a las que podamos llegar”.
“¿Qué es lo que no sabía Bergoglio? ¿Cómo es que dice que ’no sabía nada’?”, se pregunta Estela indignada. Y recuerda justamente cómo en 2010, “para atestiguar en el juicio por los sacerdotes Jalics y Yorio y por el plan sistemático de robo de bebés, hizo que se armara el Tribunal en su oficina, con jueces, fiscalía y querellas. ¿De qué humildad me hablan? ¿De qué igualdad ante la ley? Nosotros, hasta el día de hoy, no somos iguales a ellos ante la ley”.
Sus palabras confluyen con lo dicho en los alegatos de la querella encabezada por Patricia Walsh y representada por Bregman y Bonomi. Allí se concluía que “mientras los padres Yorio, Jalics y las religiosas francesas eran secuestradas por la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada, quedó en evidencia el rol que cumplió institucionalmente la jerarquía de la Iglesia Católica”.
“Algunos secuestrados vieron sotanas en la ESMA. Otros llegaron a presenciar una misa o les ofrecieron confesarse. Obispos, monseñores en el centro del horror fueron algunas de las imágenes que nos trajeron los sobrevivientes. Incluso se les adjudica la idea de los ’vuelos de la muerte’, por ser una ’forma cristiana de morir’”, sintetizaron los abogados.
Poco más de dos años después de aquella cita judicial en sus oficinas del Arzobispado, a Bergoglio le cambió la vida. Y pese a las evidencias históricas, su mudanza al Vaticano fue acompañada por una particular euforia clericalista de parte de muchos que prefirieron olvidar las viejas causas y abrazarse al Papa sudamericano y peronista.
Hoy, a 41 años del inicio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, es importante recuperar esta parte de la memoria y de la verdad. De lo contrario, no habrá posibilidades de realizar un completo homenaje a nuestros 30 mil detenidos desaparecidos. Y mucho menos de luchar consecuentemente contra las represiones y las impunidades del presente.

Daniel Satur
@saturnetroc

El 24 de Marzo de una Argentina movilizada



Cuando han transcurrido 41 años del nefasto golpe militar, Argentina se encuentra más que nunca carente de derechos- de derechos sociales, políticos y humanos.
Desde el poder político se vuelve a cuestionar el carácter genocida de la dictadura. Durante tres décadas y media, desde Alfonsín en adelante, esa operación ha estado signada por el objetivo de poner un fin al juicio y castigo de los culpables y, más allá, de eso a rehabilitar una función política a las fuerzas armadas. “Punto final y obediencia debida”; “indulto”; consagración de Milani, un jefe de Inteligencia, como comandante general del Ejército. Se cuestiona, con la objeción al genocidio, la existencia de un plan criminal, ignorando incluso su alcance continental –el Plan Cóndor y la intervención de servicios de espionaje extranjeros.
La urgencia para consumar este operativo está relacionada con la presión del Pentágono norteamericano para asignar a las fuerzas armadas de América Latina la supuesta función de ‘combatir al narcotráfico’, con todo lo que ello implica en materia de militarización de la vida civil. Gendarmería e incluso FFAA han sido involucradas en la ocupación de los barrios – en lugar de urbanizarlos y convertirlos en comunas con representantes electos, y la satisfacción del derecho al trabajo de su población. Esta ‘estrategia’ ha llevado, en México, a masacres inauditas y a reforzar la emigración; ahora, a enfrentar un Muro de mayor extensión. Mientras se cacarea contra el comercio de drogas, los gobiernos locales hacen la vista gorda al tráfico en los festivales – como ocurrió en Costa Salguero y en Olavarría, incluso se los autoriza si se adoptan recaudos como el abastecimiento de agua y la presencia de servicios médicos. La autorización a la libre salida y entrada de capitales y el anonimato de las operaciones financieras favorecen el lavado del dinero ilegal.
El “gatillo fácil” no ha cesado; es, según los informes mejor documentados, mayor que en el pasado. Quiere decir que la ‘limpieza’ que la gobernadora Vidal dice haber emprendido en la policía es un engaño. Los servicios de seguridad deben ser desmantelados y la libertad de la ciudadanía y los conflictos cotidianos debe quedar bajo la protección de fuerzas bajo control de los organismos de derechos humanos y de la población, y los fiscales y jueces deben ser electos y revocables por el pueblo.
La movilización de la mujer ha puesto de manifiesto la progresión de la violencia de género – no solamente en Argentina. Las políticas de ajuste, como salida a la bancarrota capitalista, han hundido irrevocablemente a las familias y promovido la violencia contra mujeres y niños e incluso el suicidio de los criminales. Esto no lo va solucionar el agravamiento de las penas en el código penal. El movimiento de la mujer ha presentado un conjunto de reclamos que el Estado se niega a atender. Debemos celebrar, entonces, el desarrollo militante de las mujeres y su organización independiente. La emancipación de la mujer de la opresión doméstica, de la descalificación en el trabajo, del abuso de género, o sea su completa realización humana pasa por tomar el poder. Es lo que va a ocurrir con un gobierno de trabajadores.
Los derechos sociales son derechos humanos. Los dos principales: al trabajo, a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por ocho horas diarias de labor y al 82% para los jubilados. La ‘democracia’ ha seguido atacando estos derechos sin pausa. Los gobiernos del capital son violadores seriales de los derechos humanos. Argentina tiene hoy un millón y medio ¡de indigentes! Para remediar esta situación es necesario que gobiernen los trabajadores.
Por último y muy importante: la movilización de este 24 de Marzo tiene lugar en una Argentina que se moviliza. Docentes, obreros, mujeres, trabajadores precarios. Esta movilización no cuenta con el apoyo del sistema político, que – por el contrario – ha votado cien leyes enviadas por un gobierno que defiende y subvenciona al capital financiero y ataca el patrimonio público y el ingreso de los trabajadores. Tampoco por parte de la burocracia sindical, que ahora lanza un paro aislado para que la clase obrera “se desahogue” – según las públicas palabras del triunviro moyanista de la CGT. Sería un gran salto para Argentina que este cuadro político se clarifique, creando un polo político que agrupe al mundo del trabajo, forzando a los partidos tradicionales a representar sin engaños el polo del capital.
Esta es, en forma resumida, la estrategia del Partido Obrero, que vuelve a marchar este año con las banderas del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia.

Jorge Altamira

Crónica de otra fuga



La película se llamó Crónica de una fuga, la dirigió Adrián Caetano, se estrenó en abril de 2006 y es la adaptación del libro Pase Libre, de Claudio Tamburrini, uno de los protagonistas del hecho. En ella se relataba la huida de Claudio y otros tres secuestrados de un centro clandestino de detención que funcionó en Morón y que se conoció con el nombre de La Mansión Seré. El film hizo famosa aquella fuga. Pero hubo otra.

En la esquina porteña de Venancio Flores y Lacarra, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento y a dos cuadras de la estación Floresta, funcionó entre mayo y noviembre de 1976 un centro clandestino por donde pasaron más de 300 detenidos. Conocido como Automotores Orletti, fue la base de operaciones del llamado Plan Cóndor, una estrategia de represión global que coordinaban las dictaduras de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil.
En ese lugar el general Otto Paladino, entonces jefe de la SIDE, junto a la banda de la triple A liderada por Aníbal Gordon, Eduardo Ruffo y el general uruguayo Nino Gavazzo, secuestraron, torturaron, mataron y robaron todo lo que pudieron, hasta que un descuido y la audacia de dos militantes los sorprendió una mañana de noviembre de 1976.
Norma y José militaban en las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), una de las organizaciones políticas de izquierda que se fundó a fines de 1968.
Eran una pareja que tenía casi todo en común, hasta el barrio donde habían crecido. Los dos eran de Avellaneda, pero ella hincha de Racing y él de Independiente, diferencia que los unía en la pasión futbolera y en las bromas después de cada partido, festejando triunfos y lamentando derrotas de sus colores queridos.
En una casa de Haedo, ya clandestinos, comienza el drama. Hasta allí llegan las fuerzas represivas luego de ubicar y secuestrar al hermano de José, a su cuñada embarazada y a su padre. A pesar de que ninguno de los tres tiene militancia política, los llevan a Orletti y los torturan salvajemente hasta que logran la dirección que necesitan.
Cuando llega la patota, en la casa están la mamá de Norma con sus dos nietas pequeñas, hijas de Norma y de José. Interrogan y golpean a la abuela, mientras esperan la llegada de la pareja.
La que llega primero es Norma, la reducen a golpes y algunos se van con ella a Orletti, mientras los otros se quedan esperando a José, que vuelve por la noche y se traba en una pelea con los asesinos hasta que, entre cuatro, logran dominarlo y meterlo en el baúl de un auto.
Cuando José llega a Orletti ya están ahí su padre, su hermano, su cuñada y su mujer, que cuelga de una viga del techo, en la planta alta de ese taller que es una sucursal del infierno. Alcanza a ver a su padre tirado en un rincón, destruido por las torturas, y oye los quejidos de su hermano en otra celda cercana de la misma planta.
Los torturadores se ensañan con Norma que, colgada y lastimada, ve también a sus familiares agonizar en Orletti. Hasta que se hace la hora de cenar y los asesinos, hambrientos, deciden hacer una pausa.
Tienden la mesa en otro cuarto, casi al lado suyo, comen, toman mucho vino y de vez en cuando alguno se acerca a castigarla. Escucha sus risas, sus voces, sus gritos de borrachos, hasta que no oye nada más, sólo los ronquidos de las bestias durmiendo su borrachera.
Norma siente las ataduras flojas en sus muñecas y se decide. Está jugada. Con sus últimas fuerzas tira, se desata y cae al suelo. Alcanza las llaves de las esposas que cuelgan de un gancho en la pared y busca a su marido. Lo encuentra, lo libera y los dos toman las armas que los borrachos dejaron apoyadas en una columna. Hay un fusil y una ametralladora que ella no sabe manejar pero José sí.
Tira a ciegas la primera ráfaga de FAL y sacude la cortina de arpillera que hace de puerta de la sala donde duermen sus captores. Tira dos, tres ráfagas y se le traba el fusil. No importa, hay que escapar, deja el FAL y sigue tirando con la ametralladora. Los guardias vuelcan una mesa y se protegen detrás de ella. No se atreven ni a asomarse. José se acerca a su padre, pero el hombre no puede moverse: “Vayansé ustedes chicos, por favor vayansé”, ruega, casi le ordena su papá. El hermano está inconsciente y a su cuñada no la encuentra. Mientras sigue disparando la metralleta libera a otro compañero que prefiere no sumarse a la acción. Norma se escuda en su marido, pero una bala le atraviesa el hombro. Los dos desnudos bajan por la escalera. Otra ráfaga y la huida desesperada de un guardián les muestra la puerta de salida que no podían ubicar. Con las fuerzas que les quedan salen a la calle. Enfrente están las vías del Sarmiento, las cruzan justo antes de que pase un tren que detiene al resto de la patota. El tren los separa y les da los segundos necesarios. Doblan por Emilio Lamarca y a mitad de cuadra encuentran un camión de una empresa de entregas postales. Le sacan las llaves al chofer, que no opone resistencia frente a esos a dos fantasmas sangrantes, y se van. Se van. Se van.
Son las ocho de la mañana del 3 de noviembre de 1976 y acaban de escaparse del infierno.
José lleva a Norma a un refugio seguro donde curan sus heridas y luego prepara el regreso, junto a un grupo de compañeros, para copar Orletti y liberar a los que allí quedaron. Pero llegan tarde. La banda de Paladino y sus secuaces desmantelan el chupadero al día siguiente de la fuga.
Las marcas de las balas pueden verse hasta hoy en las paredes de Orletti. Los guías cuentan la historia de la fuga a quienes visitan ese centro clandestino de detención, convertido en Museo de la Memoria, y los vecinos de esa cuadra de Floresta también evocan aquella mañana de noviembre, cuando los despertaron los tiros y vieron a una pareja cruzar desnudos y heridos las vías del Sarmiento.
Norma sobrevivió y delegó en ellos el recuerdo de esta historia. José murió en 1978 en Nicaragua, luchando junto a las tropas sandinistas.

Hugo Soriani

El Pozo de Quilmes fue recuperado gracias al trabajo del Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia.



“Es un logro más en el largo camino de buscar justicia”

El centro clandestino de detención funcionará como un ámbito de promoción de los derechos humanos. En el acto que se hizo ayer por su recuperación participaron varios sobrevivientes que estuvieron detenidos allí durante la dictadura.

“Celebro que haya sido posible que este lugar sórdido se recupere para un espacio de vida y memoria”, expresó Emilce Moler frente al Pozo de Quilmes, que a 41 años del golpe genocida es Sitio de Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La Ley 14.895 fue promulgada en enero de este año, después de meses de trabajo durante los cuales el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia redactó un proyecto de ley que fue presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada Evangelina Ramírez. Una experiencia inédita que tuvo su base en la construcción colectiva y plural de organizaciones sociales enmarcadas en un proceso participativo, democrático y comunitario que logró en pocos meses generar consenso y apoyo para la aprobación de la ley.
“Esta recuperación de un espacio para la memoria es un logro más en el largo camino de buscar justicia”, dijo Walter Docters, ex detenido-desaparecido del Pozo, a poco de llegar a la esquina de Allison Bell y Garibaldi donde ayer tuvo lugar el acto por su recuperación. Desde la tarde se fueron acercando gran cantidad de organizaciones sociales, políticas, culturales, educativas, así como también sobrevivientes, familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos para homenajear frente al Pozo la memoria de los 30.000 y conmemorar un nuevo aniversario del golpe con la transformación de un ex Centro Clandestino de Detención -donde funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes- en Sitio de Memoria.
La Orquesta Juvenil Sol Mío de Moreno comenzó con sus acordes como preludio a la apertura del acto, que empezó pasadas las seis de la tarde con las estrofas del Himno Nacional. Luego el Coro Club Social de Berazategui entonó la canción Por qué cantamos para dar paso a los discursos. El primero en hablar fue Arturo Blatezky, presidente del Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia, quien dijo: “De este Pozo está renaciendo un pueblo solidario que nunca se va a dejar vencer, y si estamos acá es porque seguimos cantando, porque el río suena más fuerte, por la vida y por la dignidad de nuestra patria”.
Luego tomó la palabra el subsecretario de Derechos Humanos del municipio de Quilmes, José Estevao, que repudió el golpe y dijo “tener la satisfacción de poder desafectar por ahora parcialmente el lugar para luego lograr la desafectación total”. El discurso se vio interrumpido por los cánticos de “¡Liberen a Milagro!” Y “Macri basura vos sos la dictadura”.
Como todavía no se reubicó a la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes) en otro lugar, algunas de las oficinas van a permanecer en la parte del edificio que corresponde al chalet. Para el Sitio de Memoria se realizó una subdivisión interna que comprende el sector de los tres pisos de calabozos al que se accede por la calle Allison Bell. Tanto el municipio de Quilmes como el Ejecutivo provincial son los encargados de completar la desafectación total.
Víctor Mendibil, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria tomó la palabra con la “emoción de compartir este momento con los sobrevivientes del Pozo y el coraje de las Madres que nos indican la senda que tenemos que recorrer”. Y recordó que “en este lugar siniestro hace cuarenta y un años encerraban a los pibes que luchaban por el boleto estudiantil, a militantes, a delegados y obreros que luchaban y enfrentaban la voracidad del capital e intentaban resistir en la construcción de una sociedad que pretendía distribuir la riqueza de una manera distinta”.
Antes de subir al escenario, Moler volvió a recordar su secuestro aquella Noche de los Lápices, cuando tenía diecisiete años y entraron de su casa gritando “Agarren a la de Bellas de Artes”. Junto a varios estudiantes y militantes de La Plata estuvo secuestrada en el Pozo de Quilmes. “Este sitio es la síntesis de luchas, compromiso y militancia de todos los que no nos resignamos a que nos pisoteen la historia. Fueron años de contar, testificar, participar de distintos actos, firmar petitorios para que este ‘pozo del dolor’, sea un lugar de memoria. Nos dolía la naturalización del olvido de este sitio. Volvimos a levantar nuestras voces cuando escuchamos decir que este centro clandestino era un ‘bache’. Y ante esa ofensa yo recordé mi paso por este lugar. Llegué el 23 de septiembre de 1976. No sabía dónde estaba. Subí las escaleras caracol, con miedo, vendada, las manos atadas, sin saber mi destino final, ni el inmediato. Tuve frío, hambre, calor, miedo, me reí, me abracé, me despedí de compañeras que intuí que no las iba a ver más. Hoy siento las ausencias del Pozo de Quilmes. Por todo esto: Memoria, Verdad y Justicia”.
Docters señaló que “la recuperación de Pozo es sin duda una alegría importante para cualquiera de los que estuvimos ahí en condición de detenidos-desaparecidos. Estuvimos hacinados, hambreados y con la expectativa permanente acerca del momento en el que íbamos a ser sacados para el ‘destino final’. En el Pozo cumplí 20 años y como unas compañeras y compañeros me cantaron el feliz cumpleaños tuve una tremenda paliza por parte de la guardia y dos días de estar colgado de los brazos en uno de los calabozos, solo, sin comida, sin agua, ni salida al baño”.
Desde Mar del Plata, Gustavo Calotti envió un saludo y rescató el trabajo del Colectivo. “Recuperar el Pozo de Quilmes fue una tarea ardua y de muchos años para un grupo de militantes que nunca desfalleció en el intento. Yo, sinceramente, nunca volví, nunca quise volver. Aún hoy dudo y no sé si lo haré”. Calotti cuenta que para él decir Quilmes es decir el Pozo, como decir La Plata es decir Arana. “Quilmes forma parte de un recuerdo doloroso, tal vez el más doloroso que haya vivido. Decir Quilmes es decir capucha, hambre, golpes, manos atadas, espera silenciosa, traslados. Desde hace 40 años llevo grabada en la mente la palabra Quilmes y la recuerdo cada día y no dejaré de recordarla hasta mi muerte”. Calotti llegó al Pozo de Quilmes desde Arana el 23 de septiembre de 1976. Recuerda que en ese traslado estaban Moler, Patricia Miranda, Santiago Servín y algunos más. “Era el apogeo de la represión. Vi pasar a decenas de compañeros, pocos sobrevivieron. Compartí la celda con Coley Robles, ‘el gallego’, militante y obrero de la Rigoleau y con Juan Carlos Fund”.
Atilio Servín ex detenido desaparecido llegó desde Paraguay para participar del acto y recordó a su tío Santiago Servín, fundador del diario La Voz de Solano, que estuvo cautivo allí y está desaparecido.
El cierre del acto trajo a Rubén Schell, otro ex detenido desaparecido al escenario donde contó que durante sus días en el Pozo a los detenidos que eran trasladados los compañeros les silbaban el Himno a la Alegría. “Cuando me liberaron la madrugada del 21 de febrero de 1978, me lo silbaron a mí y todavía me emociono al recordarlo”, expresó. Por eso, el cierre del acto estuvo coronado por esa canción en un día histórico para la comunidad quilmeña.

Laura Rosso

Una marcha para frenar los retrocesos



En tribunales, claroscuros

Dentro de la dimensión judicial hay que decir que los juicios siguen en marcha. Y continúa un proceso que expandió las fronteras temporales de la dictadura con condenas por crímenes previos a 1976, como en Mar del Plata. Concluyó el juicio del Plan Cóndor, que dictamino por primera vez a nivel jurídico la existencia de una asociación criminal entre los países de la región y concluyó el juicio de La Perla con 28 condenas a perpetua y una movilización histórica en las calles. También se condenó a Marcos Levin, primer empresario juzgado por su responsabilidad con la dictadura. Pero pese a los avances, los últimos años muestran también retrocesos pronunciados y preocupantes. La Cámara de Casación Penal anuló las condenas del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca con un fallo que justificó los crímenes con el regreso de la teoría de los excesos. Otra resolución suspendió un juicio oral ya en marcha Santiago del Estero en el que se juzgaban por primera vez a integrantes del poder judicial provincial.
“Aparecen votos de jueces que absuelven e imponen miradas casi justificatorias del terrorismo de Estado o hasta criterios que en rigor responsabilizan a las víctimas en los crímenes que sufrieron. Se dio, por ejemplo, en el caso de la apropiación de Manuel Gonçalves, donde se responsabiliza a su madre”, dice Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
La dimensión de la responsabilidad económica es la más atrasada. El juez Julián Ercolini ordeno el sobreseimiento de los imputados de Papel Prensa. En diciembre, además, se suspendió nuevamente el inicio del juicio por los trabajadores de la Ford, una investigación que se inició en 2003. La postergación llegó incluso luego de que un acuerdo de la Cámara de Casación dispusiera que los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín sigan exclusivamente las causas de lesa humanidad. Los jueces se pusieron en pie de guerra. Y ante la nueva presidencia dijeron que preferían seguir también con otros juicios. Esta semana, Casación les reclamó que pongan fecha de inicio del juicio. La jurisdicción es en este momento una de los más conflictivas: tiene 21 causas que esperan el juicio.
Los dos últimos informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre y marzo, muestran una desaceleración de los juicios. Hubo menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, una tendencia notada en diciembre de 2016 que se profundiza a marzo de este año. La falta de jueces para abastecer tribunales en procesos que siguen activos porque cada juicio produce nuevas pruebas y nuevos imputados, ha generado además un cuello de botella con investigaciones más lentas. Actualmente son mas los imputados libres (1149) que los detenidos (1044). Entre los detenidos, el 48 por ciento (518) está en arresto domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.
Los juicios registraron una baja en los ritmos. En algunos casos por menos cantidad de audiencias o jornadas de menos horas, como ESMA Unificada, una megacausa que lleva cuatro años de debate en el que aún no se avisora fecha de sentencia. “Sólo el 25 por ciento de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17 por ciento (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe. “Cabe señalar -agregó– que el desaceleramiento del proceso de justicia resulta particularmente preocupante pues, a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de los hechos, en el que la mayoría de los actores centrales (testigos, víctimas e imputados) tienen edad avanzada. Además del desaceleramiento del proceso de justicia, sigue siendo uno de los principales desafíos avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios judiciales”.
El cuestionamiento alcanza también a los integrantes de una Corte que lideró un proceso de justicia modelo en el mundo y en 2008 creó la Comisión Interpoderes para monitorear y acelerar las causas. Pese a que existió una reunión en septiembre, la Comisión Intepoderes está praæticamente desactivada. Los jueces no generaron aún un programa para planificar el modo de continuar con los juicios, uno de los reclamos de los organismos. Ni aceleraron el ritmo de revisiones de sentencias. Recién esta semana, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, la Corte pidió a Casación un informe sobre el estado de los expedientes de lesa humanidad. Y confirmó dos sentencias. En ese contexto, también preocupa que hasta aquí, la más importante decisión de la nueva composición de la Corte respecto de las causas vinculadas a represores es un fallo que estrictamente no está vinculado con este universo de expedientes pero generó alarma entre abogados y especialistas en derechos humanos. Fue la resolución dictada en el caso Fontevecchia, en el que los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aseguraron que los tribunales locales no están obligados a cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo Juan Carlos Maqueda respetó la jurisprudencia de esa misma Corte (con su anterior composición), que señalaba la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos. El fallo fue leído en clave de Milagro Sala, ya que su detención está siendo impugnada por organismos internacionales, pero le sirvió de argumento al defensor de Santiago Omar Riveros, en el último juicio de San Martín, para pedir la anulación de todo el proceso, algo que no fue concedido por el tribunal.
“Es responsabilidad de la Corte evitar un escenario como el de 2007 y 2008, cuando el entonces juez de Casación Alfredo Bisordi frenaba todos los juicios. Una buena noticia fue que en el oficio que mandaron a Casación esta semana pidiendo informes firmaron los cinco jueces. Pero la Corte tiene que fijar los criterios y delimitar el alcance preciso de la actuación de Casación, revocando aquellos fallos donde se tomaron decisiones que estaban vedadas para ese tribunal, porque no eran materia de recursos. O revocando los fallos que fijen criterios que apunten a responsabilizar a las víctimas en vez de los victimarios, como es el caso de la masacre de Capilla del Rosario”, dice Iud.

Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg

De la dictadura genocida a la concentración y miserabilización actual

A 41 años del golpe criminal

A 41 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 hay que hacer memoria y recuperar los objetivos entonces propuestos por las clases dominantes para considerar cuanto lograron y como los profundizan en nuestra cotidianeidad.
Con el terror de Estado se ejerció la “necesaria” violencia para reestructurar la economía, el estado y la sociedad, por eso, la cultura del miedo, represión explícita mediante, para obtener una férrea disciplina social. Por eso no debe sorprender la argumentación ideológica en el presente contra la movilización social en defensa de los derechos de los de abajo. Es la cultura represora de la dominación que defiende el derecho a circular junto a los de propiedad, contra los de las/os trabajadoras/res, sus salarios y las condiciones de empleo.
Hay matices en 41 años, sí, no es lo mismo la dictadura que los gobiernos constitucionales, no necesariamente “democráticos”; pero existen algunas regularidades institucionales que atraviesan todo el periodo.
La más importante es la ofensiva del capital sobre el trabajo y la flexibilización y precariedad laboral constituye una constante en el periodo. El tercio de irregularidad en el empleo es menos que la máxima hacia 2001/02, pero refleja la voracidad de la impunidad empresarial que deteriora derechos y condiciones de vida de las/os trabajadoras/es.
Producto de la ofensiva capitalista cambió la relación cotidiana entre trabajadoras/es y sus empleadoras/es, con la clara intencionalidad de restringir la capacidad de protesta y organización sindical, que no es mayor producto del empecinamiento de una cultura social y sindical en la Argentina, con tradición histórica en diferentes identidades político ideológicas anti capitalistas.
Los instrumentos de la ofensiva capitalista fueron variados, no solo para transformar la relación laboral, sino el tipo y función del Estado, por eso las privatizaciones y el incentivo a la iniciativa privada. Una lógica que hoy se reitera con la pretensión de normalizar la educación privada, mientras que en la escuela pública se “cae” por no haber alternativa para los más empobrecidos.
Con la mercantilización capitalista se organiza la cotidianeidad, en la salud y la educación, en la vivienda, la cultura, la seguridad o la justicia; pero a no olvidar que ese propósito formulado en tiempos dictatoriales se materializó con gobiernos constitucionales y persiste.
La deuda pública es un mecanismo en origen que se potenció en tiempos y turnos constitucionales, con una incambiada “ley de entidades financieras” que rige desde 1977 y cuyo objetivo de concentrar la banca se concretó con creces, más su extranjerización.
No puede pensarse en el modelo productivo actual, readecuado en estas décadas desde el propósito explicitado por el Plan de Martínez de Hoz en abril de 1976, cuyo eje rector tuvo impulso bajo la orientación de Cavallo con presidentes peronistas y radicales.
Los objetivos de la dictadura no solo se materializaron bajo condición de golpe de Estado, sino también con legislación aprobada por el Parlamento, sean las leyes de la impunidad o la ley antiterrorista, antecedente de cualquier protocolo de represión contemporáneo.
Este trayecto es el que permite explicar el 33% de pobreza y la concentración en pocos multimillonarios del petróleo, la construcción o las finanzas. Remito a Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Jorge Horacio Brito, Eduardo Costantini, o Marcos Galperin. Argentina replica lo que pasa en el mundo, con 8 fortunas individuales que tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial.
Resulta de interés recuperar la memoria, sí, pero también considerar las continuidades esenciales en tiempos constitucionales para hacer funcional a la Argentina al orden capitalista mundial, ahora desafiado en el marco de la crisis a su propio reordenamiento. Este se manifiesta en las críticas a la globalización capitalista desde sus propias clases dominantes, caso del BREXIT o el triunfo de Trump, o la expansión visible de las derechas mundiales que se ofrecen para reformar en su beneficio el capitalismo actual.
Son reformas para relanzar la lógica de la ganancia, de la acumulación y la dominación. Por eso hay que pensar en términos alternativos, lo que supone la crítica a los procesos de cambios que se procesaron o procesan en nuestra región y discutir la necesaria transición desde el orden actual hacia formas sociales de organización de la producción y la cotidianeidad colocando por delante los derechos humanos y los de la naturaleza.
La gigantesca manifestación de recuperación del acontecimiento que supuso el genocidio puede servir para construir subjetividad y propuestas programáticas para una crítica del pasado y el presente, junto al debate sobre el futuro cercano de emancipación social.

Julio C. Gambina

Para "La Nación", todo es igual, nada es mejor

Se cumplen 41 años del golpe de Estado

La “tribuna de doctrina” sigue exhibiendo total coherencia al referirse al terrorismo de Estado y la dictadura que lo implementó. Los defiende con los mismos sofismas y el léxico de cuatro décadas atrás. El rescate de un episodio poco conocido de su redacción de hace treinta años, en épocas de plena impunidad.
Si hay algo que el diario La Nación conserva, es su coherencia ideológica. Sus editoriales de hoy siguen la misma línea que los que escribían sus periodistas en tiempos de la dictadura.
La democracia no les cambió esa visión brutal de colocar a la víctima y al victimario en un mismo plano de igualdad.
Llamar guerra al genocidio, centros de recuperación a los campos de concentración, excesos a las torturas, detenciones a los secuestros, enfrentamientos a los asesinatos o adopciones al robo de bebés son, entre otros, los falaces argumentos empleados para justificar el plan criminal aplicado por los militares, tal como lo definió el fallo del histórico juicio a las juntas de comandantes.

Todo es igual, nada es mejor, diría Discépolo.

Además de una cuestión ideológica, la misma que tenía Mitre, su fundador, el centenario matutino comparte con su colega Clarín un delito considerado de lesa humanidad como fue la apropiación de Papel Prensa que la dictadura consumó en 1978 bajo la aplicación de torturas y amenazas de muerte a sus legítimos propietarios.
La fotografía que ilustra esta nota, en la que aparece el genocida Videla brindando por la nueva conquista junto a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, es un testimonio irrefutable de la complicidad cívico-militar y que tuvo en la Iglesia Católica la tercera pata.
En 1988, hace casi treinta años, dos docentes de la Universidad estadounidense de Stanford visitaron varios medios de comunicación argentinos, entre ellos el diario La Nación.
Sonia y Carol Ebel (1) tenían interés en conocer de primera mano lo que había ocurrido con los niños arrebatados a sus padres biológicos y con los periodistas desaparecidos. Lo que sigue son las respuestas obtenidas en La Nación.
“Casi todos eran huérfanos, abandonados por sus padres guerrilleros. Las personas que se quedaron con ellos, hicieron una buena cosa”.
“De este diario no hubo ningún periodista desaparecido, de lo cual nos sentimos orgullosos”.
Decir que los centenares de niños apropiados fueron abandonados por sus padres es negar uno de los mayores crímenes cometidos por el estado terrorista.
Como bien se dijo en el libro Nunca Más, “despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, a lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento”.
En cuanto al orgullo de La Nación por no tener periodistas desaparecidos es una forma de estigmatizar a los ciento treinta periodistas y escritores asesinados por la dictadura y darle permanente vigencia al perverso razonamiento de que “por algo será”.
Por algo será también que están alentando a Macri a terminar con lo que el desquiciado presidente ha llamado el curro de los derechos humanos, que no es otra cosa que negar la verdad histórica y echar un manto de olvido sobre tantas atrocidades para olvidar culpas.
Las propias y las ajenas.

Juan Carlos Martínez. Periodista, escritor y director del periódico pampeano Lumbre. Autor de los libros La apropiadora, sobre Ernestina Herrera de Noble, y La abuela de hierro, obra que refleja la búsqueda de Matilde “Sacha” Artes de su nieta Carla, apropiada durante la dictadura. En la página 185 de la primera edición de este libro se encuentra el episodio narrado en (1).

"Están impulsando la destrucción de la escuela pública"


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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-03-2017

Jornada histórica contra la política educativa del gobierno

Cientos de miles de maestros protagonizaron una jornada histórica, más convocante aun que La Marcha Blanca de 1988 y las movilizaciones que acompañaban a La Carpa Blanca a fines de los ´90. Todos unidos por un única certeza: a mayor provocación por parte del gobierno, mayor resistencia

Una marea de guardapolvos blancos y pecheras multicolores ocupó este miércoles buena parte del centro de la ciudad, aunque nunca terminó de llegar a la Plaza de Mayo. Fueron cientos de miles de personas que provenían de todas las provincias del país. Lo reflejaban las siglas de sus sindicatos, las tonadas y los modismos a la hora de hablar. La gran mayoría, por supuesto, eran maestros, profesores, estudiantes secundarios y universitarios. Había también gente común que se movilizó en solidaridad con los docentes, que sintió como un agravio y una ofensa directa a su paso por la educación pública la frase despectiva del presidente Macri sobre la experiencia de “caer” en las escuelas estatales.
Los dirigentes que poblaron el palco, montado de espaldas a la Casa Rosada y en el medio de la Plaza, vivieron la jornada como una fiesta: el entusiasmo y la alegría eran producto de la concentración más numerosa que haya convocado el sindicalismo docente en toda su historia, incluso más que la Marcha Blanca de 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y que las movilizaciones que acompañaron a la Carpa Blanca desde su instalación, en 1997.
“Si el gobierno no escucha a estos miles de maestros y profesores este conflicto no se va a solucionar. La llave para destrabar el conflicto la tienen ellos”, afirmó la santafesina Sonia Alesso, secretaria general de CTERA y de Amsafé (Asociación del Magisterio de Santa Fe). “Estamos acá por una cosa muy sencilla. Queremos decirle al presidente que cumpla con la ley (de Financiamiento Educativo), una ley votada en el Congreso Nacional”, exigió Alesso en el último turno de discursos: al igual que en la marcha del 6 de marzo, la titular de CTERA volvió a ser oradora de cierre.
El acto arrancó con la Plaza llena desde la calle Defensa hacia el Cabildo pero con muchas columnas -como la que ingresó a Capital desde el Puente Pueyrredón, integrada por docentes del conurbano- que permanecían lejos, a varias cuadras del escenario. Mientras empezaba a hablar el secretario general de la UDA (Unión de Docentes Argentinos) Sergio Romero, primero en usar el micrófono, la Avenida de Mayo y las Diagonales Sur y Norte se veían colmadas hasta la intersección con la 9 de Julio.
El espacio entre la Catedral, el edificio de la AFIP y el Cabildo mostraba la típica postal de las grandes concentraciones sindicales. Por el cielo se movían, acompasados, globos aerostáticos con los logos de SUTEBA (provincia de Buenos Aires, sindicato de base de CTERA), UDA (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), SADOP (docentes privados) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos). Sobre las calles adyacentes, el pasto y los canteros de la Plaza se veían las particularidades de las protestas docentes: mujeres y varones en porcentajes bastante parejos; carteles coloridos improvisados a mano (“Docente luchando también está enseñando”, “Mientras existan maestros de pie no habrá pueblos de rodillas”); títeres gigantes; alusiones a Carlos Fuentealba, el profesor de química asesinado por la policía de Neuquén.

Negociar desde una posición de fuerza

Los discursos tuvieron un rasgo común. Los oradores cuestionaron a la administración Cambiemos por el cuño neoliberal de sus políticas; acusaron al gobierno por lo que consideraron una seguidilla de ‘provocaciones’ diseñadas para amedrentar. Sin embargo, también dejaron una ventana abierta para a la negociación. “Este es un gobierno autoritario que ha decidido conducir las relaciones con el sistema educativo sin el consenso de los trabajadores y de la sociedad. Nosotros vamos a resistir este tipo de políticas. Pero le pedimos al gobierno bajar el grado de virulencia: quiso subordinar a los docentes pero desconocía la fuerza de los trabajadores de la educación”, evaluó Romero. “A la Ley de Financiamiento Educativo no la construimos en una oficina. La construimos en las calles, con paciencia. Y los docentes tenemos la misma paciencia para enseñar a sumar, a restar. Esa paciencia, que forma parte de la identidad de los docentes, tiene mucho que ver con lo que hacemos en el aula”, afirmó Alesso.
La titular de CTERA fue abordada por la TV al finalizar el acto. Desde el canal C5N la consultaron por unas declaraciones del jefe de gabinete, Marcos Peña, durante su presentación en el Congreso. El funcionario había dicho que la ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075) no preveía el establecimiento de una paritaria nacional docente. Alesso lo desmintió: el artículo 10 de la ley determina que las partes deben reunirse para acordar un piso de salario de alcance nacional, condiciones de trabajo, modificaciones al calendario educativo y a la carrera docente.
Alesso arengó a los cientos de miles de docentes a prepararse para una pelea larga. “Están impulsando la destrucción de la educación pública. Vienen por la mercantilización, por la privatización. Nuestra tarea es difícil, es dar una batalla de ideas, como decía Fidel. Por eso, a militar, a fortalecer y a dialogar con los vecinos”, advirtió.
La multitud escuchó la sucesión de oradores a través de los parlantes. Sólo quienes estaban en los primeros metros pudieron ver el detalle del secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, vestido con el guardapolvo de maestro que había utilizado en la Carpa Blanca. Yasky estuvo en el centro del palco junto a Roberto Baradel, titular de SUTEBA; a Eduardo López, de UTE; y a la propia Alesso. Baradel no habló, pero al ser mencionado su nombre, la muchedumbre respondió con aplausos, a modo de desagravio. En el escenario hubo espacio para gremialistas de otros sectores: se pudo ver a Sergio Palazzo (La Bancaria), Walter Correa (Curtidores de Cuero), Beto Pianelli (Metrodelegados), Omar Plaini (canillitas), Francisco “Barba” Gutiérrez (UOM, secretaría de Interior de la CGT), entre otros.
Otro argumento repetido en los discursos fue que la intransigencia del gobierno tiene una lógica que trasciende la paritaria de los maestros. “Hay un objetivo político que es doblegar a la docencia para imponer el techo salarial del 18%”, planteó Luis Tiscornia, de CONADU Histórica.

El ‘Plan Maestro’ y el Operativo Aprender

Romero, dirigente de UDA, le dedicó una ironía al reaparecido ministro de Educación, Esteban Bullrich. “Ayer (por el martes) tuvimos una buena noticia. ¡Tenemos ministro! Apareció. ¿Dónde estaba Esteban Bullrich? Porque él generó este lío y se borró. Este conflicto es muy grande y no se termina en esta marcha”, avisó. El gremialista mencionó varias veces a Bullrich como ‘gerente de Recursos Humanos’, definición que el propio funcionario había adoptado en un foro empresarial. Romero recordó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) está vigente y que su ejecución es competencia del Estado nacional para “aportar y complementar” a lo que cobran los docentes en cada provincia.
Los dichos de Bullrich sobre el resultado del Operativo Aprender y el denominado ‘Plan Maestro’ -el ambicioso proyecto oficial de reforma educativa, con objetivos para 2021- también derivaron en fuertes críticas. El secretario gremial de SADOP, Pedro Bayúgar, puso el foco sobre una paradoja: el mismo gobierno que publicita los (presuntos) malos resultados de las escuelas públicas en matemática y comprensión de textos, desarticula y desfinancia los programas de formación docente del Ministerio de Educación. “No se convoca a un diálogo aprentándonos. O con la ‘coima’ en la provincia de Buenos Aires a los que no hacen paro. Pero nosotros ya tenemos una maestría en aprietes. Y no nos arrodillamos”, cargó Bayúgar, representante de los docentes privados.
El acto se completó con los discursos de los docentes universitarios de las dos CONADU y de FEDUN. También habló Sara García, de AMET, quien eligió cuestionar a Macri pero también a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz: la gremialista reprochó los atrasos en el pago de sueldos a los docentes santacruceños encuadrados en ADOSAC. Un tiro por elevación. No fue la única referencia implícita al kirchnerismo. Sin embargo, las otras menciones, a cargo de Bayúgar, Carlos de Feo (CONADU) y Fabián Felman (CEA), fueron sutiles elogios al gobierno de CFK y promesas de un retorno nacional y popular. “Oh/ vamos a volver/ a volver/ a volver”, coreó en sintonía un sector importante de la Plaza.

Martín Piqué
Tiempo Argentino

jueves, 23 de marzo de 2017

¿Terrorismo de Estado o Estado terrorista?



Otro 24 de Marzo asoma en el horizonte y la actualidad sobre el debate acerca de la última dictadura militar vuelve a reflotar en un contexto cultural marcado por los medios de comunicación y los adalides de la represión de los 70.

Las editoriales –muchas veces anónimas- de La Nación, los cuasi-debates en programas televisivos de aire donde se aborda el tema desde la óptica de las víctimas del terrorismo (de la guerrilla). Los lugares comunes que con hipocresía se enarbolan con la “inocente” intención de mostrar las “dos caras” de la historia del periodo en cuestión. Uno de los últimos booms en la cual se perfila el ataque a la memoria colectiva ha sido poner en cuestión el famoso número de los 30.000 muertos y desaparecidos por la dictadura militar. Oscuros personajes como Lopérfido e incluso en cuestionado Gómez Centurión se pavonean y se dan el gusto de mancillar la memoria de miles de militantes muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. También el presidente Mauricio Macri ha insistido en la “reconciliación de los argentinos” y de sanar las heridas abiertas. Los intelectuales de la hegemonía cultural abrieron la puerta a la discusión sobre las cifras y es necesario que aquellos que disputan dicha hegemonía den el debate pero con la altura necesaria. ¿Quieren debatir sobre cifras? Debatamos.
Solamente para tener una franja cronológica mas acotada por el espacio disponible en este artículo, voy a empezar con el recuento a partir del gobierno de Hipólito Yrigoyen en el año 1916, pero no debemos olvidar el origen del Estado Nación Argentino y su genocidio fundacional, la llamada “Conquista al Desierto”, el accionar del ejército en contra del desprendimiento político pequeño-burgués, el radicalismo, en las jornadas 1890 y la represiones a cientos de militantes anarquistas en la primera década del siglo XX. La primera década y media de la UCR en el poder recoge como episodios de terrorismo de Estado explicito, las matanzas de obreros coordinadas entre la policía y los grupos paramilitares (como la Liga Patriótica) en el año 1919 en lo que se dio a llamar la “Semana Trágica”. Tampoco podemos olvidar las jornadas de caza desatadas en las estepas patagónicas entre 1919 y 1921 donde patrones y ejército dieron muerte a 1.500 de obreros rurales. Hay evidencia también de torturas y mutilaciones en las tétricas comisarias de la ciudad de Buenos Aires, principalmente a militantes anarquistas. El norte de Santa Fe se vivió también, en 1921, la masacre de 600 obreros que habían entrado en huelga contra “La Forestal”, la compañía inglesa de producción de tanino (que se manejaba como un verdadero Estado independiente con moneda propia). La cifra total de estas matanzas suma cerca de 2.200 muertos por la acción directa del Estado burgués.
La década infame, quizás una de las menos estudiadas, también tiene sus muertos por persecución política. No podemos olvidar que los años 30 fueron uno de los más duros en las condiciones de vida, donde miles morían de hambre en las sucias calles de Buenos Aires, producto del modelo agroexportador y el desempleo de ingentes masas de desocupados.
Rápidamente podemos pasar a la primera década de gobierno peronista, donde la cifra de muertos asciende. Tenemos los casos del genocidio de los Pilagá con 750 muertos y cientos de huérfanos, heridos y desaparecidos en el año 1947 y de las persecuciones a militantes del Partido Comunista (la información se está empezando a recabar a partir de la reciente apertura de archivos de la SIDE).
La “Revolución Libertadora” asciende al poder con una matanza indiscriminada tras el bombardeo en Plaza de Mayo. En este periodo inicia lo que se llamó la resistencia peronista, donde apenas se registran heridos de las explosiones de “caños” y donde el Estado con el ejército a la cabeza se cargó a miles de detenidos y torturados –como fuera testigo Hernández Arregui en su primer paso tras las rejas-. En tres años asume la presidencia Arturo Frondizi y no se queda atrás en el clima de represión, con la aplicación del Plan CONINTES. Elección de Framini –peronista- como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y nuevamente interrupción de un gobierno democrático. Illia asume tras una fantochada de acuerdo con el ejército, condicionando su gobierno pura y exclusivamente a la voluntad de los golpistas y así fue en 1966 cuando Onganía instala su dictadura militar nacionalista con el apoyo de la CGT burocrática. Detenidos, muertos en enfrentamientos clandestinos, desaparecidos en León Suarez, fusilados son los resultados de la dictadura más feroz hasta el momento. El año 1969 trae el asesinato de un estudiante en Corrientes, desatando una oleada de revueltas que liberan el ciclo revolucionario que irá en ascenso hasta 1976. En 1972 se hace pública la noticia del fusilamiento de detenidos políticos en Trelew tras un intento fallido de escape del penal de esa ciudad.
El tercer peronismo trae en 1973 la llamada masacre de Ezeiza (con 13 muertos) y el inicio del macartismo que se carga al Padre Mugica entre los principales referentes políticos de las villas de Buenos Aires en Mayo de 1974. Tras la muerte del líder, en julio de 1974, María Estela Martínez de Perón inicia la aniquilación de la guerrilla llevándose a la tumba a 150 militantes de izquierdas de forma completamente inconstitucional.
La dictadura militar arrastra según los cálculos del Batallón 601 en 1978 cerca de 22.000 personas. El problema suscitado en torno a la cantidad de casos denunciados en la justicia no termina de contemplar todos los casos que no fueron denunciados ante una endeble democracia en 1983.
La democracia trae consigo la masacre de los militantes La Tablada, unos 32 muertos en total. Menem con las políticas neoliberales arrastra a la pobreza a un 36% de la población, condenados a la muerte segura muchos de ellos. De La Rúa y su estado de sitio termina con 37 muertos en el 2001. Duhalde en su breve interregno se llevo a Kosteki y Santillán entre otros. La “década ganada” del kirchnerismo fue el final para Mariano Ferreyra, de 194 jóvenes en el infierno de Cromañón (producto innegable de la corrupción) y 51 muertos en la estación de Once. El Estado Terrorista, única estructura que pervive a pesar de los gobiernos, se llevó a 3.070 personas según los cálculos de CORREPI y el actual gobierno de Macri llevaba 259 a diciembre de 2016.
Toda esta trágica enumeración pone de manifiesto que en la historia argentina no existió solamente un momento de “Terrorismo de Estado” sino que ha sido una constante la muerte, no solo como forma de eliminar aquellos componentes despreciados por el Estado, sino también para ejercer su violencia pedagógica y aleccionadora al resto de la sociedad. Ya Lenin decía, apoyado en Marx, que la función única del Estado era la represión de las clases subalternas. En este sentido, la burguesía utiliza este aparato como una herramienta de dominación basada fundamentalmente en la violencia. El Estado es la representación máxima de la existencia de la desigualdad de clase, ya que una logra sobreponerse a otra y dominarla mediante el terror. La definición correcta de este aparato, por sus leyes fundamentales y su sentido de ser como hemos observado en este pequeño recorte de 100 años, es la de Estado Terrorista.

Pablo Javier Coronel
Director de Huellas de la Historia

Diario El Independiente, el Papel Prensa riojano



Durante la dictadura tres integrantes de la cooperativa fueron despojados bajo tortura del diario. Otro escapó de los genocidas. A muchos cooperativistas los “renunciaron” y el resto fue cómplice.

Plutarco Schaller fue fotógrafo y periodista del diario El Independiente de La Rioja y miembro fundador de la Cooperativa de Periodistas y Gráficos de La Rioja (Copegraf).
La noche del golpe los militares se lo llevaron secuestrado y sufrió siete años de cautiverio, donde vio entre otros genocidas a César Milani. La misma suerte correrían otros cooperativistas, Mario Paoletti subdirector y Guillermo Alfieri secretario de redacción, fueron secuestrados fuera del diario, el mismo día del golpe.
El director, Alipio “Tito” Paoletti, que por entonces se encontraba en Buenos Aires, después de meses de permanecer en la clandestinidad se exilió en España con su familia. El Batallón de Ingenieros 141 participó en el fraude a la cooperativa, que terminó con la apropiación del diario por parte de los militares.
Un breve repaso por la historia del diario, la noche del golpe, las torturas, la intervención del Ejército, la disolución de la cooperativa de trabajo con la complicidad de algunos de sus miembros con los militares. El testimonió de Schaller, en la Megacausa La Rioja.

Del primer diario riojano al primer medio cooperativo

Hasta 1901 La Rioja, de tan pobre, no contaba con un diario, pero el 25 de agosto de ese año Pelagio Luna fundó El Independiente, con el compromiso de ser “órgano de los intereses generales de la provincia”.
El diario en 1916 acompañó la formula de Yrigoyen, que se consagró a partir de un sistema electoral ampliado que cerró el ciclo de los gobiernos oligárquicos. La circulación de aquella primera versión del diario, bisemanal, llegó hasta 1933, momento en el que Hitler llegaba al poder en Alemania y en nuestro país el gobierno de Agustín P. Justo restablecía el fraude electoral.
En 1957 el diario fue reflotado por un grupo de jóvenes radicales. Eran tiempos de la Revolución Fusiladora y del avance de la resistencia rotagonizada por los obreros de base, procesos que empezaban a impactar sobre sectores amplios de la juventud.
La redacción estaba a cargo de los jóvenes Tito Paoletti y Daniel Moyano. El primero, con sólo 24 años, en 1959 quedó al frente de la dirección cuando su titular se retiró de la sociedad por problemas económicos. Comenzó así la edición semanal junto a su hermano Mario, Ricardo Mercado Luna y Moyano, con quienes constituyó una sociedad.
El diario fue ganando lectores, pero los socios solo percibían un salario y todo el excedente se invertía en mejorar la infraestructura para editar El independiente.
No contaban con manual de estilo de escritura, pero tenían pautas esenciales para el periodismo: buenas fuentes, rigor, concisión a la hora de redactar. Dedicaban mayores espacios a las secciones locales, y contaban con corresponsales fijos y espontáneos diseminados en la provincia.
Tras el golpe de Onganía de 1966 el diario se convirtió en vocero de la oposición del onganiato. En 1968 Angelelli fue nombrado obispo de La Rioja, visitó el diario y a partir de ahí comenzó una relación de amistad entre él y Tito Paoletti. Pese al ateísmo de este último, tenían muchas ideas en común.
Era un momento donde los curas identificados con la teología de la liberación confluían con quienes se reivindicaban del “campo popular”. Tito también trabó amistad con Arturo Jauretche, y juntos soñaban con la Patria Grande latinoamericana.
La línea editorial del diario adoptó esas dos miradas: la de los curas tercermundistas y la de la liberación latinoamericana. Reflejaba tanto el apoyo a la resistencia vietnamita, como a Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos. A nivel nacional apoyaban la organización antiburocrática de los trabajadores y el diario adscribió al programa de la CGT de los Argentinos, redactado por Rodolfo Walsh en 1968.
Entre una población de 140 mil habitantes, el diario llegó a vender 13 mil ejemplares.
El 12 de octubre de 1970, cuando el diario cumplió once años de salida ininterrumpida, Tito propuso a los otros propietarios del diario conformarse en una cooperativa. Editorial Norte, nombre legal del diario, en 1971 transfirió en forma gratuita todos sus bienes de producción a Copegraf.
En esos años apareció un nuevo diario en la escena riojana, El Sol, vocero del Movimiento Popular Riojano, una fuerza política influenciada por el general Lanusse, luego alineado con la derecha peronista y más tarde al servicio de la dictadura militar.
Ante el llamado a elecciones en el año 1973, la asamblea de socios de Copegraf se reunió para fijar la posición de El Independiente, se inclinaron por apoyar la lista Justicialista encabezada por Héctor Cámpora.

La noche del golpe

En La Rioja la dictadura asaltó el diario, detuvo a trabajadores de prensa e impuso el terror en la cooperativa que lo editaba.
Oscar Schaller, querellante contra Milani, también formaba parte de la cooperativa, fue secuestrado meses después de su padre. “El día del golpe los editores estaban cerrando el diario con un tapa que daba cuenta de esto, cuando llegó el Ejército, intervino el diario y los obligaron a cambiar la tapa por una que decía ‘Pronunciamiento militar’. Les llevó poco tiempo desintegrar la comunidad que había entre gráficos y periodistas”, recuerda Oscar.
Plutarco Schaller, Mario Paoletti, y Guillermo Alfieri fueron secuestrados el mismo días del golpe, tiempo después otros cooperativistas fueron secuestrados, entre ellos Oscar Schaller y Ricardo Mercado Luna.
El modo en que se apropiaron del diario El Independiente de La Rioja es análogo al utilizado por los dueños de Clarín y La Nación para apropiarse de Papel Prensa. En ambos casos fueron expropiados bajo tortura. En el caso del diario riojano, otros socios cooperativos de las víctimas fueron cómplices de los genocidas y con los militares acordaron la continuidad del diario para ponerlo al servicio de la dictadura.
En abril de 1976 hacía un mes que Plutarco Schaller, Mario Paoletti y Guillermo Alfieri, sufrían torturas físicas, cuando uno de sus propios compañeros de la cooperativa del diario, puso delante de ellos los textos de sus renuncias. Américo Torralba pudo ingresar al lugar donde permanecían detenidos-desparecidos Schaller, Paoletti y Alfieri, una “excepción” a las normas.
Torralba puso ante ellos el texto donde no sólo renunciaban al diario, sino que declinaban ejercer el periodismo de por vida. El texto decía “al señor residente de la Cooperativa El Independiente Copegraf Ltda. De mi mayor consideración: no teniendo en absoluto interés ni propósito de en un futuro ser periodista, obrero gráfico o personal administrativo de gráfica, presento mi renuncia indeclinable a la función que ocupo en calidad de socio de El Independiente”.
Posteriormente los tres fueron “blanqueados” y pasados a disposición del Poder Ejecutivo e iniciaban un recorrido, que duró años, por distintas cárceles del país.
Nicolás Villafañe y Américo Torralba fueron nombrados directores interinos y el 30 de mayo de 1977 publican una solicitada dirigida a las Fuerzas Armadas, al Gobierno de la Provincia y a la Opinión Pública. En ella decían que “durante varios años el diario El Independiente estuvo manejado y orientado por directivos de ideología antiargentina”. Y agregaban que “a partir del 24 de marzo de 1976 se operó un definitivo cambio de orientación, erradicando de las publicaciones toda clase de apología marxista subversiva”.

Megacausa la Rioja

En septiembre de 2013, uno de los exdirectivos del diario, Plutarco Schaller, presentó en el Poder Judicial riojano una denuncia penal por la apropiación ilegítima de la cooperativa. Entre los militares denunciados están el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el jefe del batallón de Ingenieros 141 de Ingenieros, coronel Osvaldo Pérez Battaglia; el subsecretario de Prensa y Difusión del gobierno de facto, e interventor del diario, el capitán Esteban Sanguinetti, condenado por la desaparición de Alberto Ledo.
La denuncia alcanzó a quienes se beneficiarios por la expropiación: Héctor Ártico, Amado Fernández, Jorge Antonio Flores, Nicolás Villafañe, Lucio Córdoba, López Alcaraz y Américo Torralba.
Plutarco Schaller fue secretario general en la provincia de la CGT de los Argentinos, y presidente de Copegraf, falleció el año pasado, pero antes de su muerte testimonio en varias oportunidades en la Megacausa La Rioja. Contó cómo fue su detención, que fue obligado a firmar su renuncia al diario bajo torturas y que vio a Milani cuando estaba detenidos en el hospital.
A la salida de la dictadura, en 1984, Schaller le reclamó a las nuevas autoridades del diario que los regresaran a la cooperativa. Amado Fernández le ofreció trabajo solo a él, algo inaceptable para Schaller quien pidió que por lo menos se retractaran de la solicitada publicada en 1977 en el diario. Su petición fue negada, así como les fue negada al resto de los socios volver a integrar la cooperativa.
Los apropiadores se ampararon en las “renuncias” que Paoletti, Alfieri y Schaller firmaron. Sobre Tito, a quien le fraguaron la firma en el texto de renuncia, fundamentaron su desvinculación en un “abandono voluntario de servicios”. La particularidad, es que todos los textos estaban redactado de idéntica manera.
Los apropiadores de El Independiente utilizaron argumentos similares a los esgrimidos por Clarín y La Nación para justificar la propiedad de Papel Prensa. El Grupo Graiver también, bajo tortura, fue expropiado. Para unos y otros apropiadores las “renuncias” o la “transferencia” de acciones fue un mero trámite legal.
El caso de El Independiente muestra que el Batallón 141 participó en las operaciones del terrorismo de Estado. Así lo denunció Oscar Schaller ante la justicia: “Milani miente, dice que en ese regimiento no había detenidos, pero mis padres y yo estuvimos detenidos ahí, y él lo sabe porque lo vi durante mi detención”.
Matías Aufieri, abogado de Schaller y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), asegura que “Milani puede mentir porque desde 1983 ninguno de los gobiernos constitucionales abrió todos los archivos de la dictadura”.

Rosa D'Alesio

Zito Lema a 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh



El poeta, dramaturgo, periodista, docente y militante por los derechos humanos, Vicente Zito Lema, recuerda a Rodolfo Walsh a 40 años de su desaparición por parte de un grupo de tareas de la ESMA durante la última dictadura. Zito Lema habla de su experiencia en la revista Liberación junto Walsh y otras personalidades como Julio Cortazar. También recrea la experiencia de la defensa de presos político en los ’70 y el trabajo conjunto con Walsh. También realiza una mirada sobre la Carta Abierta a la Junta Militar y la experiencia de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), fundada por el autor de Operación Masacre.

Macri se lamentó por quienes "caen" en la educación pública

El presidente presentó el "doloroso" resultado del Operativo Aprender 2016 y habló de la inequidad educativa

La revolución educativa que propugna el gobierno de Cambiemos parte de una implacable diagnóstico: la educación privada es la meta deseable para quien pueda pagarla; la escuela pública, el lugar en donde “caen” quienes no pueden hacerlo. Así lo dio a entender el presidente Mauricio Macri durante la presentación en la Quinta de Olivos de los resultados del Operativo Aprender.
Macri explicó que “siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemáticas y cinco de cada diez no comprenden textos”. Agregó que “cuatro de cada diez alumnos de sexto grado no comprenden textos y en la escuela privada dos de cada diez”, lo que revela, dijo, “la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”. Aseguró, entonces, que “mi tarea es que todos los chicos, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades”.
El presidente calificó como “doloroso” el repaso de los resultados de la evaluación educativa realizada en octubre de 2016, pero aprovechó para referir que las medidas tomadas durante su gestión en la ciudad arrojaron en matemáticas, en ese distrito, resultados “muy superiores a la media”.
En medio de una fuerte avanzada del Gobierno contra los gremios docentes y una embestida contra la escuela pública que incluye ataques discursivos –como el calumnioso artículo del diario Clarín que comparaba livianamente las trayectorias educativas de dos chicos vecinos, uno de un colegio privado y el otro de uno público– y otros bien concretos –el permanente aumento de los subsidios a la educación privada en el contexto de recorte y subejecución crónica de programas que padece el área desde fines de 2015–, Macri trazó un crudo diagnóstico sobre la educación pública y cerró su exposición con el anuncio del Plan Maestro, un compendio de metas específicas para mejorar la calidad educativa que deben ser, dijo, “una gesta nacional”.
Basado en “el maravilloso acuerdo que hicimos en Purmamarca con todos los gobernadores y ministros” –en referencia al programa consensuado por el Consejo Federal de Educación en Jujuy en febrero del año pasado–, Macri anunció el envío al Congreso de de un proyecto de ley que, entre otras medidas, prevé que para 2026 todas las escuelas tengan jornada extendida, reducir en un 70% el abandono escolar y tener un 50% de maestros bilingües.
El Plan Maestro también supone la implementación de cambios en la carrera docente. En tal sentido Macri repitió: “Necesitamos que el Congreso apruebe la creación Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa”, un ente que los gremios docentes rechazan de plano, por considerar que, tal como está planteado en el proyecto impulsado por el Gobierno, tendría autonomía administrativa, técnica y operativa y habilitaría el financiamiento de organizaciones internacionales que podrían así influir y direccionar las políticas de evaluación, abriendo las puertas a tendencias privatizadoras y a la mercantilización de la educación.

Pablo Taranto
Tiempo Argentino

La lucha de la impunidad, a través de estos 41 años



Cooptación e intentos de estatización.

El recorrido de la lucha contra la impunidad del genocidio de la última dictadura militar atraviesa tres décadas de gobiernos constitucionales.
A las sombras de la dictadura, el primer intento por borrar los atroces crímenes cometidos fue la llamada “ley de pacificación nacional”, promulgada el 22 de septiembre de 1983, con los militares todavía en el poder.
Se trataba de una ley de autoamnistía, ya que proclamaba la extinción de las acciones penales emergentes de los delitos comprendidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, cometidos “en ocasión o motivo de prevenir, conjurar o poner fin a actividades terroristas o subversivas”.
Es significativo que incluya el período anterior a 1976, una confesión de que la represión comenzó antes del golpe –con la Triple A y el Operativo Independencia, por caso.
Raúl Alfonsín pretendió garantizar la “transición democrática” impulsando que los genocidas fueran “juzgados” por tribunales militares, pero los milicos se negaron a hacerlo. Presionado por movilizaciones masivas que reclamaban juicio y castigo, en 1985, el gobierno alfonsinista procedió al juzgamiento de los popes de la dictadura, en lo que se llamó el Juicio a las Juntas, limitado a los integrantes de las juntas militares, y dejando libre de persecución penal a los demás partícipes y cómplices de la dictadura.
La mezquindad de las condenas fueron un duro golpe a las expectativas de familiares y sobrevivientes: apenas Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua; Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti recibieron penas de 17, 8 y 4 años respectivamente. Por último, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.
También fueron juzgados Firmenich y otros integrantes de la cúpula montonera, acorde a la “teoría de los dos demonios” que acuñaron Alfonsín y la Conadep.
El levantamiento carapintada, comandado por Aldo Rico, derivó en la firma del Acta Democrática del 19 de abril de 1987 –que solamente el Partido Obrero rechazó de entrada– y que significaría la completa capitulación de Alfonsín y todo el arco político patronal y finalmente derivaría en las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de la impunidad. El agravio final fueron los indultos de Carlos Menem.
Las movilizaciones continuaron bajo el gobierno de la Alianza, que rechazó los pedidos de extradición de los genocidas para ser juzgados en Europa.
Bajo una presión creciente de los tribunales internacionales y el acoso de manifestaciones locales cada vez mayores, el gobierno de Néstor Kirchner habilitó a que su bloque votara el proyecto presentado por Patricia Walsh de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, bajo la condición de que se excluyera la anulación de los indultos.
Los gobiernos K dieron muestras soberbias de demagogia, pero guardaron silencio frente a la lentitud de los juicios, la desaparición de Julio López y finalmente promoverían al genocida César Milani a la jefatura del Ejército.
Con Macri en el poder, se intensificó la presión por la impunidad, la negación del genocidio por parte de los funcionarios y el gobierno resolvió dejar de apelar el beneficio de las prisiones domiciliarias a los represores. Apenas un puñado de genocidas cumple prisión efectiva. Los juicios todavía se desarrollan a cuentagotas.
Hoy, a 41 años de la dictadura genocida que acabó con una generación de luchadores, la lucha contra la impunidad sigue vigente.

Liliana Alaniz (APeL)

miércoles, 22 de marzo de 2017

Riqueza "offshore": ¿cómo saquean al país?



En 2016 se fugaron "legalmente" U$S 28.554 millones. Producto del saqueo del país existen unos U$S 400.000 millones que pertenecen a argentinos en el exterior.

La remisión de intereses y utilidades de las multinacionales imperialistas que actúan en el país se multiplicó por diez con el macrismo: pasó de U$S 306 millones en 2015 a U$S 3.162 millones el año pasado.
En lugar de invertir en nuevas fábricas, maquinarias o puestos de trabajo, y a pesar del "sinceramiento" de la economía, se aceleró la salida de ganancias. Ese comportamiento no es exclusivo de las empresas extranjeras. Por el contrario, es muy bien emulado por la mal llamada burguesía nacional.
Pero la remisión de intereses y utilidades es sólo una de las formas que adquiere la fuga. Otra modalidad “legal” es la denominada formación de activos externos: en 2016 sumó U$S 28.554 millones. Para dar sólo una medida de comparación: esos recursos equivalen a casi 1,5 millones de salarios anuales de $ 23.000 al mes.
Aunque en la formación de activos externos se contabiliza la compra de dólares por parte de pequeños ahorristas que buscan preservar sus ahorros en el “colchón” frente a la inflación y de empresas de baja escala, se sabe que la mayor parte de esta fuga la realiza el gran capital.
En 2014 el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, mientras era CEO de Shell, fue denunciado por la compra de U$S 4,5 millones para presionar por el alza del tipo de cambio. Es sólo un botón de muestra de quiénes son los dueños de los dólares en el país.
Los especialistas estiman que la verdadera fuga (la “legal” más la ilegal) duplica lo que se exhibe en los registros oficiales. Son habituales la falsificación de las declaraciones de exportaciones e importaciones o la manipulación de los precios del comercio exterior, entre otras maniobras para sacar dólares del país.
Producto de años y años de saqueo, la fuga de capitales de argentinos en el exterior, según diversas estimaciones, podría alcanzar a U$S 400.000 millones. ¡Equivale a más del 70 % de lo que produce el país (el PIB) en un año!
Los “pagadores seriales” no sólo desembolsaron más de U$S 200.000 millones de dólares de deuda, como reconoció Cristina Fernández. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina la remisión de intereses y utilidades de multinacionales totalizó U$S 24.606 millones. Incluso, en muchos años, la salida de ganancias de las empresas imperialistas superó los U$S 3.162 millones que se fugaron durante el primer año de Mauricio Macri en el Gobierno. Como si fuera poco, los egresos por la formación de activos externos, esa otra forma de fuga "legal", alcanzó la friolera de ¡U$S 212.717 millones!
El “cepo” cambiario apenas fue una medida de última instancia cuando la restricción externa puso fuertes límites al esquema económico y cuando el saqueo ya se había efectuado en gran escala.
Con el Frente para la Victoria tanto como con Cambiemos, la operación de la deuda externa está en manos de grandes bancos como la J.P. Morgan, que actualmente, a pesar de la ida de Alfonso de Prat Gay, tiene muchos ex empleados en el gabinete económico, como el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo. Pero también participan el Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank y HSBC, entre otros.
El Gobierno de Mauricio Macri inició una escalada de la deuda pública, la cual implica una hipoteca presente y futura para la clase trabajadora. Mediante ese endeudamiento está financiando una fuga descomunal de riqueza del país por parte de "agentes" privados.
¿Alcanzan todos los recursos que se fugan de la economía nacional a través de la remisión de intereses y utilidades, de la formación de activos en el exterior y la deuda externa para repartir las horas de trabajo y crear nuevos puestos?
Los números muestran que no sólo alcanzan, sino que sobran los recursos, por lo cual, además, se podrían construir viviendas, hospitales y escuelas, entre otras necesidades urgentes, mediante un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores.
¿Es fácil lograrlo? Para nada. Recordemos que en 2001 mientras se aplicaba el “corralito” a los ahorros de sectores de clase media y trabajadores, los bancos desconociendo esa medida se llevaban los dólares en camiones para sacarlos del país a través de Ezeiza. El sistema bancario es el que facilita ese drenaje permanente de dólares hacia el exterior.
Una medida que ataque de frente ese robo cotidiano que se hace de las riquezas del país para destinar esos recursos a atender las necesidades del pueblo trabajador, obligaría a una lucha por la expropiación de los bancos y su concentración en una banca nacional única, como así también el control de cambios para evitar esa gigantesca fuga, en la perspectiva de una mayor planificación económica para combatir el caos de mercado capitalista. Es decir, atacaría necesariamente la propiedad capitalista. Sólo un gobierno de trabajadores podría llevar adelante estas medidas.
O se pone por delante las necesidades del pueblo trabajador o las ganancias de las empresas que se fugan permanentemente al exterior. Esa es la discusión.

Pablo Anino
@PabloAnino

Fuga de capitales: ¿existen recursos para repartir las horas de trabajo?



Al mismo tiempo que avanzan los despidos la remisión de ganancias al exterior está pegando un salto exorbitante.

Frente a la creciente desocupación y la insaciable búsqueda de los empresarios para que los trabajadores dejen la vida en las fábricas y lugares de trabajo, el PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) está realizando una propuesta para que la crisis la paguen los capitalistas que la generaron: la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.
Muchas compañeras y compañeros hacen la siguiente pregunta: “¿Hay recursos para repartir las horas de trabajo y generar miles de puestos de trabajo?”. La respuesta es clara: sí, existen recursos.
Las empresas que despiden y suspenden trabajadores, como General Motors o Volkswagen, entre otras multinacionales, dicen que los números no dan, pero la fuga de ganancias lo desmiente.
Una de las vías de esa fuga es la remisión de intereses y utilidades de las multinacionales: pasó de ser U$S 306 millones en 2015 a multiplicarse por diez en 2016, año en el que se llevaron del país U$S 3.162 millones. Este monto es equivalente a 160.000 salarios anuales de $23.000. Pero mientras se promete una “lluvia de inversiones” en realidad se hace lo contrario: se saquea el país y se ataca a los trabajadores.
No es muy distinta la conducta del empresariado “nacional”. El lunes se conoció que siete argentinos figuran en la lista de los más ricos del mundo elaborada por la revista Forbes: Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Jorge Horacio Brito, Eduardo Constantini y Marcos Galperin. Sus fortunas alcanzan a U$S 12.430 millones. Muchos de ellos figuran en otra lista: la de “fugadores seriales” de los Panamá Papers.
Son solo un “ejemplo” de lo que hace habitualmente el empresariado “nacional”, más interesado en refugiar sus ganancias en paraísos fiscales que en invertir en el país.
Un documento del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (Cetyd) señala que el 43 % de los puestos de trabajo perdidos entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercero de 2016 tuvo lugar en las grandes empresas (con más de 1.000 empleados), tanto nacionales como extranjeras.
Ni que mencionar que esas patronales, si se les exige que dejen de fugar sus ganancias, pondrían el grito en el cielo antes que volcar esos recursos a repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, garantizando un salario equivalente a la canasta familiar.
Para defender las condiciones de vida del pueblo trabajador no queda otra que atacar las ganancias de la clase capitalista, que explota y oprime diariamente a las mayorías.

Pablo Anino
@PabloAnino