martes, 31 de enero de 2012

El hundimiento de Europa y su impacto en la economía argentina


Fernando Azcurra

Crisis, ajuste, puja distributiva y minería a cielo abierto son algunos de los temas abordados por el economista, y columnista del programa radial La Miseria de la Radiofonía, Fernando Hugo Azcurra.
En diálogo con esta Agencia, Fernando Azcurra indicó que “la crisis mundial naturalmente afectará a Argentina, pero no creo que haya ninguna alteración muy profunda de la realidad económica actual, salvo que se hunda Europa en una recesión muy grande que arrastraría al resto, es decir, que la crisis se profundice, lo cual no es improbable, porque están quitándole nivel de consumo a la masa salarial europea, destruyendo el Euro y el estado benefactor”.
“Para contrarrestar esta situación en nuestro pais es necesario tomar medidas anticíclicas como mantener la demanda interna, la demanda de consumo e inversión; tener una política de salarios, a lo que se le debe añadir una política de créditos blandos para la actividad privada”, observó el especialista, y añadió: “pero como siempre ocurre hay intereses sectoriales de los empresarios exportadores e importadores, y principalmente la puja distributiva, en cuyo marco se producirán las paritarias dentro de unas semanas. Para lo que el gobierno pide prudencia, pero el índice inflacionario está muy alto”.
“No creo que haya grandes sacudones en el corto plazo, pero tampoco un crecimiento o el aumento del salario real, y del consumo. Sobre todo porque una de las conductas patológicas actuales es ganar y sacar el dinero fuera del país, no reinvertir. En lugar de aumentar la inversión interna en bienes de capital, dar la renovación tecnológica, se saca el dinero del país”, explicó a AIM Azcurra e ilustró: “aspiran el dinero acá y o expelen al exterior. Hay más de 150 mil millones de dólares argentinos en el exterior. Con la mitad de eso se mantendría una demanda de consumo y expansión notable, pero es el estado quien puede suplir esta situación de no inversión de los sectores privados y llevarla adelante”.
En ese marco, “si bien las provincias tienen un nivel de autonomía, en materia de política económica están muy condicionadas porque necesitan los aportes de la nación. De ese modo el gobierno puede entrar y decidir sobre las políticas que se llevan a cabo”, puntualizó a AIM el especialista, y añadió: “respecto de la minería a cielo abierto el poder ejecutivo nacional utiliza como pretexto esa autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales, pero sabemos que no es más que eso: un pretexto. Si el gobierno quisiera pudiera intervenir, pero está de acuerdo con esos emprendimientos mineros”.
Hugo Azurra, quien participa como columnista del programa radial La Miseria de la Radiofonía, que se emite todos los miércoles de 19 a 21 por FM Radio Cualquiera de Paraná, es economista, investigador y profesor en la Universidad de Lujan, y de la Universidad de Concepción del Uruguay.

Por el desprocesamiento de los luchadores


El 2 de febrero tendrá lugar la audiencia en la Cámara Federal de San Martín para confirmar o revocar los procesamientos y embargos contra los trabajadores de la empresa Kraft.
El próximo 2 de febrero, tendrá lugar la audiencia en la Cámara Federal de San Martin con los jueces que deberán confirmar o revocar los procesamientos y embargos dictados por el Juez Federal Mariano Larrea en la causa que lleva adelante contra los trabajadores de Kraft, Lorena Gentile, Maria Rosario, Jorge Penayo, Oscar Coria y Cesar Garcia; contra Leonardo Norniella, de Pepsico; y contra los dirigentes de izquierda Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, por su participación y apoyo a la gran huelga de Kraft del año 2009.
La misma Cámara todavía debe resolver sobre las apelaciones presentadas por Javier Hermosilla y Ramón Bogado, procesados también junto a los compañeros, cuya audiencia tuvo lugar en noviembre pasado.
La legitimidad de la huelga de Kraft por la reincorporación de los 156 despedidos no pudo ser mayor, como lo revela el hecho de que gran parte de ellos finalmente fueron reincorporados. Por otro lado, el procesamiento de Vilma Ripoll y Néstor Pitrola es un salto en la política represiva, porque busca colocar tras las rejas no sólo a los trabajadores que reclamaron por sus justas reivindicaciones, sino también a aquellos que se solidarizaron políticamente con esa lucha.
Los organismos del Espacio "Memoria, Verdad y Justicia" convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles a hacerse presentes para manifestar por el cierre de la causa contra los compañeros y por el cese de la criminalización de la protesta social.

Jueves 2 de febrero, 10:30hs, Cámara Federal de San Martin, Secretaria Penal Sala I. Calle Güemes 3053 1° piso, San Martin.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) - Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) - Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) - Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) - Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) - Liberpueblo
LIBERPUEBLO
Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo

Un arsenal de destrucción masiva


El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” declaró culpable de Genocidio y Ecocidio a la empresa Alto Paraná S.A, junto con otras dos corporaciones: Cargill y Monsanto.
Desde la década del 40, Puerto Piray es el corazón del modelo productivo vigente en la provincia de Misiones. El 90 por ciento de las casas hay personas con enfermedades respiratorias crónicas; y en el 60 por ciento se registran casos de alergias gripales y dérmicas.
Desde la década del 40, Puerto Piray es el corazón del modelo productivo vigente en la provincia de Misiones, centrado en el monocultivo de pino para la industria de pasta celulosa.
Las carpidas forman parte del recuerdo, hoy se disparan agrotóxicos. Aprieta el gatillo la transnacional chilena-estadounidense Alto Paraná S.A. Los gobiernos nacional y provincial dan zona liberada.
A las 11.50 del 1 de diciembre de 2011, Celso Aníbal Fernández cierra sus ojos para siempre. Yace con sus 52 años en una cama del hospital Samic de Eldorado. La muerte pone fin a un sufrimiento que ya alcanzaba medio año. Quebrada, Marta Ávalos, la esposa, susurra sus últimas palabras: “Todo esto es por los venenos”.
Celso era peón rural oriundo de Puerto Piray. Durante doce años fumigó en forma manual para la transnacional chilena estadounidense Alto Paraná S.A (APSA). Tres meses antes de morir, expresó en una entrevista con superficie: "Tirábamos veneno para la reforestación en las plantaciones de pino, también hacíamos plantaciones y preparábamos el terreno".
En julio había comenzado a padecer un fuerte dolor en la garganta, molestia que apareció acompañada de una parálisis local y un tumor. En las consultas médicas los profesionales negaban la relación del mal con la exposición a los agrotóxicos. Celso había manifestado serias dudas. “No me dicen exactamente qué tengo, no me dan medicamentos y quieren seguir haciéndome estudios pero ya no tengo con qué ir”.
Rodeada por sus seis hijos, Marta anticipa que iniciará una causa judicial contra APSA, a la que responsabiliza directamente por la muerte de su compañero: "Esto no puede quedar así, no podemos seguir callándonos".
En pocas horas, la muerte de Celso es denunciada en medios de información alternativa de todo el mundo. Los otros, los masivos, callan otra vez.
El episodio, ocurrido en un pequeño paraje rural de Misiones, reabrió el debate sobre los agrotóxicos en la producción forestal; y reflotó preguntas incómodas: ¿Quiénes son los responsables de estas muertes? ¿Cuáles son las implicancias del modelo productivo foresto-industrial? ¿A quiénes beneficia y a costa de qué?

Monocultivo letal

De las 36 mil hectáreas que conforman el municipio de Puerto Piray, el 63 por ciento (22.500) están en poder de la transnacional APSA, completamente cubierto de pinos. Se estima que cada hectárea forestada insume tres litros de agrotóxicos por año. Eso significa que, sólo en este pueblo, se rocían cerca de 70 mil litros de agrotóxicos cada año.La mezcla de herbicidas utilizada en los pinares es conocida con el nombre de “Arsenal”, una explosiva combinación de glifosato con otros tóxicos, que elimina todo, excepto el pino.
Hace cinco años, doscientas familias de la zona conformaron la organización Productores Independientes de Piray (PIP), con la decisión de luchar por la expropiación de tierras a Alto Paraná, para la producción de alimentos. Desde el inicio, además, vienen advirtiendo preocupación por los efectos sobre la salud de las fumigaciones en gran escala que la transnacional realiza a pocos metros de sus viviendas.
Aunque acercaron reclamos formales al gobierno provincial en numerosas oportunidades, la falta de “pruebas” para las denuncias era la excusa para la indiferencia.
Cansados de evasivas, desde PIP resolvieron realizar una encuesta en la zona, centrada en cuatro grandes ejes: salud, tierra, producción y trabajo. En los primeros días de diciembre concluyó el relevamiento, que alcanzó a 200 familias, de un total aproximado de 240.
Las zonas censadas fueron Piray 18 (el cruce), barrio Unión, y Santa Teresa (hasta el puente Piray Guazú), abarcando toda el área rural que bordea la ex ruta 12.
Sobre los efectos a la salud del modelo forestal y los agrotóxicos, la encuesta fue contundente. En 70 familias hubo personas fallecidas por cáncer; 136 familias tienen chicos con infeccion en los riñones y en las vias urinarias; 152 personas padecen serios problemas estomacales (dos jóvenes están muy graves, y como no encuentran una solución en Misiones se están tratando en Brasil); 113 mujeres tuvieron graves problemas de embarazo, de las cuales veinte sufrieron abortos espontáneos; en 12 familias hay jovenes y niños con capacidades diferentes.
Además, en el 90 por ciento de las casas hay personas con enfermedades respiratorias crónicas; y en el 60 por ciento se registran casos de alergias gripales y dérmicas.
Miriam Samudio, delegada de PIP, contó que “todas las familias relacionan estas enfermedades con los agrotóxicos. La mayoría de los problemas comenzaron hace unos diez años, cuando Alto Paraná taló árboles viejos y plantó pino muy cerca de las viviendas, a solo 70 metros. Se usó mucho agrotóxicos, y desde entonces tenemos enfermedades”.“La misma gente va relacionando y haciendo memoria de por qué ocurrió todo esto. Lo mismo con los animales, siempre cuando se fumiga se encuentran palomas, tortugas, los animales se intoxican y mueren. Mucha gente de acá se opera de la vesícula: ¿será que tiene que ver con el pólem de los pinos? Nos damos cuenta de lo que nos pasa, de acuerdo con nuestra realidad cotidiana”.
Enfatizó que “todo esto tiene que ver con los agrotóxicos. Necesitamos con urgencia un médico que nos acompañe, pero no conseguimos que alguien nos ayude”.

Salud Pública S.A.

Los productores de PIP denuncian que Salud Pública oculta las enfermedades relacionadas con la producción del pino y la utilizacion indiscriminada e inadecuada de los agrotóxicos, en evidente complicidad con Alto Paraná S.A.Hace diez años, asistía al Caps del paraje una médica contratada por la empresa. Los vecinos notaron que en lugar de atender la salud de la población, sólo buscaba proteger la imagen de Alto Paraná. Por eso, la denunciaron públicamente, y dejó de venir.
En su reemplazo, arribó un médico clínico del Samic de Eldorado, quien permanece hasta la fecha. A pesar de ello, la situación no ha cambiado demasiado, según observaron los productores. La diferencia entre los profesionales enviados por APSA y Salud Pública es mínima.
“Nos llama la atención la forma en que nos atiende. Siempre comentamos entre las mamás, porque el te saluda muy amable, vos entrás con tu criatura, con la persona enferma, le llevás, y cuando le empezás a contar te quiere despachar nomás, no te escucha, 'dale esto', 'dale aquello, y andá nomas', te dice. Y nos llama la atención eso, porque un doctor te tiene que escuchar, tiene que esperar que el paciente le cuente todos los síntomas, para que después te medique”, comentó Miriam.Añadió que cuando la empresa reanuda las fumigaciones “la salita se llena, todo el mundo va, y él nos dice que es una alergia nomás. No se interesa ni pregunta por la situación, no hay ningún compromiso de parte de los profesionales de Salud Pública”.
La asistencia en el Samic Eldorado no es diferente. Nunca se mencionan los agrotóxicos. El mismo silencio, la misma complicidad.Con los resultados de la encuesta en mano, los pobladores solicitarán próximamente una audiencia con el director de dicho nosocomio y los médicos, para reclamar un compromiso mayor ante la ya inocultable problemática sanitaria.

Arsenal

El médico Juan Yadhjian, miembro del Movimiento Social Misiones, del Espacio Ecuménico y del Foro de Pensamiento y Construcción Social, advirtió que “el veneno mata y los más expuestos son los que lo manipulan y también las poblaciones vecinas y lejanas. Pero el veneno sigue siendo veneno siempre, y se potencializa cuando se combina con otros venenos (sinergia). Todos ellos terminan en los seres vivos (bioacumulación) y en nosotros en particular porque tenemos pocos mecanismos para metabolizarlos y expulsarlos, muchas veces rebalsados por la cantidad que absorbemos”.
Alertó que “son muchas las enfermedades que nos deja el modelo productivo vigente y en su mayoría, difícil de diagnosticar. Los agrotóxicos no circulan en sangre, se depositan en los tejidos, principalmente donde predomina la grasa, como es el caso del cerebro. Su presencia es causa de disminución de calidad de vida y una gran cantidad de síntomas y enfermedades, que no siempre tiene relación con el contacto con el veneno”.
El especialista indicó que además de los muchos transtornos de los que manipulan o se encuentran cercanos, “se describen cambios de conducta, disminución de defensas, de la capacidad intelectual, cuadros depresivos, dolores inexplicables de cabeza, mareos y otras alteraciones nerviosas y hasta enfermedades malignas. Son conocidos también los cambios hormonales o disturbios producidos por los agrotóxicos, probados en animales y en el hombre”.
Por ello, consideró que la única salida posible es “prohibir la producción y el uso de agrotóxicos y otros venenos. No basta con 'parar de fumigar', hay que parar de producir y de importar, por el peligro cierto de que terminen en nosotros (consumidor final)”.

¿Y la academia?

“Tenemos una Universidad que enseña a usar agrotóxicos”, afirmó el Ingeniero Forestal Juan Domingo Perié, coordinador de la carrera de Guardaparques en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).
“La carrera de Ingeniería Forestal, en una de sus materias, enseña el uso, aplicación y cuidado que hay que tener con el uso del glifosato en las plantaciones de pino, que también es gran parte de lo que enseña esta Facultad, a plantar pinos”, contó.
El académico indicó que en Misiones anualmente se reforestan unas 30 mil hectáreas de pino y estimó que cada año se aplican más de 100 mil litros de glifosato en estas plantaciones. "Eso es responsabilidad, en gran medida, de los Ingenieros Forestales egresados de esta Facultad, porque son ellos los que coordinan, dirigen y planifican esas plantaciones”, advirtió.
Perié lamentó que “apenas un pequeñísimo sector de los Ingenieros Forestales egresados salen preocupados por la salud de su comunidad y la conservación del medio ambiente”.
Sobre cómo se llegó al punto de institucionalizar la enseñanza del uso de agrotóxicos en Misiones, evidenció que “hay distintos intereses, acá cuando aparecen las primeras plantaciones de pino en el año 1952, se plantaba y se carpía, no existía el glifosato. Apareció el glifosato como la 'solución' a las carpidas y la contratacion de gente. Entonces hoy, en vez de contratar gente para ir a carpir, se pone en un tractor el glifosato, y ese tractor hace en una jornada de ocho a diez hectáreas, cuando a un machetero o carpidor una hectárea le lleva cinco días. Entonces, cuando se hacen los números cuánta guita se pone para agroquímicos y cuánta para contratar a una persona, se opta por el agroquímico, porque resulta mucho más rentable. Pero de lo que no se habla es de los efectos a la salud y la contaminación. Sólo se habla de costos. Te dicen: 'Yo contrato tanto, pongo dinero, pago menos'. Es una cuestión muy sencilla.
Económicamente es superior, más rentable el glifosato que contratar gente para que vaya a carpir en las plantaciones de pino”.
La Universidad forma profesionales que serán funcionales con un modelo productivo depredador, advirtió, “y aquel profesional, aquel docente que enseña el uso obviamente lo sabe. Todos sabemos, porque leemos y porque vemos el problema que genera el glifosato en la contaminación del medio ambiente y a la salud. Nadie puede decir, ningún docente puede decir que no sabe que esos productos son tóxicos".
¿De qué manera está relacionada la Universidad de Misiones con empresas como Alto Paraná y Monsanto? “Directamente”, respondió el Ingeniero forestal. Y explicó que quienes manejan las plantaciones, no solamente de Alto Paraná, sino de toda la provincia, son los ingenieros forestales; y un veinte por ciento de ingenieros agrónomos que tienen propiedades. Pero nosotros (los ingenieros forestales) somos los responsables de las grandes plantaciones de pinos, no otros”.
Para Perié, una salida para comenzar a revertir esta situación es plantear la necesidad de volver a contratar gente para carpir. “El pino va a crecer igual si se pone gente, porque el glifosato mata todo, menos el pino. La orientación sería esa: dejar de usar productos químicos, y poner la gente a trabajar, porque así generás trabajo, cuidás al ambiente y generás riqueza”.

La raíz del mal

En el marco del “Juicio Ético y Popular a la Transnacionales de la Triple Frontera” -realizado el 31 de septiembre y 1 de octubre de 2011 en la localidad misionera de Wanda- el docente e historiador Rubén Ortíz, integrante del Movimiento Social de Misiones, expuso sobre el origen y la evolución del modelo forestal en Puerto Piray.
Durante su presentación, enfatizó la necesidad de “desentrañar la red de complicidades que hizo que esto fuera posible”, y expresó que la matriz pastera “no apareció de un día para otro, de la nada. Hace sesenta años se empezó a instalar”.
“Nuestros abuelos paraguayos vinieron corridos por la revolución de 1947, y fueron los primeros obreros de la industria pastera. Puerto Piray es prácticamente una colonia paraguaya, y se siente esa fuerte influencia en el conjunto de nuestro pueblo”, indicó.
Ortíz sostuvo que el modelo forestal pastero se instaló sobre la base de sucesivos genocidios y matanzas. Vergonzosos episodios que ocurrieron “en complicidad con la academia, que no quiso instalar este tema en el sistema educativo. Este tema sigue siendo vergonzosamente tratado”.
Por eso, remarcó que la pelea de los educadores es ver cómo incluir estos problemas en la escuela pública: “Ése es el debate madre. ¿Cómo vamos a construir el currículum? Ahí está el centro para enfrentar a las transnacionales. Si no está metido en el sistema educativo toda nuestra pelea va a ser más lenta”.
El investigador observó que el comienzo se da en 1940, cuando se instala Celulosa Argentina en Puerto Piray, comprando las primeras 80 mil hectáreas. “Quince años después, un célebre dictador genocida, Aramburu, inaugura la primera pastera en Piray. Corría el año 1955”.
Por entonces, la población de la zona ya padecía serios problemas para acceder a la tierra. “La extranjerización es la etapa final: aquí hubo una política de monopolio de la tierra. Cada municipio de esta zona era de una empresa. Y ese es un proceso que hay que ver hoy, porque hoy está ocurriendo lo mismo. Los contratistas de Alto Paraná son intendentes en democracia”.El historiador expuso que en Misiones “siempre tuvimos problemas de no acceso a la tierra, porque la provincia se vendió en treinta chacras después de la federalización”.
Ortíz observó que el modelo pastero se consolidó durante la última dictadura cívico-militar argentina, de la mano del apoyo estatal. “Yo diría que sin la dictadura no hubiese sido posible. Entre 1976 y 1983, sobre todo Celulosa, vivió de manera vergonzosa los recursos. El 75 por ciento de los costos de la planta de CPP los puso el Estado. O sea, podíamos reclamar para nosotros el 75 por ciento de esa empresa hoy. ¿Entienden lo que les digo? Una cosa vergonzosa. En esta etapa se concreta la mayor concentración y extranjerización de capitales.”
En 1982 entra en vigencia Alto Paraná, la planta de Puerto Esperanza, con treinta años de exención impositiva.Ya en la década del 90 se produce en Misiones, como en el resto del país, “la otra extranjerización”, continuó Ortíz. El Estado misionero tenía una empresa papelera, Papel Misionero, que fue la primera en extranjerizarse. Y en 1996 se vende la planta de Puerto Esperanza a Industrias Forestales Sociedad Anónima, del grupo Arauco.
“Fíjense lo que ocurre. Estábamos hambreados prácticamente en el Norte. Todas las organizaciones participaron de una multisectorial para la reactivación de CPP, en nombre del empleo. Que eso iba a generar trabajo, que iban a venir inversiones, era la teoría del derrame. Pero no se derramó un cuerno. Esta multinacional, hay que decirlo, es mentira que genera empleo. Es una barbaridad. Si nosotros queremos trabajo, por esta vía de las 'inversiones' no lo vamos a tener”.
Actualmente, Rubén Ortíz estudia las consecuencias del modelo pastero sobre la producción de la yerba mate. “Sólo en Montecarlo, que producía en el año 1999 –cuando se empieza a extranjerizar- 30 millones de kilos de hoja verde; hoy estamos, con suerte, en 15 millones”, ejemplificó.
“Y yo les quería mostrar un cuadro de destrucción espectacular de las fuentes de trabajo, de flexibilidad y precarización que tiene la industria. Para producir esos treinta millones de kilos de hoja verde, Montecarlo, municipio por excelencia productor de yerba-, teníamos 2160 tareferos (peones de la yerba) blanqueados, declarados. Tienen que entender que una de las actividades con mayor precariedad, históricamente, es la yerba mate. En 2008, cuando estalla el escándalo de la yerba, había 10 tareferos declarados. Por eso, cuando Alto Paraná dice “generamos 1.300 puestos de trabajo, la respuesta concreta es decirles: '¿Y la cantidad de tareferos que desapareció desde que llegaron ustedes?' En un municipio desapareció esa cantidad. Entonces, esto es una gran mentira”.
Además, alertó que en Montecarlo cada año se pierden mil hectáreas de yerba como consecuencia del avance de la forestación, de pino y eucaliptos. “Y eso tiene que ver también con los malos precios de la hoja verde, que hace que la yerba no sea rentable”.
Finalmente, el historiador reflexionó que la industria pastera fue una herramienta de saqueo desde el inicio, que se profundizó con la extranjerización en la década del '90. “Acá hay una vergonzosa entrega de la biodiversidad, pero sobre todo hay una fenomenal entrega de la riqueza que producen nuestros ciudadanos”.

Genocidio y Ecocidio

El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” declaró culpable de Genocidio y Ecocidio a la empresa Alto Paraná S.A, junto con otras dos corporaciones: Cargill y Monsanto.
El fallo se conoció luego de dos intensas jornadas de audiencias, en las que se analizaron las denuncias, testimonios y casos testigos presentados por las poblaciones directamente afectadas por la presencia y forma de operar de la transnacional chilena.
El Tribunal advirtió que “hay en curso un ecocidio y genocidio silencioso”, tras comprobar “violaciones fragrantes a los derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza; así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, y ancestrales de los pueblos originarios”.Por ello, resolvió denunciar y condenar ante a la opinión pública como anti ético y violatorio de los Derechos Humanos “al sistema neoextractivista imperante, que tiene a las transnacionales como uno de sus principales protagonistas”.
Asimismo, demandó a los gobiernos nacionales y provinciales a garantizar: “la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses de los sectores privados; el acceso rápido y eficiente a la justicia; y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, los Derechos Ancestrales, y de Protección al Medio Ambiente”.
Instó a suspender los megaproyectos de desarrollo de monocultivos “hasta que se sometan a un proceso de evaluación de impactos social y ambiental, con una real participación de las comunidades y poblaciones que se vieran afectadas”.
Y resaltó que las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podría modificar la situación actual. “Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias”.

Sebastián Korol

Sepa cómo es el mapa del territorio argentino en manos de extranjeros



Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son controladas por magnates y empresas externas. Reservas de agua, glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y minerales estratégicos permanecen en manos foráneas. Casos emblemáticos. La presencia extranjera, provincia por provincia.
A escasas semanas de anunciado el proyecto del Gobierno que apunta a regular la compra de tierras por parte de extranjeros, los alcances de las inversiones y el posicionamiento estratégico de empresarios y empresas del exterior a lo largo de la geografía argentina comienza, poco a poco, a salir a la luz.
Con el dominio de superficies productivas que, aseguran desde entidades como Federación Agraria Argentina (FAA) se acercan a las 30 millones de hectáreas, el capital foráneo dice presente en 23 provincias del país.
Campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares, acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control extranjero.
iProfesional.com ha venido dando cuenta de este fenómeno, que incluye casos emblemáticos como el de la familia Benetton, que ostenta casi 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut, y Neuquén.
También el de Douglas Tompkins, poseedor de unas 350.000 hectáreas en distintas jurisdicciones.
Pero estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que incluye, por ejemplo, al magnate estadounidense Ward Lay, vinculado con la firma Pepsico y con las famosas papas fritas "Lay's", que controla 80.000 hectáreas en Neuquén.
En este marco, el reciente anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de enviar al Congreso un proyecto para limitar el avance foráneo, hizo que comiencen a aflorar casos paradigmáticos, a los que tuvo acceso este medio.
Por lo pronto, los primeros relevamientos efectuados por las distintas jurisdicciones dan cuenta de datos sorprendentes:
• Entre Ríos actualmente posee unas 800.000 hectáreas en manos de inversores de Estados Unidos, Holanda, España y Hungría.
• Mendoza, unas 500.000, cuyos titulares son franceses, chilenos, italianos, holandeses, españoles, ingleses, estadounidenses y hasta malayos. ¿Su interés? Básicamente la vitivinicultura.
• En Chubut, los primeros reportes dan cuenta de una cifra similar (500.000 hectáreas).
Otro ejemplo emblemático del poder económico extranjero lo ofrece la incursión del británico Joe Lewis en Río Negro, que tiene bajo su órbita unas 18.000 hectáreas, el control de todos los accesos que conducen al lago Escondido y, además, el emplazamiento de una pista aérea similar a la del aeropuerto de Bariloche.
Trasladado a un mapa, el dominio de tierras argentinas por parte del capital foráneo presenta el siguiente detalle:

Radiografía, provincia por provincia

"Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y la riqueza turística del país explican este gran interés ", afirmó a iProfesional.com Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de Federación Agraria.
"En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo a la venta otras 13 millones de hectáreas. Todas al mejor postor que, por lo general, es gente de afuera. Hay que evitar que este proceso se lleve a cabo", agregó.
Las palabras de Orsolini ganan contundencia si se las traslada al terreno geográfico.
En territorio bonaerense, el grupo italiano Paoletti acumula 13.000 hectáreas. La corporación también es conocida por haberse quedado con la concesión del Hotel Provincial, en Sierra de la Ventana.
"En La Pampa tenemos inversiones extranjeras. En particular, conozco varios casos de españoles", apuntó el gobernador Oscar Mario Jorge.
¿Qué sucede por el lado de Santa Fe? Si bien puede resultar llamativo, una de las provincias que alberga el grueso de las tierras más prósperas de la Argentina carece de un registro de compraventa de campos.
Como bien lo detallan medios santafesinos, "la Dirección de Catastro no cuenta con información sobre qué predios pertenecen a extranjeros. Tampoco el Registro de la Propiedad o el Ministerio de la Producción (provincial)".
Más allá de este vacío, desde Federación Agraria afirmaron a este medio que capitales italianos controlan vastas extensiones de terreno incluyendo, en su haber, unas 30.000 hectáreas operadas por el establecimiento Los Algodonales.
Por el lado de la provincia de Corrientes, en cambio, Tompkins aparece como el mayor propietario de tierras en los Esteros del Iberá, con alrededor de 140.000 hectáreas bajo su poder.
La zona es considerada clave para las próximas décadas no sólo por su biodiversidad, sino también por albergar una de las principales reservas de agua del planeta: el acuífero Guaraní.
En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su órbita algo así como el 6% del territorio total de la provincia.

Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa

En cuanto a Córdoba, tampoco cuenta con información precisa y actualizada respecto a la incidencia de los extranjeros.
El caso más resonante en esa zona es, sin dudas, la adquisición de hasta 30.000 hectáreas en cercanías de Río Cuarto por parte de allegados al ex presidente estadounidense George W. Bush.
Al parecer, entre los socios de los Bush se cuentan los empresarios Ronald Krongold, el multimillonario George Soros y los cubanos Fanjul, dueños del imperio azucarero Santo Domingo.
La adquisición de estas tierras respondería al interés de la familia del ex mandatario por exportar agua mineral "Premium".
Córdoba ha sido la provincia elegida por la canadiense Bolland, que ha venido concretando avances en la zona norte, en búsqueda de reservas de "tierras raras", una combinación de minerales vital para el desarrollo de nuevas tecnologías.
En Santiago del Estero, es fuerte la presencia de capitales estadounidenses que dominan grandes superficies dedicadas a la producción agrícola y ganadera.
En Formosa y Chaco, empresas australianas tienen bajo su poder un total de 1,4 millones de hectáreas.

Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca

Hablar de dominio foráneo en Salta es sinónimo de AIG.
Sucede que la firma estadounidense controla el 7% de la superficie de la provincia.
Otra norteamericana, la canadiense Artha Risources, anunció hace poco tiempo que se había hecho del control de unas 55.000 hectáreas en la zona de Cachi.
También en esa zona, una firma australiana posee la titularidad de unas 70.000 hectáreas.
Por el lado de Tucumán, los grandes capitales estadounidenses vuelven a estampar su sello como titulares de las mejores tierras de la provincia.
Ya en Jujuy, se encuentran varias compañías canadienses que, instaladas en zonas de salares, controlan diversas áreas ricas en litio, un mineral sumamente preciado en el mundo, dado que es requerido para la fabricación de baterías para autos, celulares y equipos tecnológicos.
En Catamarca, GCN Combustibles apunta al dominio del oro y uranio. Para ello, controla desde hace varios años unas 700.000 hectáreas en Fiambalá.

La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis

En Mendoza, diversas fuentes periodísticas locales vienen dando cuenta de unas 500.000 hectáreas en manos de inversionistas del exterior.
De esa porción, la mitad pertenece a inversores malayos. La otra, principalmente, es propiedad de empresarios italianos, franceses, españoles e ingleses.
En cuanto a La Rioja, cobró relevancia un hecho del que diera cuenta iProfesional.com: la venta de unas 200.000 hectáreas protegidas, a tan sólo un millón de dólares y vía Internet.
"En esa provincia una firma se quedó con más de 400.000 hectáreas que incluían el pueblo de Jagüe en su interior", había denunciado Orsolini.
Con respecto a San Juan, la presencia foránea se hace visible de la mano de mineras como la canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo los proyectos de oro y plata Veladero y el controvertido Pascua Lama.
Suizos y británicos, a través de Xstrata Copper, explotan cobre y molibdeno a través del proyecto Pachón. La producción, ajustada a una amplia porción de territorio sanjuanino, está destinada a abastecer plantas de refinamiento en Japón, Corea y Taiwán.
En lo que hace a San Luis, la canadiense Wealth Minerals adquirió casi 6.000 hectáreas en cercanías de Rodeo de los Molles, para iniciar la búsqueda de "tierras raras".

Patagonia extranjera

Más allá de los ejemplos enunciados, la Patagonia lidera cualquier nómina respecto del control extranjero de tierras argentinas.
A los casos de Benetton (900.000 hectáreas), Ted Turner (55.000), Tompkins (parte de las 350.000) se suman las del dueño de Pepsico (80.000) que, a través de Alicurá, explota espacios de pesca y cotos de caza.
En Rio Negro hace muy pocos días se conocieron los detalles de la entrega de otras 7.000 hectáreas que el gobierno de Miguel Saiz había otorgado en 2009 a un grupo belga.
Según medios locales, el traspaso se hizo con una particularidad: la zona es de glaciares e incluye en sus márgenes parte del cerro Carreras, desde donde nacen varios de los ríos más importantes de la provincia.
En Chubut, tal como diera cuenta iProfesional.com, la Península de Valdés se ha transformado en el punto de desembarco de inversores ingleses.
"Aunque la avanzada en el lugar la están realizando principalmente inversionistas británicos, también hay incursión de estadounidenses. Es notorio cómo aparecieron en el último tiempo numerosas sociedades anónimas que controlan grandes extensiones de tierras", enfatizó a iProfesional.com Carlos Lorenzo, diputado de la UCR chubutense.
Pero más allá de los nombres, lo que alimenta aún más la preocupación son las 13 millones de hectáreas que hoy se ofrecen a la venta, la mayoría de ellas ubicada en la Patagonia.
Un territorio que, tal como aseguraron a este medio agentes inmobiliarios y legisladores provinciales, alberga un número casi indeterminado de terrenos fiscales.

La Angostura Digital

lunes, 30 de enero de 2012

Estrenan Ley Anti-Terrorista contra asambleístas de Catamarca

La información es reciente y llama al alerta. "¡La Argentina estrenó Ley AntiTerrorista! El fiscal provincial subrogante provincial de Catamarca Julio Landivar acaba de liberar a los 9 ambientalistas detenidos, no sin antes imputarlos por actos de terrorismo y poner en riesgo la seguridad pública", publicaron en la página "El Aconquija no se toca". ComAmbiental confirmó esta noticia en diálogo telefónico con Selene Herrera, una de las abogadas de los asambleístas, quien informó que los manifestantes se encuentran imputados.
También, como habíamos adelantado, el fiscal federal Gustavo Gómez publicó por las redes sociales: "El fiscal de Santa Maria aplica el artículo 213 bis [del Código Penal] que de acuerdo a la nueva ley antiterrorista es de competencia federal. Eso es prevaricato" (es decir, una resolución arbitraria de un autoridad judicial). Además: "La policía de Catamarca les hizo firmar un acta a los liberados que obliga a no hablar con la prensa bajo pena de revocarles la libertad". Según Gómez, no existe orden de la Justicia Federal de Catamarca para actuar en el corte selectivo. Por ello Landivar recurriría a la Ley Anti-Terrorista. En la jornada del viernes, habían quedado demorados nueve personas hasta últimas horas.
De confirmarse todos estos datos, se trata de una situación muy preocupante la que se vive en la provincia de Catamarca. La Ley Anti-Terrorista fue sancionada por el Congreso de la Nación a fines del año pasado, ni bien asumió el nuevo mandato la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. La legislación recibió un amplio rechazo y repudio de organizaciones sociales, incluidas ambientalistas, también de aquellas vinculadas al kirchnerismo, como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde hace tiempo dirigentes pro-mineros acuñaron el término "eco-terrorista", mientras que ayer mismo el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, comparó a los asambleístas con los nazis.

El orden jurídico

El Código Penal de la Nación establece en su Capítulo V "Otros atentados contra el orden público": "ARTICULO 213 bis. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".
Por su parte, la reciente Ley Antiterrorista 25.886 establece en su artículo séptimo una modificatoria al artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación. El mismo establece cuál es la competencia federal y debe aplicarse a hechos que sucedan en una ruta nacional como la 40. Allí se incorpora justamente el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime las agrupaciones terroristas.

La movilización social consigue paralizar el proyecto minero en Famatina


Tras la lucha y la resistencia de un pueblo entero, y la multitudinaria marcha de mas de 10.000 manifestantes el 27 de enero, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció que el proyecto minero en el Famatina se demorará “el tiempo que sea necesario” a fin de “explicar” sus alcances.
El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció este domingo que el proyecto minero en el Famatina se demorará “el tiempo que sea necesario” a fin de “explicar” sus alcances a la población, a la vez que garantizó que “no va a haber otra actividad mientas la gente no esté de acuerdo” con el proyecto.
Herrera lamentó que los riojanos sean “como el hijo vago de la Nación” porque la administración central “tiene que estar permanentemente mandando plata” a la provincia, al justificar su política minera, con la que intenta superar esta situación.
En un comunicado de prensa, Herrera dijo que el proyecto de exploración del Famatina por parte de la empresa canadiense Osisko, que debió comenzar el pasado 16 de enero, se demorará “el tiempo que sea necesario” para “explicar” a la población las implicancias del emprendimiento.
“No va a haber otra actividad mientras la gente no esté de acuerdo”, afirmó.

Marcha masiva

Herrera se pronunció así horas después de que 10.000 personas marcharan ayer a la Casa de Gobierno para exigirle que anule ese contrato y abandone su política megaminera metalífera y uranífera “o se vaya”.
La participación en la concentración convocada por las Asambleas Ciudadanas por la Vida fue comparable al denominado “Riojanazo”, del 9 de diciembre de 1993, aunque esa vez la gente se reunió espontáneamente.
En aquella oportunidad una multitud obligó al entonces gobernador Bernabé Arnaudo a volver atrás con su política de ajuste sobre el sector público.
A través de un comunicado de prensa, Herrera reiteró su mensaje de tranquilidad a la población respecto de las consecuencias de la minería y anunció el inicio de una etapa de información e instrucción sobre la actividad. “Tenemos que encontrar nuestro destino como lo hicieron el resto de las provincias”, manifestó, porque a raíz de la absoluta dependencia económica, “los riojanos somos como el hijo vago de la nación que nos tienen que estar permanentemente mandando plata”, lamentó.
Herrera ratificó que el Estado provincial brinda “todas las garantías” de que será una actividad no contaminante.
“Cómo van a pensar que como gobierno se explotaría un recurso poniendo en riesgo el agua y la salud de la población” se preguntó y se comprometió a explicar la iniciativa “el tiempo que sea necesario”.

Comunicación Popular

jueves, 26 de enero de 2012

La Barrick Gold y las condiciones y medio ambiente de trabajo



Desde trastornos en la salud hasta el peligro de vida. La flexiseguridad. La doble opresión a las mujeres. La Academia y la realidad. Unas fotos valen más que mil palabras.

Cuando nos referimos a condiciones y medio ambiente de trabajo pensamos en sujetos que desempeñan puestos de trabajo, en personas que pertenecen a un sistema organizacional en un contexto histórico concreto. Es decir, en el que interjuegan factores al nivel macro y micro-social.
Las declaraciones a la agencia ACTA de José Leiva, obrero minero de la Barrick Gold, fundador del sindicato, OSMA –CTA y la exhaustiva investigación realizada por Miguel Bonasso (1) nos ubican en el terreno de los hechos, abriendo un entretejido de relaciones que posibilitan su existencia.
Veladero, está ubicada en la provincia de San Juan (en la frontera de los Andes entre Chile y Argentina, a unos 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar y alrededor de 360 kilómetros al noroeste de la ciudad de la provincia. Es una de las 27 minas de oro y dos de cobre que este emporio tiene. (2)
La situación laboral la describe en estos términos:
• El problema nuestro son los accidentes. En noviembre de 2006 hubo un accidente fatal en Veladero, se desbarrancó un camión y murieron dos compañeros. Ocurrió a las dos y media, tres de la tarde. En una recta amplia, con un ancho de 32 metros que deja espacio para dos fuera de ruta. El camión que tripulaban Mauricio Aguilera y Leonardo Muñoz iba en segunda, a menos de veinte kilómetros por hora, cuando el gigante se subió a la berma, al talud de metro y medio de altura que indica el límite. Anduvo unos cinco metros sobre el talud (3), bajó la trompa, atravesó otros dos metros que separaban la berma del precipicio y cayó al abismo.
• No se cumplen debidamente las normas sobre seguridad laboral y no existe control alguno de parte de los organismos gubernamentales (Policía minera, Subsecretaría de Trabajo, Medio Ambiente, ni del sindicato AOMA (CGT).
• Jornadas laborales de 12 horas, durante 15 días continuos.
• Trabajamos en un ambiente donde hay mucha sílice, esa arenilla que se mete en los pulmones y hace callosidades que acaba con ellos, la silicosis. Es una enfermedad fibrósica-pulmonar de carácter irreversible y considerada enfermedad profesional incapacitante en muchos países.
• Salario: el sueldo inicial es de $5.200, que es lo que cobra un conductor de un camión “fuera de la ruta” y el promedio salarial asciende a unos 6.500 pesos, aunque los trabajadores que están subcontratados no perciben más de $ 2.500. Los sueldos más altos como los de los perforistas, que son los que hacen los agujeros para dinamitar la roca, están entre 7.500 y 8.000 pesos. En la mina trabajan unas 1.500 personas.
No existe libertad sindical. La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), no tiene el reconocimiento del Minieterio de Trabajo.
Después de sortear la táctica patronal para impedir la organización del nuevo sindicato, lograron en el año 2009 encauzarla. Tuvieron que enfrentar el despido de José Leiva pero lograron su reincorporación. Actualmente existe persecución judicial por una acusación falsa de la empresa y el secreto del sumario.
“La actualidad de OSMA es de lucha”. Se hicieron dos paros, por aumento salarial y la reincorporación de José Leiva.
Aunque el eslogan es “Minería Responsable” los trastornos en la salud se expresan a través de varios síntomas, de los cuales se puede puntualizar a nivel de:
• piel
• columna vertebral
• respiratorios
• presión arterial
• descanso
Es la minería llamada “rajo o tajo a cielo abierto” y el oro se extrae mediante el proceso de lixiviación que consiste en mezclar la roca molida, donde yace el metal precioso, con una solución de cianuro y agua. El veneno al unirse con los átomos de oro, los separa de otros minerales que integran las rocas.
Otros informes dan cuenta sobre los desechos tóxicos que el Council Ethics (Consejo de Ética) de los Fondos de Pensión de Noruega dirigió una Tecomendation inapelable al Ministerio de Finanzas de su país que se excluyera de la cartera de inversiones a la Barrica Gold por el “daño irreparable causado al medio ambiente” con su mina de Porgera en Papúa, Nueva Guinea.
En nuestro país la empresa no lo reconoce como un trabajo insalubre y considera que las fallas siempre son humanas, “la culpa la tiene la víctima, al muerto le tiran el muerto”. El comunicado del Departamento de Medicina Asistencial de la Secretaría de Salud Pública de esta provincia emitió un comunicado (4) titulado “Pautas para el tratamiento de la intoxicación con cianuro” firmado por el jefe, Jorge Figueroa:
El cianuro de Na puede ser fatal si se inhala, se traga o se absorbe a través de la piel. (…) Si hay pérdida de conciencia suministrar O2 y Nitrato de Amilo a través del resucitador (…) recomendación de antídotos para intoxicados con cianuro.

La descalificación del informe de la ex-secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Existe libertad de explotación a los trabajadores, envenenando sus cuerpos, legalmente instituido.
La visión académica elaborada en la década de 1980, con el espíritu de superar la visión organicista del ser humano, ante este panorama, parece descolocada y disociada de la realidad, para instrumentar sus saberes y analizar la carga de trabajo y sus dimensiones. Entendiendo por Carga global de trabajo al conjunto de repercusiones de las exigencias del puesto de trabajo caracterizado por una tarea o trabajo prescripto. Es un desafío de los trabajadores, obliga a su organismo, a sus dimensiones psíquicas y mentales a hacer un esfuerzo de adaptación y de resistencia ante los factores de riesgo para que estos no provoquen daños. (5)
En este caso los riegos son negados y no se contempla la carga física, mental y psíquica. ¿Es un caso aislado? El autor (6) citado reconoce el cambio de paradigma productivo, un modelo
implementado por iniciativa de los empleadores requiere para ser viable una movilización más intensa de los trabajadores asalariados (…) se produce una intensificación del trabajo y un desplazamiento de los riesgos hacia las dimensiones psíquicas y mentales (…) por medio a ser despedidos, los trabajadores, los trabajadores aceptan seguir trabajando y aportan su creatividad y su voluntad en las actividades, superando las limitaciones del trabajo prescripto (…)
Para hacer frente al sufrimiento, “aguantar” y “resistir” ante condiciones de trabajo adversas, con frecuencia los trabajadores aumentan el consumo de café, tabaco, golosinas diversas, así como psicotrópicos, automedicándose tranquilizante, somníferos, analgésicos, antidepresivos, etc. (…)
Reformas en el derecho individual del trabajo tradicional, introduciendo diversas formas legales de flexibilidad en cuanto al reclutamiento, el uso y el despido de la fuerza de trabajo, disminuyendo los derechos protectores de los asalariados y los montos a pagar en concepto de preaviso e indemnizaciones por causa de despido.
Otro concepto que subyace a estas relaciones laborales, es el de flexiseguridad (7). Este término fue acuñado en los países europeos, reconociendo su vertiente macroeconómica, de política laboral y una más restringida atribuida a las prácticas que puede llevar a cabo una empresa. En otros términos flexibilidad laboral, optimizando la seguridad empresarial.
Este modelo fue implementado salvajemente en nuestro país en la década desde la década de 1990 con la complicidad de los jerarcas sindicales. La resistencia sostenida por un sector de los trabajadores, transformada luego en la CTA, lucha, contiene y acompaña a las más de dos mil organizaciones simplemente inscriptas, de las cuales OSMA forma parte.
¿Qué le interesa a la empresa? La empresa persigue millonarias ganancias y “transfiere parte del riego desde los empleadores hacia los trabajadores asalariados”. (8)

El gran negocio

El gran negocio quedó totalmente habilitado con Protocolo Adicional Específico (9) para “el proyecto minero Pascua Lama”:
Argentina y Chile permitirían a los inversionistas de uno y otro el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo del negocio minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios, aunque no tengan la calidad de recursos hídricos compartidos (…).
La presencia de funcionarios norteamericanos, fue significativa, tal es el caso de Hugo LLorens y Richard G. Miles y del irlandés, con residencia en Toronto, Aaron Regent . ¿Quién son? De sus vastos currículum, registramos:
H.LL: ejecutivo del Chase Maniatan y luego en el servicio exterior de los Estados Unidos.
R.M: funcionario de la embajada norteamericana a cargo de “las políticas de lucha contra el terrorismo y de centralizar toda la inteligencia referida a las provincias de Jujuy, córdoba, Misiones y San Juan.
A.R: Es el CEO con el mayor cargo ejecutivo después de Meter Punk.
Según Bonasso después de estas visitas las provincias mineras unificaron el discurso: los “terroristas ecológicos” pasaron a ser simplemente “terroristas o “terroristas de los 70.
Se estiman ganancias millonarias, gracias a los beneficios fiscales, extraerán y exportarán libremente. Según Bonasso se calculan reservas en 18 millones de onzas de oro, 718 millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre.
Esta operación fue completada en el mes de octubre de 2008, con el veto presidencial (10) a la Ley de Glaciares (26.418).
La batalla parlamentaria retornará en el 2010, después de duros debates en las comisiones y en los plenarios de ambas cámaras. La ley 26.639 –Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - . Se aprobó (11), gracias a la libertad de acción decidida por los jefes de los bloques mayoritarios de la cámara de Senadores. “Pero el poder tenía un Plan B”, efectivamente, la defensa de los intereses mineros continuó con la Reglamentación y la aplicación de la misma. Además, hay que agregarle las acciones judiciales iniciadas.
El Acuerdo (2009) con la Barrica Gold otorga 18 ventajas impositivas, fiscales y especialmente seguridad para sostener y transferir el capital. El Acuerdo fue ratificado por las dos presidentas, Michelle Bachelet y Cristina Kirchner. Festejando el mismo, ésta última dijo:
Nunca hubo un proyecto minero de estas características y eso requiere de una ingeniería institucional en muchos rubros, tributario, laboral, medioambiental. Todo debe ser rigurosamente acordado y cuidado. Lo que hemos logrado es superar la última traba que era el tema impositivo entre ambos países.
Lo que la empresa Barrick Gold no logró en la provincia de la Rioja por la resistencia popular - Famatina, 2007 – movilizados con la consigna “el cerro Famatina no se toca”, lo logró en San Juan.

Una familia que compra y vende

Desde sus orígenes esta familia, compra y vende personas cosas. El abuelo de Peter Munk (12) (Gabriel) estuvo entre los 1.684 judíos húngaros que se refugiaron en Suiza, pagando mil dólares en franco suizos por persona. Mientras tanto, otros 450.000 seres humanos (el total de la comunidad judía de Hungría) eran transportados en otros trenes hacia las cámaras de gas de Auschwitz.
En 1948, a los veinte años de edad, su familia lo mandó a Canadá, a casa de un tío, con trescientos cincuenta dólares en el bolsillo.
Es evidente que supo invertir con otros inversores, especialmente con el traficante de armas Adnan Khashoggi y establecer relaciones políticas para desarrollar el poder que tiene. La relación con el fascismo continúa, su conexión con la familia Busch y todo tipo de funcionario fue el medio apropiado para engendrar la Barrica Gold de la cual es fundador y presidente.

La doble opresión de las mujeres

Esta empresa no ahorra ningún método para sojuzgar a los/as trabajadores/as, utilizando también un viejo método, practicado desde la revolución industrial, violando a las mujeres. El patriarcado preexistente al sistema capitalista, lo ha incorporado como una forma de sometimiento. Es por eso que decimos que existe doble opresión, por ser trabajadoras y por ser mujeres.
Hacemos referencia a la violación en la Mina Porgera Join Venture, Papúa NuevA Guinea, Oceanía, la Tierra, en febrero de 2009. La provincia de Enga y los dueños del terreno poseen el 5% y Barrick Gold el 95%.
Este testimonio lo recogió la misión de Human Rights Watch, donde estuvo investigando denuncias sobre expulsión de poblaciones y violaciones a mujeres de la comunidad local por parte de policías privados de Barrica Gold.
Los testimonios citados por M. Bonnaso (p.229 y 230) son desgarradores. El pánico de estas mujeres la llevó a no hacer la denuncia por estar “aterradas”. Asimismo niegan el hecho a la gente que las rodea, excepto a su familia, quienes resolvieron mantener el silencio.
El relato incluye trastornos en el sueño, así como repulsión por algunas comidas: “me acuerdo de ese condón que el tipo de la seguridad había usado con otras dos chicas y me enchufó en la boca y no puedo comer”.

Doblemente violadas

La situación traumática vivida como efecto de la violación, no sólo afectó su integridad física, sino también la moral, pues los agresores las califican como provocadoras, “tengo mala fama (…) andaba por ahí masticando condones”.

Peter Munk y Cristina Kirchner

Cuando la presidenta se dirige a “nosotros” y “nosotras” para convencernos de la existencia de un capitalismo “no salvaje”, hace referencia a la alianza que viene realizando con algunas empresas que responden al gran capital, aunque lo adorne con vocablos que intentan ocultar la desigualdad de este sistema. Las fotos publicadas (13) con Peter Munk reflejan esta relación y valen más que mil palabras.
Esta alianza es posible violando:
• nuestra soberanía nacional y la de los recursos naturales;
• las normas laborales
• contribución impositiva de las ganancias.
Estamos acostumbrados a la manipulación que se realiza desde esta gestión en la que han logrado que un sector de la población se apropie de las ideas de la clase dominante. (14) Recomiendo la lectura y estudio de la documentación existente sobre el tema, para develar el doble discurso presidencial y siempre guiarnos por los hechos, que son criterio de verdad y tener en cuenta que los Amos, como los llama Bonasso, operan continuamente, siguiendo las enseñanzas del “más talentoso de los directores que había tenido la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, George Herbert Wlaker Bush.

Notas:

1) Bonasso, Miguel, El Mal - El modelo K y la Barrica Gold, Editorial Planeta, octubre de 2011.
2) Las otras minas están ubicadas Argentina, Chile, diez en Australia, cuatro en Tanzani, ocho en Estados Unidos, dos en Perú, una en Papúa Nueva Guinea, una en la República Dominicana y una en Canadá.
3) Inclinación de un terreno o un muro.
4) Citado por Bonasso (p. 54).
5) Neffa, Julio César, ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Propuesta de una nueva perspectiva, Editorial Humanitas, 1988. Carga fisica: a) estática: se denomina así al esfuerzo físico realizado en condiciones tales que la contracción de los músculos es contínua y se mantiene durante cierto tiempo. b) dinámica: se caracteriza por la sucesión de tensiones y distensiones de los músculos activos. En cualquier de las dos modalidades, la carga física de trabajo implica un desgaste de energía, una modi-ficación de la frecuencia cardíaca y otros efectos sobre el organismo. La carga mental Son los requeri-mientos y exigencias del puesto de trabajo en cuanto a las actividades de tipo cognitivo, es decir las que se originan en los mecanismos del pensamiento teniendo en cuenta el límite de las capacidades mentales humanas. Carga psíquica: los aspectos sico-sociales de la carga de trabajo, se relacionan muy estrecha-mente con el contenido de trabajo. Unas de las consecuencias que tiene la carga psíquica de trabajo gene-rada por las CYMAT son la ansiedad y la angustia de los trabajadores.
6) Neffa, C. Julio, El trabajo humano- Contribuciones al estudio de un valor que permanece, Editorial Distribuidora Lumen SRL, 2003.
7) En Europa este concepto comenzó a circular en el ámbito académico ya hacia fines de la década de 1990 (si bien fue acuñado por Hans Adriaanens en 1995) y hoy se encuentra plenamente instalado en el seno de la comisión Europea; una prueba clara es la última publicación del Libro Verde sobre esta temática en el 2006. Flexiseguridad: origen, trasfondo y contexto de un debate añejo. Lic. Erica Farcic, Edición electró-nica.
8) Op. cit.
9) Firmado el 13 de agosto de 2004.
10) Decreto 1837/08
11) Sancionada: Septiembre 30 de 2010. Promulgada de Hecho: Octubre 28 de 2010.
12) Pertenecían a una rica familia de banqueros de Budapest.
13) Toronto, Canadá, 26 de junio de 2009.
14) Argenpress, Psicología de masas del kirchnerismo, 12 de agosto de 2011.

Ester Kandel

miércoles, 25 de enero de 2012

Malvinas: el ruido y las nueces de los "hermanos latinoamericanos"


La cuestión de fondo es la gran expansión de los negocios petroleros en la plataforma del Atlántico Sur. La Falkland Oil, una de las compañías a cargo, acaba de hacer una emisión de acciones récord en la bolsa de Londres, apostando al desarrollo de sus pozos de aguas profundas en la zona. Las reservas comprobadas hasta hoy cuadruplicarían a las que cuenta Argentina en el continente.
La última cumbre del Mercosur resolvió que los barcos ingleses rumbo a Malvinas no pudieran recalar en los puertos de la región. Los diarios oficialistas de Argentina celebraron la "victoria diplomática" de Cristina. Pero el fervor se desinfló cuando un buque con bandera británica, efectivos militares y el antecedente inmediato de haber localizado petróleo en el Mar del Norte, recaló en el puerto de Montevideo, sin que el gobierno de Mujica hiciera la menor objeción. Enseguida, los funcionarios uruguayos aclararon que el acuerdo de los "hermanos del Mercosur" sólo impedía el paso de buques si éstos ostentaban bandera malvinense. En cambio, no existía ninguna restricción para los de bandera británica. La ‘victoria diplomática' resultó una farsa.
En esas horas, el canciller británico informaba a su parlamento que "Chile, Brasil y Uruguay no tienen intención de participar en bloqueo económico alguno a las islas". Ginés García, el embajador argentino en Chile, se ocupaba de aclarar lo mismo -"no hay bloqueo ni nada que se le parezca". En el medio de los cruces verbales, los K habían resuelto nombrar embajador en Londres, después de cuatro años de vacancia. Mientras, el canciller Timerman escribía en los diarios ingleses: "Queremos negociar" (The Times, 14/1).
¿A dónde apuntan los fogonazos de la diplomacia K? En medio de una agudización de las medidas proteccionistas en materia de comercio exterior, el reavivamiento de la cuestión de Malvinas ayuda a revestir al proteccionismo oficial de un manto nacionalista. Con el mismo propósito, el gobierno descarga la artillería (verbal) desde hace años sobre el pulpo angloholandés Shell, aunque el paquete mayoritario de las acciones de Repsol se encuentra también en manos inglesas.
La cuestión de fondo es la gran expansión de los negocios petroleros en la plataforma del Atlántico Sur. La Falkland Oil, una de las compañías a cargo, acaba de hacer una emisión de acciones récord en la bolsa de Londres, apostando al desarrollo de sus pozos de aguas profundas en la zona. Las reservas comprobadas hasta hoy en torno de las islas cuadruplicarían a las que cuenta Argentina en el continente; para el ex canciller Bielsa, Malvinas y su cuenca marítima son "un golfo pérsico austral" (La Nación, 18/2/10). Bielsa se queja de los "ingresos fiscales cuantiosos" que percibiría la administración de Malvinas por esta explotación.
Los diplomáticos kirchneristas y algunos geopolíticos que le tiran letra, piensan que la declinación económica y militar de Gran Bretaña constituiría un escenario favorable para una escalada diplomática en relación a Malvinas; es la misma hipótesis que llevó a Galtieri a invadir las islas. Pero es probable que la analogía con 1982 no termine allí. La dictadura apostaba a la "soberanía compartida" de las islas, un status que le hubiera permitido coparticipar los recursos petroleros o pesqueros. Es el "modelo" que los K han habilitado para que la British Petroleum explote otra cuenca sureña, continental, hasta el año 2047. Los nac & pop argentinos sueñan con encontrar otra veta fiscal, entre la muy jugosa de la patria sojera o la menos jugosa de la minería a cielo abierto. En Inglaterra, los partidarios de una negociación des! tacan el valor de las costas argentinas como "plataforma de tierra" para la explotación petrolera en las islas, donde Chile, Brasil y Uruguay rivalizarían con la Argentina. Como se ve, la "solidaridad continental" de los gobiernos capitalistas está condicionada a una política entreguista de los recursos. Obama y la canciller Clinton exhortaron a las partes "a negociar", como en su oportunidad lo habían hecho Reagan y su ministro Haig. Gran Bretaña no puede soltar la presa, cuando la crisis de sus vínculos con la ‘zona euro' amenaza el monopolio financiero de la city de Londres. Como al mismo tiempo Argentina se está quedando sin reservas de petróleo y de gas, como consecuencia de la privatización y mercado libre de combustibles -que los K defienden desde 1992-, la impotencia nacional es completa. Argentina ha quedado a merced de los hidrocarburos de Qatar, una plaza del capital p! etrolero internacional.

Marcelo Ramal

La megaminería en la Argentina realizó en 2011 mil kilómetros de perforaciones



La expansión de la actividad minera durante 2011 fue récord en la Argentina, no sólo por la extracción en sí, sino también por la cantidad de nuevas exploraciones a lo largo de todo el país. En paralelo, las protestas sociales crecieron en cantidad y organización.
Imagínese usted un edificio de 340 mil pisos. Es cierto que es difícil: el más alto actualmente mide apenas unos 800 metros y tiene no más de 160 pisos. Pero intente concebir una estructura de más de un millón de metros, con sus 340 mil pisos. Si lo ha logrado, podrá usted tener noción de qué pasaría si apiláramos metro sobre metro todas las perforaciones que durante 2011 las empresas mineras cavaron en territorio argentino.
1.031.600 metros perforados. La precisión refuerza el golpe de la verdad.
Porcentualmente, las exploraciones durante el año pasado representaron un salto del 660% respecto de los metros perforados en 2003, elevando así al 2011 al podio de récord histórico, según celebró la Secretaría de Minería.
Pero mientras las grandes firmas mineras se consolidan y se emocionan con nuevos proyectos extractivos, también se afianzan las protestas sociales, que se duplican en diferentes puntos del país, con más manifestantes y mejor organización.
A mediados de enero, la Unión de Asambleas Ciudadanas, motivada por la masiva reacción de los riojanos “en defensa del Famatina”, lanzó una convocatoria nacional para salir a las rutas a detener el paso de transportes vinculados con la minería.
El primer lugar donde el “bloque selectivo” -según ellos lo definieron- se hizo efectivo fue en Belén (Catamarca) donde, después de 15 años de alojar en la provincia a Bajo la Alumbrera, las organizaciones sociales y los vecinos en general están mucho más alertas y organizados para sustentar una medida de fuerza.

Un cruce en cada esquina

Sería ingenuo no estrechar el vínculo entre “2011- Año récord para la minería” y el crecimiento de las manifestaciones públicas en rechazo de la actividad. Con estos dos condimentos, aunque la dinámica de la realidad nos imposibilite predecir el futuro, es bastante factible que los cruces entre sectores se irán acrecentando en los próximos años, y algún tipo de salida tendrá que presentarse.
La hipótesis se consolida aún más si se considera que gran parte de las inversiones corresponden a proyectos en exploración, que recién están ingresando en etapa de construcción y todavía quedan algunos años hasta que comience la extracción del mineral (más allá de los emprendimientos que ya están en curso).
Durante el año pasado, el sector minero invirtió en la Argentina más de 11.000 millones de pesos (casi 3.000 millones de dólares), lo que representa respecto de 2003 -cuando arrancó el Plan Minero Nacional- un incremento acumulado del 1.948%. Se explica así que en el país haya más de 600 emprendimientos extractivos, con desembolsos de capitales provenientes de más 30 naciones.

¿Una cuestión de impuestos o de ambiente?

La estructura tributaria argentina es innegablemente favorable para las compañías mineras. No sólo lo reconoce la misma Secretaría de Minería de la Nación mediante el eufemismo “marco juridico especifico y escenario tributario competitivo”, sino que las propias empresas destacan esta característica como uno de los puntos fuertes en sus informes para atraer inversores.
Sin embargo, el debate que necesariamente llegará en algún momento es si se trata de una cuestión recaudatoria o si pesa todavía más el reclamo por las consecuencias ambientales propias de la actividad en gran escala. Es decir: ¿Si el Estado aumenta su participación en la renta minera considerablemente, el pueblo argentino aceptaría el arraigo de grandes proyectos mineros?
Las últimas declaraciones del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, parecen comenzar a inclinar la balanza del debate hacia ese costado. El funcionario aseguró que desde el Gobierno nacional promueven “que cada provincia tenga su propia empresa pública minera y que la misma participe societariamente junto al inversor privado en la puesta en marcha de los proyectos”. El primer paso, otra vez aquí, ya lo dio Catamarca, y también La Rioja con su intento de acuerdo (truncado por los riojanos) con la canadiense Osisko Mining Corporation para buscar oro en la zona del Famatina.
Mientras tanto, continúa vigente la legislación de mediados de la década del noventa, según la cual las regalías mineras son del 3% sobre el valor de boca mina del mineral extraído, y calculado a partir de la declaración de la propia empresa. En el Congreso de la Nación también se analizan algunos proyectos de ley, en los que se propone subir esa regalía a un máximo del 12%.

Contaminación oficial

Desde el canal público, sorprendieron hace pocos meses las palabras del Secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, disparando contra la minería a gran escala que promueven las multinacionales del sector. No es que no esté comprobada su contaminación concreta (y que naturalmente atañe a su Secretaría), pero lo cierto es que hasta el momento la cuestión minera permanecía en un sarcófago hermético para el oficialismo.
Entrevistado en el programa Con sentido público, Mussi reconoció que “la minería que contamina es la minería a cielo abierto” y llamó a “hablar con las provincias”.
“Entiendo que muchas provincias viven de eso, pero se puede hacer minería en pequeña escala y no entregarle la minería a las grandes empresas que son las que verdaderamente después, a mansalva, lastiman y contaminan el medio ambiente”, dijo.

Alejandro Giuffrida

martes, 24 de enero de 2012

Antes militante social, ahora terrorista


Una ley argentina bajo presión internacional

Pese a los días soleados y calurosos, en la capital argentina no cesa la lluvia de críticas al oficialismo por la nueva ley antiterrorista, sancionada al cierre del año 2011 entre gallos y mediasnoches. Los dardos provienen incluso de filas cercanas al oficialismo. El texto, denunciado como una amenaza para los movimientos sociales, habría sido "sugerido" por el gafi, un organismo internacional de monitoreo de los movimientos financieros.
"Cuando alguno de los delitos previstos en este código (Penal) hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo." Esa es la modificación al Código Penal que el Senado nacional convirtió en ley en su sesión del 22 de diciembre a pedido de la presidenta, Cristina Fernández. Una semana antes Diputados la había aprobado como parte del paquete de nuevas leyes enviadas de urgencia por el Poder Ejecutivo tras convocar a sesiones extraordinarias, y el 28 de diciembre Cristina Fernández la promulgó.
La nueva ley motivó el repudio de organizaciones sociales y especialistas de derecho, tanto oficialistas como opositores, quienes ven en ella una seria amenaza potencial a los reclamos sociales de organizaciones y ciudadanos en todo el país. El alerta se enciende especialmente para las asambleas ciudadanas que en la cordillera resisten los embates de las empresas mineras, y las organizaciones de los pueblos originarios en lucha por retener o recuperar sus tierras en las provincias del norte, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, avasalladas por trasnacionales o por grandes empresas nacionales que pretenden extender la frontera agrícola. El denominador común de esos movimientos es que han sido acusados de "prácticas terroristas" en sus acciones de resistencia.

¿GAFI ESTÁS?

A mediados de octubre pasado –cuando ya era palpable el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas y presidenciales– el gobierno envió al Parlamento el proyecto de modificaciones al Código Penal y esperó el resultado de la consulta nacional del 23 de octubre, que no sólo ratificó la reelección de Cristina Fernández sino la recuperación por el kirchnerismo de las mayorías parlamentarias tanto en Diputados como en el Senado.
Apenas transcurrida la consulta, el ministro de Justicia, Julio Alak, prometía que sería sancionada una nueva ley antiterrorista. El anuncio, realizado a pedido expreso de la presidenta, sonó como extemporáneo, pero tenía sentido: fue formulado en París, ante el pleno de la asamblea del Grupo de Acción Financiera internacional (gafi), uno de los tantos organismos internacionales surgidos de los países más poderosos que venían exigiendo a Argentina un "mayor compromiso" en la lucha "contra el terrorismo" y "sus fuentes de financiamiento".
Alak prometió celeridad: los nuevos legisladores nacionales asumirían el 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso, sería pan comido aprobar en un tris un paquete de leyes de urgencia, entre las cuales se colaría la mentada norma antiterrorista.
A comienzos de año Argentina ya había sido "advertida" –por el Gafi y por otros– sobre la necesidad de que corrigiera normas presuntamente laxas en materia financiera que –se aseguraba– habilitaban el ingreso de capitales provenientes de negocios ilícitos. De no hacerlo, la calificación otorgada al país por ese organismo, fundamental para su permanencia en el Grupo de los 20, que reúne a los supuestamente más ricos del planeta, se vería cuestionada. Luego del anuncio de Alak, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), otra instancia que agrupa a una veintena larga de naciones industrializadas, reunida en París, felicitó a Argentina por sus flamantes planes para combatir el "financiamiento del terrorismo".
Alak viajó a París junto a José Sbatella, responsable de la Unidad de Investigaciones Financieras, dependiente de la Presidencia de la Nación. Tras la sanción de la ley, Sbatella admitió que, tal como está redactada, la norma podría, entre otros riesgos, acarrear "problemas al ejercicio del periodismo", al quedar en manos de los jueces la interpretación de qué puede ser considerado o no un acto "terrorista". No era la primera vez que Sbatella iba a contramano del Poder Ejecutivo. Cuando era responsable de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya había desautorizado la compra de Cablevisión por parte del Grupo Clarín, lo que le había valido una reprimenda tal del entonces presidente Néstor Kirch­ner –no enfrentado aún con los grandes conglomerados mediáticos–, que debió abandonar su puesto, según denunció la periodista Graciela Mochkofsky en su libro Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder (Editorial Planeta, mayo de 2011).

MODELO

El 11 de diciembre, al día siguiente del inicio del segundo mandato de Cristina Fernández, el periodista Horacio Verbitsky, columnista de Página 12, un diario habitualmente muy cercano al kirchnerismo, alertaba sobre los riesgos que presentaba la ley que tres semanas después, el Día de los Inocentes, sería aprobada. Sugería, por ejemplo, que una legislación de este tipo podría ser utilizada para la represión de movimientos sociales, aunque esa no fuera la intención original del gobierno. Verbitsky ponía la norma en contexto. "El Plan Estratégico Agroalimentario, que Cristina describe con la consigna de industrializar la ruralidad, se propone agregar entre 8 y 18 millones de hectáreas al área sembrada, que hoy es de 34. La pregunta crucial es cómo hacerlo sin avanzar sobre ecosistemas vitales, con consecuencias políticas, sociales y de derechos humanos, como el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero", planteaba. Y agregaba que no otra cosa había sucedido en Chile, Brasil y hasta en el Perú de Ollanta Humala. "Argentina no es original en este aspecto: el gobierno de Brasil está en conflicto con las distintas etnias asentadas en torno al río Xingú por la construcción de Belo Monte, la tercera represa hidroeléctrica del mundo, que anegará sus tierras; el chileno, con las comunidades mapuches del sur que quemaron bosques para oponerse al avance sobre sus tierras de la forestación con fines industriales; el de Perú, con sus campesinos e indígenas que rechazan el emprendimiento aurífero de Conga. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar frenando la obra de Belo Monte, Dilma Rousseff la desobedeció, siguió adelante con esa inversión próxima a los 5 mil millones de dólares, retiró su embajador de la oea y la candidatura para integrar la cidh del ex ministro de Derechos Humanos de Lula Paulo Vanucchi. La cidh modificó su resolución para permitir que siguiera la construcción de ese proyecto que Dilma inició como ministra de Energía y Minas, pero hasta ahora el gobierno no ha modificado su dura posición. Hasta el presente, Chile sigue aplicando a mapuches y pehuenches la legislación antiterrorista de Pinochet, con sus reformas posteriores, y el nuevo presidente peruano Ollanta Humala ha utilizado a la policía antiterrorista para detener a los dirigentes campesinos opuestos al proyecto minero de Yanacocha-Newmont."

"UN DISPARATE"

Así calificó a la llamada ley antiterrorista el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, que disparó sus dardos sobre el gafi como musa inspiradora de la ley (véase entrevista adjunta). Los ambientalistas movilizados contra la megaminería consideraron a su vez que se está ante una revitalización de la doctrina de la seguridad nacional. Washington ya no puede sostener golpes de Estado o dictaduras, pero sí presionar por otros medios, por ejemplo a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la oea, "desde donde pretende imponer normas continentales que respalden sus intereses particulares", según afirmaba el martes 19 en un comunicado la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Incluso Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, fiel aliada del kirchnerismo, comentó que "la ley debe revisarse un poquito", ya que habilita que gobiernos de diferente signo al actual "hagan lo que quieran" y repriman a piacere. También sumaron sus críticas las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio Paz y Justicia, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la central sindical cta. José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó la gigantesca paradoja que puede producirse al amparo de esta ley: que se aplique a militantes sociales encontrados culpables de "actos terroristas" –por ejemplo por resistirse a una invasión de tierras– el doble de las penas previstas hasta ahora, mientras se reduce a la mitad las condenas a probados genocidas. Schulman no conjetura en el vacío. El 29 de diciembre, mientras era aprobada la nueva norma, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe decidía "computar cada día de la prisión preventiva de 2005 a 2009 de tres represores de la dictadura como doble, y como si eso fuera poco, también los días de prisión transcurridos luego de la condena por ellos firmada, ya que fue apelada y no está firme todavía", apuntaba Schulman en su página web. "El Tribunal de Santa Fe no ha aplicado aún la nueva ley antiterrorista, pero ha entendido perfectamente el mensaje que el gobierno y los legisladores le dieron al Poder Judicial", subrayaba.

Fabián Kovacic
Semanario Brecha

Los temas económicos a comienzos del 2012

La crisis de la economía mundial es el gran condicionante del año. El Banco Mundial y otros centros de información de la economía mundial pronostican un año recesivo al estilo 2008-09; especialmente en la zona del euro. En su “Perspectivas Económicas mundiales para el 2012 y 2013”, la ONU comienza afirmando que “La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico" [1].
Con un mensaje desalentador, el informe destaca que “La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial. Los países en desarrollo, que se había recuperado fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros.”
Es cierto que los países menos desarrollados, los “emergentes”, y especialmente América Latina, mantienen su perspectiva de crecimiento mayor que los países capitalistas desarrollados, pero la continuidad de la crisis no augura tránsitos similares a los del tiempo pasado, ya que el salvataje de bancos y empresas en tiempo reciente, devino en problemas fiscales y crecimiento de la deuda pública, que hoy presenta dificultades para su cancelación o renegociación, con lo que es imaginable un horizonte de recesión que puede afectar las ventas desde la región.
Observando la realidad desde nuestramérica es previsible una ralentización del crecimiento, con menores precios de la producción exportable, reducción de los ingresos por remesas de nuestra población emigrante a grandes y otrora prósperos países (sobresale el caso español, principal destino europeo de la emigración regional en tiempos cercanos).
No sorprende entonces la previsión de escasas aportaciones en inversiones productivas e incluso una fuerte presión de inversores externos en la región que acrecienten sus remesas de utilidades al exterior, tal el caso de las fortísimas inversiones españolas realizadas en tiempos de aperturas indiscriminadas de nuestras economía, especialmente en los 90´.
Uno de los impactos más importantes de la crisis según la ONU es el desempleo, especialmente juvenil. El problema del desempleo es grave en los países capitalistas centrales y presenta peculiaridades en los países en desarrollo donde estos países “siguen enfrentándose a grandes retos debido a la elevada proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal pagados, o sufren condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a mecanismos de seguridad social.”
El déficit de empleo según la ONU alcanza a 64 millones de puestos de trabajo y podría llegar hacia el 2013 a 71 millones. El documento se preocupa por el efecto en el consumo, alentando un clima recesivo, y nada dice de la conflictividad social que esa situación genera.

Impacto de la crisis en la Argentina

Por todo lo comentado, uno de los temas a comienzo del 2012 en la Argentina han sido las medidas de restricción y mayor control de las importaciones, para intentar mantener el saldo positivo del comercio exterior argentino. El país no imprime dólares y los necesita para cancelar sus deudas. Ante la anemia de inversiones externas, la forma de hacerse de divisas es vía exportaciones superiores a las importaciones. Un tema adicional a considerar es la reducción de los precios de exportación, también derivado de la crisis mundial, según revela el propio informe comentado de la ONU. A ello debe adicionarse la cuestión climática, que impactará en menor cosecha y disminución de ingresos a los productores y al fisco, por lo cual el gobierno debió esta semana declarar la emergencia en varias provincias argentinas.
No solo se trata de la cuestión industrial o agraria, sino de otras producciones esenciales al “modelo productivo”, tal el caso de la mega minería, que en Chilecito, La Rioja puso en pie de resistencia a la mayoría de la población con actitud solidaria movilizada en todo el país, obligando a definiciones de las autoridades e instituciones locales en el sentido que el “Famatina no se toca”, replicando luchas anteriores por el mismo tema en la zona, en Esquel (2003) y variadas zonas incorporadas a la producción minera en los tiempos que siguen a la reforma del Código de Minería y el acuerdo de Argentina con Chile en 1996. Una posibilidad surgida desde distintos ámbitos apunta a la suba de retenciones mineras, hoy del 3% en “boca de pozo” a valores entre el 10 y 12% para compensar las críticas al modelo extractivo prefigurado en los 90´, lo que no supone discutir el “modelo productivo” en curso.
La discusión sobre el modelo productivo mantiene vigencia y es una cuestión estructural del debate político y social necesario, sea por los precios de la producción; las variaciones en el clima; o el impacto de esos procesos en las poblaciones (pueblos fumigados en lucha, o afectados por la contaminación de la producción minera a gran escala).

Salarios y conflictividad

A comienzos de años se hace evidente que uno de los temas a considerar será la cuestión salarial y de los ingresos de los sectores populares que reciben fondos por transferencia de renta: los planes.
La presión empresaria y gubernamental intentará limitar la demanda de las negociaciones salariales a menos del 20%, habiéndose pronunciado varias expresiones del sindicalismo argentino con incrementos a negociar entre el 25 y 30%, a la par con movilizaciones y pronunciamientos de actualizaciones de los ingresos por planes diversos. Es una situación generadora de conflictividad.
Quedan claros los límites de política económica para el 2012 respecto de los años anteriores, sea por la crisis mundial o por las características en la coyuntura de la economía local, con serias dificultades para mantener los superávit comercial y fiscal. Con restricciones para el financiamiento del mercado mundial, la política nacional se orienta a una modificación del gasto público, donde la quita de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y agua es el comienzo de una práctica que desembarca en el transporte (transferencia del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires); lo que supone mayores precios a sufragar por los usuarios.
Los impactos serán diferenciados según los niveles de ingresos. Por ello preocupa el decreto presidencial que promueve “estudiar” los ingresos extraordinarios de los estatales nacionales, eliminados en algunas dependencias, como las primeras discusiones (especialmente los docentes) sobre pauta salarial. En el mismo sentido, las organizaciones representativas de quienes perciben fondos por transferencia de renta demandan actualizaciones. La conflictividad social será uno de los condimentos a tener en cuenta para el año económico en curso.

Nota:

[1] http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp_es_sp.pdf

Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Por la libertad de Carlos Olivera.



Se realizó la reunión informativa sobre la situación del compañero Carlos Olivera. En ella su sindicato el SITRAIC agradeció la numerosa concurrencia de tantas organizaciones y cuerpos de delegados presentes. El SITRAIC pidió el esfuerzo solidario de organizarnos para estar presentes durante todo el juicio, ya que la burocracia de la UOCRA está dispuesta a imponer a como sea su voluntad para que el caso Olivera sea un escarmiento a todo trabajador que intente democráticamente organizarse para defender sus derechos. Para ello, se propuso una mesa coordinadora a fin de organizar la marcha y las vigilias, y todo lo relacionado a la Prensa, Propaganda y Difusión del reclamo sobre la LIBERTAD A OLIVERA.
La organización política de Olivera, Convergencia Socialista, comunicó que no pudieron estar presentes, pero siguen solidarios desde un primer momento Pitrola del Partido Obrero y Vilma Ripol del MST-Proyecto Sur. Luego, Convergencia Socialista, hizo un puente telefónico con Olivera desde la cárcel y el compañero pudo dirigirse a todos los presentes en el Anfiteatro Eva Perón de la Asociación Trabajadores del Estado, compartiendo su agradecimiento por toda la solidaridad y transmitiendo su ansiada esperanza de libertad.
También se tuvo presente en cada exposición de las y los presentes, las distintas actividades que la Intersindical esta realizando. Se habló de la última reunión en el Hospital Garraham, y la próxima que tendrá lugar el 26/1 en el Bauen. Se recordó también las necesarias actividades a garantizar en lo que queda de Enero y Febrero sobre el viaje al sur para visitar al compañero Oñate, el cumplimiento de 10años de cárcel el 1/2, que lleva Karina Germano, continuar con la campaña "La Galle a la Calle"; y sobre la participación en la movilización necesaria al iniciarse el juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra a fines de Febrero.
El SITRAIC se comprometió a unificar todos los correos electrónicos de los presentes y convocar a una reunión organizativa para la presencia en los Tribunales de Lomas de Zamora al iniciarse el juicio a Olivera.
Los Cuerpos de Delegados, Sectores y Organizaciones que estuvimos presentes (en el caso que alguno falte por favor contactarse con el SITRAIC para ser incluido en la coordinación):
SITRAIC
CONVERGENCIA SOCIALISTA
MTR 12 DE ABRIL
MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD
ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS DE LA REP. ARGENTINA
TRABAJADORES DEL CORREO ARGENTINO-ATE
LISTA BORDO DEL F. ROCA
MOVIMIENTO ESTIBADORES DE PIE - COMISION DE DDHH
ATE SUR
ATE HTAL. GARRAHAM
ATE SENASA
FRENTE DE RESISTENCIA NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIANTES ISFD 39
SUTEBA-TIGRE
COMISION INTERNA DEL FRIGORIFICO RIO PLATENSE
PERIODICO EL ROBLE
TRABAJADORES DOCENTES-LISTA ROJA
ENCUENTRO SINDICAL CLASISTA DE BASE
CONVOCATORIA POR LA LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL
TRABAJADORES DEL FRIGORIFICO ECOCARNES
UTS - UNION DE TRABAJADORES SOCIALES
ULTERA- UNION LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES RURALES YAGRARIOS
LA VOZ DE LOS LABURANTES
REVISTA PODER BARRIAL
LIGA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA
COORDINADORA POR LA LIBERTAD
CENTRO DE ESTUDIANTES DEL IFDyP Nº 103
ATE-MONTE GRANDE
ADEMYS
CORREPI
COLECTIVO AVANZAR
FRENTE DE ACCION REVOLUCIONARIA - FAR
COR
OLP
IZQUIERDA SOCIALISTA
TENDENCIA PIQUETERA REVOLUCIONARIA – CTPR
LA 4 DE ABRIL
OPINION SOCIALISTA
OLNyS FOGONEROS
FRENTE ANTIRREPRESIVO DE MAR DEL PLATA
CTA-Capital Federal
LA OLMOS
DEMOCRACIA OBRERA
PTS-Trabajadores Ferroviarios
Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo

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Síntesis y adaptación del texto de la convocatoria del 19/1, de la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina para la presente Coordinación:

El 8 de febrero se llevará a cabo el juicio oral a Carlos Olivera, dirigente del gremio SITRAIC, arbitraria y arteramente encarcelado a partir de una maniobra de la UOCRA junto a la Policía y la Justicia de la Pcia. de Buenos Aires.-
Nuestra GREMIAL DE ABOGADOS aceptó recientemente la defensa del compañero Olivera y de inmediato solicitamos su excarcelación la que se debatió públicamente el día 21/12/11 quedando aun pendiente de resolverse la misma.-
En dicha audiencia asistimos a un tremendo despliegue policial y a la presencia de la UOCRA de Gerardo Martínez, con remeras y pecheras alusivas y que piden públicamente "Cárcel para Olivera" en murales, paredes y carteles.-
La GREMIAL DE ABOGADOS ha estado permanentemente informando de todo lo sucedido en la causa a la organización a la que pertenece Olivera porque son estos quienes nos encomendaron la defensa y el compañero detenido quien lo aceptó.-
En éste caso, y entendiendo que es necesario que dicha información se haga extensiva a todos y todas las que bregan por su libertad, es que se ha llevado acabo la convocatoria a una coordinación para tal fin el día 19 de enero a las 17hs en ATE Nacional, sito en Av. Belgrano 2527. Se ha informado a todos los que concurrieron cual es la situación real del proceso, como será la marcha del juicio y las disposiciones del Tribunal en lo Criminal 8 de Lomas respecto de la participación y la concurrencia.-
Alguna información apuntada:
El Tribunal ha dispuesto dividir el salón en dos partes y otorgarle un espacio de iguales proporciones a la UOCRA como a los compañeros, familiares y amigos de Olivera.- Por supuesto que la UOCRA los ocupará todos como ya lo ha hecho y movilizará todo lo que tiene o puede para la presencia en el juicio.-
El debate será de seis o siete jornadas y las acreditaciones hay que hacerlas con anterioridad armando listas de concurrentes.-
Por supuesto, y como imaginarán, la Policía y los Jueces son absolutamente mucho mas permisivos con la UOCRA que con nosotros.- El trato y el acompañamiento policial se comprobó que es muchísimo mas familiar para con ellos y lo mismo ha ocurrido con los jueces del Tribunal quienes han manifestado en la audiencia y trato y conocimiento mas familiar con los abogados de la UOCRA que con nosotros.-
Ese es el marco en el que se desarrollará el Juicio.-
Todo eso fue informado con suficiencia a la organización de Olivera, pero la GREMIAL DE ABOGADOS se considera en la obligación de reiterarlo y entiende que debemos charlar entre todos y ponernos de acuerdo respecto de la movilización y la participación en el juicio.-

lunes, 23 de enero de 2012

Multisectorial contra el tarifazo: habrá foros y marchas a fines de febrero



La Multisectorial contra el tarifazo del subte resolvió éste miércoles último realizar foros en la ciudad de Buenos Aires. El fin será discutir con la gente qué tipo de transporte y qué tipo de tarifas quieren . El foro derivará en una marcha para fines de febrero hacia la sede de gobierno. El objetivo es que se efectúe la audiencia pública incluída en el decreto que especifica el aumento de tarifas dispuestas por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.Informe: Agencia Walsh. Video: COB La Brecha

Por RedAcción - LP

Reproducimos:

En una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bauen (Av. Callao 360), Roberto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP); Néstor Segovia (Sec. Adjunto. AGTSyP) y Enrique Rositto (Sec. de Prensa) expresaron el descontento de la multisectorial sobre el fallo del Juez Fernando Juan Lima que avala el aumento de tarifas firmado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Medida que será apelada en la Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario. Se destaca que los delegados de subte estaban acompañados por miembros de las más de 40 organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de usuarios que componen ese espacio. Agradecieron el apoyo de los más de 200 mil usuarios que firmaron el petitorio de reclamo. También, denunciaron telegramas de intimidación por parte de la empresa hacia los trabajadores pidiendo que "expliquen el motivo por que levantaban los molinetes".