lunes, 26 de diciembre de 2011

Los nuevos salvadores de la Patria.



Como ya es de conocimiento público, acaba de ser aprobada la LEY TERRORISTA CONTRA EL PUEBLO, exigencia del G20, es decir los amos del mundo, y particularmente del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), como arma legal para reprimir la lucha de los pueblos ante los planes de ajuste que se avecinan, ya que como es costumbre, consideran que la crisis capitalista la deben pagar los trabajadores y demás sectores populares. Se terminó el magro reparto de zanahorias y ahora viene la ley del garrote.
Gobiernos lacayos como el argentino, con el ropaje de "progres" e ilustres defensores de los derechos humanos, impulsaron rápidamente esta ley, aprovechando su reciente triunfo en las elecciones. Contaron para ello con distinguidos cómplices, algunos de los cuales se dan a conocer puntualmente a continuación, en una breve lista, sin duda incompleta, de los diputados de los partidos políticos que se dicen democráticos y progresistas, o de centroizquierda, realmente traidores a su pueblo, cuya nefasta conducta no debe quedar en el olvido:
Carlos Héller (Nuevo Encuentro), banquero progresista y ex miembro del PC; Gastón Harispe (Nuevo Encuentro); Juan C. Junio (Nuevo Encuentro), directivo del Banco Credicoop y ex miembro del PC; Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), ex integrante de la Alianza y ex miembro de la F. Juvenil Comunista.
También hay que destacar que el hijo de Estela Carlotto, cabeza de las Abuelas de Plaza de Mayo, votó a favor de la ley.
Los oportunistas y renegados suelen proliferar a todo nivel en momentos difíciles y complejos para el campo popular, pero lo más grave es cuando logran reciclarse una y otra vez por falta de memoria y de una auténtica alternativa de cambios profundos, con apoyo masivo, autocrítica que nos debemos todos.
Por tal motivo, es urgente e imprescindible impulsar la unidad y la lucha de nuestro pueblo contra esta ley terrorista, incluyendo en lo posible un programa mínimo a establecer de común acuerdo, pero no solo a nivel nacional sino a la vez desde cada barrio, zona o región.

Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo

domingo, 25 de diciembre de 2011

Todos serán –seremos- terroristas.



Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”.
(APe).- Cristian Ferreyra ni siquiera sospechaba la existencia de la GAFI y mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que sólo buscaba doblar su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda, Cristian Ferreyra murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser, técnicamente, un terrorista.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad. Ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. De los protestadores y de los reclamantes.
Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados.
La presión extrafronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas.
Si el Senado confirma la media sanción de apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito “cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas –si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo- al López qom de La Primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreyra, a Maxi Kosteki y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente diez años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante.
Ya en Chile letras legales semejantes son herramientas ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Wichis, tobas y qoms, que acostrumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales (sic gobernador de Salta y ex del Chaco) que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que, al menos, intentan “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”. Terroristas, que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier y a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo.
Será tan simple –si la voluntad política es ésa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario- encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales –heredados de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren- que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, wichis, piqueteros y campesinos.
Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal –ya resistida por intelectuales del palo-, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos. Donde todos podrán-podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia.

Silvana Melo (Ape)

¿Es necesaria la ley antiterrorista?

El gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato. La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles.
El proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de “punto final y obediencia debida” que votaron los legisladores sin pestañear.
Hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con “obediencia ciega”.
En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el “terrorismo económico”.
No clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.
Si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos.
La pregunta fundamental es ¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista?
Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuando?
El país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad.
Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.
En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas.
Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo.
Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos.

Adolfo Pérez Esquivel

La crisis temprana del bonapartismo tardío

No pasó una semana de la asunción del nuevo mandato presidencial, y el kirchnerismo ya se topó con dos crisis políticas de fondo, que envuelven a las principales bases de sustentación del “gobierno del 54%”. Por un lado, el choque con Scioli y el aparato de “seguridad” de la bonaerense. Por el otro, el que protagonizó Moyano en el acto de Huracán. El telón de fondo de la crisis es la política de ajuste oficial, que han impuesto la bancarrota capitalista internacional y el agotamiento de los recursos financieros del gobierno. La crisis “temprana” de este bonapartismo tardío plantea reforzar la lucha política por una alternativa de izquierda y anticapitalista.

Intervencionismo oficial

La puesta en marcha del ajuste ha reforzado en todos sus términos el intervencionismo oficial y ha desatado, al mismo tiempo, múltiples contradicciones. Por caso, la eliminación de subsidios a la energía fue acompañada por una lluvia de reclamos patronales -de las propias petroleras en primer lugar, en favor de un aumento e incluso de la liberación de precios o tarifas. El gobierno se ha reservado una nueva prórroga de la ‘emergencia' -o sea, el gobierno por decreto. Los explotadores reclaman también la "lucha contra la inflación", o sea un "tope" sobre los salarios en las paritarias. El gobierno sustrajo del Congreso la discusión del mínimo no imponible, para canjearlo por un tope de aumentos en esas paritarias. "Sentándose" sobre los salarios, los K quieren postergar la devaluación que reclama la burguesía agraria e industrial -o sea que quiere proceder, como Papadopolus, los Monti y los Rajoy, a lo que se llama "una devaluación interna". Pero la marcha de la recesión mundial y la caída de los precios internacionales podrían echar por tierra estas pretensiones, todavía más que en Europa. El fantasma de una devaluación temprana y de un Rodrigazo sobrevuela sobre las cabezas del nuevo gabinete. Lorenzino, el hombre que "devolvería a la Argentina al crédito internacional", debutó anunciando que la Argentina seguirá financiándose "internamente" -o sea, que continuará exprimiendo los recursos de la Anses. El tan anunciado pago al Club de París sería financiado con bonos que el Estado le colocaría compulsivamente a la caja de los jubilados. El anunció de CFK, cuando reasumió, de una política económica de "sintonía fina", "sector por sector" y "empresa por empresa", equivale a una política de deflación en medio de tarifazos e impuestazos.

CGT

En la misma tribuna donde sólo se escuchaban los elogios al "modelo de crecimiento" y al "despegue nacional", Moyano tuvo que referirse a "una crisis, que están pagando los trabajadores". Las fuentes de financiamiento interno del kirchnerismo tienen en la mira a las cajas de las obras sociales, como acaba de ocurrir con el Renatre. Moyano intenta darle un cariz político al choque con el gobierno, al anunciar su renuncia a los cargos en el PJ y constituir un bloque propio en el Congreso, pero todo dependerá de que logre reunir al conjunto de la burocracia sindical, cuando muchos sectores de la misma han sido tentados para ocupar el lugar de Moyano en la CGT.

Un arbitraje en crisis

El bonapartismo oficial no sólo es tardío porque debe gobernar con sus cajas agotadas. El gobierno del 54% no puede abandonar su condición de un régimen de camarilla, y de jefatura personal. En estas condiciones, la lucha por paritarias libres, por derrotar el tarifazo, por restituir las asignaciones familiares, terminar con el impuesto al salario y desprocesar a los luchadores, deben enmarcarse en un propósito político de conjunto: agrupar a los obreros y a los luchadores en una perspectiva propia. Con este propósito, llamamos a reforzar las filas del Partido Obrero, para fortalecer y desarrollar al Frente de Izquierda como alternativa política de conjunto.

Marcelo Ramal

Ley anti-terrorista: el voto de nacionales y populares, y de progresistas


El jueves 15, la Cámara de Diputados dio media sanción a un paquete de leyes que complementan la llamada "ley antiterrorista" aprobada en 2007 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Aquella ley fue impuesta por el Departamento de Estado norteamericano y Bush en función de su llamada "guerra global". Ahora, es presentada para calificar a Argentina como "país apto" para la recepción de "inversiones directas".
La aprobación en Diputados estuvo asegurada por las bancadas del Frente para la Victoria, del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y Carlos Heller y de algunos aliados provinciales como el MPN neuquino. La apoyaron los (no tan) muchachos de La Cámpora. La demagogia oficial la presentó como una herramienta para perseguir a especuladores, cuando, como lo demuestra el procesamiento a los luchadores y la condena de las huelgas como "extorsivas", tiene su mira puesta en las luchas obreras y populares. No en vano, la modificación de la ley penal tributaria deja intactas las prerrogativas de los banqueros, los empresarios del juego, los especuladores inmobiliarios y las grandes corporaciones, que en el último año fugaron más de 22.000 millones de dólares. El FAP de Binner, Donda y De Gennaro, por ejemplo, se declaró abiertamente partidario de "una ley que cumpla con las exigencias del GAFI" (comunicado del interbloque FAP, en http://bit.ly/rDf39j).

La infamia nacional y popular

En los considerandos del proyecto de modificación del Código Penal se citan los "dos tremendos ataques sufridos en su propio territorio", en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia. Pero ambos "tremendos ataques" permanecen impunes por el ocultamiento deliberado del Estado argentino, de la CIA y del sionista Mossad; el gobierno K ha manipulado hasta el hartazgo el caso Amia para alinearlo con ‘la política de seguridad' de Obama.
El proyecto es un engendro. Declara, no en sus disposiciones sino en sus fundamentos, que "quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social, toda vez que éstos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos", e incluso "en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal", no dejarían de constituir "el ejercicio de un derecho constitucional". O sea que la ‘la ley antiterrorista' asegura que quedarían fuera del Código Penal las acciones que el Código castiga. Una verdadera impostura.
La letra de la ley define como actividad "terrorista" a aquella que tiene por finalidad "obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Esto otorga al Estado herramientas de una amplitud enorme, pero no repara que de acuerdo a este texto el gobierno entero podría ser acusado de ‘terrorista' por realizar acciones que obstaculizan el pago a los acreedores que ganaron litigios en el Ciadi, un tribunal del Banco Mundial. Los compañeros ferroviarios de Mariano Ferreyra todavía se encuentran procesados por "extorsión" -a instancias del gobierno y del ministerio que conduce Nilda Garré-, por haber participado de una protesta colectiva en reclamo del cumplimiento de los compromisos asumidos por la cartera de Trabajo respecto al pase a planta de los tercerizados.
En 1974, los diputados de la JP -entre ellos, un joven Carlos Kunkel- renunciaron a sus bancas ante la aprobación de las leyes "antisubversivas" impulsadas por el mismísimo Juan Domingo Perón. Hoy, 35 años más tarde, Kunkel vota disciplinadamente esta legislación "antiterrorista" que le ordenaron desde Estados Unidos.

¡Abajo la ley terrorista del Gafi!

Prensa Obrera

sábado, 24 de diciembre de 2011

"¡Fuera Raúl Magallanes Ya!"



Ayer, miércoles 21 de diciembre, se hicieron presentes diversas organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, barriales y políticas, junto a personalidades como Adolfo Perez Esquivel y Nora Cortiñas, entre otros, en la conferencia de prensa en la sede del SERPAJ, para ratificar la campaña para que Raúl Magallanes, quien formó parte de la policía bonaerense dirigida por los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatzpor cese su tarea en el Consejo Escolar y para que no pueda ocupar ningún cargo público. Video: Colectivo Audiovisual del Sur (CAS). Fotos: ANRed

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

Reproducimos:

El 10 de diciembre de 2011 Raúl Magallanes asumió como Presidente electo del Consejo Escolar de Lomas de Zamora, luego de acceder a ese consejo a través de la lista del Frente para la Victoria.
Sus antecedentes:
1) Formó parte de la policía de Camps y Etchecolaz durante la dictadura
2) Fue investigado junto a otros comisarios por la vinculación con Ribelli (Atentado a la AMIA)
3) Fue denunciado por encubrimiento en el "caso Cabezas"
4) Fue denunciado en varias oportunidades por maltratos y amenazas
5) Fue llamado por Gabriel Mariotto (actual vice gobernador de la Provincia de Buenos Aires) como "el Lopez Rega de Rossi", y agregaba (año 2006): "Pobre democracia si esta es la gente que el intendente Rossi pone para cuidar a los actores políticos del distrito". Ya en el año 2004 Magallanes era Jefe de Seguridad del intendente, y designó como "custodios" del Palacio Municipal a por lo menos 4 policías retirados denunciados en la CONADEP

¿Casualidades?

Esta campaña cuenta con una amplísima lista de organizaciones y personalidades que han manifestado su repudio y han solicitado que se investigue el accionar de Magallanes.
Raúl Magallanes, electo para el Consejo Escolar de Lomas de Zamora por el FPV, fue nombrado presidente del Consejo por sus pares, a pesar de que ha sido integrante de la policía de Camps y Etchecolaz durante la última dictadura, fue involucrado y denunciado por encubrimiento en el crimen de Cabezas, fue investigado por la vinculación con Ribelli (atentado de la AMIA), y denunciado en varias oportunidades por maltrato y amenazas, entre otras actividades "educativas" que ameritan su postulación y nombramiento.
Un extenso y amplio conjunto de organizaciones y personalidades se han manifestado frente al hecho, denunciando públicamente su preocupación.
El próximo 28 de diciembre, en Lomas de Zamora, continúa la campaña de información con una radio abierta y volanteada que se realizará a las 13 hs. en Laprida y España.

COLECTIVO AUDIOVISUAL DEL SUR
colectivoaudiovisualdelsur@gmail.com
http://colectivoaudiovisualdelsur.b...

Senadores sancionaron la Ley Antiterrorista


Hoy, pasada la medianoche, la Cámara Alta sancionó el proyecto de Ley Antiterrorista, que el 15 de diciembre contó con media sanción de Diputados. El tratamiento de esta ley fue enviado por el Poder Ejecutivo el 14 de octubre y, el 10 de diciembre, día de la asunción del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta pidió en su discurso que se incluyera en sesiones extraordinarias. A pesar del repudio de organismos de Derechos Humanos, así como de un amplio marco de organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras, se aprobó una ley de la cual el gobierno está dando dos señales: “Una es a los luchadores sociales. Les está diciendo que se va a potenciar la criminalización de la protesta social; le está diciendo a los jueces que hay excepciones para ejercer un derecho constitucional. El otro mensaje es para asegurar los capitales de las transnacionales”, afirmó Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores -por 39 votos afirmativos y 22 negativos- sancionó hoy, pasada la medianoche, la Ley Antiterrorista.
El 14 de octubre del corriente año, Cristina Fernández de Kirchner envió el proyecto al Congreso de la Nación. En el día de asunción de su segundo mandato -10 de diciembre- la Presidenta pidió su tratamiento y por Decreto 2021/2011 llamó a Sesiones Extraordinarias, incluyendo la Ley Antiterrorista en el temario.
Este proyecto -enérgicamente rechazado por organismos de Derechos Humanos, así como por organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras- responde a un requerimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos: a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se exigió que para considerar a la Argentina como un país seguro de inversiones externas se debía aprobar un paquete de leyes. Cabe destacar que nuestro país no es una excepción, sino que la sanción y reforma de leyes antiterroristas se está dando en el continente.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo -CADEP- se señaló, a través de un comunicado de prensa, que “el nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación ‘antiterrorista’ cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983”.
Específicamente, se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies estableciendo que “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
En este sentido:
se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto “aterroriza a la población”
se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales
permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, si vecinos cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa.
Además, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. “La consecuencia directa de esto” -marcan desde CADEP- “es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el ‘financiamiento’ aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de ‘terrorismo’ ocurridos fuera del país”.
Para CADEP, “No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general (...) Se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente”.

Conferencia de prensa contra la Ley Antiterrorista

Representantes de organismos de derechos humanos, sociales y políticos realizaron una conferencia de prensa el lunes 19 de diciembre para pronunciar su repudio contra la Ley Antiterrorismo impulsada por el Frente para la Victoria.
Las primeras en tomar la palabra fueron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes abrieron afirmando que “esta ley es consecuencia de la línea popular, democrática de este gobierno que habla de derechos humanos pero en realidad, tiene miles de luchadores procesados y nosotras venimos de una historia donde hubo muertos, desaparecidos, perseguidos, excarcelados”. Y agregaron: “Esta ley me hace retroceder a muchos años atrás. Nosotros no queremos más presos por reclamar. No queremos más desaparecidos, como sucedió con López. No queremos más que los derechos humanos sean utilizados de esta manera. Queremos que el trabajador salga a la calle y reclame lo que tenga que reclamar. Esto no es un acto inmoral ni extorsivo, sólo están reclamando lo que les parece justo”.
Por su parte, Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería, expreso “hay que tener en cuenta dos puntos. Lo que el GAFI se propone como definición de ‘terrorismo’ es un ángel al lado de lo que el gobierno nacional está proponiendo en este proyecto de ley que es macabro. No solo es terrorista sino que es macabro”. Sede explicitó la situación que se dio en Famatina cuando asambleístas encontraron listas negras que la empresa minera Osisko Mining Corporation tenía con los nombres de más de 30 integrantes de la localidad donde se detallaban ocupaciones y accionar político, entre otros datos. A partir de esto vinculó el proyecto de Ley Antiterrorista con la situación entre trabajadores y asambleístas, con las grandes empresas de hidrocarburos y mineras: “El gobierno está dando una señal con este proyecto de ley y con esta definición de terrorismo. Le está dando una señal a dos sectores claves de la población. Una es a los luchadores sociales. A ellos les está diciendo que el año que viene se va a potenciar la criminalización de la protesta social, que este delito se efectúa si un trabajador o asambleísta ejerce su derecho constitucional; con esto le está diciendo a los jueces que hay excepciones para ejercer un derecho constitucional. El otro mensaje es para las transnacionales (...) esta ley antiterrorista es para asegurar los capitales de las transnacionales megamineras, hidrocarburíferas, que no quieren volver a dar marcha atrás con sus inversiones millonarias”.
La legisladora Patricia Walsh, de Izquierda Socialista, también expresó su opinión sobre el presente proyecto. Dijo en la conferencia, “No puede menos que dolernos ver que Remo Carlotto, el hijo de Estela de Carlotto, sea uno de los diputados nacionales del Frente para la Victoria que vote a favor de esta ley. Una de las leyes que se votó en este periodo de sesiones extraordinarias es la ley de leyes, el presupuesto nacional. Y en medio de todo eso, y ‘entre gallos y medianoches’, escondida como si fuera una ley sabandija, aparece esta Ley Antiterrorista”. Sobre el rol de los medios señalo que “si uno lee el diario Página 12, en donde se da el temario a tratarse en el Senado aparecen un montón de leyes y, sorpresa, la Ley Antiterrorista no figura. Lo que pasa es que un diario como Página 12 hoy decide silenciar que estamos en vísperas de que esta ley se convierta en ley de la nación”. Y agregó un breve repaso histórico sobre legislación antiterrorista en el país, “el tema de la legislación antiterrorista ya tiene historia, en el año 2005 voté en contra, no fui la única pero fuimos pocos, aunque una cantidad de bloques dieron cuenta de la gravedad de esto. En el 2007 volvió a suceder y allí ya directamente se toca el Código Penal. Ahora llegamos a una modificación del Código Penal que implica una realidad como la que ya estamos prefigurando”.
Por su parte, el Diputado Nacional Jorge Cardelli, de Movimiento Proyecto Sur enmarcó el proyecto de ley en una coyuntura latinoamericana. “En Perú, el presidente Humala ha descubierto que es mejor volver a la minería y ha mandado a reprimir a todas las asambleas que están confrontando con la empresa minera en el Valle de Catamarca, y lo hace con el mismo mecanismo de las leyes antiterrorista. En Chile la represión al pueblo Mapuche se realiza con leyes antiterroristas. Nosotros podemos esperar que todas las disputas fuertes que hay por la tierra en nuestro país, y por los recursos naturales, se van a profundizar. Este es un aspecto de la situación”. Cardelli fustigó al Diputado Rossi, del Frente para la Victoria por sus dichos: “En el discurso, Rossi nos dice que como este gobierno no ha reprimido la protesta social, esta ley no es problema porque ellos se van a portar bien. Ese es el argumento. Ahora, de lo que se olvida Rossi es que no hay ley sin jueces. Las leyes son el papel escrito más los jueces que las aplican, y en este país se sabe que los interpretadores, que son los jueces, tienen una particular tendencia a interpretar las cosas contra el pueblo. Entonces, además de la mostrada voluntad política del gobierno de reprimir la protestad social, tiene como socio una buena cantidad de jueces que se desesperan por interpretar las cosas contra el pueblo. Lo que dice Rossi no tiene absolutamente nada que ver con la realidad”. Cardelli cerró su intervención sumando nombres de diputados, con identificación más progresista, que votaron a favor de la Ley Antiterrorista, “quisiera agregar a lista que hizo Patricia Walsh que también Heller votó por la ley, Sabatella votó por la ley, Adriana Puiggros votó por la ley y Carlos Raimundi comete el segundo pecado, porque hubo un pecado anterior donde había votado la ley de flexibilidad laboral. Para esto había dicho que se había equivocado, que no se dio cuenta. Ahora comete el segundo pecado, capaz que en dos o tres años nos vuelve a decir que no se dio cuenta”.
Hugo Blasco, Secretario de DD.HH. de la CTA Nacional, fue uno de los que cerró la conferencia. “Lo que lleva adelante que este gobierno saque una ley absolutamente reaccionaria es algo así como generar una especie de marco legal que justifique el accionar represivo del gobierno dentro de la legalidad. Porque si tienen que reprimir vía el asesinato, como sucedió en el último año con alrededor de 15, 16 compañeros asesinados a manos de las patotas o de la policía, esto tiene que ser investigado y condenado, y de alguna manera, a través de una marco legal que les permita actuar con toda la violencia que necesitan, lo van a mostrar como algo virtuoso que los va cubrir de no tener que estar sosteniendo o apañando actos delictivos, por lo menos desde la formalidad de las normas, del derecho”. Blasco continuó trazando un posible paralelo, “esto se va a aplicar por cualquier protesta social en Argentina, como en su momento sucedió en El Salvador, cuando compañeros lucharon fueron juzgados con leyes antiterroristas de aquel momento, por tratar de impedir la privatización del agua”.
Para cerrar, el secretario de DD.HH. de la CTA apuntó: “si el Estado argentino, por una cuestión de seguridad de las inversiones extranjeras, tiene que seguir los lineamientos de un organismo como el GAFI, está bien, que lo haga; si los trabajadores no lavamos dinero, no tenemos dinero además. Seguramente son otros los que lavan dinero y están mucho más cercanos al gobierno nacional”.

martes, 20 de diciembre de 2011

Dos compañeros del MOCASE heridos de bala por defender sus tierras.


La informacion es reciente y la hace llegar Ramón Campos presidente de la organizacion que integra el MOCASE.

Lunes 19 de diciembre de 2011

Hoy a las 12:10 dos compañeros miembros de la organización campesina UPPSAN Villa Matoque, Nestor palacios e Ignacio palacios, fueron heridos de bala defendiendo sus tierras, el responsable de este hecho es Alonso Santillán Secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque (Departamento Copo) quien responde a la empresa "Servicios y Negocios". .
La informacion es reciente y la hace llegar Ramón Campos presidente de la organizacion que integra el MOCASE.
Los compañeros fueron trasladados al hospital de Quebrachal provincia de Salta y según nos avisan aun no esta interviniendo ningún organismo público ni autoridad pertinente. Esto viene siendo denunciado desde hace un año por las organizaciones y el gobierno provincial tiene conocimiento absoluto del conflicto en la zona.

MOCASE

(Movimiento Campesino de Santiago del Estero)

Identificaron los restos de una estudiante secuestrada por la dictadura militar.


Identifican restos de María Victoria Gazzano Bertos, secuestrada en la dictadura militar
María Victoria que estaba enterrada como NN en Andino
El trabajo del Equipo de Antropología Forense permitió establecer que era el cuerpo de María Victoria Gazzano Bertos.

Por José Maggi

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a una joven asesinada durante la última dictadura y que estaba enterrada como NN en el cementerio de Andino. Merced a un trabajo de investigación previo Miguel Nievas aconsejó a la fiscal federal Mabel Colalongo que las huellas dactilares de una mujer que apareció acribillada a balazos en un camino de Andino, fueran cotejadas con las de María Victoria Gazzano Bertos, una estudiante de Arquitectura de 21 años, que fuera secuestrada en setiembre de 1976. El expediente de Gazzano Bertos, que comenzó con al denuncia de su prima María Luz Pierola, estuvo años sin avanzar en la fiscalía federal Nº 1. La demora trajo además, una tragedia anexa: su padre José Alejandro Gazzano falleció solo unos días antes que la justicia federal le informara el hallazgo de los restos de su hija. La fiscal Colalongo debió relatarle la novedad, a su madre que se llama -curiosamente- Argentina, Lidia Argentina Bertos. En este sentido la fiscal Colalongo remarcó que "hace falta sensibilidad y compromiso genuino con estos temas más que conocimiento, porque a veces la gente habla muy bien de su compromiso, el tema es cuando en la práctica ese compromiso es genuino, y esto en Rosario es bastante complicado. Las discusiones, las peleas , las competencias, y no estamos hablando del enemigo, porque se supone que estamos todos del mismo lado, y en muchos casos, pareciera que no es asi".
María Victoria Gazzano Bertos tenía 21 años el 14 de setiembre de 1976 cuando fue secuestrada fue inhumada como NN en el cementerio de Andino. El hecho conmocionó al pueblo porque la aparición del cuerpo coincidió con la desaparición de una joven de similar edad, con quien fue confundida, hasta que obviamente la joven retornó a su hogar, y Maria Victoria, fue enterrada como NN.
Miguel Nievas explicó que esta causa tuvo inicio "en 1976 cuando apareció un cuerpo de una mujer joven acribillado a balazos a la vera de camino cerca de la localidad de Andino. Esto surge a través de un relevamiento que se hizo en el 2005, cuando a través de un relevamiento de los libros de la comisaría de ese lugar se supo de la aparición de este cuerpo. A raíz de esto se empezó a investigar y se formó una causa judicial, tras lo cual se concretaron excavaciones que no arrojaron resultados. Dentro de este expediente se había solicitado al juzgado de instrucción Nº 13 ( de la justicia provincial) que había intervenido en su momento, que remitiera la causa de hallazgos NN, trámite que fue negativo hasta que en el año 2010, hubo un cambio en el juzgado y apareció el expediente de 1976 con las huellas correspondientes a esa persona que había aparecido acribillada a balazos" dijo Nievas.
A raíz de ese expediente, la fiscal Colalongo me consultó los pasos a seguir y les recomiende que envíen las huellas a la División Dactiloscopía de la Prefectura, y que las comparen con las de María Victoria Gazzano. En enero de 2011 llegó la identificación y fueron concordantes, hasta que en mayo de 2011, hicimos la excavación en el cementerio de Andino, porque estaba inhumada allí".
Allí había llegado luego de ser secuestrada en un Ford Falcon verde desde donde la apuntaron, sin alcanzar a reaccionar porque un grupo de hombres vestidos de civil se le abalanzaron y la empujaron dentro del vehículo.
A las 5 de la mañana del día siguiente, un grupo de uniformados que se presentaron como "de la policía" irrumpieron en la casa familiar, enfrente del Parque Gazzano, en Paraná, y se llevaron a su padre y su hermano, que era militar. Estuvieron un rato revolviendo la casa. La dieron vuelta. Al mediodía, cuando ya no estaban, una voz en el teléfono le advirtió a la madre de María Victoria lo que había pasado en Rosario, sin saber que para esa hora ella ya estaba muerta.
"Había nacido en Paraná el 26 de agosto de 1955 y era la mayor de dos hijos de José Alejandro Gazzano y Lidia Argentina Bertos. Su padre era uno de los 29 nietos del fundador del parque que lleva su apellido y uno de los preferidos de aquel italiano que llegó cargado de sueños, vivió 96 años, formó familia, un barrio, un parque y mantuvo siempre vivo el espíritu de niño. Heredó de él algo más que esos rasgos de mujer alta, de contextura grande, regordeta, piel blanquísima, cara redonda, frente amplia, grandes ojos pícaros ávidos de mundo, sonrisa permanente y cabellos negros, lacios, largos" según la describió en una rápida biografía el periodista Juan Cruz Varela.
María Victoria era parte de esa generación. Las influencias de su formación religiosa y las inquietudes por los conflictos sociales terminaron marcando sus rasgos de personalidad: inquieta, lúcida, ávida de conocer y ayudar.

Fuente: http://represoresrosario.blogspot.com/2011/12/identificaron-los-restos-de-estudiante.htm

lunes, 19 de diciembre de 2011

En 2005 y 2007 Argentina votó tres leyes antiterroristas: por pedido de Washington, sale la cuarta ley antiterrorista



Con un apuro digno de mejor causa, está previsto que el Congreso apruebe la llamada “ley antiterrorista”. Como las tres anteriores, fue fogoneada por Estados Unidos y el GAFI.

¿Recompensa? Mantener asiento en el G-20.

El ex presidente Néstor Kirchner tuvo grandes aciertos políticos nacionales e internacionales, caso de los derechos humanos y la sepultura del proyecto ALCA en Mar del Plata, respectivamente.
Pero la visión de la historia debe ser multilateral. Bajo su gobierno la Argentina aprobó tres leyes antiterroristas urgidas por la presión norteamericana, que a su vez había logrado poner bajo su dirección a las potencias europeas. Los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 fueron el marco propicio para que el imperio lanzara guerras en Asia, además de amputar derechos democráticos dentro y fuera de casa. La Patriot Act fue un caso de puertas adentro, para fascistizar un modelo de por sí poco democrático. Y las leyes antiterroristas fomentadas en el mundo fueron parte de esa campaña internacional para sacrificar libertades en un altar mentiroso.
En marzo de 2005 se aprobaron dos leyes de ese cuño y en junio de 2007 hubo otra. Esta columna criticó: “Esta es la tercera ley del mismo palo aprobada por la administración K. Las otras dos, con el mismo origen bushista, se aprobaron en marzo de 2005. Una habilitaba la aplicación en nuestro país de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, hecha suya por la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. La segunda convalidaba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, votado por la ONU el 9 de diciembre de 1999”. (“La administración Bush da sus felicitaciones pero pide otras leyes y concesiones”, LA ARENA, 21/06/2007).
Allí se advertía que la tercera ley antiterrorista no agotaría la presión estadounidense. Lamentablemente fue cierto, porque hoy la Cámara de Diputados va a debatir una cuarta. Cambió el presidente estadounidense pero sigue la misma política y el Grupo de Acción Financiera Internacional sigue fogoneando leyes de ese perfil.
Lo primero que surge es que el imperio fuerza ese tipo de legislaciones y la administración kirchnerista lo acepta, con algunas demoras pero acepta. La última vez, en 2007, el GAFI había emplazado a aprobarla antes del 23 de junio, cuando hacía una reunión en París. Y sobre el filo del ultimátum, el 13 de junio, los diputados alzaron sus manos. Ahora volverían a hacerlo.
Ese núcleo financiero mundial no alcanza a definir qué es el terrorismo. No son dificultades de interpretación ni semánticas. Es un problema político: para muchos en el mundo, el principal terrorista es el estado norteamericano. “Bush, fascista, vos sos el terrorista” se le cantaba al texano por lo de Irak y Afganistán. Barack Obama hizo méritos para oír el mismo canto, por continuar allí y por bombardear Libia. Por eso el GAFI no define qué es terrorismo.

In crescendo

La ley Nº 26.268 promulgada el 4 de julio de 2007 (justo en el “Día de la Independencia” del patrocinante) incorporó al Código Penal el capítulo VI sobre “asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo”. El artículo 213 ter estableció: “se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Entre los rasgos de esa agrupación, enumeraba: “Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”. Y el articulo 213 quáter fulminaba con “reclusión o prisión de 5 a 15 años al que recolectare o proveyese bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una asociación ilícita terrorista”.
Muchos organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que defiende lo actuado por el gobierno en materia de derechos humanos –y quizás por eso mismo- cuestionaron esa reforma penal.
Otras entidades políticas y movimientos de desocupados criticaron que se dejaba la hendija abierta para criminalizar sus protestas. En efecto, si se iba a penar como delito terrorista el “aterrorizar a la población”, bien podía imputarse a quienes con sus caras tapadas y gomas prendidas en una esquina, con algún palo en la mano, “infundieran temor” en los transeúntes, bajo el peso mediático y de Mauricio Macri, que presentaba esas acciones como “violentas”.
Las prevenciones contra esa demonización de los conflictos sociales no eran superfluas. Varios militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, entre ellas su dirigente Roberto Martino, fueron procesados y detenidos por realizar un acto de repudio al Estado de Israel que masacraba palestinos. ¿No había metido la cola ese aspecto de la normativa, la que pena la propagación del “odio étnico, religioso y político”? Los argumentos de la fiscalía tenían ese sustento porque acusó a Martino y sus compañeros de ser “violentos y antisemitas”.
Entre quienes votaron por la afirmativa de la ley hubo diputados con posiciones progresistas y democráticas, como Juliana Di Tullio, Diana Conti, Vilma Ibarra, Gerónimo Vargas Aignasse, etc. Miguel Bonasso se animó a votar por la negativa. Remo Carlotto y Carlos Kunkel se ausentaron de la votación, quizás para no tener que oprimir el botón del Sí. Como sea, 101 contra 35, la idea de la Casa Blanca se patentó ley argentina.

Grupo A y el gobierno

Pese a contar con tres leyes antiterroristas, el imperio y el GAFI no se dieron por satisfechos. En 2010, en el marco de las fricciones políticas y económicas con el gobierno de Cristina Fernández por su negativa a que el FMI tuviera injerencia en la negociación con el Club de París, Obama volvió a presionar a Buenos Aires. El argumento fue que el sistema financiero argentino presentaba grietas susceptibles de ser aprovechadas por organizaciones terroristas.
No había tal riesgo. En 2011 el mayor peligro del sistema financiero local era servir de pantalla para girar al exterior millones de dólares, disimulados como remesas de dividendos y utilidades. Ese fue el drama, que redondeó hasta setiembre de este año la increíble suma de 18.351 millones de dólares.
La oposición derechosa vio en el lobby norteamericano una oportunidad para colarse. Y el 31 de julio de 2010 presentó -por medio de legisladores peronistas federales, radicales, CC y macristas-, un proyecto propio de ley antiterrorista obediente del GAFI. Había que ser un país serio. Había que insertarse en el mundo. Había que portarse bien, para recibir créditos e inversiones extranjeras.
Ese libreto opositor no prosperó, pero esas bancadas pueden decir que son la madre de la criatura, porque el 14 de octubre último, a una semana de las presidenciales, el oficialismo presentó su cuarta ley antiterrorista, peor que la de sus detractores y la de 2007. Es peor porque califica como delito de terrorismo aún sin que su autor tuviera pertenencia a una organización tipificada como tal.
Es muy grave que la iniciativa duplique la pena a cualquier delito previsto en el Código Penal si tuviera por fin infundir terror en la población u obligar a un gobierno a tomar medidas o abstenerse de adoptar determinada decisión. El GAFI plantea lo mismo, pero en un conflicto armado, mientras que el borrador argentino mantiene esa redacción aún sin guerra. Es más papista que el papa.
La futura ley dejaría a salvo los hechos de protesta social y emanados del ejercicio del derecho constitucional. Sin embargo, Verbitsky advirtió en tono crítico: “a esta confusión, incompatible con los requisitos primordiales del derecho penal, se suman ahora los conceptos abiertos e imprecisos del proyecto, que permitirían utilizar el agravante de terrorismo a la resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o meros actos de protesta en el espacio público. La pena prevista para una usurpación pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, con el riesgo de la prisión efectiva”.
HV pidió en su columna dominical (Página/12, 11/12), que el asunto no se trate en extraordinarias, para debatirlo mejor y recibir todas las opiniones. Por lo visto la presión imperial fue más efectiva. El PEN admitía en sus considerandos que “es preciso adecuar la normativa nacional a las transformaciones registradas a nivel global y a los más elevados estándares internacionales”.
Es poco recomendable un periodismo auto referencial. Pero después de haber citado a otros colegas, se puede recordar cómo terminaba la nota de este cronista, cuatro años atrás: “El Departamento de Estado expresó sus plácemes por la tercera ley pero ya quiere una cuarta, sobre tráfico de personas. Después vendrá la quinta y luego la sexta”. Tal cual. Conservar la silla en el G-20 tiene sus obligaciones…

Emilio Marín

Argentinazo.

viernes, 16 de diciembre de 2011

La Rioja: Pueblada en Famatina contra la minería


Representantes de la mega minera Osisko Mining Corporation se han reunido con el Intendente famatinense Ismal Bordagaray. Ante tal información, vecinos de la comunidad de Famatina hicieron sonar las campanas de la iglesia para alertar a la comunidad. A pesar de que el Secretario de Gobierno de ese departamento declarara en la marcha del 9 de diciembre que Bordagaray estaba a favor de la vida y no iba a permitir la exploración y explotación minera al Famatina, es alarmante la situación y el pueblo se está convocando en la plaza principal. Por Radio Voces.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Extracto de la entrevista:

Andrea: El pueblo está haciendo sonar las campanas, está rechazando la minera. Ya un auto se fue y está resistiendo el presidente de Osisko, que viene desde Córdoba. Dice que va a entrar la minera, con mentiras como vienen siempre, y el pueblo se levantó.
Hubo también una reunión con gente de la Dirección de Trabajo de la provincia, que no tienen conocimiento de nada, no respondieron ninguna pregunta. Es vergonzoso como el gobierno manda representantes a hacer concientizar un pueblo cuando no está preparado para responder preguntas que nosotros les hacemos.
Hay mucha bronca, la gente está reunida y estamos echándolos. Es muy emocionante lo que está pasando en Famatina. La empresa se tiene que ir.
Radio Voces: Tienen información de cómo llegan representantes de la Minera a Famatina y se reúnen con el Intendente
Andrea: Se han reunido hace 20 días con el Intendente, este mismo señor. Y quedó en que volvía a traer los convenios que nosotros desconocíamos. Quería otra reunión y trajo gente para hacer un puerta a puerta, pero le fue mal. Ahora se tienen que retirar.
A continuación, en el audio, se puede escuchar el cántico de los vecinos contra la empresa minera. Andrea concluye: “Estamos defendiendo el tanque de agua para todos. Nos tocan el tanque de agua, les tocan el tanque de agua a ustedes también”.

Contacto: Andrea 03825 - 15555243

jueves, 15 de diciembre de 2011

19 y 20 DE DICIEMBRE, LA LUCHA CONTINUA


El 19 y 20 de diciembre de 2001 una profunda crisis económica y política hizo temblar a nuestro país.
Basta con recordar que en una semana hubo 5 presidentes.
No son pocos los antecedentes que existen en el mundo y en particular en Indo-América, del derrumbe de gobiernos que se decían “progresistas”, pero terminaron aplicando o dando continuidad a políticas neoliberales bajo las órdenes del FMI y al servicio de las corporaciones internacionales y locales.
Estalló así una rebelión popular que se venía gestando al calor de estas políticas de desocupación, miseria y hambre. Asimismo, el dedo acusatorio del pueblo señaló especialmente a los políticos corruptos y a los banqueros, que a través del llamado “corralito” se quedaron hasta con los ahorros de la gente.
El éxito inmediato de este levantamiento se explica por la confluencia en las luchas de todos los sectores de la población golpeada por un duro ajuste. Esta convergencia de los trabajadores (aunque la CGT y la CTA le dieron la espalda), los desempleados, la clase media y la juventud, liquidó en 48 horas a los Cavallo y De La Rúa, dignos representantes de una espuria Alianza.
Lamentablemente la sangrienta represión, habiéndose decretado el estado de sitio, cobró más de 35 compañeros asesinados, pero no pudo contener tanta indignación, y las calles fueron cubiertas por multitudes bajo la consigna “que se vayan todos”, como signo de una realidad que no estaban dispuestos a seguir aceptando, y sin duda, marcando un hito inolvidable en la historia de las luchas populares. Dieron a la vez acta de nacimiento a las asambleas populares, valiosa experiencia a tener muy en cuenta para futuros intentos de construcción de poder popular.
Por cierto que es necesario reconocer que por la falta de un proyecto transformador y la creación de una fuerza alternativa capaz de llevarlo a cabo, se abrió la posibilidad de que el poder dominante recuperara su cuestionada hegemonía.
El gobierno kirchnerista fue el que más comprendió que la crisis del 2001 no estaba terminada y que para lograr mantener la “gobernabilidad” era imprescindible implementar las conocidas políticas gatopardistas: Cambiar algo para que todo siga igual, es decir ceder algo para no perderlo todo.
Claro que al no solucionar los problemas de fondo, el círculo se está otra vez cerrando, con el agravante de estar sumidos en la actualidad en un mundo acosado por una de las peores crisis capitalistas. Por lo tanto, los luchadores populares estamos nuevamente ante el desafío de plantear una salida de dicha crisis, impidiendo como se pretende, que la paguen los pueblos, como ya se lo intenta con el tarifazo que se nos viene, acompañado por intentar negar el derecho de huelga y por el proyecto de una nueva ley antiterrorista, directamente dirigida a criminalizar la protesta social, tal como lo exigen los grupos financieros internacionales, para “invertir en un país seguro”.
Por todo lo expresado, adherimos a la marcha y el acto del próximo 20 de diciembre, promoviendo para el debate colectivo, un programa mínimo, a fin de contribuir desde nuestro humilde lugar a la construcción concreta de un fuerte movimiento o frente de los trabajadores y demás sectores populares (partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones anti-burocráticas, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios y campesinos pobres, culturales, etc..), única forma posible de ir cambiando la desfavorable relación de fuerzas y poder caminar decididamente hacia la edificación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, socialista.
No al pago de la ilegal y fraudulenta deuda externa
Inmediato aumento de jubilaciones y salarios, teniendo en cuenta el real costo de la canasta familiar. Establecer el 82% móvil para los jubilados.
Derogación del IVA para los productos de la canasta familiar.
No al trabajo en negro y todo tipo de trabajo precario. Respeto a la jornada de 8 horas y su disminución a 7 horas, a fin de ir eliminando la desocupación.
Reestatización de las empresas privatizadas, bajo la dirección y control de los trabajadores.
Derecho a la salud y la educación para todos, con un considerable aumento del presupuesto en estos rubros
Recuperación de nuestras riquezas naturales y establecimiento de medidas estatales para el cuidado del medio ambiente. No a ala minería a cielo abierto.
Realización de una profunda reforma agraria. Inmediata ayuda a los campesinos pobres y a los pueblos originarios, comenzando por detener el desalojo y robo de sus tierras, asesinando incluso a varios luchadores. No a la llamada Ley de Tierras, porque no existe ninguna diferencia en que la tierra esté en manos de los explotadores de la gran burguesía agraria local o internacional.
Repudio a toda ley antiterrorista, que busca judicializar la protesta social. Libertad y desprocesamiento a todos los luchadores populares.
Aparición con vida del compañero Julio López y de Luciano Arruga.

Colectivo Avanzar, por la Unidad del Pueblo

Mónica Salvarezzo y Susana Mabel Ceci, sobrevivientes del Pozo de Arana



Testimonio de dos sobrevivientes de la dictadura en la causa por el circuito Camps

“Me despiertan con un arma en la panza”

Mónica Salvarezzo y Susana Mabel Ceci estudiaban medicina en la Universidad Nacional de La Plata cuando fueron secuestradas y torturadas. No militaban, su caso es tomado como una prueba del terror indiscriminado que imponía la represión.

Por Alejandra Dandan

Las dos vivían juntas, estudiaban medicina, pero además formaban parte sin saberlo de lo que desde los primeros días del golpe empezó a convertirse en uno de los dos blancos más importantes de la lógica de la represión en La Plata: el movimiento obrero, especialmente fabril, y los estudiantes, especialmente los de medicina, uno de los espacios más politizados de La Plata. Ninguna de las dos sin embargo tenía militancia orgánica en una organización política, pero sus casos a la luz del correr de las audiencias del juicio del circuito Camps en La Plata son representativos: están mostrando para las querellas cómo dentro de las fronteras políticas que marcó la represión para ir a buscar a sus enemigos, la Bonaerense llevó adelante una especie de caza masiva y brutal, con falta de métodos finos de inteligencia y sin control para liquidar a los estudiantes. A las dos las arrojaron al Pozo de Arana, las torturaron, las atormentaron durante diez días y las liberaron para marcarles el resto de la vida.
Mónica Salvarezzo se sentó en la silla de testigos del teatro de la ex AMIA de La Plata, donde se lleva adelante el juicio del circuito Camps. La abogada Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, guió las primeras preguntas. Para 1976, Mónica compartía la casa con Susana Mabel Ceci, que declaró poco más tarde. A las dos las secuestraron el 29 o 30 de septiembre de 1976, con ellas se llevaron a Susana Lebed, la persona que aparentemente estaban buscando, militante de la JUP en Medicina, graduada, que había vivido con ellas, pero que para entonces estaba viviendo en otro lado.
“Estando yo estudiando medicina en La Plata, el 29 o 30 de septiembre me encontraba con mi novio y me despiertan con un arma en la panza”, dijo Mónica. “No escuché nada porque me habían roto la puerta, eran un grupo de seis o siete personas, todos de civil. Uno al que se dirigían todos respondía al nombre de doctor Carlitos. Otro tenía un pañuelo y una gorra, agarró la valija del valijero y se puso a robar las cosas más importantes, que no eran muchas, pero era lo que había.”
Le preguntaron por las armas, armas que ella no tenía. “Me preguntaron quién más vivía ahí, les dije que las chicas que en ese momento se habían ido a cenar a City Bell y se habían quedado a dormir ahí.” Le pidieron los datos de esa casa, ella les dijo que no los sabía, que siempre iba de memoria con un colectivo, pero la obligaron a seguir el recorrido del bus. “Pararon a dos cuadras de la casa de las chicas, pero es un tema que me duele mucho porque no hubiera querido ser nunca la guía de una cosa tan espantosa, pero es muy difícil cuando uno está sentado así rodeado de armas, siempre que hablo de esto pido disculpas si herí a alguien.”
Nuevamente ubicada en ese camino, a dos cuadras de la casa de sus amigas, Mónica contó que le sacaron la funda de la cabeza y le dijeron que no mirara a los costados. Uno de ellos se puso al lado y le dijo que hiciera de cuenta que estaban paseando: “Sí –le dijo Mónica, como si saliéramos a pasear y sacáramos a pasear también la Itaka”. Poco después, ella volvía al auto. Susana Mabel Ceci, su antigua compañera de casa, contó más tarde lo que sucedió dentro de esa casa.
“Estábamos en la casa de Susana Lebed, entraron por la fuerza, no se presentaron ni nada, o sea que no sé quiénes eran”, dijo. “Me taparon la cara, los ojos y me llevaron a un baúl de un auto no sé a dónde. Estuvimos con los ojos vendados diez días. Para mí fue siempre el mismo lugar. Nos llevaron a una celda chica y el lugar era grande y después nos liberaron, no sé dónde salimos, para mí fue un lugar alejado de la ciudad.”

Arana

Mientras ella se alejaba del Pozo de Arana acelerando los tiempos de la declaración, los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 lentamente la hicieron volver. Las dos describieron cómo fueron esos primeros momentos en medio del campo clandestino, un predio en un descampado donde la Bonaerense arrojaba a los detenidos-de-saparecidos para sacarles las primeras informaciones a los gritos.
“Nos llevan a un gran galpón que yo pienso, así, imaginariamente, porque se escuchaban voces de otras personas”, dijo Mónica. “Primero la interrogan a Susana Lebed, a mí me torturaron, me preguntan cosas, por el nombre de alguien que me parece que era como el nombre de un boliche de moda en ese momento en La Plata. Después que terminan me llevaron a un lugar donde estaba Susana Lebed, yo sentí mucho olor a carne quemada, la escucho a ella que me grita: ‘¡se me cortan las manos!’. Me pide llamar a un médico, que me muero, decía. Había alguien que le hablaba en francés, como ella sabía francés, yo le dije: ‘Susi, te están hablando en francés’. Ella me dijo: ‘Mónica me muero’, y ahí me sacaron, éste fue el único contacto que tuve con ella”.
Mónica todavía está convencida de que a Lebed debían tenerla colgada. Ella y la otra Susana estuvieron otros siete días más en Arana, pero nunca más volvieron a escuchar algo de ella, que está desaparecida. El francés, dice ahora Guadalupe Godoy, puede ser el coronel Gustavo Adolfo Cascivio, conocido como “El Francés”, visto en otros centros clandestinos. O puede ser uno de los cuadros de inteligencia del circuito quienes –como sucedió en la ESMA con los ‘Pedros’– aquí tomaron el nombre del ‘francés’.
Una de las defensas le preguntó a Mónica por su militancia política. El fiscal Hernán Schapiro se opuso, pero el Tribunal habilitó la pregunta: “En sí ninguna militancia, siempre fui peronista porque nací en una cuna peronista, pero para entonces no tenía ninguna militancia o actividad, sólo en esa época te llevaban por pensar distinto”.
Esa idea de la no adscripción a una organización; las preguntas alocadas a fuerza de tormentos, los tres interrogatorios a la que la sometieron a ella o luego a Susana antes de liberarlas hablan en realidad de una de las recurrencias de las últimas audiencias. Uno de los fiscales pensaba en voz alta a la salida del juicio en una lógica de caza a la ‘marchanta’. Una lógica que Guadalupe Godoy considera que puede ser posible sólo recontextualizada con precisión: “No –dice–, no eran indiscriminados los secuestros. En el circuito Camps el nivel de masividad y selectividad no está dado, como en otros lugares, por la captura de las organizaciones armadas y políticas, sino que acá estuvo focalizado en la universidad y en el movimiento obrero, sobre todo fabril, dentro de eso sí se vio lo indiscriminado”, explica. Esos dos grandes grupos eran el enemigo a exterminar, parte de los espacios donde podían estar los que se oponían a la dictadura. El juicio de la Unidad 9 mostró la caza de los obreros y de las 280 víctimas del juicio del circuito Camps, cien están vinculadas directamente con la universidad, o como estudiantes o como egresados o docentes, dice Godoy.
El rol de Arana también volvió a ser definido en la audiencia. “Los detenidos-desaparecidos tenían en general ingreso por la Brigada de Investigaciones o por 1 y 60, donde sigue estando la infantería de policía, y de ahí los llevaban a Arana, que era de torturas exclusivamente.” Distinto de la concepción de otros centros clandestinos como los de la ciudad de Buenos Aires, la represión se hacía por partes. Los alojamientos ahí en general no eran prolongados y luego de permanecer allí o los liberaban o pasaban a la comisaría de Banfield o de Quilmes para el destino final o el blanqueo. Otros eran trasladados a Valentín Alsina para seguir camino de años a las cárceles. Pero como dijo Julio López, también en Arana hubo quemas de cuerpos. Se cree que Lebed pudo haber sido asesinada en medio de ese último acto de tortura al que asistió su amiga.

http://laplatacircuitocamps.blogspot.com/2011/12/monica-salvarezzo-y-susana-mabel-ceci.html

Identifican los restos de Guillermo Vargas Aignasse en el Pozo de Vargas



Identifican restos de un desaparecido de la dictadura en Tucumán

Sus restos fueron identificados en la fosa común conocida como el "Pozo de Vargas" en San Miguel de Tucumán según fuentes judiciales. Guillermo Vargas Aignasse fue hasta el día de hoy un desaparecido por el genocidio encabezado por Antonio Bussi en la provincia. El genocida recientemente fallecido, fue juzgado por éste crimen en 2008 y condenado a cadena perpetua por ser considerado responsable del secuestro, tortura y posterior desaparición del ex legislador peronista en 1976.
El fiscal Alfredo Terraf dijo en ese juicio que “está acreditado que lo que le ocurrió al ex legislador (Vargas Aignasse) no fue un hecho aislado. Fue consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, un plan que quería instaurar una tiranía y una dictadura por todos los tiempos”. Una pata fundamental para cerrar el círculo de impunidad, tanto para la familia como para la memoria histórica de Tucumán y el país.

http://casapueblos-noticias.blogspot.com/2011/12/identifican-los-restos-de-guillermo.html

Dany y Elvira



Artículo sobre la memoria de los desaparecidos de la dictadura

Por Daniel Goldman *

Como nunca, había experimentado en esa oportunidad la fugacidad en el paso del tiempo y, a su vez, de un modo casi surrealista, percibí que podía ser el mismo tiempo el que se hacía presente. Lo recuerdo como si fuese hoy. Fue en mi oficina, cuando una tal Elvira, de unos cuarenta y tantos años, me relata el drama del secuestro de su marido desaparecido durante la dictadura. Acto seguido rescata de su cartera una foto y me la ofrece. Era la de un chico jovencito, pelilargo y sonriente. La luz del día era testigo de que ella seguía indagando en un amor que se habría congelado y que a esta altura, acorde con ese registro fotográfico, el destinatario parecía más bien un hijo y no un marido. Algo muy parecido me ocurrió hace pocas semanas, tarde de un viernes de cielo plomizo, cuando Dany Tarnopolsky nos convocó en la Costanera al Parque de la Memoria, para recordar y homenajear a su entera familia desaparecida. Era ese gris el que enmarcaba otro rostro, el de un Dany quien a esta altura resultaba ser unos años mayor que su padre. Y era en el mismo contexto, que la edad de su hijo Antoine ya se aproximaba a la de la rebeldía de su hermano al momento del secuestro. Dany y Elvira quedarían enlazados eternamente en el registro de la saga de las confusiones homologadas que se juegan en la explanada de la memoria. Juego y ecuación irresoluble de los perplejos dramas que penetran por las rendijas del alma, de modo tal y como en esta historia, un padre joven sigue representando un mandato que se afinca en alguna comarca del inconsciente, aconsejando a un hijo que hoy lo supera en edad. Un hijo que termina siendo un padre y un hermano que finaliza siendo otro hijo. Seremos padres de nuestros propios padres, e hijos de nuestros propios hijos, seguramente dirá el Talmud en algún docto lugar.
Por eso son historias surrealistas, donde la psique supera la razón. Maldito mandato de la memoria, que no deja en paz a los vivos. Bendito mandato de la memoria, que constituye estructuralmente lo poco humano que sigue existiendo en el ser. Son estas experiencias las que me enseñan que algo puede ser maldito y bendito a la vez. Porque es en la trama de la contradicción que se administran ciertas situaciones de la existencia. Y hay que ser claro: se administran y no se solucionan. Administrar significa que van con uno, y que ellas acompañan a ese uno toda la vida. Solucionar sería olvidarlas. Pero olvidar es incurrir en la traición. Y el costo en la traición del olvido implica deshumanizarse.
Aunque suene cursi, cuando escuchás estas historias con el corazón, ya sos parte de ellas. Es cuando el uno se diluye en el colectivo, en el nosotros. Y es justamente en esa trama de la contradicción que quedás entramado. Qué parecidos que suenan trama y drama. Al entramarte en el drama, te entramás en los exilios, en los lenguajes extraños, en los aprendizajes, en los hábitos, en los nuevos vínculos, en las Madres, en los proyectos truncados, en los que se abren, en los que se cierran, en los organismos, en los 24 de marzo, en las Abuelas, en los juicios. Y cuando te diste cuenta, de repente descubriste que tu propia vida adquiere otro sentido y otro rumbo. O mejor dicho un sentido. Sentido en el uno. El de intentar dejar otro mundo a los que sigan, en el que no se repitan atrocidades y desapariciones, holocaustos y genocidios. No siempre nos sale bien, pero vale la pena el intento. Al final, me parece que justamente sólo el intento significa dejar otro mundo. Este intento atraviesa a Elvira, y a Dany. Y esto también a mí me atraviesa. Tramadramatraviesa. El Uno, dice la mística de manera misteriosa y juguetona, es el nombre de Dios. El Uno del cual emanan la Bendición y la Maldición.
Parafraseando al profeta Jeremías, conocía a Dany antes de conocerlo. Algunos amigos en común me habían contado su historia y, cuando nos vimos por primera vez, me confesó que la música lo habría rescatado. En compañía de esa frase encantadoramente presuntuosa, Dany es cantor litúrgico de mi sinagoga. Le canta al Uno. En términos religiosos, cantarle al Uno es recordarnos en el presente nuestra propia finitud, colocando límites a la omnipotencia. La omnipotencia representa a un otro. Y la plegaria es la lucha del Uno frente al otro. De eo se trata la plegaria. Por eso la categoría del rezo es una reivindicación de la memoria.
Conscientes de que toda memoria se construye desde un presente hacia un futuro, ella representa un deber militante que nos interpela. La memoria me interpela, me inquiere, me demanda. La tradición judía me enseña que cantarle al Uno es una necesidad que me debe incomodar. La memoria hecha plegaria me pregunta qué hago con mi vida y con qué valores me comprometo, qué es lo que me resulta trascendente, qué es lo importante y qué debo dejar de lado. La memoria frena la muerte y afirma la vida. La memoria nos compromete con la existencia, detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica. En definitiva, la memoria nos rescata de la humillación. Era lo que Dany me dijo: la canción lo rescató de la humillación.
Su saga es parte de una cadena de melodías que se conjugan en el misterioso pentagrama del alma.

¡Maldita y Bendita la memoria! Amén

* Rabino. Este texto forma parte del prólogo a Betina sin aparecer

http://deciresytestimonios.blogspot.com/2011/12/dany-y-elvira.html

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Significado y vigencia del 19 y 20 de diciembre del 2001


El movimiento asambleario que eclosiona el 19 y 20 de diciembre del 2001, retoma las tradiciones rebeldes de nuestro Pueblo y de sus grandes movilizaciones, así como del Cordobazo, de la huelga general de 1975, de los paros contra la inflación en los años 80 y de las movilizaciones contra el desempleo en la década del 90. Se trató de una sublevación que confirmó el espíritu de resistencia de nuestro pueblo. En tal circunstancia se concretó una ocupación masiva de las calles y los piquetes confluyeron con las cacerolas para rechazar el ajuste neoliberal. La rebelión fue una respuesta desde abajo a la crisis itinerante del capitalismo, que se desplaza por distintas zonas del planeta provocando sucesivas tragedias sociales. Nuestros padecimientos a principio de la década anticiparon el colapso que actualmente afecta a muchas economías desarrolladas.
La debacle se repite ahora con mayor intensidad en la periferia europea, que soporta el mismo endeudamiento y sacrificios para socorrer a los acreedores. Los virreyes del FMI ahora se instalan en Portugal e imponen su cirugía en Irlanda. Pero el mayor calco de Argentina se verifica en Grecia, que sufre las mismas privatizaciones, flexibilizaciones del empleo y pérdidas de soberanía monetaria. En España los indignados e indignadas ocupan las plazas y exigen democracia verdadera, denunciando a una plutocracia capitalista que remata las viviendas y destruye la salud pública. Allí se desenvuelve un movimiento de personas precarizadas que organiza acampes, con ese nuevo instrumento de la contra-información que son las redes sociales. El Argentinazo del 2001 hizo historia y vuelve a emerger ahora, renovado, tanto en el viejo continente como en el impensable Wall Street. En nuestro país se sumó, además, la creciente pérdida de soberanía territorial, alimentaria y científico tecnológica que hoy padecemos.
Sin embargo, nuestra resistencia logró triunfos vitales en el sostenimiento de miles de pequeños emprendimientos productivos comunitarios rurales y urbanos y de cientos de empresas recuperadas por sus trabajadores. Así también nuestra experiencia asamblearia, que logró por primera vez un triunfo en Esquel con el No a la Mina, siguió con Gualeguaychú y luego con las Asambleas de la Precordillera y el nacimiento de la UAC, que pusieron en la agenda pública el tema del saqueo y la contaminación hasta ese momento silenciado. Al mismo tiempo, en íntima relación con este movimiento se aceleraron las denuncias populares contra la sojización, las fumigaciones, los monocultivos forestales y la expulsión de poblaciones de su lugar de origen para ir a engrosar una urbanización marginal y forzosa. Pero las jornadas de lucha del 2001 también tornaron visible el proceso de construcción de un Poder Popular que será la única garantía para recuperar la soberanía plena, o bien rehacerla sobre nuevas bases nacionales y sociales.
Con tal cometido, l@s abajo firmantes hoy nuclead@s en La Otra Campaña ponemos a consideración los siguientes propósitos:

* Construcción de un país equitativo, soberano y solidario.
* Trabajo genuino, democracia sindical y eliminación de la precarización laboral.
* Vigencia de los Derechos Humanos y sociales del pasado y del presente.
* Derecho a los territorios, identidad cultural y valores de los pueblos originarios.
* Soberanía sobre nuestros cuerpos e igualdad de oportunidades en la diversidad.
* Defensa y transformación de la educación pública hacia una educación popular e igualitaria.
* Promoción de políticas públicas con control social que garanticen tierra, salud, y vivienda digna.
* Modelos de agricultura basados en un pensamiento arraigado a la Tierra, capaz de respetar las culturas ancestrales así como las pequeñas escalas y los desarrollos locales.
* Distribución de la riqueza sobre la base de un nuevo paradigma productivo basado en la armonía con la naturaleza y la supervivencia del planeta.
* Soberanía alimentaria y autodeterminación de nuestra economía, tecnología y producción.
* Medios de comunicación al servicio de la cultura popular y comunitaria.
* Unidad anticapitalista de nuestros pueblos latinoamericanos a partir de sus movimientos sociales en lucha.
* Poder popular para una democracia participativa y asamblearia.

Firman:

Adolfo Pérez Esquivel (Servicio Paz y Justicia)
Miguel Mirra (Movimiento de Documentalistas)
Jorge Eduardo Rulli (GRR, Grupo de Reflexión Rural)
Hugo Luis Cánepa, Cintia Nucífora, Mario Carrizo, Azucena Flores, y Jorge Falcone (Organización María Claudia Falcone, La Plata)
Miguel Mazzeo y Pablo Solana (Frente Popular Darío Santillán)
Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo L.F.)
Mario Barrios (CTA Nacional - Unión Solidaria de Trabajadores)
Jenny Lujan (Asamblea de Chilecito y Famatina)
Enrique Matías Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas)
Fernando Stratta y Mariano Pacheco (Editorial El Colectivo)
Javier Rodríguez Pardo (Mach - UAC-Unión de Asambleas Ciudadanas)
Alberto Sava (Frente de Artistas del Borda)
Gustavo Martínez (Secretario General de ATE/Rosario)
Carlos del Frade (Periodista, Radio Universidad, Rosario)
Juan Pablo Casiello (Secretario Adjunto de la Asoc.del Magisterio - AMSAFE/Rosario)
Vicente Zito Lema (Universidad de los Trabajadores - IMPA)
Claudia Korol (Pañuelos en Rebeldía)
Aldo Casas (Revista Herramienta)

El recuerdo de Adriana Calvo



No fue lo que se dice un amor, ni de regalar sonrisas. Era más bien justa.
Nunca fue un cascabel de alegría ni de simpatía, sino franca y recta como una viga.
Se le notaba a una cuadra su parecer. No podía, ni quería evitarlo. No le importaba.
Incisiva, y directa. Racional, lúcida y resolutiva.
De fácil gritar. Su carácter puede adjudicárselo al ser la única mujer, y la más chica de seis hijos que tuvieron mis abuelos. Cinco hermanos varones la criaron y cuentan los tíos que fue una pésima arquera de los dos a los diez años.
Y ahí, en esa anécdota familiar, la vemos casi irreconocible. Porque es una de las pocas veces que asiente, resignada. Uno de los pocos lugares de su vida, donde tuvo que aceptar la situación sin discutir ni chistar. Y aun con sus sesenta y dos lo recordaba con un dejo de fastidio intravenoso. De hecho, les adjudicaba a sus cinco hermanos varones el luchar contra cualquier injusticia desde niña.
De estar a gusto entre muchos, de encontrarse laboralmente en las ciencias duras y exactas, la física.
De luchar con los medios porosos, titular de cátedra, pero al mismo tiempo, todo al mismo tiempo y con toda su alma completándose en lo social. Su esencia, su vida.
La de luchar y dedicarse de cuerpo entero –por haberlo puesto– (a sus treinta años), a conseguir ver en las sombras hasta el último responsable del genocidio que supimos conseguir como país.
Y lo cumplió, trabajando hasta dos días antes de su muerte, con planillas Excel, donde figuraban los nombres de los genocidas, distribuidos por campos de concentración.
Y esas planillas son hoy documentos que sirven en los juicios a los genocidas.
Lo mismo que su testimonio.
Y no sólo se comprometía con las violaciones de los derechos humanos de ayer, sino con las actuales. Participaba en cada repudio donde el Estado violara un derecho. Mamá había estado por última vez en la plaza el día que mataron a Mariano Ferreyra. Esa tarde salimos de la quimioterapia y era imposible para cualquiera hacer alguna actividad después de estar cuatro horas recibiendo quimio.
La dejaban planchada. Pero esa tarde, volviendo del hospital, escuchamos la noticia por la radio y se puso a llorar desconsoladamente, puteaba a los cuatro vientos y me pidió que igual la llevara a la plaza que “tenía que estar”. Y la llevé, y se sostuvo de pie, sólo de bronca no más creo yo.
Daba la sensación de que las injusticias en este país le daban una fuerza interna para activar, movilizar y movilizarse.
Se está cumpliendo el primer año de su fallecimiento, y sus hijos, sus nietos, sus hermanos, familiares, amigos y compañeros te admiramos porque vos mejor que nadie honraste la vida. La tuya, la de los 30 mil detenidos desaparecidos y la de todos los que se comprometen a que este país sea más justo.
Porque como bien nos repetías hasta el hartazgo, “los malos ganan si los buenos no hacemos nada para impedirlo”.

Te extrañamos Mamá. Muchísimo.

Santiago, Martina y Teresa Laborde

Hijos de Adriana Calvo, ex titular de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fallecida el 12 de diciembre de 2010.

Nueva ley antiterrorista


La ley antiterrorista vigente

En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el "terrorismo", ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por "terrorismo" y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de "terrorista" para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. "Terroristas" son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, "terroristas" son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, "terroristas" son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.
La "Ley Antiterrorista" sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de "terrorismo" a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.
En primer lugar, ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las "asociaciones ilícitas terroristas", definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta "asociación ilícita terrorista" resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.

El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner

El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación "antiterrorista" cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,se aplicará la misma escala."
Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto "aterroriza a la población." No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.
Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.
Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.
Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta y además de catalogarlas de terroristas.
Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.
Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de "financiación del terrorismo", que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el "financiamiento" aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de "terrorismo" ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.

Una ley al servicio del imperialismo

Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de "terroristas" para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.
Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un "terrorista" a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los "terroristas" a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados dE los organismos financieros internacionales.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de "terrorista", el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de "terrorismo", se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.
En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.
Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.

¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

CONTACTOS:
Martín Alderete 1154992811
Omar Dib 1151072232

domingo, 11 de diciembre de 2011

Empresa petrolera amenaza a comunidad Wichi con topadoras, maquinarias y con un grupo de infantería


A pocos días del asesinato de nuestro compañero Cristian Ferreyra en Santiago del Estero por sicarios contratados por un empresario de Santa Fe, el uso de las amenazas y la violencia por parte de las empresas y empresarios, se ha hecho moneda corriente.

Con personal policial de infantería, maquinarias y topadoras el Sr. Tejerina representante de la empresa contratista petrolera Wicap, junto con el comisario a cargo el Sr. Abdon García, el pasado 23 de Noviembre intentaron ingresar a la fuerza al predio comunal de la comunidad Wichi del lote 6 de la localidad de Los Blancos. Ante el freno a la intrusión realizaron amenazas a los referentes indígenas.
El pasado 23 de Noviembre la comunidad wichi del lote 6 de la localidad de Los Blancos sufrieron abuso, amenzas y aprietes por parte de una empresa contratista de las petroleras que trabaja en la zona, esta empresa llamada Wicap se presentó con topadoras, maquinarias y con un grupo de infantería para entrar de forma prepotente al predio de la comunidad para realizar las picadas para una empresa petrolera, ante la negativa de la comunidad de dejar pasar las maquinas ya que todavía no se había llegado a un acuerdo con la empresa, los dirigentes indígenas fueron amenazados por el Sr. Tejerina responsable de la empresa contratista ante la presencia del oficial a cargo del grupo de infantería el comisario Abdon García.
Ese miércoles las organizaciones campesinas estábamos en un encuentro con gente del INTI y de la Subsecretaria de Agric. Familiar de la Nación cuando fuimos informados de esta situación, un grupo de dirigentes campesinos entre ellos el presidente de nuestra organización Alfredo Riera y técnicos de ONG y el Diputado Provincial Ramon Villa se dirigieron al lugar y pudieron comprobar esta situación, la empresa estaba con máquinas en la entrada de la comunidad y también había efectivos de infantería de tartagal con un móvil, al ser consultado el oficial a cargo el comisario Abdon García de la comisaria de Embarcación, quien había ordenado la presencia de personal policial, no respondió a nuestras preguntas y se retiró del lugar, la empresa amenazaba con entrar por la fuerza a las 17 hs, se le dijo que la comunidad no iba a permitir este atropello, y que ellos no tenían autorización ni convenio firmado con la comunidad para realizar ningún tipo de trabajo en sus tierras.
A pocos días del asesinato de nuestro compañero Cristian Ferreyra en Santiago del Estero por sicarios contratados por un empresario de Santa Fe, el uso de las amenazas y la violencia por parte de las empresas y empresarios, se ha hecho moneda corriente hoy en día, más si le sumamos que estas empresas cuentan con su fuerza policial privada ya que como viene ocurriendo en nuestra zona la policía local y la infantería por el hecho de pagar viáticos al personal policial estos están al servicio de sus patrones las empresas, como ocurrió la semana pasada en Los Blancos y también en Rivadavia Banda Sur con el empresario Barzola.
Esta policía privada usando uniforme, armamento y vehículos oficiales reciben órdenes ya no del jefe de policía si no de las empresas que pagan buen dinero por contratar personal adicional policial, para que realicen operativos para desalojar o presionar a las comunidades y familias campesinas, violando nuestros derechos como ciudadanos de esta provincia.
Por todo esto es que repudiamos y nos solidarizamos con nuestros hermanos Wichí y las familias campesinas de Rivadavia Banda Sur y como venimos denunciando desde hace tiempo este tipo de hechos, queremos dejar en claro que los responsables de estas situaciones que atentan contra las paz social, no solamente son los empresarios y las empresas si no también el poder político que permite el uso de la fuerza policial que debe proteger los derechos de todos nosotros, para ser usada como fuerza de choque y de presión por las empresa privadas que nos quieren quitar nuestra tierra violando nuestros derechos humanos.

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