jueves, 31 de diciembre de 2015

20 días de macrismo por decreto



La “máquina de hacer decretos” avanza a todo vapor. En tres semanas Macri tomó medidas a favor del gran capital y se propuso avanzar sobre pilares del relato kirchnerista, como la Ley de Medios, las retenciones al campo o la relación con los fondos buitres. Van 20 días, no exentos de crisis, que preanuncian las nuevas turbulencias que atravesará el plan.

Como buen hijo político de Carlos Menem, Mauricio Macri no ahorró demagogia en su campaña electoral para llegar a la presidencia, plagándola de promesas que no iba a cumplir.
20 días después de su asunción, para ser justos, habría que decir que, en realidad, con la “máquina de hacer decretos”, que funciona a todo vapor, Macri está cumpliendo de forma rápida una parte importante de sus promesas, las que les hizo a los grandes empresarios, mientras que defrauda compromisos de campaña que había hecho hacia los sectores populares, y avanza sobre pilares del “relato” kirchnerista.
A gusto del gran capital, en sólo tres semanas Macri decretó de manera fulminante la devaluación, el levantamiento del cepo al dólar, la baja y eliminación de retenciones a la exportación de productos agrarios e industriales, anunció tarifazos dentro de los próximos dos meses, dio pasos para negociar con los fondos buitres, decretó la “revisión” de los contratos de trabajadores estatales, reprimió en Cresta Roja y anunció la intención de implementar un “protocolo” para cercenar el derecho a la protesta social, entre otras medidas que por momentos hacen olvidar que todo sucedió en tan solo 20 días.
Las promesas no cumplidas, de forma previsible, son las referidas a las condiciones de vida de los trabajadores y las relacionadas con justas aspiraciones democráticas. Sobre lo primero, no es difícil advertir que las medidas económicas del nuevo gobierno (que ya se sienten en la inflación y los despidos), lejos de avanzar hacia la “pobreza cero” prometida en campaña, apuntan exactamente hacia el lado contrario, aún cuando estamos recién en el comienzo de la política de ajuste (ni siquiera modificó el mínimo no imponible del impuesto al salario, como había prometido). El sentido de la flecha de las medidas económicas para el bolsillo popular es inversamente proporcional al sentido que tiene para los empresarios. Una fabulosa transferencia de recursos hacia las clases dominantes está en marcha.
Sobre lo segundo, cabe señalar que rápidamente la crítica al “autoritarismo” kirchnerista y al “avasallamiento” de las instituciones, así como la política del “diálogo” y el “consenso”, demostraron ser para Cambiemos nada más que consignas de campaña, y dieron paso a un nuevo régimen de decretazos permanentes, nombramiento en comisión de jueces para la Corte Suprema pasando por encima del Congreso, y a un magistrado amigo que sobreseyó a Macri en la causa por escuchas ilegales, casualmente a poco nomás de asumir la presidencia. El discurso republicano de campaña quedó allá lejos y hace tiempo. En un giro irónico de la política nacional, los roles se invirtieron respecto de cómo eran hace un mes: ahora son los K los que cuestionan el poco respeto a la democracia por parte del macrismo, y presentan cautelares para frenar decretazos.

El contrataque de los CEO´s en el poder

El macrismo y su gabinete colmado de representantes directos del gran capital avanzan entonces, a toda velocidad, con la “máquina de hacer decretos”, sobre pilares fundamentales de la política y el relato kirchnerista. Por eso, analistas como Artemio López afirman que estamos no sólo ante un nuevo gobierno, sino ante la construcción de un nuevo régimen poskirchnerista. Dejemos de lado por un momento que, respecto del plan económico, Daniel Scioli y sus asesores tenían muchas coincidencias con lo que el macrismo está llevando adelante, para concentrarnos en el hecho de que algunas medidas tienen también valor político y simbólico, y eso tiene consecuencias para el reordenamiento de los actores políticos en la nueva etapa.
El nuevo gobierno avanzó en cuestión de días sobre al menos tres temas de gran importancia política que en los últimos años fueron fuente inagotable de crisis y enfrentamientos: las retenciones a las patronales del campo que fueron motivo de una profunda crisis en el año 2008 y desde entonces pasaron a ser parte central del relato kirchnerista; el AFSCA y la Ley de Medios, que fueron el eje de la disputa entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, parte esencial también de la identidad del ex oficialismo; y el comienzo de una negociación con los fondos buitres, tema que Cristina Fernández colocó en el centro político en la última etapa de su gobierno.
Desde el punto de vista del kirchnerismo estos temas eran (son) considerados parte de su legado progresista para el país. Sin embargo, el ataque a los mismos por parte del macrismo le permite al kirchnerismo combinar su apoyo a la gobernabilidad, como oposición “responsable” y “democrática” (es decir, dejar que Macri aplique el plan económico), a la vez que quedarse con banderas para desarrollar su nueva ubicación desde la oposición contra el nuevo gobierno. Las concentraciones militantes en las plazas, con discursos de referentes K los fines de semana, buscan articular ese movimiento.
Pero mientras tanto, el futuro del plan macrista se juega no tanto en las plazas sino en los factores reales de poder. La elección de medio término de 2017 aún está lejos, y antes hay que sortear múltiples obstáculos. Mientras que el gran capital le da todo su apoyo a Macri, crisis e interrogantes han surgido por otros lados. La fuga de los condenados por el Triple Crimen sacó a la luz la crisis de autoridad del poder político sobre las fuerzas de seguridad, en este caso acentuada por tratarse de un gobierno nuevo y, para colmo, no peronista. Por otro lado, la imposibilidad de María Eugenia Vidal de aprobar el presupuesto provincial en la Legislatura bonaerense es un anticipo de que, tras el verano de los decretazos, el problema de no tener mayoría propia en el Congreso Nacional e importantes legislaturas provinciales será un factor permanente de crisis y tensiones. Por su parte, los cortes de energía y las inundaciones de estos días muestran que el macrismo deberá lidiar también con crisis estructurales que no fueron resueltas a pesar de los años de crecimiento a tasas chinas durante el kirchnerismo. Por último, pero no menos importante, un interrogante fundamental del plan económico y político estará en juego en las paritarias, cuando la clase obrera buscará recuperar lo perdido con la inflación y las clases dominantes intentarán que la devaluación sea “exitosa” desde su punto de vista, dejando rezagado al salario; cómo se ubique ante el nuevo gobierno la burocracia sindical será un dato clave en este sentido. En este marco, la izquierda debe intervenir de forma independiente, planteando otra salida a los grandes problemas, y desarrollando una gran fuerza militante en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios para enfrentar el ajuste y los mecanismos antidemocráticos del gobierno.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

El movimiento obrero en los primeros días de Macri

La debacle kirchnerista, la asunción de Macri y el inicio de su ajuste han creado un nuevo escenario para el movimiento obrero.
Son varios los frentes de interés. La primera gran prueba es Cresta Roja. Allí se ha producido un tortuoso, pero rico proceso de radicalización. Empezó con la lucha contra el plan de racionalización de Rasic, que, con apoyo del gobierno de Scioli, CFK y el Sindicato de la Alimentación llegó a la firma de un acta de rebaja de un 30% de los salarios y las horas de trabajo. El cuerpo de delegados que lo firmó fue destituido por la base y ganó una lista de los activistas.
Sobre esa base, se arrancó más tarde el “subsidio electoral” al gobierno Scioli. Después, los trabajadores chocaron definitivamente con el sindicato y, rompiendo sus trabas, movilizaron a la Justicia y realizaron una audiencia pública en la que participaron 70 trabajadores junto a sus delegados, con los diputados del Partido Obrero. Luego, en asamblea, recogieron la propuesta de una marcha a Plaza de Mayo con el clasismo y la izquierda, la cual se concretó el 21 de diciembre, mientras el piquete de Ezeiza lograba poner al conflicto en el centro de la situación política.
El lento progreso político del colectivo obrero, no exento de contradicciones internas y debates, terminó desnudando la bicicleta de Triaca y Vidal. La represión brutal de la gendarmería de Bullrich dio por tierra con el verso de la “Argentina del diálogo” de Macri: el cóctel para hacer pasar la declaración de quiebra fue la represión y los Repro, muy parecido a las recetas de Tomada y Berni. La burocracia de Morán durante el conflicto denostó a los luchadores en todas las demás plantas. Tampoco planteó el tema en el plenario de la CGT. Se destacó, desde el clasismo, la Interna de Unilever, movilizada y solidaria con el conflicto y reclamando plenario de delegados con mandato para apoyar a los compañeros de Cresta Roja.
Otra expresión de estos desplazamientos por abajo la dieron los metalúrgicos de Siderca que, autoconvocados, hicieron retroceder 189 despidos, al menos por seis meses. Con menos prensa, varias comisiones internas metalúrgicas de Córdoba frenaron despidos, también contra la directiva de Urbano. Por estas horas, 600 tercerizados de Río Turbio ocupan la usina por falta de pago.
Otro gran hecho político de estos días fue la asamblea general del Sutna. Wasiejko la perdió 3 a uno con la Lista Negra del clasismo del Sutna San Fernando, que movilizó masivamente a Fate, conquistó apoyo en Pirelli y contó con la ausencia total de Firestone, que le sacó el cuerpo a la dirección yaskista. Wasiejko se robó la asamblea con ataque de patotas, produciendo diez heridos. No sólo quedó de manifiesto su impotencia, sino también que el ministerio de Triaca es una continuidad de Tomada en el apoyo de cualquier burocracia contra el clasismo. Dos conclusiones aparecen. Macri y Triaca apoyan a la burocracia kirchnerista contra el clasismo, y el “kirchnerismo en la resistencia” tiene por enemigo número uno al clasismo.
El 22 se produjo la gran marcha a Plaza de Mayo del clasismo y la izquierda por el bono de fin de año y, a horas de la represión, en solidaridad con Cresta Roja. Más allá de las nada despreciables 8 ó 10 mil personas movilizadas, se congregó allí el sindicalismo clasista y combativo incluyendo a los aceiteros, en particular el Sindicato Capital, los ferroviarios de Oeste, ATE Sur, el sindicalismo clasista de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y otros sectores de izquierda y, desde luego los Suteba multicolores, a excepción del PCR. Los gráficos de Morvillo pararon la fábrica para concurrir. Gran confluencia.
La nota uno de esa jornada fue el arrugue de las agrupaciones sociales kirchneristas a las cuales se les acabó la “resistencia” cuando Macri les “arregló” el pago de obras atrasadas de las cooperativas. Enorme aprendizaje entre el activismo, y para las izquierdas que deliran con el frente antimacrista como el PTS y el MAS (lo planteó en su discurso en la plaza). La nota dos fue la defección de los convocantes iniciales, la CTA Autónoma de Micheli. ATE le dio la espalda y moviliza el 29, pero separado del clasismo y la izquierda. En ATE y la CTA Micheli, el kirchnerismo avanza.
Las dos CTA, como el núcleo kirchnerista de la UOM-gráficos-taxistas y al igual que la mesa por la hasta ahora fallida unidad de la CGT, buscan un lugar bajo el sol del “acuerdo económico y social” que Macri convoca en enero.
Los bonos de fin de año se han extendido a numerosas fábricas y gremios, bancarios y camioneros entre ellos, en lo que es una conquista por un lado, y una echada de lastre patronal, por otro. Pero el gobierno de Macri no aflojó un peso a los estatales y la caldera por ese lado cobra presión.
Todo esto no es poco para los primeros 14 días de gobierno. La lucha contra la burocracia sindical aparece ligada a la lucha contra el ajuste. La Coordinadora Sindical Clasista del PO se empeñará en una gran agitación política nacional con una orientación que ATE Mendoza ha tomado como propia: convocan en febrero a un plenario con mandatos y un encuentro obrero para discutir -precedidos de asambleas en todos los lugares de trabajo y seccionales- un programa ante al ajustazo en marcha.
El método vale como perspectiva y como guía de acción en todo el movimiento obrero. Deliberar, mandatar y resolver un programa para enfrentar el ajuste. Nuestra propuesta es: adelantamiento de paritarias absolutamente libres, ningún pacto social, actualización mensual de salarios y jubilaciones ante la descarga de las medidas de ajuste a los precios. Jubilación mínima de 8.500 pesos y salario equivalente a la canasta familiar. Prohibición de despidos y reparto de horas de trabajo disponibles contra todo despido. Ocupar toda fábrica que cierre. Abolición de ganancias en los salarios. Derogación de todas las leyes y disposiciones represivas contra el movimiento obrero y desprocesamiento de los luchadores. Absolución de los compañeros condenados en Tierra del Fuego.
El plenario del 5 de marzo que discute el clasismo, cobra posibilidades.

Néstor Pitrola

La batalla por otros medios



En un nuevo avance nada "republicano" Macri anuló por decreto artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El kirchnerismo "resiste" con medidas cautelares. Un juez platense ordenó "no innovar". Crece la judicialización de un conflicto anunciado.

“Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo, de un tiempo de confrontación y de pelea que ha sido inútil. Comienza una política pública de comunicación del siglo XXI para que todos accedan a un servicio mejor, hacia la modernidad". Estas fueron las palabras del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al anunciar el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Macri. Lo hizo en conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y Miguel de Godoy, el hombre elegido para presidir el nuevo organismo creado por decreto: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplazará a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Esta decisión bonapartista del gobierno de avanzar decididamente y en forma descaradamente autoritaria sobre la llamada Ley de Medios, ya había comenzado a prefigurarse a través de dos DNU anteriores que en tiempo record modificaron normativas clave de la LSCA, que había sido uno de los “caballitos de batalla” del gobierno kirchnerista, sancionada por el Congreso en 2009. En pocos días, el gobierno nacional pasó la AFSCA a la órbita del Ministerio de Comunicaciones, reacomodó el funcionamiento del Sistema de Medios Públicos y avanzó en la intervención de las AFSCA y la AFTIC, como no podía ser de otra manera, por decreto. Como si fuera poco para el kirchnerismo en retirada, la jueza en lo contencioso administrativo Cecilia de Negre, rechazó dictar una medida cautelar interina contra la intervención por 180 días de la AFSCA, planteada por el ex titular de ese organismo, Martín Sabbatella.
Sin embargo, pocas horas después, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, ordenó "la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual". La orden alcanza también la fusión de la agencia con la AFTIC y deja sin efecto todas las medidas que tomó el interventor de la AFSCA, Agustín Garzón. De esta manera, el juez Arias se metió en la pelea y dio lugar a una medida precautelar que solicitó Guillermo Luis Guerín como delegado de la AFSCA de la Región La Plata.
Inmediatamente vino la respuesta del Ministro de Comunicaciones, el derechista Oscar Aguad, quien desautorizó el fallo, sosteniendo que “Arias es un juez incompetente y tomó una medida ilegítima”.

¿Qué modificaciones realiza el nuevo DNU?

Algunos de los puntos del nuevo decreto que modifica sustancialmente la Ley Audiovisual son:
1- Se fusionan las Autoridades Federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) en un nuevo organismo que regulará ambos sectores: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que será presidido por Miguel De Godoy.
2- Se deroga el artículo 41 de la Ley Audiovisual, que impide la transferencia o venta de licencias. Ese artículo fue uno de los cuatro que la Corte Suprema declaró plenamente constitucionales en 2013. Recordemos que el gobierno kirchnerista violó este artículo cuando, por ejemplo, permitió la transferencia de medios de Daniel Haddad a Cristóbal López.
3- La televisión por cable no será regulada por la Ley Audiovisual y pasará a estar regulada por la Ley de Telecomunicaciones, llamada Ley Argentina Digital que fue sancionada en diciembre de 2014.
4- Las empresas telefónicas podrán dar televisión por cable en dos años, prorrogables por un año más.
5- El Enacom sería integrado por siete miembros: cuatro representantes del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo, con representación de las minorías parlamentarias. Ya no tendrán participación en ese organismo delegados de los sindicatos ni de las universidades nacionales.
6- El DNU convoca a una comisión bicameral para la redacción de una nueva Ley de Comunicaciones que fusione la LSCA y la Ley Argentina Digital.

¿A quiénes favorece el “decretazo”?

Como bien detalla el profesor universitario Martin Becerra en su blog, la dirección que viene tomando el gobierno de Macri en cuanto al sistema infocomunicacional, favorece claramente al Grupo Clarín pero también a su histórico competidor en el mercado: Telefónica. Becerra señala que “Telefónica continuará expandiendo su red móvil en 4G y debe mejorar las prestaciones de sus redes, pero reclama al gobierno que le ceda más espectro y, a la vez, que se levante la prohibición para prestar tv satelital. Ello conduce a cuestionar dos leyes vigentes, la más reciente de ‘soberanía satelital’ (noviembre de 2015) que –como reacción a la compra de Nextel por parte del grupo Clarín- incluyó una reserva de espectro para la estatal ARSat originalmente previsto para un cuarto operador de telefonía móvil; y la ley de telecomunicaciones y TIC “Argentina Digital” de diciembre de 2014, que modificó la previa ley audiovisual al autorizar el ingreso de las telefónicas a la tv pero les veda la explotación de tv satelital. Justamente este vector interesa a Telefónica, ya que brinda el servicio en países de la región y por el alcance del satélite podría ampliarlo a la Argentina.
En cuanto al grupo Clarín, Becerra explica que “tramita el final de su guerra contra el Ejecutivo sin que sus ingresos hayan sufrido daños (al contrario) pero con esquirlas adheridas su prestigio periodístico, afectado por la contienda. Su desafío es múltiple también: intentará blindar su dominio en la tv por cable a través de Cablevisión (donde tiene como socio minoritario a David Martínez, de Fintech, otro que con el nuevo gobierno buscará revertir el impedimento para formalizar su control de Telecom Argentina), que es la unidad de negocios que más ganancias le reporta al conglomerado pero, a la vez, expandirse a la telefonía móvil. Para ello compró Nextel hace pocos meses. A pesar de que esa operación fue denegada por la autoridad de aplicación de la ley Argentina Digital (AFTIC), el cambio de gobierno y la decisión de Macri de subordinar tanto la AFTIC como la AFSCA al flamante Ministerio de Comunicaciones, abren expectativas reales de revisión. Como Telefónica, Clarín también pretende modificar parcial o integralmente leyes clave promovidas por el kirchnerismo, en este caso la de servicios audiovisuales”.
Ante este panorama, el gobierno macrista pretende avanzar directamente hacia el favorecimiento directo y descarado a la concentración de los grandes oligopolios de medios y las telecomunicaciones, tratando de limar todo andamiaje legal que signifique un escollo para la libre competencia. Es lo que expresó Marcos Peña al sostener que con esta medida se busca "sacar los cepos a la industria (de las comunicaciones) para que se pueda modificar y mejorar la necesidad de inversiones y que haya un contexto de competencia en el sector".

La verdadera batalla por la democratización

Como ya hemos escrito en reiteradas oportunidades en este medio, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por el kirchnerismo, no modificó en absoluto, en un sentido democratizador (como se prometió), la estructura de medios en la Argentina. Por el contrario, fue el marco legal que legitimó la conformación de nuevos conglomerados de medios (Grupo Indalo, Grupo 23, Grupo Crónica, Electroingeniería, etc) que crearon una especie de “Korpo” afín al relato kirchnerista. El prometido 33% destinado a las organizaciones sin fines de lucro fue una verdadera estafa y, por el contrario, se atacó a medios comunitarios y alternativos como demostró el secuestro de equipos al canal Antena Negra TV. Por eso dijimos claramente desde un primer momento, que se trataba de una disputa intraburguesa con un trasfondo político en la disputa desatada entre el gobierno kirchnerista y Clarín en 2008, y un trasfondo económico en la pelea por la redistribución capitalista del mercado de medios. Incluso, fue el mismo gobierno kirchnerista el encargado de modificar la propia Ley Audiovisual cuando a fines de 2014, con la Ley Argentina Digital, permitió que las telefónicas accedan a la televisión abierta. Legalizó así lo que ya era una realidad con la posesión del canal Telefe por parte de Telefónica.
Sin embargo, ahora el gobierno macrista busca dar pasos decididos en un giro claramente bonapartista que elude cualquier discusión en el propio parlamento, para favorecer abiertamente a lo más concentrado del poder capitalista infocomunicacional.
Ante esta ofensiva autoritaria, desde el kirchnerismo se responde tibiamente a través de medidas cautelares y foros declamativos que terminan resultando completamente impotentes para enfrentar semejante ataque.
Solo desarrollando la más amplia movilización y organización democrática de los trabajadores y sectores populares, se puede poner un límite al avance autoritario del gobierno nacional. Hay que parar con las “cacerías de brujas” contra periodistas y trabajadores de prensa, y luchar por la más amplia libertad de expresión. No se puede permitir ni un solo despido de los trabajadores en los medios, sean privados o estatales, con la excusa de barrer con puestos “colonizados” por militantes, como ocurre en Nacional Rock; o de hacer más “austera” la pauta oficial que mantuvo el andamiaje de varios medios kirchneristas, como ocurre hoy con el Grupo 23 de Szpolsky y Garfunkel donde sus trabajadores denuncian un verdadero vaciamiento y falta de pago de sus salarios. Hay que defender en estatuto del periodista, la libertad de conciencia y de organización sindical, defendiendo y extendiendo la elección de delegados votados por sus compañeros.
La lucha por las libertades democráticas, y en particular la libertad de prensa y expresión, y la pendiente democratización de los medios para que se escuchen verdaderamente todas las voces, se pone más que nunca a la orden del día.
La Izquierda Diario es un medio de expresión que está enteramente a disposición de esta pelea.

Martin Espinoza
@martinespi05

El “estilo Macri” empieza a generar los primeros anticuerpos

Sólo hace poco más de dos semanas que Mauricio Macri asumió el gobierno argentino y ya parece un siglo por todo lo que ocurrido en estos días. Aún tenemos frescas las imágenes de una Plaza de Mayo semi vacía o muy poco cubierta para lo que se acostumbra en ese emblemático sitio, este pasado 10 de diciembre, cuando el mundo entero pudo ver a través de la cobertura televisiva, no a un presidente y su vice pronunciando un discurso de grueso calado para explicar el “cambio” prometido, sino a un mediocre bailarín de música discotequera y a una mujer que lo acompañaba, desde una silla de ruedas, haciendo karaoke. Entre los dos, eso sí, divirtieron durante varios minutos a un grupo de fans y a un centenar de palomas que se achicharraban bajo el sol de aquella tarde.
A las pocas horas comenzaron las señales no por esperadas menos sorpresivas. Un gabinete integrado por ex directivos de multinacionales de renombre (de ésas que utiliza el Imperio para financiar sus aventuras guerreras en diversos sitios de la geografía mundial), sumado a algunos personajes ligados íntimamente a la dictadura militar del 76, y otro tanto de ex directivos de entidades sionistas que lograron arrimarse al fogón de Cambiemos. Por no faltar, el plantel gubernamental cuenta también con una ex militante de la Juventud Peronista de los 70, devenida hoy en ministra de Seguridad y entusiasta amiga de la embajada de Estados Unidos, y un ex militante comunista a cargo de la Agencia Oficial de Noticias, la TV pública y la Radio Nacional. Con semejante equipo era lógico que empezaran los decretazos, surgidos de las grandes obsesiones que rodean al nuevo mandatario. Más aún, teniendo en cuenta el receso parlamentario hasta marzo. Al mejor estilo de un gobierno de facto, Macri puso el pie en el acelerador con total impunidad. Por un lado, trató de colar con poco éxito a dos nuevos jueces para la Corte Suprema. Todo iba bien hasta que un colega de los recién nombrados, apeló al sentido común y mandó a parar. Sin embargo, no hubo oposición que valga para levantar las retenciones a los sectores del campo que se insubordinaron contra los Kirchner. Era el mensaje esperado para que las compañías cerealeras y los generales de los agronegocios se hicieran de un día para el otro con 3.700 millones de dólares. Una bicoca.
Enseguida, lanzó la embestida contra la ley de Medios, esa legislación que reemplazó a la que implantara la dictadura, y que en este caso fue forjada a través de cientos de asambleas y foros populares. Un texto impecable aunque con notorias demoras en la aplicación concreta por parte de la administración kirchnerista de la ahora intervenida Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Sin embargo, eso de ninguna manera puede significar que no se alcen todas las voces posibles para repudiar que el macrismo intente modificarla o lo que es peor, darla de baja. La intencionalidad es transparente: cercenar cualquier posibilidad de contar con medios realmente independientes, alternativos y de contrainformación, implantar la censura y un apagón informativo a fin de que el discurso único sirva para ocultar todas las tropelías que el gobierno está dispuesto a realizar.
Lo verdaderamente interesante es que cada una de las propuestas cercenadoras de la libre opinión o de profundización de las políticas neoliberales, está siendo respondida en la calle con pequeñas, medianas o grandes movilizaciones populares. Así, en estos días se han podido ver plazas repletas de ciudadanos deseosos de expresar sus ideas de oposición al autoritarismo macrista, Y sobre todo, se ha generado un fenómeno contestatario que abarca desde las redes sociales hasta el enfrentamiento abierto con las organizaciones de trabajadores que comienzan a padecer los efectos de la megadevaluación macrista. Entre ellos, los más perjudicados son los estatales, que ya se han lanzado a realizar un exitoso primer paro general, con multitudinaria marcha incluida.
Ahora bien, más allá de lo que opinen (como expresión de deseos) amplios sectores del kirchnerismo, que en la calle corean un pegadizo “a volver, vamos a volver”, mientras que no pocos apuntan sus cañones a las elecciones parlamentarias del 2017, es evidente que Macri piensa lo contrario y desearía prolongar su mandato por varios años. Más de cuatro, seguro. Que no lo logre dependerá de que se pueda mantener el clima de rechazo y hostigamiento que provocan en los sectores populares sus primeras medidas. Todo lo que se haga en ese sentido, es fundamental para el futuro de este gobierno PRO-norteamericano.
A su vez, desde la lógica presidencial y como contrapartida, la teoría del “palo y la zanahoria” dará mucho que hablar en los próximos meses. La zanahoria vendrá acompañada de intentos de cooptación y negociaciones con sectores políticos (el Partido Justicialista, entre ellos) y la conocidísima (por su manía de transar) burocracia sindical, aunque también intentarán ofrecerle espejitos de colores a algunas organizaciones sociales. Esos que ya han mordido el anzuelo y se autojustifican expresando que “es mejor negociar que sufrir más pérdidas”. O esos pocos funcionarios “progresistas” tentados a adscribirse en cargos del gabinete macrista. Para los que no comulguen con estas tesituras, siempre estará el palo, convertido en este caso en una idea fuerza: descargar toda la potencia del aparato represivo (a través de policías y gendarmes) como lo imagina la actual ministra Patricia Bullrich, mujer tatcheriana al fin, que ya ha amenazado con aplicar “mano dura” a los gestores de piquetes, cortes de rutas y afines.
Lo dicho: es importante no minimizar a esta experiencia gestada por el macrismo en Argentina (pero con notoria influencia en el marco regional) ya que si bien parece una aventura improvisada, todo indica que se trata de un plan que están dispuestos a cumplirlo al detalle. Es el desarrollismo del ex presidente Arturo Frondizi aggiornado al siglo XXI. Lograron la legitimidad por una vía poco frecuente para este tipo de gobiernos: mediante el sufragio y eso no es poco. Quienes se planteen arrebatársela, es importante que se preparen para que la calle se convierta en el escenario habitual de la batalla. Con la fuerza de los movimientos sociales, pero sin desmerecer para nada el concurso del movimiento obrero organizado. El 2016 será un año clave en esta contienda.

Carlos Aznárez
Resumen Latinoamericano

El gobierno disolvió la AFSCA y se propone anular la Ley de Medios

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que en los últimos años hubo "una guerra contra el periodismo" cuyo saldo "fue malo para todos, porque no hubo aumento en la cantidad de medios ni mayor conectividad ni acceso a celulares", y anunció que el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que "absorberá las funciones de la AFSCA y la AFTIC, que dejarán de existir" a partir del lunes. Anticipó, además, que se "sacarán los cepos a la industria (de las comunicaciones) para que hayan más inversiones" y confirmó que el oficialismo propondrá la creación de una comisión bicameral en el Congreso "con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones, que integre la Ley de Medios y la Ley de Tecnologías de la Comunicación" que, según el Gobierno, "solo sirvieron como armas de esa guerra" contra las empresas periodísticas.
"Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones", advirtió el jefe de ministros al anunciar la disolución por decreto de los dos organismos creados por leyes votadas por el Congreso Nacional.
A partir del lunes, el Enacom "regulará las comunicaciones", estará presidido por Miguel de Gogoy, el interventor del AFSCA y tendrá "representación parlamentaria", es decir que de él participarán todos los partidos políticos, aunque su directorio estará integrado por una mayoría designada por el Poder Ejecutivo.
Peña sostuvo que los organismos disueltos habían sido "colonizados por La Cámpora como herramientas políticas" en medio de "una guerra cuyo saldo fue malo para todos" y que es producto de "una argentina dividida". En el mismo sentido, acusó al gobierno de Cristina Kirchner de avanzar "contra el trabajo del periodismo y dividir (a los profesionales de los medios) entre buenos y malos", según su óptica.
Con la disolución de la AFSCA y la AFTIC finaliza también la intervención decretada la semana pasada que, para algunos especialistas, transgredió las leyes que avalaban la permanencia de sus autoridades por alrededor de dos años más. Según Peña, "quedó claro que el principal objeto" de esos organismos "no fue aplicar la Ley de Medios sino ser un arma contra el periodismo, uno de los objetivos del kirchnerismo". Tanto esa norma como la Ley de Telecomunicaciones "fueron pensadas con la misma lógica en el marco de otro capítulo de esa guerra" supuestamente abierta contra los medios, añadió.
Sobre la Ley de Medios también dijo que se trataba de una "ley del siglo XX" que no se adecuaba a la actualidad tecnológica y anunció que "se propondrá" la creación de una bicameral para que se discuta una nueva norma que reemplace esa ley que fue aprobada por el Congreso luego de ser consensuada durante más de dos años de debate que recorrió todo el país, y del que participaron especialistas, universidades, medios de comunicación alternativos y dueños de medios.
El decreto de Macri que disuelve la AFSCA y la AFTIC y propone anular la Ley de Medios incluye, según Peña, otro punto: "Sacar los cepos a la industria (de las comunicaciones) para que se pueda modificar y mejorar la necesidad de inversiones y que haya un contexto de competencia en el sector".
Durante la conferencia, Peña dijo que esas medidas se tomaron "con el mandato del presidente Macri" y en el marco de su política de "pobreza cero", y de "unir a los argentinos". "Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo, de un tiempo de confrontación y de pelea que ha sido inútil. Comienza una política pública de comunicación del siglo XXI para que todos accedan a un servicio mejor, hacia la modernidad", y tengan, entre otras cosas, "una mejor telefonía celular", concluyó.

Página/12

miércoles, 30 de diciembre de 2015

Masacre de Once: la lucha condenó a empresarios y funcionarios



Los miembros del Grupo Cirigliano, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi fueron hallados culpables de la muerte de 51 personas. Las penas fueron menores a lo pedido por las querellas, incluso algunos fueron absueltos. Por el momento, los condenados siguen libres.

Ayer, desde el mediodía, los tribunales de Retiro se llenaron de carteles. Todas las fotos de hombres y mujeres, levantadas por padres, madres, hermanos y amigos, estaban enmarcadas por una sola consigna: Justicia.
Poco después, pasadas las 16, el grueso de los familiares de las víctimas de la Masacre de Once miraba atento una pantalla gigante apostada en la puerta de Comodoro Py, mientras un grupo reducido se acomodaba en la sala de audiencias para presenciar la lectura de la sentencia.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini, dictaron un fallo unánime. La mayoría de los acusados, 28 en total, fueron condenados por “administración fraudulenta de la administración pública” y “estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas, más una por nacer, y lesiones en 789 personas”.

Los condenados

La pena más alta, de 9 años de prisión, fue para Sergio Cirigliano, uno de los dueños de TBA, la concesionaria que manejó durante años la Línea Sarmiento. Roque Cirigliano, otro miembro de la familia empresaria, recibió 5 años de condena.
También se condenó a otros directivos de TBA. Marcelo Calderón y Jorge Álvarez recibieron 8 años; Sergio Tempone 7; Carlo Ferrari, Jorge De los Reyes y Carlos Pont Vergés 6; Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo D’Abegnino, Francisco Pafumi y Antonio Suárez 5 años; Pedro Rainieri, Oscar Gariboglio, José Portas y Alejandro Lopardo 4; y Daniel Lodola 3 años.
Del lado de los funcionarios, los dos exsecretarios de Transporte del gobierno de Cristina Fernández, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, también fueron condenados por administración fraudulenta y estrago culposo. Jaime recibió 6 años y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Schiavi (quien ocupaba el cargo al momento de la masacre) recibió una pena de 8 años y también inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Un dato relevante es que todos los condenados seguirán libres. “Hasta que no quede firme la sentencia no va a quedar nadie detenido”, explicó el fiscal del juicio Fernando Arrigo. Sin embargo el mismo fiscal anunció que hoy pedirá la detención inmediata de Jaime, ya que considera que podría fugarse por su “poderío económico y contactos en el exterior”. A su vez, y por la misma razón, pedirá la detención de Claudio Cirigliano y Francisco Pafumi.
El tribunal también condenó a Marcos Córdoba, el maquinista que conducía aquella mañana el tren chapa 16. La pena fue de 3 años y 6 meses y una inhabilitación por 7 años para conducir transporte público. Se lo condenó por “estrago culposo”.

Los absueltos

Para los jueces algunos miembros del Grupo Cirigliano y algunos exfuncionarios no fueron culpables.
Los directivos de TBA Mario Cirigliano, Carlos Lluch, Daniel Rubio, Luis Alberto Ninoná y Miguel Werba fueron absueltos, como si no formaran parte del mismo entramado que sus socios.
Los dos extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro también quedaron libres de culpa y cargo. Es decir que se exculpó nada menos que a los funcionarios que tenían la responsabilidad de controlar los manejos que los empresarios hacían del servicio público ferroviario.
Y uno de los culpables que ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados fue Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal que estaba por encima de Jaime y Schiavi. Él decidía, en definitiva, los montos y las formas de los negociados que el Estado realizaba con el Grupo Cirigliano. Eso quedó demostrado en el juicio y de hecho en la sentencia de ayer los jueces pidieron que se investigue si tuvo responsabilidad en el accidente.

Mezcla se bronca y satisfacción

Apenas conocido el fallo, los familiares de las víctimas y varios sobrevivientes manifestaron sus sensaciones.
“No estoy conforme, es una vergüenza. ¿Siete años de cárcel es lo que sale destruir tantas familias? (…) Una persona que afana y es ministro tendría que estar preso de por vida por asesinar 51 personas y un bebé. Desde Cristina para abajo son todos responsables”, dijo ante las cámaras desde la puerta de los tribunales una sobreviviente que esa mañana viajaba en el tercer vagón del tren. No fue la única en manifestar idignación y un sabor amargo.
La bronca por penas que no conforman, y por absoluciones que no se comprenden, se mezclaba con la satisfacción de haber luchado hasta lo último para lograr, primero, que se sienten en banquillo empresarios y funcionarios y, después, para que se logre condenarlos.
“La lucha todavía no terminó. Lo hará el día en que los condenados queden tras las rejas”, repitieron durante toda la tarde Paolo Menghini y María Luján Rey, los padres de Lucas, el joven muerto en el tren que fue hallado tres días después del accidente. Ellos fueron de los más activos denunciantes desde el primer día y quienes encabezaron una de las querellas.
María Luján Rey agregó que, personalmente, cree que “se hizo justicia. Escuchamos un fallo condenatorio e histórico como lo esperábamos. Los familiares estamos orgullosos del camino que recorrimos hasta acá. Entendemos que eso nos permitió decir que hoy se hizo justicia”.
Vale recordar que la querella del grupo de familiares encabezados por Luján Rey y Menghini habían solicitado penas muy superiores a las finalmente conseguidas. Por caso, para Jaime y Schiavi el pedido fue de 15 años de prisión, para Sergio Cirigliano de 18 años y para el resto, incluyendo a quienes fueron absueltos, solicitaron penas de entre 10 y 16 años.

“Se llegó hasta acá por la lucha persistente”

Como lo hicieron en estos casi cuatro años de lucha, muchas personas se acercaron a Comodoro Py a acompañar a sobrevivientes y familiares y presenciar la sentencia. Desde trabajadores ferroviarios hasta referentes de la lucha por los derechos humanos y dirigentes políticos.
La diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó que “sin dudas la sentencia es histórica, sobre todo porque se logró llevar a juicio y condenar a los empresarios y parte de los funcionarios como responsables de una masacre social, cosa que aunque todos sepamos que lo son el Código Penal no está hecho para ellos. Por eso se llegó a penas de 6 u 8 años para quienes con su acción consciente llevaron a la muerte a más de 50 personas y provocaron heridas terribles a casi 800 más”.
Bregman, abogada de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, recordó que “la querella de la familia Menghini Rey pidió penas más altas que las que finalmente se aplicaron, así como no acusaron al maquinista. En ese punto queda en evidencia el carácter de clase de este poder judicial, es un aspecto reaccionario de esta sentencia. Responsables son los empresarios y funcionarios, ellos provocaron la masacre, quienes se llenaron los bolsillos durante años imponiendo a Córdoba y al resto de los ferroviarios condiciones de trabajo y de servicio que se transformaron en un peligro permanente, que llevó a esta masacre”.
Por su parte, el legislador porteño Patricio del Corro dijo que “como lo hicimos en todos estos años, desde el PTS y el Frente de Izquierda no podíamos estar ausentes en esta jornada, acompañanando a tantas trabajadoras y trabajadores que sufrieron en carne propia las consecuencias de esta masacre o que directamente perdieron a sus seres queridos”.
Sobre la sentencia, Del Corro agregó que “como dice Myriam, este fallo es histórico, pero sobre todo porque es el producto de la lucha tenaz y persistente de tantos familiares y sobrevivientes, que sobreponiéndose a todos los métodos utilizados por los empresarios y por el propio Estado para acallarlos, lograron que el juicio se mantuviera y se llegara hasta acá”.

Impunidad estructural

La sentencia de ayer dejó en evidencia los niveles de corrupción y desidia estatal-empresaria que, recurrentemente, llevan a la muerte a franjas numerosas del pueblo trabajador. Sólo a modo de ejemplo, vale recordar que hoy, mientras se cumple un nuevo aniversario de Cromañón, asistimos al drama de las inundaciones en el Litoral donde murieron dos personas y siguen impunes las decenas de muertes de las inundaciones de La Plata de 2013.
Ayer el Poder Judicial condenó a exfuncionarios de un gobierno que ya no está y a empresarios decadentes acostumbrados a vaciar y matar sin empacho. Pero demasiado lejos se está de haber dado vuelta la página de la impunidad ante los reiterados crímenes sociales cometidos en las últimas décadas.
Si en el juicio por la Masacre de Once las condenas a empresarios y funcionarios se consiguieron con la lucha, entonces habrá que redoblar la lucha, independiente, para arrancarle al poder empresario y estatal las muchas condenas que faltan.

Daniel Satur
@saturnetroc

Entrevista al economista político Julio Gambina

"La apuesta que está haciendo Macri para que vengan capitales de afuera ocurre en un momento que está aumentando la tasa de interés en Estados Unidos"

-M.H.: Julio, me preguntaba si te imaginarías a Maduro pidiendo la libertad de De la Rúa. Con la diferencia que De la Rúa no está preso y Leopoldo López sí.
Ya empezó a desarrollarse el juego, se están desplegando las piezas y podríamos ir delineando a qué apunta el plan económico de Mauricio Macri y su equipo. Por ejemplo, durante los años ´70 Marcelo Diamand sostenía que la devaluación no genera per se dinamismo en las exportaciones y también hay que tener en cuenta que los precios internacionales no dependen de las medidas que se tomen localmente. Se puede dar incluso que con cantidades exportadas constantes, la medida de devaluar en función de la caída de los precios internacionales no logra aumentar en términos absolutos el ingreso de dólares. Entonces, la primera pregunta que te quiero plantear es, de ser cierto esto que acabo de manifestar, ¿cuál sería la principal consecuencia de la devaluación que ha llevado adelante el actual gobierno?
-J.G.: Más que las consecuencias hablemos de cuál es el objetivo, porque si el objetivo no es incrementar la competitividad de las exportaciones, que como bien decís no dependen del tipo de cambio sino que las exportaciones argentinas, básicamente la soja como gran producto de exportación, no depende del tipo de cambio.
La Argentina ha sido muy exitosa en la exportación de soja en los últimos años y decían que el dólar estaba atrasado, la devaluación no está hecha para inducir mayores exportaciones, no hay un sector industrial fuertemente exportador. Las exportaciones de autos que son muy importantes, entre el 70 y el 75% de autos que se ensamblan en Argentina se exportan principalmente a Brasil, no se exportan porque hubiera un tipo de cambio atrasado sino que está muy vinculado al proceso recesivo y de desaceleración de la economía que se vive en Brasil.
La devaluación no genera mejores condiciones para competir con otras producciones de otros países. Uso como ejemplo el automotriz porque es el sector industrial más importante en Argentina y que le agrega mucho a nuestras exportaciones. La devaluación es solamente un mecanismo para incrementar la rentabilidad de los exportadores, no es un tema de competitividad, como sí puede haberlo sido en 2001. Quiero evidenciar que la devaluación del 2002 generó condiciones para la producción local orientada al mercado interno que desplazó a unas fuertísimas importaciones que venían sobre la Argentina. Inclusive hoy, conversando con compañeros a propósito del conflicto de Cresta Roja, de las posibilidades de las cooperativas, de las empresas recuperadas, recordábamos que muchas, sobre todo las del sector productivo, las fabriles, tuvieron la potencialidad o la condición de posibilidad después de la devaluación que les permitió poder intervenir en condiciones adecuadas en el mercado interno y que motivó que al tiempo los ex propietarios intentaran recuperar las empresas. Quizás el ejemplo más claro es el Hotel Bauen, ubicado en Callao y Corrientes que con el valor que tiene la tierra y una construcción ubicada allí, para un hotel que era de lujo en su momento, cuando se dan las condiciones macroeconómicas para funcionar es demandado por empresarios que en su momento lo abandonaron porque no había condiciones macroeconómicas que luego le dio la devaluación.
Esta devaluación de ahora lo que da es rentabilidad al sector agroexportador en primer lugar y también al sector industrial exportador, entre ellos el automotriz. En el caso del agro hay una doble vía de mejora de la rentabilidad, por un lado, por la eliminación de las retenciones a la mayoría de los cultivos y la disminución, que por ahora es del 5% pero se entiende que será progresiva, respecto de las exportaciones de soja. La combinación de eliminación de retenciones, que no aplican para mejorar el precio del productor sino que es un beneficio que prácticamente se acumula en la parte final de los sectores que concentran la exportación, en el último tramo de la comercialización que es la exportación.
De ninguna manera la disminución o eliminación de retenciones se traslada como precio total al productor en origen, sino en el camino intermedio, sobre todo en los grandes acopiadores y exportadores, que asociados a quienes manejan el paquete tecnológico, son los grandes beneficiarios del proceso de eliminación de retenciones como una reivindicación histórica planteada desde 2008 hasta ahora. En ese plano la devaluación interviene en seguir mejorando las condiciones del precio internacional, sobre todo para compensar la disminución del precio que provoca la liquidación de soja en Argentina.
Esta es una curiosidad, el gobierno anterior y el actual indujeron a que los que tenían los granos en los silobolsas los liquidaran, pero esa mayor oferta de soja en el mercado mundial hace bajar el precio de la soja. Hay que entender que la soja es un commodity, quiere decir que es un producto cuyo precio se fija internacionalmente, en el caso de la soja en el mercado de Chicago. Cuando se estudia cuál es la oferta y la demanda, la baja de retenciones en la Argentina y la devaluación indujeron a que iba a haber una sobre oferta de soja en el mercado mundial y eso contribuye a disminuir el precio. Del mismo modo que otros procesos de tipo climáticos o económicos que restringen la colocación de soja en el mercado mundial, inducen a un aumento del precio mundial del commodity, pero por esa tendencia a la baja del precio de la soja, los grandes exportadores exigían la eliminación y/o baja de retenciones y una devaluación que interviene en la rentabilidad empresaria. De hecho el cálculo que se hace es de una transferencia de recursos de unos 30.000 millones de pesos que van al sector agroexportador producto de la combinación de estas medidas, que se ponen en tensión con algo más de 3.000 millones de pesos que tiene de costo social este bono navideño de fin de año que anunció el gobierno de Macri el día de ayer.
-M.H.: De 400 pesos.
-J.G.: Para cada uno de los planes de asignación, que para muchas de las familias numerosas muy empobrecidas, la cifra no son solo 400 pesos sino mucho más. Aunque sea poco, macroeconómicamente y comparando con lo que representa la transferencia para el sector agroexportador, para algunas familias es una suma interesante. Incluso para alguien que recibe solo 400 pesos y aunque más de uno diga que son apenas 2 o 3 kilos de carne, para personas en situación muy deteriorada por su baja capacidad de compra por bajos ingresos, no deja de ser un compensatorio que motiva en algunos casos el criticar la medida por insuficiente, pero al mismo tiempo valorarla. Como muchas veces hemos comentado, cada vez que se hace un ajuste a los jubilados se protesta, pero al mismo tiempo cualquier compensación por transitoria que sea a nivel individual es analizada como un paso adelante porque permite resolver algunas cuestiones menores.
-M.H.: Señalabas que la devaluación de alguna manera había favorecido a los sectores exportadores. El gobierno anuncia otra serie de medidas, no solamente retenciones y devaluación, que afectan a los sectores que viven de ingresos fijos como, por ejemplo, los anuncios respecto de los subsidios.

El gobierno Macri desde el inicio ha planteado solucionar todos los problemas tomando deuda

-J.G.: Mucho de eso, todavía es un anuncio. Obviamente, va a afectar a los sectores de ingresos fijos y dentro de ellos a los de menores ingresos fijos. Te comento otra medida que posibilitó las anteriores, que es el mayor endeudamiento público de la Argentina, muchos comentan, cuando el Ministro de Economía anuncia que van al mercado libre de cambio y cuando dice que el dólar va a valer lo que el mercado diga, anuncia que están tramitando en el mercado mundial entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, y hace unos días se anunció un acuerdo con el BID de 5.000 millones de dólares en 4 años. El último día del gobierno anterior se publicó en el Boletín Oficial que el nuevo endeudamiento externo de la Argentina era de 18.500 millones de dólares, algo que se podría haber dicho antes del 22 de noviembre, antes de las elecciones de octubre, antes de las PASO, pero se eligió el último día para explicitar que el gobierno anterior que hablaba de desendeudamiento, lo que había hecho era profundizar el endeudamiento público de la Argentina.
Una cifra similar a la que inaugura el gobierno Macri. Kicillof dice que han endeudado a la Argentina en 18.500 millones de dólares este año y Alfonso Prat Gay dice que están solicitando préstamos a los bancos por 15.000 a 20.000 millones de dólares. Hay que hacerse cargo que tanto los 18.500 del anterior como lo que obtenga el gobierno actual, son alrededor de 37.000 millones de dólares de nueva deuda que cuando venza habrá que pagarla.
Hoy el Banco Central anunció que convirtieron moneda china a dólares, lo que supone un endeudamiento con China por 3.000 millones de dólares, a pesar de que durante la campaña electoral muchos economistas del PRO decían que no eran reservas del Banco Central. Lo que quiero transmitir es que la deuda hay que pagarla y esa deuda termina descargándose en el pueblo argentino vía presupuesto, quiere decir que cuando demandamos un bono resarcitorio de fin de año, como estamos haciendo hoy, esa demanda compite con el compromiso público del pago de deuda y si el gobierno anterior privilegiaba el pago de deuda, yo no tengo duda de que el de Macri va a ser más pagador serial que el anterior al punto que el negociador en Estados Unidos de la sentencia del Juez Griesa, avalando la demanda de los fondos buitre, acaba de anunciar que ya empezaron formalmente las negociaciones con el gabinete argentino y que se espera que en el corto plazo se plantee algún tipo de acuerdo, y eso significa que la Argentina pague las deudas.
Yo llamo la atención que el gobierno que se fue no solo nos endeudaba sino que había empezado a reendeudarse para reinstalarse en el sistema financiero mundial y que China colaboró en ese camino, como se verifica ahora con la operación del Banco Central.
El gobierno Macri desde el inicio ha planteado solucionar todos los problemas con deuda, y no sólo externa. Apenas asumieron los gobernadores, destacando a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y la de Santa Cruz, María Eugenia Vidal y Alicia Kirchner, dijeron que sus provincias estaban quebradas por los gobiernos anteriores, ambas reclamaron ayuda a la Nación, que se “comprometió” a ayudar, que significa otorgar préstamos de Nación a Provincia, es decir, que las provincias tendrán que devolver alguna vez esos créditos ajuste mediante, porque la condición del préstamo es que las gobernaciones hagan viables el presupuesto de ingresos de cada una de las provincias. Admiten que recibieron administraciones quebradas, pero piden un planteo de achicamiento de gastos y aumento de los ingresos, para resolver la crisis fiscal de las provincias y devolverle a la Nación esos préstamos, con lo cual el gobierno Macri empieza, además de lo mencionado, con un aumento del endeudamiento público interno y externo, que reitera que el endeudamiento es un fortísimo condicionamiento de la política económica en Argentina y privilegia a los acreedores de la deuda pública ante cualquier tipo de acreedor social.
-M.H.: Con el agravante de que el endeudamiento termina financiando la fuga de capitales, sobre todo ahora que han eliminado toda restricción y regulación al movimiento internacional de capitales. Lo que significa un peligro conociendo el movimiento normal de la burguesía capitalista en la Argentina.

Todo lo que contribuya a deteriorar al gobierno bolivariano, es un tema muy requerido por el capital concentrado a escala mundial

-J.G.: Vos bien decías al comienzo que se le está notando la pata a la sota y señalabas el tema de la reacción de Macri con Venezuela, una vez más vamos a decir que no se puede separar economía y política y creo que Macri lo que está haciendo es una fuerte intervención política en el escenario mundial, le está hablando al mundo más allá de la viabilidad o posibilidad de éxito de sus propuestas, está mandando primero el mensaje de que vamos a ejercer la cláusula democrática en el Mercosur, un efecto de campaña en Argentina y en el mundo, después no lo ejerció porque era una tontería, pero en política vale, muchas veces se dicen cosas que no funcionan pero que colectan votos para ganar elecciones y votos en el sistema mundial en la disputa geopolítica que hay en América Latina. El discurso que hizo en el Mercosur, que no tiene mucha validez ni respaldo, demandando por los llamados “presos políticos”, que están presos en Venezuela por cuestiones con la justicia venezolana, y que tendrá en todo caso que discutir la organización jurídica de ese país, aunque su reivindicación no tuvo eco en los países de la región, el valor que tiene es poder ser escuchado en los ámbitos de poder mundial, fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos, en segundo lugar los organismos financieros internacionales y, principalmente, los fortísimos intereses del capital trasnacional para hacerse del petróleo venezolano.
Todo lo que contribuya a deteriorar las condiciones del gobierno bolivariano en Venezuela, más allá de cualquier evaluación que se haga de lo que pasa en Venezuela, es un tema muy requerido del capital concentrado a escala mundial. Hay que pensar en Medio Oriente, en la situación que se da allí, en la disputa por el petróleo mundial, hacerse del petróleo venezolano es algo muy importante. Por eso la canciller de Macri, que viene del riñón de funcionarios en Naciones Unidas, planteó en su primera intervención que el ALCA no es mala palabra y nosotros recordamos que en el 2005 dijimos en Mar del Plata “ALCA al carajo”.
En el discurso de asunción Macri planteó que la definición del Mercosur debería ser trabar relaciones con la Alianza del Pacífico, orientarse más a los proyectos políticos y económicos de la región que son amigables con Estados Unidos, como México, Colombia, Perú, Chile y además planteó que el Mercosur debe acelerar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
Entonces, no nos debe sorprender que su gobierno sea amigable a los procesos de liberalización económica, entre los que está el que mencionás que tiene que ver con la fuga de capitales que es un mecanismo muy demandado en este tiempo de trasnacionalización de la economía mundial liderada por grandes corporaciones que ponen en el centro de la demanda la libre circulación de capitales. Con solo pensar en lo que hizo Repsol 10 años al frente de YPF, remitir 13.000 millones de dólares para relocalizar la producción en otros territorios, especialmente África, no solo llevar dinero a su país de origen sino pensar cuáles son los territorios del planeta donde mejor se hacen negocios y mejor se invierten capitales, por eso los capitales transnacionales piden libertad de mercado, libertad de circulación de capitales. La fuga de capitales que mencionás, ya sea por vía especulativa o por la remesa de utilidades al exterior es parte del programa principal que demanda el capital transnacional a escala mundial.
El gobierno Macri está generando una respuesta por ahora política, no tanto económica, habrá que ver si esto se materializa en inversiones, en préstamos, en apuestas a invertir en Argentina cuando los capitales se están retirando de América Latina y del sur del mundo. Estados Unidos ha aumentado la tasa de interés después de 8 años de no hacerlo, es un gran acontecimiento en la lógica del capitalismo mundial contemporáneo. Se está hablando que no en la próxima reunión de la Reserva Federal, pero sí en la siguiente, podrá seguir aumentando la tasa de interés, cuando eso sucede hace que los capitales excedentes del mundo se vayan a Estados Unidos porque es más seguro que invertir en Brasil, México o Argentina.
Entonces, las apuestas que está haciendo Macri para que vengan capitales de afuera, puede que ocurra en un momento en el que los capitales no están buscando rentabilidad en países emergentes, sino que el flujo de capitales está buscando la seguridad que ofrece Estados Unidos, ante la continuidad de la crisis mundial del capitalismo. Por lo tanto, puede que no quieran arriesgarse a la inestabilidad argentina, sobre todo cuando está por verse que el gobierno consolide el consenso electoral en consenso político, porque una cosa es ganar las elecciones donde muchos votantes críticos a Cristina Kirchner votaron por Macri para terminar con su gobierno, a que ese consenso se convierta en consenso político.
Por eso tampoco hay que sorprenderse de otro conjunto de medidas que está tomando el gobierno Macri como para intentar compensar, de una manera muy débil por supuesto. Por eso decíamos: 30.000 millones en la transferencia por la devaluación y quita de retenciones y apenas un 10% la compensación a una parte muy importante de la población que son los jubilados, los planes sociales o, por ejemplo, reprimieron a los trabajadores de Cresta Roja, al mismo tiempo que el Ministro de Trabajo recibió a los delegados manifestando algunas respuestas que seguramente se estarán analizando en la asamblea de Cresta Roja, para mejorar los ingresos y plantear algún tipo de colaboración con la justicia. Es decir, por un lado son palos y represión que típicamente acompaña a la política de ajuste y, al mismo tiempo, cierta respuesta compensatoria a los trabajadores. Algo de esto es lo que vamos a ir viendo como mecanismo de ganar consenso político, por eso es tan importante que avancen las movilizaciones en distintas partes del país, normalmente suceden en Buenos Aires porque es donde están los medios que generan agenda para el resto del país, pero ha habido miles de trabajadores movilizados en el resto del país, en Neuquén, en Rosario, etc. Es importante que se ponga de manifiesto que a días de inaugurado el gobierno, hay respuestas que a lo mejor no son todavía lo suficientemente extendidas porque hay una parte de la sociedad, que ante los procesos de cambio siempre mira con expectativas a ver qué puede acontecer, pero creo que la lectura política es que el gobierno quiere cambiar ese consenso por ahora electoral en uno político, lo que le significó a Kirchner pasar del 23% de la votación a lograr en 4 años el 45% y en 8 el 54%. No digo que se vaya a repetir del mismo modo porque son distintos en todos sentidos.
-M.H.: Pero se apunta a eso.

El gobierno Macri intenta mostrar algunas formas de diálogo político al mismo tiempo que reprime

-J.G.: Todo gobierno quiere gobernar con consenso, hasta el más reaccionario genera una política para lograr que la gente consensue, a veces lo hace por mecanismos ideológicos y otras veces con el garrote, la dictadura militar nos da ese ejemplo claro, de cómo la coerción se manejaba con mecanismos de disputa de consenso ideológico, desde Neustad y Grondona en su programa intentando convencer a la sociedad de que hacían falta las privatizaciones, como el trabajo ideológico de la dictadura que fructificó en el gobierno constitucional de los ´90 y hoy el gobierno Macri intenta mostrar algunas formas de diálogo político al mismo tiempo que hay represión. En un mismo día reprime a trabajadores en conflicto y el Ministro de Trabajo recibe a delegados del conflicto tratando de generar una negociación; coerción y consenso en el mismo caso para poner en evidencia los objetivos políticos.
El miércoles pasado inauguramos desde el Instituto de Formación de CTA Autónoma, el debate sobre el pensamiento crítico para constituir una agenda federal, en 5 lugares del país, Córdoba, Rosario, Comodoro Rivadavia, San Luis y Capital, conectados por internet, generando un debate muy importante con una convicción: este tiempo, con el cambio político en Argentina y lo que acontece en América Latina es para pensar cómo construir una contra ofensiva del movimiento popular. Empezó muy bien, te extrañamos porque no pudiste venir pero seguramente te sumarás a la agenda que estamos preparando para 2016.

Mario Hernandez

¿Somos un país libre e independiente?

Algunos temas para el debate

Particularmente en las últimas décadas se ha intensificado a nivel mundial una considerable internacionalización de la economía, hegemonizada por el capital financiero, llevándonos en la actualidad a una mayor atraso y miseria para los pueblos, con ricos cada vez más ricos, y colocándonos al borde una tercera guerra mundial, por los conflictos interimperialistas que apuntan a quedarse con las riquezas de regiones como el Medio Oriente, también de importancia geopolítica.
Es en este contexto histórico en el que hay que tratar colectivamente de reelaborar el análisis de la realidad económica, política y social de nuestro país, que en principio considero que somos un país capitalista dependiente, o neocolonial, que sufre desde hace años un avance en la concentración y extranjerización de la economía, en especial desde la última dictadura cívico militar, con su continuidad durante el kirchnerismo.
Como breve ejemplo, de las 500 empresa más importantes del país, el 75% son de capital extranjero. Y de las 200 empresas líderes, 115 también son extranjeras.
En consecuencia, y como es conocido, aquellos que manejan los hilos de la economía, manejan los hilos de la política, por lo que son las multinacionales, el poder real, los que eligen previamente a los principales candidatos a las elecciones, no el pueblo, y los financian, junto con el narcotráfico que en los últimos años ha penetrado como nunca antes.
Establecieron a la vez la característica fundamental de nuestra estructura económica, que es esencialmente agrosojera, minera, exportadora. Trasnacionales como la Barry Gold, con muy buenas relaciones con Cristina, se siguen apoderando de nuestra riqueza minera, practicamente no pagando impuestos, destruyendo la naturaleza y privando a la población de un derecho humano como el agua, destacándose las importantes luchas del pueblo de Famatina y de otras ciudades.
La petrolera Chevrón firmó hace poco tiempo un acuerdo con el actual gobierno, cuyos puntos se desconocen, pues hay "cláusulas secretas", pero ya se han apoderado de importantes extensiones de tierras en el sur del país, no sin luchas de los pueblos originarios, otra vez saqueados. A esto hay que sumarle el constante robo de sus tierras efectuado por la "patria sojera", y contaminadora, contando con la complicidad de las autoridades nacionales y provinciales.
Por otra parte, una omisión que suele darse en varios analistas políticos, es no tener en cuenta la dialéctica del garrote y la zanahoria, que utilizan históricamente las potencias imperialistas. Cuando está en serio riesgo su dominación por el crecimiento de las luchas populares, emplean el garrote del golpe y el terrorismo de estado. Pero cuando esta situación se hace insostenible, porque aumenta la indignación popular cosechando cada vez más reacciones de repudio general, apelan a la zanahoria de gobiernos con ropaje de "progresistas", cediendo en algo para así mantener su hegemonía política.
Paralelamente y con mucha habilidad, predicando la "teoria del mal menor", el posibilismo y la resignación, lograron estructurar en esta etapa una forma de bipartidismo, a la manera de EE.UU. (demócratas y republicanos), con la falsa opción de o kirschnerismo o macrismo. En estas cuestiones tácticas tenemos que aprender hasta del enemigo, no siendo dogmáticos, esquemáticos, sino creativos, teniendo en cuenta la realidad siempre en movimiento y cambio, a la manera de Mariátegui y el Che.
De modo tal que ambos candidatos, Scioli o Macri, ahora nada menos que presidente, expresan la dominación del capital financiero internacional, los dueños del mundo. Por lo tanto, nos encontramos ante una continuidad, aunque con profundización de medidas antipopulares y antinacionales, por el aceleramiento de la crisis capitalista mundial y local.
Toda este grave panorama, que sin duda será acompañado de fuertes medidas represivas (no olvidar la existencia de la ley antiterrorista), determina que lo fundamental y decisivo para nuestra nación, y para Nuestra América, no es un voto o un diputado más o menos, sino la imprescindible construcción unitaria, sin hegemonismos o sectarismos y en base a un programa acordado en comun, a todo nivel y especialmente desde los cimientos (empresas, barrios, centros estudiantiles, campesinado pobres y pueblos originarios, movimientos ambientalistas, feministas, etc), de un fuerte bloque de poder de los trabajadores y demas organizaciones sociales en lucha por la liberacion nacional y social, socialista.
Toda esta difícil pero ineludible tarea, solo será posible si conjuntamente desarrollamos una verdadera "batalla de ideas", o sea un amplio y masivo trabajo ideológico y político de concientización, entendiendo que no se puede separar la teoría de la práctica, el pensamiento de la acción. Aquí vale recordar la frase de Lenin cuando nos decía que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. En concreto, no hay revolución. Reconozcamos que nuestros errores no fueron por mucho marxismo, sino por alejamiento o no profundizacion del marxismo, crítico y creativo. Luchar y estudiar, estudiar y luchar, por la utopia realizable de un mundo mejor, más justo, mas igualitario, mas solidario, en definitiva más humano.

Horacio Rovito

martes, 29 de diciembre de 2015

María Eugenia Vidal, la mujer que ya no sonríe



La gobernadora atraviesa la primera crisis de su gestión. La fuga de los responsables del triple crimen de General Rodríguez pone en escena la descomposición del aparato penitenciario y las fuerzas de seguridad bonaerense.

Los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci se fugaron de un penal que, en los papeles, estaba catalogado como de “máxima seguridad”. Las horas siguientes y las cámaras de televisión mostraron que la etiqueta le quedaba grande, o que es igual de “seguro” para todos, aunque algunos sean más iguales que otros.
Pero la “huida” abrió la primera crisis política en el gobierno de María Eugenia Vidal, con repercusiones incluso al interior de la coalición Cambiemos. Solo semanas nos separaran de aquellas fotos donde la mandataria provincial sonreía gustosa. Por estas horas ya nadie sonríe en la administración que tiene su sede en La Plata.
En la conferencia de prensa que brindó este lunes, la misma gobernadora afirmó que la fuga contó, necesariamente, con la complicidad de sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense y responsabilizó a las autoridades que vienen de la administración anterior que ella no confirmó, pero tampoco había reemplazado. Una declaración que pinta de cuerpo entero, una temprana crisis de autoridad del Ejecutivo provincial.

Un aparato “descontrolado”

“No va a ser lo único que pasemos” disparó Vidal en la conferencia. Esto es el resultado de decidir “enfrentar la corrupción y el narcotráfico”, afirmó allí mismo.
La corrupción y el narcotráfico fueron los “enemigos” señalados. Pero la crisis está poniendo de manifiesto el relativo nivel de autonomía y descomposición del aparato represivo bonaerense en su conjunto y del SPB en particular. Un aparato que teje todo tipo de vínculos con negociados ilegales como el narcotráfico, los desarmaderos, el robo y las redes de trata, por citar solo algunos ejemplos. Una de las hipótesis, que circula por estas horas, sostiene que el intento de limitar ese “autogobierno” del SPB estaría detrás de este “mensaje”.
Junto a esto, también parece empezar a evidenciarse el problema que tiene el PRO para conformar una administración claramente afín en el enorme ámbito del Estado provincial y las debilidades políticas con las que asumió. De allí que todavía una parte de quienes estuvieron en la gestión Scioli sigan en sus tareas. Ese “continuismo” ya fue señalado por Horacio Verbitsky el pasado domingo, quien afirmaba que “habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa”.
Dando cuenta de esta situación, el sitio La Política Online consigna que “el escándalo por la fuga (…) dejó al descubierto las dificultades que enfrenta María Eugenia Vidal para ocupar con gente de confianza e idónea los cargos críticos de la provincia de Buenos Aires”.
En el trasfondo de esa crisis, el PRO rechaza otorgarle parte de esos cargos a la UCR, lo que explicaría su silencio -valga la redundancia- “radical”, ante esta crisis.
Los diputados y senadores provinciales del FpV realizaron una conferencia de prensa, en la cual se comprometieron a apoyar la emergencia en el Servicio Penitenciario, pero piden un informe ampliado y exigen que el nuevo ministro de Justicia vaya a rendir cuentas a la Legislatura.
El kirchnerismo de conjunto aprovechó la crisis para pasar factura al PRO y Aníbal Fernández en particular para “vengar” la operación política que se hizo durante la campaña electoral con la denuncia que lo vinculó al nunca esclarecido tráfico de efedrina.
Sobre un hecho gravísimo, la fuga de tres responsables de un asesinato mafioso, vinculados a sectores de las fuerzas de seguridad; se montó una “batalla” de politiquería de los responsables de esta situación.
La designación del nuevo titular del SPB no hace más que confirmar el continuismo. Se trata de Fernando Díaz, quien fuera titular del SPB bajo el gobierno de Felipe Solá y, posteriormente, ocupó el cargo de subjefe del Servicio Penitenciario Federal. En su momento fue cuestionado por las violaciones a los derechos humanos en las cárceles.

¿Cambiemos?

El SPB venía estando en el centro de las críticas por parte de un importante sector del progresismo que acompaño al gobierno kirchnerista. Bajo la órbita del ministerio de Justicia provincial y de Ricardo Casal, era cuestionado por las denuncias de torturas en las cárceles y por las recurrentes muertes ocurridas en las mismas. Su reemplazante en ese Ministerio no tiene nada que envidiarle a su antecesor. Su prontuario indica que los derechos de las personas recluidas no son, precisamente, una prioridad. Carlos Mahíques, como juez, había rechazado en 2006 un hábeas corpus colectivo presentado contra las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales. Esto ocurría mientras la Corte Suprema hacía lugar al mismo.

La “maldita” Policía

La Bonaerense y el SPB son, tal vez, paradigmas de un aparato represivo cuasi “autónomo”.
La Bonaerense, desde el retorno del régimen democrático, ha sido objetivo de sucesivas purgas, que incluyeron a sus cúpulas. Esos cambios se evidenciaron completamente impotentes para proceder a una verdadera “limpieza” de un aparato ligado por mil lazos a los negocios ilegales.
Hasta el día de hoy, en sus filas revisten miles de represores que actuaron durante la última dictadura militar. Su historia reciente muestra el marcado “hábito” del gatillo fácil. Las acusaciones de tortura y muertes en comisarías son una constante. El caso del joven Luciano Arruga, muerto por negarse a robar para la Policía, sirve de ejemplo de esa descomposición. No se trata, agreguemos, de un patrimonio de la “maldita Bonaerense”. Los ejemplos de Santa Fe y Córdoba ilustran también la descomposición completa del aparato represivo.
El Servicio Penitenciario evidencia a cada momento su carácter clasista. Un sistema que llena las cárceles de hijos del pueblo trabajador y los sectores populares, mientras se convierte en una verdadera “puerta giratoria” para empresarios y sectores ligados a los mismos o a la industria del narcotráfico. La fuga de los acusados del triple crimen lo evidencia mejor que nada.
María Eugenia Vidal anunció ayer el reforzamiento de ese aparato, aumentando el número de cárceles y el presupuesto para represión. Habló en su intervención de limitar el hacinamiento. Un toque de “humanitarismo” para justificar convertir la provincia en una sola celda.
Pero el SPB y el conjunto del sistema carcelario no pueden ser reformados, como ya lo evidenciaron las impotentes purgas llevadas a cabo por todos los gobiernos en los últimos 30 años. No puede ser reformado porque se trata de un mecanismo inherente a una sociedad clasista.
La inmundicia que crece en el seno de las fuerzas de seguridad demuestra que son irreformables, son los responsables de la gran industria del delito al que está subordinado el “pequeño delito” al que se persigue a rabiar. El “cualunquismo” que dice que los presos “entran por una puerta y salen por la otra”, demuestra su falsedad o media verdad. Mientras la población carcelaria venida de los sectores populares sufre el hacinamiento, las torturas y la represión; quienes están ligados al poder político y al narcotráfico entran y salen por la misma puerta.

Eduardo Castilla

Agronegocios, inundaciones y penurias populares



Más de 25 mil personas podrían recibir el “Año nuevo” en los centros de evacuados. Un nuevo alerta meteorológico preocupa a los habitantes del Litoral. Ambientalistas denuncian quiénes son los responsables y maestras organizan la solidaridad.

En muchas ciudades del Litoral argentino, la gente ya no mira el almanaque sino los números que marcan la altura del río. A pesar de que antes vivieron otras crecidas, muchos se han hecho especialistas en los metros y centímetros que crece el agua cada día. Porque nadie sabe cuándo empezará a bajar.
Al cierre de esta edición el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitía un alerta por lluvias y tormentas en la zona de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. ¿Hasta cuándo? se preguntan los que montan guardia en sus casas, viendo como el agua se acerca. ¿Hasta cuándo? se preguntan las familias que hoy viven en escuelas, clubes y otros centros de evacuados.
Como venimos reflejando en La Izquierda Diario, el Litoral vive la inundación más grande de las últimas décadas. En algunos lugares hablan de 30 años, recordando la del 83’; en otros la comparan con la del 59’, más profunda aún. Son 25 mil evacuados en las provincias argentinas, y más de 100 mil en el Paraguay.
Pero los números no terminan de expresar el drama que se está viviendo en las ciudades invadidas por el río. Según cuentan las integrantes del sindicato docente entrerriano, “son familias que ya vivían con lo mínimo. Y se viene una situación muy dura. Siempre hay pérdidas, las viviendas quedan deterioradas, las condiciones de vida empeoran, es una situación muy dura de afrontar”.
Esas miles de familias pasarán las fiestas en los centros de evacuados. Palpitan que el "Año nuevo” puede ser peor.

Agronegocios e inundaciones

Facundo Scatonne Moulins, ambientalista entrerriano, denuncia con claridad quiénes son los responsables de esta situación.
“El Estado tenía información de antemano (estudios de hidrología, meteorología, impacto de deforestación y agronegocio) y tiene su cuota de responsabilidad”, dice Facundo. “El mapa de las inundaciones es el mismo que el de la deforestación y el agronegocio”.
Según estudios científicos, sólo queda un 7 % de la superficie original de bosques en la zona atravesada por los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú.
Además, en un artículo donde denuncia lo que está sucediendo con las inundaciones, Moulins plantea que “la política de incentivo a una agricultura basada en paquetes tecnológicos químicos fomenta la erosión de la tierra (además de la muerte por agrotóxicos y comida transgénica) y es pura responsabilidad de los gobiernos que apostaron por una política agroindustrial y mataron la orgánica”.
Moulins marca las responsabilidades de ambos gobiernos. “El Gobierno nacional redefinió el Ministerio de Agricultura como Ministerio de Agroindustria, profundizando el modelo vigente. En el discurso inaugural, el gobernador de Entre Ríos dijo que iba a incentivar fuertemente la política forestal y le iba a dar valor agregado. Hace tiempo, los municipios destruyen los humedales y zonas de reserva, entregándolas a los negocios inmobiliarios y agronegocio. Distintos colores, mismo resultado”.
El integrante de la asamblea de la costa del Uruguay dice claramente quiénes son los responsables. Pero también quiénes son los que pagan las consecuencias. “La repartición de los riesgos ambientales no es igualitaria, no afecta a todos de la misma manera. Afecta más duramente a los más vulnerables”.

Negligencia oficial

En el Litoral muchos sabían que este verano iba a traer lluvias y crecidas. Salvo obras menores que no soportaron la primera etapa de la crecida, el Estado no tomó medidas para enfrentar lo que se venía.
En el caso de Entre Ríos, el Frente para la Victoria y el peronismo gobiernan la provincia y las principales ciudades desde hace 25 años. La última mitad, con un gobierno nacional del mismo signo.
Mientras los dueños de la tierra hicieron sus negocios, las grandes mayorías siguieron postergadas. Los hombres y mujeres que cosechan los campos y mueven las palancas de la agroindustria, igual que miles de docentes y trabajadores municipales, viven en condiciones precarias. Unos la "levantaron en pala", a otros los tapa el agua.
La gestión de Mauricio Macri, que actuó con rapidez para eliminar las retenciones para los empresarios del campo, lo hizo con desidia y demora cuando se trató de la asistencia a los damnificados. El Presidente se vio obligado a suspender algunos días sus vacaciones para viajar a Concordia, y que sus funcionarios lancen con varias semanas de retraso el Sistema Federal de Emergencias.
El plan oficial dispone de “tres etapas”, que incluye “mejoras, viviendas y obras estructurales” de largo plazo. “Se va a elevar un metro de la cota de defensa (en Concordia), se harán 250 viviendas para la gente que está en las cotas más bajas”. Se trata de un plan miserable, si tenemos en cuenta que el déficit habitacional de Concordia sería de 14 mil viviendas, y miles de familias viven en zonas inundables.

Solidaridad popular

Lejos de la desidia del gobierno nacional de Macri y el provincial de Bordet, entre la población “hay una corriente solidaria muy importante en estos días”. Lo dice Cristina Cerotto, docente e integrante de la comisión directiva de AGMER.
“Estamos organizando la solidaridad desde nuestro sindicato, y están colaborando otras organizaciones sociales y sindicales. Esto pone a prueba la solidaridad de los trabajadores con los trabajadores”, agrega.
Desde el sindicato docente invitan a acercarse a colaborar, todos los días, a la sede gremial de Concordia y de cada una de las seccionales.
Otras acciones solidarias se realizan en ciudades que tienen evacuados aunque en menor cantidad, como Concepción del Uruguay. Y la misma actitud están tomando seccionales docentes combativas, como el SUTEBA Matanza.
La izquierda se suma a esa corriente solidaria. También denuncia a los responsables de la crisis social que están dejando las inundaciones. “No es un desastre natural, es desidia de los Gobiernos” afirman los referentes del PTS en el Frente de Izquierda.
Además de ponerse a disposición de las familias afectadas, exigen a las autoridades asistencia completa y profesional inmediata. Y una solución estructural a los problemas que causan estos desastres. Para las familias que pierden todo por un desastre evitable, exigen subsidios del Estado basados en impuestos a los empresarios del campo y la agroindustria que tienen responsabilidades en este desastre. De allí también tienen que surgir parte de los fondos para financiar un plan de obras hidráulicas, de infraestructura y vivienda, para resolver las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Lucho Aguilar

Milcíades Peña: un derribador de mitos (a lo marxista)



Al hablar sobre la vida de Milcíades Peña se suele remitir a dos o tres datos: su vasta obra en relación a su corta vida, su “formación autodidacta”, y su militancia trotskista. Los tres son solo parcialmente ciertos y sería un grave error considerarlos por separado y absolutizarlos.

¿Fue Peña un autodidacta? Si esto significa que no fue formado por la academia es totalmente cierto. Pero basta leer cualquier fragmento de sus obras, para comprobar que su temprana militancia (Peña ingresa al Grupo Obrero Marxista (GOM), de orientación trotskista , dirigido por un Nahuel Moreno diez años mayor que él, a los 14 años), fue formadora de un historiador marxista. La obra de Peña no parte de cero. Parte de las principales elaboraciones teóricas del marxismo, que son las que le permiten entender la historia argentina con tanta originalidad en relación al revisionismo y el liberalismo reinante, a los que combatió fervientemente. Peña intenta captar, a través del concepto de desarrollo desigual y combinado, la especificidad del desarrollo histórico desde la colonia, la Revolución de Mayo, las guerras civiles, la lucha de unitarios y federales, la generación del ‘90, y así cada nudo de los debates historiográficos. El concepto de lucha de clases, es inseparable de su interpretación de los sujetos (burguesía comercial, oligarquía terrateniente) que eran o no capaces de realizar las tareas de la revolución burguesa en Argentina. La utilización del concepto leninista de imperialismo para ubicar a Argentina en el contexto mundial, y la dominación de la nación por los imperialismos europeos primero y estadounidense después, pasando de su existencia como colonia a semicolonia es el concepto articulador de su interpretación sobre los límites para el desarrollo de una burguesía local. Y el Bonapartismo el eje de su explicación del Peronismo. Es decir, sin esta formación marxista que otorga a Peña las herramientas básicas para su interpretación de la historia argentina, es imposible entender su obra y, por ende, su “auto formación” debe ser al menos matizada.
Pero no solo los conceptos analíticos del marxismo explican su obra. La lucha ideológica y política, en su tiempo presente (tiempo que ha sido descrito como una de las épocas de más abundante elaboración historiográfica en Argentina), con el revisionismo y el liberalismo, son el otro gran motor de su obra. La necesidad de desarticular las interpretaciones que abonaban mitos para trazar una historia de las clases dominantes (ya sea su vertiente liberal con el panteón mitrista, o su espejo revisionista con su otro panteón, pero rosista), explican en parte, la abundancia y la extensión temática de la obra de Peña (sus Fichas abarcan desde la época colonial hasta el Peronismo). Por lo tanto, su “extensa obra en su corta vida”, es perfectamente entendida si contemplamos el espíritu militante de toda la obra de Peña, y su persistencia en combatir los mitos de la historia argentina desde una historiografía marxista.
Esta bastedad además le valió una fuerte influencia en la historiografía posterior. Una gran diversidad de autores comenzaron a utilizar sus categorías. Por ejemplo Oscar Oszlak y Waldo Ansaldi recurrieron al concepto de “suboligarquía financiera” para pensar a las facciones internas de burguesía en el proceso de formación del Estado (también en O´Donnel y en su discípulo Shvartzer vemos esta deuda); David Rock y el francés Pierre Salama retoman a Peña en sus estudios sobre Latinoamérica; y en sus estudios sobre el peronismo, Miguel Murmis, Juan Carlos Portantiero y hasta Tulio Halperin Donghi retomaron sus tesis, en donde se caracterizaba al movimiento justicialista como “bonapartismo”.
Pero la obra de Peña, al ser es su gran parte una obra militante (en sus últimos años se aleja de la militancia orgánica y comienza a tener una visión pesimista sobre las posibilidades del movimiento obrero en el marco de la llamada “resistencia peronista”, sólo unos años antes del Cordobazo), aporta a una reivindicación del trotskismo en nuestro país ya que desmiente gran parte de toda la acusación tradicional que hace el populismo y ciertas corrientes sobre el trotskismo en nuestro país, su lugar en la historia de la clase obrera y en la historia nacional. Esa caracterización del trotskismo como una corriente antinacional, que no intenta comprender la historia de su propio lugar, es desmentida párrafo a párrafo por Peña, y en polémica con cualquier tipo de nacionalismo o chauvinismo.
En momentos en donde el fin del Kirchnerismo deja abierto un balance histórico sobre el rol del peronismo, (la falsa, o como diría Peña el “como si”) del “proyecto industrializador”, donde además se habla de la “batalla cultural”, y donde los “vientos de cambio” vaticinan una mayor conflictividad de clases, retomar a Peña se vuelve una gran herramienta para articular los nudos problemáticos del pasado y el presente de la historia argentina desde un punto de vista marxista, en donde la economía , política y cultura se enredan, no en torno a “los grandes hombres” sino al ritmo del conflicto entre las clases.

Gabriel Piro
Filosofía y Letras | UBA

lunes, 28 de diciembre de 2015

La "fuga" que no fue magia



Los condenados a cadena perpetua por el crimen de General Rodríguez se fugaron como "por arte de magia". La mano invisible que abre las puertas. Cambio y continuidad sobre las mismas bases descompuestas del Estado.

La "fuga" de los hermanos Cristian y Matín Lanatta, junto a Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, desató la primera crisis de magnitud de la administración de María Eugenia Vidal.
Es paradójico, una puerta del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que en su momento se abrió fácilmente, hizo su aporte a la derrota de una fracción del peronismo provincial en las primarias y ayudó al triunfo de Vidal. Fue la que permitió el ingreso del periodista Jorge Lanata para entrevistar a uno de los sentenciados que terminó acusando a Aníbal Fenández como responsable político del tráfico de efedrina.
Ahora, una vez más la mano invisible del mercado penitenciario abre las puertas del cielo para que los mismos acusados se escapen.
El hecho se produjo cuando el SPB se encontraba presuntamente acéfalo. Su titular, Florencia Piermarini (nombrada bajo el gobierno de Daniel Scioli), había presentado la renuncia un día antes de Navidad. Desde el PRO-Cambiemos afirman que la dimisión de la funcionaria no fue aceptada por Vidal. No se sabe si seguía en el cargo o no, pero había dicho: "me quiero ir".
Pero además, la flamante gobernadora, había ratificado en su cargo a César Albarracín, segundo del ex ministro de Justicia, Ricardo Casal. Albarracín mantenía la conducción civil de la política carcelaria, y Vidal tampoco había tocado la cúpula de la fuerza.
La conducción de Casal/Albarracín estuvo en el centro de las sospechas cuando se produjo la operación político-mediática que le permitió a Jorge Lanata obtener la entrevista con el condenado que terminó acusando a Aníbal Fenández.
Luego de conocido el hecho, empezaron los cruces entre el kirchnerismo y el macrismo en torno a quiénes fueron los responsables que facilitaron el escape a upa.
Lo cierto es que Cambiemos utilizó electoral y políticamente la denuncia del dueto Lanata/Lanatta y luego ratificó en el cargo a funcionarios que estuvieron en el centro de las intrigas. Así como el kirchnerismo hizo campaña por Scioli que había anticipado que llevaría a Casal para un ministerio si llegaba al gobierno de la Nación.
La "fuga" saca a la luz el grado de descomposición de las fuerzas de seguridad del Estado (incluso de un penal de "máxima seguridad") que habilita el escape de personas condenadas por crímenes mafiosos ligados al narcotráfico. Estos métodos son amparados por el poder político, con funcionarios que fueron parte del gobierno anterior, ratificados en el cargo por la "revolución de la alegría".
María Eugenia Vidal había anunciado hace unos días que decretaría la "emergencia en seguridad", con el objetivo de fortalecer el poder punitivo de estas fuerzas descompuestas.
La "fuga" muestra la mafiosa descomposición que anida en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado. No fue magia, fue la realidad, tanto de la continuidad como del "cambio".

Fernando Rosso
@RossoFer

Tras la triple fuga, Vidal declarará la “emergencia penitenciaria”

La gobernadora quiere reforzar el aparato represivo para enfrentar la crisis abierta con el escape del penal de General Alvear, el que según ella “se hizo con complicidad de una parte del Servicio Penitenciario”.

En una conferencia de prensa realizada junto a sus ministros en La Plata, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez “se hizo con complicidad de una parte del Servicio Penitenciario Bonaerense” y anunció “denuncias penales” para “todos aquellos civiles y agentes” que participaron.
Junto a ella estaban el vicegobernador Daniel Salvador, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el de Justicia Carlos Mahiques.
Vidal responsabilizó por la crisis penitenciaria, de la cual esta fuga sería una expresión extrema, al gobierno de Daniel Scioli y, específicamente, a la gestión del exministro de Justicia Ricardo Casal.
En ese sentido, la gobernadora pidió que la Legislatura provincial sesione cuanto antes para declarar la “emergencia penitenciaria” en la provincia. De esa manera busca contar con el aval institucional y político para implementar una serie de medidas tendientes a reforzar el sistema penitenciario.
Entre las medidas que se pondrían en práctica con la declaración de la “emergencia penitenciaria” se encuentran la adquisición de mayor y mejor tecnología y equipamiento para las unidades penales y alcaldías de la Provincia; la ampliación de plazas incorporando más personal al Servicio Penitenciario Bonaerense; la “reforma” y modernización del mismo SPB y también del área de Asuntos Internos.
A su vez, como medida urgente Vidal anunció que se va a “intervenir el penal 30, donde se produjo la fuga”.

Mensajes

María Eugenia Vidal afirmó que la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci de la cárcel de “máxima seguridad” de General Alvear es “la consecuencia y el costo” de haber tomado decisiones con “mensajes claros”. “Desde el primer día todo este gabinete y yo fuimos muy claros en dos mensajes: no a la corrupción y sí a la lucha contra el narcotráfico”, dijo.
En ese sentido, y apelando al cliché de campaña del macrismo sobre la “lucha contra el narcotráfico”, la referente de Cambiemos sentenció que éste “no está solamente relacionado con el Servicio Penitenciario y otras instituciones del Estado, sino también penetró en la política. Pero nosotros no somos parte de eso y cualquiera que lo esté, del partido que sea, nos va a tener en la vereda de enfrente, cueste lo que cueste”.
En rueda de preguntas un periodista le consultó qué opinaba de los dichos de Aníbal Fernández, quien horas antes había manifestado que el gobierno provincial es responsable de encontrar a los fugados vivos. “Yo le diría a Aníbal Fernández que, justamente en este caso, se llame a silencio”, respondió Vidal con gesto más que adusto.

Cárceles

No hay ninguna certeza de que la “emergencia penitenciaria” que propone Vidal logre impedir que delincuentes VIP como los hermanos Lanatta y Schillaci, y cualquier otro preso relacionado íntimamente al poder económico y político, puedan planificar una fuga como la que ayer domingo sorprendió al país.
Pero lo que sí se puede adelantar es que el reforzamiento y “modernización” tecnológica del sistema carcelario provincial, con su consiguiente aumento de personal penitenciario, reforzará los mil y un lazos existentes entre delito y fuerzas represivas del Estado.
Como se denunció en reiteradas oportunidades, mientras el gran delito como el narcotráfico, la trata de personas o el robo de autos se mantiene y reproduce al amparo del Estado y sus fuerzas represivas, el sistema penitenciario no es otra cosa que un disciplinador social utilizado por la clases dominantes en detrimento de las mayorías explotadas y oprimidas.
Vidal puede echarle culpas a Scioli por la “crisis” en las cárceles. Sin embargo el exgobernador bonaerense aplicó todas y cada una de las recetas represivas que comparte con el PRO. De hecho entre 2000 y 2012 la tasa de prisionización aumentó casi 50%, pasando de 103 detenidos cada 100.000 habitantes a 149. Es decir que mientras el discurso oficial hablaba de “década ganada” e “inclusión” cada vez más pobres poblaban los penales.

¿Buscados?

Es importante decir que gran parte de la población carcelaria, mayoritariamente pobre, se encuentra en una situación legal compleja, donde abundan quienes cumplen años en prisión sin siquiera haber recibido condenas en juicios. Y que a su vez esa masa de hombres y mujeres privados de su libertad viven en un completo hacinamiento y condiciones infrahumanas de detención.
“Terminar con el hacinamiento”, dijo en la conferencia Vidal para justificar las medidas que propone con la emergencia penitenciaria. Sin embargo los hermanos Lanatta y Schillaci no estaban ni hacinados ni mucho menos sometidos a la brutalidad de los agentes y custodios que torturan y hasta asesinan “por deporte” a presos y presas.
Mientras el gobierno de la Provincia de Buenos Aires se apresta a encarar las “reformas” que acrecentarán el poder represivo del Estado, alistando sus cárceles para criminalizar (¡más y mejor que Scioli y Casal!) al pueblo pobre; los hermanos Lannata y su socio Schillaci probablemente ya estén sosegando el calor de fin de año en alguna piscina de algún barrio privado, bien lejos del penal de "máxima seguridad" de General Alvear...¿Los encontrarán?

Daniel Satur
@saturnetroc

Argentina: La “CEOcracia” en acción



Macri debutó con el duro ajuste que endulzó durante la campaña electoral. Su “sinceramiento” de la economía es la típica transferencia de ingresos a favor de los capitalistas, que tantas veces se aplicó en el país. Pretende achatar los salarios a través de la carestía para incrementar las ganancias de las grandes empresas.
La inflación comenzó a trepar a principios de noviembre y ya encareció significativamente la canasta básica de alimentos. Esta escalada desmintió todos los presagios de estabilidad por incrementos previos de los precios. Los aumentos se dispararon antes y después de la devaluación.
Esta vez los llamados oficiales a la “responsabilidad” de los empresarios asumieron un tono particularmente cínico. Los remarcadores ahora son ministros y los gerentes del sector privado (denominados CEOs) controlan la administración pública. El manejo del país por sus propios dueños se ha corroborado en un debut inflacionario.
La complicidad entre funcionarios y capitalistas ha diluido todas las sugerencias de retrotraer los precios a noviembre. El sistema de “precios cuidados” sólo persiste como una formalidad para disimular la carestía. Ninguna sanción a los responsables de la inflación es evaluada por un gabinete que endiosa al mercado.

EL PROPÓSITO DE LA DEVALUACIÓN

El objetivo del ajuste es provocar una fuerte caída de los salarios durante el verano. De esta forma se licuarían los ingresos populares antes de las paritarias. Para eso maquillan la evolución de los precios con pretextos de baches estadísticos en el INDEC.
La imposición de un gran retraso salarial durante el primer semestre anticipa las podas adicionales que intentará el futuro Pacto Social. Ese convenio fijará metas decrecientes de inflación solventadas por los trabajadores.
Los economistas del establishment aplauden el curso actual, pero subrayan que la “consistencia” del plan depende de la confiscación del salario. Estiman que esa amputación es indispensable para superar el fracaso de la última devaluación (diciembre del 2013).
En esa oportunidad la brusca alteración de la paridad cambiaria se trasladó a precios y salarios, neutralizando las ganancias de exportadores y financistas. Para evitar este resultado los hombres del PRO esperan que la inflación del 2016 (¿40%?) sobrepase ampliamente a los incrementos de sueldos (¿28%?).
Con esa finalidad promueven mayor contracción monetaria y recorte fiscal. Suponen que esas restricciones afectarán el nivel de actividad, ocupación o precariedad laboral y debilitarán la resistencia de los trabajadores.
A diferencia del 2013 la derecha maneja ahora el gobierno y está empeñada en una batalla frontal contra los asalariados. Pero actúa al final de un ciclo de recomposición del empleo, el ingreso y el nivel de organización de los trabajadores. No cuenta con el escenario de colapso que en el 2001permitió una mega-devaluación, sin transferencias a los precios y salarios.
La primera confrontación para imponer el ajuste se dirime en el bono de compensación que reclaman los sindicatos (5000 pesos). Macri rechazó esa petición y sólo otorgó una irrisoria bonificación en la asignación universal (400 pesos). Luego de entregar fortunas a los empresarios desconoce una demanda básica de los asalariados. Afirma que únicamente homologará las sumas negociadas por cada gremio en el sector privado, como si la inflación exceptuara a los empleados públicos.
Mauricio pretende que cada segmento de los trabajadores se arregle por su cuenta. Tiene tan incorporada la ideología burguesa que anuncia sin sonrojarse beneficios generalizados para los capitalistas, mientras exige tratativas segmentadas a los trabajadores.
La misma cosmovisión de niño rico transmitió Prat Gay en su presentación de la devaluación como un acto liberador. Afirmó que “oxigenará la economía”, presuponiendo que los negocios de una pequeña minoría generan bienestar para toda la colectividad. Describió luego la eliminación de “impuestos distorsivos” como un logro de la sociedad, estimando que cualquier obstáculo para los capitalistas constituye una adversidad para el pueblo.
El equipo macrista despliega presentaciones tecnocráticas del ajuste, como si estuvieran determinadas por exigencias naturales de algún dispositivo. Por eso describe los detalles operativos de la devaluación sin mencionar sus nefastas consecuencias sociales.
El PRO intenta trasladar al ámbito económico el marketing despolitizado que utilizó para ganar elecciones. Con ese estilo ya no se lamenta de la devaluación. Al contrario, la difunde como una gran noticia. Mauricio devalúa con buena onda y alegría, mientras sus funcionarios imaginan las sonrisas de los millonarios. Los sufrimientos de los desposeídos no figuran en sus agendas.

LOS GANADORES DEL AJUSTE

El agro-negocio ha sido el principal favorecido por la simultánea decisión de devaluar y reducir las retenciones. Ese sector incrementa sus ganancias inmediatas en un 50-90% y se embolsa 3.700 millones de dólares, que valdrán un 40% más en moneda nacional.
Las compañías cerealeras apostaron a este desenlace demorando durante meses la liquidación de exportaciones. También los grandes propietarios y contratistas agrarios incrementan sus fortunas, con precios internos que ascienden al compás de la rentabilidad externa.
Todos fijan sus cotizaciones comparando con lo obtenido por los exportadores. Por esta razón la carne, la harina, el pollo y las legumbres se disparan al mismo ritmo. La soja arrastra el encarecimiento de los productos que compiten por el uso de la misma tierra.
Ese encadenamiento torna particularmente nefasta la reducción de las retenciones. La disminución de ese impuesto reconecta los precios locales de los alimentos con su cotización internacional y desprotege al consumidor argentino. Los agro-exportadores vuelven a recuperar preeminencia y ya iniciaron su venganza por la resolución 125. La renta que el estado se apropiaba desde el 2002 retorna al campo.
Macri intenta privilegiar al agro resucitando el imaginario liberal de las “ventajas comparativas”. Supone que el país progresará afianzando su perfil de exportador de productos básicos. Pretende incluso actualizar esa inserción internacional convirtiendo al “granero del mundo” en un “supermercado del planeta”.
Pero el subdesarrollo estructural que históricamente generó la performance primarizada de nuestra economía se acentuará vendiendo nutrientes más elaboradas. Ese modelo no crea empleo, desalienta la inversión industrial, acrecienta las inundaciones y expande el deterioro ambiental.
Con la mira puesta en el florecimiento del agro-negocio, Macri abre las puertas a los tratados del libre comercio con Asia, Europa y la Alianza del Pacífico. Ensaya esa posibilidad a partir de una nueva asociación con Brasil.
Pero el ajuste en curso también favorece a los bancos. Obtienen grandes lucros con la intermediación de los créditos negociados para sostener la devaluación. Ganarán fortunas si se concreta el endeudamiento por 20.000 millones de dólares para apuntalar las reservas y controlar la nueva banda cambiaria.
Esos préstamos provienen de bancos extranjeros (Repo), entidades chinas (yuanes convertibles) y financieras argentinas que administran la fuga de capitales (reingreso de dólares sin encajes).
La gran hipoteca en gestación es presentada como un signo de “confianza” en el país. Se repite el relato que siempre utilizaron los banqueros para vaciar a la Argentina. Hasta ahora ninguno de los créditos presenta finalidades productivas. Sólo solventan gastos corrientes y estabilizan la cotización del dólar.
Los bancos se disponen a lucrar, además, con las altísimas tasas de interés (38-40%) que introdujo el gobierno para contener cualquier corrida hacia el dólar. De esta forma resurge la conocida bicicleta de ingresar capitales golondrinas, que retomarán vuelo cuando se agote el casino.
Para recibir un fuerte respaldo inicial de la City, Prat Gay y Stuzzeneger convalidaron también el desfalco de los seguros de cambio que realizó la administración saliente del Banco Central (enormes pagos a una cotización ridícula del dólar). El nuevo equipo negoció límites a la emisión de pesos que exigía ese contrato, pero aseguró a los bancos todos los lucros de la transacción.
Los financistas obtuvieron además un trofeo largamente esperado: la recuperación del Banco Central. Se disponen a retomar el directorio de esa entidad con el insólito disfraz de asegurar su “independencia”. Su próximo negocio será el arreglo con buitres.
Esa intermediación podría incluir compras totales o parciales de los pasivos en litigio, a cambio de comisiones adicionales o atribuciones para gestionar nuevos créditos. Las versiones sobre un préstamo directo del tesoro estadounidense ilustran el interés internacional por una operación, que seguramente incluirá inspecciones del FMI.
El tercer beneficiario del plan es la burguesía industrial exportadora. Obtuvo la reducción de las retenciones y la eliminación de regulaciones que restringían las importaciones de insumos (DJAI). Comenzará a recibir los dólares demorados por esas adquisiciones y negocia un bono para zanjar las compras impagas y las utilidades no giradas al exterior.
La principal promesa para ese sector es la implementación de una política estatal anti-obrera, que el macrismo disfraza con llamados al “orden, la productividad y la disciplina” laboral. El nuevo gobierno de “CEOcratas” incluye numerosos expertos en incrementar los ritmos de trabajo, organizar despidos y perseguir activistas. Los gerentes de recursos humanos ahora comandan las oficinas gubernamentales y el nombramiento de un ministro con apellido Triacca es un símbolo de lo que se viene.
También las empresas contratistas de servicios públicos recibirán su tajada. Los tarifazos se preparan con la declaración de la emergencia energética y la emisión mensual de facturas. Esos incrementos apuntan a recomponer la caja de las compañías. Ganaron fortunas con las privatizaciones y preservaron sus contratos durante la última década de subsidio estatal.
Ahora reaparecen los argumentos de la sintonía fina -que el kirchnerismo difundió pero no instrumentó- para justificar los aumentos del gas y la electricidad. Se afirma que los ricos malgastan energía calentando sus piscinas y que la clase alta paga cuentas irrisorias por el aire acondicionado. Esos abusos se corregirían con un simple recargo en el servicio. Pero el verdadero objetivo de esas descripciones es penalizar a toda población.
Lo mismo ocurre con las tarifas vigentes en el Interior. Como ciertamente son más elevadas habría abaratarlas, en lugar de encarecer las cuentas de los usuarios bonaerenses.
El gerente de Shell que ahora administra la energía del país tiene la mira puesta en asegurar precios del combustible que actualmente duplican la cotización internacional. Con esos números los usuarios no sólo solventan los beneficios de las compañías petroleras. También se impide cualquier reconversión estructural a un patrón de energía eólica y solar. El nuevo equipo ya decidió profundizar el sendero de Galluccio, que ha manejado YPF como una empresa privada con turbios contratos secretos con Chevron.
Macri ha diseñado un plan para toda la clase capitalista. Esa intención se verifica en la significativa ampliación del blanqueo. Los evasores del fisco -que el kirchnerismo indultó en sucesivas oportunidades- ahora tendrán otra posibilidad para transparentar sus negocios sin pasar por la AFIP.

TENSIONES Y SOSTÉN POLÍTICO

Los neoliberales están de fiesta. Pero la lluvia de beneficios que reparte el macrismo alimenta graves problemas. E l conflicto más previsible se avizora con la recesión. El combo de inflación-devaluación y tarifazos induce fuertes tendencias contractivas en el próximo cuatrimestre.
Si el incremento de las tasas de interés para contener el dólar perdura, la recesión alcanzará porcentuales significativos. El encarecimiento del crédito no sólo afecta la producción corriente. También impacta sobre consumos más bancarizados y dependientes de las cuotas.
A pesar de la gran devaluación es improbable que las exportaciones puedan compensar la contracción del poder adquisitivo. El escenario externo se ha tornado muy adverso por la retracción imperante en el principal socio (Brasil) y en el mayor cliente (China) del país. Además, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos genera una fuerte competencia por la captación de capitales sobrantes.
Por esta razón es incierta la llegada de las inversiones que promete Macri. Un aluvión de divisas financieras debería compensar el decreciente ingreso de dólares comerciales, que acompaña al fin del superciclo de las materias primas. El 2015 cierra con un desplome del superávit comercial y como la soja ya no cotiza a 600 dólares se endurecen las disputas por preservar los mercados de otras exportaciones.
Los librecambistas del PRO podrían negociar la continuidad de esas ventas, ofreciendo la apertura del mercado argentino a los industriales foráneos. Macri mantiene un cuidadoso silencio frente a este tema, sabiendo cuán vivo está el recuerdo de la invasión importadora de los 90. Ya hay algunos tanteos para autorizar compras de bienes finales, que pueden devastar en tiempo récord al vulnerable aparato industrial del país.
Tensiones mucho más inmediatas se avecinan en el terreno fiscal. Mauricio asume con un déficit de 7 puntos del PBI y numerosas provincias sin fondos propios para pagar los sueldos. Todas las medidas que anunció incrementan el agujero de las cuentas públicas. Redujo drásticamente las retenciones sin explicar cómo compensará ese des-financiamiento del sector público. Sus economistas preparan tarifazos para cubrir ese bache y diseñan una brutal cirugía de gastos sociales, sueldos y jubilaciones del sector público.
El objetivo estratégico de Macri es reiniciar un curso neoliberal con mayor monitoreo estatal, para diluir la impronta neo-desarrollista de la última década. Su reivindicación de Frondizi y la presencia de un nieto de Frigerio en el gabinete sólo apuntan a resucitar el imaginario de crecimiento. Desecha por completo cualquier prioridad de desenvolvimiento industrial.
La viabilidad de su programa suscita incontables especulaciones. Por el momento sólo cabe registrar la evidencia de un ajuste solventado con endeudamiento. Necesitará un fuerte apoyo político para sostener un esquema anti-popular, que precipitará divisiones en las clases dominantes.
Frente a esas perspectivas Macri expande alianzas políticas y asegura su control del estado. Ocupa todos los espacios, coloca funcionarios aptos para la contra-reforma y presiona por los descabezamientos pendientes en sectores de la justicia y los medios de comunicación.
El nuevo presidente ya comenzó a gobernar por decreto vulnerando sus convocatorias a la concertación republicana. Intentó designar los auto-objetados “jueces macristas” en dos cargos vacantes de la Corte Suprema, sabiendo que necesita tribunales afines para bloquear amparos contra los ajustes.
También busca impunidad mediática para reducir la visibilidad de las protestas. Intervino el AFSCA desconociendo en forma grosera la autonomía de ese organismo. Pretende sepultar la ley de medios a cambio de coberturas favorables por parte de Clarín y La Nación. En lugar del prometido pluralismo de voces se apresta a hegemonizar la pantalla con relatos oficialistas, manipulación de la información y pasatismo de contenidos.
Pero la solidez de su gobierno depende de los acuerdos que alcance con los gobernadores, el Massismo y el Justicialismo en el Congreso. Macri negocia las leyes del ajuste con la gran lapicera que define los cheques y las designaciones. Mientras repite frases huecas sobre el consenso, intenta emular el modelo mexicano de turbias coaliciones parlamentarias. Ya instrumentó durante varios años ese tipo de contubernios en la Legislatura porteña y se apresta a reproducirlos en la Provincia de Buenos Aires.
Como los principales conflictos se dirimirán en las calles, Mauricio también prepara la criminalización de la protesta. Apaleó a los trabajadores de Cresta Roja, ensayó un frustrado envío de gendarmes a Jujuy y ultima los detalles de un protocolo para arremeter contra los piquetes. El mismo presidente que reclama la liberación del organizador de las guarimbas criminales en Venezuela hace la vista gorda frente al rebrote fascistoide de sus allegados en Mar del Plata.
Afortunadamente Macri ya afrontó sus primeros disgustos. Debió retroceder en el nombramiento de funcionarios derechistas (Ávila, Manfroni) y pospuso la designación de sus candidatos a la Corte. Tuvo que ratificar, además, la continuidad de los juicios a los genocidas, ante la contundente reacción de los periodistas contra un editorial pro-indulto del diario La Nación.
El PRO multiplicará las agresiones sociales antes del gran test de la paritaria docente. Tramita especialmente la complicidad de la burocracia sindical con ofrecimientos de continuado manejo de las obras sociales. Con cada jerarca discute alguna prebenda específica. Moyano es su principal interlocutor, por ejemplo, en el negocio de la basura.
La pantalla de estos contubernios es el pequeño alivio dispuesto en los pagos del impuesto a las ganancias, que tributan los trabajadores de mayores ingresos. Ese desahogo no alcanza a la inmensa mayoría de los asalariados y es poco significativo para los afectados por esa carga.

DOS RESPONSABLES

El atropello económico en curso se desenvuelve en medio de un gran juego del culpable que marea a la población. Macristas y kirchneristas se acusan mutuamente de provocar el ajuste. Por un lado, los economistas del PRO afirman que adoptan duras medidas para subsanar la “herencia recibida”. Por otra parte, los ex funcionarios de CFK proclaman que “la economía estaba bien” y sólo requería algunas “correcciones graduales”. Los dos relatos son ficticios y ocultan la aplicación de un remedio regresivo para los desequilibrios que potenció la era K.
El carácter artificial de esa controversia es muy visible en las interpretaciones de la inflación. Prat Gay afirma que el gobierno precedente toleró subas de precios para ensuciarle la cancha. Los allegados de Kiciloff responden que no podían contener incrementos precipitados por los anuncios de devaluación. Uno dice que permitieron los aumentos por desidia y el otro afirma que carecía de autoridad para actuar. En medio de esta discusión los capitalistas remarcan exentos de culpa.
Lo mismo ocurre con la devaluación. Macri sostiene que “nos dejaron economías regionales colapsadas” y los kirchneristas lo acusan de devaluar “para abaratar salarios”. Lo cierto es que el PRO transfiere ingresos a los acaudalados y que CFK atrasó adrede el tipo de cambio, para trasladarle el ajuste a su sucesor.
Macri también proclama que contrae deuda para atenuar los desbalances de un “Banco Central sin reservas”. En cambio los seguidores de CFK denuncian la hipoteca en formación para una “economía desendeudada”. Lo cierto es que el PRO trabaja para los financistas, frente a la descapitalización provocada por los pagos de la deuda que hicieron sus antecesores.
En medio de estas polémicas el macrismo encarece el crédito, afirmando que debe absorber la montaña de pesos emitida por el kirchnerismo. Con ese argumento oculta las gravosas consecuencias recesivas de su giro monetarista. Los K contrastan ese viraje con su promoción del consumo. Pero maquillan la inconsistencia de esa expansión, en un contexto de fugas de capital e inflación descontrolada.
Las contraposiciones entre macristas y kirchneristas enturbian todos los debates sobre el ajuste. Para esclarecer el nuevo escenario hay que impugnar tanto la arremetida neoliberal como los fracasos del progresismo.
La crítica al nuevo gobierno no puede posponerse con expectativas de lo que vendrá. Es ingenuo suponer que Macri “recién comienza” y merece un tiempo de espera. Está rodeado de funcionarios de los 90 y hombres del establishment que siempre han manejado el poder económico. La libertad de acción que logren será proporcional al daño que sufrirá la población.
Pero las fantasías que despliegan los economistas K sobre su gestión son igualmente insostenibles. Todos los desaciertos de esa experiencia volverán a repetirse si se elude un balance de lo ocurrido. Resulta esencial debatir el desemboque conservador que condujo a la convergencia con Scioli en un programa de devaluación, aumento de tarifas y arreglo con los buitres.
El modelo de la última década acentuó los desequilibrios estructurales del capitalismo argentino. Mantuvo una política impositiva regresiva, afianzó la primarización sojera, agravó el extractivismo minero-petrolero y perpetuó la estructura industrial concentrada. Otorgó, además, grandes subvenciones a los “capitalistas amigos” (Cirigliano, Báez, dueños de Cresta Roja) que impidieron modificar los pilares de la desigualdad social.
Es imprescindible romper el corset de dos alternativas capitalistas como único programa para la Argentina. Si sólo hay campanas neoliberales y neo-desarrollistas con disputas entre ortodoxos y heterodoxos, el país está condenado a un recambio cíclico de unos por otros. Construir una economía productiva al servicio de las mayorías populares exige transitar por otro camino.

Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.